Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-02242-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2013-02242-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
La causa por activa: la sociedad, en tanto persona jurídica con patrimonio propio
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-02242-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2013-02242-02
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
8 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: CORPORACIÓN NUEVO ARCO ÍRIS Y HOTEL SANTA MÓNICA LTDA.
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y OTRO
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OBRA PÚBLICA / LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA POR ACTIVA – la sociedad, en tanto persona jurídica con patrimonio propio,
está legitimada para solicitar la indemnización por los perjuicios materiales sufridos. Por
tanto, el socio o los socios no pueden reclamar para sí la reparación de los perjuicios
sufridos por la empresa / ELEMENTOS PARA LA PROCEDENCIA DE
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CON BASE EN EL TÍTULO OBJETIVO DE
IMPUTACIÓN – No se acreditó la configuración del daño antijurídico alegado.
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia del 28 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de
la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora demanda la declaratoria de responsabilidad por el daño especial
derivado de la adecuación vial para la fase III del sistema integrado de transporte
masivo de Bogotá - Transmilenio, adelantada por el Instituto de Desarrollo Urbano
y la sociedad Constructora Bogotá Fase III S.A. mediante el contrato No. 136 de
2007, obra pública que, en su sentir, les impidió la operación del establecimiento
de comercio “Hotel Santa Mónica” e implicó la desvalorización de la marca.
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 19 de diciembre de 2013 (fls. 1 - 17, c. 1), la Corporación Nuevo Arco Iris y el
Hotel Santa Mónica Ltda. presentaron demanda de reparación directa, subsanada
el 28 de febrero de 2014 (fls. 25 – 27, c. 1)1, contra el Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU) y la sociedad Constructora Bogotá Fase III S.A. (Confase S.A.), con el fin de
que se les declare patrimonialmente responsables de los perjuicios causados “con
motivo de los trabajos de construcción de obra pública realizados para la
adaptación del sistema Transmilenio – Fase III, en ejecución del contrato de obra
136 de 2007”.
Por lo anterior, solicitaron, pagar a favor de la sociedad Hotel Santa Mónica Ltda,
como indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la
suma de $400’000.000, por la imposibilidad de operar el establecimiento de
comercio “Hotel Santa Mónica” entre el 1º de mayo de 2010 y el 30 de agosto de
2013; asimismo, pidieron el valor que resultara probado mediante peritaje, por
concepto del daño emergente derivado de la desvalorización de la marca “Hotel
Santa Mónica” y su imposibilidad actual de uso.
Como fundamento fáctico de las pretensiones, en resumen, manifestaron que, en
el predio de propiedad de la Corporación Nuevo Arco Iris, ubicado en la carrera 3ª
No. 24-11 de Bogotá, identificado con la matrícula inmobiliaria número 50C-568743,
funcionó el establecimiento de comercio denominado “Hotel Santa Mónica” desde
el 2000.
Refirieron que, con ocasión del contrato de obra pública No. 136 del 2007 suscrito
entre Confase S.A. y el IDU, para “la adecuación del Sistema Transmilenio de la
carrera 10ª en los tramos 4 y 5, y de la calle 26 en los tramos 5 y 6 de Bogotá”, el
3 de septiembre de 2008, se realizó una visita al Hotel Santa Mónica y suscribió el
acta de vecindad No. 301460, en la que se dejó constancia del buen estado en que
se encontraba la edificación con anterioridad al inicio de las obras.
1
La demanda fue inadmitida a efectos de que: i) se aportara prueba de la propiedad del predio donde operaba
el Hotel Santa Mónica, ii) precisara si existían imputaciones formuladas en contra del Distrito Capital de Bogotá
y iii) aportara el pago del arancel judicial.
2
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
No obstante, afirmaron que con la ejecución de las múltiples actividades de
demolición, excavaciones y obras para el deprimido de la parte frontal, se
generaron altas vibraciones, esfuerzos en el terreno y en la estructura, que
ocasionaron afectaciones estructurales que el IDU nunca se allanó a reparar y que
los propietarios del predio pagaron con sus propios recursos, pese a que el
establecimiento de comercio estaba en imposibilidad de operar.
Aunado a lo anterior, manifestaron que con la ejecución de las obras, “al haber
reducido el área de la manzana donde se encontraba el hotel Santa Mónica, como
consecuencia de la compra y demolición de los predios aledaños, se afectó la
circulación peatonal y la seguridad para que los huéspedes pudieran acceder a los
servicios del hotel” y, finalmente, en abril de 2010, las instalaciones del
establecimiento de comercio fueron cercadas en su totalidad, prohibiendo el acceso
peatonal y vehicular, lo que, junto con las alteraciones a la estructura del inmueble,
impidió completamente su operación y condujo a la terminación del contrato de
arrendamiento del hotel suscrito con la sociedad Operadora Hotelera H.F.M. Ltda.
La parte actora sostuvo que aun cuando la actuación de la administración fue
legítima, la construcción de las obras de la fase III del sistema integrado de
transporte masivo de Bogotá - Transmilenio, les ocasionó un daño especial que se
concretó en la imposibilidad de operar el establecimiento de comercio, en razón de
los “cerramientos y alteraciones a la estructura del inmueble”, sin que, a diferencia
de otros propietarios de zonas aferentes, hubieran sido indemnizados por los
perjuicios ocasionados o se hubiera concretado la adquisición del predio por parte
del IDU.
2. El trámite de primera instancia
2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante auto del 26 de marzo de 2014 (fls. 67 - 68, c. 1), el cual fue notificado en
debida forma a las demandadas (fls. 72 - 73 c. 1), quienes presentaron los
siguientes planteamientos de defensa:
2.1.1. El IDU se opuso a las pretensiones de la demanda, por estimar que se había
configurado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, debido a que, a su
parecer, la parte actora tuvo conocimiento de los daños del inmueble y del cierre
3
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
del establecimiento de comercio más de dos años antes de la presentación de la
solicitud de conciliación prejudicial. Asimismo, indicó que no se acreditó un daño
especial susceptible de indemnización, puesto que con la obra pública no se
produjo una carga que desconociera el núcleo esencial del principio de igualdad y,
además, el inmueble del actor presentaba fallas desde su construcción.
Finalmente, precisó que resultaba inaplicable el Decreto 87 de 2011 en lo que
respecta a la adquisición de predios, pues, para que ello fuera procedente el
inmueble debía estar incluido dentro del área demarcada como reserva vial y tal no
era el caso del Hotel Santa Mónica (fls. 108 – 131, c. 1).
2.1.2. Confase S.A. contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. En
concreto, consideró que no se causó un daño antijurídico, dado que el predio
supuestamente afectado aumentó su valor entre el 2009 - $700’000.000- y 2013 -
$1.943’313.000-, año este último en que fue vendido por la Corporación Nuevo Arco
Iris por valor de $2.000’000.000.
Adicionalmente, formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por activa,
por cuanto las sociedades demandantes no tenían relación jurídica alguna con el
inmueble, al momento de incoar el medio de control (fls. 134 – 145, c. 1).
2.2. En proveído del 11 de agosto de 2014, el Tribunal aceptó el llamamiento en
garantía formulado por el IDU a las compañías Liberty Seguros S.A. y Mundial de
Seguros S.A. y ordenó su notificación (fls. 77 -79, c. 2).
2.2.1. Liberty Seguros S.A. y Mundial de Seguros S.A. contestaron el llamamiento
en garantía y la demanda oportunamente. Coadyuvaron la contestación del IDU y
solicitaron que, en caso de una eventual condena, se compensara el perjuicio con
la valorización que obtuvo el predio en razón de la obra. Además, pidieron que se
tuviera en cuenta el límite de la póliza de seguro, así como, su prescripción, para
efectos de determinar la eventual responsabilidad de la aseguradora (fls. 106 – 135
y 180 - 209, c. 2).
2.3. En la audiencia inicial del 23 de junio de 2015, el Tribunal, después de haber
saneado el proceso, resolvió negar las excepciones de falta de legitimación en la
causa por activa y de caducidad de la acción propuestas por la parte demandada.
4
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Frente a ésta última decisión, el IDU y los llamados en garantía interpusieron
recurso de apelación, el cual fue admitido y remitido al superior jerárquico (fls. 192
• 194, c. 3).
El 1º de diciembre de 2016, esta Subsección del Consejo de Estado confirmó el
auto cuestionado, por considerar que el daño ocasionado a la estructura del
inmueble adquirió notoriedad el 4 de noviembre de 2011, cuando un experto,
mediante un estudio técnico especializado, le manifestó a los demandantes que
dicho daño posiblemente fue ocasionado por las obras del IDU.
En relación con el daño derivado de la imposibilidad de operar el establecimiento
de comercio, se adujo que éste solo cesó cuando concluyó la obra pública en ese
sector específico2 y se levantó la obstrucción al inmueble, “no obstante lo cual,
dentro del plenario no existe medio de prueba que permita concluir tal aserto, lo
que, indudablemente, conlleva a la necesidad de darle trámite a la pretensión, sin
perjuicio de que, una vez concluido el trámite de primera instancia y con un recaudo
probatorio más amplio, el juez de conocimiento pueda decretar o no acaecido el
fenómeno de la caducidad” (fls. 223 – 243, c. 3)3.
2.4. En la continuación de la audiencia inicial del 4 de julio de 2017, el Tribunal fijó
el litigio4 y la fecha para la celebración de la audiencia de pruebas (fls. 279 – 281,
c. 3).
2.5. En la audiencia de pruebas celebrada el 21 de febrero (fls. 313 – 318, c. 5) y
29 de mayo de 2018, se realizó la práctica probatoria, prescindió de la audiencia de
alegaciones y juzgamiento y se dispuso presentar alegatos de conclusión por
escrito (fls. 385 – 388, c. 3).
2
Recuérdese que, en este caso, solo debe tenerse en cuenta la ejecución de las obras que específicamente
hayan afectado el inmueble y causado su bloqueo vehicular y peatonal.
3
Auto del 1º de diciembre de 2016 con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón.
4
En esa oportunidad se dispuso: “Se deberá establecer si la ejecución del contrato de obra 136 de 200 fue la
causa directa del daño aludido por la demandante, respecto del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 50 C
– 568743 con dirección catastral carrera 3 No. 24 – 11.
Además, se determinará el daño respecto a la aludida desvalorización de la marca Hotel Santa Mónica y si con
ocasión a la ejecución del contrato se presentó un cierre en las operaciones del Hotel, teniendo en cuenta que
dicho inmueble se vendió el 8 de agosto de 2013 a un tercero.
Por otro lado, y si concurren los anteriores elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, se
establecerá si las llamadas en garantía deben responder (fl. 979 reverso, c. 5)”.
5
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
El IDU reiteró los argumentos esgrimidos en su contestación e insistió en que la
ejecución de las obras no fue determinante en el deterioro del Hotel Santa Mónica
ni en la clausura de su operación (fls. 412 – 414, c. 3); asimismo, Confase S.A. (fls.
415 – 421, c. 3) y las llamadas en garantía sostuvieron que no estaba demostrado
el daño alegado, puesto que no se produjeron daños estructurales imputables a las
obras de la fase III del sistema integrado de transporte masivo - Transmilenio ni se
impidió el acceso peatonal y vehicular al hotel (fls. 422 – 430, c. 3).
De otro lado, la parte actora insistió en la responsabilidad de la pasiva bajo el
régimen objetivo de responsabilidad por daño especial (fls. 431 – 434, c. 3).
En esa oportunidad procesal, el Ministerio Público guardó silencio.
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda,
por considerar que no se probó la causación de un daño antijurídico.
En primer lugar, sostuvo que el proyecto vial no fue el causante del daño a la
infraestructura física del hotel, pues, para el momento en que se presentaron las
afectaciones -septiembre de 2009- no se estaban ejecutando obras dentro del
perímetro de incidencia del inmueble, esto es, a menos de 20 metros. Más aun, con
fundamento en la prueba pericial obrante en el expediente, anotó que dicho daño
obedeció a diferentes causas, como: i) la antigüedad de la infraestructura, ii) la
preexistencia de daños del inmueble, iii) las cargas representadas tanto en muebles
como en personas, iv) la falta de mantenimiento y v) las exposiciones propias de
cualquier estructura.
Adicionalmente, expuso que, el dictamen pericial daba cuenta de que los daños del
inmueble fueron de tipo estético y no estructural, por lo que no afectaron su
funcionamiento; al lado de lo cual, tampoco se probó que el Hotel Santa Mónica i)
realizara mantenimiento periódico a sus instalaciones, ii) hubiera desplegado las
medidas necesarias para garantizar unas locaciones seguras y que brindara
bienestar a sus ocupantes iii) ni que hubiera cumplido con las calidades y
condiciones técnicas y estructurales exigidas por la normatividad vigente.
6
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
En relación con el cierre del establecimiento de comercio en el mes de julio de 2010,
sostuvo que tal acontecimiento no le causó un detrimento patrimonial a la parte
actora, “porque una sociedad con un capital social que no ascendió a más de 11
millones de pesos, con un saldo operacional a favor en el año 2008 de
“11’706.410,23 y cuyo establecimiento de comercio aun cuando se desvalorizó
entre los años 2010 - $640’599.000- y 2011 – $629’880.000-, en comparación con
el año 2009 -$700’927.000- a partir del año 2012 se incrementó más de tres veces
su valor $1.902’835.000-, en relación con el año anterior”.
Agregó que, la carga generada por la construcción de la obra pública fue
compensada con el beneficio que trajo el proyecto a la comunidad; aunado al hecho
de que, en el 2013, el inmueble aumentó su avalúo catastral a $1.943’313.000 y fue
vendido por la suma de $2.000’000.000, lo que significó que los demandantes no
sufrieron menoscabo alguno.
En último término, resaltó que no se había cancelado la persona jurídica del
establecimiento de comercio, puesto que, en el inmueble, como se evidenció en la
audiencia de pruebas, continuaba funcionando el establecimiento de comercio
“Hotel Santa Mónica”, a pesar de que supuestamente había representado pérdidas
para los demandantes.
En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda y condenó a la parte actora
al pago de las costas y agencias en derecho tasadas en la suma de $80’000.000,
correspondientes al 20% de las pretensiones de la demanda, de conformidad con
el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura (fls.
436 – 450, c. ppal.).
4. Recurso de apelación
Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación,
por considerar que el a quo desvió el objeto de litigio, pues, resolvió respecto del
daño derivado de la afectación a la edificación, indicando que no se encontraba
probada la relación de causalidad entre la obra pública y los eventuales daños
estructurales del inmueble, pese a que, en la demanda no se solicitó indemnización
alguna por dicho concepto.
7
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
A renglón seguido, adujo que el Tribunal no se pronunció sobre la pretensión tercera
de la demanda, en la cual se solicitó la indemnización de los perjuicios materiales
causados, a título de lucro cesante, por la imposibilidad de desarrollar la actividad
económica hotelera entre el 1º de mayo de 2010 y el 30 de agosto de 2013, como
consecuencia de las limitaciones de acceso vehicular y peatonal al inmueble
durante el desarrollo de la obra pública.
Al respecto, expresó que el daño consistente en la suspensión de la actividad
económica estaba demostrado con los informes sociales realizados por el IDU y
que dicha situación se mantuvo hasta agosto del 2013, cuando se realizó la
compraventa del inmueble. Asimismo, afirmó que el a quo encontró probado el
hecho dañoso, esto es, el cerramiento del hotel y que el mismo tenía una relación
directa con el daño, dado que la actividad económica de hotelería, requería contar
con un libre tránsito e ingreso vehicular y peatonal de los huéspedes.
En consecuencia, insistió en la responsabilidad de la pasiva bajo el título jurídico
de imputación de daño especial, por estimar que en desarrollo de la obra pública
se le infligió un daño antijurídico, ocasionado por: i) “la reducción del área de la
manzana (mediante demoliciones y compra de predios)” que dejó al Hotel Santa
Mónica “como único espacio privado funcional en la manzana” y, ii) la restricción de
las vías de acceso vehicular y peatonal de manera permanente hasta el 2012.
Por otra parte, señaló que no había lugar a considerar que el detrimento patrimonial
sufrido por el cierre del establecimiento de comercio podría compensarse con la
celebración de un negocio de compraventa, puesto que ambos rubros tenían una
fuente diferente, siendo el primero originado en el daño y el segundo en la
celebración de un contrato posterior. En este sentido, coligió que no se presentaban
las condiciones para que procediera la figura de la “compensatio lucri cum damno”,
como son que los pagos recibidos provengan de la misma fuente jurídica y tengan
el carácter de indemnizatorio.
En último término, manifestó que la tasación de las agencias en derecho realizada
por el a quo fue excesiva, debido a que, la suma reconocida si bien no excedía el
límite impuesto por el Acuerdo 1887 de 2003, no estaba soportada en el importe de
los honorarios pactados o pagados a los apoderados y, por tanto, generaba un
enriquecimiento sin justa causa (fls. 456 – 462, c. ppal.).
8
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
El anterior recurso fue concedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
el 26 de agosto de 2019 (fl. 486, c. ppal.) y remitido al Consejo de Estado para su
trámite mediante oficio del 19 de septiembre del mismo año (fl. 491, c. ppal.).
5. Trámite en segunda instancia
5.1. En proveído del 11 de octubre de 2019, esta Corporación admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora (fl. 494, c. ppal.) y el 8 de noviembre
siguiente, corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales
y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 497, c. ppal.).
En esa oportunidad, el IDU y las llamadas en garantía insistieron en sus alegatos
de instancia (fls. 499 – 508, 522 – 523 c. ppal.); Confase S.A. agregó que el daño
sufrido por el supuesto cierre del Hotel Santa Mónica no se encontraba acreditado,
debido a que el demandante luego de obtener la restitución del inmueble mediante
sentencia del 19 de abril de 2010, a motu proprio decidió no seguirlo operando (fls.
510 – 513, c. ppal.); mientras que, la parte actora reiteró en su integridad los
argumentos esgrimidos en el recurso de alzada (fls. 514 – 521, c. ppal.).
El Ministerio Público rindió concepto y solicitó que se modificara la decisión de
primera instancia, en el sentido de reducir el monto de la condena en costas allí
reconocida, por considerar que era excesiva. De otro lado, compartió la decisión de
negar la responsabilidad de la pasiva, por la falta de acreditación de los daños
reclamados (fls. 524 – 537, c. 5).
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía
señalada en el artículo 150 y 152 del C.P.A.C.A.5, razón por la cual se concluye que
esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto
por la parte actora contra el fallo del a quo.
5
La pretensión por concepto de lucro cesante ascendió a $400’000.000. Para la fecha de presentación de la
demanda -2013- 500 SMLMV equivalían a $294’750.000.
9
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Valga aclarar que también se tiene competencia para conocer sobre las
imputaciones formuladas en contra de la entidad privada Confase S.A.6, en razón
del fuero de atracción, comoquiera que los hechos en los que se sustentan las
imputaciones formuladas en contra del IDU y este ente privado son los mismos.
Por tanto, existe un factor de conexión que permite estudiar la concausalidad en la
producción del daño.
2. Alcance del recurso de apelación
Para determinar los asuntos que se deben resolver en esta instancia, la Sala
considera pertinente detenerse en el análisis de lo que expresó la parte demandante
en su recurso de apelación frente a las razones que fundaron la decisión que
cuestiona, en la medida en que la competencia de la Subsección no es plena, sino
que se circunscribe a los planteamientos de la alzada7.
En el sub lite, la Sala advierte que si bien en la demanda se le endilga
responsabilidad a la pasiva por la imposibilidad de operar el Hotel Santa Mónica,
en razón a los “cerramientos y alteraciones a la estructura del inmueble”, que se
produjeron con ocasión de la obra pública y, a su vez, el Tribunal en la sentencia
de primera instancia, se pronunció sobre dichos aspectos, en los términos
expuestos en precedencia; lo cierto es que los argumentos de disenso de la parte
recurrente se orientan exclusivamente a debatir el hecho dañoso consistente en el
cierre de las vías de acceso vehicular y peatonal al establecimiento de comercio,
sin insistir en los planteamientos de su escrito inicial que también atribuían la
causación del daño a las afectaciones estructurales del inmueble que, según indicó,
la pasiva no se allanó a reparar.
En efecto, se observa que en la sentencia de primera instancia el a quo coligió que
no existía un nexo de causalidad entre la afectación estructural del inmueble y la
obra pública. Sin embargo, el recurrente, en relación con dicho aspecto, se limitó a
afirmar que aquel análisis no correspondía a lo solicitado en la demanda, sin insistir
en la supuesta relación causal de aquellas afectaciones con la imposibilidad de
6
Se aportó el respectivo certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá
(fls. 19 - 21, c. 4).
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6
de abril de 2018, exp. 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
10
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
operar el establecimiento de comercio, tal como lo había sostenido en el libelo
inicial.
Conviene precisar que, aun cuando en el recurso de apelación se identifica como
causa de la inoperatividad del establecimiento de comercio, a “la reducción del área
de la manzana (mediante demoliciones y compra de predios)” que dejó al Hotel
Santa Mónica “como único espacio privado funcional en la manzana”, resulta claro
con la lectura de la demanda que aquella consideración se refiere igualmente a las
limitaciones de acceso al hotel en razón de las obras, por cuanto en el escrito inicial
se indicó que tal hecho “afectó la circulación peatonal y la seguridad para que los
huéspedes pudieran acceder a los servicios del hotel”, lo cual guarda concordancia
con los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación.
Por lo expuesto, la Sala no efectuará pronunciamiento alguno en relación con las
afectaciones estructurales que, como se afirmó en el libelo inicial, fueron causadas
con la obra pública y aparentemente influyeron en la inoperatividad del Hotel Santa
Mónica, puesto que, como se dejó visto, tal aspecto no fue objeto de apelación.
Así las cosas, con base en los argumentos esbozados por la parte actora en su
impugnación, el objeto del recurso de apelación debe limitarse a establecer si con
el cierre de las vías de acceso al establecimiento de comercio durante el desarrollo
de la obra pública, se ocasionó un rompimiento del equilibrio de las cargas públicas
por la imposibilidad de operar el Hotel Santa Mónica, que sea susceptible de
indemnización. En caso de que así se concluya, se verificara si hay lugar a
compensar el daño causado con la valorización obtenida por el inmueble con la
finalización de la obra pública.
De otro lado, la Sala advierte que, en virtud del numeral 5 del artículo 366 del
Código General del Proceso, la liquidación de las expensas y el monto de las
agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de
reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas8. Lo
anterior, sin perjuicio de que cuando lo que se cuestione sea la razón jurídica de la
8
Así también lo dispuso la Sala de Subsección en la sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 62.255, C.P Marta
Nubia Velásquez Rico y 05001-23-33-000-2015-01050-01 (65825), 23 de septiembre de 2022, exp. 55.611,
C.P. José Roberto Sáchica Méndez. 31 de marzo de 2023, exp. 58.614, C.P. José Roberto Sáchica Méndez,
frente a un cuestionamiento del recurso de apelación que se refería a las costas impuestas en primera
instancia..
11
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
condena o sus beneficiarios, dichos aspectos sí puedan ser definidos en la
sentencia de segunda instancia.
Así, como en el sub judice la parte apelante está cuestionando el monto de la
condena, se tiene que dicho aspecto debe ser discutido en la forma dispuesta por
el artículo 366 numeral 5 del C.G.P., por lo que no corresponde emitir un
pronunciamiento de fondo sobre tales cuestionamientos en la sentencia de segunda
instancia.
Con todo, es del caso precisar que la procedencia de la condena en costas depende
de un factor objetivo, esto es, del hecho de ser vencido en el proceso, y que en su
tasación el juez debe verificar la calidad, naturaleza, duración y cuantía de la
gestión realizada por el apoderado, así como cualquier circunstancia que permita
valorar la labor desarrollada, sin que ello pueda desconocerse por el monto de los
honorarios pactados por el profesional con su cliente, máxime cuando, en el
presente caso, el a quo no excedió la tarifa fijada por el Consejo Superior de la
Judicatura. En consecuencia, no se efectuará pronunciamiento adicional en torno a
los cuestionamientos planteados por los recurrentes sobre dicho aspecto.
3. Oportunidad de la acción
De conformidad con el numeral 2, literal “i” del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,
el medio de control de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años
contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia.
En relación con el término de caducidad en los casos en los cuales se ejerce el
medio de control de reparación directa para reclamar la indemnización de un daño
causado como consecuencia de una obra pública o trabajos públicos, la Sección
Tercera de esta Corporación9 ha manifestado:
Es claro que una obra pública puede producir perjuicios instantáneos, por
ejemplo, el derrumbamiento de un edificio aledaño, como también lo es que
puede ser la causa de una cadena de perjuicios prolongada en el tiempo. Vgr.
la obra impide el flujo normal de las aguas que pasan por un inmueble o es la
9
Consejo de Estado. Sentencia del 28 de enero de 1994, exp. 8610. C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
12
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
causa de las inundaciones periódicas del mismo. En el primer evento (perjuicio
instantáneo) el término de caducidad es fácil de detectar: tan pronto se ejecute
la obra empezará a correr el término para accionar. Para una mayor certeza la
jurisprudencia de la Sala ha señalado como fecha inicial, aquella en la que la
obra quedó concluida. En los eventos de perjuicios prolongados en el tiempo,
aunque en la práctica es más difícil detectar la fecha inicial porque puede
confundirse el nacimiento del perjuicio con su agravación posterior, no por eso
puede aceptarse que mientras se estén produciendo o agravando los daños
seguirá viva la acción, porque esta solución sería la aceptación de la no
caducidad de las acciones indemnizatorias por trabajos públicos, y contrariaría
el mandato expreso de la ley que es enfática en hablar de dos años contados
a partir de la producción del hecho, omisión u operación administrativa o de
ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena
por causa de trabajos públicos.
Como regla general entonces, podrá sostenerse que en las acciones
indemnizatorias por daños de ocurrencia prolongada en el tiempo (periódicos o
sucesivos) originados en trabajos públicos en los que la ejecución de la obra
pública es la causa eficiente de los mismos, no podrá hacerse caso omiso de
la época de ejecución de ésta para hablar sólo de la acción a medida que los
daños vayan apareciendo, así su ocurrencia sea posterior a los daños de
construida la obra. En otros términos, el legislador al establecer la caducidad
en la forma explicada partió de un supuesto que le da certeza y estabilidad a la
institución: que en este campo el perjuicio debe concretarse, nacer, a más
tardar dentro de los dos años siguientes a la ejecución de los trabajos, así
puedan agravarse o continuar su ocurrencia con posterioridad a dicho bienio.
Así mismo, sobre dicho asunto, en sentencia del 25 de agosto de 2016, la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó:
(…) la Sala ha sostenido que se requiere tener claridad acerca del momento en
que se tiene conocimiento de la consolidación de la misma o, en su defecto, de
la fecha en la cual culminó la obra (…), pues a partir de un momento o del otro,
según el caso, debe contabilizarse el término de dos años que prevé la ley para
accionar contra la respectiva entidad pública; es decir, el término de caducidad
debe empezar a contarse desde el momento en que se conoce la consolidación
de las obras que afectaron directamente un inmueble o desde que estas hayan
culminado dentro del mismo, aun cuando todavía quede por ejecutar una parte
del respectivo proyecto general, es decir, el término no necesariamente
empieza a correr desde la terminación de la totalidad del proyecto o de las
obras que lo integran, sino que también puede correr desde cuando culmina o
se consolida la afectación del predio, bien con la terminación de la obra en el
predio o bien con la finalización de la parte de la obra que afecta a ese predio10.
Puntualmente, en casos como el analizado, esta Corporación ha definido que el
término de caducidad debe contarse: i) desde que el afectado tuvo conocimiento
del perjuicio causado con la obra pública; ii) desde que la obra termina en el predio
afectado, a condición de que el daño se origine o manifieste de forma concomitante
o concurrente con este hecho, por cuanto es el que le da origen o iii) de manera
10
Al respecto, se puede consultar: sentencia del 25 de agosto de 2016, Sala Plena de la Sección Tercera, exp.
35.947, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
13
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
excepcional, en una fecha posterior a la terminación, siempre y cuando se
demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en el momento en que se produjo 11.
En ese contexto, es deber del juez encuadrar el asunto en una de las tres hipótesis
planteadas, teniendo en cuenta las circunstancias propias del caso; para ello, debe
cimentar su decisión en el material probatorio recaudado y, en caso de existir duda
sobre la fecha de ocurrencia del hecho dañino, debe darse aplicación a los
principios pro damato y pro actione.
En el presente asunto, comoquiera que la imposibilidad de operar el Hotel Santa
Mónica, como consecuencia del cierre de las vías de acceso al establecimiento de
comercio, constituye un daño continuado que se produjo por la ejecución de la obra
pública, el término de caducidad debe contabilizarse desde el momento en que se
levantó la obstrucción de acceso al inmueble, por cuanto a partir de allí el Hotel
Santa Mónica pudo determinar los perjuicios ocasionados durante el lapso en que
la obra pública se ejecutó en el área colindante a su establecimiento de comercio
y, por tanto, es a partir de ese momento que surgió el interés jurídico para acudir
ante esta jurisdicción.
Revisado el caudal probatorio traído al proceso, se constata que si bien las obras
correspondientes al tramo 6 de la fase III del sistema de transporte masivo
Transmilenio, esto es, a la adecuación de: i) la calle 26 comprendida entre las
carreras 13 y 3ª y, ii) la carrera 3ª entre las calles 26 y 19, concluyeron el 10 de julio
de 201312; lo cierto es que no existen elementos probatorios en el plenario que
permitan inferir que la consolidación del daño reclamado por el cierre de las vías de
acceso al Hotel Santa Mónica, ubicado en la carrera 3ª No. 24 – 11 de Bogotá, se
hubiera prolongado hasta dicha fecha.
Lo que se advierte en los medios de prueba es que las restricciones de acceso
peatonal y vehicular al establecimiento de comercio se materializaron durante la
vigencia de los planes de manejo de tránsito (PMTs) circundantes al inmueble. Y si
bien no en todos los casos se aportaron los PMTs con su respectiva aprobación por
parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, en el expediente obran documentos
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, providencial del
3 de julio de 2020, exp. 51.117. El criterio expuesto en esa decisión fue reiterado en la sentencia del 1° de
octubre de 2018, exp. 60.127.
12
Como consta en la certificación de terminación de obras expedida por el IDU y en el acta de terminación No.
185 de 2014, obrantes a folios 353 a 354 y 364 a 374 del cuaderno 3.
14
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
indicativos de la existencia de aquellos planes, siendo el último, el formato de
comité de obras de infraestructura vial y de espacio público (COI), mediante el cual
se solicitó la aprobación de la prórroga del PMT 213 que contempló el “cierre de
obra para construcción de barretes en el costado norte de la calle 26 por la carrera
3ª, implementación de contraflujo por la avenida circunvalar en el sector del barrio
La Paz y modificación del sendero peatonal” desde el 28 de julio hasta el 27 de
octubre de 2011 (fl. 301, c. 3).
Así las cosas, considerando que no existen pruebas que permitan establecer que
el daño se consolidó hasta la terminación del tramo 6 de la obra pública -10 de julio
de 2013- y en aplicación de los principios pro damato y pro actione, será a partir del
día siguiente a la finalización de la vigencia de la prórroga al PMT 213, que se
computará el término de caducidad, por ser la prueba indicativa del levantamiento
de la obstrucción a las vías de acceso al hotel más cercana a la finalización de las
obras.
En esa medida, el plazo para demandar a través del medio de control de reparación
directa fenecía inicialmente el 28 de octubre de 2013; sin embargo, como el término
se suspendió en virtud de la solicitud de conciliación prejudicial desde el 4 de
octubre de 2012, esto es, faltando 12 meses y 24 días para su vencimiento, y se
reanudó el 11 de diciembre del mismo año (fl. 28, c. 4), la parte actora podía
presentar la demanda hasta el 11 de enero de 201413. Así, como la demanda se
radicó el 19 de diciembre anterior, se concluye que el medio de control se ejerció
oportunamente.
4. La legitimación en la causa
La legitimación en la causa se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los
sujetos en la situación fáctica (legitimación de hecho) o relación jurídica
(legitimación material) que surge de la controversia o litigio planteado en el proceso
y de la cual, según la ley, se desprenden o no derechos u obligaciones o se les
desconocen los primeros o se les exonera de las segundas14. En otras palabras,
tendrá legitimación en la causa aquel sujeto autorizado para intervenir en el proceso
13
Por cuanto, el 4 de enero de 2014, la Rama Judicial se encontraba en vacancia judicial por vacaciones
colectivas.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de
2008, exp. 13503, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
15
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
y formular pretensiones o controvertirlas, en atención a su condición de sujeto
activo o pasivo de la relación jurídica sustancial objeto de la decisión del juez, en
caso de que esta exista.
Desde esta perspectiva, resulta oportuno señalar que la falta de legitimación en la
causa es uno de esos aspectos procesales que deben ser declarados de oficio por
el juez, independientemente de que se hubiere advertido o no en primera
instancia15. Asimismo, cuando se halle configurada la falta de legitimación en la
causa, respecto de cualquiera de los extremos procesales, “la sentencia no puede
ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir
que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del
derecho o de la obligación correlativa alegada”16.
4.1. Demandantes
La jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que el demandante tiene como
primera carga acreditar que se le ocasionó un daño, para lo cual le corresponde
probar la titularidad del derecho, hecho, bien o interés jurídicamente protegido que
le fue menoscabado, es decir, su conexión con el objeto del daño, de manera que
en virtud de este se le pueda reparar17. Esto, por cuanto, en principio, quien debe
ser indemnizada es la persona que realmente sufrió un detrimento y que demanda
debidamente por ello, lo que se traduce en la verificación del requisito desarrollado
en la dogmática del derecho de daños consistente en que el daño, para ser
indemnizado, debe ser personal18.
Cabe destacar que existe una estrecha relación entre el daño para quien aduce que
se ha producido y la legitimación en la causa por activa, aspecto que resulta
determinante para concluir si al demandante le asiste o no un interés legítimo y
cierto para concurrir al proceso.
15
Sobre el particular, ver las siguientes providencias de esta Sección: sentencia del 9 de febrero de 2012, exp.
21.060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 2010, C.P. Ruth Stella Correa
Palacio.
16
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de mayo de 2017, exp. 35475, C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa, criterio que también es aplicado por esta Subsección, al respecto puede
consultarse la providencia proferida en el proceso 58.366.
17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 30.391 y
sentencia de 9 de octubre de 2014, exp. 27.438, ambas con ponencia del consejero Danilo Rojas Betancourth.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de septiembre de 2017, exp. 42.286,
C.P. Danilo Rojas Betancourth.
16
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
En el caso bajo estudio, tal como se ha indicado en precedencia, la Corporación
Nuevo Arco Iris y la sociedad Hotel Santa Mónica Ltda. solicitaron la indemnización
de los perjuicios ocasionados con la ejecución de las obras públicas de adecuación
vial para la fase III del sistema de transporte masivo Transmilenio.
En cuanto a las pretensiones indemnizatorias y la titularidad del interés jurídico que
le asiste a los demandantes para formularlas, la Sala advierte que se solicitó la
reparación de los perjuicios materiales relacionados con lo dejado de percibir ante
la imposibilidad de operar el establecimiento de comercio “Hotel Santa Mónica”
entre el 1º de mayo de 2010 y el 30 de agosto de 2013, junto con la desvalorización
de la marca por su imposibilidad de uso, de manera que solo estará legitimado en
la causa por activa quien demuestre ser titular de los derechos supuestamente
vulnerados durante el período en el cual se acusa su afectación.
Con este criterio, resulta oportuno examinar lo atinente al atributo de la
personalidad jurídica de las sociedades y a la garantía de separación patrimonial,
por cuanto, con la demanda se acompañó el certificado de existencia y
representación legal de la sociedad Hotel Santa Mónica Ltda., con el cual se prueba
su titularidad frente al establecimiento de comercio del mismo nombre 19, así como,
que se encuentra constituida por dos socios capitalistas, siendo la Corporación
Nuevo Arco Iris su socio mayoritario20.
Así las cosas, conviene precisar que de acuerdo con lo establecido en el artículo
98 del Código de Comercio, la constitución de una sociedad supone la formación
de una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, lo que
implica que los atributos inherentes a la personalidad jurídica, entendida como la
capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, se obtienen i) desde el
momento mismo del otorgamiento de la escritura pública de constitución, para los
tipos societarios previstos en el Código de Comercio, o ii) desde la inscripción del
documento privado de constitución de la sociedad en el registro mercantil, para la
sociedad por acciones simplificada regulada en la Ley 1258 de 2008 (artículo 2)21.
19
Identificado con matrícula No. 00947603 de 11 de junio de 1999, siendo su último año de renovación el 2012,
de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido el 18 de noviembre de 2013, obrante
a folios 24 y 25 del cuaderno 4.
20
La sociedad cuenta con once cuotas con valor nominal de $1’000.000 cada una, distribuido así: La Unión
Nacional de Organizaciones de Vivienda para la Paz Unavida con una cuota y la Corporación Nuevo Arco Iris
con diez cuotas.
21
Frente a este preciso tema se puede consultar la providencia proferida por esta Subsección el 16 de agosto
de 2018, exp. 40.369, con ponencia de la suscrita consejera.
17
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
En materia de derecho societario, la limitación del riesgo del socio o de los socios
al monto del capital aportado es una consecuencia económica del atributo de la
personalidad jurídica, que responde a la denominada garantía de separación
patrimonial, esto es, al hecho de que el patrimonio de la sociedad es distinto al
patrimonio de cada socio, lo cual, sin lugar a dudas, constituye un reconocimiento
de la autonomía moral de las personas jurídicas.
En ese contexto, cabe señalar que el hecho de tener personalidad jurídica permite
que una sociedad solicite la reparación de los daños patrimoniales que se le causen,
de ahí que, teniendo en cuenta que el patrimonio (comercial) de la empresa se
entiende separado del patrimonio (civil) del socio o de los socios, es claro que a
estos últimos no les asistirá interés en pedir para sí la indemnización por los
perjuicios materiales que sufrió la sociedad.
Así, como la eventual afectación causada al Hotel Santa Mónica con la ejecución
de la obra pública, desde el punto de vista de los perjuicios materiales solicitados,
únicamente está referida al detrimento patrimonial sufrido por el establecimiento de
comercio, resulta evidente que la legitimación en la causa por activa en este caso
la ostenta exclusivamente la sociedad Hotel Santa Mónica Ltda., propietaria del
mencionado hotel, y no, su socio, la Corporación Nuevo Arco Iris.
Con todo, debe precisarse que si bien con la demanda se aportó el certificado de
tradición y libertad del inmueble donde se ubicaba el Hotel Santa Mónica, en el que
consta que la Corporación Nuevo Arco Iris fue su propietaria desde el 6 de agosto
de 1999 hasta el 4 de octubre de 201322; lo cierto es que, tal como se dejó visto, en
el libelo inicial no se formuló ninguna pretensión orientada al resarcimiento de los
eventuales daños que hubiera podido sufrir dicha edificación con la obra pública,
con lo cual se refuerza la falta de legitimación en la causa por activa de la
mencionada corporación.
22
Según el certificado de tradición y libertad del inmueble mediante escritura pública del 8 de junio de 1999, la
Corporación Nuevo Arco Iris y la Unión Nacional de Organizaciones de Vivienda para la Paz Unavida
adquirieron el predio por compra que hicieran a la sociedad Chavarro Méndez y Cía. S. en C., tal como obra
en la anotación No. 9 de 6 de agosto de 1999. Así mismo, el 5 de septiembre de 2001 – anotación 12-, la
Corporación Nuevo Arco Iris adquirió la totalidad del inmueble mediante donación. Finalmente, mediante
escritura pública del 6 de agosto de 2013, inscrita el 4 de octubre siguiente – anotación 17-, la referida
corporación transfirió la propiedad a la Compañía Inmobiliaria Los Cedros Ltda. (fls. 27 – 29, c. 1).
18
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
De otro lado, se advierte que aun cuando la sociedad Hotel Santa Mónica Ltda. es
titular de los derechos relacionados con el establecimiento de comercio “Hotel Santa
Mónica”, su legitimación no abarca la totalidad del período durante el cual se
adelantó la obra pública – 17 de junio de 200823 a 10 de junio de 2013-, por cuanto
la explotación económica del hotel fue ejercida por la sociedad Operadora Hotelera
H.F.M. Ltda., representada legalmente por el señor Hernán Franco Mojica, desde el
1º de octubre de 200424 hasta el 2010, sin que se haya aportado prueba de la fecha
cierta de su terminación.
Evidenciado lo anterior, si bien en la demanda se reclaman los perjuicios materiales
ocasionados desde el 1º de mayo de 2010 y en el material probatorio allegado al
proceso se advierte que los hoy demandantes solicitaron la restitución del inmueble
donde funcionaba el Hotel Santa Mónica con el fin de operarlo directamente, litigio
que, según se afirmó, fue decidido en proveído del 19 de abril de 2010, por el
Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá25 - sentencia no obrante en el
expediente-; lo cierto es que existen elementos probatorios que permiten inferir que
la explotación económica del hotel fue ejercida por la sociedad Operadora Hotelera
H.F.M. Ltda. hasta el 10 de julio de esa misma anualidad.
En efecto, contrario a lo manifestado por la parte actora en relación con la
terminación de la relación contractual en abril de 2010, se advierte que el señor
Hernán Franco Mojica, representante legal de la sociedad Operadora Hotelera
H.F.M. Ltda., reconoció haber sido el “arrendatario del establecimiento de comercio
entre 2004 – 2010”26, ejerciendo como tal ante el contratista Confase S.A., al menos
hasta el 28 de junio de 2010, fecha en que formuló la última petición relacionada
con la obstrucción de las vías de acceso al Hotel Santa Mónica (fl. 347, c. 3).
Así mismo, obra en el expediente el acta de la audiencia realizada el 9 de agosto
de 2012, durante la cual el señor Hernán Franco Mojica indicó que entregó el hotel
23
CD. Documentos proceso Santa Mónica/Documentos Contractuales IDU-136-2007/Acta No. 1 Iniciación de
Contrato 1362007.pdf, págs. 1 - 2, medio magnético obrante al folio 309 del cuaderno 3; documento también
obrante a folios 60 - 61 del cuaderno 6.
24
De conformidad con el contrato de arrendamiento del establecimiento de comercio “Hotel Santa Mónica”
celebrado el 1º de octubre de 2004, entre la sociedad Hotel Santa Mónica Ltda. y la Corporación Nuevo Arco
Iris con la operadora hotelera H.F.M. Ltda., obrante a folios 33 a 38 del cuaderno 4.
25
Así fue reportado por el señor Pedro Nel López Lopera, coordinador administrativo y financiero de la
Corporación Nuevo Arco Iris al IDU, tal como quedó evidenciado en el informe social de 5 de septiembre de
2010 realizado por la subdirección técnica de la mencionada entidad pública (folios 155 a 162 del cuaderno 4).
26
CD. Documentos proceso Santa Mónica/Correspondencia/20125260425012.pdf, págs. 1-2, medio magnético
obrante al folio 309 del cuaderno 3.
19
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
“de manera anticipada según registro No. 4958 del 10 de julio de 2010”27 e
igualmente, se aprecian las comunicaciones en que el señor León Valencia
Agudelo, director ejecutivo de la Corporación Nuevo Arco Iris, manifiesta que el
cierre del hotel se produjo el 928 o el 27 de julio del mismo año29, de ahí que resulte
plausible tener como fecha de terminación del contrato de arrendamiento, la
manifestada por el señor Mojica en la citada audiencia, esta es, el 10 de julio de
2010.
Por tanto, será a partir del día siguiente a dicha fecha, -desde el 11 de julio de 2010
• que se entienda legitimada en la causa por activa a la sociedad Hotel Santa Mónica
Ltda., para reclamar los perjuicios materiales deprecados en la demanda.
4.2. Demandadas
En cuanto a la legitimación por pasiva, se concluye que el IDU y Confase S.A. tienen
interés en controvertir las pretensiones de la demanda en los términos del artículo
90 de la Constitución Política, puesto que sobre ellas recaerían las eventuales
consecuencias patrimoniales derivadas del supuesto daño ocasionado con la
ejecución del contrato de obra No. 136 de 2007 celebrado entre aquellas, en el cual,
se estableció, específicamente, la obligación de “desarrollar todas las labores de
27
En la audiencia realizada el 9 de agosto de 2012 con la asistencia del señor Hernán Franco Mojica y
representantes del IDU, la Contraloría de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación, se anotó que “el señor
Hernán Franco Mojica manifiesta antecedentes sobre la estructura del Hotel Santa Mónica. Manifiesta que los
daños son preexistentes a la ejecución de las obras del IDU. Indica que son falsas las utilidades que el señor
León Valencia asegura generaba el hotel, puesto que, el operador era el señor Mojica (…) la Procuraduría
pregunta cuándo entregó el hotel, ante lo cual el señor Mojica responde que fue de manera anticipada según
registro No. 4958 del 10 de julio de 2010” (fls. 112 - 118, c. 6).
28
En comunicación del 14 de junio de 2012, el señor León Valencia Agudelo, director de la Corporación Nuevo
Arco Iris, solicitó la intervención de la procuraduría para conseguir que las reparaciones a realizar por parte del
IDU en la edificación se extendieran a aspectos geotécnicos. En dicha solicitud narró “8. Después de continuas
reclamaciones al Instituto de Desarrollo Urbano y ante sus omisiones y negativa a solucionar los problemas
antes referidos, bajo la eventualidad de un deslizamiento similar al ocurrido en los predios colindantes, el "Hotel
Santa Mónica" para el 9 de Julio de 2010 tuvo la necesidad de cerrar sus puertas, pues el desarrollo de la
actividad hotelera se hizo imposible como de ello da cuenta el informe del 5 de Septiembre de 2010, elaborado
por funcionarios de la Dirección Técnica de Diseño de Proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano y conforme
se describe en el Concepto Jurídico anexo al "Informe de Visita de Inspección", de fecha 24 de Agosto de 2010,
de la "Dirección Técnica de Diseño de Proyectos" del Instituto de Desarrollo Urbano, que respecto de la
imposibilidad del ejercicio del objeto comercial del hotel …” (fls.289 – 304, c. 5).
29
El 27 de julio de 2010, el señor León Valencia Agudelo, director ejecutivo de la Corporación Nuevo Arco Iris
solicitó al IDU que efectuara la adquisición del inmueble por haberse visto impactado negativamente por las
obras. En esa oportunidad manifestó que “al momento de la presentación de nuestra solicitud, con ocasión del
sitio a que sometió el inmueble, nos vemos obligados a cerrar el hotel, con el objeto de evitar riesgos o
accidentes con peatones o huéspedes, sobre el entendido que ante cualquier catástrofe seríamos responsables
solidarios”, lo que también los obligó a “terminar el contrato de arrendamiento que tenían con la Operadora
Hotelera H.F.M.”. Ver CD. Documentos proceso Santa Mónica/Correspondencia/20105260160512.tif, págs. 1-
4, medio magnético obrante al folio 309 del cuaderno 3 y CD. Soportes caso Hotel Santa Mónica, págs. 245 –
248, medio magnético obrante al folio 226 del cuaderno 6.
20
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
manejo de tránsito, señalización y desvíos”30 necesarios para la plena ejecución de
la obra pública.
Ahora, respecto de las entidades llamadas en garantía Liberty Seguros S.A. y
Mundial de Seguros S.A., se allegaron sus respectivos certificados de existencia y
representación expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá (fls. 11 – 27, c.
2), así como la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 206718 (fls. 28
– 76, c. 2) en la que existe un coaseguro entre las compañías mencionadas31,
teniendo como tomador a Confase S.A. y como asegurado al IDU, documentos
respecto de los cuales, mediante auto del 11 de agosto de 2014, se aceptó el
llamamiento en garantía efectuado por la entidad estatal, circunstancia que impone
concluir que se encuentran legitimadas formalmente en la causa para actuar dentro
de la presente controversia.
5. Del régimen de responsabilidad aplicable
En asuntos en los que el origen o la causa del daño deviene como consecuencia
del ejercicio de una actividad lícita por parte del Estado, desarrollada en beneficio
de la comunidad, la jurisprudencia de esta Corporación ha sentado el criterio según
el cual el régimen de responsabilidad aplicable es el objetivo de daño especial, lo
que conlleva la declaratoria de responsabilidad cuando el demandante acredite que,
con ocasión de dicha actividad, se produjo un rompimiento en el equilibrio de las
cargas públicas que en condiciones normales no estaría en la obligación de
asumir32.
30
Cláusula 5 “Obligaciones principales del contratista”, literal l, del contrato de obra No. 136 de 2007 obrante
a folios 1 a 59 del cuaderno 6.
31
De acuerdo con la póliza de seguro, Liberty Seguros S.A. tiene una participación del 60.13%, mientras que
el 30,87% restante está a cargo de Mundial de Seguros S.A.
32
En reiteradas oportunidades esta Sala se ha ocupado de estudiar el régimen de responsabilidad objetivo por
daño especial en relación con lo cual ha expuesto lo siguiente (transcripción literal): “Responde el Estado, a
pesar de la legalidad total de su actuación, de manera excepcional y por equidad, cuando el obrar de tal modo,
en beneficio de la comunidad, por razón de las circunstancias de hecho en que tal actividad se desarrolla,
causa al administrado un daño especial, anormal, considerable, superior al que normalmente deben sufrir los
ciudadanos en razón de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, rompiéndose así la
igualdad de los mismos frente a las cargas públicas, o la equidad que debe reinar ante los sacrificios que
importa para los administrados la existencia del Estado.
“Surge pues, de la esquemática exposición hecha, que la pretensión indemnizatoria por daño especial excluye
cualquier otra pretensión con idéntico fin, propuesta con base en la ilegalidad del acto o de la operación o el
hecho administrativo, la falla o falta del servicio y la derivada de la arbitrariedad administrativa o ‘vías de hecho’”.
Ver. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
10 de marzo de 2011, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, exp. 18.381.
21
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Se trata, entonces, de un régimen que no tiene como fundamento una falla atribuible
al Estado o a alguno de sus agentes, sino el ejercicio por parte de aquél o de éstos,
de actividades legítimas que pueden causar daños que revistan las características
de anormalidad y especialidad, por exceder los sacrificios que deben soportar
regularmente los ciudadanos y recaer en una persona o personas identificables,
quienes, en aras de garantizar la equidad y el equilibrio frente a las cargas públicas,
deben ser indemnizados.
En el anterior orden de ideas, la jurisprudencia de esta Sala ha precisado que la
procedencia de la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado con
base en la aplicación del título jurídico de imputación de daño especial se sujeta a
la concurrencia de los siguientes elementos:
“1.- Que el hecho administrativo que causa el daño provenga de una
actuación legítima de la administración amparada por la normatividad legal
vigente o la misma Constitución, que rompe la igualdad frente a las cargas
públicas que deben soportar determinados administrados.
Significa lo anterior que el quebrantamiento de la igualdad frente a las cargas
públicas imponga a ciertos administrados un mayor sacrificio al que
normalmente deben soportar los asociados en general.
2.- Que se concrete un daño que lesiona un derecho jurídicamente tutelado
el cual debe revestir las condiciones de cierto, concreto y particular.
3.- Y que haya un nexo de causalidad entre el hecho administrativo legal y
el perjuicio ocasionado.
Lo dicho permite establecer que este régimen de responsabilidad excluye la
ilegalidad del acto administrativo, los casos de responsabilidad por falta o
falla del servicio de la administración y también la derivada de las vías o
actuaciones de hecho.
En tales condiciones se exige que para hablar del daño especial como
presupuesto de responsabilidad de la administración este debe ser anormal,
excepcional y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en
razón de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, es
decir, que solo unos pocos ciudadanos resultan sacrificados en su
patrimonio como contrapartida de que la comunidad obtenga beneficios que
le representa un mejoramiento en la calidad y prestación de los servicios”33.
Conviene señalar en esta oportunidad que, en casos como el analizado, la
jurisprudencia de esta Subsección34 ha sostenido que se debe tener en cuenta que
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de septiembre
de 1997, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, exp. 10.392; las consideraciones expuestas en la citada
providencia fueron reiteradas por la Sección en sentencia del 10 de mayo de 2001, C.P. Jesús María Carrillo
Ballesteros, exp. 12.212; 13 de diciembre de 2005, C.P. Alier Hernández Enríquez, exp. 24.671 y del 10 de
marzo de 2010, exp. 26.346, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
34
Ver. Consejo de Estado, sentencias de 22 de junio de 2021, exp. 53.572, y sentencia de 14 de julio de 2023,
exp. 61.339, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
22
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
todos los habitantes del territorio nacional deben soportar en determinadas
circunstancias la ejecución de trabajos públicos, los cuales, como resulta apenas
natural, repercuten en beneficio de la sociedad en general y del particular
inicialmente afectado; en consecuencia, no existe, por regla general, un derecho
adquirido respecto a que no se adelanten obras en inmediaciones de los predios
de los particulares y, por ende, no se le debe imputar, necesariamente, a la
Administración la afectación transitoria de la explotación económica de un predio
por trabajos de obra pública.
En esta línea argumentativa, advierte la Sala que la ejecución de trabajos públicos
no es constitutiva per se de un daño especial, en la medida en que dichas obras
públicas no son susceptibles de calificarse como excepcionales o singulares frente
a las cargas que deben asumir los particulares en su propiedad como
contraposición a la competencia que el ordenamiento jurídico le ha radicado a las
autoridades para ejecutar obras públicas en beneficio de la sociedad en general.
Se resalta, además, que en el modelo de Estado y de propiedad acogido por la
Constitución Política, la libertad del propietario en el ejercicio de su derecho se
encuentra regulada de manera intensa y perfilada para el cumplimiento de las
necesidades colectivas y sociales, sin que ello implique que el interés privado
desaparezca35; por el contrario, se busca que esos dos intereses en lugar de colidir
confluyan36.
35
Valga la pena recordar que, como lo afirmó la Subsección en reciente sentencia, “la concreción y prevalencia
del interés general ⎯artículo 1º de la Constitución Política⎯, si bien respalda y orienta teleológicamente la
actividad administrativa, no justifica el desproporcionado sacrificio de la esfera de derechos e intereses del
individuo, cuya salvaguarda también constituye fin esencial del Estado al tenor de lo normado por el artículo 2º
de la Carta”, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de enero de 2015, exp.
28.937, C.P. Hernán Andrade Rincón.
36
Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado lo siguiente: “Nótese que, de la simple
definición de daño antijurídico, pueden deducirse fácilmente dos de sus principales características, a saber: La
primera: no todos los daños que causa el Estado resultan indemnizables, sobre todo si los mismos son el
resultado de la actividad estatal lícita, pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos
daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas
las personas que viven en determinada sociedad. Se ve, entonces, como la concepción del daño antijurídico,
desde esa perspectiva, no solamente resulta acorde con los principios de eficiencia de la función pública y
efectividad de los derechos (artículos 228 y 2º de la Constitución), sino también confluye con los principios de
igualdad frente a las cargas públicas y solidaridad, que constituyen las piezas angulares del Estado Social de
Derecho (artículos 1º y 13 de la Carta). Ahora bien, esta característica del daño antijurídico resulta
especialmente relevante en aquellas limitaciones impuestas por el Estado al ejercicio de los derechos
reconocidos y garantizados por las normas jurídicas, en tanto que solamente pueden originar su
responsabilidad patrimonial aquellas restricciones que ‘superan la normal tolerancia’ o que impiden el goce
normal y adecuado del derecho”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2005,
exp. 12.158, C.P. Alier E. Hernández Enríquez, reiterada por esta misma Sala en sentencia del 3 de agosto de
2017, exp. 33.043, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E).
23
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Se trata, entonces, de un régimen de responsabilidad que no tiene como
fundamento ni siquiera el de la mera afectación o restricción de los derechos, pues
por regla general, en un Estado de Derecho, el ejercicio, goce y disfrute de los
derechos y prerrogativas que de ellos se derivan, implica la asunción de
limitaciones, condiciones y restricción que justamente son las que en beneficio de
la vida en sociedad permiten la realización de los derechos de la totalidad de
asociados, bajo la condición que de cara a alteraciones extraordinarias,
excepcionales y especiales de tales cargas, nazca el derecho para solicitar la
reparación y con ello, restablecer el orden justo, equitativo e igualitario de
oportunidades.
Por otra parte, no escapa a la Sala el hecho de que en eventos como el que se
decide en el sub lite pueden presentarse hipótesis de ocurrencia de perjuicios,
siempre que la limitación impuesta por la administración impida la posibilidad de
explotar jurídica y económicamente el bien, en este caso, v.gr. ante la obstrucción
absoluta de las vías de acceso al establecimiento de comercio; sin embargo,
tratándose de afectaciones temporales o transitorias por la ejecución de obras
públicas que, en todo caso, garantizan el acceso al establecimiento de comercio,
ellas no constituyen una afectación real, sustancial o excepcional en las condiciones
de ejercicio de dicho derecho real, en la medida en que no se suprime la explotación
económica, sino que se limita temporalmente para el beneficio posterior del
particular inicialmente afectado.
Asimismo, para efectos de acreditar la excepcionalidad del daño y la antijuricidad
del mismo, precisa la Sala que en cada caso concreto corresponde a la parte
interesada probar que la ejecución de la obra pública implicó la supresión o
desaparición de la explotación económica de su predio, así como que se trató de
una medida excesiva, especial o singular desde el punto de vista de la función social
y ecológica del derecho de propiedad, que implicó un rompimiento en el equilibrio
de las cargas públicas.
6. Acreditación del daño antijurídico en el caso concreto
En cuanto al aludido daño antijurídico, la parte actora insistió en el recurso de
apelación en que se produjo un daño especial, por cuanto el cierre de las vías de
acceso al Hotel Santa Mónica, con ocasión de la ejecución de la obra pública para
24
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
la adecuación de la fase III del sistema integrado de transporte masivo de Bogotá -
Transmilenio, redundaron en la imposibilidad de explotar económicamente el
establecimiento de comercio.
Sobre el particular, de entrada, la Sala advierte que no se acreditó que,
efectivamente, se hubiera causado un daño especial que excediera las cargas
públicas que los particulares normalmente deben soportar, en los términos
descritos por el recurrente.
Para arribar a dicha conclusión, se reseña, a partir de las piezas documentales y
demás elementos probatorios incorporados al expediente contencioso
administrativo, el contexto fáctico de la disputa en los siguientes términos:
6.1. El IDU celebró el contrato de obra pública con Colfase S.A. para la ejecución
de la totalidad de las obras de construcción y todas las actividades necesarias para
la adecuación vial de la fase III del sistema integrado de transporte masivo de
Bogotá - Transmilenio (fls. 1 – 59, c. 6).
Así consta en el contrato de obra No. 136 suscrito el 28 de diciembre de 2007, cuyo
objeto fue “la adecuación de la calle 26 (Avenida Jorge Eliécer Gaitán) y la carrera
10 (Avenida Fernando Mazuera) del grupo 3, que comprendió la adecuación de la
carrera 10 (Avenida Fernando Mazuera) al sistema Transmilenio en el tramo 4
comprendido entre calle 7 y calle 26, en Bogotá D.C. y el tramo 5 comprendido
entre calle 26 y calle 34 y adecuación de la calle 26 (Avenida Jorge Eliécer Gaitán)
al sistema Transmilenio en el tramo 5 comprendido entre carrera 19 y la carrera 13,
incluye conexión operacional con la Troncal Caracas, en Bogotá D.C., y en el tramo
6 comprendido entre carrera 13 y carrera 3, y carrera 3 entre calle 26 y calle 19, en
Bogotá D.C:, comprendidos en el grupo 3 de la Licitación Pública Número IDU-LP-
DG-022-2007, en Bogotá D.C.”37.
Además, el 17 de junio de 2008 se suscribió el acta de inicio (fls. 60 – 61, c. 6) y el
10 de julio de 2013, finalizaron las obras del tramo 6 – más próximo al área de
influencia del Hotel Santa Mónica-, según consta en la certificación de terminación
de obras expedida por el IDU (fls. 353 – 354, c. 3) y en el acta de terminación No.
185 de 2014 (fls. 364 – 374, c. 3).
37
Ver cláusula primera del contrato de obra No. 136 de 2007.
25
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
6.2. Por la ejecución de las obras del sistema integrado de transporte masivo
Transmilenio se presentaron algunos cierres parciales y restricciones de acceso
sobre la carrera 3ª y la calle 24 con carrera 4ª.
Así se desprende de los formatos de comité de obras de infraestructura vial y de
espacio público (COI) y los planos alusivos a los planes de manejo de tránsito
(PMTs) presentados por el contratista Colfase S.A. a la Secretaría Distrital de
Movilidad para su aprobación, según los cuales se efectuaron los siguientes cierres
en las vías de acceso al Hotel Santa Mónica, ubicado en la carrera 3ª No. 24 – 11
de Bogotá.
PMT Objeto de la obra Vigencia Folio
Demolición de predios ubicados en 3/11/2009
PMT 81 la carrera 4ª entre calles 24 y 26, a 293, c. 3
costado oriental. 4/12/2009
Demolición de predios ubicados en
PMT 83
la carrera 4ª entre calles 24 y 26, 30/06/2009 294, c. 3
“Plano”
costado oriental.
Cierre de costado occidental de la
PMT 126 carrera 3ª entre calles 22 y 24 para
1/12/2009 295, c. 3
“Plano” la construcción de la red de
alcantarillado y espacio público.
Instalación de tubería de
PMT 173
alcantarillado, etapa I, en la carrera 2/03/2010 300, c. 3
“Plano 1”
3ª por la calle 24.
Construcción de red de 4/03/2010
PMT 173 alcantarillado en la carrera 3ª por la a 296, c. 3
calle 24. 25/03/2010
Instalación de red de
PMT 179
alcantarillado, etapa II, en la 13/04/2010 298, c. 3
“Plano”
carrera 3ª entre calles 22 y 23.
Ejecución de la totalidad de las
obras de construcción y todas las
actividades necesarias para la
adecuación de la calle 26 (Av.
Jorge Eliécer Gaitán) y la carrera
10 (Av. Fernando Mazuera) del 15/04/2010
PMT 126 grupo 3 al sistema Transmilenio en a 299, c. 3
Bogotá D.C. en la carrera 3ª entre 15/07/2010
calles 22 y 24, calzada occidental,
aprobado en el comité de obras de
infraestructura vial y de espacio
público - COI-62 del 7 de enero de
2010.
Cierre total de la calzada
PMT 213 302 - 303,
occidental de la carrera 3ª entre 22/06/2010
“Plano 1” c. 3
calles 26 y 22.
26
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Cierre total de la calzada
PMT 213 occidental de la carrera 3ª entre 304 - 305,
31/08/2010
“Plano 2” calles 26 y 22 (modificación al c. 3
sendero peatonal).
Cierre de obra para construcción
de barretes en el costado norte de
Prórroga
la calle 26 por la carrera 3ª, 28/07/2011
al PMT
implementación de contraflujo por a 301, c. 3
213
la avenida circunvalar en el sector 27/10/2011
del barrio La Paz y modificación del
sendero peatonal.
Al respecto, se recibió el testimonio del señor José Andrés Castillo Barrera38,
director jurídico de Confase S.A. para la época de los hechos, quien manifestó que
tal como constaba en los planes de manejo de tránsito, la Secretaría Distrital de
Movilidad “nunca permitió cerrar completamente una zona” y que en el Hotel Santa
Mónica se presentó una situación de “acceso restringido”, de acuerdo con lo cual
“pareciera que la zona de obra está cerrada, pero para los residentes o las personas
que van para esa zona si hay acceso”. De igual manera, precisó lo siguiente:
(…) en el caso del Hotel Santa Mónica, yo recuerdo peticiones del 2010 y
2011 en donde el representante legal nos solicitaba que se abriera por tal
parte o por otra parte y ahí lo que se hace es que se pone un paletero que
da el acceso restringido, es decir, según lo que yo tengo entendido (…)
nunca se cerraron los ingresos al Hotel Santa Mónica en su totalidad,
siempre hubo un ingreso restringido cuando se estaba haciendo la obra
sobre esa calle, porque nosotros trabajamos sobre la tercera y la cuarta,
entonces cuando había obra sobre la tercera, la cuarta estaba abierta y
había una subida por la 24, (…) obviamente, eso causa incomodidades, pero
es un tema diferente a que confirme que hubo un cierre de obra.
Asimismo, sobre las restricciones de acceso al Hotel Santa Mónica obra el
intercambio de comunicaciones realizado entre el señor Hernán Franco Mojica -
representante legal de la sociedad Operadora Hotelera H.F.M. Ltda., arrendataria
del establecimiento de comercio39- y Colfase S.A., que tuvieron lugar durante el
primer semestre de 2010, relacionadas con los planes de manejo de tránsito para
la ejecución de la obra pública en el área circundante al hotel (fls. 334 – 347, c. 3),
de las cuales se traen como hechos relevantes, los siguientes:
• El 12 de abril de 2010, el señor Hernán Franco Mojica, gerente del Hotel Santa
Mónica, solicitó a Confase S.A. el levantamiento del cerramiento de la carrera 3ª
38
CD Audiencia de pruebas, min: 1:31:03 – 2:03:19, medio magnético obrante al folio 312 del cuaderno 3.
39
De conformidad con el contrato de arrendamiento del establecimiento de comercio “Hotel Santa Mónica”
celebrado el 1º de octubre de 2004, entre la sociedad Hotel Santa Mónica Ltda. y la Corporación Nuevo Arco
Iris con la operadora hotelera H.F.M. Ltda., obrante a folios 33 a 38 del cuaderno 4.
27
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
entre calles 26 y 24, por considerar que el trabajo de adecuación de redes húmedas
ya había finalizado y tal cierre impedía parquear frente al establecimiento de
comercio para dejar o recibir huéspedes40.
• Mediante comunicación CBF-C-0253-10 de 20 de abril de 2010, Confase S.A.
informó al señor Hernán Franco Mojica, que no era posible retirar el cerramiento
provisional en el sector de la carrera 3ª entre calles 24 y 26, costado occidental,
debido a que en el transcurso de esa semana estarían dando inicio a los trabajos
de construcción de la estructura del túnel por el cual funcionaría el sistema integrado
de transporte masivo Transmilenio. En esa oportunidad, le informaron que el
cerramiento para adelantar la obra se proyectaba desde la calle 24 hacia el norte
por la carrera 3ª, durante un tiempo aproximado de 10 meses41.
• El 3 de junio de 2010, el señor Hernán Franco Mojica, gerente del Hotel Santa
Mónica, solicitó a Confase S.A. que de manera inmediata se abriera el paso al Hotel
Santa Mónica por la calle 24, puesto que el cierre de dicha calle impedía la llegada
de los vehículos del hotel y taxis, así como el uso de los parqueaderos del hotel (fl.
341, c. 3). Ese mismo día, el contratista contactó al peticionario para informarle que
el acceso por la calle 24 se realizaría de manera controlada con un “paletero”, al
tiempo que, envió al lugar al residente de tráfico Henry Pulido con el propósito de
que le explicara cómo funcionaría el acceso por la calle 24 (fl. 342, c. 3). El 8 de
junio siguiente, se precisó que el paletero en la calle 24 se mantendría frente al
predio durante la ejecución de la obra (fls. 337 – 338, c. 3).
• En comunicación CBF-I-0878-10 de 19 de junio de 2010, Confase S.A. contestó al
señor Hernán Franco Mojica que desde el día de implementación del acceso al hotel
con un “guía de tráfico” y tal como se había confirmado con la recepción del hotel,
no se había presentado ninguna novedad que afectara el ingreso (fl. 343, c. 3).
• El 22 de junio de 2010, el señor Hernán Franco Mojica manifestó a Confase S.A.
que no se habían solucionado los perjuicios ocasionados con la obra, debido a que
el paletero ubicado en la calle 24 rotaba y no tenía la mejor actitud (fl. 339, c. 3).
40
CD. Documentos proceso Santa Mónica/Correspondencia/20103460057223.pdf, pág. 49, medio magnético
obrante al folio 309 del cuaderno 3 y CD. Soportes caso Hotel Santa Mónica, pág. 344, medio magnético
obrante al folio 226 del cuaderno 6.
41
CD. Documentos proceso Santa Mónica/Correspondencia/20103460057223.pdf, pág. 44, medio magnético
obrante al folio 309 del cuaderno 3 y CD. Soportes caso Hotel Santa Mónica, pág. 339, medio magnético
obrante al folio 226 del cuaderno 6.
28
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
También expresó que “en varias oportunidades habían tenido que salir a buscar
pasajeros sobre la avenida circunvalar o el barrio Bosque Izquierdo porque estaban
perdidos y los taxistas no identificaban la manera de arribar al hotel” (fl. 344, c. 3).
• El 28 de junio de 2010, el señor Hernán Franco Mojica, nuevamente solicitó a
Confase S.A. que retirara la barricada colocada a la altura de la carrera 4ª con calle
24, dados los perjuicios que ocasionaba al impedir el acceso al hotel. Lo anterior,
por cuanto, según afirmó, el 26 de junio anterior el SENA canceló una reservación
para 35 personas, debido a que había mezcladoras que obstruían el paso, junto a
lo cual, también solicitó el cumplimiento de la obligación de mitigar el impacto de la
obra, dado que las instalaciones estaban expuestas a “barro, polvo y ruido” (fl. 347,
c. 3).
• Mediante comunicación CBF-S-0442-10 de 19 de julio de 2010, el contratista
Confase S.A. dio respuesta al requerimiento formulado por el señor Hernán Franco
Mojica relacionado con el acceso de vehículos al hotel por la calle 24, en los
siguientes términos (fls. 131 – 132, c. 4):
Como antecedente debemos mencionar que en fecha 8 de junio de 2010
remitimos la comunicación CBF-I-878-10 con la cual confirmamos el acuerdo
establecido con Usted por parte del Director de la Obra de Confase S.A.
consistente en mantener un guía de tráfico en la bocacalle de la calle 24
permitiendo el acceso de los vehículos de carga y pasajeros al hotel, situación
verificada con la recepción del hotel quién manifestó el perfecto funcionamiento
de esta operación, sin que desde el día de su implementación se haya
presentado alguna novedad que afecte el ingreso al hotel.
Con relación a su oficio del asunto, podemos confirmar que la barricada que se
instaló en la carrera 4ª con calle 24, no impide el ingreso y salida de vehículos
dado que por éste lugar se realiza el ingreso de materiales para la obra, se
permite el ingreso de materia prima al taller de metalurgia de la Señora
Alejandra Pava que se encuentra frente al Hotel Santa Mónica (por la calle 24
al llegar a la carrera 3- costado sur), se permite el acceso a los demás vecinos
del sector que lo requieran y de forma particular se permite el ingreso y salida
de todo vehículo que tenga relación con el Hotel Santa Mónica.
Pese a que el personal se rota, la instrucción para cada uno de ellos es clara
con relación al manejo del tráfico que requiera ingresar por allí, es así como se
pudo establecer con la persona que se encuentra dispuesta en este puesto en
ésta semana, que alrededor de las 3:00 pm del día de ayer (22 de junio de
2010), el camión recolector de basura se presentó en el sector y el banderero
de dicho punto le preguntó al operador del camión si requería entrar el vehículo
y el señor respondió que no era necesario, que ellos bajaban los contenedores
de basura del Hotel hasta la esquina y allí hacían la disposición en el camión;
de tal forma que en ningún momento se ha dejado de atender a los vecinos del
sector incluido el Hotel Santa Mónica y cabe recalcar que no existe ninguna
queja al respecto de los demás vecinos de la cuadra.
29
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Es importante tener en cuenta que la persona que se ubica en esta zona
requiere de un período de descanso en la mañana y en la tarde además de la
hora de almuerzo, para lo cual se ha dispuesto de una persona fija quien realiza
este reemplazo el tiempo requerido. El horario del banderero es de 6:00 a.m. a
6:00 p.m. jornada continua y a partir de las 6:00 p.m. se reemplaza por otro
banderero hasta las 10:00 p.m., con la salvedad que si en cualquier momento
se ausenta y si se requiere de él se dispone de otra persona en dicho lugar.
• Mediante comunicación CBF-S-0443-10 de 19 de julio de 2010, el contratista
Confase S.A. dio respuesta a la solicitud de 28 de junio anterior, indicando que no
era viable el retiro de la barricada localizada en la carrera 4ª con calle 24, dado que
dicha señalización estaba autorizada por la Secretaría Distrital de Movilidad para el
manejo vial, toda vez que la carrera 3ª no estaba habilitada para el tránsito de
vehículos (fls. 133 – 134, c. 4).
Adicionalmente, se advierte que, tal como constan en el informe social de 5 de
septiembre de 2010, durante la visita al predio del 3 de septiembre del mismo año
realizada por la subdirección técnica del IDU, el señor Pedro Nel López Lopera,
coordinador administrativo y financiero de la Corporación Nuevo Arco Iris, informó
que (fls. 155 – 162, c. 4):
La operación del hotel por parte de la Corporación no ha sido posible luego del
inicio de las obras, puesto que éstas dificultaron el paso peatonal a la zona de
ingreso al hotel y demás áreas comunes como la terraza, unido a lo anterior
está la restricción que se presenta al tránsito vehicular para acceder al
inmueble desde distintos puntos de la ciudad, ya que se tiene como único
acceso la calle 24 (subrayas fuera de texto).
Así mismo, con la visita técnica realizada al Hotel Santa Mónica el 29 de junio de
2011 por parte del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE-, se
informó que en ese momento el hotel no se encontraba en funcionamiento y que se
estaban adelantando “obras sobre la vía transversal 3ª, la cual se localiza frente a
la entrada principal del hotel, (…) para la adecuación del sistema Transmilenio” 42
(fls.249 – 254, c. 4).
También dan cuenta de la ejecución de las obras en las vías de acceso al Hotel
Santa Mónica, algunas fotografías que, aunque no cuentan con la fecha exacta de
su reproducción, fueron anexas a informes y comunicaciones del 2010, en las
cuales se observa bloqueado el acceso vehicular de la entrada principal del hotel
42
Dicha información consta en la comunicación 2011ER8508 de 9 de agosto de 2011.
30
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
sobre la carrera 3ª, al tiempo que se evidencia libertad de acceso a los garajes sobre
la calle 2443.
43
CD. Documentos proceso Santa Mónica/Correspondencia/20125260360962.tif, pág. 142, medio magnético
obrante al folio 309 del cuaderno 3. Fotografías también obrantes al folio 129 del cuaderno 8.
31
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Todo lo anterior permite establecer que durante la ejecución de las obras de la fase
III del sistema de transporte masivo Transmilenio hubo algunos cierres viales en la
carrera 3ª a la altura de la calle 24, en donde se ubica la entrada principal del Hotel
Santa Mónica, al menos entre el 1º de diciembre de 2009 y el 29 de junio de 2011;
sin embargo, se desconoce con precisión si los cierres fueron permanentes o
transitorios, si se situaron en la acera o en frente del establecimiento de comercio
y durante qué períodos se prolongaron.
Adicionalmente, se encuentra probado con los planes de manejo de tránsito y
demás documentos ya relacionados, que siempre se permitió el acceso peatonal al
hotel, así como el ingreso vehicular por la calle 24, aun cuando fue “restringido”
desde junio de 2010, momento en que se dispuso de dos guías de tráfico para que
permitieran el paso.
En línea con lo anterior, los elementos reseñados permiten evidenciar que el
arrendatario del hotel, esto es, la sociedad Operadora Hotelera H.F.M., pudo
continuar con la actividad comercial, aun con los cierres efectuados sobre la carrera
3ª para la ejecución de las obras de adecuación del sistema Transmilenio y las
incomodidades que aquellas podían ocasionar, toda vez que, se itera, no se produjo
una limitación absoluta del acceso peatonal y vehicular.
Ahora, si bien en la solicitud de 28 de junio de 2010 formulada por el señor Hernán
Franco Mojica se hizo alusión a la cancelación de una reservación por parte del
SENA, debido a la imposibilidad de acceder al hotel, lo cierto es que no se probó la
existencia de tal reserva, ni la obstrucción absoluta del ingreso, pues, lo que se
desprende del material probatorio es que aquel se garantizó mediante la
designación de dos guías de tráfico.
6.3. Así mismo, en relación con la terminación del contrato de arrendamiento del
establecimiento de comercio con la sociedad Operadora Hotelera H.F.M. Ltda. y la
imposibilidad de operar el Hotel Santa Mónica con ocasión del cierre de las vías de
acceso, obran en el expediente los siguientes elementos probatorios:
• En el interrogatorio de parte rendido por el señor Fernando Antonio Cuervo
Castillo44, representante legal de la Corporación Nuevo Arco Iris, manifestó que
44
CD Audiencia de pruebas, min: :49:03 – 1:06:20, medio magnético obrante al folio 312 del cuaderno 3.
32
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
“terminó el contrato [de operación hotelera] porque fue imposible operar el hotel por
el cierre de las vías, ya [que] nadie podía entrar y fue imposible”.
• A su vez, el señor José Andrés Castillo Barrera45, director jurídico de Confase
S.A., declaró que el cese de la operación del Hotel Santa Mónica no obedeció a
asuntos relacionados con el manejo de obra, sino con aspectos relacionados con
la edificación, en los siguientes términos (transcripción literal, incluso con posibles
errores):
PREGUNTADO: Tiene usted conocimiento de hasta qué año e inclusive mes,
funcionó el hotel y si en algún momento dejó de operar en el año 2009.
CONTESTÓ. Sin perjuicio de lo que se pruebe dentro del proceso, yo tengo
entendido que el hotel está funcionando, yo tengo entendido que el hotel nunca
dejó de funcionar por concepto de obra, lo que sí pasó es que el hotel tenía un
problema con su construcción, porque el hotel adosó a una construcción
antigua a una nueva, y entonces por el movimiento en masa de toda la zona
que nos obligó a nosotros a actualizar los diseños, ese movimiento en masa
también afectó muchas de las edificaciones de ese sector, entonces yo sí sé
que hubo una época en que el hotel Santa Mónica tenía unas fisuras, inclusive
las dos construcciones que ellos pegaron se estaban separando y había una
fisura longitudinal por todo el muro que yo mismo vi, y entonces sí tuvieron que
cerrar el Hotel Santa Mónica por un tema interno de ellos de la construcción y
no por un tema de manejo de obra.
• El 27 de julio de 2010, el señor León Valencia Agudelo, director ejecutivo de la
Corporación Nuevo Arco Iris, solicitó al IDU que efectuara la adquisición del
inmueble por haberse visto impactado negativamente por las obras. En esa
oportunidad manifestó que “al momento de la presentación de nuestra solicitud, con
ocasión del sitio a que sometió el inmueble, nos vemos obligados a cerrar el hotel,
con el objeto de evitar riesgos o accidentes con peatones o huéspedes, sobre el
entendido que ante cualquier catástrofe seríamos responsables solidarios”, lo que,
según su dicho, también los obligó a “terminar el contrato de arrendamiento que
tenían con la Operadora Hotelera H.F.M.”46.
• En el informe social de 5 de septiembre de 2010 realizado por la subdirección
técnica del IDU, se anotó que, en visita del 3 de septiembre anterior, el señor Pedro
45
CD Audiencia de pruebas, min: 1:31:03 – 2:03:19, medio magnético obrante al folio 312 del cuaderno 3.
46
CD. Documentos proceso Santa Mónica/Correspondencia/20105260160512.tif, págs. 1-4, medio magnético
obrante al folio 309 del cuaderno 3 y CD. Soportes caso Hotel Santa Mónica, págs. 245 – 248, medio magnético
obrante al folio 226 del cuaderno 6.
33
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Nel López Lopera, coordinador administrativo y financiero de la Corporación Nuevo
Arco Iris, informó, entre otras cosas, lo siguiente (fls. 155 – 162, c. 4):
Como hotel funciona desde el año 2000, pero desde el año 2004, hasta inicio
del año 2010, estuvo operado a través de un tercero, quien para el año 2010,
cancelaba un canon mensual de $8.052.000, ya que la Corporación suscribió
un contrato de arrendamiento con la Sociedad Operadora Hotelera H.F.M.
LTDA representada legalmente por el señor Hernán Franco.
Según los documentos aportados, la Corporación desde el año 2008, solicitó
una restitución del inmueble ya que por decisión de la Junta se tenía la voluntad
de entrar a operarlo de manera directa; esta restitución fue fallada el 19 de abril
de 2010, por el Juzgado Veintidós Civil del Circuito (anexo copia).
La operación del hotel por parte de la Corporación no ha sido posible luego del
inicio de las obras, puesto que éstas dificultaron el paso peatonal a la zona de
ingreso al hotel y demás áreas comunes como la terraza, unido a lo anterior
está la restricción que se presenta al tránsito vehicular para acceder al
inmueble desde distintos puntos de la ciudad ya que se tiene como único
acceso la calle 24.
Así mismo, en dicho informe se realizaron las siguientes consideraciones finales:
En la visita se pudo establecer que el hotel cuenta con toda la infraestructura
necesaria para operar, pero actualmente no está en funcionamiento ya que las
obras han restringido el paso de peatones y vehículos y han generado
condiciones ambientales de ruido y polvo que no son las más apropiadas para
el desarrollo de una actividad económica como la hotelería.
Los distintos cerramientos de la obra han aislado el predio imposibilitando que
se tenga una visual sobre el inmueble y su actividad económica, además de la
imposibilidad de acceso peatonal y/o vehicular47 (subrayas fuera de texto).
• Con memorando 20103250103863 de 29 de septiembre de 2010, la dirección
técnica de predios del IDU remitió a la subdirección general jurídica de la misma
entidad, un concepto jurídico sobre la reclamación del Hotel Santa Mónica, en el
que en relación con la operación del establecimiento de comercio se mencionó lo
siguiente (fls. 48 - 61, c. 8 y 209 – 222, c. 4):
RESPECTO DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIO HOTEL SANTA MÓNICA
Dando por descontado que se tiene claramente definida la actividad de
comercio que actualmente existe en el inmueble, consideramos por razones de
síntesis, referirnos a la incidencia de la obra en su operación:
En efecto, una visita a la zona y/o área donde se ubica el HOTEL SANTA
MÓNICA, permite fácilmente colegir a simple vista que el predio física y
virtualmente se encuentra "aislado", entendiendo por tal hecho que los
aislamientos y cerramientos implementados con ocasión de la obra
(excavaciones, polisombra, tránsito de equipo pesado, escombros, etc.),
47
CD. Documentos proceso Santa Mónica/Correspondencia/20125260313302_00001.tif, págs. 54-61, medio
magnético obrante al folio 309 del cuaderno 3.
34
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
impiden el normal acceso tanto vehicular como peatonal y visibilidad del
HOTEL, lo cual trae consigo el deterioro de su actividad productora, de contera,
derivando ello en la causación de un lucro cesante que el propietario no está
en la obligación de soportar (subrayas fuera de texto).
• El 30 de agosto de 2011, el señor León Valencia, director de la Corporación Nuevo
Arco Iris, solicitó a la directora del IDU que se solucionaran los daños ocasionados
con la obra pública mediante: i) la adquisición del predio y el pago de las
obligaciones de lucro cesante y daño emergente, o ii) la reparación de la edificación
hasta que estuviera en condiciones de funcionar y el pago del lucro cesante y daño
emergente causado. Como fundamento de hecho de su solicitud, sostuvo que:
Para el mes de abril de 2010 ya el hotel estaba totalmente cercado por la obra
y la edificación sufría más y más fisuras. La ocupación del hotel se había ido al
piso porque el acceso al lugar presentaba grandes dificultades y porque los
pocos clientes que llegaban veían el estado lamentable que presentaba el hotel
a causa de los impactos.
Desde ese momento acudimos al IDU para que nos planteara una solución de
fondo al problema. No hubo ninguna acción de la institución que usted
representa. Entonces, por cuenta propia, nos vimos obligados a cerrar el hotel
el 9 de julio de 2010 porque ya no era rentable y porque tuvimos la sensación
de que algún desprendimiento podría causar una tragedia humana48 (subrayas
fuera de texto).
• El 8 de mayo de 2012, el señor León Valencia, director de la Corporación Nuevo
Arco Iris, se opuso al cronograma de reparaciones del predio. En esa oportunidad,
indicó que “el Hotel Santa Mónica había permanecido cerrado desde hacía 22
meses” (fls. 263-266, c. 5) 49.
Con lo anterior, se advierten contradicciones respecto de las razones que llevaron
a la terminación del contrato de arrendamiento celebrado con la sociedad
Operadora Hotelera H.F.M. Ltda., pues en las diferentes comunicaciones y
declaraciones referenciadas, tal acontecimiento se atribuye a diversas causas, entre
ellas: i) la decisión de entrar a operar el hotel de manera directa, para lo cual desde
el 2008, según se afirmó, la parte actora instauró un proceso de restitución que fue
fallado el 19 de abril de 2010; ii) la imposibilidad de “operar el hotel por el cierre de
las vías”; iii) la falta de rentabilidad del negocio e, inclusive, iv) el deterioro o falla
estructural de la edificación, de manera que, no pueda tenerse por cierto que el
48
CD. Documentos proceso Santa Mónica/Correspondencia/20105260829472.tif, págs. 1-3, medio magnético
obrante al folio 309 del cuaderno 3.
49
CD. Documentos proceso Santa Mónica/Correspondencia/20125260274492.tif, págs. 1 - 4, medio magnético
obrante al folio 309 del cuaderno 3.
35
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
cierre vial implicó la terminación del contrato de arrendamiento y por tanto el cese
de la renta que Hotel Santa Mónica Ltda. percibía por dicho concepto.
Aunado a esto, lo que sí se observa es que, acaecida la terminación del contrato de
arrendamiento, la sociedad Hotel Santa Mónica Ltda. decidió no operar
directamente el establecimiento de comercio, pues tal como se advierte en los
documentos reseñados, consideró que las restricciones de acceso al hotel y el
deterioro de la edificación, impedían su explotación económica, junto a lo cual,
tampoco obran medios de prueba que evidencien que hubiera realizado esfuerzo
alguno orientado a ejercer la actividad hotelera.
Se insiste que, los elementos probatorios son coincidentes en señalar que se
presentaron “dificultades” de acceso al establecimiento de comercio o que la obra
“imped[ía] el normal acceso tanto vehicular como peatonal”, pero no imposibilidad
absoluta de ingresar al hotel. Y si bien, en el informe social de 5 de septiembre de
2010, se concluyó que el hotel no estaba funcionando porque se había “restringido
el paso de peatones y vehículos” y, a su vez, se contradice en afirmar que se
presentó “imposibilidad de acceso peatonal y/o vehicular”, lo cierto es que el informe
es opuesto a los demás elementos de prueba, incluidos los documentos emitidos
por el socio del Hotel Santa Mónica Ltda., en los que se reconoce que el hotel
conservó su acceso por la calle 24.
6.4. A la par de lo anterior, Hotel Santa Mónica Ltda. pretende probar su afectación
económica con el contrato de arrendamiento del establecimiento de comercio “Hotel
Santa Mónica” celebrado con la sociedad Operadora Hotelera H.F.M. Ltda. el 1º de
octubre de 2004, en el que se pactó un canon de $5’500.000 (fls. 33 – 38, c. 4);
además, con los documentos contables, consistentes en los balances generales y
los estados de resultados de enero a diciembre de 2008 a 2012 y de enero a julio
de 2013, firmados por el señor Antonio López Erazo, en su condición de
representante legal, y el contador Oscar O. Castro Barrera, identificado con la
tarjeta profesional No. 67264-T (fls. 582 - 591, c. 5).
Como información relevante de los balances generales y los estados de resultados,
en resumen, se presentan los siguientes datos:
• Balances generales
36
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
2008 2009 2010 2011
ACTIVO $36.116.017,67 $39.651.071,61 $18.865.658,38 $17.512.954,94
PASIVO $ 2.519.331,00 $12.693.513,00 $ 1.337.822,00 $ 8.082.317,00
PATRIMONIO $33.596.686,67 $26.957.558,61 $17.527.836,38 $ 9.430.637,94
2012 Julio/2013
ACTIVO $17.512.954,94 $17.512.954,94
PASIVO $12.710.447,00 $16.446.077,00
PATRIMONIO $ 4.802.507,94 $ 1.066.877,94
• Estados de resultados
2008 2009 2010 2011
INGRESOS
INGRESOS
OPERACIONALES
Arrendamientos $ 81.857.000,00 $ 81.989.600,00 $ 48.315.300,00 0
Recuperaciones $ 40.091,00 $ 3.738,00 $ 75,00 0
TOTAL INGRESOS $ 81.897.091,00 $ 81.993.338,00 $ 48.315.375,00 0
GASTOS
TOTAL GASTOS $ 68.527.680,77 $ 82.030.466,06 $ 57.154.097,23 $ 7.654.881,44
OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO $ 329.000,00 0 $ 324.000,00 0
OPERACIONALES
IMPUESTO DE RENTA $ 1.334.000,00 $ 6.602.000,00 $ 267.000,00 0
RESULTADO DEL $ 11.706.410,23 $ 6.639.128,06 $ 9.429.722,23 -$7.654.881,44
EJERCICIO
2012 Julio/2013
INGRESOS
INGRESOS
OPERACIONALES
Arrendamientos 0 0
Recuperaciones 0 0
TOTAL INGRESOS 0 0
GASTOS
TOTAL GASTOS $ 4.628.130,00 $ 7.654.881,44
OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO 0 0
OPERACIONALES
IMPUESTO DE RENTA 0 0
RESULTADO DEL -$ 4.628.130,00 -$ 7.654.881,44
EJERCICIO
No obstante, dichos documentos contables, al margen de la indicación de sus
autores y firmantes, no cuentan con ninguna prueba de inscripción en el registro
mercantil, como tampoco se hallan acompañados de la certificación de la Cámara
de Comercio de Bogotá donde debieron haberse registrado, conforme con el
certificado de existencia y representación legal de la parte demandante, lo cual les
impide que se presuma su autenticidad y que se constituyan como plena prueba de
37
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
lo que en ellos consta, máxime cuando no se allegaron otros medios que les brinde
el respaldo que la interesada pretende.
En este punto, la Sala recuerda que, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 19 del
Código de Comercio50 y el numeral 1º del artículo 29 del mismo compendio
normativo51, la demandante debía llevar libros de contabilidad, registros contables,
inventarios, estados financieros, entre otros, documentos que debían ser inscritos
en el registro mercantil; sin embargo, en el presente asunto no obra prueba de la
inscripción.
De todas maneras, aun en el caso de considerarse que las cifras que ofrecen
corresponden a las reportadas en la Cámara de Comercio de Bogotá, lo que se
advierte es que durante la vigencia del contrato de arrendamiento del
establecimiento de comercio -aprox. hasta el 10 de julio de 201052- y pese a la
ejecución de la obra pública y los cierres que se presentaron en algunas de las vías
de acceso al hotel, el balance de pérdidas y ganancias de la parte actora fue positivo
y no hay lugar a establecer la manera en que se habría desenvuelto la operación
del negocio con posterioridad, debido a que, como quedó demostrado, Hotel Santa
Mónica Ltda. decidió no continuar con la explotación económica del establecimiento
de comercio, a pesar de que con el plan de manejo de tránsito se permitía el acceso
peatonal y vehicular al hotel, en las condiciones ya señaladas.
Con todo, se tiene que la parte actora no aportó al plenario algún dictamen pericial
u otro medio de prueba que permitiera acreditar el detrimento patrimonial reclamado
en la demanda, esto es, lo dejado de percibir con ocasión del cese de la actividad
económica y la supuesta desvalorización de la marca, más aún cuando la prueba
documental contable aportada no se halla certificada y no hay ningún otro medio
probatorio que permita establecer la veracidad de su contenido, de ahí que no sea
posible concluir el padecimiento de un daño cierto, personal y directo por parte de
Hotel Santa Mónica Ltda.
50
“Artículo 19. Obligaciones de los comerciantes. Es obligación de todo comerciante:
(…)
2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa
formalidad”.
51
“Artículo 29. Reglas para llevar el registro mercantil. El registro mercantil se llevará con sujeción a las
siguientes reglas, sin perjuicio de las especiales que establezcan la ley o decretos reglamentarios:
1) Los actos, contratos y documentos serán inscritos en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar
donde fueren celebrados u otorgados; si hubieren de realizarse fuera de dicha jurisdicción, se inscribirán
también en la cámara correspondiente al lugar de su ejecución o cumplimiento”.
52
Ver acápite 4.1.
38
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Y si bien, los elementos probatorios permiten deducir que el Hotel Santa Mónica
cesó su operación en el mes de julio de 2010, lo que evidentemente conlleva la
anulación de sus ingresos, lo cierto es que los cierres viales que se produjeron
durante la ejecución de la obra pública no habilitan el reconocimiento de un daño
especial, dado que, como se dejó visto, los planes de manejo de tránsito no
restringieron de manera absoluta el acceso peatonal ni vehicular al establecimiento
de comercio.
Así las cosas, la Sala comprende que una obra como el sistema integrado de
transporte masivo Transmilenio, naturalmente, implicó inconvenientes al impedir el
acceso al establecimiento de comercio en condiciones normales, por cuanto se
produjo la intervención de la carrera 3ª donde se ubica su entrada principal, pero,
se itera, no se probó que la sociedad Hotel Santa Mónica Ltda., hubiera puesto en
conocimiento de Confase S.A. o el IDU dificultades concretas y directas relativas a
bloqueos o restricciones desproporcionadas, que no hubieran recibido respuesta, o
que la obra hubiera carecido de un plan de contingencia para el manejo de los
accesos al establecimiento de comercio.
Como corolario de todo lo anterior, se tiene que las pruebas obrantes en el
expediente no permiten concluir con certeza la anormalidad o excepcionalidad de la
carga que habría sufrido la sociedad Hotel Santa Mónica Ltda., puesto que, no
acreditan la imposibilidad de acceso al establecimiento de comercio, ni permiten
desvirtuar la carga de soportar la intervención de las vías públicas para el beneficio
de la comunidad. Lo que se probó en el proceso es que con la obra se implementó
un componente de manejo de tránsito, que garantizó vías alternas de acceso al
hotel, al tiempo que se cumplió con la entrega de las obras para el funcionamiento
del sistema integrado de transporte masivo de Bogotá, al servicio del interés
general.
En este sentido, forzoso resulta para la Sala concluir que, el solo hecho de que se
hubieran adelantado trabajos públicos en inmediaciones del establecimiento de
comercio de la demandante no implica que se hubiera suprimido o restringido sus
derechos a la explotación económica de su negocio, como tampoco se probó que
se tratara de una medida excesiva, especial o singular desde el punto de vista de la
función social y ecológica del derecho de propiedad, que diera lugar a una
39
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
indemnización a favor de la parte actora, en los términos indicados anteriormente.
De hecho, la Sala debe precisar que aún de haberse acreditado tal afectación
patrimonial, restaba acreditar su condición excepcional, sobre la cual el expediente
es huérfano de toda prueba.
Por tanto, habida cuenta que no se acreditó que efectivamente se hubiera causado
un daño especial, antijurídico, que excediera las cargas públicas, en los términos
del artículo 90 de la carta política, la Sala prescindirá de analizar los restantes
argumentos de apelación y en consecuencia se procederá confirmar la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
7. Condena en costas
De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del C.P.A.C.A., la liquidación
y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil. En este orden de ideas, según lo dispuesto en el numeral 1º
del artículo 365 del C.G.P.53, la Sala condenará en costas en esta instancia a la
parte actora, toda vez que en esta providencia se resuelve desfavorablemente el
recurso de apelación por ella interpuesto.
En consecuencia y con fundamento en el numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo
No. 1887 expedido el 26 de junio de 2003 por el Consejo Superior de la Judicatura54
se fija como agencias en derecho en esta instancia la suma de $4’000.000,
correspondiente al uno por ciento (1%) del valor de las pretensiones negadas en la
demanda55, monto que deberá pagarse por partes iguales a favor del Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU), la sociedad Constructora Bogotá Fase III S.A. (Confase
S.A.), la sociedad Constructora Bogotá Fase III S.A. (Confase S.A.), Liberty
Seguros S.A. y Mundial de Seguros S.A.
53
“En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas
se sujetará a las siguientes reglas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código”.
54
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
“3.1.3. Segunda instancia.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”.
55
Las pretensiones deprecadas en la demanda ascienden a $400’000.000.
40
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Se precisa que el reconocimiento de costas a favor de las llamadas en garantía
resulta procedente en virtud de la naturaleza y calidad de su gestión procesal, por
cuanto se observa que presentaron alegatos de conclusión en segunda instancia,
en los que manifestaron su conformidad con la sentencia de primera instancia y
solicitaron que fuera confirmada.
Como en este caso la parte actora se encuentra integrada en forma plural, según
dispone el numeral 6 del artículo 365 del C.G.P., la condena en costas debe ser
pagada por cada uno de los demandantes en función de su particular interés en las
resultas del proceso.
Así las cosas, comoquiera que en la demanda se pidió la indemnización de
perjuicios materiales únicamente a favor de la sociedad Hotel Santa Mónica Ltda.,
corresponde a aquella pagar la totalidad de las costas reconocidas en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de marzo de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la sociedad Hotel Santa Mónica Ltda., para
lo cual se fija por concepto de agencias en derecho, la suma de cuatro millones de
pesos ($4’000.000) a favor del Instituto de Desarrollo Urbano, la sociedad
Constructora Bogotá Fase III S.A., Liberty Seguros S.A. y Mundial de Seguros S.A.,
por partes iguales.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
41
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
Actor: Corporación Nuevo Arco Iris y otro
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
42
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.