RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-33-000-2012-00227-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2012-00227-02

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2012-00227-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila –Sala Cuarta de Decisión, por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: DECLARAR la caducidad de la acción judicial respecto de la demanda de reconvención formulada por la Universidad Surcolombiana. TERCERO: DENEGAR la totalidad de las pretensiones de la demanda presentada por el municipio de Neiva. CUARTO: NO CONDENAR en costas. QUINTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 41001-23-33-000-2012-00227-02

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

5 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

Temas: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – El término para presentar la demanda de reconvención
transcurre de forma independiente al del libelo del accionante principal, y no se beneficia de la
suspensión que haya efectuado este último en el trámite conciliatorio. / CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO – En contraste con el convenio, se caracteriza por ser un acuerdo de
voluntades suscrito entre entidades públicas en el que persiguen intereses contrapuestos y
existe un intercambio económico de bienes o servicios a cambio de una contraprestación. /
CONSIDERANDOS EN LOS CONTRATOS – Tienen por finalidad dar contexto al intérprete del
acuerdo sobre los motivos que antecedieron la celebración del negocio jurídico /
INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS – Debe auscultar la intención de los contratantes
más allá de la literalidad de las palabras e involucra un entendimiento conjunto y conveniente a
la ejecución de las prestaciones pactadas / SOLEMNIDAD EN LOS CONTRATOS ESTATALES
– Exigible tanto al contrato originario como a sus modificaciones posteriores /
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – Su declaración exige, además de ser pretendida
expresamente, la preexistencia de una o varias obligaciones originadas en el contrato que hayan
sido desconocidas por el deudor / PRETENSIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
ESTATAL – Solo es viable acceder a ella en tanto se hayan allegado los insumos suficientes
para elaborarla.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por ambos extremos
procesales en contra de la sentencia del 16 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila – Sala Cuarta de Decisión, que declaró el
incumplimiento de las partes, denegó las pretensiones de la demanda de
reconvención y liquidó judicialmente el mencionado negocio jurídico con un saldo
a favor del municipio.

SÍNTESIS DEL CASO

2. El municipio de Neiva y la Universidad Surcolombiana perfeccionaron un
acuerdo para que ésta realizara la interventoría sobre una serie de contratos
celebrados por la entidad territorial con las Empresas Públicas de Neiva E.S.P.
Esta última informó que, de las obras que había contratado, existían cuatro que
ya contaban con interventoría de un tercero. Invocando esa razón, el municipio
solicitó a la Universidad devolver los dineros correspondientes a las
interventorías no ejecutadas, y ante la negativa de la institución de educación
superior, presentó reclamación judicial. Por su parte, la accionada formuló
demanda de reconvención con la que pretendió el reconocimiento de los valores
adicionales en los que dijo incurrir por las prórrogas en las labores de vigilancia.

1

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

ANTECEDENTES

La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó

3. El 7 de diciembre de 2012, el municipio de Neiva (en lo sucedáneo, la entidad,
la Administración, el Municipio, la demandante principal o la demandada en
reconvención) formuló demanda1 de controversias contractuales, en contra de
la Universidad Surcolombiana (en adelante, la Universidad, el ente universitario,
el interventor, la USCO o la demandada principal), con el fin de obtener
pronunciamiento favorable respecto de las siguientes pretensiones (se
transcribe textualmente con posibles errores, imprecisiones, y negrillas
originales del escrito):

“1. Que se liquide judicialmente el Convenio Interadministrativo No. 111 de 2007
suscrito entre el Municipio de Neiva y la Universidad Surcolombiana conforme lo
establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.
2. Con base en lo anterior, que la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA proceda a
reembolsar o reintegrar al Municipio de Neiva la suma de MIL CIENTO
DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTICINCO
PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($1.119.333.025,52), junto con los
intereses que dicha suma llegare a generar, correspondientes a los valores girados
y no ejecutados por parte de la Universidad en desarrollo del Convenio
Interadministrativo.
3. Que se condene a la Universidad sur colombiana para que reconozca y pague en
calidad de perjuicios de orden material, el valor de los intereses moratorios a favor
del Municipio de Neiva, aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil
sobre el valor histórico actualizado, desde la fecha en que se solicitó la devolución
del dinero pagado en exceso, y hasta la fecha en que se produzca el pago final y
definitivo de la suma adeudada al municipio de Neiva.
4. Condénese a la Universidad Surcolombiana a pagar las sumas que sean
ordenadas, debidamente actualizadas de conformidad con los índices de
devaluación expedidos por el Banco de la República para los precios al consumidor
y los intereses de mora liquidados conforme lo dispuesto en la ley 80 de 1993,
liquidados desde el 17 de noviembre del año 2011 hasta el pago total y efectivo.
5. A la providencia que ponga fin al proceso se le dé cumplimiento en los términos
de los artículos 176 y 177 del C.C.A. Decreto 01 de 1.984, Artículo 298 ley 1437 de
2011
6. Que se condene a la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA al pago de costas y
gastos del proceso”.

4. De acuerdo con el relato de la demanda, el Municipio suscribió con la USCO el
“convenio interadministrativo” 111 del 27 de abril de 2007, cuyo objeto consistía
en la interventoría técnica de convenios celebrados entre la entidad territorial y
las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. (en adelante, EPN o las Empresas). En
el texto del negocio, se detallaron los 15 acuerdos de voluntades que serían
objeto de esa vigilancia, el plazo correspondiente y el valor de cada uno. El
término inicialmente pactado de vigencia del acuerdo fue de 18 meses, y el de
ejecución de 12 meses; posteriormente, los tiempos se aumentaron a 20 meses
de vigencia, y a 16 meses y tres días de ejecución, respectivamente. Enfatizó en

1En: índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo PDF “2021034161C”, en comprimido “PROCESO
ESCANEADO”, f. 6-23.

2

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

que el estudio de conveniencia y oportunidad estableció, dentro del cuadro de
ejecución presupuestal, como precio de la interventoría el cinco por ciento (5%)
del valor total de las obras a supervisar por parte de la Universidad, con lo cual
reclamó que esta última debería reintegrar “los dineros girados de más”.

5. Con posterioridad al inicio de la ejecución del negocio, las Empresas informaron
al municipio que el valor del acuerdo no correspondía a la suma proyectada,
porque ya existían cuatro2 “convenios [sic] que tienen interventoría por parte de
FONADE”. Por lo tanto, la Administración requirió a la Universidad el reintegro
de los recursos que no serían ejecutados mediante el convenio, por una suma
de mil ciento diecinueve millones trescientos treinta y tres mil veinticinco pesos
con cincuenta y dos centavos ($1.119.333.025,52) junto a los intereses legales
generados. Según el demandante, el ente universitario no había respondido a
sus exigencias.

6. En ese contexto, la entidad adujo que la demandada incumplió el “convenio” por
la “omisión de liquidar”, y por no devolver el dinero “pagado en exceso”.
Fundamentó sus pretensiones en los artículos 2, 6, 83 y 90 de la Constitución
Política; los artículos 50 y 51 de la Ley 80 de 1993; y el artículo 11 de la Ley
1150 de 2007.

Admisión y contestación de la demanda

7. Mediante decisión del 13 de febrero de 2013, el Tribunal admitió la demanda 3 y
ordenó notificar ese auto a la Universidad, al agente del Ministerio Público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

8. La demandada principal contestó4 el escrito del Municipio, oponiéndose a todas
las pretensiones formuladas por la entidad. Planteó las excepciones de “cobro
de lo no debido”, de incumplimiento de su contraparte y de desequilibrio
económico en contra de la USCO. La primera de las defensas la sustentó en que
el valor de la interventoría no fue fijo sino variable, de acuerdo con los tiempos
trabajados, los sueldos y los costos vigentes, por lo que el monto de la vigilancia
a 64 contratos de obra durante 38 meses correspondió a un total de
$4.121’159.834,83. Por otro lado, en relación con el incumplimiento, aseguró que
el Municipio modificó unilateralmente lo pactado, eliminando el “36,26% del
objeto”. Por último, adujo haber padecido un desbalance financiero, conocido
por la Administración, por la mayor permanencia en las obras ocasionada porque
el plazo de ejecución pasó de 12 a 38 meses. En ese sentido, expresó que el
otrosí del 24 de octubre de 2007 no alteró el valor ni la forma de pago fijada en
la propuesta previa a la celebración del “convenio” sino que únicamente varió el
“plazo contractual para evitar que este pasara de vigencia”. Así, aseguró que:

2 En el hecho núm. 13 de la demanda se lee: “Según las Empresas Públicas de Neiva E.P.S. S.A. [sic] los

contratos que tienen interventoría directa de Fonade son: Construcción VI fase Colector Comuna 10 (valor
$4.099.000.000), Instalación y/o reparación de hidrantes (valor $500.000.000), Instalación y/o reparación de
válvulas y ventosas (valor $240.000.000), Construcción del pondaje [sic] poco a poco (valor $10.000.000.000),
obras que sumaban en su totalidad $14.839.000.000”.
3 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo PDF “2021034162”, en carpeta comprimida “PROCESO

ESCANEADO”, f. 15-16.
4 Ibid. f. 66-91.

3

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

“Es claro que el texto de dicho otro sí [sic] no modificó las cláusulas tercera y cuarta
del convenio (valor y forma de pago). Si bien es cierto, en uno de los considerandos
se expresa que el pago del presente convenio es de obra y no por duración, también
lo es que dicho comentario al margen no se materializó en un cambio de la
estructura de costos anterior, ni en una modificación expresa a las cláusulas del
acuerdo inicial. Se trata de un dicho al paso, un obvio error de transcripción cometido
por el Municipio al momento de redactarlo, tal como lo demuestran los demás
documentos contractuales, las reglas de interpretación de los contratos y la sana
lógica”.

Demanda de reconvención

9. El 27 de junio de 2013, la Universidad presentó demanda de reconvención5, en
la que formuló las siguientes pretensiones (se transcribe textualmente con
posibles errores, imprecisiones, y negrillas originales del escrito):

“PRIMERA. Que se declare el incumplimiento por parte del MUNICIPIO […]
representado por su Alcalde Municipal […] o por quien haga sus veces, respecto de
las obligaciones contractuales contenidas en el Convenio Interadministrativo
Número 111 del dos mil siete (2007), con ocasión a la modificación unilateral e
inconsulta del Objeto del Convenio.
SEGUNDA. Que se declare el incumplimiento por parte del MUNICIPIO […] por
efecto de la extensión del plazo del convenio, en treinta y ocho (38) meses, que no
han sido reconocidos, ni pagados por el ente territorial a la Universidad […].
TERCERA. Que se ordene y realice la liquidación judicial del convenio
interadministrativo número 111 del año dos mil siete (2007), celebrado entre el
MUNICIPIO […] y la UNIVERSIDAD […], toda vez que la UNIVERSIDAD […]
cumplió a cabalidad con sus obligaciones y el ente territorial adeuda los dineros que
por concepto de liquidación le corresponde en el presente asunto.
CUARTA. Que se ordene al MUNICIPIO […] el pago de las sumas de dineros
liquidadas por vías judiciales, teniendo en cuenta las sentencias del Honorable
Consejo de Estado, debiendo estas sumas, ser actualizadas bajo los parámetros de
la ley y la jurisprudencia, así:
a. Por la suma MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES
NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS de M/CTE
($1.924.915.834.85) Indexados o actualizados a la fecha en que se haga
efectivo el pago y desde el treinta (30) de diciembre del año dos mil once
(2010), fecha en la cual se Suscribió el acta de recibo final del último contrato
supervisado por la Universidad, Contrato No. 067 de 2009 realizado entre
las Empresas Públicas de Neiva y el Consorcio COLECTOR SEPTIMA
FASE 2009.
b. Que se condene al MUNICIPIO […], para que se reconozca y pague en
calidad de perjuicios de orden material, el valor de los intereses moratorios
a favor de la UNIVERSIDAD […], a la tasa equivalente al doble del interés
legal civil, sobre el valor histórico, el treinta (30) de diciembre del año dos mil
once (2010) y hasta que se produzca el pago total de la obligación por parte
del Municipio.
c. Como efecto de las condenas anteriores que ponen fin al proceso, de la
presente demanda de reconvención que se dé cumplimiento lo establecido
en el artículo 298 de la ley 1437 de 2011, actual código de procedimiento
Administrativo y de lo contencioso Administrativo.

5 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo PDF “2021034173”, en carpeta comprimida “PROCESO

ESCANEADO”, f. 7-26.

4

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

d. Que se condene en costas y gastos al MUNICIPIO […]”

10. Para sustentar sus súplicas, la USCO reiteró los argumentos expuestos para
contestar la demanda al asegurar que, según su propuesta, la interventoría
contemplaba una fórmula de pago que estimaba los «recursos humanos por mes
calendario “(Hombre – Mes)”», por lo que dicho método consideraba “el valor del
personal más los gastos directos e indirectos de manera mensual, previendo que
la Interventoría se ejecutaría en un máximo de doce (12) meses”. Sin embargo,
el negocio jurídico se ejecutó en 38 meses, implicando para la Universidad “una
mayor inversión técnica, económica y de personal” que provocó un “desequilibrio
económico” en su contra de $1.921.915.834,85, “suma resultante del valor
inicialmente pactado y lo que realmente costó la supervisión por el lapso
mencionado”. Además, señaló que el Municipio excluyó la interventoría de cuatro
obras porque dicha labor fue otorgada a otra entidad, modificando
unilateralmente el “convenio” por una suma total de $14.839.000.000.

11. El Tribunal admitió la demanda de reconvención mediante auto del 11 de abril
de 20146.

12. El Municipio contestó el libelo presentado en su contra7, y se opuso a sus
pretensiones cuestionando las afirmaciones allí plasmadas. Expresó que la
interventoría no duró el tiempo señalado por su contraparte, sino que estuvo
suspendida por circunstancias propias del desarrollo y ejecución de lo pactado,
y dicha situación no implicaba la ejecución del “convenio”, y que las prórrogas
fueron pactadas de mutuo acuerdo. Aseveró que el “pago de las labores
adelantadas se haría por obra realizada y no por el tiempo de duración de la
obra”8. Argumentó que fue EPN la encargada de indicar que existían obras cuya
interventoría era de FONADE. Negó haber desconocido lo pactado, ejercido
alguna facultad unilateral u ocasionado el desequilibrio de la demandante en
reconvención.

Sentencia de primera instancia

13. Mediante fallo del 16 de julio de 20249, el Tribunal Administrativo del Huila
decidió lo siguiente (se transcribe textualmente la parte resolutiva del fallo, con
negrillas y posibles errores e imprecisiones):
“PRIMERO. Declarar que el municipio de Neiva y la Universidad Surcolombiana
incumplieron parcialmente el convenio interadministrativo 111 de 2007.
SEGUNDO. - Declarar liquidado el convenio interadministrativo 111 de 2007
celebrado entre el municipio de Neiva y la Universidad Surcolombiana; en los
términos ya descritos.
En tal virtud, ordenar a la Universidad Surcolombiana restituir al municipio de Neiva
la suma de $1.244.615.927.
TERCERO. Denegar las demás súplicas de la demanda.
CUARTO. Denegar las súplicas de la demanda de reconvención.

6 Ibid. f. 59-60.
7 Ibid. f. 72-80.
8 Negrilla y subraya original de la contestación a la demanda de reconvención.
9 Índice SAMAI primera instancia, núm. 160.

5

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

QUINTO. Sin condena en costas”.

14. Para el a quo, el acuerdo de voluntades correspondió a un convenio
interadministrativo, regulado por el artículo 95 de la Ley 489 de 1998.

15. El Tribunal recalcó que, en el “numeral 5º de las consideraciones” del otrosí del
24 de octubre de 2007, las partes modificaron la forma de pago, en “el sentido
de precisar que el mismo es por obra realizada y no por su duración”. Según el
fallo, esta variación “se acompasa con la naturaleza de esta clase de convenios
y no merece reproche alguno”.

16. En la sentencia se destacó que, de modo idéntico a la forma de pago, las
múltiples ampliaciones del plazo convencional fueron consensuadas sin
reservas por las partes. Por lo tanto, desechó la alegación del desequilibrio
financiero expresada por la Universidad, en tanto “de manera libre y voluntaria
prohijó y participó en las reformas que se introdujeron al convenio”, y asintió
expresamente a precisar que tales prórrogas no generaban un mayor valor al
acuerdo de voluntades.

17. Agregó que el dictamen pericial allegado por la USCO como prueba de los
mayores valores no tuvo en cuenta las cláusulas reformadas porque así lo indicó
el perito en su sustentación, y en tanto “se limitó a proyectar los costos directos
de personal durante 38 meses”. Asimismo, señaló que este elemento probatorio
ignoró que no hubo interventoría sobre los cuatro negocios que ya tenían dicho
control.

18. Con todo, el Tribunal encontró, por un lado, que “el municipio no honró el
compromiso de efectuar el tercer y último pago” al que se comprometió,
equivalente a $102.312.158,65, al recalcar que el mismo “brilla por su ausencia
(sic)”. Por otro, en contraste con lo anterior, dedujo que el Municipio reconoció
la interventoría sobre los mencionados cuatro (4) negocios jurídicos, que se le
“pagó a la universidad sin prestar el servicio”, cuyo monto calculó tomando el 5%
del valor de cada una de dichas obras. Con ello, adujo que, en “aras de
garantizar la equivalencia de prestaciones y evitar un enriquecimiento sin causa”,
ordenó a la USCO reintegrar la suma de $639.637.841,35, resultante de la
diferencia entre el valor no ejecutado ($741.950.000, esto es, el referido 5%
sobre el valor de las cuatro obras) y el último instalamento adeudado.
Finalmente, sobre dicha suma se efectuó la actualización a la fecha del fallo, que
fue calculada en la cifra contenida en el numeral segundo de la parte resolutiva
($1.244.615.927).

Recursos de apelación

19. Ambas partes impugnaron el fallo de primera instancia.

20. El Municipio10 solicitó revocar parcialmente la sentencia porque incurrió en un
“error en la valoración integral en la prueba”, al descontar la suma relacionada

10 Índice SAMAI primera instancia, núm. 170.

6

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

en la decisión. Para este apelante: (i) el Tribunal no consideró que “el valor de
las obras contratadas” por las Empresas no correspondían exactamente a lo
proyectado inicialmente, de manera que debían tomarse en cuenta los montos
reales de tales contratos y, sobre dicho valor, calcular el 5% correspondiente al
último pago11; (ii) la decisión también es equívoca porque el Municipio ya había
“girado más del 95% del valor total de los aportes pactados, y por tanto, más del
100% de lo realmente ejecutado”; y (iii) agregó que, en caso de mantener la
postura de descontar el mencionado porcentaje, no hubo incumplimiento, porque
la entidad no estaba obligada a realizar ese último pago, en tanto era “necesario
que la Universidad […] presentara suscripción del acta de terminación del
convenio y entrega del informe final avalado por el supervisor del municipio […]
y además, conforme la justa reclamación del Municipio, lo ejecutado versus lo
pagado, se superaba con creces”.

21. Por su parte, la Universidad12 pidió la revocación del fallo de primer grado y, en
su lugar, suplicó que esta Corporación acceda a sus planteamientos y
pretensiones, “tanto en la contestación de la demanda, como en la demanda de
reconvención”, al sostener que: (i) “disiente de las consideraciones sobre el
petitum de la demanda, de la demanda de reconvención y la fijación del litigio”,
bajo el argumento de que la demandante principal no pidió declarar el
incumplimiento de la USCO, pese a lo cual así se declaró parcialmente en la
sentencia13; (ii) se probó que, de acuerdo con su oferta, el contrato se
desarrollaría tomando “el valor del personal más los gastos directos e indirectos
de manera mensual” previendo una duración de 12 meses que generó
sobrecostos por extenderse a 38 meses14; (iii) fue acreditada la incidencia de un
sujeto separado al negocio jurídico (EPN) en las decisiones unilaterales de la
Administración, al informarle al Municipio -no así a la Universidad- que en cuatro
de los contratos objeto de interventoría esta había sido encargada al Fondo

11 El recurso expuso lo siguiente (se reproduce textualmente con posibles errores e imprecisiones, y negrillas

originales): “conforme la relación de contratos de obra ejecutados firmada por la supervisora del convenio 111
de 2007, prueba que no fue objetada por la demandada, y en todo caso, corroborada por los diferentes informes
aportados por la Universidad Surcolombiana, dan fe de una ejecución de obras sobre las cuales se ejecutó la
interventoría por parte de la demandada y en virtud del convenio ya referido, equivalente a un valor ejecutado
de $ 21.891.959.766, por lo que, el 5% como factor para calcular el costo de la interventoría sería la suma de $
1.094.597.988. Entretanto, la suma pagada por el municipio de Neiva y probado en el proceso, además de no
haberse controvertido por las partes, por el contrario existir acuerdo, equivale a la suma de $ 1.943.931.014 del
contrato inicial más $ 270.000.0000 de la adición firmada el día 19 de diciembre de 2007, y que se pagó una
vez firmado el mismo, como consta en el respectivo documento suscrito por las partes. // Corolario de lo
expuesto resulta, que si el municipio de Neiva, pago un mayor valor a lo realmente ejecutado en razón a la
forma de pago pactada, para lograr la suma exacta a devolver el A quo debió realizar la siguiente operación:
Valor pagado al USCO: $ 1.943.931.014 Valor ejecutado: $ 1.094.597.988 Valor a devolver: $ 849.333.026”
(Negrillas originales del recurso).
12 Ibid. núm. 169.
13 En el recurso, se advirtió que en ningún momento se “solicitó la declaratoria del incumplimiento del Convenio

111 del 2007 por parte de la universidad Surcolombiana, aspecto no contemplado en la fijación del litigio, pero
sí considerado en resuelto en la sentencia que nos ocupa”.
14 Para el efecto, aseguró que la suma total de la interventoría efectuada a los “64 contratos de obra por el

término de 38 meses” que duró la ejecución del convenio correspondió a “$4.121.159.834.83”. Propone, como
ejemplo, que “en relación con el Ingeniero Residente que inicialmente fue contratado por la Universidad
Surcolombiana por doce meses tenía un costo inicial de $63.000.000,00, pero al ejecutar su actividad por 34
meses, el costo real de dicho profesional fue de $199.500.000,00, similar ejercicio debe realizarse con todos los
demás profesionales, así como los costos indirectos (equipos, gastos administrativos, etc.) […] Nuevamente
remitiéndonos al presupuesto de la propuesta relacionado en el Anexo No. 02 "Estructura de costos" en el ítem
"costos alquiler de equipos" se proyecta el alquiler del equipo de topografía por un valor mensual de $ 3.000.000
para un total de $ 36.000.000 por los doce meses de duración inicial del convenio. No obstante lo anterior [sic]
dicho costo debe ajustarse por el total de 38 meses totales de ejecución del convenio, resultando un valor de
$114.000.000, sin que el municipio haya efectuado reconocimiento en tal sentido”.

7

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

Nacional de Desarrollo (FONADE), con lo cual reprochó al Tribunal que en su
sentencia “valide las modificaciones que las cláusulas del convenio
interadministrativo so pretexto de mesas de trabajo con el supervisor del
convenio” y que las consideraciones del fallo “justifican las decisiones
unilaterales del municipio de Neiva, en contravía de los derechos económicos
contractuales de la Universidad”; (iv) su contraparte abusó de su posición
dominante, puesto que modificó unilateralmente el contrato al excluir la
interventoría sobre esos trabajos pese a no contar con dicha facultad, y generó
el desequilibrio económico en contra del ente universitario; (v) la Administración
contrató “de manera concomitante, simultánea y en detrimento” del patrimonio
municipal otras interventorías para vigilar los proyectos y obras objeto del
convenio; (vi) el otrosí del 24 de octubre de 2007 no alteró la forma de pago, y
enfatizó que, desde la oferta económica de la Universidad, ésta indicó que el
precio propuesto sería apenas estimativo para efectos fiscales, pero que el valor
de la interventoría siempre fue estructurado sobre el tiempo de duración; y (vii)
cuestionó el fallo por haber incurrido en incongruencia, al haber declarado
parcialmente el incumplimiento de la USCO, pese a que el municipio no elevó tal
pedimento en su demanda.

Trámite relevante en segunda instancia

22. Con auto del 7 de noviembre de 2024, el Despacho ponente admitió los recursos
de apelación15. En este estadio procesal, las partes no se pronunciaron.

23. El agente del Ministerio Público presentó concepto16 en el que solicitó la
modificación de la sentencia de primer grado, “en cuanto a CONFIRMAR la
liquidación judicial del convenio No. 111 de 2007 […] en los mismos términos del
fallo impugnado, pero REVOCAR la declaratoria de incumplimiento parcial de
las partes”. Como fundamento, argumentó que: (i) no existió una modificación
del convenio sino “una fuerza mayor que impidió que se ejecutara totalmente el
objeto contractual del mismo”, toda vez que la circunstancia informada por EPN
sobre los cuatro contratos que ya tenían interventoría contratada fue un “hecho
imprevisible e irresistible” que hizo imposible la ejecución de una doble
interventoría, circunstancia prohibida por la ley y que implicaría un detrimento
patrimonial, por lo que no hubo ninguna infracción convencional de la USCO ni
del Municipio por tratarse de obligaciones de imposible cumplimiento; (ii) el otrosí
del 24 de octubre de 2007 estableció que el pago era por obra ejecutada y no
por duración, y este pacto fue aceptado y justificado previamente por la propia
Universidad, de manera que no hay lugar al restablecimiento del equilibrio
económico solicitado por el ente universitario; y (iii) el Tribunal acertó en ordenar
la devolución de la suma dejada de ejecutar, descontando el porcentaje
correspondiente al último pago17.

15 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 4.
16 Ibid. núm. 13.
17 Sobre este tema, en el concepto se indicó lo siguiente (se transcribe textualmente con posibles errores e

imprecisiones): “Frente a la inconformidad del MUNICIPIO […] por el monto de dinero a reintegrar por la no
ejecución de la interventoría en los cuatro contratos relacionados en este concepto, sea lo primero indicar, que
se comparte la posición del A Quo relacionada con ordenar su devolución, pues fueron dichas sumas de dinero
las trasferidas por el MUNICIPIO […] a la UNIVERSIDAD SUR COLOMBIANA, en desarrollo del convenio, en
virtud de la forma de pago inicialmente pacta en la cláusula cuarta del convenio”.

8

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

CONSIDERACIONES

24. Al no advertir causal de nulidad que invalide lo actuado, esta Subsección
advierte que la demanda principal promovida por el municipio reunió la totalidad
de los presupuestos procesales, a saber, jurisdicción, competencia, oportunidad,
legitimación por activa y por pasiva, y de demanda en forma. Empero, encuentra
que la demanda de reconvención no satisface la exigencia de presentación en
tiempo, por lo que efectuará el respectivo análisis de forma oficiosa.

Caducidad de la acción judicial de la demandante en reconvención

25. De conformidad con lo preceptuado por el artículo 177 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011 – CPACA), el demandado cuenta con la alternativa de formular, dentro del
término del traslado de la admisión de la demanda, sus propias pretensiones en
contra de quien o quienes fungen como demandantes principales, siempre y
cuando el juez de la causa principal tenga competencia para tramitar igualmente
sus reclamos y éstos no estén sometidos a un trámite especial.

26. Mediante esta posibilidad, la parte pasiva del proceso ejerce su propio derecho
de acción de forma independiente respecto de quien obra como promotor
principal, razón por la cual representa una controversia diferente de la original.
En ese sentido, la demanda de reconvención debe satisfacer todos los requisitos
exigibles a este acto procesal18, entre los cuales se encuentra la formulación
dentro del término de caducidad de la acción.

27. Ahora, si bien es cierto que, por las características mismas de la demanda de
reconvención, la jurisprudencia no exige el agotamiento previo de la conciliación
extrajudicial para su presentación19, no lo es menos que el cómputo del plazo
para acudir a la jurisdicción es autónomo, razón por la cual la presentación de la
demanda principal no incide en su contrapuesta20.

28. Así, al ser independiente el cumplimiento de este presupuesto, el término para
la presentación oportuna de la demanda de reconvención puede transcurrir de
manera paralela, pero no común, al de la reclamación principal. En tal sentido,
si el trámite conciliatorio sobre esta no tuvo como objeto el debate de las
pretensiones planteadas por el contrademandante en sede judicial, no podría
extenderse la pausa en el conteo en beneficio del actor principal al extremo que
promueve la reconvención.

18 “… dada la naturaleza autónoma de la demanda de reconvención, para su admisión se deberán verificar los
siguientes requisitos formales: i) que haya sido propuesta dentro del término de traslado de la demanda o de su
reforma; ii) que el juez sea competente para tramitar la demanda principal y la de reconvención; iii) que el
procedimiento sea idéntico, es decir, que la reconvención no se tenga que surtir mediante un procedimiento
especial o diferente al proceso primigenio y, iv) que se haya interpuesto dentro del término de caducidad.”:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Auto del 28 de
febrero de 2019. Rad. 25000-23-36-000-2017-01143-01(61011). C.P. María Adriana Marín.
19 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Auto del 25

de octubre de 2019. Rad. 08001-23-33-001-2015-00147-01(62581). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
20 Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Auto del

14 de agosto de 2013. Rad. 25000-23-26-000-2009-01045-01(45191). C.P. Hernán Andrade Rincón; y
Subsección B. Auto del 5 de mayo de 2020. Rad. 25000-23-36-000-2018-00354-01(64281). C.P. Ramiro Pazos
Guerrero.

9

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

29. A partir de estas premisas, la Sala encuentra que el acuerdo de voluntades
examinado comenzó el 12 de junio de 2007 (según acta de inicio). Conforme a
la cláusula quinta, modificada por última vez mediante “CONTRATO ADICIONAL
EN PLAZO No. 5”21, el plazo de ejecución era de 38 meses22, el cual se
suspendió entre el 8 de abril y el 9 de julio de 2010, con lo cual culminó el 13 de
noviembre de 2010. La cláusula décima segunda previó que la liquidación
bilateral se efectuaría dentro de los “cuatro meses siguientes al vencimiento del
término del presente convenio”, de manera que la última fecha señalada debe
tomarse como hito para ello.

30. Por sus características, el negocio analizado es uno de aquellos que, según el
artículo 60 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
(EGCAP), debe ser objeto de liquidación. Contrario a lo concluido por el a quo,
el acuerdo de voluntades no corresponde a un convenio interadministrativo en
los términos del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, sino que se trata de un
verdadero contrato suscrito entre dos entidades públicas, en síntesis, porque (i)
con su objeto no se persiguió satisfacer una necesidad común a ambas, sino
que la Universidad prestó su colaboración para efectuar la interventoría de unas
obras de saneamiento propias del municipio; (ii) los compromisos asumidos por
las partes no dan cuenta de actividades conjuntas en procura de un proyecto
común, sino de obligaciones recíprocas en las que existía una remuneración a
cargo de la entidad y en favor de la USCO, actuando así bajo intereses disímiles
(las partes, inclusive, pactaron un anticipo); y (iii) la suma que se afirma aportada
por el ente universitario no es contradictoria con la naturaleza contractual del
negocio, y atañía a gastos propios de dicha institución, más otros conceptos no
relacionados directamente con la ejecución del objeto, además de ser un valor
desproporcionado en comparación con el que debía desembolsar la entidad
territorial.

31. Al tratarse, entonces, de un contrato interadministrativo, regido por el EGCAP
(por ser la normativa que regula la generalidad de los contratos que celebra el
municipio), el mismo debía ser liquidado conforme a las reglas del artículo 11 de
la Ley 1150 de 2007, esto es, “de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los
pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes
para el efecto”, o, de no efectuarse en ese lapso, de manera unilateral por la
entidad “dentro de los dos (2) meses siguientes”. Conforme a lo expuesto, el
lapso de liquidación bilateral transcurrió hasta el 14 de marzo de 2011, y el de
liquidación unilateral concluyó el 15 de mayo de 2011. Con ello, el bienio para la
presentación oportuna de la demanda, según el apartado v) del artículo 164.2
del CPACA23, concluyó el 16 de mayo de 2013. Así, la demanda de
reconvención, formulada el 27 de junio de 2013, fue extemporánea.

21 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo PDF “ 2021034161C”, en carpeta comprimida “PROCESO

ESCANEADO”, f. 53-55.
22 Según el “CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO No. 5” del 9 de febrero de 2010.
23 “En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así: (…) v) En los que requieran de

liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una
vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo
bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la
expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga”.

10

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

32. Ahora bien, la anterior conclusión, se insiste, no se ve desestimada por el hecho
de que la demandante principal haya suspendido el término de caducidad de su
acción con la presentación de su solicitud de conciliación prejudicial, lo que
ocurrió el 25 de octubre de 2012. Según el acta del 3 de diciembre del mismo
año, expedida por el Procurador 153 Judicial II Administrativo de Neiva 24, el
trámite, que fue declarado fallido, versó únicamente sobre las pretensiones que
formuló la entidad territorial, esto es, la liquidación del “convenio” y el reembolso
de los “valores girados y no ejecutados por parte de la Universidad”, actualizados
a la fecha del pago de esas sumas. Dada la ausencia de identidad entre las
pretensiones de uno y otro libelo, la suspensión predicada del acercamiento
conciliatorio no puede cobijar el cómputo de la acción que ejerció la USCO como
demandante en reconvención.

33. Así las cosas, a diferencia de la actora principal, para la fecha en que planteó
sus propias pretensiones dentro del presente trámite, el derecho de acción del
ente universitario había fenecido. De esta manera, la Sala deberá declarar la
caducidad por la presentación inoportuna de la demanda de reconvención.

Objeto de los recursos de apelación y problemas jurídicos por resolver

34. A partir de lo anterior, a la Sala le corresponde pronunciarse sobre los reparos
específicos presentados en contra de la sentencia de primer grado, los cuales,
por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la
controversia25. Como la demanda de reconvención instaurada por la Universidad
fue extemporánea, de este análisis deberán excluirse los reproches fundados en
las reclamaciones de dicho libelo, a fin de circunscribir la discusión a lo
reclamado desde el escrito inicial y su contestación. Es decir, que el
incumplimiento del Municipio por la “modificación unilateral e inconsulta del
Objeto” y por la “extensión del plazo”, y el reconocimiento de sumas de dinero
solicitado por este extremo procesal como saldo a favor en la liquidación judicial
y como condena en contra de su adversaria no darán lugar a pronunciamiento
alguno.

35. Con todo, es necesario aclarar que los argumentos esgrimidos respecto a las
modificaciones unilaterales a la forma de pago y al alcance de lo pactado no
pertenecieron solamente a la contrademanda, sino que también formaron parte
de los fundamentos que soportaron las excepciones en contra de la pretensión
de reembolso planteada por la entidad territorial26, que fueron retomados en el
recurso de alzada27 como reproches concretos a la motivación de la sentencia
del Tribunal, que comprendió reformada la forma de pago por medio del otrosí
del 24 de octubre de 200728 y justificó la devolución de lo pactado porque se

24 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo PDF “2021034162”, en carpeta comprimida “PROCESO

ESCANEADO”, f. 5.
25 Salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa, en virtud de lo establecido en el artículo

328 del CGP.
26 Vid. Supra. Párr. 8.
27 Vid. Supra. Párr. 21.
28 Vid. Supra. Párr. 15.

11

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

dejaron de ejecutar labores de interventoría sobre cuatro (4) obras, lo que en
sede de apelación fue considerado por el ente universitario como otra variación
adoptada por el municipio. Es, en virtud de estas censuras planteadas por la
Universidad, que se realizará el análisis correspondiente.

36. Por lo tanto, esta Sala abordará los siguientes interrogantes:

37. ¿Incurrió el Tribunal en un vicio de incongruencia, al haber declarado el
incumplimiento parcial por parte de la Universidad, pese a que ello no fue
solicitado en la demanda del municipio?

38. ¿Desacertó el a quo al condenar a la Universidad a devolver la suma
correspondiente a los cuatro contratos cuya interventoría fue asumida por un
tercero ajeno al negocio jurídico, por considerar que se modificó la forma de pago
mediante el otrosí del 24 de octubre de 2007, y se varió el alcance de las
prestaciones pactadas extrayendo cuatro (4) contratos de la interventoría que
ejercería el ente universitario?

39. ¿Fue equívoco el cálculo realizado por el a quo frente al valor que la Universidad,
según el fallo de primera instancia, debió reintegrar al municipio? En concreto,
¿desconoció el a quo que el valor de las interventorías no ejecutadas debía
calcularse sobre el valor real al cual ascendieron las obras que finalmente fueron
excluidas?

40. En tal caso, ¿debía descontarse el monto equivalente al 5% del valor total
concertado y ejecutado?

41. ¿Erró el Tribunal al declarar el incumplimiento parcial del contrato por parte del
municipio?

Análisis del avance del proceso contractual y de las modificaciones
efectuadas por las partes

42. Previo a abordar los motivos de reproche elevados por los sujetos apelantes, es
necesario analizar los cambios introducidos por las partes al acuerdo original,
para determinar si estos incidieron en la forma de pago y en el alcance del objeto
estipulado y, de esa forma, permitir el estudio del cálculo reprochado al tribunal
de primera instancia.

43. Se recapitula que las partes suscribieron el llamado “CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 111 DE 2007 […] PARA INTERVENTORÍA
TÉCNICA A LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON REGALÍAS DEL 2007”29,
perfeccionado el 27 de abril de 2007. Las consideraciones plasmadas en el
instrumento señalaron, entre otras circunstancias, que: (i) el Municipio invirtió los
recursos de regalías en obras de mejoramiento de las redes de acueducto y
alcantarillado en su zona urbana; (ii) para adelantar estas labores, la entidad

29 En: índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo PDF “2021034161C”, en carpeta comprimida
“PROCESO ESCANEADO”, f. 36-42.

12

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

celebró 15 convenios interadministrativos de obra con EPN por una suma de
$2.046.243.173, cuya interventoría técnica debía realizarse en “forma
simultánea a la ejecución del convenio”; (iii) la USCO, a través de su facultad de
Ingeniería, tenía dentro de su misión institucional “la vinculación al desarrollo
regional de sus egresados y profesores con el aporte de sus conocimientos al
beneficio de la comunidad en especial la Neivana”; y (iv) la Administración
efectuó una invitación al ente universitario, con ocasión de la cual éste presentó
una propuesta en la que “anexa la suma de $150.000.827,00 para cofinanciar el
presente convenio, representados en el diseño de la propuesta técnica,
operativa y económica; estudio y revisión del proyecto, equipos de oficina,
servicios públicos básicos, servicios de comunicaciones, aseo, mantenimiento,
apoyo logístico, Ciencia y tecnología y el Good Will de la Universidad”.

44. El objeto estipulado en la cláusula primera consistió en que: “La UNIVERSIDAD
[…] se compromete para con EL MUNICIPIO a realizar la Interventoría Técnica
de Proyectos financiados con Regalías del 2007 a los [quince] convenios
celebrados entre el Municipio […] y Empresas […] suscritos en la vigencia
fiscal 2007”30, y que hacían parte de “los programas de saneamiento básico,
acueducto, alcantarillado y de obra pública de conformidad con la propuesta
técnica, económica, financiera y los estudios previos aprobados, los cuales
forman parte integral del convenio”.

45. Al señalado negocio antecedió un “ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA”31,
confeccionado por el Departamento Administrativo de Planeación del municipio,
en el que se detallaron los contratos de obra que requerían de interventoría. En
concordancia con ese instrumento, en la cláusula primera del acuerdo se
relacionaron los negocios que serían vigilados por la USCO, dentro de los cuales
se enlistaron los de “Construcción VI fase Colector comuna 10”, por valor de
“$4.099.000.000”; “Instalación y/o reposición de hidrates [sic] en una suma de
“$500.000.000”; “Instalación y/o reparación válvulas y ventosas” en un monto de
“$240.000.000”; y la “Construcción del pondaje poco a poco” por “$
10.000.000.000”. Al finalizar el recuadro incluido en el texto, se indicó lo
siguiente:
VALOR TOTAL DE $40.924.863.460 12 meses
LAS OBRAS
VALOR DE 0,0500 $2.046.243.173
INTERVENTORÍA

46. En la cláusula segunda se relacionaron las obligaciones de los entes que
suscribieron el acuerdo. La USCO se comprometió, entre otras, a adelantar “el
objeto del presente convenio”, esto es, a ejecutar las labores de interventoría
sobre las obras financiadas con regalías32. Por su parte, el Municipio se obligó a

30 Negrillas originales del texto citado.
31 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo PDF “20210341161C”, en carpeta comprimida “PROCESO

ESCANEADO”, f. 85-99.
32 Las obligaciones de la USCO fueron pactadas en estos términos: “… 2) Conocer y analizar los diseños, los

proyectos y las especificaciones técnicas, los términos de referencia con el que [sic] se adjudicó el contrato de
Obra y los contratos de construcción financiados con regalías. 3) Exigir en coordinación con la Subgerencia
Técnica de Empresas Públicas de Neiva al contratista constructor de la obra, los programas de trabajo,

13

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

“Apoyar y acompañar” a la Universidad en la ejecución del convenio, a
suministrar la información que se requiera, y a “cancelar el valor del presente
convenio en el monto, términos y forma establecidos en las cláusulas Tercera y
Cuarta”.

47. En la cláusula tercera se pactó que el “valor del presente convenio es la suma
de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MDA CTE ($2.196.244.000,00)”. Por su
parte, la cláusula cuarta indicó la siguiente forma de pago (se transcribe
textualmente con posibles errores e imprecisiones, negrillas originales del
documento):
“CUARTA: FORMA DE PAGO. La forma de pago será la siguiente: A) El Municipio
[…], cancelará la suma de DOS MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MDA
CTE ($2.046.243.173,00). La UNIVERSIDAD […] podrá solicitar mediante anticipo
en cincuenta (50%) del valor de convenio por ($1.023.121.586,50), una vez se
legalice el convenio, un segundo pago por el 45% por valor de ($920.809.427,85) a
los tres meses de iniciado el convenio y un Pago final del 5% por valor de
($102.312.158,65) a la firma del acta de terminación del convenio y a la entrega del
informe final, avalado por el Supervisor designado por el MUNICIPIO. B) El aporte
en bienes y servicios de la UNIVERSIDAD […] por valor de $150.000.827,oo será
cubierta durante los doce de ejecución del convenio”.

48. En relación con el plazo y la forma de pago, la “PROPUESTA TÉCNICA Y
ECONÓMICA”33 allegada por la Universidad en marzo del 2007, contenía la
estructura económica y los lapsos plasmados inicialmente en las cláusulas
tercera y cuarta del “convenio”. Este documento fue expresamente mencionado
en la cláusula primera del negocio perfeccionado entre las partes, para
reconocerlo como parte integral del mismo. Además, en ese instrumento, la
USCO estableció lo siguiente:
“6. BASES PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA

Con el objeto de cuantificar el costo de los servicios ofrecidos en la propuesta
técnica, se ha elaborado la propuesta económica, basada en los costos directos que
están constituidos por sueldo básicos [sic], afectados por un multiplicador se [sic]
donde resulta el costo total por personal.
Por otros costos directos, que son gastos causados por necesidades del servicio
distintas al personal […]; de la suma de las dos anteriores se ha obtenido el costo
de los servicios de Interventoría.
6.1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
6.1.1. Factor multiplicador propuesto para personal

inversiones y/o entrega, revisarlos, aprobarlos o solicitar su modificación. 4) Verificar la disponibilidad de
recursos técnicos y humanos al momento de iniciación del contrato de construcción financiados con regalías.
5) Realizar la inspección y el control de calidad de la obra y/o materiales. Esta labor comprenderá los análisis
de laboratorio que se sean [sic] necesarios. 6) Ordenar la suspensión de la obra o entregas que se estén
ejecutando en forma indebida hasta que el contratista de obra realice [ilegible] ajustes del caso para cumplir con
las especificaciones adecuadas para su [ilegible] 7) Acompañar toda solicitud de modificación, adición o
variación de las [ilegible] del contrato de obra con la correspondiente justificación técnica, económica y de un
informe sobre el estado y ejecución. 8) Presentar informes mensuales de la ejecución del mismo, estableciendo
cómo va su ejecución y cumplimiento, y si es del caso, solicitar las sanciones correspondientes a que hubiere
lugar, la cual deberá hacerse con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución del convenio,
acompañada de la correspondiente justificación. […]”
33 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo PDF “2021034175”, en carpeta comprimida “PROCESO

ESCANEADO”, f. 3-36.

14

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

En el ANEXO No. 1 […] se presenta el análisis del Factor Multiplicador propuesto
para el personal que laborará en la Interventoría. Se propone como factor
multiplicador para el Personal Profesional, Técnico y Administrativo el valor de 2.10
6.1.2. Costos Directos del Personal de Interventoría
El ANEXO No. 2 adjunto, se presenta un resumen de los estimativos de los recursos
humanos (Hombres – Mes) para el personal propuesto. En dicho cuadro se
establecen los costos correspondientes al personal Profesional, Técnico,
Administrativo y Auxiliar Técnico que laborará en la Interventoría.
6.1.3. Costos Directos […]
6.1.4. Determinación de la propuesta económica
Para efectos fiscales el valor estimado del contrato es la suma de los Costos de
Personal más los Costos Directos. El valor final será el que resulte del pago de
honorarios y los Costos Directos vigentes. […] Los costos de personal y demás
costos son tomados con base al presupuesto [sic] oficial del Municipio de Neiva, en
un rango del 5% al 8%, y se encuentran establecidos para este tipo de Interventoría,
al presentarse esa propuesta y ser aprobados por el Municipio serán los que se
cancelarán.
6.1.5. Desarrollo costos y ejecución de la interventoría
La interventoría se desarrollará a medida que se vaya contratando las obras y el
tiempo no podrá ser superior a doce meses. Tiempo en el cual se ejecutara [sic] las
interventorías.
6.2. VALOR ESTIMADO DE LA PROPUESTA Y FORMA DE PAGO
DESCRIPCIÓN VALOR
APORTE DEL MUNICIPIO 2.046.243.173,00
APORTE DE COOPERACIÓN USCO $150.000.827,00
COSTO TOTAL DE LA $2.196.244.000,00
INTERVENTORÍA
VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $2.196.243.173
SON: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA
Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MCTE.
FORMA DE PAGO.
La forma de pago de la presente propuesta será así:
CONCEPTO VALOR
Un anticipo del cincuenta por ciento $1.023’121.586,50
(50%)
Segundo Pago mediante cuenta de $920.809.427.85
cobro a los tres meses de iniciado el
convenio, el 45% del valor del convenio
Pago final a la liquidación del convenio $102.312.158.65
5%
TOTAL $2.046.243.473.00
[…]
8. DURACIÓN DE LA PROPUESTA
El cronograma y el estimativo de recursos humanos (Hombre – Mes) que se ha
tenido en cuenta para la elaboración de la presente propuesta económica de
acuerdo con el plazo estimado de DOCE (12) MESES, para adelantar las labores
de Interventoría de la Obras [sic]. Se asume que las obras se construyen en DOCE
MESES, Contados a partir de la fecha de iniciación […]” (Subrayas ajenas al texto,
destacado en el original).
49. El anexo 1, titulado “FACTOR MULTIPLICADOR PROPUESTO PARA
PERSONAL PROFESIONAL”, reflejó la siguiente información:

15

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

DESCRIPCIÓN PERFIL Y
PROFESIONAL Y
TÉCNICO
CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES

A PRESTACIONES SOCIALES
a) Cesantías %A 8.3
b) Intereses Cesantías %A 1.0
c) Vacaciones %A 8.3
d) Prima anual %A 16.6
e) Seguro Social %A 5.0
f) Seguro de vida %A 0.5
g) Pensión %A 6.2
h) Otros %A 25.2

B SUMA 71.13

C COSTOS INDIRECTOS

a) Costo de personal no facturable %C 20.0
b) Gastos de administración no reembolsables %C 29.9
c) Comunicaciones %C 10.0
e) [sic] Otros %C 34.0

D SUBTOTAL (B+C) 165.0

E HONORARIOS 20%E 45.0

FACTOR MULTIPLICADOR (D+E) 210,0

50. Por su parte, el anexo 2 describió la “ESTRUCTURA DE COSTOS” de la
interventoría, todos durante doce (12) meses, disgregados en: (i) “COSTOS
DIRECTOS DE PERSONAL”, en el que enlistó los diferentes cargos destinados
a las labores de vigilancia, entre directores, ingenieros, equipos de asesoría,
entre otros34 por un valor total de mil cuatrocientos setenta millones
cuatrocientos nueve mil novecientos veinte pesos ($1.470.409.920); (ii) “OTROS
COSTOS DIRECTOS” consistentes en ocho (8) vehículos y un (1) equipo de
topografía, y “GASTOS ADMINISTRATIVOS” entre los cuales son especificados
el alquiler de oficina, pago de servicios públicos, laboratorios e imprevistos, por
quinientos setenta y cinco millones ochocientos treinta y tres mil doscientos
cincuenta y tres pesos ($575.833.253). Así, los costos totales cuantificados por
la Universidad en su propuesta se indicaron de la siguiente forma:
COSTO DE INTERVENTORÍA 2.046.243.173
COSTO APORTE MUNICIPIO 2.046.243.173
COSTO APORTE USCO, CIENCIA TECNOLOGÍA, GOOD WILL 150.000.827

VALOR TOTAL CONVENIO 2.196.244.000

51. Consecuentemente con el ofrecimiento del ente universitario, el plazo estipulado
en la cláusula quinta contempló “un término de ejecución de doce (12) meses

34 El cuadro precisa, en cantidades y perfiles profesionales, a: un (1) “Director Especialista”; un (1) “Coordinador

de Ingenieros Residentes”; cuatro (4) “Ingenieros Residentes”; cuatro (4) “Asistentes de Ingeniería”; tres (3)
asesores en “estructuras”, “Ambiental”, y “en suelos y geotecnia”; una (1) “Comisión” de “Asesoría en
Topografía” compuesta por un (1) “Topógrafo”, dos “Cadeneros” y un (1) “Inspector de Obras”; una (1) comisión
de “Asesoría en Gestión de la Calidad” integrada por un (1) “Profesional Auditor de la Calidad” y dos (2)
“asistentes de Procesos de calidad”; una (1) “Asesoría Jurídica”; y una (1) “Asesoría Contable, Administrativa y
Financiera” que reunía a un (1) “Director Administrativo”, un “Contador” y una (1) “Secretaria”.

16

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

contados a partir del acta de iniciación y un plazo de vigencia de dieciocho meses
contados a partir de su perfeccionamiento”, agregando que el Municipio
contrataría y ejecutaría las obras objeto de la interventoría durante el tiempo
descrito.

52. El acta de inicio fue suscrita por las partes el 12 de junio de 2007 35. En esta
misma fecha, los “Coordinadores del convenio” por parte de la Universidad
suscribieron un documento denominado “SUSTENTACIÓN DEL OTROSÍ AL
CONVENIO 111 DEL 2007”, e indicaron, entre otros aspectos, que:
“Es necesario que el personal que se contrate para la ejecución del Convenio se
hará [sic] por medio de CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS [sic] y su labor
iniciará el día que se firme acta (sic) de inicio del contrato entre el personal y los
supervisores y se terminará cuando se acabe la labor asignada en el contrato previa
certificación de los coordinadores nombrados por la Facultad de Ingeniería. Esto
quiere decir que el pago se hará por labor ejecutada y certificada y no por tiempo de
duración del servicio”36.

53. El 24 de octubre de 2007, la Universidad y el Municipio suscribieron “OTROSÍ
AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO”37, en el que se acordó que la cláusula
quinta sería modificada. La mención sobre la forma de pago que contiene este
documento se encuentra en su parte considerativa:

“[las partes] hemos decidido celebrar el presente OTROSI al Convenio
Interadministrativo, previa las [sic] siguientes consideraciones: […] 5) Que el pago
del presente convenio es por obra realizada y no por tiempo de duración de la
misma, es decir que el presente convenio está sujeto a la terminación de las obras
[…] Por lo anterior se modifica de común acuerdo la cláusula quinta que queda así:
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: Las partes acuerdan que el presente convenio
tendrá un término de ejecución de OCHO (8) meses y tres días, contados a partir
de la suscripción del convenio que fue el 27 de Abril de 2007 y hasta el 30 de
Diciembre del 2007 y un plazo de vigencia de doce (12) meses contados a partir de
su perfeccionamiento. PARÁGRAFO 1: El municipio a través de la Empresas [sic]
Públicas de Neiva contratará y ejecutará las obras, a las que se les realizará la
interventoría, en los meses que durará el presente convenio. Todas las cláusulas
quedan igual. PARÁGRAFO 2: El cuadro de la propuesta económica quedará como
está en el anexo No. 1 del presente OTROSI […]”

54. En el anexo al documento38 mencionado por el parágrafo 2 del otrosí se
reprodujeron las mismas cifras y conceptos del anexo núm. 2 a la propuesta
planteada inicialmente por la Universidad en su oferta, por un valor total del
convenio de dos mil ciento noventa y seis millones doscientos cuarenta y cuatro
mil pesos ($2.196.244.000). No obstante, en este apéndice se eliminó la
columna relativa a la duración de la actividad, para establecer únicamente la
cantidad de profesionales por cargo que se requerirían y el valor parcial de cada
uno.

35 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo PDF “20210341161C”, en carpeta comprimida “PROCESO

ESCANEADO”, f. 44.
36 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo PDF “20210341165”, en carpeta comprimida “PROCESO

ESCANEADO”, f. 44.
37 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo PDF “20210341165”, en carpeta comprimida “PROCESO

ESCANEADO”, f. 36.
38 Ibid. f. 37.

17

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

55. Desde entonces, las partes suscribieron las siguientes modificaciones a lo
pactado:
Acto modificatorio Objeto
“ADICIONAL No. 1”39 del Se modificaron las cláusulas tercera -referida al precio
19 de diciembre de 2007. acordado40- y quinta:
“CLÁUSULA TERCERA: VALOR: El valor total del
presente Convenio queda en DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($ 2.466.244.000,oo). El
adicional del presente convenio se pagará por parte del
municipio una vez lo firmen las partes. CLÁUSULA
QUINTA: PLAZO: Las partes acuerdan que el presente
convenio tendrá un término de ejecución de DIECISEIS (16)
meses y tres días, contados a partir de la suscripción del
convenio que fue el 27 de Abril de 2007 y hasta el 30 de
AGOSTO del 2008 y un plazo de vigencia de VEINTE (20)
meses contados a partir de su perfeccionamiento. […]”
“ADICIONAL AL Se amplió el plazo de ejecución estipulado en la cláusula
CONVENIO […]”41 del 4 quinta, agregando “cuatro meses (4) más para un término
de agosto de 2008 total de veinte (20) meses contados a partir del Acta de
Iniciación”.
“ADICIONAL No 03” del Variación de la cláusula quinta:
42

28 de enero de 2009
“Las partes acuerdan que el presente Convenio tendrá un
plazo de ejecución de veintiséis (26) meses contados a
partir de la suscripción del Acta de Inicio; y el plazo de
vigencia será de treinta (30) meses contados desde su
perfeccionamiento”.
“CONVENIO Se prorrogó el plazo en “seis meses más”, en estos
ADICIONAL EN PLAZO términos:
No. 04”43 del 10 de
“[…] modifíquese la Cláusula QUINTA denominado [sic]
agosto de 2009
plazo adicionándosele a la ejecución seis meses, contados
a partir del 12 de agosto de 2009, hasta el 11 de febrero de
2010 y a partir de esta fecha seis meses más como plazo
de vigencia hasta el diez de agosto de 2010”.
“CONTRATO Nuevamente, reformaron la cláusula quinta para estipular
ADICIONAL EN PLAZO que el término de vigencia sería de “cuarenta y dos (42)

39 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo PDF “20210341161C”, en carpeta comprimida “PROCESO

ESCANEADO”, f. 45-46.
40 Según el documento, la adición el valor se debía a que en el transcurso de la ejecución del “convenio 111”,

el Municipio y EPN suscribieron dos convenios y adicionaron seis que ya habían sido previstos en el acuerdo
de voluntades: “8) Que en el mes de diciembre de 2007, el Municipio […] y Empresas […] suscribieron los
siguientes convenios: a) CONVENIO 496 DEL 2007 por valor de $388’104.384 con el Objeto de OPTIMIZAR
EL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LAS COMUNAS 8 Y 6 DE LA CIUDAD DE NEIVA, con recursos de las
regalías petroleras de la vigencia 2007, y b) CONVENIO 468 DEL 2007 por valor de $1’218.151.502 con el
Objeto de CONSTRUIR Y/O OPTIMIZAR EL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LAS COMUNAS 3-6-7 DE LA
CIUDAD DE NEIVA, con recursos de las regalías […], se adicionan estos convenios a los que les hace
interventoría la Universidad […], con el CONVENIO 111. 9) Que en el transcurso de la ejecución del Convenio
111 de 2007, [EPN] a [sic] aprobado los siguientes adicionales a los siguientes Convenios: A) 07 de 2007:
10.744.440,oo cuyo objeto es Optimización del alcantarillado sanitario en las comunas […] de la ciudad de Neiva
B) 01 del 2007: 90’900.000,oo, cuyo objeto es Mejoramiento sistemas [sic] de acueducto y componentes de
captación, conducción plantas de tratamiento y tanques de almacenamiento agua potable [sic] C) 025 del 2007:
$437.951.470.00 cuyo objeto es <construcción y/o optimización alcantarillado sanitario de la calle 10 entre
carreras 7 y avenida circunvalar D) 014 del 2007: $ 622.866.908,00, cuyo objeto es Optimización Planta El
Recreo. E) 094 del 2007: $ 1.797.575.880.00, cuyo objeto es Construcción del colector marginal rio Las Ceibas
comuna 10 F) 211 del 2007: $ 289.203.816.00, cuyo objeto es Construcción segunda fase colector de
Manpuesto entre la calle 70 entre carreras 18 c y 23”. Dichos negocios y sus adicionales necesitaban “la
interventoría técnica y la supervisión por parte del Municipio […] que se realizará por la USCO a través del
Convenio Interadministrativo 111 de 2007”.
41 Ibid. f. 47-48.
42 Ibid. f. 49-50.
43 Ibid. f. 51-52.

18

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

No. 5”44 del 9 de febrero meses, contados a partir de la suscripción del presente
de 2010. contrato”, y el de ejecución correspondería a “treinta y ocho
(38) meses contados a partir de la fecha de suscripción del
Acta de iniciación”.

56. En torno al alcance de los trabajos objeto de interventoría, mediante oficio 45 del
17 de abril de 2008 dirigido al Departamento Administrativo de Planeación del
municipio de Neiva, las Empresas comunicaron lo siguiente (se transcribe
textualmente con posibles errores e imprecisiones):
“Las Empresas […] ha verificado con la Subgerencia Técnica y Operativo, la oficina
Asesora de Planeación y un delegado de la Universidad […] los convenios que se
han contemplado para la Interventoría Técnica de los proyectos financiados con
regalías vigencia 2007 conforme al convenio interadministrativo No. 111 de abril 27
de 2007 y su adicional No. 01 de diciembre 19 de 2007, en la cual relacionan los
respectivos convenios.
Del análisis y confrontación anterior se deduce que la Interventoría que la
Universidad debe practicar a los convenios celebrados entre el Municipio […] y las
Empresas […] no corresponde al valor estimado de $42.531’119.346 ya que los
siguientes convenios, tienen la interventoría por parte de FONADE
OBJETO TIPO VALOR PLAZO DE
EJECUCION
Construcción VI fase ALC-C 4.099.000.000 7 MESES
Colector comuna 10
Instalación y/o reparación ALC-C 500.000.000 3 MESES
hidrantes
Instalación y/o reparación ALC-C 240.000.000 3 MESES
válvulas y ventosas
Construcción del pondaje AC-C 10.000.000.000 11 MESES
poco a poco
TOTAL 14.839’000.000
Esto obedece a gestiones adelantadas y financiados con recursos del gobierno
central y como política de inversión estipulada por el Fondo Nacional de Desarrollo
en la actividad de Interventoría”.
57. Posteriormente, en una reunión adelantada el 30 de diciembre de 2008 46 las
partes47 y las Empresas48 examinaron las situaciones presentadas durante su
ejecución hasta ese momento. Entre ellas, se discutieron las obras que ya
habían sido consideradas por el municipio como labores que “debían ser objeto
de interventoría” por la USCO, pero cuya vigilancia tuvo que ser asignada a
Fonade. Se socializó igualmente el costo de los “doce (12) meses adicionales
del convenio” que, a juicio de la Universidad, le costaban a ésta “la suma de
$2.196.244.000”, y que, a la fecha del encuentro, no había finalizado “la
ejecución de los contratos”; concluyeron lo siguiente:
“1. Los participantes a la reunión comparten lo propuesto por el Subgerente técnico
[…] y se aplique la CLUSULA [sic] SEXTA del mismo [sic], que se refiere a la forma
como deben ser resueltas las dificultades y diferencias surgidas en desarrollo del

44 Ibid. f. 53-55.
45 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo PDF “20210341165”, en carpeta comprimida “PROCESO

ESCANEADO”, f. 40-41.
46 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo PDF “2021034175”, en carpeta comprimida “PROCESO

ESCANEADO”, f. 74-76.
47 De parte del municipio, la supervisora designada por la alcaldía y un profesional especializado de la oficina

de contratación; por la USCO, el coordinador y el director de interventoría.
48 Por medio del subgerente técnico y operativo de EPN.

19

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

convenio; para tal fin se considera necesario ampliar en tiempo el Convenio, y al
terminar las obras las partes se encontrarían a paz y salvo”.

58. Mediante acta del 8 de abril de 2010, las partes acordaron “[s]uspender la
ejecución y vigencia de los trabajos objeto del presenta [ sic] convenio”
entre esa fecha y el 9 de julio siguiente por “inconvenientes presentados” en
49

dos de los contratos de obra vigilados por la interventoría que adelantó la USCO.

Análisis de los recursos de apelación y solución a los problemas jurídicos
planteados

59. Con esta antesala, para analizar los argumentos propuestos por los sujetos
apelantes, a fin de desatar la alzada y responder los interrogantes formulados,
la Subsección identifica tres temáticas matrices derivadas de lo alegado por los
extremos procesales que ameritan un desarrollo puntual, a saber, (i) la
acusación al fallo de primer grado por no corresponder con las pretensiones de
la demanda principal; (ii) las modificaciones a lo pactado en el contrato en cuanto
a su forma de pago y al alcance de su objeto; y (iii) la liquidación judicial del
acuerdo de voluntades realizada por la primera instancia. Al revisar estos puntos,
se referirán las tesis de ambas partes, destacando si les asiste o no la razón en
sus reparos.

Sobre la incongruencia del fallo apelado

60. La USCO acusó la incongruencia entre la sentencia de primera instancia y las
pretensiones específicamente entabladas por la Administración, porque a pesar
de no haber sido pretendida la declaración de su incumplimiento, el fallo del
Tribunal determinó que aquella sí infringió los términos pactados.

61. De cara a ello, se encuentra que en el escrito de la demanda no se consignó
ninguna acusación de incumplimiento de las obligaciones del negocio jurídico
endilgado a la demandada principal, sino que enfiló a obtener la liquidación del
negocio a partir de la omisión en la devolución de los recursos que, a su juicio,
no fueron ejecutados.

62. En efecto, aunque con ese libelo el municipio reclamó intereses moratorios, que
conceptualmente podrían implicar que el acreedor entiende que su deudor
incurrió en incumplimiento por la tardanza en el pago de una obligación debida50,
la ausencia de la respectiva pretensión procesal no permite que la Judicatura
deduzca súplicas que no fueron formuladas por la parte interesada en
proponerlas, yendo en contravía del deber de congruencia establecido en las

49 Actas de suspensión y de reinicio: f. 56-61.
50 Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional: “Los intereses moratorios son aquellos que se pagan para

el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero
en la oportunidad debida. La mora genera que se hagan correr en contra del deudor los daños y perjuicios
llamados moratorios que representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la
obligación”: Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-604 del 1° de agosto de 2012. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 7 de diciembre de 1982 (M.P.
Jorge Salcedo Segura) ha definido que la mora es “un incumplimiento calificado que produce ciertas
consecuencias jurídicas”, a saber, reclamar perjuicios, hacer exigible la cláusula penal e invertir “el fenómeno
de la carga del riesgo sobreviniente respecto de la cosa debida”; de esta noción, dicha Corporación sostuvo:
“No todo incumplimiento produce mora; pero sí toda mora supone un incumplimiento”.

20

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

normas procesales51. Los términos del petitum perfilado y formulado por la
entidad territorial no habilitan la realización de inferencias que conduzcan a dar
por sentado que exteriorizó una súplica por incumplimiento contractual. A su vez,
incluso si se pudiese conjeturar la presencia de esa pretensión, ello resulta
indiferente, es decir, no habría lugar al reintegro reclamado, porque -como se
determinará infra- no medió una separación del negocio jurídico por parte de la
USCO.

63. Por lo tanto, y dado que la demanda de reconvención, en la que sí se elevó el
pedimento relativo al incumplimiento del municipio, fue -a su vez- extemporánea,
la Sala encuentra procedente la impugnación del ente universitario en este punto
y, por ello, revocará el numeral primero de la sentencia impugnada, dando así
respuesta afirmativa al primer problema jurídico planteado.

Las supuestas variaciones en la contraprestación y en las obras a vigilar

64. En su apelación, la USCO cuestionó que el Tribunal haya entendido que, con el
otrosí al negocio, se modificó la forma de pago, y arguyó, a la luz de la estructura
de costos presentada con la oferta inicial, que “no es adecuado determinar el
costo de la Interventoría como un valor fijo o por obra ejecutada, pues el otro si
[sic] de fecha 24 de octubre no modificó las cláusulas contractuales que
determinan lo aquí planteado”. También criticó la orden de reembolso porque
consideró que la exclusión de los cuatro (4) contratos por la asignación de su
vigilancia a un tercero supuso una modificación inadecuada al contrato.

65. Al apreciar los elementos de prueba previamente reseñados, esta Subsección
considera acertado el criterio expresado por la Universidad en su recurso como
demandada, y no comparte la tesis del Tribunal que entendió modificada la forma
de pago52 por medio del otrosí suscrito el 24 de octubre de 2007. Contrario a lo
considerado por el a quo, esta reforma únicamente tuvo el propósito de alterar
los denominados plazos de ejecución y de vigencia, y no de variar la forma de
pago contenida en la cláusula cuarta del acuerdo de voluntades, pese a que en
los antecedentes plasmados en el documento se haya mencionado esa materia.
Esta alusión, de acuerdo con la sustentación del otrosí, se refería al pago del
personal que sería contratado para adelantar las labores de interventoría y no a
la estructura de remuneración económica contenida en el “convenio” (el anexo
del otrosí mantuvo el mismo valor total), al haberse indicado en dicho oficio
justificativo lo siguiente:
“8. Es necesario que el personal que se contrate para la ejecución del Convenio
se hará por medio de CONTRATO PRESTACIÓ N DE SERVICIOS, y su labor
iniciará el día que se firme acta de inicio del contrato entre el personal y los
supervisores y terminará cuando se acabe la labor asignada en el contrato
previa certificación de los coordinadores nombrados por la Facultad de Ingeniería.

51 Ley 1564 de 2012 (CGP) – Artículo 281, incisos primero y segundo: “CONGRUENCIAS. La sentencia deberá

estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley. // No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en
la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.”
52 Pág. 32 y 36 del fallo de primera instancia.

21

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

Esto quiere decir que el pago se hará por labor ejecutada y certificada y no por
tiempo de duración del servicio ”.

66. A fin de valorar armónicamente todo lo anterior, la Sala trae a colación los
artículos 1618 a 1624 del Código Civil (CC), en los que se establecen los
principios y reglas de interpretación de los contratos, aplicables íntegramente a
los negocios jurídicos que celebran las entidades estatales53, de las cuales
predominan, de una parte, el criterio subjetivo54 encaminado a la búsqueda y a
la preservación del querer de las partes en la celebración del negocio 55; y de
otra, la buena fe, como fuente de parámetros éticos a lo largo de todo el
desarrollo contractual desde su negociación hasta su liquidación 56, parámetros
concordantes con aquellos previstos en el artículo 28 de la Ley 80 de 1993 57.
Ahora, si se está en presencia de un pacto cuyo clausulado es armónico,
coherente y no arroja dudas sobre el sentido y la voluntad de los contratantes,
resulta inadecuada una apreciación que deforme los propósitos o fines prácticos
procurados por los contratantes58; sólo en esa hipótesis de congruencia entre el
texto y la intención cabe la máxima “in claris non fit interpretatio”59.

67. Así, siendo la finalidad convergente de las partes el objetivo primordial del
intérprete, surge el mandato legal de no limitación al texto literal (CC, art. 1618),
así como los cánones hermenéuticos objetivos detallados en la legislación civil,
dentro de los cuales está el de conservación de los actos jurídicos, prefiriendo el
sentido que pueda producir algún efecto (CC, art. 1620); y la regla de
interpretación contextual (CC, art. 1622 – inciso primero) según la cual las
“cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una

53 Ver: Ley 80 de 1993 – Artículos 13 y 23. En la jurisprudencia, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso

Administrativo- Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 16 de diciembre de 2022. Rad. 25000-23-36-
000-2014-00136-01 (56294). C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
54 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia

del 21 de junio de 2018. Rad. 13001-23-31-000-2003-01681-01(40353). C.P. María Adriana Marín.
55 Código Civil – Artículo 1618: “Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más

que a lo literal de las palabras”.
56 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-892 del 22 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
57 Artículo 28. De la interpretación de las reglas contractuales: “En la interpretación de las normas sobre

contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas
y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los
mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos
conmutativos”.
58 Frente a ello, la Corte Suprema de Justicia ha ilustrado: “… cuando el pensamiento y el querer de quienes

concertaron un pacto jurídico quedan escritos en cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene
que presumirse que esas estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de la voluntad interna de aquéllos, y
que, por lo mismo, se torna inocuo cualquier intento de interpretación. Los jueces tienen facultad amplia para
interpretar los contratos oscuros, pero no pueden olvidar que dicha atribución no los autoriza, so pretexto de
interpretación, a distorsionar ni desnaturalizar pactos cuyo sentido sea claro y terminante, ni muchísimo menos
para quitarles o reducirles sus efectos legales. // Los contratos deben interpretarse cuando son oscuros, es
cierto, pero tal labor de hermenéutica tiene que encuadrarse dentro de lo racional y lo justo, conforme a la
intención presunta de las partes, y sin dar cabida a restricciones o ampliaciones que conduzcan a negar al
contrato sus efectos propios; la violación de esta limitante implicaría el claro quebranto del principio legal del
efecto obligatorio del contrato; al actuar así el juez se rebelaría directamente contra la voluntad de las partes
claramente expresada, modificando a su talante los específicos efectos queridos por ellas al contratar” (Sala de
Casación Civil. Sentencia del 5 de julio de 1983. M.P. Humberto Murcia Ballén).
59 En sentido contrario, cuando se conozca que la voluntad de las partes dista de la plasmada en su clausulado,

debe dársele prevalencia a la intención acreditada. Así, se ha dicho que hay eventos en los que “muy a pesar
de la claridad del texto contractual, si la voluntad común de las partes es diferente y se conoce, a ella hay que
plegarse más que al tenor literal. No es por consiguiente de recibo pleno el brocardo “in claris non fit
interpretatio”, que sugiere que si el sentido de las palabras usadas en el contrato es claro, no hay para qué mirar
más allá, pues se substituiría la intención cierta de los contratantes por la incierta del intérprete”: Corte Suprema
de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 1 de agosto de 2002. Rad. 6907. M.P. Jorge Antonio Castillo
Rugeles.

22

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”. Sobre ésta última
pauta, la jurisprudencia de la Sección ha explicado que:
“Este criterio interpretativo pone de presente la correlación que existe entre las
partes constitutivas del discurso, como de cada manifestación del pensamiento, y
su referencia común al todo del que hacen parte: correlación y referencia que hacen
posible la iluminación recíproca del significado entre el todo y los elementos
constitutivos60. Constituye un principio evidente de técnica de interpretación textual,
que al dirigirse a aclarar el sentido de una declaración de índole jurídica, ordena que
el significado de las declaraciones no puede ser segmentado, sino que deba ser
atribuido al conjunto de la intención del declarante; es decir, que en presencia de
una o varias cláusulas, dentro de un contrato; o de uno o varios artículos, dentro de
una ley; o de una o varias leyes dentro del ordenamiento jurídico; o de una o varias
declaraciones, dentro de una propuesta para una licitación pública, se debe
considerar que hacen parte de un todo, y es por medio de la luz de cuanto emerge
del conjunto de la declaración entera, que se determina el sentido jurídico propio del
objeto interpretado.
Sobre el plano práctico, este criterio se impone como un instrumento útil que,
además de contribuir al esclarecimiento del sentido de las declaraciones, permite
valorar de forma negativa y rechazar las interpretaciones que pretenden aislar una
parte de la declaración, o a alguna declaración dentro del conjunto de otras muchas;
también elimina las situaciones específicas que resultan incoherentes ”61
(subrayado añadido).

68. Tomando esto en cuenta, los considerandos de un contrato o de sus
posteriores modificaciones permiten al intérprete conocer las finalidades,
intenciones y condiciones personales de las partes, y las demás sustentaciones
fácticas relevantes que rodearon la celebración del acuerdo62, y su función
consiste en dar sentido y contexto a lo pactado. En lo que a este caso refiere, se
advierte que la anotación en el encabezamiento del otrosí (pago por “obra
ejecutada”) difiere de aquello que fue clara y explícitamente objeto de alteración
convencional (variación de los términos) por lo que esa glosa no impactó los tres
instalamentos a los que se aludió ab initio en la cláusula cuarta, la cual
permaneció incólume.

69. Así las cosas, la forma de pago consignada en el negocio se fundamentó en la
propuesta de la USCO y quedó comprendida en la cláusula cuarta, que fue
mantenida de forma invariable a lo largo de la ejecución del “convenio”.

70. No obstante, este elemento esencial del acuerdo no puede apreciarse de
manera aislada frente a la configuración del precio pactado. A pesar de que las
cifras de la propuesta de la Universidad fueron fundamentadas en la sumatoria
de los precios “estimativos” de costos directos (como los administrativos y el
alquiler de equipos) y de personal, de acuerdo con los anexos adjuntos a dicha
oferta -en particular, el núm. 2, que fue ratificado en el otrosí del 24 de octubre
de 2007-, la cláusula primera del acuerdo de voluntades se fundamentó en el

60 E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuhdici, Giuffre, Milano, 1971, p. 16 (cita original núm. 39).
61 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 11 de febrero de

2009. Rad. 25000-23-26-000-1996-02036-01(16100). C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
62 En la doctrina foránea se ha sostenido que, si bien la redacción de considerandos o de antecedentes del

contrato es “infrecuente” en el tráfico cotidiano, su “inclusión resulta útil para establecer la finalidad perseguida,
así como ciertos presupuestos o bases negociales declarados por ellas.”: ALTERINI, Atilio Anibal. “Cómo
redactar un contrato”. 1ª ed. Reimpresión. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1998, p. 62.

23

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

criterio vertido en el estudio de conveniencia y oportunidad, que determinó el
valor de la interventoría tomando el 5% del total de las obras.

71. En ese orden de ideas, el objeto pactado por las partes -que constituye la
obligación principal del acuerdo- no era otro que ejercer la interventoría sobre
las obras precisadas en la cláusula primera del acuerdo de voluntades. Tal
aspecto emerge del contenido entero del clausulado, y también del ofrecimiento
elevado por la Universidad que justifica ampliamente la importancia de la
vigilancia y control de tales labores, a fin de que “se cumplan los contratos de
construcción, las especificaciones técnicas”63 y demás reglamentos pertinentes,
detallando sus objetivos, funciones y su marco legal. Por ende, esa mutua
intención justificaba que cualquier alteración en las obras adelantadas entre el
Municipio y EPN, llámese adición, reducción o prolongación en su plazo, entre
otras, estaba llamada a repercutir en el alcance y en la contraprestación pactada
en el acuerdo de voluntades celebrado entre la entidad territorial y la USCO, pero
ello debía ser objeto de valoración y acuerdo por las partes mediante una
modificación escrita y expresa a lo pactado en torno a la interventoría.

72. Así, tomando en cuenta la naturaleza contractual y no convencional de este
negocio jurídico, dicho entendimiento no puede desconocer que las partes son
las encargadas de realizar las variaciones que estimen pertinentes a lo
inicialmente pactado, lo cual mantiene su fuerza vinculante hasta tanto no sea
modificado por voluntad de los contratantes (principio de “pacta sunt
servanda”64). En tal sentido, en este tipo de acuerdos no es viable que ninguno
de ellos varíe lo pactado sin aquiescencia de su contraparte, máxime cuando el
EGCAP es expreso en proscribir el pacto y ejercicio de cláusulas excepcionales
en los contratos interadministrativos65, entre ellas, la de modificación unilateral.
Además de ello, el estatuto contractual prevé la exigencia de la forma escrita
para el perfeccionamiento tanto del acuerdo de voluntades66 como el de sus
variaciones67, lo que implica que cualquier acuerdo separado de esta
solemnidad debe reputarse inexistente.

63 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo PDF “2021034175”, en carpeta comprimida “PROCESO

ESCANEADO”, f. 4.
64 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia

del 30 de abril de 2021. Rad. 25000-23-36-000-2016-02036-01 (64096). C.P. Nicolás Yepes Corrales.
65 Ley 80 de 1993 – Artículo 14, parágrafo: “En los contratos que se celebren con personas públicas

internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito,
donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de
las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de este artículo, o que tengan
por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro
tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones
excepcionales.” (Se subraya).
66 Ley 80 de 1993 – Artículo 39: “DE LA FORMA DEL CONTRATO ESTATAL. Los contratos que celebren las

entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de
aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes
inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha
formalidad.”;
Ley 80 de 1993 – Artículo 41, inciso primero: “DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos
del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a
escrito”.
67 Según la jurisprudencia de la Sección, de acuerdo con las normas transcritas en el pie de página anterior:

“respecto de los contratos estatales no es posible afirmar que con el simple consentimiento de las partes puedan
ser perfeccionados, de lo cual se colige, de manera directa, que la modificación de los mismos, consistente en
adición de obras, valor y período para la ejecución, también debe constar por escrito para que puedan alcanzar
eficacia, existencia y validez. Esto último, en cuanto que la modificación respecto de un acuerdo que consta por
escrito debe surtir el mismo proceso que se dio para su constitución, dado que el acuerdo modificatorio está

24

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

73. En el sub lite, está demostrado que el Municipio y la USCO reformaron la
cláusula quinta que regulaba el plazo en múltiples ocasiones, pero sólo en una
de ellas (el “adicional” núm. 1 del 19 de diciembre de 2007) añadieron el monto
contractual en doscientos setenta millones de pesos ($ 270’ 000.000), con el
fin de efectuar la vigilancia sobre dos nuevos convenios y adiciones en otros seis
ya previstos como objeto de interventoría por el ente universitario. El resto del
clausulado permaneció intacto.

74. Con todo, en lo que atañe a una supuesta decisión unilateral de reducir el
alcance de los trabajos por cuenta de la interventoría realizada por FONADE
(alegado por la USCO en su recurso), fue demostrado que las Empresas
informaron que cuatro convenios de obra previstos en la cláusula primera del
acuerdo de voluntades ya no deberían ser objeto de esta interventoría por dicha
razón. En el presente litigio, las partes afirmaron y no controvirtieron el hecho de
que tales convenios no fueron materialmente objeto de las labores de
supervisión y vigilancia por parte de la USCO. Sin embargo, estas circunstancias
no implicaron una alteración al contrato adoptada exclusivamente por el
municipio, ya que la comunicación no surgió del mutuo acuerdo de los
contratantes ni satisfizo la formalidad necesaria para su perfeccionamiento.

75. Una vez establecido lo anterior, es de colegir que, pese a ser impreciso el criterio
de la USCO al afirmar en su apelación que la entidad territorial había modificado
unilateralmente y de forma irregular el alcance de las obras, lo cierto, desde una
perspectiva sustancial y a la luz de lo probado es que, de manera similar a la
forma de pago, las obras a vigilar tampoco fueron reformadas. Esto conlleva a
que, en relación con estos segmentos del negocio jurídico pactado, las partes
estaban obligadas a someterse a los términos estipulados que nunca fueron
replanteados, circunstancia deducida de lo alegado por la demandada
apelante68, que está inexorablemente llamada a trascender en la liquidación y
en la orden consecuencial de reembolso que adoptó el fallo recurrido, como pasa
a verse.

tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del segundo ha de ser exigida
para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del primero.”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010. Rad. 85001-23-31-000-1997-00403-
01(15596). C.P. Mauricio Fajardo Gómez (E).
68 En el recurso (p. 16) se lee: “Las características del convenio interadministrativo, no habilitan a la entidad

contratante al ejercicio de facultades exorbitantes, inconsultas o impositivas respecto de la entidad
colaboradora, no solo porque las dos entidades aúnan esfuerzos y están en igualdad de condiciones, sino
porque la solemnidad del convenio impone que toda modificación al mismo debe constar bilateralmente por
escrito. // Se cuestiona que el Honorable Tribunal valide las modificaciones que las cláusulas del convenio
interadministrativo so pretexto de mesas de trabajo con el supervisor del convenio […] sin la presencia del
alcalde, autoridad ordenadora del gasto y representante contractual del municipio”. Más adelante, el mismo
escrito (p. 19) plantea que “que el valor de la interventoría siempre fue estructurado sobre el tiempo de duración
y el valor de los costos directos e indirectos por el plazo de 12 meses, es así como en el Otro Si de fecha 24 de
octubre se modificó únicamente lo correspondiente a plazo del contrato […] más no el valor de la interventora,
ni su fórmula de cálculo […], ni de pago […].” Para concluir (p. 23), la Universidad señaló: “La solemnidad de
los contratos estatales, que incluyen sus modificaciones o adiciones, necesariamente deben constar por escrito
y contemplar el mutuo consentimiento de manera justificada, con actas previas, desde un punto de vista técnico,
económico y jurídico: En el presente caso, las modificaciones unilaterales que el municipio consideró y
contempló en el objeto contractual y demás cláusulas del convenio, cuestionadas por la Universidad, no tienen
fundamento jurídico ni prueba, para ser consideradas en la decisión de fondo” [transcripciones textuales del
libelo, con posibles imprecisiones y errores].

25

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

La liquidación del negocio adoptada en primera instancia

76. La entidad territorial enfocó sus reparos en el ejercicio de liquidación contractual
realizado por el Tribunal. Bajo su criterio, allí debieron reconocerse las sumas
que, junto con su demanda, expuso en un listado69 de los “CONTRATOS A LOS
CUALES SE LES EJERCIÓ LA INTERVENTORÍA A TRAVÉS DEL CONVENIO
111-2007” en el que relaciona 64 negocios por un valor ejecutado total de
“$21.891.959.766.52”, suma de la cual deduce que el “APORTE” del municipio
correspondería a la suma de $1.094.597.988,33, descontando los
“$1.119.333.052,52” que afirma deben ser devueltos por la USCO. La apelación
sostiene que estas cifras estaban soportadas en “cada uno de los informes” de
interventoría aportados por la Universidad con la contestación de la demanda70.

77. Sin embargo, tales elementos dan cuenta del desarrollo periódico de la
interventoría sobre los trabajos durante la vigencia del negocio, pero no así del
valor pactado y ejecutado de cada uno de esos contratos de obra cuya
acreditación requería documentación perteneciente a dichos procesos
contractuales, que reflejen con precisión esos acuerdos (con la determinación
de su valor y plazo finales), bien sea la terminación, entrega y/o liquidación, de
los vínculos entre EPN y los contratistas de obra. Así las cosas, la Sala no
encuentra probado un valor total de las obras contratadas, diferente al que quedó
plasmado en la cláusula primera del negocio jurídico.

78. Además, si en gracia de discusión se hubiese allegado dicha prueba, lo cierto es
que el precio previsto en las cláusulas tercera y cuarta del negocio (que ascendió
a $ 2.466.244.000 tras el adicional no. 1), no se hizo depender de un porcentaje
de los valores correspondientes a las obras vigiladas, sino que se pactó como
un rubro fijo pagadero en tres instalamentos, situación que observó el Tribunal
al determinar el balance final del contrato. En tal sentido, no tendría ninguna
incidencia el valor total de las obras de saneamiento ejecutadas, pues ese
guarismo únicamente fue tenido en cuenta para efectos de tasar la apropiación
presupuestal requerida para el pago de la interventoría contratada. Ello impide
a la Sala acceder al cargo de la apelación de la entidad territorial fundamentado
en el cálculo del valor cuya devolución se ordenó a la USCO y que, a su juicio,
fue inexacto.

79. De otro lado, la entidad reprochó la decisión de primera instancia por haber
declarado el incumplimiento en el último de los pagos (correspondiente al 5%
final), pues “dicho recurso no se giró por cuanto el municipio de Neiva había
girado más del 95% del valor total de los aportes pactados, y por tanto, más del
100% de lo realmente ejecutado”. En cuanto este aspecto, no hay elementos de
juicio que permitan darle asidero a la afirmación hecha por el Municipio en su
recurso, toda vez que, más allá de menciones tangenciales sobre comprobantes

69 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivos PDF “20210341161C” (f. 100) y “20210341162” (f. 1-4), en

carpeta comprimida “PROCESO ESCANEADO”.
70 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivos PDF del “2021034175” (desde el f. 77) al “2021034230”,

total de 55 documentos, en carpeta comprimida “PROCESO ESCANEADO”.

26

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

de pago en un oficio creado por la propia entidad territorial 71, dichos recibos no
fueron allegados al plenario, lo que impide dar cuenta del monto exacto de las
transferencias supuestamente hechas al contratista, o de que los recursos
desembolsados hayan superado el total de lo efectivamente ejecutado.

80. Sobre el descuento del 5% efectuado por el Tribunal, referido al “Pago final”
dispuesto por la cláusula cuarta del acuerdo de voluntades, a la entidad territorial
le asiste razón en sostener que no fueron acreditados los presupuestos
convenidos para su reconocimiento y correspondiente desembolso, es decir, la
firma del acta de terminación y el informe final con aval del supervisor del
municipio, lo que impide incluir este rubro dentro de la liquidación del negocio.

81. Empero, la ausencia de acuerdo modificatorio de las estipulaciones referidas a
la forma de remuneración y al alcance de los trabajos objeto de interventoría,
refleja claramente la falta de obligaciones preexistentes, surgidas del negocio
jurídico, que funjan como presupuesto de la responsabilidad patrimonial por
incumplimiento contractual72. Esto, sumado a la incongruencia del fallo advertida
anteriormente, le da la razón a la USCO, como apelante y contradictora de la
demanda principal, en cuanto que no podía ser declarada su responsabilidad
patrimonial por el desconocimiento de lo pactado y, sobre esa base, ordenarse
el reintegro de las sumas que reclamó el municipio.

82. Así las cosas, aunque el municipio haya prosperado en su cuestionamiento
sobre el descuento derivado del último pago, los fundamentos del
reconocimiento y la condena a la Universidad por las interventorías no
ejecutadas no tienen asidero alguno, razón por la cual el segundo problema
jurídico es respondido afirmativamente y, de suyo, los tópicos de los
interrogantes tres, cuatro y cinco quedan sin fundamento.

83. Ahora bien, no era viable tener en cuenta lo manifestado por la USCO en su
demanda de reconvención, comoquiera que la misma fue inoportuna, lo que
impone responder de forma afirmativa el último problema jurídico planteado
(derivado de la apelación de la entidad territorial), en tanto no era dable acceder
a la declaratoria de incumplimiento allí deprecada por esa razón. Tampoco era

71 En el oficio núm. 5728 del 23 de noviembre de 2009, suscrito por la supervisora del “Convenio” y dirigida al

tesorero de la Universidad, se afirmó que: “Mediante comprobantes 50350 del 24/08/2007 y 52134 del
12/09/2007, el Municipio […] giró a la USCO, los recursos correspondientes al anticipo”; “Mediante comprobante
56101 del 08/11/2007, el Municipio […] giró a la USCO, los recursos correspondientes al Segundo desembolso”;
“Posteriormente y con comprobante 59596 del 31/12/2007 el Municipio […] gira a la USCO $270’000.000, suma
correspondiente al adicional No. 1 suscrito el 19 de diciembre de 2007”. En: Índice SAMAI segunda instancia
núm. 2. Archivo PDF “20210341161C”, en carpeta comprimida “PROCESO ESCANEADO”, f. 78-80.
72 “… la estructuración de la responsabilidad por incumplimiento contractual requiere la concurrencia de los

siguientes elementos: (i) la existencia de un contrato válidamente celebrado, (ii) la preexistencia de una o varias
obligaciones originadas en el contrato que son desconocidas por el deudor, (iii) el comportamiento antijurídico
de la parte a quien se atribuye el incumplimiento que, en el plano contractual, se traduce en la infracción de las
cláusulas contractuales, por acción o por omisión, y que se concreta en la falta de cumplimiento de la prestación
debida en la forma y tiempo establecidos y (iv) un daño que tenga relación causal entre el comportamiento
antijurídico del deudor y la prestación insatisfecha.”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 14 de marzo de 2016. Rad. 760012331000199800913-01
(30542). C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada por la misma Subsección en sentencia del 21 de mayo
de 2021. Rad. 54001-23-31-000-2009-00321-01 (53134). C.P. María Adriana Marín (Subrayas ajenas al original
del texto).

27

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

del caso acudir a la relación tabulada de contratos de obra objeto de vigilancia
aportada por el municipio, toda vez que la misma es un documento elaborado
por dicho sujeto y que no otorga certeza acerca del pago por los servicios de
interventoría, lo que conduce a su improcedencia73. Como consecuencia de ello,
se torna imposible determinar si la Universidad percibió más -o menos- cantidad
de dinero que la que se le debía, incluso tomando en consideración los 4
contratos sobre los que, según se afirmó, no se ejecutó la interventoría. En tal
sentido, se concluye que el Tribunal sí erró en el cálculo del valor que la
Universidad, según se adujo, debió reintegrar al municipio, y al ordenar a la
USCO devolver la suma correspondiente a los cuatro contratos cuya
interventoría fue asumida por un tercero ajeno al negocio jurídico.

84. Las anteriores circunstancias imponen la revocatoria íntegra del fallo de primera
instancia, particularmente en la resolución que declaró liquidado el negocio
examinado y, en su lugar, denegar la pretensión encaminada a realizar ese
ejercicio, a falta de los presupuestos e insumos necesarios para llevarla a cabo
de la manera como lo pretendió la entidad territorial.

85. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y denegará
la totalidad de las pretensiones del municipio, incluyendo la de liquidación judicial
toda vez que, además de que no fue pedida ni demostrada la infracción del
acuerdo de voluntades de su contraparte, la Sala no encuentra elementos
probatorios para realizar el balance final de las prestaciones pactadas, en vista
de que al plenario no se allegó constancia de las transferencias o desembolsos
que el municipio hubiese hecho a la contratista por concepto de lo pactado en
las cláusulas tercera y cuarta del negocio, lo que impide dar cuenta del estado
de cumplimiento de dicha prestación.

Conclusiones

86. A modo de recapitulación, se rememora que la Sala dejará sin efectos el fallo
apelado y, en su lugar, declarará la caducidad de la acción en lo que refiere a la
demanda de reconvención, y denegará las pretensiones de la demanda
principal, por las siguientes razones:

87. La demanda de reconvención debe reunir todos los presupuestos procesales
para el ejercicio del derecho de acción, entre ellos, el de su presentación
oportuna. En ese orden de ideas, quien ejerce dicha facultad no puede

73 En ese sentido, la jurisprudencia ha señalado que: “La liquidación del contrato es un acto mediante el cual se

efectúa un balance de cuentas en el que se adquiere certeza sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones
surgidas del acuerdo de voluntades, de los créditos, transacciones y reconocimientos económicos pendientes
en torno a la ejecución del negocio, para, de ese modo, extinguirlo. Para esta Colegiatura es claro que la
prosperidad del encargo de esta labor al juez mediante la formulación de una pretensión en ese sentido también
depende de que los extremos del proceso cumplan con la carga probatoria, de acuerdo con los estatutos
procedimentales y las normas civiles que así lo ordenan. // En ese sentido, si el juzgador no cuenta con los
elementos suficientes para realizar dicho balance, lo procedente es denegar la pretensión de liquidación del
contrato, porque si las partes no cumplen con la carga que les corresponde para obtener el pronunciamiento
favorable a sus intereses —en este caso, el de finiquitar el contrato en los términos que ellas plantean— el juez
carece de fundamentos para dictar una decisión judicial con efectos jurídicos, sobre bases fácticas precarias,
como lo requiere el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. [hoy artículo 167 del CGP]”: Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de
2024. Rad. 50001-23-31-000-2005-00517-01 (58666). C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

28

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

beneficiarse de la suspensión del término de caducidad por el trámite de
conciliación extrajudicial que haya realizado su contraparte, aun cuando quien
reconviene no cuenta con la carga de agotar dicho trámite prejudicial. En el
presente caso, la Universidad no adelantó dicha actuación dentro del término
fijado en el apartado v) del artículo 164.2 del CPACA, pues se presentó por fuera
de los dos años siguientes al vencimiento de los plazos para la liquidación
bilateral y unilateral del contrato interadministrativo.

88. Los considerandos de un contrato o un acuerdo modificatorio no pueden
confundirse ni suplantar el clausulado. Su inclusión, que no es imperativa,
obedece a razones prácticas, en las que el intérprete del texto contractual puede
conocer el contexto y los motivos que antecedieron y justificaron su celebración.

89. La modificación de los contratos interadministrativos, regidos por el EGCAP,
requiere de mutuo acuerdo sobre objeto, contraprestación y cumplimiento de la
solemnidad por escrito para que surja a la vida jurídica. Las pretensiones de
responsabilidad contractual deben partir de la existencia de obligaciones que
acaten estos requisitos. Las comunicaciones de terceros, e incluso el ejercicio
de interpretación de las cláusulas del contrato, no pueden pasar por alto las
exigencias expresamente dictadas por el legislador. De allí que no puedan ser
concedidas las pretensiones del municipio demandante, al demostrar que las
supuestas alteraciones al alcance de lo pactado y a la estructuración económica
estipulada no cumplieron con las reglas anotadas.

90. Ante la ausencia de insumos para efectuar la liquidación judicial, es inviable
acceder a la pretensión encaminada a que se realice dicho ejercicio. En este
caso, aunado a que no fue solicitada explícitamente ni resultó probada la
infracción contractual de la Universidad, no se allegaron los comprobantes de
los pagos que se le habrían efectuado por las labores de interventoría, lo cual
impide conocer el estado de honra de los compromisos dinerarios por parte del
municipio.

Sobre las costas

91. El artículo 365, numeral 1, del Código General del Proceso74 indica que la
condena en costas se efectuará “a la parte vencida en el proceso, o a quien se
le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto”. Asimismo, el numeral 4 dispone que
en caso de que “la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas
instancias”.

92. En vista de que las dos partes del proceso, igualmente recurrentes, resultaron
vencidas en sus respectivos recursos de apelación -una por la denegatoria de
sus pretensiones, y la otra por la declaratoria de caducidad-, no es posible
identificar que una de ellas resulte condenada en costas por esa condición, ni a

74 Aplicable al presente asunto, en virtud de los artículos 188 y 306 del CPACA.

29

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
Demandante: Municipio de Neiva
Demandado: Universidad Surcolombiana
Referencia: Controversias contractuales

cuál le correspondería ser beneficiada por este concepto. Por lo tanto, la
Subsección no condenará en costas.

93. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila –Sala Cuarta de Decisión, por las razones expuestas en la
presente providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la caducidad de la acción judicial respecto de la demanda
de reconvención formulada por la Universidad Surcolombiana.

TERCERO: DENEGAR la totalidad de las pretensiones de la demanda presentada
por el municipio de Neiva.

CUARTO: NO CONDENAR en costas.

QUINTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
VF

30

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.