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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00136-01

Fecha
16 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00136-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFÍRMESE la sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil quince (2015), proferida en audiencia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDÉNESE a la parte demandante en costas de segunda instancia a favor de la entidad pública demandada. Por Secretaría, liquídese según lo dispuesto en el artículo 366 del CGP e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la presente providencia, a favor de la Nación—Ministerio de Educación Nacional. TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia esté en firme.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2014-00136-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

16 de diciembre de 2022

te

Radicado: 25000-23-36-000-2014-00136-01 (56294)
Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 25000-23-36-000-2014-00136-01 (56294)
Demandante: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el
Caribe (CERLALC)
Demandado: Nación—Ministerio de Educación Nacional
Referencia: Medio de control de Controversias Contractuales (CPACA)

Tema: Convenio de cooperación internacional.
Subtema 1: Interpretación del contrato.
Subtema 2: Inmunidad jurisdiccional.
Subtema 3: Buena fe.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra
de la sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil quince (2015), proferida en
audiencia inicial por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC)
y el Ministerio de Educación celebraron un convenio de cooperación y asistencia
técnica, por el que la entidad pública colombiana se obligaba a transferir recursos que
habían sido conseguidos mediante un préstamo suscrito por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para que el
organismo de cooperación internacional realizara diversas labores encaminadas a
conseguir los objetivos trazados en el Programa Nuevo Sistema Escolar (PNSE).

Dentro de las obligaciones del CERLALC estaba la de restituir al tesoro nacional los
rendimientos financieros ganerados por los fondos transferidos por el Ministerio de
Educación Nacional. Pese a que, durante la ejecución del convenio, la entidad
colombiana consideró que esta obligación comprendía únicamente los recursos no
comprometidos, esta varió su criterio, al considerar que cobijaba todos los fondos
inmersos en el acuerdo de voluntades. Con fundamento en ese razonamiento, la
entidad colombiana liqui& unilateralmente el Convenio, ordenando al Centro, la
restitución de lo que conforme a este nuevo criterio adeudaría. Este último impugna los
actos administrativos de liquidación unilateral ante esta Jurisdicción.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

2.1.1. El cinco (5) de febrero de dos mil catorce (2014), el Centro Regional para el
Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (en adelante, el Centro o CERLALC)1
1 Según certificó (f. 71, c. 1.) el Coordinador de Privilegios e Inmunidades, encargado de las funciones del
Director del Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el CERLALC "es un organismo internacional, con
sede en la ciudad de Bogotá D.C., en virtud del Acuerdo de Cooperación Internacional, suscrito entre el
Gobierno de la República de Colombia y la UNESCO firmado en París el 1 de agosto de 1984 y aprobado
mediante la Ley 65 de 1986".

Radicado: 25000-23-36-000-201440136-01 (56294)
Actor Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de controversias contractuales
contra la Nación—Ministerio de Educación Nacional (en adelante, el Ministerio o MEN)
para que fueran concedidas favorablemente estas pretensiones: (i) que se declare la
nulidad de la Resolución 6080 del 28 de julio de 2011, en especial sus numerales
tercero y quinto, por medio de la cual se liquidó unilateralmente el Convenio de
Cooperación y Asistencia Técnica 108 del 24 de diciembre de 2001 (en adelante, el
Convenio) celebrado entre el CERLALC y el MEN, y la nulidad de la Resolución 8856
del 12 de octubre de 2011 que confirmó la decisión administrativa; (II) que se declare
que la demandante cumplió con la "obligación de restituirlos rendimientos financieros
que generaron los recursos disponibles del Convenio" mencionado; y (iii) que, como
consecuencia de lo anterior, se declare que el Centro "no debe suma alguna por
concepto de restitución de rendimientos financieros causados por los recursos
disponibles del Convenio".

2.1.2. En el soporte fáctico de la demanda, el Centro relató que:

2.1.2.1. El 24 de diciembre de 2001, esa entidad suscribió con el Ministerio el
Convenio antes referido con el objeto de prestar cooperación y asistencia técnica
para la ejecución de las actividades del Programa Nuevo Sistema Escolar (en
adelante, el Programa o PNSE), en el que las partes se comprometían a aportar
lo técnica y financieramente necesario para ejecutar las actividades relacionadas
con el Programa. Dicho acuerdo de voluntades fue modificado en varias
ocasiones, entre marzo de 2003 y marzo de 2009.

2.1.2.2. En el Convenio fue pactado que era obligación del CERLALC reintegrar
al Tesoro Nacional los rendimientos financieros que se causaren con cargo a los
recursos del Programa, dentro del mes siguiente al de su causación.

2.1.2.3. Durante la ejecución del Convenio, fue expedida la Ley 848 de 2003,
que aprobó el presupuesto del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004. En su
artículo 34, la ley de presupuesto reguló lo concerniente a los recursos
originados en convenios con organismos internacionales; medida que fue
reiterada en leyes presupuestales de vigencias fiscales posteriores, en: el
artículo 33 de la Ley 921 de 2004, el artículo 30 de la Ley 998 de 2005, el artículo
30 de la Ley 1110 de 2006, el artículo 29 de la Ley 1169 de 2007, y el artículo
29 de la Ley 1260 de 2008.

2.1.2.4. El MEN interpretó el mencionado precepto legal, mediante
comunicaciones de diferentes dependencias de la entidad, en el sentido de que
"la obligación de restituir los rendimientos financieros por parte del CERLALC,
se entendía de aquellos recursos del convenio que estuvieran disponibles. En
otras palabras: por aquellos recursos que no estuvieran amparando
compromisos u obligaciones". Al margen de ello, el Centro aduce que la entidad
nunca expresó su inconformidad o le hizo saber que el acuerdo estaba siendo
incumplido por este motivo, a tal punto que el Ministerio suscribió otros convenios
con el CERLALC.
2.1.2.5. La Oficina Asesora Jurídica del MEN, "de manera sorpresiva y contraria
al principio de buena fe, cambió la interpretación" del Convenio exteriorizada
durante la ejecución de lo pactado, y "concluyó que dicho reintegro debió
haberse hecho, incluso respecto de aquellos recursos que estuvieron
comprometidos para el pago de obligaciones y contratos". Con fundamento en
el concepto de la mencionada dependencia, el MEN requirió que el CERLALC
reintegrara los recursos en los términos señalados por la Oficina Asesora
Jurídica.
2.1.2.6. El 10 de agosto de 2010, el Centro recibió del Ministerio una
comunicación a la que adjuntaba un proyecto de acta de liquidación. No
2 F. 134-152, c. 1. Posteriormente, corregida y adicionada el 11 de mayo de 2006 (f. 331-336, C. 1)

Radicado: 25000-23-36-000-2014-00136-01 (56294)
Actor Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

habiendo llegado las partes a un pleno acuerdo en torno a este proyecto, la
entidad pública decidió liquidar unilateralmente el Convenio, declarar que el MEN
estaba a paz y salvo en sus obligaciones convencionales, y ordenar al CERLALC
el reintegro de una suma equivalente a $2.783.108.133,23 por concepto de
rendimientos generados por los recursos comprometidos en la ejecución del
Convenio, y dispuso notificar a la aseguradora que amparó el cumplimiento de
éste. Esta decisión fue ratificada, al decidir el recurso de reposición que la aquí
demandante interpuso en su contra.

2.1.3. A juicio de la parte actora, los actos demandados (I) fueron expedidos con
desconocimiento del debido proceso, porque antes de la expedición del acto el
Centro no fue enterado del informe final de interventoría; (ii) fueron expedidas de forma
irregular puesto que la liquidación unilateral "sólo procedía respecto de los puntos
objeto de desacuerdo, mas no en relación con la totalidad del Convenio"; (iii) fueron
desconocidas normas superiores (específicamente las normas del presupuesto
anual) a partir de lo sostenido por la Oficina Asesora Jurídica del MEN; y (iv) fueron
vulnerados los principios de buena fey confianza legítima, y desconocimiento de
los propios actos, así como de las reglas interpretativas del Código Civil; y que (y)
incurrieron en falsa motivación, porque el acto debió ser antecedido por la declaración
de incumplimiento contractual.

2.1.4. La actora sustentó sus pretensiones en la Constitución Política de Colombia
(artículo 83), la Ley 80 de 1993 (artículo 13), en las normas presupuestales referidas
anteriormente (supra. aptdo. 2.1.2), y en varios preceptos del Código Civil (artículos
1618, 1621 y 1622).

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

2.2.1. El diez (10) de marzo de dos mil catorce (2014), el Tribunal admitió3 la demanda
y ordenó la notificación a la entidad demandada, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y al agente del Ministerio Público.

2.2.2. El MEN contestó la demanda, y allí solicitó desestimar todas las pretensiones
planteadas por el CERLALC4.

2.3. Audiencia inicial y fallo de primera instancia

2.3.1. El veintiséis (26) de octubre de dos mil quince (2015), el Tribunal adelantó la
audiencia iniciar, a la que no asistió el representante del Ministerio Público. En esta
oportunidad, resolvió declarar legitimado en causa por activa al CERLALC y por pasiva
al MEN, e igualmente declarar el ejercicio oportuno del medio de control incoado por
CERLALC.

2.3.2. Acto seguido, el litigio fue fijado en estos términos:

"Establecer si la Resolución 6080 del 28 de julio de 2011 expedida por la Ministra
de Educación que liquidó unilateralmente el Convenio de Cooperación y
Asistencia Técnica 108 del 24 de diciembre de 2001, celebrado entre el
CERLALC y el Ministerio de Educación, así como la Resolución 8856 del 12 de
octubre de 2011, reposición contra la primera mencionada, adolecen de nulidad
por los cargos expuestos en la demanda que en criterio del Despacho pueden
enmarcarse [sic] en haber sido expedidos irregularmente, motivados por falsa
motivación [sic] e infracción de la Ley'.

3 F. 324-325, C. 1.
4 F. 108-114, c. 1.
5 Acta de audiencia: F. 305-309, c. ppal. CD: f. 311 (min. 1:47:29 en adelante).

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Radicado: 25009-23-36-000-2014-00136-01 (56294)
Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

2.3.3. Al considerar que el asunto no requería la práctica de pruebas, se conformó la
Sala de Decisión del Tribunal para adoptar la decisión de fondo en primera instancia
durante la audiencia. Tras escuchar los alegatos de conclusión de las partes, el a quo
profirió sentencia de primera instancia, en la que denegó las pretensiones de la
demanda por las siguientes razones:

2.3.3.1. No hay prueba de que se haya vulnerado el debido proceso por el hecho
de que el demandante no haya conocido previamente el informe final del
interventor, pues si bien la fundamentación de las resoluciones impugnadas tuvo
en cuenta parcialmente este insumo, "lo cierto es que el imperativo legal era
resolver la actuación administrativa y en criterio de la Sala la cuestión no era una
cuestión [sic] de contabilidad del interventor sino una cuestión de interpretación".

2.3.3.2. Los actos no fueron expedidos irregularmente, porque demandada
intentó la liquidación bilateral, de acuerdo con la cláusula 178 del Convenio, sin
que se hubiera demostrado la existencia de un acuerdo parcial de las partes,
que el Centro pudiera haber suscrito con la consignación de salvedades en los
puntos en los que estuviera inconforme.

2.3.3.3. En relación con el señalamiento relativo a la falta de aplicación y
violación de la ley por la manera que debían 'restituirse los rendimientos
financieros, incluso de aquellos comprometidos en obligaciones consolidadas, el
Tribunal consideró que "las partes eran las que definían si eran los rendimientos
sobre todos los recursos o solo sobre aquellos que no estuvieran comprometidos
los que debían consignarse al Tesoro Nacional". A ello agregó que8:

"Una recta comprensión de la cláusula conlleva [sic] a entender que la voluntad
de las partes era que los rendimientos que debían reintegrarse al Tesoro
Nacional eran la totalidad de los rendimientos financieros. Sin hacer referencia
a los recursos que estaban o no comprometidos. En este evento, hay que decir
una cuestión muy clara: las reglas de contabilidad que hablan de la causación
implican que el capital sale del patrimonio de la entidad cuando se gira a un
tercero [...], pero en este caso entender que los que estaban comprometidos no
eran objeto de rendimientos sería afectar el Tesoro Nacional, sería disponer del
tesoro público sin que hubiera autorización legal para hacerlo (min. 1:58:02 a
1:58:54)

Advierte la Sala que las leyes invocadas como vulneradas fueron expedidas con
posterioridad a la suscripción del contrato, y que, al momento del
perfeccionamiento del contrato no existía regulación legal al respecto [...].

[...] Entonces, si vamos al problema de la vóluntad de las partes E.. .1
exclusivamente era el que todos los rendimientos... además en este punto hay
que advertir que pese a que la Ley 848 de 2003 señaló que no estén amparando
compromisos u obligaciones fue posterior, lo cierto es que no hubo
condicionamiento, y este específico literal que estoy leyendo del artículo 34 [...]
no hizo parte del convenio, pero si lo hubiera hecho y fuera tan claro no se
hubieran presentado las situaciones que se presentaron conceptualmente al
interior del Ministerio, acuérdense que el Ministerio debió agotar una consulta
interna; que la Contraloría después, en el 2009, hizo como función de
advertencia, dijo: esos son dineros de la Nación, y el problema de los dineros de
la Nación, como dice la Constitución, es que no pueden disponerse sino por
disposición, por obra del presupuesto de la Nación o de cada entidad.

6 Lo destacado en letra cursiva es agregado por esta Sala a partir del soporte digital audiovisual de la audiencia.
El ponente de la decisión pronunció estas afirmaciones en la diligencia, pero estas no aparecen consignadas
en el acta. Entre paréntesis consta el minuto en que el a quo comunicó oralmente estas consideraciones
añadidas.

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Radicado: 25000-2346-000-2014-00136-01 (56294)
Actor Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

Recordemos también que el convenio había establecido un capital que recibiría
de un préstamo [...] que convertía esos dineros en recursos públicos, y que
sobre ellos se pagaría por la intermediación, por la colaboración, porque en este
momento no estamos, ni tampoco da el tiempo para decir que fue además un
convenio de cooperación o de colaboración u otro distinto, sino que tenemos que
atenernos al texto literal del convenio. Por eso, como los recursos públicos no
pueden ser ociosos o improductivos y solo pertenecen a la Nación y al Estado,
pues cuando [...] se causa la salida de ese dinero, es que no hay lugar a ningún
rédito financiero y, ya visto desde otro punto de vista [...] en el convenio se
estableció que habían unos valores a cargo del CERLALC, de la totalidad de lo
que se recibiera por parte del presupuesto, por el precio de ese convenio; si
distinguimos entre los rendimientos que estaban comprometidos y decimos que
no pertenecían a la Nación estamos resolviendo por contera que sí pertenecían
al CERLALC, lo cual, ya desde el punto de vista del presupuesto y la legalidad
del presupuesto, y la legalidad del gasto, y la indisponibilidad por un medio
distinto que no sea la ley o el acuerdo [...] pues, esos rendimientos deberían ser
consignados al Tesoro Nacional, y en últimas fue lo que terminaron concluyendo
los actos administrafivos (min. 1:59:13 a 2:02:48).

[...] en consecuencia, la Sala considera que la voluntad de las partes no era la
que determinaba qué clase de recursos generaban rendimientos que debían
consignarse al Tesoro Nacional, por lo que ante la ausencia de especificación
se entiende que eran todos aquellos que fueron girados al CERLALC, incluidos
los comprometidos hasta el momento que permanecieran a disposición del
organismo".

2.3.3.4. Sobre la nulidad de los actos por no aplicar las pautas interpretativas del
Código Civil, el Tribunal afirmó que estas "no son aplicables mutatis mutandi a
los convenios en materia administrativa por tratarse de negocios en los que están
inmersos recursos que hacen parte del Tesoro Público."
En este aspecto, en desarrollo de la audiencia, el a quo apuntó:

"La interpretación de los negocios jurídicos. Es cierto que los negocios jurídicos
realizados al amparo del estatuto estatal, como los convenios
interadministrativos, pueden, en algún momento, por remisión de la misma ley,
estar regulados por las normas de los contratos civiles, pero la interpretación de
los contratos civiles 110 es aplicable mutatis mutandi al estatuto estatal, porque
la primera condición es que los dineros que se están involucrando en el convenio
son dineros públicos E.. .1 que pertenecen al tesoro nacional, cuya disponibilidad
no puede ser de otra manera que la estipulada en la ley, y obviamente aquí por
el convenio suscrito entre el Ministerio y el CERLALC. De tal manera que la
aplicación de esos principios es válida hasta tanto no contraríen las reglas del
presupuesto, la legalidad del presupuesto, y la intangibilidad y destino propio del
tesoro público o de los dineros que hacen parte del tesoro público.

[...] si la costumbre constituyera ley, y pudiera ir, en el caso del presupuesto
nacional [...] contra io dispuesto en las leyes o los contratos, se podría hacer
interpretaciones de carácterprivatista, como las hace el CERLALC. Es cierto que
el Ministerio dio pie e. la situación que se está presentando; y que el Ministerio,
supuestamente obrando en base a [sic] una facultad establecida en la ley del
presupuesto nacional, dijo que los rendimientos [...] solo comprendían los
recursos no comprometidos u obligaciones que no estuvieran ya destinadas a
un determinado proyecto, y esa interpretación de la ley no podía hacerla el
Ministerio, tanto es que la Contraloría, cuando revisa toda la situación insiste en
que esos rendimientos son del tesoro nacionaly hace un llamado de advertencia.
Entonces frente a esta situación, las interpretaciones de la Oficina Jurídica, la
costumbre que había asumido, inclusive sabiendo que el contrato no había

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00136-01 (56294)
Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

terminado quedaba sin ningún valor porque, desde el 2008, la cuestión volvió a
su curso y se suprimió el acápite de que no estén amparando compromisos u
obligaciones, porque, insisto, desde el punto de vista contable es lo que
normalmente se entiende que los recursos, hasta el momento en que no salen
del patrimonio de una persona pertenecen a ella y, obviamente, producen
rendimientos para su titular, pero aquí el titular no era el que manejaba el
proyecto, ni el que recibía los dineros, el titular [...] esos dineros, esos
rendimientos pertenecen al tesoro nacional, independiente de que estén o no
comprometidos, obvio que si los dineros salen no puede haber más rendimiento
ni puede haber más reintegro al tesoro nacional [...] tiene lógica y tiene asiento
en los principios [...] de la hacienda pública [...] y el mecanismo como se deben
disponer es el presupuesto. [...] Aquí, los honorarios o la participación que el
CERLALC recibiría eran del tesoro nacional, pero estaban amparados por la
autorización, les decía: su colaboración vale el dos punto cuatro por ciento del
valor total del convenio, cualquiera que sea. [...] De entender cosa distinta se
estaría disponiendo en abstracto sobre dineros que nunca podían pertenecer a
una entidad privada o a un organismo público, cualquiera que sea, si no estaban
destinados. Además, hubiera sido una disposición [...] más allá de lo que
establecía el contrato" (Min. 2:02:48 a 2:08:04).

2.3.3.5. En relación con los principios de confianza legítima y buena fe
contractual, consideró que "aduciendo estos princiPios no se puede quebrantar
el Tesoro Público que es un bien superior".

2.3.3.6. Por último, respecto al cargo de falsa motivación, estimó el Tribunal que
"las resoluciones acusadas no impusieron sanciones ni multas, sino que sólo dio
aviso a la aseguradora para el trámite pertinente".

2.3.3.7. Finalmente, el Tribunal condenó en costas a la demandante y fijó la
suma de $8'349.925 por concepto de agencias en derecho.

2.4. El recurso de apelación

El seis (6) de noviembre de dos mil quince (2015), la parte demandante interpuso
recurso de apelación7 contra la sentencia, suplicando su revocación y que, en su lugar,
fueran estimadas favorablemente las pretensiones de la demanda. En esta oportunidad,
la recurrente planteó estos puntos de reproche:

2.4.1. Que el Tribunal erró por desconocer el entendimiento que las mismas
partes dispensaron a la cláusula 2.2.44 del Convenio, relacionada con la
obligación de consignar los rendimientos financieros, en cuanto estos "se
limitaba[n] a aquellos generados por recursos ociosos o no comprometidos".
Esto, conforme a las reglas de interpretación aplicables al caso, las de los
artículos 1618 y 1622 del Código Civil, a las que remite el artículo 13 de la Ley
80 de 1993, en las cuales se establece la intención de los contratantes y la
aplicación de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia,
como parámetros para dar sentido al acuerdo de voluntades.

2.4.1.1. En ese orden de ideas, para el apelante debieron tomarse en
consideración las comunicaciones y conceptos del MEN, las actas de reuniones
sostenidas entre las partes, las certificaciones del interventor y la prórroga del
Convenio, para así:

"[...] tener en cuenta la forma en que a lo largo de la ejecución del Convenio las
partes dieron por cumplida dicha obligación y las diferentes manifestaciones del
Ministerio de Educación Nacional que dieron lugar a la posición adoptada por

7 F. 312-317, c. ppal.

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00136-01 (56294)
Actor Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

ambas partes, esto es, que el CERLALC debía restituir los rendimientos
financieros de los recursos ociosos, hechos ciertos y debidamente probados en
el proceso [...]".

2.4.1.2. Igualmente, expresa el apelante que el Tribunal dejó de lado lo pactado
por las partes en el convenio 127 de 1999 celebrado por las mismas partes,
particularmente en los acuerdos a los que se llegó mediante el acta de
liquidación bilateral de dicho negocio, en el que se pactó que únicamente debían
reintegrarse los rendimientos financieros de los recursos no ejecutados ni
comprometidos.

2.4.2. Que el a quo no debió discurrir sobre la incidencia de las leyes de
presupuesto de las vigencias 2005 a 2009, que sustentaban y legitimaban la
interpretación que las mismas partes dieron al acuerdo de voluntades, en cuanto
dichas leyes no serían aplicables al contrato, porque este fue suscrito en una
fecha anterior a su entrada en vigor y estas normas se aplicaban a los convenios
que comprometieran recursos públicos de la vigencia fiscal de 2002 y anteriores.

2.4.3. Que echa de menos la aplicación de los principios de buena fe y confianza
legítima, así como la teoría de los actos propios, que al ser soslayados bajo el
entendido de que no podían quebrantar el Tesoro Público, considerado un bien
jurídico superior, se desconoció que aquellos principios buscan proteger los
derechos de los particulares, en el marco de un Estado Social de Derecho,
"evitando desamparar a quien actuando de buena fe, cree, dada la conducta del
Estado, tener legitimidad". Así, el cambio abrupto en el actuar del MEN respecto
de sus conductas y pronunciamientos anteriores habría quebrantado principios
de raigambre constitucional. Y agrega que la interpretación dada por las partes
no contravenía el principio de legalidad, sino que, por el contrario, lo
desarrollaba, al seguir lo ordenado por las normas presupuestales anuales.

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

2.5.1. El diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el despacho sustanciador de
segunda instancia admitió el recurso de apelación8.

2.5.2. Posteriormente, en la etapa para presentar alegatos de conclusión en segunda
instanciag, las partes reiteraron sus argumentos de cierre1°. El agente del Ministerio
Público ante esta Corporación no presentó concepto.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

De acuerdo con la parte motiva de la sentencia de primera instancia, y con los motivos
de inconformidad expresados por el apelante frente a la sentencia de primera instancia,
la Sala deberá solucionar el siguiente problema jurídico:

¿La obligación de CERLALC de reintegrar los rendimientos financieros de
recursos del programa objeto del contrato celebrado debió comprender los
rendimientos de todos los recursos del programa, como se determinó en los
actos de liquidación?

Si bien, dadas las particularidades del caso, la Sala deberá profundizar en el régimen
jurídico sustancial del contrato (acápite 5.2), cabe anticipar que este interrogante deberá
responderse conforme a lo dispuesto por el Estatuto General de Contratación de la

8 F. 325, c. ppal
F. 331, c. ppal.
18 F. 332-338, c. ppal. (MEN); f. 343-365 (CERLALC)

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00136-01 (56294)
Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

Administración Pública (EGCAP), más exactamente, en el artículo 13, incisos primero
y cuarto, de la Ley 80 de 1993, vigentes al momento de celebrar el Convenio.

IV. HECHOS PROBADOS, RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DEL
PROBLEMA JURÍDICO"

Sobre el convenio 127 de 1999, suscrito entre las mismas partes del convenio
sub judice

4.1. Según el acta de liquidación bilateral aportada al expediente12, el MEN y
CERLALC celebraron el convenio 127 del 28 de diciembre de 1999, cuyo objeto fue
aprestar cooperación y asistencia técnica al Ministerio en la ejecución del Programa
Nuevo Sistema Escolar (PSNE)". Este convenio se ejecutó hasta el 1° de julio de 2004.

Conforme a lo pactado, existía un saldo no ejecutado ni comprometido de
$86'772.036,00 que, a esa fecha, ya habían sido reintegrados al Tesoro Nacional. En
relación con los rendimientos financieros, estipularon lo siguiente:

"OCTAVA: Que teniendo en cuenta el valor no ejecutado ni comprometido y el
concepto del Ministerio de Educación Nacional sobre la devolución de los
rendimientos financieros del PNSE, las partes identificaron que el valor de los
rendimientos financieros a devolver, aplicando la tasa de rentabilidad fijada por
la entidad bancaria en la que estuvieron consignados los recursos desde el 1°
de julio de 2004, fecha en la que cual se devoltrió el saldo no ejecutado ni
comprometido, es de $28.252.675, los cuales fueron reintegrados por el Cerlalc
el 21 de abril de 2009". (Subraya la Sala).

El Convenio y sus modificaciones

4.2. Según informan los documentos arrimados al expediente13, el MEN y el CERLALC
(denominado en el texto convencional como el "ORGANISMO DE COOPERACIÓN')
celebraron el convenio de cooperación y asistencia técnica" núm. 108/2001 el 24
de diciembre de 2001, cuya ejecución inició el día 27 del mismo mes y año.

Los antecedentes del negocio reseñaron que:

T..] e/ MINISTERIO, en condición de organismo ejecutor de los recursos del
contrato de préstamo número 120210C-CO, en adelante el CONTRATO DE
PRESTAMO, celebrado el 20 de diciembre de 1999 entre la Nación-Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y el Banco Interamericano de Desarrollo —BID—,
destinado a la financiación parcial del Programa Nuevo Sistema Escolar —
PNSE— [...] invitó a los organismos internacionales de cooperación y asistencia
establecidos en territorio nacional con objeto acorde con el PROGRAMA a
presentar propuestas para celebrar un convenio de cooperación, asistencia
técnica para aunar esfuerzos dirigidos a la realizaqión del PROGRAMA E.. .1 3.
Que el MINISTERIO efectuó la evaluación de las propuestas presentadas por
diversos organismos internacionales interesados en desarrollar el objeto del
presente convenio y seleccionó al CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO
DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE —CERLALC—, el ORGANISMO
DE COOPERACIÓN por obtener el mayor puntaje dentro de la selección
establecida. [...] 5. Que el inciso 4 del artículo 13 de la ley 80 de 1993, en
consonancia con el artículo 39 del decreto 2681 del mismo año prevén que los

11 Los documentos aportados en copia simple serán valorados conforme lo señalado por la jurisprudencia
unificada de la corporación. Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera -
Sala Plena. Sentencia del 28 de agosto de 2013. Rad. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022)
12 F. 70-73, c. 2.
13 El documento aportado no contiene el número del convenio, ni su fecha de celebración.
14 F. 3-15, c. 2.

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y el Caribe (CERLALC)

contratos de las entidades estatales celebrados con organismos de cooperación,
asistencia o ayudas internacionales podrán someterse a los reglamentos de
tales entidades en lo relacionado con los procedimientos de formación y
adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pagos y ajustes.

Posteriormente, las partes celebraron el "OTROS! INTEGRAL AL CONVENIO DE
COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA No. 108/2001" en el que modificaron
íntegramente el Convenio. De este acuerdo son de destacar estas cláusulas:

4.2.1. El objeto del Convenio, según la cláusula primera del Otrosí, fue el siguiente:

"CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. Por el presente OTROSÍ INTEGRAL el
ORGANISMO DE COOPERACIÓN, asume a su cargo y bajo su
responsabilidad, acciones de apoyo, cooperación, asistencia técnica para la
ejecución de las actividades necesarias del PROGRAMA, dentro de las cuales
se realizará la administración, inversión y pago de recursos ejecutables de dicho
PROGRAMA, todab las cuales permitan proveer los bienes y servicios
requeridos para la ejecución del mismo de conformidad con los procedimientos
establecidos para el efecto en este OTROS! INTEGRAL y de conformidad con
las previsiones del CONTRATO DE PRESTAMO, las bases de selección previas
y la propuesta presentada por el ORGANISMO DE COOPERACIÓN,
documentos que hacen parte integral del presente OTROS! INTEGRAL. De
conformidad con lo anterior, el ORGANISMO DE COOPERACIÓN prestará
cooperación y asistencia técnica y desarrollará las actividades logísticas,
administrativas, jurídicas, de administración, inversión, financieras, contables y
de información, y demás establecidas en el presente OTROS! INTEGRAL".
(Negrillas originales del texto).

4.2.2. Dentro de las obligaciones a cargo del Centro, relacionadas en la cláusula
segunda del Otrosí, estaban aquellas de cooperación y asistencia técnica sin cargo
a los recursos del PNSE (numeral 2.1), y aquellas que debían ejecutarse con cargo
a los recursos del Programa (numeral 2.2). De estas últimas, pueden citarse las que
se transcriben a continuación, de las cuales se subrayan las obligaciones relacionadas
con los rendimientos de recursos del programa, y aquella que suscita el conflicto:

"2.2.1. Prestar cooperación y asistencia técnica para el desarrollo del
PROGRAMA. 2.2.2, Realizar un manejo de los recursos previstos en este
convenio, en adelante los recursos del PROGRAMA, incluidos el manejo
operativo, financiero y contable, con sujeción a conceptos de eficiencia, eficacia
y transparencia. 2.2.3. Mantener una contabilidad independiente respecto de los
recursos del PROGRAMA. 2.2.4. Crear, mantener y administrar cuentas
separadas para cada uno de los subejecutores que sean beneficiarios
focalizados y según fuente de recursos. 2.2.5. Efectuar la transferencia de
recursos del PROGRAMA al ejecutor y subejecutores del PROGRAMA. 2.2.6.
Efectuar los pagos requeridos con cargo a los recursos del PROGRAMA que
administre. [...] 2.2.10. Proveer oportunamente la información necesaria para la
elaboración y ajuste de los estados financieros que cada semestre se prestan al
BANCO. 2.2.11. Proveer oportunamente la información necesaria para la
elaboración y ajuste de los informes de ejecución del PROGRAMA que deban
presentarse al BANCO y a los organismos competentes que lo requieran. 2.2.12.
Verificarlos costos con base en los planes de acción semestrales y recomendar
ajustes. [...] 2.2.14. En todos los casos rendir cuentas al MINISTERIO sobre las
inversiones realizadas con los recursos ejecutables del PROGRAMA. 2.2.15.
Efectuar el manejo contable por centro de costos según fuente de recursos
(financiamiento, contrapartida nacional, contrapartida regional de los
departamentos, municipios, colegios, sector privado), componentes y

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Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

subcomponentes delPROGRAMA, categorías de inversión y actividades. 2.2.16.
Elaborar estados financieros y contables según requerimientos del PNSE
(Balance general, estado de resultados, estado de las cuentas bancarias, estado
de inversión, y fuentes y usos de recursos del PROGRAMA). 2.2.17. Presentar,
con la periodicidad que se establezca, información. contable sobre la generación
de rendimientos de los recursos del PROGRAMA. 2.2.18. Presentar los reportes
de gestión financiera, los cuales deberán comprender planificación,
presupuestación, contabilidad, informes financieros, controles internos,
auditoría, adquisiciones, desembolsos, avance del PROGRAMA, con el objeto
de administrar debidamente los recursos del PROGRAMA y alcanzar los
objetivos de desarrollo de este. 2.2.19. Responder al MINISTERIO por la
restitución de los recursos que sean pagados o girados indebidamente como
consecuencia de errores o incumplimiento de las obligaciones del ORGANISMO
DE COOPERACIÓN [...] 2.2.21. Adelantar la actividad contractual con cargo a
los recursos del PROGRAMA, de conformidad con los documentos contractuales
del Contrato de Préstamo 1202 OC-CO, el Reglamento Operativo y las
instrucciones y directrices que imparta el MINISTERIO-UCN, y sin perjuicio de
la aplicación, en lo pertinente, de sus propios reglamentos. [...] 2.2.33. Disponer
de infraestructura administrativa, financiera, tecnológica y operativa, que
garantice el óptimo manejo de los recursos del PROGRAMA y, en su caso, de
las contrapartidas regionales o aportes de terceros,' al PROGRAMA. [...] 2.2.44.
Reintegrar al Tesoro Nacional dentro del mes siguiente a su causación los
rendimientos financieros que se generaren con cargo a los recursos del
PROGRAMA. [...]". (Subrayas y negrillas ajenas anexto).

4.2.3. En la cláusula tercera del Otrosí fueron enlistadas las obligaciones del MEN,
puntualmente las de: "Transferir al ORGANISMO DE COOPERACIÓN los recursos
previstos en este convenio en los términos y plazos estipulados" y "Mealizar los
procesos de selección de los servicios, bienes, consultorías y demás requeridos dentro
del PROGRAMA de conformidad con las normas aplicables, los documentos del
Contrato de Préstamo 1202/0C-CO y demás disposiciones pertinentes [...]".

4.2.4. La cláusula cuarta del Convenio, referida a su valor y forma de pago, desarrolló
la obligación de transferencia de recursos a cargo del MEN:

"CLAUSULA CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. Por el presente OTROS1
INTEGRAL, el MINISTERIO se obliga a transferir en los términos y condiciones
establecidos, la suma de CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SEIS CIENTOS UN PESOS ($59.349.757.601). El Ministerio de Educación
Nacional iniciará de inmediato los trámites pertinentes ante el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público para la obtención del PAC correspondiente a la
vigencia fiscal de 2002. Parágrafo Primero. Para todos los efectos legales y
fiscales, el valor del presente OTROS! INTEGRAL estará constituido por la cifra
que resulte de aplicar el porcentaje del 2.48% a los recursos antes indicados
transferidos por el MINISTERIO, porcentaje que constituye el monto total de
recuperación de costos administrativos del ORGANISMO DE COOPERACIÓN,
es decir, la suma de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($.1.471.879.988.50), los cuales serán
directamente descontados por el ORGANISMO DE COOPERACIÓN será fijo
durante la ejecución del presente convenio. Parágrafo Segundo. Los
descuentos por concepto de recuperación de costos administrativos del
ORGANISMO DE COOPERACIÓN se realizarán así: 1. La suma de
($294.374.797.70) equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del convenio,
por concepto de anticipo, suma que será descontada directamente por el
ORGANISMO DE COOPERACION sobre el primer desembolso que se le

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efectúe por parte del MINISTERIO y una vez realizado éste. 2. Una suma fija del
2.48% sobre cada desembolso que efectúe el MINISTERIO, incluido el primero.
La suma así resultante, será disminuida en un 20% por concepto de amortización
del anticipo previsto en el numeral 1 de este parágrafo. El último descuento por
concepto de recuperación de costos administrativos que realice el ORGANISMO
DE COOPERACIÓN, será ajustado hasta lograr coincidencia entre el valor
previsto en el parágrafo primero de esta cláusula con el total de los descuentos
efectivamente realizados a favor del ORGANISMO DE COOPERACIÓN por
concepto de recuperación de costos administrativos. Parágrafo Tercero. La
recuperación de costos administrativos, con la excepción prevista en el caso del
anticipo, se realizará mediante descuento directo por parte del ORGANISMO DE
COOPERACIÓN respecto de cada desembolso que efectúe el MINISTERIO,
previa aprobación del interventor del convenio designado por el MINISTERIO y
transcurrido el término de un (1) a fecha de recibo del respectivo desembolso en
el ORGANISMO DE COOPERACIÓN. Parágrafo Cuarto. Los rendimientos
financieros que generen los recursos generales que sean transferidos por el
MINISTERIO, diferentes a los generados por el valor previsto en el parágrafo
primero de esta cláusula por concepto de recuperación de costos administrativos
del ORGANISMO DE COOPERACIÓN, serán reintegrados por el ORGANISMO
DE COOPERACIÓN a la Dirección General del Tesoro Nacional en las cuentas
establecidas por aquella. dentro del mes siguiente a su recaudo. Es entendido
que los rendimientos generados hasta la fecha en que el ORGANISMO DE
COOPERACIÓN matice el descuento por concepto de recuperación de costos
administrativos, respecto de cada desembolso en la forma prevista en el
parágrafo anterior, deben ser devueltos como se dispone en el presente
parágrafo. De igual manera y con la excepción establecida, se reinteqrará el
diferencial cambiario que se genere". (Subrayas ajenas al texto).

4.2.5. Al igual que en el convenio suscrito originalmente, en su cláusula octava, la
cláusula séptima de este Otrosí expresó que el término de duración sería "el
comprendido entre la fecha de aprobación de la garantía única por parte del
MINISTERIO hasta el 30 de noviembre de 2003."

4.2.6. La cláusula novena del Otrosí dio cuenta de múltiples estipulaciones entre las
partes, que estas denominaron "ENTENDIMIENTOS MUTUOS". De estos, interesa
transcribir los siguientes:

"CLÁUSULA NOVENA. ENTENDIMIENTOS MUTUOS: Las partes en este
convenio, dentro del libre ejercicio de la autonomía de sus voluntades,
expresamente declaran, aceptan y estipulan, lo siguiente: 9.1. El presente
OTROSÍ INTEGRAL tiene por objeto la cooperación y asistencia del
ORGANISMO DE COOPERACIÓN para el desarrollo del PROGRAMA dentro
de los cometidos del Contrato de Préstamo 1202/ OC-CO. 9.2. Las relaciones
jurídicas entre el BANCO, el prestatario y el MINISTERIO se sujetan a lo previsto
en el Contrato de Préstamo 1202/ OC-CO; las relaciones jurídicas entre el
MINISTERIO y el ORGANISMO DE COOPERACIÓN se entienden adquiridas
para los efectos del PROGRAMA previsto en dicho Contrato de Préstamo y se
sujetan a lo estipulado en elpresente OTROSÍ INTEGRAL. 9.3. El ORGANISMO
DE COOPERACIÓN no adquiere mediante este documento ninguna clase de
vinculación o relación jurídica con el BANCO. 9.4. La cooperación y asistencia
del ORGANISMO DE COOPERACIÓN no adquiere mediante este documento
ninguna clase de vinculación o relación jurídica con el BANCO. [...] 9.11. Los
bienes que sean adquiridos con cargo a los recursos del presente convenio
serán destinados e ingresarán a la propiedad de quien designe el MINISTERIO-
UCN. 9.12. Los acuerdos establecidos en el presente documento, relativos al
mismo, no serán tenidos como renuncia a los privilegios e inmunidades
establecidos en la ley 65 de 1986 para el ORGANISMO DE COOPERACIÓN.

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9.13. Las partes aceptan y convienen que en el evento de terminación anticipada
del Contrato de Préstamo 1202/ OC-CO o de modificación o reducción del
mismo, podrá terminarse por parte del MINISTERIO el acuerdo resultante del
presente OTROSI INTEGRAL. En este caso las partes realizarán cruce de
cuentas. Los recursos transferidos el [sic] ORGANISMO INTERNACIONAL de
acuerdo con los giros efectuados hasta ese momento para cubrimiento o
recuperación de costos administrativos serán de sú propiedad, ante lo cual será
facultativo del MINISTERIO continuar con las adquisiciones, erogaciones y
gastos que correspondan a los tramos de recursos al ORGANISMOS DE
COOPERACIÓN. 9.14. Dentro del libre ejercicio de la autonomía de la voluntad
que manifiestan, las partes aceptan que el MINISTERIO realice evaluaciones
semestrales integrales de la ejecución del presente OTROS! INTEGRAL,
pudiendo declararse la conducencia de no continuidad del mismo, caso en el
cual el ORGANISMO DE COOPERACIÓN aceptará la terminación de común
acuerdo. En este evento se dará igual aplicación a lo previsto en el numeral
anterior [...]". (Subrayas ajenas al texto del Otrosí).

4.2.7. La cláusula décima séptima estableció las condiciones de la liquidación del
convenio:

"CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN. Dentro de los cuatro (4)
meses siguientes al vencimiento del término de este convenio, se realizará la
liquidación del mismo de acuerdo con lo previsto en la ley 80 de 1993. En el
evento de que a la terminación del presente OTROS! INTEGRAL resultaren
remanentes de recursos no comprometidos, estos serán devueltos a la Dirección
General del Tesoro Nacional. Ello se entiende sin'perjuicio de lo previsto en el
parágrafo cuatro de la cláusula cuarta y demás estipulaciones relacionadas con
el cubrimiento o recuperación de costos administrativos por parte del
ORGANISMO DE COOPERACIÓIV".

4.3. El Convenio original fue modificado en varias ocasiones:

4.3.1. El 20 de marzo de 2003, las partes suscribieron el convenio adicional núm. 1
al Convenio original15, mediante el cual prorrogaron el plazo de ejecución por un término
de siete (7) meses contados desde el 1 de diciembre de 2003. E igualmente redujeron
el valor del convenio, esto es, el monto que el MEN Se comprometió a transferir al
Centro, que fue estipulado en cuarenta y tres mil 'cuatrocientos diez millones
cuatrocientos diez millones cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos noventa y cinco
pesos ($43.410.441.295). Según el parágrafo cuatro de la cláusula segunda del
Convenio, modificada por este acuerdo adicional:

"Los rendimientos financieros que generen los recursos generales que sean
transferidos por el MINISTERIO, diferentes a los generados por el valor previsto
en elparágrafo primero de esta cláusula por concepto de recuperación de costos
administrativos del ORGANISMO DE COOPERACIÓN, serán reintegrados por
el ORGANISMO DE COOPERACIÓN a la Dirección General del Tesoro
Nacional en las cuentas establecidas por aquella, dentro del mes siguiente a su
recaudo. Es entendido que los rendimientos generados hasta la fecha en que el
ORGANISMO DE COOPERACIÓN realice el descuento por concepto de
recuperación de costos administrativos, respecto de cada desembolso en la
forma prevista en el parágrafo anterior, deben ser devueltos como se dispone en
el presente parágrafo".

La modificación fue sustentada en que, de acuerdo con los "procedimientos
establecidos en el contrato de Préstamo [...] entre la Nación Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y el Banco Interamericano de Desarrollo —BID-, se ha realizado una
15 F. 28-31, c. 2.

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reprogramación de los recursos previstos para el PROGRAMA", por lo que se redujo el
monto de las apropiaciones destinadas al Programa; y en virtud de la necesidad de
ampliar el plazo de la cooperación y asistencia técnica.

4.3.2. El 26 de abril de 2004, las partes prorrogaron el plazo y adicionaron el valor del
Convenio, a través del convenio adicional" núm. 02, así:

"CLAUSULA PRIMERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: Adicionar al valor
establecido en la cláusula cuarta del otrosí integral del Convenio de Cooperación
y Asistencia Técnica 108 de 2001, modificado por la cláusula segunda del
convenio adicional 01, la suma de DIEZ MIL SESENTA Y DOS MILLONES
VEINTICUATRO PESOS ($10.062.024.000,00), recursos que se transferirán al
CERLALC, así: los recursos de contrapartida se girarán conforme al PAC que
sea asignado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y los
recursos de contrato de préstamo BID 1202/0C-CO, se girarán de conformidad
con los desembolsos que efectúe el BID para lo cual el Ministerio realizará los
trámites pertinentes. [...] CLÁUSULA TERCERA. PLAZO: Prorrogar elplazo del
convenio 108 de 2001 y de su otrosí integral, hasta el 31 de diciembre de 2005
con el fin de que el mismo coincida con el vencimiento del plazo del contrato de
préstamo. [...] CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:
Las demás cláusulas, y en especial las condiciones de los parágrafos tercero y
cuatro de la cláusula cuarta del otrosí integral del convenio 108 de 2002, y del
convenio adicional 01 de 2003, no sufren variación alguna [...]"

4.3.3. Mediante el convenio adicionali7 núm. 03, las partes adicionaron el valor
establecido, en estos términos:

"CLÁUSULA PRIMERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: Adicionar al valor
establecido en la cláusula cuarta del otrosí integral del convenio 108 de 2001,
modificado por la cláusula segunda del convenio adicional 01, la suma de TRES
MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MITE ($3.300.000.000,00),
recursos que se transferirán en los términos y condiciones establecidos. Los
recursos se girarán de conformidad con los desembolsos que efectúe el BID para
lo cual el Ministerio realizará los trámites pertinentes [...]".

4.3.4. En el convenio adicional" núm. 04, las partes pactaron la prórroga y la adición
al Convenio, así:

"CLÁUSULA PRIMERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: Adicionar al valor
establecido en la cláusula cuarta del otrosí integral del convenio 108 de 2001,
modificado por la cláusula segunda del convenio adicional 01, por la cláusula
primera del adicional 02 y por la cláusula primera del adicional 03, la suma de
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES M.CTE
($28.350.000.000), recursos que se transferirán CERLALC, así: los recursos de
contrapartida se girarán conforme al PAC que sea asignado por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y los recursos de contrato de préstamo
BID 1202/0C-CO, se girarán de conformidad con los desembolsos que efectúe
el BID para lo cual el Ministerio realizará los trámites pertinentes. [...]
CLAUSULA TERCERA. PLAZO. Prorrogar el plazo del convenio 108 de 2001 y
de su otrosí integral, hasta el día 31 de diciembre de 2006. E.. .1 CLÁUSULA
QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y en
especial las condiciones de la cláusula cuarta del otrosí integral del convenio 108
de 2002 [sic] y del convenio adicional 01 de 2003 no sufren variación alguna".

16 F. 32-33, c. 2.
17 F. 34-35, c. 2. Fecha ilegible.
18 F. 36-37, c. 2.

13

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Actor Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
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4.3.5. En abril de 2005, las partes suscribieron el convenio adicional" núm. 5,
mediante el cual se aclaró el numeral 2.2.21 de la cláusula segunda del Convenio,
referido a la contratación, vinculación y lugar de prestación del servicio del personal
seleccionado por el Centro.

4.3.6. A través del convenio adiciona12° núm. 6, las partes adicionaron el valor del
contrato y prorrogaron el plazo, en estos términos:

"CLÁUSULA PRIMERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: Adicionar al valor
establecido en la cláusula cuarta del otrosí integral del convenio 108 de 2001,
modificado por la cláusula segunda del convenio adicional 01, por la cláusula
primera del adicional 02, por la cláusula primera del adicional 03 y por la cláusula
primera del adicional 04, la suma de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y
SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS M.CTE ($6.776.100.000), recursos que se
transferirán CERLALC, así:

Los recursos de contrapartida se girarán conforme al PAC que sea asignado por
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y los recursos de contrato de
préstamo BID 1202/0C-CO, se girarán de conformidad con los desembolsos que
efectúe el BID para lo cual el Ministerio realizará los trámites pertinentes.

[...] CLAUSULA TERCERA. PLAZO. Prorrogar el plazo del convenio 108 de
2001 y de su otrosí integral, hasta el día 31 de diciembre de 2007.

[...] CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás
cláusulas y en especial las condiciones de la cláusula cuarta del otrosí integral
del convenio 108 de 2002 [sic] y del convenio adicional 01 de 2003 no sufren
variación alguna".

4.3.7. En el convenio adicional21 núm. 7 del 22 de noviembre de 2007, las partes
nuevamente adicionaron el valor y prorrogaron el plazo del contrato, considerando que
debían "continuar efectuando pagos con cargo a contratos vigentes" y suscritos en el
marco del Convenio, en aras de alcanzar el cumplimiento de las metas del PNSE. Tales
modificaciones fueron establecidas así:

"CLÁUSULA PRIMERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: Adicionar al valor
establecido en la cláusula cuarta del otrosí integral del convenio 108 de 2001,
modificado por la cláusula segunda del convenio adicional 01, por la cláusula
primera del adicional 02, por la cláusula primera del adicional 03, por la cláusula
primera del adicional 04 y por la cláusula primera del adicional 06, la suma de
MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.500.000.000), con el
siguiente propósito:

a. MIL MILLONES DE PESOS MCTE. ($1.000.000.000) para adicionar el valor
de algunos contratos suscritos en el marco del convenio, con el fin de ampliar,
en particular, su alcance, y en general avanzar en el logro de las metas del
Programa Nuevo Sistema Escolar —PNSE.

b. QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M.CTE ($500.000.000) con el fin de
constituir una provisión para respaldar el proceso de liquidación del convenio, y
de los subcontratos que se han suscrito en su marco.

Los recursos de la adición se transferirán por parte del Ministerio de Educación
al CERLALC, de acuerdo con el PAC que sea asignado por parte del Ministerio

19 F. 38-39, c. 2.
29 F. 40-44, C. 2
21 F. 45-50, C. 2.

14

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y el Caribe (CERLALC)

de Hacienda y Crédito Público, una vez se cumplan los requisitos de
perfeccionamiento del presente Otrosí, para lo cual el Ministerio realizará los
trámites pertinentes.

[...] CLÁUSULA TERCERA. PLAZO. Prorrogar el plazo del convenio 108 de
2001 y de su otrosí integral, hasta el día 31 de diciembre de 2008.

[...] CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás
cláusulas y en especial las condiciones de la cláusula cuarta del otrosí integral
del convenio 108 de 2002 [sic] y del convenio adicional 01 de 2003 no sufren
variación alguna".

4.3.8. Según el convenio adicional22 núm. 8, suscrito el 27 de diciembre de 2007, en
razón a "las variaciones de la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar de los
Estados Unidos", las partes disminuyeron el valor del convenio en la suma de
novecientos setenta y siete millones cuatrocientos dos mil ciento cincuenta y cinco
pesos con ochenta y siete pesos ($977.402.155,87), "provenientes de los recursos de
crédito que debían ser transferidos al CERLALC".

4.3.9. Con el convenio adicional23 núm. 9 suscrito el 23 de diciembre de 2008, las
partes prorrogaron el plazo del Convenio "por tres (3) meses contados a partir del 1° de
enero de 2009", extendiendo la vigencia hasta el 31 de marzo de 2009. Además, se
pactó que:

"Para cubrir la recuperación de costos administrativos del CERLALC, el
Ministerio pagará la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/Cte.
($28.000.000). Esta suma, se financiará con cargo a los recursos del Fondo de
Cooperación del Convenio que correspondan al Ministerio y se pagará al finalizar
la ejecución del mismo".

4.3.10. El 31 de marzo de 2009, las partes suscribieron el convenio adicional" núm.
10 a través del cual prorrogaron el plazo del Convenio "por dos (2) meses contados a
partir del 1° de abril de 2009", extendiéndolo hasta el 31 de mayo de 2009 a la postre
fecha en que el acuerdo de voluntades se extinguió.

Además, mediante este adicional, el MEN se comprometió a pagar al CERLALC la
suma de $13000.000 para la recuperación de costos administrativos, con cargo a los
recursos del Fondo mencionados en el convenio anterior.

4.4. Para el 30 de marzo de 2009, el Coordinador Nacional del Programa certificó que
el CERLALC había "cumplido con las obligaciones establecidas en el Convenio MEN-
CERLALC 108 de 2001, a entera satisfacción" del MEN25.

Manifestaciones de la administración sobre la obligación de reintegro de
rendimientos financieros

4.5. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (en adelante, Minhacienda) expidió,
el 4 de marzo de 2004, la Circular Externa25 núm. 15 con el asunto "REINTEGROS
ARTICULO 34 LEY 848 DE 2003", suscrita por la entonces Directora General del
Presupuesto Público Nacional y por el entonces Director General de Crédito Público y
del Tesoro Nacional. En este documento, tras citar el precepto legal indicado, manifestó
lo siguiente:

22 F. 51-53, c. 2.
23 F. 54-56, c. 2.
24 F. 57-59, C. 2.
25 F. 60, c.2.
26 F. 64-66, C. 2.

15

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Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

"Como se observa, la norma ordenó a los órganos que conforman el Presupuesto
General de la Nación, que reintegren dentro del primer trimestre de 2004 a la
Dirección General del Tesoro Nacional, ya sus tesorerías, cuando correspondan
a recursos propios, aquellos recursos entregadPs en virtud de convenios
suscritos con Organismos Internacionales, que no se encuentren amparando
compromisos u obligaciones antes de la entrada en vigencia de la Ley 848 de
2003, de suerte que la posibilidad de asumir tales compromisos se extinguió el
31 de diciembre de 2003, por lo mismo resultan improcedentes los procesos que
se realicen en la presente vigencia fiscal.

Los recursos sobre los que se aplica la disposición corresponden a las
apropiaciones incorporadas en los presupuestos generales de la Nación de las
vigencias fiscales de 2002 y anteriores".

4.6. El 31 de marzo de 2004, la Viceministra de Educación Preescolar, Básica y
Media del MEN, como ordenadora del gasto, y adjuntando la Circular Externa del
Minhacienda, solicitor al CERLALC "consignar en las cuentas relacionadas en la
circular adjunta las sumas a las que se refiere" el artículo 34 de la Ley 848 de 2003.

4.7. El 31 de octubre de 2005, el Coordinador del PNSE envió a la Secretaria General
del CERLALC copia del concepto 2005 IE 12134 emitido por la Oficina Asesora
Jurídica del MEN, "sobre los rendimientos financieros que se derivan de la inversión
por parle del CERLALC de recursos del Convenio' 108/2001, que se hayan
comprometido a través de contratos suscritos con terceros"28.

El concepto mencionado29 del 28 de octubre de 2005, dice reiterar otro pronunciamiento
de la misma oficina del 23 de abril de 2004, en el que indicaba que del artículo 34 de la
Ley 848 de 2003 se desprendía lo siguiente:

"1. Aplica a los organismos que conforman el presupuesto General de la Nación,
entre ellos por supuesto al Ministerio de educación Nacional.

2. Crea la obligación de reintegro de recursos no comprometidos para honrar
obligaciones ciertas.

3. Los recursos a reintegrar son aquellos originados en convenios con
organismos internacionales que correspondan a vigencias anteriores a la del año
2003 y sus rendimientos.

4. El reintegro ordenado, se debe producir a la propia tesorería del organismo
Estatal que ha celebrado el convenio, si se trata de recursos propios, en caso
contrario debe hacerse a la Dirección General del Tesoro Nacional'.

4.8. El 24 de septiembre de 2009, mediante oficiox 2009EE54454, el MEN a través
de la Secretaría General y el Subdirector de Fortalecimiento de Secretarías de
Educación, remitió conceptos del Minhacienda y de la Oficina Asesora Jurídica del
MEN, con el fin de que el CERLALC "reintegre al Tesoro Nacional, de acuerdo con la
normatividad sobre el asunto, los rendimientos que hayan generado los recursos
comprometidos a través de subcontratos suscritos con terceros, durante el tiempo que
estuvieron a disposición de esa entidad mientras se produjeron los desembolsos
correspondientes en cumplimiento de las obligaciones contractuales". (Subraya la
Sala).

27 F. 63, C. 2.
28 F. 67, c. 2
29 F. 68-69, c. 2.
3° F. 74, C. 2.

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1
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Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

4.8.1. El concepto del Minhacienda31, adjunto al oficio anterior, de 29 de abril de
2009, suscrito por la entonces Directora General del Presupuesto Público Nacional en
encargo, respondía a una consulta elevada por el Director de Vigilancia Fiscal,
Contraloría Delegada para el Sector Social, de la Contraloría General de la República,
sobre "la base para liquidar los rendimientos financieros producidos en el marco del
convenio" celebrado entre el MEN y el CERLALC.
Tras reseñar el principio de legalidad del presupuesto, sus componentes, y algunas
normas constitucionales (artículo 346), legales (artículos 31, 75 y 101 del Estatuto
Orgánico del Presupuesto; y artículo 10 de la Ley 1260 de 2008) y reglamentarias
(artículos 10 y 11 del Decreto 630 de 1996; y artículo 33 del Decreto 4730 de 2005),
concluyó:

"Las anteriores disposiciones son de imperativo cumplimiento para los órganos
que conforman el Presupuesto General de la Nación respecto de los recursos
apropiados en la respectiva sección presupuestal mientras conservan la
naturaleza de públicos, independientemente de quien los ejecute o administre.

Por el contrario, cuando los recursos que hacen parte del Presupuesto General
de la Nación, se han ejecutado a través de actos o contratos que realizan el
objeto de las respectivas apropiaciones32, pierden el carácter de públicos y su
régimen jurídico variará pasando a someterse a las normas aplicables a las
entidades receptoras de las mismas.

Así, para efectos del reintegro de los rendimientos financieros a la Dirección
General de Crédito Público del Tesoro Nacional, se considera que deberán
incluirse en la base de liquidación todos los recursos de la Nación que no hayan
sido ejecutados por parte de los órganos respectivos, en los términos del Decreto
1957 de 2008".

4.8.2. Por su parte, el concepto 20091E18798 del 31 de julio de 2009, emitido por la
Oficina Asesora Jurídica del MEN, absolvía una consulta interna del Coordinador del
Programa, el entonces Subdirector de Fortalecimiento Institucional. Una vez expuestos
algunos antecedentes, relativos a pronunciamientos anteriores del Minhacienda y de la
misma Oficina, esta dependencia concluyó:

"Si bien es cierto las conclusiones expresadas [en el concepto del 28 de octubre
de 2005] continúan teniendo vigencia, resulta evidente que no explicita la
hipótesis de la obligación de reintegro de los rendimientos que los recursos
comprometidos pueden generar durante el tiempo en el que están a disposición
del administrador mientras se produce el desembolso correspondiente en
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En tal caso, como en el evento
de que por cualquiera causa no llegasen a ejecutarse efectivamente los recursos
comprometidos, ha de entenderse que el reintegro al tesoro nacional es lo
procedente, porque el no hacerlo así podría constituirse en un enriquecimiento
sin causa, en el entendido de que los rendimientos del recurso administrado no
son del administrador porque él es remunerado de otra manera, según se haya
convenido en el respectivo contrato. Por el contrario el rendimiento debe
pertenecer al dueño del recurso administrado, salvo que expresamente se haya
pactado algo en sentido contrario".

4.9. El CERLALC, a través de su Secretaria General, se opuso a la última interpretación
hecha por el MEN mediante oficio33 con fecha del 18 de noviembre de 2009. En este

31 F. 75-77, c. 2.
32 "Decreto 1957 de 2008, Artículo 1° Los compromisos presupuestales legalmente adquirido, se cumplen o
ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás
eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago (...)" (cita núm. 4 original del
concepto).
33 F. 80-87, C. 2.

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Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

documento, sostiene que el Convenio, por mandato del artículo 13 de la Ley 80 de 1993
y lo estipulado, debía regirse por los reglamentos del CERLALC, los documentos del
préstamo 1202/ CC-CC, por el Estatuto Contractual y, en lo no previsto en éste, por las
normas civiles y mercantiles. A partir de allí, afirmó que:

"a. El convenio es de cooperación, no de administración.

b. Los recursos del convenio corresponden a un crédito del BID y a recursos de
contrapartida del MEN.

c. El CERLALC no es administrador, ni ejecutor, ni mandatario, es el
ORGANISMO DE COOPERACIÓN.

d. Los subcontratos que se suscribieron en el marco del convenio son de
naturaleza privada y tuvieron un proceso de selección regido por las normas de
contratación del BID".

En ese sentido, el Centro aseguró que, siguiendo lo pactado y lo establecido en normas
posteriores, había cumplido hasta la fecha con la restitución de los rendimientos
financieros, siguiendo lo manifestado por el propio MEN y el Minhacienda
anteriormente. Para esta entidad internacional, la nueva postura contraría el
ordenamiento jurídico vigente al momento de celebrar el Convenio, contradice la
realidad fáctica de su ejecución, así como los pronunciamientos producidos durante la
ejecución del Convenio, y falta a la verdad, puesto que no se produce el enriquecimiento
sin causa aducido en el concepto.

La liquidación del Convenio

4.10. El 14 de julo de 2010, la Subdirección de Fortalecimiento Institucional del
MEN presentó el informe final de interventoría34 sobre el Convenio. El documento
informó que, luego de los múltiples pactos adicionales, el Convenio tuvo un valor total
de noventa y dos mil cuatrocientos veintiún millones ciento sesenta y tres mil ciento
treinta y nueve pesos con trece centavos ($92.421.163.139,13), llegando a este balance
general:

Balance General del Contrato [sic
Valor inicial del convenio $59.349.757.601
Valor adiciones $49.888.124.000
Cancelaciones presupuestales $16.916.718.462
Valor final del convenio $92.421.163.139
Valor ejecutado $91.467.254.659
Valor papado $91.467.254.659
Saldo no ejecutado ni comprometido, reintegrado por $953.908.480
CERLALC al Tesoro Nacional el 24 de marzo de 2010

Igualmente, el informe refiere que el MEN pagó al CERLALC la suma de dos mil
trescientos noventa y dos millones cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco
pesos con ochenta y cuatro centavos ($2.392.044.845,84) por concepto de costos de
administración.

4.10.1. Ahora, en relación con los rendimientos financieros, este informe habla de
"dos interpretaciones diferentes" de la cláusula 2.2.44. del Convenio, que contiene la
obligación de reintegro a cargo del CERLALC.

34 F. 282-303, c. 2.

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Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

4.10.1.1. La primera, que "sirvió de referencia durante la ejecución del contrato
(entre diciembre 27/01 y mayo 31/09)", indicaba que el Centro estaría obligado
a reintegrar los rendimientos generados por los "recursos ociosos del PNSE
administrados por este organismo, pero no los generados por los recursos del
PNSE que se comprometían para respaldar las obligaciones que adquiría el
CERLALC cuando suscribía contratos con terceros". Advierte el informe que este
criterio también fue sostenido, en su momento, por las auditorías adelantadas
por la Contraloría General de la República (CGR).

4.10.1.2. La segunda, "surgió como resultado de la auditoría que realizó la CGR
en el año 2009, año en el cual ya había culminado la ejecución del Convenio
108", y que indicaba que el MEN "estaba aceptando [...] inadecuados conceptos
sobre la aplicación de la ley respecto a los rendimientos financieros".

4.10.1.3. De allí que el Ministerio decidió consultar a una abogada externa quien
conceptuó35 que en el marco del Convenio el CERLALC "actúa como un
mandatario que en manera alguna podría apropiarse de los recursos del
mandante, incluidos los rendimientos", y que la cláusula 2.2.44 es "clara y no
contiene distinciones sobre el carácter de 'comprometidos'. En consecuencia, lo
acordado fue devolver cualquier rendimiento".

4.10.1.4. Luego de relatar las acciones encaminadas al reintegro de los
rendimientos, según la segunda posición, el interventor sugirió hacer efectiva la
cláusula penal pecuniaria, iniciar una "conciliación ante la Procuraduría General
de la Nación, para procurar que el CERLALC reintegre la totalidad de los
rendimientos generados por los recursos del PNSE a la Dirección del Tesoro",
y, en caso de que esta instancia no prospere, recomendó "interponer la demanda
correspondiente ante las autoridades competentes".

4.10.2. El informe incluye varios anexos, de los que, por su relevancia para el estudio
del problema jurídico, vale referenciar los siguientes:

4.10.2.1. El anexo 2 trae el resumen de las 12 reuniones de los comités de
administración del Convenio36 celebradas entre el 5 de febrero de 2002 y el 16
de diciembre de 2008. Según este cuadro, en ninguna de estas sesiones fue
discutido el alcance de la obligación de reintegrar rendimientos financieros.

4.10.2.2. El anexo 3 da cuenta de 73 convenios suscritos con entes
territoriales37.

Pese a que en el cuadro no están especificados los objetos de cada uno de estos
convenios, en el expediente obra el informe final de interventoría del convenio"
núm. 11 de 2003, suscrito con el municipio de Fusagasugá, que establecía
'aportes del CERLALC con cargo a los recursos del Convenio de Cooperación y
Asistencia Técnica MEN-CERLALC 108/01 Otrosí Integral 02 y del Municipio",
ambos en dinero".

El objeto del convenio mencionado fue la:

"Cooperación y asistencia técnica por parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL y el CERLALC al MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ — SECRETARIA
DE EDUCACIÓN, para la puesta en marcha y ejecución del Plan de
Modernización de la Secretaría de Educación Municipal con el propósito de
35 F. 362-377, c. 2
36 F. 323-324, c. 2.
37 F. 326-327, c. 2.
38 Fechado el 8 de julio de 2008: f. 464-465, c. 2.
35 El MEN y el CERLALC aportaron $112.665.312, y el Municipio $74.734.608, para un total de $187.399.920.

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Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

iniciar, impulsar y avanzar en la transformación de la gestión del sector educativo
y alcanzar las metas de eficiencia del servicio educativo, todo de conformidad
con el Contrato de Préstamo 120210C-CO, los documentos que lo integran y
desarrollan y los acuerdos y compromisos regionales, contenidos en el Plan de
Modernización".

4.10.2.3. En el anexo núm. 5.28, denominado "RENDIMIENTOS FINANCIEROS
GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONVENIO 108 DE 2001114° entre
los años 2002 y 2009, se concluye que de los rendimientos totales que se
generaron, según este documento ($3.482.183.784,31) fueron reintegrados al
Tesoro $699.075.651,08, quedando pendientes los restantes
$2.763.108.133,23.

4.10.2.4. Agregado al anexo 5.28, obra un cuadro en el que fueron enlistados 39
convenios, en su mayoría suscritos con institutos tecnológicos y universidades
públicas. Pero, no aparece referenciado el objeto de cada uno de ellos.

4.11. El MEN envió, mediante oficio 2010EE55810 del 8 de agosto del 2010, el
proyecto de acta de liquidación del Convenio41.

Empero, el CERLALC formuló objeciones42 respecto al balance financiero basado,
fundamentalmente, en la obligación de reintegrar los rendimientos financieros con cargo
a los recursos del Programa, señalando que, de acuerdo con los pronunciamientos
iniciales de las diversas autoridades, y el propio MEN, el Centro "reintegró los
rendimientos que generaban los recursos que no estaban amparando compromisos
u obligaciones, tal como lo señalaba la normatividad presupuestal". Además,
afirmó que durante la vigencia del Convenio, el MEN .nunca objetó los informes
financieros presentados por el Centro, tampoco requirió al CERLALC, no discutió el
tema ante el Comité de Administración, por lo que no hubo manifestación alguna de
inconformidad.

Un intercambio de comunicaciones de las partes sobre el proyecto de liquidación del
convenio se produjo nuevamente el 28 de octubre de 2010 (oficio 2010EE78832)43, con
respuestas del Centro del 16 de noviembre del mismo año", en la que reitera su postura
acerca de la obligación de reintegro.

4.12. El MEN, mediante resolución45 núm. 6080 del 28 de julio de 2011, liquidó
unilateralmente el Convenio.

4.12.1. Inicialmente, en la motivación de este acto, se describió en qué consistía el
PNSE, objeto de los recursos del Convenio, indicando que este, en líneas generales:

"[...] promovía la Transformación de la Gestión y Participación Ciudadana en la
Educación Pública, mediante la creación de condiciones que permitieran que las
escuelas se convirtieran en instituciones educativas autónomas con capacidad
para crear, regular y desarrollar sus propias tareas.

De la misma manera, buscaba implantar mecanismos que aseguraran la
eficiencia y equidad en la asignación de los recursos.

[...] El programa buscaba fortalecer la capacidad institucional en cada
departamento impulsando actividades estratégicas como: la reorganización del

40 F. 458-462, C. 2.
41 F. 88-92, c. 2.
42 F. 93-96, c. 2.
43 F, 98-103, C. 2.
44 F. 104-107, C. 2.
45 F. 108-122, C. 2.

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Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

sector educativo, la certificación de municipios y delegación de funciones y la
organización de las secretarías de educación departamental.

[...] En desarrollo de estos objetivos el Ministerio, conjuntamente con el
CERLALC, celebró con entidades territoriales convenios de cofinanciación en los
que existían aportes tanto del proyecto como de las entidades territoriales".

4.12.2. El numeral quinto de la Resolución 6080 refiere que el informe final de
interventoría" —en su anexo 5.28— expresó:

"[...] el recibo a satisfacción de la parte técnica correspondiente al Convenio No.
108 de 2.001 excepto por lo referente a lo establecido en el numeral 2.2.44 de
la cláusula segunda del convenio, relacionada con el reintegro al Tesoro
Nacional 'dentro del mes siguiente a su causación de los rendimientos
financieros que se generaren con cargo a los recursos del programa'.

[...] en el informe de interventoría, se indica que en la ejecución del Convenio
108 de 2001, se generaron rendimientos financieros por la suma de TRES MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL
SETENCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 ($3.482.183.784,31),
de los cuales, el contratista reintegró al Ministerio de Educación Nacional, la
suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 08/100 ($699.075.651.08),
quedando pendiente una diferencia equivalente a la suma de DOS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO
TREINTA Y TRES PESOS 23/100 ($2.783.108.133,23) conforme lo indica el
Anexo No. 5.28 del Informe Final de Interventoría, es decir que el CERLAC [sic],
no reintegró la totalidad de los rendimientos financieros generados por los
recursos del PNSE''.

4.12.3. Luego de afirmar que la obligación de reintegro incluía todo rendimiento
financiero generado por los recursos transferidos al Programa, siguiendo los conceptos
de su Oficina Asesora Jurídica y de la abogada externa, el MEN resolvió lo siguiente:

"ARTÍCULO PRIMERO:- Liquidar Unilateralmente el Convenio No. 108 de 2001
[...], con valor total de noventa y dos mil cuatrocientos veintiún millones ciento
sesenta y tres mil ciento treinta y nueve pesos $92.421.163.139 de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO:- Con la presente resolución, la Administración declara
haber cancelado al contratista la totalidad de sus obligaciones que ascendieron
a la suma de $92.421.163.139 y por lo tanto, el Ministerio declara estar a Paz y
Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y oportuno de las
obligaciones asumidas por la ejecución del Convenio 108 de 2001.

ARTÍCULO TERCERO:- Solicitar al Centro Regional para el Fomento del Libro
en América Latina y el Caribe - CERLALC, efectuar el reintegro a favor del
Tesoro Nacional de la suma de $2.783.108.133,23, correspondiente a los
rendimientos generados por los recursos comprometidos a través de
subcontratos suscritos con terceros, durante el tiempo que estuvieron a
disposición de la entidad, conforme lo indica en Anexo [sic] No. 5.28 del Informe
Final de Interventoría. Dicho reintegro deberá hacerse dentro de los 30 días
siguientes al día del vencimiento del término de ejecutoria del presente acto
administrativo. [...]".

46 F. 282-303, c. 2.

21

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Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

4.13. El Centro interpuso recurso de reposición" contra, la Resolución 6080. El MEN
resolvió confirmar la decisión recurrida, mediante Resolución" 8856 del 12 de
octubre de 2011, con ratificación de la decisión unilateral de liquidación del Convenio,
así como de la solicitud de reintegrar la suma expresada en el artículo tercero del acto
impugnado. Este acto quedó ejecutoriado a partir del 9 de noviembre de 201149.

Para arribar a las conclusiones plasmadas en la parte resolutiva de este acto, el
Ministerio respondió a los argumentos del recurso así:

4.13.1. No es cierto que el CERLALC haya desconocido por completo el informe final
de interventoría, puesto que "desde el 8 de julio de 2008, se realizaron reuniones
tendientes a revistar cada uno de los aspectos de la ejecución del convenio con miras
a la liquidación del mismo", y la entidad "invitó al CERLALC a liquidar de mutuo acuerdo
el convenio" en dos ocasiones, cuando ya existía el mencionado informe. Por lo tanto,
no se vulneró el debido proceso del organismo recurrente.

4.13.2. El acto se expidió conforme a derecho, porque en la liquidación unilateral del
convenio podían establecerse obligaciones, tales como el reintegro de sumas de dinero.

4.13.3. Las normas del Presupuesto General de la Nación de las vigencias 2002 a 2008
no fueron desconocidas, porque tales preceptos:

"[...] hacen referencia a la obligación por parte de los órganos que conforman el
Presupuesto General de la Nación de reintegrar a la Dirección General de
Crédito Público y del Tesoro Nacional, los recursos originados en convenios
celebrados con organismos internacionales que no estén amparando
compromisos u obligaciones incluidos los rendimientos financieros. Considera
por lo tanto el Ministerio que para cumplir estas normas era indispensable
requerir al CERLALC, como en efecto se procedió en su momento. Además, las
normas arriba mencionadas no hacen referencia a si el objeto del contrato y sus
obligaciones son de dar, hacer o no hacer

A esta obligación no es ajeno el CERLALC, pues como consta en todos los
documentos soporte de la liquidación y en su recurso, realizó un reintegro por
valor de $699.075.651,08; la discrepancia entre las partes sobre el valor de los
rendimientos que debla consignarse al Tesoro Nacional, versa sobre una suma
adicional a la ya consignada.

Se reitera que el valor reintegrado por el CERLAC [sic] por concepto de
rendimientos, es la suma de $699.075.651.08 y no la suma de $71.281.351.57
como lo expresa en el recurso".

4.13.4. El MEN no modificó ninguna norma, ni vulneró la buena fe, la confianza legítima,
ni la seguridad jurídica, toda vez que dio aplicación a las normas existentes.

4.13.5. El MEN no declaró el incumplimiento del Convenio, sino que lo liquidó
unilateralmente, y en dicha instancia podía declarar las acreencias pendientes a su
favor, sin que para ello resulte indispensable emitir un pronunciamiento preliminar sobre
la infracción de las obligaciones del contrato.

4.14. El 18 de octubre de 2013, el CERLALC presentó solicitud de conciliación
extrajudicial que fue adelantada ante la Procuraduría 56 Judicial II para asuntos

47 F. 123-137, c. 2.
48 F. 138-149, C. 2.
48 Según constancia de ejecutoria del MEN 69, c.1.

22

I
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Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

administrativos5°. El 4 de febrero de 2014, se celebró la respectiva audiencia y la etapa
conciliatoria fue declarada fallida51.

V. CONSIDERACIONES

5.1.1. Para determinar si esta Corporación cuenta con jurisdicción para pronunciarse
en el caso concreto, es necesario detenerse en el alcance de la inmunidad jurisdiccional
del CERLALC, organismo intergubernamental que opera en el territorio nacional en
virtud del "Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Colombia y la
UNESCO relativo al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el
Caribe, CERLALC", incorporado al ordenamiento colombiano a través de la Ley 65 de
1985.

En efecto, el artículo V del acuerdo mencionado precisa que: "El Centro gozará en
Colombia de las siguientes prerrogativas e inmunidades: 1. De la inmunidad de
jurisdicción contra todo procedimiento judicial y administrativo, a excepción de los casos
particulares en que expresamente se renuncia a esa inmunidad". La jurisprudencia de
la Sección52, a su vez, ha explicado que las inmunidades en el derecho internacional
público forman parte de las prerrogativas creadas para facilitar el desempeño de las
funciones de los sujetos de derecho internacional, dentro del marco de los principios de
reciprocidad, igualdad, soberanía e independencia. La inmunidad de jurisdicción, como
una de esas prerrogativas, "consiste en la sustracción del órgano o del sujeto de la
relación internacional de la jurisdicción del Estado donde se encuentra ubicado
físicamente o donde ejerce funciones" .

No obstante, la inmunidad jurisdiccional absoluta de los órganos internacionales ha sido
descartada por la jurisprudencia, precisamente porque debe tenerse presente la
finalidad de tales instrumentos de protección, esto es, que la inmunidad corresponda al
desarrollo normal, autónomo e independiente de las funciones ejercidas por los
organismos y servidores que gozan de esta. Por ello, "cuando la cláusula se tome
ambigua, abstracta o abarque supuestos indeterminados, el juez deberá interpretarla
atendiendo los criterios expuestos y la lógica de lo razonable para establecer el alcance
de la misma y evitar así la mengua indirecta e innecesaria de derechos fundamentales
de los habitantes del territorio colombiano, como el acceso a la administración de
justicia y de atributos inherentes al Estado como la soberanía e independencia ya que,
de hecho, la simple concesión de las inmunidades implica la cesión de éstos en alguna
proporción"54.

En el ámbito específico del juzgamiento de los contratos estatales, la jurisprudencia ha
precisado que no se predica la inmunidad jurisdiccional, en tanto: (i) la ejecución de lo
pactado comprometa en su totalidad recursos públicos55; (ii) al regirse por el EGCAP,

50 Adelantada ante el entonces Procurador, doctor Rafael Francisco Suárez Vargas.
51 F. 37-38, C. 1.
52 Ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Auto del 26 de marzo
de 2009. Rad. 25000-23-26-000-2006-02062-01(34460). Reiterado en: Subsección B. Sentencia del 29 de mayo
de 2014. Rad. 25000-23-25-000-1999-01854-01(27146) y Subsección C. Sentencia del 4 de junio de 2015. Rad.
25000-23-15-000-2004-01141-01(33776).
53 bid..
54 bid..
55 "En efecto, la simple celebración del negocio jurídico con un contratante amparado con dicha prerrogativa
sitúa a su co-contratante en un plano de desigualdad relativo, porque puede verse comprometida la eficacia del
principio —pacta sunt servanda- en la medida en que un contrato válidamente celebrado obliga a las partes
intervinientes a cumplido y, en este evento, una de las partes no podría ser conminada a cumplirlo, afectándose
eventualmente la conmutatividad que, por regla general, informa los contratos. No obstante, la situación de
desigualdad es de mayor proportion cuando la relación negocial se ejecuta en su totalidad con dineros del
Estado colombiano y se impide a Ste ejercer el poder jurisdiccional sobre la controversia que se suscita en
tomo al contrato, porque en este caso, dada la relación funcional y el contenido obligacional del negocio, el
organismo internacional debe someterse al derecho interno y a la jurisdicción interna. Lo contrario implicaría
una cesión desproporcionada de .os atributos de independencia y soberanía del Estado, traducida en el
completo desconocimiento de la plenitud, autonomía y exclusividad del ordenamiento jurídico, sin que medie
justificación válida". 'bid..

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el contrato incorpora su regla de la jurisdicción competente para conocer de los
conflictos surgidos de estos negocios jurídicos o de los actos administrativos proferidos
con ocasión de estos contratos", a saber, los artículos57 75 y 77 de la Ley 80 de 1993.
Además, (iii) cuando el demandante es el propio organismo internacional,
implícitamente reconoce la jurisdicción estatal a la que acude, para resolver la
controversia sobre el Convenio.

Así, esta Corporación cuenta con jurisdicción en este conflicto, en vista de: (i) que el
Convenio ejecutó recursos del MEN, y el objeto de la controversia son unos fondos que,
para la demandada, son de propiedad estatal; (ii) que, como se verá más adelante
(acápite 5.2), el negocio bajo análisis está regido por el EGCAP; y (iii) el CERLALC es
demandante dentro del asunto, por lo que reconoció implícitamente la jurisdicción
nacional.

5.1.2. Además, esta Colegiatura es competente. De acuérdo con las normas de la Ley
1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, "CPACA"), el Consejo de Estado decide la apelación de las providencias
proferidas por los Tribunales Administrativos" en el marco del medio de control de
controversias contractuales, en el que uno de sus contratantes es la Nación59, en un
proceso cuya cuantía impone su juzgamiento por esta Corporación en segunda
instancia".

5.1.3. El término de dos años para la presentación oportuna de la demanda,
establecido en el CPACA61, debe contarse desde de la ejecutoria del acto administrativo
56 Al respecto, ha dicho esta Subsección, refiriéndose al articulo 13 inciso cuarto de la Ley 80 de 1993, y al
artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 que lo reemplazó: "Esto significa que ni en una ley ni en otra fue variado el
juez natural de las controversias, es decir, si bien el régimen sustantivo del negocio pueden escogerlo la entidad
y el organismo internacional, no sucede lo mismo con la jurisdicción natural, así que es la de lo contencioso
administrativo, en los términos que expresa el art. 75 de la Ley 80 de 1993; salvo pacto expreso en contrario
para utilizar un mecanismo alternativo de solución de conflictos -también autorizado por la Ley 80-, o ley especial
que excluya expresamente esta competencia, pero la Ley 80 no es esa": CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de junio de 2014. Rad. 13001-
23-31-000-1999-00275-01(28279). 51"Artículo 75. Del juez competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente
para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o
cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa. [...] Artículo 77. De La Normatividad Aplicable
En Las Actuaciones Administrativas. [...] Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de
la actividad contractual sólo serán susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual,
de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo",
" CPACA: "Artículo 150. Competencia del consejo de estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, ono se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia". 59 "Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa. // Igualmente conocerá de los siguientes procesos: [1 2. Los relativos a los
contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio
de funciones propias del Estado". 6° Conforme al artículo 152 numeral 4 del CPACA, los Tribunales conocen en primera instancia de los asuntos
"[...] relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus
distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por
cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes,
cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes". Para la fecha de
presentación de la demanda, el tope mencionado equivalía a la suma de $308.000.000. De acuerdo con la
demanda, las pretensiones fueron estimadas en $2.783.108.133,23, cifra que supera el límite fijado por la norma
procesal. 61 "Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: [...] 2.

En los
siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: [...] j) En las relativas a contratos el término para
demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de
hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. E.. .1 En los siguientes contratos, el término de dos (2) años
se contará así: [...] iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la
administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe:"

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que resolvió el recurso de reposición contra la liquidación unilateral del Convenio, esto
es, desde el nueve (9) de noviembre de dos mil once (2011) (aptdo. 4.13). A partir de
este hito, sin suspensión o interrupción mediante, el plazo se habría cumplido el doce
(12) de noviembre de dos mil trece (2013)62.

Pero, con la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial, se produjo la
suspensión del término de caducidad, conforme al artículo63 21 de la Ley 640 de 2001.
La solicitud, radicada el dieciocho (18) de octubre de dos mil trece (2013) (aptdo. 4.14),
es decir a falta de veinticuatro (24) días para que se cumpliera el término de formulación
oportuna de la reclamación judicial, produjo una suspensión que duró tres meses,
transcurridos desde el diecinueve (19) de octubre de dos mil trece (2013) hasta el veinte
(20) de enero de dos mil catorce (2014)64. Luego, como la demanda fue presentada
antes de que se venciera definitivamente el plazo bienal (aptdo. 2.1), es decir, el trece
(13) de febrero de dos mil catorce (2014), el medio de control de controversias
contractuales fue incoado en tiempo.

5.1.4. Por último, las partes del proceso están legitimadas en la causa para actuar
dentro de este proceso, toda vez que suscribieron el convenio núm. 108 de 2001
(aptado. 4.2), del cual surge esta controversia.

5.2. El régimen jurídico sustancial del Convenio

5.2.1. Para la fecha de celebración del Convenio66, estaba vigente66 el artículo 13 de la
Ley 80 de 1993 en su redacción original que, en aras de una exposición transparente,
se cita en su extensión e integridad:

"Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos
que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto
se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las
materias particularmente reguladas en esta ley.

Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las
reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en
Colombia.

Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en
el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera.

Los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito
o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de
cooperación, asistencia o ayuda internacionales, podrán someterse a los
reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de

62 Tomando en cuenta que los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2013 eran sábado, domingo y lunes festivo,
respectivamente, días en que los despachos judiciales se encuentran cerrados.
63 'Articulo 21. suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación
extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso,
hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos
en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o.
de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el articulo anterior, lo que
ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable".
64 El día 19 de enero de 2014 era domingo.
65 "Articulo 38. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. //
Exceptúanse de esta disposición: // I. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que
resultaren del contrato, y // 2. Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual
infracción será castigada con arreglo á la ley bajo la cual se hubiere cometido".
66 El artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 derogó el inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. En su lugar,
el artículo 20 de la reforma del 2007 regula la materia.

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formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento,
pago y ajustes" 67.

5.2.2. Lo primero que se advierte es que, pese a lo insinuado por el apelante (aptdo.
2.4.1), el Tribunal no niega que los Códigos Civil y de Comercio sean aplicables a los
contratos estatales. Empero, el a quo sí precisa que los preceptos de estas
codificaciones, en particular aquellos relacionados con la interpretación de los negocios
jurídicos, son incompatibles con la defensa del patrimonio público en este caso (aptdo.
2.3.3.4).

Frente a las afirmaciones del juez de primera instanciá, vale hacer las siguientes
precisiones:

5.2.2.1. Como lo ha considerado esta Subsección68, el primer inciso del articulo citado
prescribe que las codificaciones civil y mercantil contienen la base del contrato estatal,
base que se complementa con los preceptos del EGCAP que se ocupen particularmente
de algunas de las materias de aquel. El propósito explícito del proyecto" que dio lugar
a la Ley 80 de 1993 era darle un lugar preponderante a lá autonomía de voluntad, sin
desconocer los intereses y finalidades de las entidades del Estado, y con ello se admite
que gran parte de la institución contractual no requería una modificación de sus
fundamentos esenciales, para que la Administración pudiera acudir a ella en procura de
sus propósitos, en tanto ya estaba delineada por la dogmática del contrato, forjada
desde tiempos remotos en el marco jurídico de las relaciones entre particulares.

5.2.2.2. Por supuesto que las reglas de interpretación dispuestas en los Códigos Civil y
de Comercio forman parte de los pilares fundamentales de la disciplina contractual,
tomando en cuenta que darle sentido y coherencia a lo pactado es necesario para que
exista una "justa composición de los intereses en confliCto"w, y para que las partes
adecúen su conducta a los compromisos adquiridos, así como a la función económica
del contrato. Además, cuando el caso lo requiera, su aplicación es un deber del juez
encargado de solucionar la controversian, porque, la mayor parte de las veces, dicha
resolución es alcanzada mediante la interpretación del acuerdo". De hecho, la propia
Ley 80 de 1993 enfatiza que las pautas generales de interpretación contractual deberán
ser aplicadas por quienes actúan en la contratación estatal".

67 Los incisos tercero y cuarto fueron declarados exequibles condicionairtente por la Corte Constitucional, en
sentencia c-249 del 16 de marzo de 2004, 1... en el entendido de que tanto la celebración como la parte de la
ejecución que se haga en Colombia se someten a la ley colombiana".
68 cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 2 de julio de 2021. Rad. 41001-23-31-000-2001-01467-01 (51163)
66 Ver: Exposición de motivos previos a la Ley 80 de 1993. Gaceta del Congreso 75 del 23 de septiembre de
1992. En página web: https://www.alcaldiab000tamov.corsisiurrnormasMormatisp?dt=S&i=7148 (fecha de
consulta: 13 de mayo de 2022).
70 BETTI, Emilio. "Interpretación de la Ley y de los Actos Jurídicos". Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid.
Reimpr. 2015, p. 31.
71 En tal sentido, la jurisprudencia ha destacado que, en la labor de juzgamiento contractual, "el Juez debe
consultar las normas legales de interpretación, las cuales primeramente fueron consideradas como simples
guías o consejos para el efecto, pero últimamente se ha declarado, con sobrada razón, que ellas son de
obligatoria observancia, pues la función de la ley no es la de aconsejar sino la de mandar...". CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de junio de 1970.
72 En la doctrina, cabe destacar la frase de Erich Danz para resaltar la importancia de las reglas hermenéubcas
en los acuerdos de voluntades: "De todas las normas que eljuez tiene qué aplicar en la práctica de su profesión
para dirimir los litigios de derecho, las más importantes son las reglas de interpretación de los negocios jurídicos.
Todo aquel que ejerza el Derecho o se haya asomado a las colecciones de jurisprudencia sabe que hay un
sinnúmero de litigios que sólo versan sobre el modo de interpretar el negocio jurídico o el contrato litigioso:
interpretado el negocio jurídico, interpretado el contrato, queda resuelto ellitigio". DANZ, Erich. "La interpretación
de los negocios jurídicos". (Roces, W. Trad.) 2'. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid. 1931, p. 13,
73 LEY 80 DE 1993: "Artículo 23. De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales.
Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios
de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función
administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores
públicos, las reglas de interpretación de la contratación los principios generales del derecho y los particulares
del derecho administrativo". (Subraya la Sala).

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5.2.2.3. Cuestión distinta es que, dentro de la necesaria interpretación del negocio
jurídico, a diferencia de los negocios exclusivamente guiados por normas civiles y
mercantiles, en los contratos ordenados por el EGCAP el intérprete deba considerar:
las disposiciones generales de la Ley 80 de 1993 relacionadas con los fines de la
contratación estatal (artículo 3), los derechos y deberes de las entidades y de los
contratistas (artículo 4 y 5), los principios establecidos y desarrollados por dicha ley (de
transparencia, economía y responsabilidad), así como la buena fe, la igualdad entre las
partes y el equilibrio prestacional —cuando exista— en los términos que desarrolla el
Estatuto (artículo 28). Además, por mandato legar'', en todos los contratos en los que
uno de sus partícipes sea una entidad estatal, independientemente de su régimen
jurídico, se deben observar los principios de la función administrativa y de la gestión
fiscal que les sean pertinentes, algunos enunciados en el artículo 209 de la Constitución
Política de Colombia. Todo este conjunto de normas, junto a las pautas generales que
provienen de la teoría general del contrato, está muy lejos de significar, per se, un
sacrificio del patrimonio estatal.

5.2.2.4. En consecuencia, la Sala se aparta del criterio esbozado por el Tribunal, ya que
la aplicación de las normas civiles y comerciales de hermenéutica contractual no
compromete en manera alguna el patrimonio público. Por el contrario, los parámetros
contenidos en las codificaciones del derecho privado son herramientas necesarias para
la labor del intérprete de los contratos públicos; y una vez inmersas en el contexto
ordenado por la Constitución y la ley, no tienden a morigerar la protección de los
recursos públicos sino que, bien empleados y articulados, son instrumentos
encaminados a su protección".

5.2.3. Ahora bien, del inciso 4 del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, surgía la regulación
de los contratos suscritos con organismos multilaterales de financiación, de
cooperación y de asistencia internacional. La jurisprudencia de esta Subsección, a su
vez, ha precisado que dicho aparte estableció la posibilidad, guiada por la
discrecionalidad de la entidad pública nacional, de pactar la exclusión parcial del
acuerdo de voluntades para que, en lugar de lo previsto por la norma colombiana, el
negocio se someta a los reglamentos del organismo internacional en estos aspectos
puntuales: (i) la formación y adjudicación del contrato, y (ii) algunas cláusulas
especiales relativas a la ejecución y al cumplimiento del contrato, el pago de las
obligaciones derivadas del acuerdo, y los respectivos ajustes. Todo lo demás,
incluyendo lo relacionado con la liquidación del contrato, permanece bajo el régimen
jurídico general del Estatuto".

74 Ver: Ley 1150 de 2007, artículo 13.
75 En ese sentido, al comentar el primer inciso del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, la Corte Constitucional
afirmó: "... le corresponde al operador jurídico realizar una labor de interpretación sistemática en ornen a fa
aplicación de las reglas pertinentes, que bien pueden corresponder simultáneamente a las de la ley 80 de 1993
y a las de los códigos de comercio y civil; sin que por otra parte ello pueda llegar a propiciar algún tipo de
intangibilidad o dispensa frente a los controles estatales que la Constitución y la ley estipulan en tomo al gasto
pública Consecuentemente, cada hipótesis contractual delEstado es susceptible de gobernarse porprincipios
y reglas tanto de orden público como de orden privado, donde la intensidad de la preeminencia del primero
sobre el segundo dependerá del grado de regulación normativa que el Estatuto Contractual Estatal establezca
para el respectivo caso. Y al decir Estatuto Contractual Estatal debe entenderse la ley 80 de 1993 junto con
todas las demás disposiciones que válidamente la complementan, modifican y derogan". Sent. C-249/04, cit.
76 Según esta Sala, el inciso final del artículo 13 de la Ley 80 de 1993: "... consagró una exclusión al régimen
jurídico contenido en dicho estatuto contractual, en virtud de la cual se facultó a las entidades públicas para
celebrar contratos con organismos multilaterales de crédito, con personas extranjeras de derecho público, o con
organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, pero sobre todo se les autorizó acogerse a sus
reglamentos internos de contratación para adelantar los proyectos derivados de esos convenios, siempre que
dichos organismos los financien. // No obstante, el inciso final citado no autorizó la remisión en bloque a los
estatutos internos de esos organismos, porque estableció límites: dispuso que los contratos celebrados en
desarrollo de esos convenios se podían regir por ellos "... en todo lo relacionado con procedimientos de
formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pagos y ajustes" // Lo anterior
significa que no todos los aspectos jurídicos de esos contratos se gobiernan por los estatutos del organismo
internacional, sino que pueden regirse en dos aspectos: i) el procedimiento de selección del contratista, que
incluye la adjudicación, y ii) algunas cláusulas especiales del contrato, relacionadas con la ejecución, el
cumplimiento, el pago y los ajustes. A contrario sensu, esto implica que los demás aspectos jurídicos quedan
sujetos a la legislación nacional, es decir, a la Ley 80 de 1993. // En los términos indicados, del inciso final del

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En el caso está demostrado que, con base en el inciso mencionado, para la ejecución
del Convenio, las partes acogieron en varios aspectos los términos del contrato de
préstamo 1202/0C-CO celebrado entre el Minhacienda y el BID, y los reglamentos del
CERLALC (aptados. 4.2, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.5). Empero, el propio organismo demandante
soportó su reclamación únicamente en leyes nacionales, obviando cualquier alusión a
sus propios estamentos y, de haber querido sustentar sus pretensiones en tales reglas,
estas debieron ser probadas en el juicio, sin que, no obstante, fuera allegado el
mencionado contrato de préstamo ni la regulación interna 0e1 Centro.

Por lo tanto, como se anticipó en el acápite Ill de este fallo y siguiendo lo dispuesto en
la norma vigente para la fecha del Convenio, así como lo trazado por el propio
demandante, el régimen jurídico para resolver el presente asunto es el de la Ley 80 de
1993, en su versión vigente para el momento en que el Convenio se celebró.

5.3. Análisis de los cargos de nulidad contra las resoluciones de liquidación
unilateral del Convenio comprendidos en la apelación

5.3.1. De los cargos planteados inicialmente por el Centro (aptdo. 2.1.3), en la apelación
únicamente persisten la infracción de normas superiores y la falsa motivación, más
precisamente porque, según la actora, mediante los actos administrativos demandados:
(I) fueron desconocidas las pautas interpretativas del contrato contenidas en el Código
Civil, las cuales, en criterio de la demandante, permitirían entender que la obligación de
reintegrar los rendimientos financieros únicamente comprometía aquellos ajenos al
amparo de obligaciones ya contraídas con terceros; (ii) se vulneró la buena fe, la
confianza legítima y la no contradicción de los actos propios, por el cambio de criterio
del MEN respecto al alcance de la mencionada obligación:y (iii) la demandada soslayó
las leyes anuales del presupuesto que, a juicio de la actora, le daban la razón en la
forma como ajustó su conducta a lo largo de la ejecución, pagando únicamente los
rendimientos derivados de los recursos no comprometidos.

Entonces, para dar respuesta a la apelación y solventar definitivamente el caso
concreto, esta Colegiatura deberá interpretar el Convenio sub judice, en particular su
cláusula 2.2.44, sobre la que versa todo el conflicto. Para tal efecto, las pautas de
interpretación de los contratos, que son aplicables a los. contratos estatales77, están
contenidas entre los artículos 1618 a 1624 del Código Civil y consagran, según la
doctrina78 y la jurisprudencia7°, dos (2) principios rectores y seis (6) reglas8°. Los

art. 13 se infiere que esos contratos se administran a través de dos ordenamientos, con la innegable complejidad
jurídica que esto ofrece: el estatuto de cada organismo internacional, en los dos aspectos autorizados; y la Ley
80, en los demás tópicos. II Sin embargo, lo anterior no significa que fatalmente todo contrato celebrado al
amparo de un convenio suscrito con alguno de esos organismos se tenga que regir por sus estatutos —en los
dos aspectos destacados-. El artículo 13 es claro en señalar que "... podrán someterse..." a los reglamentos de
tales entidades, así que es afta la discrecionalidad para decidir si se acoge la opción, y sera la entidad pública
quien lo defina, en medio de la negociación con el organismo internacional. En todo caso, si se acoge a la
alternativa ofrecida no puede extenderse sus alcances más allá de los dos aspectos señalados, que en todo
caso son suficientemente amplios." Sent. 12-jun-14, antes citada.
77 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2012. Exp. 22.714;
"[...] las reglas legales de interpretación de los contratos resultan válidamente aplicables en el ámbito de la
contratación estatal puesto que [...], los principios orientadores que recoge y consagra el artículo 28 de la Ley
80 para la correcta aplicación de las reglas de hermenéutica en materia contractual, cuando de vínculo de
naturaleza estatal se trata, en realidad no se ocupan de desarrollar con detalle y de manera específica la forma
en la cual han de ser interpretados los aludidos contratos estatales y, por ello mismo, no habría lugar, en los
términos del artículo 13 de la citada Ley 80, a excluir por completo la aplicación de las normas legales
correspondientes que sobre esas precisas materias contienen los estatutos mercantil y civil sobre la base, que
obviamente resultaría equivocada, de considerar el tema en cuestión estaría debida y completamente regulado
a través de la norma propia del Estatuto de Contratación Pública (Artículo 28)".
78 JARAMILLO J., Carlos Ignacio. Principios rectores y reglas de interpretación de los contratos. Grupo Editorial
Ibáñez, 2016.
78 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, exp. 40353.
e° JARAMILLO J., Carlos Ignacio. Op. Cit., páginas 84 a 86. El autor refiere que aparte de las reglas tradicionales
existen unas reglas modernas que son aplicables en casos específicos. Al punto refirió que: «teniendo en cuenta
y en consideración las profundas transformaciones experimentadas en la esfera contractual en el siglo XX y en
lo corrido del siglo XXI [...] han surgido diversas fenomenologías que implican puntuales cambios en relación

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principios rectores de interpretación se traducen en: (i) la búsqueda de la común
intención de las partes —communis intentio o voluntas spectanda— y (ii) la buena fe
negocial o contractual. Las reglas de interpretación, por su parte, son: (i) la especificidad
o especialidad; (ii) la interpretación efectiva, útil o conservatoria; (iii) la interpretación
naturalista o fundada en la naturaleza del contrato, y de la interpretación usual; (iv) la
interpretación contextual, extensiva y auténtica; (y) la interpretación incluyente o
explicativa; y (vi) la interpretación de cláusulas ambiguas en favor del deudor, y en
contra del estipulante o predisponente.

5.3.1.1. El artículo 1618 del Código Civil establece el principio de la búsqueda de la común
intención de los contratantes, el cual dispone que "conocida claramente la intención de los
contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras". Precepto que, como
se ha manifestado reiteradamente por esta Sección", se erige como la primera y cardinal
directriz que debe orientar al juez en su labor interpretativa, pues cuando de contratos se
trata, esta labor no tiene como objeto primario establecer el querer dispositivo e
individual de cada uno de los contratantes, sino la intención común de todos ellos, toda
vez que el contrato es el resultado de la convergencia de sus designios negociales.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que:

«[...] la interpretación que se predica de los negocios jurídicos existentes, es
ulterior a la existencia del acto dispositivo y, en rigor, consiste en establecer y
precisar la relevancia normativa de su sentido conformemente a la "reciproca
intención de las partes" (art. 1618 C. C), de ordinario plasmada en las cláusulas,
párrafos, condiciones o estipulaciones, a las cuales, sin embargo, no se reduce
ni se supedita, por cuanto, aun siendo "claro" el sentido idiomático, literal o
textual de las palabras, en toda divergencia a propósito, impónese reconstruirla,
precisada e indagada según el marco de circunstancias, materia del negocio
jurídico, posición, situación, conocimiento, experiencia, profesión u oficio de los
sujetos, entorno cultural, social, económico, político, geográfico y temporal en
una perspectiva retrospectiva y prospectiva, esto es, considerando además de
la celebración, ejecución y conducta práctica negocial, la fase prodrómica, de
gestación o formación teniendo en cuenta que "los actos, tratos o
conversaciones preliminares enderezados a preparar la producción de un
consentimiento contractual no son intrascendentes; por el contrario, una vez
formado el consentimiento son parte integrante de él, y su importancia se traduce
en servir de medios auxiliares para interpretar la verdadera intención de las
partes cristalizada en las cláusulas del contrato (cas, civ. Junio 28/1989)»82.

con la concepción y con la dinámica del contrato (visión clásica), v.gr: los contratos por adhesión, las condiciones
generales de contratación, y la floración del apellido "derecho del consumo", tan solo para aludir a algunas de
ellas, cambios que, en la órbita de su interpretación, igualmente se han hecho evidentes y actuantes, sin que
por ello se puedan entender abolidas las reglas convencionales [...]. Lo anterior justifica que, en puridad, con
todas las cautelas que ello supone, se pueda aludir a una nueva lectura y, por tanto, aproximación al contrato
en la actualidad, y con fundamento en ella a unas nuevas reglas interpretativas de la relación contractual que,
en sentido lato, pueden denominarse "reglas modernas" -o contemporáneas- por oposición a las mencionadas
"reglas tradicionales" [...]. tales reglas modernas [...] principalmente son las siguientes: contra proferentem y
pro consumatore; de la estipulación más beneficiosa; de la preferencia de las estipulaciones concertadas o
negociadas sobre las cláusulas predispuestas; de la prevalencia de las condiciones particulares sobre las
condiciones generales de contratación; de la interpretación de las condiciones generales de contratación; de la
conexidad contractual; de la interpretación de los contratos atípicos y regla o criterio de la interpretación más
razonable».
81 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 2011, exp. 38619; Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 7 de junio de 2011, exp. 18762; Sección Tercera, Subsection A, sentencia del 7
de diciembre de 2016, exp. 37959; Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2021, exp
47068.
82 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de febrero de 2008, exp
2001,06915-01.

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y el Caribe (CERLALC)

En este orden de ideas, se debe concluir que en el derecho colombiano se privilegia el
sistema de interpretación contractual que propende por la búsqueda de la intención de
las partes83-84.
5.3.1.2. Por otra parte, la buena fe, como segundo principio rector de la interpretación
contractual, permea trasversalmente el principio de la búsqueda de la común intención
de las partes. Este principio, en el ordenamiento jurídico patrio está consagrado, con
carácter general, en el artículo 83 de la Constitución Política85; y se aplica en el ámbito
contractual según el artículo 1603 del Código Civil" y el artículo 871 del Código de
Comercio87. En el ámbito de la contratación estatal, en concreto, el principio de buena
fe "obliga a la administración pública y a los particulares contratistas, a tener en cuenta
las exigencias éticas que emergen de la mutua confianza en el proceso de celebración,
ejecución y liquidación de los contratos"88.

5.3.1.3. Aun cuando se le ha dado prevalencia a los criterios subjetivos de interpretación
contractual (atinentes a la voluntad común de las partes del contrato) y únicamente cuando
estos no lleguen a buen puerto se aplicarían los criterios objetivos (atinentes a la
protección del acto dispositivo y a la declaración literal de las partes del contrato), dicho
proceder puede ser insuficiente para conocer el verdadero sentido del clausulado que se
pretende auscultar, pues un análisis de este problema hermenéutico bajo un criterio
singular desemboca en una visión parcial del problema, que debe ser analizado
globalmente88. 83 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, exp. 40353. "La
doctrina (local y foránea) y la jurisprudencia nacional reconocen que existe jerarquía entre los criterios de
interpretación del contrato y, en esa medida, han señalado que el subjetivo prevalece sobre el objetivo, a partir
de la idea de que el principio de la búsqueda de la real voluntad de los contratantes es fundamental dentro de
la labor hermenéutica y que los demás principios y reglas son subsidiarios". Criterio reiterado en: CONSEJO DE
ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2021, exp, 47068.
" JARAMILLO J., Carlos Ignacio. Op. Cit., página 342. "En el Derecho colombiano, yen general, en el Derecho
continental, se enseñorea el sistema subjetivo de interpretación contractual, que propende por la solicita
búsqueda de la intención de las pades, la que puede ser hallada acudiendo a diversos expedientes e
instrumentos, v.gr: a los hechos anteriores, concomitantes y posteriores a la celebración del contrato y hasta
donde racionalmente sea posible, toda vez que no puede forzarse dicho objetivo, puesto que terminaría por
distorsionarse su laborío, que conoce límites. De allí que si dicha búsqueda se toma infecunda, como a menudo
sucede tratándose de la contratación predispuesta, adhesiva y de consumo, sin sobresaltos debe procurar el
hermeneuta la interpretación contractual en consideración al sistema objetivo, acudiendo, en tal virtud, a reglas
de estirpe objetiva, como la ya señaladas antes (arts. 1619, 1620, 1621, 1623 y 1624)". 85 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. "Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante éstas". 88 CC, "Artículo 1603. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que
en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que
por ley pertenecen a ella". 87 CCO. "Artículo 871. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán
no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos,
según la ley, la costumbre o la equidad natura!'. 88 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-892 del 22 de agosto de 2001. 88 BETTI J. Emilio. Interpretación de la Ley y de los Actos Jurídicos. Grupo Editorial Olejnik, 2018, páginas 436
a 438 "De los criterios metodológicos derivan, sobre todo, consideradas como diferentes, las generales
orientaciones interpretativas en las que se refleja la finalidad político-legislativa de la interpretación. Tales
orientaciones se identifican con las diversas teorías sostenidas en tomo a, la voluntad y a la declaración en el
negocio en orden al tratamiento de los vicios del elemento subjetivo, o sea en relación con el criterio para
resolver el conflicto entre la exigencia de imputabilidad al declarante y la exigencia de recognosibildad por parte
de los demás. Así, teoría de la voluntad, de la declaración, de la confianza y de la responsabilidad.

Estas teorías
pecan, unas más, otras menos, de unilateralidad en la visión del problema, bien que le planteen en términos
equivocados, bien que se limiten a considerarlo solo bajo un aspecto singular, o ya que generalicen
indebidamente en relación con todos los negocios, criterios, que tienen su sentido y valor solamente en relación
con algunas categorías de negocios. Plantean en términos equivocados el problema las dos teorías extremas,
que representan soluciones en sentido opuesto: la teoría de la voluntad y la teoría de la declaración —la primera
dirigida a darprevalencia a la voluntad real del declarante tanto en la interpretación como en la calificación sobre
la validez del negocio; la segunda, por el contrario, dirigida a dar prevalencia a la declaración abstractamente
considerada, tal y como puede ser recognoscible por el destinatario o en el ambiente social-. La cuestión de si
la voluntad intema (porque esta es la voluntad verdadera) debe prevalecer sobre la declaración, o si la
declaración deba prevalecer sobre la voluntad interna, expresa una alternativa inadmisible en el plano iurídico,
porlo que es evidente que está mal planteada. Porque la voluntad de las parles no adquiere relevancia jurídica
sino, precisamente, en cuanto sea recoanoscible bajo la forma de declaración o de comportamiento, por lo que
no puede ser colocada en el mismo plano de esta forma, ni asumir un valor por sí misma, en antítesis con
aquella. Cuando la Lev (ad 1362 C.C. it) atiende a dar relevancia al intento común de las partes frente al sentido

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5.3.2. La interpretación de la cláusula del Convenio que establece la obligación
de reintegro

5.3.2.1. Como se mencionó anteriormente, según el artículo 1618 del Código Civil,
conocida la intención de las partes al celebrar el contrato, esta será tenida en cuenta
con prevalencia del tenor litera199, lo que tampoco significa dejar de lado lo consignado
expresamente en el acuerdo de voluntades91, menos aún en tratándose de un negocio
jurídico solemne, como lo es el contrato estatal.

Este precepto, que busca develar la intención común que las partes tuvieron al celebrar
el negocio, dentro del marco jurídico del contrato celebrado por las entidades estatales,
lleva a tomar en consideración las finalidades que les son propias a sus actividades en
general, así como las funciones del MEN92, que, a su vez, forman parte de los objetivos
que, según el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, son cumplidos a través de la actividad
contractual de las entidades públicas colombianas. Por su parte, el CERLALC, como
organismo internacional de cooperación, tiene unos objetivos definidos en su acuerdo
fundacional93 —ratificado a nivel interno por la Ley 65 de 1986— englobados en el
fomento de la producción y distribución de libros, la promoción de la lectura, y la
implementación de esta actividad, a través de planes educativos y de sistemas
nacionales de bibliotecas escolares y públicas en cada país94.

literal de las palabras, entiende por talla intención común, no la voluntad de cada una de las partes, que
permanece inexpresada en la esfera interna de la conciencia, sino el concorde interno que se ha formado entre
las partes en cuanto aparece como recognoscible en su común o congruente declaración y conducta. Entendiéndose por ello Que esta común o congruente declaración o conducta, interpretada por otro no según la
muerte y abstracta letra de las palabras, sino según su espíritu, es interpretada en función del reciproco
comportamiento de las partes de las que proviene y de la situación de hecho, en la que aparece en concreto
encuadrada. Los mismos criterios que explican la construcción de la declaración emitida y comunicada, deben
gobernar también la interpretación ya que por ello mismo no es más que su reconstrucción. Los criterios
objetivos de valoración que esclarecen, en relación con el mamo de las circunstancias, el significado social de
las palabras usadas y del comportamiento observado —así el uso del lenguaje hablado, como los usos del tráfico
y las concepciones dominantes en la conciencia social- gobiernan también la interpretación, porque en la
normalidad de los casos (según el id auod plerumgue accidit) concurren esencialmente a determinar también la
concreta situación subjetiva de las partes [...]. Ahora bien, la ley no se separa de aquellos criterios objetivos
(art 1362. C. C. it) cuando pone iunto al sentido literal de las palabras la común intención de la partes, porque
también esta común intención va genéticamente reconstruida en su obietiva recognosibildad y por ello balo la
medida de aquellos criterios [...]". (Subrayado propio). 9° Señala textualmente la norma: "Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella
más que a lo literal de las palabras. '
91 Al respecto, un sector de la doctrina sostiene: "En el sentir de algunos, el texto legal trascrito [el articulo 1618
del Código Civil] tendría la virtud de autorizar al intérprete, sobre todo si este un juez, para prescindir a su arbitrio
del claro tenor literal de la declaración y a indagar si ha sido otra distinta la intención de los agentes que ella
pretende traducir, o si dicho tenor se compadece o no con la finalidad social a que el mencionado acto apunta. No. El texto legal es diáfano: parte del supuesto de que se encuentre claramente establecida la discrepancia
entre la intención mal y su expresión material, [...]. Es, entonces, cuando el intérprete está autorizado para
desechar el tenor literal de lo declarado y preferir la voluntad real, bien sea para acatarla, o para declarada
viciada, o con otra finalidad jurídica pertinente. // Pero mientras no esté "claramente" establecida, como lo exige
el comentado texto legal, la antítesis entre la intención de los contratantes y la declaración que estos hacen de
ella, el intérprete debe respetar esta declaración, y esto por la razón obvia de que es de presumir que los
términos empleados por los agentes lo han sido conscientemente; que estos han materializado su verdadero
querer interno, o sea, que lo han interpretado de modo auténtico."OSPINA FERNÁNDEZ. Guillermo, y OSPINA
AGOSTA. Eduardo. "Teoría General de los Actos o Negocios Jurídicos". 3a ed. Temis. Bogotá. 1980. p.

412
92 Para el año 2001, la estructura administrativa del MEN estaba regida por el Decreto 1413 de 2001, que entre
otras previsiones trazaba los siguientes propósitos generales de la entidad: "El Ministerio de Educación Nacional
es el organismo de la rama ejecutiva del Poder Público que, con la asesoría y apoyo de sus entidades adscritas
y vinculadas, y en concertación con las entidades territoriales, formula políticas, lineamientos y directrices del
Sector, que atiendan las necesidaoes actuales y futuras del País; apoya de manera integral los procesos de
participación, regulación, descentralización, construcción y fortalecimiento de la identidad local, regional y
nacional, y decide, junto con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, políticas de financiación para hacer realidad el criterio que asume la educación como condición
necesaria para conseguir el desandlo y la paz. //Para logrado, el Ministerio de Educación Nacional establece
los planes, programas, sistemas y mecanismos requeridos, y promueve la cooperación intrasectorial,
intersectorial e internacional."
93 "Acuerdo de Cooperación internacional entre el Gobierno de Colombia y la UNESCO relativo al
Centro
Regional para el Fomento del Libro on América Latina y el Caribe, CERLALC, firmado en París el 1* de agosto
de 1984. 94 El artículo III del Acuerdo contiene los "Objetivos fundamentales del Centro", a saber: "El
Centro tendrá a su
cargo el fomento de la producck n y distribución del libro y en particular, la promoción de la lectura,

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Los anteriores preceptos, sin embargo, no dan, per se, ¿uenta clara de la intención
común de las partes en lo atinente a la devolución de loi rendimientos de los fondos
del Convenio; situación que mueve a la Sala a acudir a lasrreglas de interpretación que
desarrollan el principio de intención común de las partes.

5.3.2.2. Pues bien, el artículo 1622 del Código Civil contiene una regla subjetiva de
interpretación contextual, extensiva y auténtica, de acuerdo con la cual: "las cláusulas
de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que
mejor convenga al contrato en su totalidad" (inciso 'primero). "Podrán también
interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia"
(inciso segundo). "O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes,
o una de las partes con aprobación de la otra parte" (inciso tercero).

El precepto legal transcrito incorpora tres pautas interpretativas individuales. Sobre la
primera (contextual) ha precisado esta Sección que:
t.] este criterio interpretativo pone de presente la correlación que existe entre
las partes constitutivas del discurso, como de cada manifestación del
pensamiento, y su referencia común al todo del que hacen parte: correlación y
referencia que hacen posible la iluminación recíproca del significado entre el todo
y los elementos constitutivos. Constituye un principio evidente de técnica de
interpretación textual, que al dirigirse a aclarar el sentido de una declaración de
índole jurídica, ordena que el significado de las declaraciones no puede ser
segmentado, sino que debe ser atribuido al conjunto de la intención del
declarante; es decir, que en presencia de una o varias cláusulas, dentro de un
contrato [...], se debe considerar que hacen parte dé un todo, y es por medio de
la luz de cuanto emerge del conjunto de la declaración entera, que se determina
el sentido jurídico propio del objeto interpretado"95.

especialmente a través de los planes de educación y del complemento indispensable de unos adecuados
sistemas nacionales de bibliotecas escolares y públicas en cada pals. Para llevar a cabo estos objetivos, el
Centro cumplirá las siguientes funciones: 1. Fomentarla coordinación de los esfuerzos de las entidades públicas
y privadas de la región, orientadas a la producción, difusión y distribución del libro en los países de América
Latina y el caribe. 2. Fomentar la aplicación de las medidas necesarias para lograr el desarrollo y la
armonización del mercado del libro en dicha zona, en forma que pueda llegar a establecerse un mercado común.
3. Estimular la creación de entidades nacionales dedicadas a la promoción del libro, con el auxilio de las
instituciones locales, públicas y privadas, que deseen colaborar con esa iniciativa. 4. Compilar y poner a
disposición de dichos países las estadísticas y documentación relativas a la nroducción, distribución y demanda
de libros en los paises de la región, aprovechando los factores de unidad cultural. 5. Comprometer esfuerzos
para la compilación periódica y regular de la bibliografía de obras •en lenguas hispanas. 6. Realizar
investigaciones sistemáticas sobre hábitos, niveles e intereses de lectura. 7. Llevar a cabo estudios en distintos
niveles educativos y socio-económicos, encaminados a establecer la estrategia más apropiada para la
promoción de la lectura. 8. Desarrollar planes para la formación y la pronnoción profesional en las industrias
gráfica y editorial y de distribución del libro; y realizar así mismo las investigaciones sobre recursos humanos.
9. Realizar estudios relativos a los derechos de autor, con especial énfasis en los problemas específicos de
cada país que limitan la aplicación de los Acuerdos Internacionales sobre el tema, defender esos derechos,
velar por su cumplimiento y ayudar a encontrar fórmulas viables con asistencia de los organismos
intemacionales competentes para el acceso de los pueblos de la región a las fuentes de la cultura universal. 10.
Contribuir al fortalecimiento de los servicios de bibliotecas escolares y públicas en cada país y colaborar en la
aplicación de estos planes en el ámbito regional de acuerdo con las condiciones socio-económicas de cada
Estado; y promover en la región la formación de bibliotecarios, maestros bibliotecarios y administradores de
servicios de bibliotecas escolares y públicas. 11. Realizar con el Gobierno proyectos de cooperación
internacional relacionados con el objeto del Acuerdo. 12. Impulsar la realización de proyectos de cooperación
técnica entra los países de la región."
95 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, exp 16100. Criterio que se
encuentra en lineamiento con lo expresado por la CORTE SUPRME DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil,
sentencia del 15 de marzo de 1965, G.J. T.CXI y CXII, No 2276-2277, incluido también, en la sentencia del 15
de junio de 1972, G.J CXLII, No. 2352-2357. "El juzgador, al acudir a las reglas hermenéuticas, debe
observar, entre otras, aquella que dispone examinar de conjunto las cláusulas, analizando e interpretando
unas por otras, de modo que todas ellas guarden armonía entre si, que se ajusten a la naturaleza y finalidad
de la convención y que concurran a satisfacer la común intención de las partes. El contrato es un concierto de
voluntades que por lo regular constituye una unidad y en consecuencia sus estipulaciones deben apreciarse
en forma coordinada y armónica y no aislando unas de otras como partes autónomas, porque de esta suerte
se podría desarticular y romper aquella unidad, se sembraría la confusión y se correría el riesgo de contrariar
el querer de las partes, haciéndole producir a la convención efectos que estas acaso no sospechanDn".

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En este orden de ideas, la pauta de interpretación contextual, establecida en el inciso
1° del artículo 1622 del Código Civil, conlleva una lectura del contenido de la cláusula
que reguló la obligación de reintegrar los rendimientos financieros de los fondos del
Convenio, en conjunto con las demás cláusulas del negocio jurídico, para así
decantarse por la interpretación que guarde armonía con el Convenio en su totalidad,
ajustándose así a la finalidad global de la convención.
En ese sentido, a partir de lo probado, la Sala encuentra que el Convenio (i) fue suscrito
por el MEN y el CERLALC como parte de la ejecución de los recursos asignados al
primero, que provenían de un contrato de préstamo celebrado entre el Minhacienda y
el BID; y (ii) ambos, en el ejercicio de sus funciones y objetivos, concurrieron al acuerdo
de voluntades con el propósito mancomunado de desarrollar el PNSE en el territorio
colombiano (aptdo. 4.2), reiterado igualmente en las adiciones al convenio (aptdo.
4.3.7).

En esa dirección común, el MEN se comprometió principalmente a transferir recursos
al CERLALC (aptdo. 4.2.3), y reconocerle a este último un porcentaje de los fondos
transferidos (2,48%) a título de "recuperación de costos administrativos" (aptdo. 4.2.4);
pacto este que a lo largo de la vigencia convencional fue adicionado (aptados. 4.3.9 y
4.3.10). Por su parte, el Centro debía realizar acciones de apoyo, cooperación y
asistencia técnica encaminados a la implementación del PNSE, lo que también
implicaba que el CERLALC debía encargarse de "la administración, inversión y pago de
recursos ejecutables de dicho PROGRAMA" (aptdo. 4.2.1) o, en otras palabras, tenía
que efectuar "un manejo de los recursos previstos en este convenio [...] incluidos el
manejo operativo, financiero y contable", además de mantener una contabilidad
independiente, rendir cuentas al MEN sobre las inversiones realizadas con los recursos,
y responder por aquellos dineros girados a terceros por error o incumplimiento del
propio organismo (aptdo. 4.2.2).

Así pues, a diferencia de la opinión que en su momento expresó el Centro (aptdo. 4.9),
el Convenio sí establecía que el organismo internacional había contraído obligaciones
de manejo y administración de los recursos transferidos por el MEN, que no solo se
agotaban con labores administrativas y contables, sino que, además, debía darles buen
manejo a los recursos, efectuar inversiones y realizar los pagos a los denominados
"subejecutores" del Programa.

En ese contexto de deberes relativos al buen manejo e inversión de los dineros
transferidos para la ejecución de las actividades del PNSE, se comprenden las
obligaciones a cargo del CERLALC en torno a los rendimientos financieros derivados
de los recursos inmersos en el Convenio: (i) la de reportar información contable sobre
la generación de esos rendimientos (cláusula 2.2.17); y (ii) la de reintegrar al tesoro
nacional los rendimientos financieros generados por los recursos que le transfería el
MEN (cláusula 2.2.44 y cláusula cuarta, parágrafo cuarto).

La obligación de reintegrar rendimientos financieros debe comprenderse así
inicialmente a partir de lo expresamente consignado en el Convenio ya que, incluso
desde la perspectiva del derecho privado, el propósito de auscultar la intención común
de las partes no puede contravenir el texto de lo acordado96. Al respecto, según se lee

96 "En dicha labor de hermenéutica la primera y cardinal directriz que debe orientar al juzgador es, según lo
preceptúa el artículo 1618 del Código Civil, la de que conocida claramente la intención de los contratantes, debe
estarse a ella más que a lo literal de las palabras; las demás reglas de interpretación llegan a tomar carácter
subsidiario y, porro tanto, el Juez no debe recurrir a ellas sino solamente cuando le resulte imposible descubrir
lo que hayan querido los contratantes; cuáles fueron realmente los objetivos y la finalidades que éstos se
propusieron al ajustar la convención. // Lo cual significa que cuando el pensamiento y el querer de quienes
concertaron un pacto quedan escritos en cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que
presumirse que esas estipulaciones así concebidas son el fiel' reflejo de la voluntad interna de aquéllos, y que,
por lo consiguiente, se toma inocuo cualquier intento de interpretación. Los jueces tienen facultad amplia pana
interpretarlos contratos oscuros, pero no pueden olvidar que dicha atribución no los autoriza, so pretexto de
interpretación, a distorsionar ni desnaturalizar pactos cuyo sentido sea claro y terminante, ni menos para
reducirles sus efectos legales o adicionar los que le son propios". CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de

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en la cláusula 2.2.44 y en el parágrafo cuarto de la cláusula cuarta del Convenio, es
diáfano para esta Colegiatura: (i) que los denominados "rendimientos financieros"
debían consignarse a la Dirección del Tesoro Nacional; (ii) que el pago debía efectuarse
un mes después de causados los réditos; y (iii) que los rendimientos debían provenir
de los recursos transferidos por el MEN al CERLALC.

5.3.2.3. El artículo 1621 del Código Civil contiene la regla de la interpretación naturalista
o fundada en la naturaleza del contrato, y de la interpretación usual, de acuerdo con las
cuales: "En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a
la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato" (inciso primero). "Las
cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen" (inciso segundo).

Atendiendo al uso común de los conceptos jurídicos, puede esclarecerse lo que debía
entenderse por "rendimiento financiero" en el Convenio sub judice. Para ello, es
oportuno tener en cuenta la conceptualización de este vocablo efectuada por la Sala de
Consulta y Servicio Civil de esta Corporación:

i. "Por 'rendimientos financieros' deben entenderse los frutos civiles de los
recursos (entendidos como un capital que produce intereses)97.

ii. Los rendimientos financieros pertenecen al dueño del capital, de manera que
si éste es de la Nación, al producirse tales rendimientos acrecen al Tesoro
Nacional, v si es de un establecimiento público, al de éste.

iii. En los contratos celebrados por una entidad pública como contratante, en los
que se entreguen dineros a título de pago del precio de un contrato, y a cambio
se reciba un bien o servicio, como este último es el propietario del monto del
pago recibido, por lo mismo lo es de los rendimientos financieros o intereses que
produzca la inversión del precio recibido. En estos, contratos, si hay un "precio
anticipado", una vez pagado pertenece al contratista y por lo mismo sus
rendimientos (salvo pacto en contrario), pero si hay un "anticipo", dado que se
entiende como una forma de financiamiento, los rendimientos financieros
pertenecen al contratante. El anticipo pasará a ser pede del precio, en la medida
en que se amortice siguiendo las cláusulas del contrato.

iv. Por el contrario, si una entidad pública como contratante entrega unos dineros
en administración, verbi gratia para ser invertidos, éstos no ingresan al
patrimonio del contratista, y por lo mismo los rendimientos que lo acrecen son
de la entidad contratante que es la propietaria del capital. En este caso, el precio
del contrato lo constituyen las comisiones, primas de resultado, una suma fija o
cualquier otra forma de retribución que se pacte"98. (Se destaca).

A esto cabe agregar que, tratándose de la programación del presupuesto público, según
el artículo 31 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto) los
rendimientos financieros son ingresos públicos que forman parte de los recursos de

Casación Civil. Sentencia del 11 de septiembre de 1984, reiterada por la misma Sala en sentencia del 14 de
agosto de 2000. Rad. 5577.
97 "Concepto del 30 de octubre de 1996, Rad. No. 906 de 1996, C. P. César Hoyos Salazar (cita núm. 3 original
del concepto).
98 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 30 de abril de 2008. Rad. 11001-
03-06-000-2008-00013-00(1881), reiterado por: Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera —
Subsección B. Sentencia del 14 de junio de 2018. Rad. 08001-23-31-000-2006-00734-01(38850)

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capital , es decir, que se caracterizan por ser fondos esporádicos y eventuales, no por
su rubro sino por la indeterminación en su cuantía"°.

5.3.2.4. A su vez, la regla prevista en el inciso 2° del artículo 1622 del Código Civil —
referido anteriormente— hace prevalecer la interpretación que mejor se avenga a la
naturaleza del contrato. La calificación del negocio jurídico permite así entender cuáles
son los elementos esenciales del Convenio a partir de su subsunción en una de las
figuras contractuales legal o socialmente reconocidas y preexistentes"1.

En este caso, el Convenio es de cooperación técnica internacional, una clase de
negocio jurídico celebrado, por una parte, por una entidad pública colombiana, y por la
otra, con un organismo de cooperación internacional, que no es novedoso en el país"2,
y se caracteriza, como todo aquello que participa de la teoría de los convenios de la
administraciónw°, por tratarse de acuerdos de voluntades creadores de obligaciones
jurídicamente exigibles, en el que las instituciones que lo suscriben buscan intereses y
finalidades comunes a sus objetivos, forjan una alianza de esfuerzos articulados y
encaminados a propósitos coincidentes, en este caso, centrados en la implementación
de un programa educativo que promoviera la creación de conocimiento publicado a
través de libros, y la mejora académica de la población estudiantil a partir de la lectura.

En desarrollo de ese trabajo mancomunado, las contraprestaciones pactadas en el
Convenio no debían provocar el enriquecimiento o el lucro de ninguna de las entidades
involucradas, particularmente del organismo de cooperación, lo que ocurriría si este se
apoderara de los rendimientos financieros de los recursos del Estado. Es decir, los
costos de administración reconocidos por el MEN no eran un emolumento para
acrecentar el peculio del CERLALC, sino que absorbía las erogaciones que el
organismo debía realizar para la consumación de los propósitos trazados por el PNSE.

5.3.2.5. Todo lo anterior conduce a concluir que, si la Nación, a través del MEN, debía
recibir los rendimientos financieros, esto es, los intereses y demás réditos derivados de
operaciones financieras, generados por la administración, manejo e inversión de los
recursos transferidos al CERLALC durante la vigencia del Convenio, era porque la
Nación era propietaria del capital transferido. Al pertenecer a la Nación tales recursos,
se imponían al Centro las obligaciones de: buen manejo, inversión y administración de

99 «ARTICULO 31. Los recursos de capital comprenderán: los recursos del balance, los recursos del crédito
interno y externo con vencimiento mayor a un año de acuerdo con los cupos autorizados por el Congreso de la
República los rendimientos financieros el diferencial cambiarlo originado por la monetización de los
desembolsos del crédito externo y de las inversiones en moneda extranjera, las donaciones, el excedente
financiero de los establecimientos públicos del orden nacional y de las empresas industriales y comerciales del
Estado del orden nacional, y de las sociedades de economía mixta con el régimen de aquéllas, sin perjuicio de
la autonomía que la Constitución y la ley les otorga, y las utilidades del Banco de la República, descontadas las
reservas de estabilización cambiaría y monetaria. 1/PARÁGRAFO. Las rentas e ingresos ocasionales deberán
incluirse como tales dentro de los correspondientes grupos y subgrupos de que trata este artículo". (Subraya la
Sala).
1°° Ver: CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-1072 del 3 de diciembre de 2002.
1°1 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las obligaciones de las fuentes de las obligaciones: el negocio
jurídico II. Universidad Externado de Colombia. 2015, p. 172-173.
102 Sobre los convenios de cooperación internacional, la Corte Constitucional analizó una de las normas jurídicas
anteriores a la Ley 80 de 1993 que regulaban la materia: la Ley 24 de 1959. En relación a los convenios de
cooperación internacional desarrollados en esa norma sostuvo que "no son otra cosa que acuerdos especiales
en virtud de los cuales una entidad racional, internacional o extranjera, aporta bienes, servicios o recursos, sin
contraprestación económica a cargo del Estado, para el diseño o implementación de planes, programas o
proyectos de desarrollo. Al no ser contratos onerosos que tengan como contraprestación el pago de recursos
públicos, los convenios de cooperación suelen estar regulados por normas especiales que establecen
excepciones a las reglas de contratación administrativa e, incluso, a las normas tributarias o presupuestales".
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Rena. Sentencia C-239 del 29 de marzo de 2006.
10:3 Como es el caso de los convenios interadministrativos. Ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Sentencias del 7 de octubre de 2009. Rad. 25000-23-24-000-2000-00754-
01(35476), y del 23 de junio de 2010. Rad. 66001-23-31-000-1998-00261-01(17860). Sobre los convenios de
asociación, ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 3 de septiembre de
2009. Rad. 11001-03-06-000-2009-00039-00(1957)) Y, sobre los convenios de ciencia y tecnología, ver:
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 11 de febrero
de 2009. Rad. 25000-23-31-000-2000-13018-01(16653), entre otros instrumentos convencionales.

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Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

los recursos propios de la Nación, transferidos a partir del acuerdo de voluntades, con
el propósito central de conseguir los objetivos del Programa. Tales obligaciones no se
explicarían si se tratara de recursos propios de organismo internacional.

Luego, si la titularidad de los rendimientos financieros dependía directamente de que la
Nación fuera dueña del capital transferido, tal condición no podía predicarse de los
recursos que, en desenvolvimiento del mismo Programa, salían de su dominio y eran
conducidos a las entidades territoriales y entidades educativas que, a su vez,
ejecutaban las acciones del PNSE como, a modo de ejemplo, se hizo con el municipio
de Fusagasugá, convenio el núm. 11 de 2003 (aptdo. 4.10.2.2).

En otras palabras, los recursos que ya no eran de la Nación no podían generar
rendimientos financieros que pudieran serle devueltos, porque habían salido ya de su
órbita de dominio. En ello, debe tenerse en cuenta que el dominio que la Nación ejerce
sobre tales fondos —en asuntos como el presente, en el que el órgano internacional
ejecutor está únicamente a cargo de la administración de los recursos del convenio—
culmina con el pago efectivo de las obligaciones contraídas con terceros para la
ejecución de lo convenido, debido a que la transferencia del derecho de propiedad se
produce con la tradición, la cual supone la entrega de la cosa con el ánimo de transferir
el dominiol", sin que, en obligaciones dinerarias exista siquiera la obligación de
conservar la cosalos, por tratarse de obligaciones de génerow6.

5.3.2.6. Lo anterior puede corroborarse, mediante la integración del contenido del
Convenio con las fuentes jurídicas externas al acuerdo de voluntades. En ello, son
pertinentes las leyes anuales del presupuesto expedidas a lo largo de la vigencia de
aquel, vinculantes para las acciones del MEN como entidad ligada al Presupuesto
Nacional, y que el Centro aduce fueron violadas, empezando por el artículo 34 de la
Ley 848 de 2003, "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de
Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2004", la cual estaba en vigorl°7 cuando fueron suscritos los convenios
adicionales núm. 2 (aptado. 4.3.2) y siguientes, con los que fueron destinados recursos
al Convenio:

"Artículo 34. Los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación
deberán reintegrar, dentro del primer trimestre de 2004, a la Dirección General
del Tesoro Nacional, y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios,
los recursos originados en convenios con organismos internacionales que no
estén amparando compromisos u obligaciones, y que correspondan a
apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal 2002 y anteriores,
incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiado, y demás réditos
originados en aquellos, con el soporte correspondiente". (Destaca la Sala).

Según este primer precepto, que fijó el modo en que las entidades regidas por el
Presupuesto Nacional debían reintegrar a las arcas de la Nación los rendimientos
financieros generados por los recursos involucrados en convenios con organismos
internacionales:

(i) Se ordenaba a los órganos que conformaran el Presupuesto General de la
Nación que devolvieran a la Dirección Nacional del Tesoro los dineros
1°4 CÓDIGO CIVIL. "Artículo 740. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la
entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el
dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice 0e1 dominio se extiende a todos los
otros derechos reales".
105 CÓDIGO CIVIL. "Artículo 1605. La obligación de dar contiene la de entregar la cosa; y si ésta es una
especie o cuerpo cierto, contiene, además, la de conservarla hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios
al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir'.
108 CÓDIGO CIVIL. "Artículo 1565.0bligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente
un individuo de una clase o género determinado".
1°7 Publicado en el Diario Oficia núm. 45370 del 13 de noviembre de 2003.

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e.

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Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

transferidos a los organismos internacionales que no estuvieran "amparando
compromisos u obligaciones" (junto con sus rendimientos financieros y los
demás réditos que originaran), recursos todos pertenecientes a la Nación. Esto
y nada más disponía este precepto. Nada dijo sobre los rendimientos generados
por los recursos ya comprometidos y no desembolsados para honrar contratos
o subcontratos financiados con los recursos que causaron esos rendimientos.
Estos solo podían tener una de dos suertes: O se aplicaban a la atención de los
contratos y subcontratos que debían servirse con los recursos girados al
organismo internacional y comprometidos por éste en desarrollo del convenio, o
regresaban a su legítimo propietario, esto era, al Tesoro Nacional. De ninguna
manera estaban destinados a sumarse al patrimonio del organismo internacional
ejecutor del convenio, vale decir, para este caso, del CERLALC.

(ii) Eran los correspondientes a las "apropiaciones presupuestales de la vigencia
fiscal 2002 y anteriores", lo que no da lugar a una aplicación retroactiva de la ley
anual de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2004, sino que
hace parte del dimensionamiento del rendimiento financiero estimado
legalmente en dicho ejercicio anual como ingreso de la Nación, como renta de
capital (esporádica e indeterminada), que también cobijaba las apropiaciones
presupuestales hechas en años anteriores. Por ello, la norma también ordena
que el reintegro debía efectuarse dentro del "primer trimestre de 2004", porque
esos ingresos pertenecían a esa vigencia.

Cabe anotar que el impacto de esta norma en el Convenio sub judice no significó
la modificación del régimen jurídico sustancial que le atañe, valga decir, el
vigente al momento de la celebración del negocio. Era, más bien, un
complemento que precisaba el modo en que una obligación jurídica, acordada
expresamente por las partes, debía ser cumplida por el organismo y por la
entidad nacional.

La norma mencionada fue, tal como lo señaló el CERLALC (aptdo. 2.1.2), reproducida
sin grandes variaciones en las normas anuales del presupuesto que cobijaron la
vigencia del Convenio así:

Ley de Presupuesto Articulo
Lev 921 de 2004 "Por la cual se decreta el "Articulo 33. Los órganos que conforman el
Presupuesto de rentas y recursos de Presupuesto General de la Nación deben
capital y Ley de apropiaciones para la reintegrar, dentro del primer trimestre de
vigencia fiscal del lo de enero al 31 de 2005, a la Dirección General de Crédito
diciembre de 2005" Público y del Tesoro Nacional, y a sus
tesorerías cuando correspondan a recursos
propios, los recursos originados en
convenios con organismos internacionales
que no estén amparando compromisos u
obligaciones, y que correspondan a
apropiaciones presupuestales de la
vigencia fiscal 2003 y anteriores, incluidos
sus rendimientos financieros, diferencial
cambiario, y demás réditos originados en
aquellos, con el soporte correspondiente."
Ley 998 de 2005 "Por la cual se decreta el "Artículo 30. Los órganos que conforman el
Presupuesto de Rentas y Recursos de Presupuesto General de la Nación deben
Capital y la Ley de Apropiaciones para la reintegrar desde elprimer trimestre de 2006
vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de a la Dirección General de Crédito Público y
diciembre de 2006. del Tesoro Nacional, y a sus tesorerías
cuando correspondan a recursos propios,
los recursos originados en convenios con
organismos internacionales que no estén

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4
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Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

amparando compromisos u obligaciones y
que correspondan a apropiaciones
presupuestales de la vigencia fiscal 2004 y
anteriores incluidos sus rendimientos
financieros, diferencial cambiario, y demás
réditos originados en aquellos, con el
soporte corresbondiente."
Lev 1110 de 2006: "Por la cual se decreta "Artículo 30. Los órganos que conforman el
el Presupuesto de Rentas y Recursos de Presupuesto General de la Nación deben
Capital y la Ley de Apropiaciones para la reintegrar, dentro del primer trimestre de
vigencia fiscal del lo de enero al 31 de 2007, a la Dirección General de Crédito
diciembre de 2007" Público y del , Tesoro Nacional, y a sus
tesorerías cuando correspondan a recursos
propios, los recursos originados en
convenios con organismos internacionales
que no estén •amparando compromisos u
obligaciones y que correspondan a
apropiaciones• presupuestales de la
vigencia fiscal 2005 y anteriores, incluidos
sus rendimientos financieros, diferencial
cambiarlo, y demás réditos originados en
aquellos, con el soporte correspondiente."
Lev 1169 de 2007 "Por la cual se decreta el "Artículo 29. Los órganos que conforman el
Presupuesto de Rentas y Recursos de Presupuesto General de la Nación deben
Capital y Ley de Apropiaciones para la reintegrar, dentro del primer trimestre de
vigencia fiscal del lo de enero al 31 de 2008, a la Dirección General de Crédito
diciembre de 2008." Público y del' Tesoro Nacional, y a sus
tesorerías cuando correspondan a recursos
propios, los recursos de la Nación,
incluyendo los de contrapartida, originados
en convenios celebrados con organismos
internacionales que no estén amparando
compromisos u obligaciones y que
correspondan a apropiaciones
presupuestales de vigencias fiscales
anteriores, incluidos sus rendimientos
financieros, diferencial cambiario, y demás
réditos originados en aquellos, con el
soporte correspondiente."
Lev 1260 de 2008 "Por la cual se decreta el "Artículo 29. Los órganos que conforman el
Presupuesto de Rentas y Recursos de Presupuesto General de la Nación deben
Capital y Ley de Apropiaciones para la reintegrar, dentro del primer trimestre de
vigencia fiscal del lo de enero al 31 de 2009, a la Dirección General de Crédito
diciembre de 2009." Público y del Tesoro Nacional, y a sus
tesorerías cuando correspondan a recursos
propios, los recursos de la Nación,
incluyendo los de contrapartida, originados
en convenios celebrados con organismos
internacionales que no estén amparando
compromisos u obliqaciones y que
correspondan a apropiaciones
presupuestales de vigencias fiscales
anteriores, incluidos sus rendimientos
financieros, diferencial cambiario, y demás
réditos originados en aquellos, con el
soporte correspondiente."

5.3.2.7. Todo lo expuesto hasta este punto le permite tener a la Sala suficiente
ilustración sobre los alcances del Convenio y sus efectos jurídicos entre las partes, sin

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que una interpretación equivoca de las anteriores normas, como la propuesta por el
actor en este asunto, pueda hacerse prevalecer sobre la voluntad de las partes,
pretextando la buena fe.

Por esta razón, no resulta necesario acudir a otras alternativas hermenéuticas de
interpretación, como la hecha por comparación en otro contrato celebrado por las
mismas partesl". De cualquier manera, la prueba allegada por el demandante, esto es,
el acta de liquidación bilateral de otro negocio celebrado entre las partes (aptdo. 4.2.1)
resulta insuficiente como una referencia para interpretar la obligación de reintegro de
rendimientos, ya que no se cuenta con los antecedentes pertinentes —en particular, el
texto del convenio— para determinar cómo fue interpretado en ese negocio esa
específica obligación contractual.

5.3.3. Repercusiones de la interpretación del Convenio sobre la validez de los
actos de liquidación unilateral

Visto lo anterior, es claro para esta Colegiatura que el Tribunal omitió la labor
interpretativa del Convenio necesaria para resolver el asunto, al dejar de lado la
aplicación de las pautas hermenéuticas generales de los negocios jurídicos. Por el
contrario, enfiló su motivación en afirmar que las normas provenientes del Código Civil,
por derivarse del derecho privado, eran impertinentes para el juzgamiento de un asunto
en el que estaban comprometidos recursos públicos, sin ningún fundamento jurídico
sólido. Con todo, corresponde a la Colegiatura verificar si los cargos propuestos y aún
persistentes en esta instancia consiguen desvirtuar la presunción de legalidad de los
actos administrativos que liquidaron unilateralmente el Convenio:

5.3.3.1. Pues bien, los actos demandados, que lo son las resoluciones 6080 y 8856 de
2011, tuvieron como fundamento la última interpretación del MEN en relación con la
cláusula 2.2.44 que obligaba al CERLALC a restituir los rendimientos financieros
generados por los recursos que fueron objeto del Convenio.

Nótese que, a lo largo de la ejecución del Convenio, el MEN —basado en conceptos
jurídicos internos y externos— no tuvo dos sino tres interpretaciones diferentes de la
mencionada cláusula: De acuerdo con la primera interpretación, los rendimientos eran
aquellos que no se encontraran amparando compromisos u obligaciones, de
conformidad con las leyes anuales del presupuesto (aptados. 4.5 y 4.6); según la
segunda interpretación, la restitución involucraba los rendimientos generados por los
recursos que ampararon compromisos u obligaciones, "mientras se produjeron los
desembolsos correspondientes en cumplimiento de las obligaciones contractuales", es
decir, mientras conservaran el carácter de públicos y fueran de la Nación (aptdo. 4.8 a
4.8.2); y la tercera interpretación fue la expuesta en el informe final de interventoría, que
sirvió de sustento a los actos, en la que se afirmó que no hay distinción en la cláusula
sobre recursos comprometidos y "ociosos", por lo que debía devolverse "cualquier
rendimiento" (aptados. 4.10.1.2 y 4.10.1.3).

A juicio de la Sala, acorde con lo dilucidado a puntos 5.3.2.2. a 5.3.2.6 de esta
providencia, la interpretación válida de la cláusula convencional era la segunda, que
ataba la obligación de reintegrar al tesoro nacional los rendimientos financieros
generados por los recursos del Programa a que dichas sumas de dinero fueran de
propiedad de la Nación, cualidad que solamente se desvanecía al momento de pagar
las obligaciones contraídas con terceros, por virtud de subcontratos para la ejecución
de lo convenido, para materializar así los propósitos del PNSE.

11)a "ARTICULO 1622. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el
sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. //Podrán también intemretarse por las de otro contrato
entre las mismas nades y sobre la misma materia. // O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas
ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte" (subraya la Sala). Sobre esta herramienta
de interpretación, en la doctrina ver: PARRA HERRERA, Nicolás. "Temperamentos interpretativos.
Interpretación del contrato, la ley y le constitución». P ed. Legis. Bogotá D.C. 2018, p. 137-139.

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Radicado: 25000:23-36-000-2014-00136-01 (56294) „ir
Actor Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

5.3.3.2. Por este motivo, el CERLALC propuso una interpretación inválida de la
obligación de reintegro, a su cargo. Los rendimientos de los recursos comprometidos,
entendiendo por estos, aún los que habían egresado con ocasión del pago realizado
para honrar obligaciones con terceros, no eran ya de la Nación, pues habían salido de
su dominio, mediante su tradición a un tercero; pero, aquellos rendimientos causados,
que permanecieron en su órbita de dominio, bajo la administración del CERLALC,
debieron serle reintegrados a la Nación.

5.3.3.3. En este asunto, está demostrado que, en virtud del Convenio, el Centro sí tenía
obligaciones de manejo, inversión y administración de los recursos que le transfirió el
MEN, e igualmente que debía restituir los rendimientos financieros que hubieran
generado esos dineros en los términos que se han descrito a lo largo de esta
providencia. En ese sentido, las decisiones de liquidación unilateral podían, a partir de
la existencia y exigibilidad de la obligación del Convenio, establecer su grado de
cumplimiento, señalando si se honró totalmente ese compromiso o si, por el contrario,
su satisfacción fue parcial o hubo insatisfacción absoluta.

El MEN, habiendo constatado que CERLALC incurrió en un incumplimiento parcial,
estimó razonadamente la cuantía del dinero correspondiente a lo que estaba pendiente
de ser reintegrado, en dos mil setecientos ochenta y tres millones ciento ocho millones
ciento ocho mil ciento treinta y tres pesos con veintitrés centavos ($2.783.108.133,23).
El fundamento de esa cifra, que lo es el anexo 5.28 del informe de interventoría (aptdo.
4.10.2.3), se exhibe un cuadro con los guarismos pendientes de pago.

En procura de una sentencia declarativa de su cumplimiento total de la obligación de
reintegro, el CERLALC allegó copias de comprobantes de egreso y recibos de
consignación"9 que soportarían el pago de las sumas por este concepto. No obstante,
estos soportes son insuficientes para demostrar los elementos de la obligación, y así
establecer la suma exacta que arrojaría su cabal satisfacción. Tales documentos,
tampoco permiten develar si los dineros fijados por el MEN corresponden o no a los
dineros derivados de los rendimientos financieros de los recursos transferidos, de
acuerdo con la interpretación que esta Sala ha efectuado del Convenio. Se echan de
menos, entonces, elementos de convicción idóneos para precisar el cumplimiento de la
obligación de reintegro contenida en' el Convenio, que hubieran permitido desvirtuar la
cifra plasmada por el MEN, y de contera, la prueba del efectivo desembolso de dineros
producto de rendimientos por recursos comprometidos al momento definido por la
normativa legal y por el convenio, para su restitución al Tesoro Nacional.

En este escenario, a la Sala no le queda camino distinto que confirmar la sentencia
impugnada, con la consiguiente desestimación de las pretensiones de la demanda.

VI. LA CONDENA EN COSTAS

Conforme a lo considerado y resuelto por esta Corporación en auto de unificación del
25 de junio de 20141", el CGP entró a regir en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo desde el 1° de enero de 2014, fecha anterior a la presentación del recurso
(aptdo. 2.4), por lo que serán sus reglas las que rijan la condena en costas.

Según el CGP, la condena en costas procede contra la "la parte vencida en el proceso,
o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto" (CGP, artículo 365 núm. 1). Siguiendo
lo preceptuado en el artículo 366 nums. 3 y 4 del CGP, las agencias en derecho son
fijadas en este pronunciamiento, de conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-10554
del 5 de agosto de 2016, por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura fijó las
tarifas de las agencias en derecho (núm. 4), tomando además en consideración la

mg F. 496-775, c. 2.
11° Rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299).

40

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Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC)

naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada. Para la segunda instancia de los
procesos declarativos, dicha tarifa tiene como límites entre 1 y 6 salarios mínimos
mensuales legales vigentes (SMMLV). En vista de este marco normativo y tomando en
consideración que, en esta instancia, el MEN se limitó a reiterar sus argumentos de
cierre (aptado. 2.5), la Sala reconocerá la suma de 1 SMLMV para el MEN, por agencias
en derecho en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFÍRMESE la sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil quince
(2015), proferida en audiencia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDÉNESE a la parte demandante en costas de segunda instancia a
favor de la entidad pública demandada. Por Secretaría, liquídese según lo dispuesto en
el artículo 366 del CGP e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la presente
providencia, a favor de la Nación—Ministerio de Educación Nacional.

TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia
esté en firme.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase

NICOLÁS
Presidente RAb

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHE±SLUQUE
Magistrado agistrado
Salvo voto

41

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