Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00393-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00393-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2014-00393-02
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
22 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022).
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: ASOCIACIÓN PROMOTORA DE PROYECTOS, SERVICIOS Y
ASESORÍAS CULTURALES, SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
Demandado: DISTRITO DE BOGOTÁ
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Temas: RECURSO DE APELACIÓN - alcance - deber de sustentación - la carga de
sustentación no se satisface con peticiones abstractas ni con la réplica de los argumentos
de la demanda, de la contestación o de los alegatos de conclusión, pues debe atacarse el
verdadero fundamento de hecho y de derecho de la providencia recurrida - con la apelación
no es posible modificar la causa petendi – en el presente caso no se sustentó
adecuadamente la apelación frente a la negativa de la pretensión de desequilibrio
económico y contra la determinación del a quo de haber descartado los cargos de nulidad
invocados contra las resoluciones demandadas – ante la presunción de legalidad de los
actos que declararon la caducidad del convenio de asociación, no resulta viable el estudio
de la pretensión de incumplimiento sobre la cual se insistió en la apelación.
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia del 27 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Se afirma que la entidad demandada incumplió lo pactado en la cláusula sexta del
convenio de asociación No. 3671 de 2010, en tanto no se desembolsaron los
recursos correspondientes a la asociación Proactiva; además, porque el Distrito
supuestamente desatendió el compromiso que había adquirido con la actora en una
reunión llevada a cabo ante la Personería de Bogotá. A su vez, Proactiva pidió la
nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se declaró la caducidad del
referido acuerdo de voluntades y se liquidó la cláusula penal pecuniaria.
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
Demandado: Distrito de Bogotá
Referencia: Contractual (Ley 1437 de 2011)
II. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
En escrito presentado el 25 de marzo de 2014, la Asociación Promotora de
Proyectos, Servicios y Asesorías Culturales, Sociales y Administrativas -en adelante
Proactiva-, por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales contra el Distrito de Bogotá –
Secretaría Distrital de Integración Social -en adelante SDIS-, con el fin de que se
hicieran las siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal, incluso con
posibles errores)1:
(i) Que se declare el incumplimiento del convenio de asociación No. 3671 de
2010 suscrito con el Distrito – SDIS, “por el no cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con los pagos oportunos establecidos en la cláusula sexta del convenio
y del compromiso suscrito ante la Personería de Bogotá el día 7 de julio de 2011”.
(ii) Que, como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de los
siguientes actos administrativos expedidos por la entidad demandada: a) Resolución
No. 1988 del 19 de diciembre de 2011, por medio de la cual se declaró la caducidad
del convenio de asociación; b) Resolución No. 2008 del 21 de diciembre de la misma
anualidad, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la
determinación anterior; c) Resolución No. 0374 del 29 de febrero de 2012, que liquidó
la cláusula penal pecuniaria del referido convenio, y d) Resolución No. 0792 del 18 de
mayo del mismo año, que rechazó el recurso de reposición contra tal decisión.
(iii) Que se ordene al responsable a indemnizar los perjuicios causados por el
no pago de las obligaciones a cargo del contratante, así como también por la
declaratoria de caducidad del convenio de asociación, suscrito entre el Distrito – SDIS,
Proactiva y los Fondos de Desarrollo Local de Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy,
Engativá, Barrios Unidos, Puente Aranda, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz.
1 Además de las pretensiones que se transcribirán en el cuerpo de la providencia, en la demanda se
pidió: “PRIMERO. Se ordene la revisión del convenio de asociación No. 3671 de 2010, en lo
pertinente a la estructura financiera y técnica de dicho convenio, toda vez que, como se concibió el
clausulado se establecieron obligaciones imposibles de cumplir por parte del asociado y así como
en lo relacionado con los aportes a que este fue sometido en la estructura de este contrato”; sin
embargo, esta pretensión se excluyó del proceso mediante auto del 29 de junio de 2017, dictado por
esta Corporación, porque no se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial
frente a ella. Este aspecto se precisará con detalle más adelante en la presente providencia.
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
Demandado: Distrito de Bogotá
Referencia: Contractual (Ley 1437 de 2011)
(iv) Que, como consecuencia de la pretensión anterior, se ordene el pago de
la suma de $1.672’966.967, por concepto de lucro cesante2, “(...) según se
desprende de las facturas y acta de liquidación anexas en la demanda (...)”.
(v) Que se ordene el pago por el desequilibrio económico que sufrió el
convenio, producto de los aportes y de las modificaciones unilaterales que los
supervisores e interventores impusieron en la ejecución del acuerdo, que asciende a
la suma de $969’193.121 (monto que se pidió a título de daño emergente)3,
correspondiente a los gastos administrativos y operacionales, a los pagos por pólizas
de cumplimiento y de responsabilidad civil, de publicaciones, así como lo relacionado
con los aportes en los que incurrió el asociado Proactiva, según lo estipulado en la
cláusula tercera del convenio de asociación No. 3671 de 2010.
2. Los hechos
Como fundamentos fácticos, en síntesis, se narraron los siguientes:
El 29 de diciembre de 2010, el Distrito de Bogotá - Secretaría Distrital de Integración
Social y la asociación Proactiva celebraron un convenio de asociación, cuyo objeto
consistió en aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para la entrega
de un apoyo alimentario mediante el sistema de bonos canjeables por alimentos
para la población participante de los Fondos de Desarrollo Local de Usme,
Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Engativá, Barrios Unidos, Puente Aranda, Rafael Uribe,
Ciudad Bolívar y Sumapaz, ligados al desarrollo de la política pública de seguridad
alimentaria y nutricional. Este acuerdo de voluntades se suscribió por un valor de
$4.463’631.246, de conformidad con lo pactado en la cláusula cuarta.
En la cláusula sexta se acordó que los Fondos de Desarrollo Local4 realizarían
desembolsos cada mes, por el valor de los bonos entregados y efectivamente
2 Tal suma por este concepto fue precisada en el escrito de subsanación de la demanda (folio 35 del
cuaderno No. 1 del tribunal). Inicialmente en dicha pretensión se había solicitado el monto de
$2.079’006.705, “incluyendo intereses moratorios hasta la fecha de las facturas (...) De este monto
el valor resultante después del acta de liquidación firmada bilateralmente con salvedades es el siguiente:
la entidad en dicha acta reconoció la suma de $1.094’080.278, de este monto se ha cancelado la suma
de $406’039.998 quedando pendiente un saldo por cancelar por valor de $688’040.270 más el monto y
los intereses no reconocidos por parte de la entidad respectiva que ascienden al valor de $984’926.427
para un pago total por parte de la autoridad administrativa por valor de $1.672’966.697” (folio 4 del
cuaderno No. 1 del tribunal).
3 Así también lo precisó la parte actora en el escrito de subsanación de la demanda.
4 Previo al convenio de asociación en cuestión, el Distrito de Bogotá – Secretaría Distrital de
Integración Social y los referidos Fondos de Desarrollo Local suscribieron el convenio
interadministrativo No. 3383, con el fin de aunar esfuerzos para el desarrollo y ejecución de acciones
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
Demandado: Distrito de Bogotá
Referencia: Contractual (Ley 1437 de 2011)
cambiados en el período respectivo, hasta finalizar el plazo de ejecución de cada
proyecto, previa verificación por parte del comité de evaluación y seguimiento del
diagnóstico del estado nutricional de las personas participantes del convenio. Se
pactó, además, que todos los desembolsos se efectuarían previa presentación de
unos documentos por parte de Proactiva, como la factura y/o cuenta de cobro, los
listados, el informe y la certificación de cumplimiento del convenio y el valor a pagar.
Mediante Oficio No. ENT-77555 del 23 de marzo de 2011, la representante legal de
Proactiva solicitó a la SDIS que se modificara la cláusula sexta, en razón de que los
períodos de pago establecidos no permitían la adecuada ejecución del convenio,
“debido exclusivamente a los lapsos tan extensos para realizar los pagos al
asociado, por parte de los Fondos de Desarrollo Local”. Según la demanda, como
la SDIS no dio respuesta, Proactiva reiteró la petición, a través del Oficio No. ENT-
16334 del 16 de junio de 2011, en el cual, además, indicó que “los desembolsos se
encuentran supeditados a la verificación por parte del comité de evaluación y
seguimiento del diagnóstico del estado nutricional de las personas participantes del
convenio (...), lo cual es improcedente debido a que está condicionando el pago”.
El 22 de junio de 2011, Proactiva presentó informe ante la SDIS, en el cual mostró
los avances en la ejecución de las tres primeras etapas en las diferentes localidades
que son objeto del convenio de asociación. Al día siguiente, la demandante solicitó
la suspensión del convenio, en tanto la SDIS no había accedido a la solicitud de
modificar la respectiva cláusula sexta y para evitar un mayor desequilibrio
económico por parte del asociado, además de posibles retrasos en la ejecución.
El 29 de junio de 2011, la SDIS le respondió a la asociación Proactiva que no le
correspondía la autorización ni el trámite de desembolsos, así como tampoco la
aprobación o negación de modificación contractual alguna, “ya que esta labor es
efectuada por las instancias encargadas de constatar la verificación del
cumplimiento y la calidad del servicio prestado”; también le indicó que no existían
motivos que justificaran la paralización o la suspensión del convenio de asociación.
El 7 de julio de 2011 se llevó a cabo una mesa de trabajo en la Personería de
Bogotá, con asistencia del personero, de la secretaria de Integración Social y de la
representante legal de Proactiva. Como resultado de la reunión, la demandante, a
través del Oficio No. ENT-22159 del 14 de julio de 2011, le solicitó a la SDIS que le
que permitan la atención de población vulnerable y en estado de fragilidad, en el marco de la
institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional.
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
Demandado: Distrito de Bogotá
Referencia: Contractual (Ley 1437 de 2011)
remitiera el texto de la propuesta del otrosí modificatorio del convenio de asociación,
según lo acordado en la mesa de trabajo, con el fin de agilizar el pago de las facturas
y así obtener los recursos para continuar con la ejecución.
Con base en lo pactado en la cláusula décima del convenio de asociación, la
representante legal de Proactiva, mediante Oficio No. ENT-23015 del 21 de julio de
2011, le solicitó a la SDIS que se tramitara a la mayor brevedad la cesión de
derechos y obligaciones del referido acuerdo de voluntades, “(...) ya que la situación
económica por el no pago de los servicios prestados hasta la fecha a los usuarios
genera mayores daños y ahonda el desequilibrio económico (...)”. Tal petición fue
reiterada por Proactiva, por medio del Oficio No. EBT-24397 del 1° de agosto de
2011, en tanto la SDIS no le había dado respuesta a la solicitud de cesión.
El 5 de agosto de 2011, la SDIS dio respuesta a la solicitud de cesión del convenio,
en el sentido de que adelantó todas las acciones correspondientes sin que a la fecha
haya encontrado un cesionario para dar continuidad al objeto del acuerdo de
voluntades; además, le solicitó a Proactiva que continuara con la ejecución. A su
vez, el 17 de agosto de 2011, la SDIS puso en conocimiento de la representante
legal de la demandante que las interventorías de las diferentes localidades del
Distrito se encontraban estudiando la posibilidad de emitir concepto de
incumplimiento.
El 22 de agosto de 2011, la asociación Proactiva le presentó un informe detallado a
la SDIS, en el que expuso todas las situaciones presentadas en la ejecución del
convenio que dificultaron el cumplimiento de las obligaciones, sin que la entidad
demandada haya tomado las medidas necesarias para evitarlo.
Mediante Resolución No. 1988 del 19 de diciembre de 2011, la SDIS declaró la
caducidad del convenio de asociación, determinación que fue confirmada por la
Resolución No. 2008 de del 21 de diciembre de 2011. Posteriormente, a través de
la Resolución No. 0374 del 29 de febrero de 2012, la SDIS liquidó la cláusula penal
pecuniaria y, mediante la Resolución No. 0792 del 18 de mayo de 2012, rechazó el
recurso de reposición que se interpuso frente a tal decisión.
El 17 de enero de 2013 se suscribió, con salvedades, el acta de liquidación bilateral
del convenio de asociación. Según la demanda, en dicho documento la SDIS
reconoció la ejecución parcial de tal acuerdo de voluntades y determinó las
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
Demandado: Distrito de Bogotá
Referencia: Contractual (Ley 1437 de 2011)
obligaciones no atendidas por la entidad demandada, además de que las
salvedades tienen relación “con los montos no reconocidos por la autoridad y los
demás asuntos relacionados con los desequilibrios y la nulidad de las resoluciones”.
3. Fundamentos de derecho
La parte actora hizo referencia al régimen especial de los convenios de asociación
y, con base en ello, señaló que el Distrito de Bogotá – SDIS violó la normativa que
rige ese tipo de acuerdo de voluntades, por aplicar normas del régimen ordinario de
la contratación estatal, como el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, que consagra la
cláusula exorbitante de caducidad, de ahí la nulidad de la resolución que la declaró.
A su vez, se señaló que la SDIS incumplió el convenio de asociación de manera
concomitante con la asociación Proactiva, “incurriendo en la figura de la excepción
de contrato no cumplido”. Sobre el particular, se sostuvo que a la SDIS le asistía la
obligación de realizar los pagos a la demandante, a través de las alcaldías locales,
lo cual no realizó y conllevó a que Proactiva incumpliera con las prestaciones que
se obligó a cumplir con ocasión del acuerdo de voluntades.
Se dijo que Proactiva no ha recibido ningún pago por parte de las alcaldías locales,
a pesar de que dicha asociación demostró que había entregado bonos alimenticios
a la población objeto del convenio por un valor superior a $1.500’000.000. Se indicó
que la Administración incumplió con su obligación de efectuar los pagos, por lo que
al asociado no le era dable cumplir a cabalidad el objeto del convenio.
Seguidamente, esto se alegó en la demanda (transcripción literal, incluso con
posibles errores):
(...) quedó demostrado que el incumplimiento grave no está en cabeza del
asociado, quien de manera permanente y constante puso en conocimiento de
la Administración las dificultades que se venían presentando en la ejecución del
contrato, si no se atendían los pagos a que tenía derecho de manera oportuna
(...) está demostrado cómo la Secretaría Distrital de Integración Social guardó
silencio sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente a la asociación
Proactiva (...) era claro que Proactiva dependía de esos pagos para ejecutar
cabalmente el objeto del contrato, por lo cual el acto que declaró la caducidad
del convenio presente falsa motivación tanto de la excepción de las razones del
no pago como en la misma declaratoria de caducidad atribuida a Proactiva, así
como la violación del artículo 17 de la Ley 1150, en virtud de la aplicación del
debido proceso, que debe llevar a que dicha resolución sea declarada nula.
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
Demandado: Distrito de Bogotá
Referencia: Contractual (Ley 1437 de 2011)
Por otra parte, la asociación Proactiva señaló que debía declararse la nulidad de la
resolución que hizo efectiva la cláusula pecuniaria. Dijo que el referido acto
administrativo tuvo en cuenta el 10% del valor del convenio, “es decir, $446’363.125,
pero más grave aún es que a este valor se le suman los aportes que Proactiva hizo
al convenio por la suma de $406’460.100, hecho de por sí irregular. Por lo anterior
se sustenta aún más la necesidad de anular dichas resoluciones”.
Adicionalmente, la demandante sostuvo que se presentó un “desequilibrio
económico” del convenio por causas imputables a la entidad, toda vez que la SDIS
no atendió los requerimientos del contratista en relación con los pagos pactados.
Por último, citó el artículo 8.1.1. del Decreto 734 de 2012, relativo a la determinación
de los intereses moratorios. Luego, señaló que al liquidarse el convenio y al no
reconocer el monto líquido de las obligaciones se violó lo consagrado en la referida
norma, “en razón a que esta obligación se hizo exigible a partir de marzo de 2011”.
4. Trámite en primera instancia
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante
auto del 2 de julio de 20145, notificado en debida forma a la entidad demandada y
al Ministerio Público.
El extremo pasivo contestó la demanda6 y se opuso a sus pretensiones.
Señaló que, de acuerdo con el convenio de asociación, a los Fondos de Desarrollo
Local -en adelante FDL- les correspondía cumplir con el aporte de la suma de
$4.057’171.146 y con el desembolso de dichos recursos a Proactiva. A su vez,
indicó que en la cláusula sexta del referido acuerdo se fijó un procedimiento para
que los FDL pudieran hacer los pagos, el cual fue desconocido por el asociado.
Dijo que Proactiva le solicitó a la SDIS que modificara la cláusula sexta del convenio
en cuestión -que se refiere a los desembolsos de los recursos-, pero la SDIS le
informó que toda modificación debía ser aprobada por los FDL, a través de las
alcaldías locales, por ser los aportantes de los recursos. También dijo que, ante la
Personería de Bogotá, se adelantó una reunión para tratar el tema de los
desembolsos y de las dificultades en la ejecución, en la cual se acordó que las
5 Folio 63 del cuaderno No. 1 del tribunal.
6 Folios 97 a 151 del cuaderno No. 1 del tribunal.
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
Demandado: Distrito de Bogotá
Referencia: Contractual (Ley 1437 de 2011)
partes revisarían lo concerniente a la posibilidad de modificar la cláusula sexta, pero
finalmente no se concretó nada ni se llevó a cabo la modificación.
Propuso la excepción de contrato no cumplido por parte de Proactiva, porque
esta fue la que incumplió de forma grave las obligaciones del convenio.
Dijo que el desembolso de recursos por parte de la Administración al asociado
procedía siempre y cuando este presentara las facturas, los informes, los listados
y las certificaciones de cumplimiento ante los FDL, de manera que no había lugar
a ello si Proactiva no pasaba la documentación. Afirmó que las dificultades
comenzaron a evidenciarse por el incumplimiento grave por parte de Proactiva, lo
que imposibilitaba que las interventorías certificaran el cumplimiento de las
obligaciones, de ahí que el asociado no pudiera presentar la documentación exigida
en la cláusula sexta del convenio para los respectivos desembolsos.
También formuló la excepción de legalidad de los actos administrativos
demandados, por cuanto aquellos se expidieron con fundamento en los graves
incumplimientos en los que incurrió el asociado. Por último, propuso la excepción
de inexistencia de desequilibrio económico del convenio.
Mediante auto del 19 de octubre de 20157, el Tribunal a quo, por petición de la
entidad demandada, vinculó al proceso, en calidad de litisconsortes necesarios por
pasiva, a los FDL de Usme, Tunjuelito, Bosa, Engativá, Barrios Unidos, Puente
Aranda, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz8.
7 Folios 198 a 203 del cuaderno No. 1 del tribunal. Las consideraciones del auto fueron las siguientes
(transcripción literal, incluso con posibles errores): “Encuentra el despacho que el convenio que se
demanda en el presente asunto (...) fue celebrado el 29 de diciembre de 2010, entre el Distrito Capital
– Secretaría Distrital de Integración Social y la Asociación Proactiva. En dicho convenio se señaló
como cláusula primera ‘Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para la entrega de un
apoyo alimentario (...) para la población participante de los Fondos de Desarrollo Local (...) en la
cláusula cuarta se dispuso que los Fondos de Desarrollo Local (...) aportarían la suma de
$4.057’170.146. (...) una vez analizado el acervo probatorio se constató que el convenio aludido
anteriormente se realizó en el marco del convenio interadministrativo 3383 del 11 de octubre, llevado
a cabo entre la Secretaría Distrital de Integración Social y los Fondos de Desarrollo Local (...) Por lo
anterior, el despacho establece que puede existir un interés por parte de los Fondos de Desarrollo
Local (...), toda vez que hacían parte del convenio de asociación No. 3671, así que pueden verse
afectados en las resultas del presente proceso (...)”.
8 La vinculación de estos Fondos se hizo a través de la Secretaría Distrital de Gobierno, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 655 de 2011, expedido por la Alcaldía
Mayor de Bogotá, que dispone: “Delegación en el Secretario de Gobierno de la representación
judicial y extrajudicial en temas de localidades, Alcaldes, Alcaldías Locales, JAL y FDL. Deléguese
en el Secretario Distrital de Gobierno, con las facultades previstas en el artículo 2 de este decreto,
la representación legal en lo judicial y extrajudicial de Bogotá, Distrito Capital, en relación con todos
aquellos procesos, diligencias y/o actuaciones, judiciales o administrativas que se adelanten con
ocasión de todos los actos, hechos, omisiones y operaciones que expidan, realicen o en que incurran
o participen las Localidades, las Juntas Administradoras Locales, los Alcaldes y las Alcaldías Locales
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
Demandado: Distrito de Bogotá
Referencia: Contractual (Ley 1437 de 2011)
Los FDL contestaron la demanda9 oponiéndose a sus pretensiones, con
fundamento en que Proactiva no cumplió con lo previsto en la cláusula sexta del
convenio, en tanto únicamente presentó las facturas sin los demás documentos que
se exigían para que se le realizara el respectivo desembolso de los recursos.
El 21 de junio de 2016 se realizó la audiencia inicial, diligencia en la cual el Tribunal
declaró probada, de oficio, la “excepción de inepta demanda por indebido
agotamiento del requisito de procedibilidad” frente a la pretensión primera de la
demanda, en la que se solicitó la revisión del convenio de asociación.
Tal decisión fue apelada por la parte actora10 y, mediante auto del 29 de junio de
2017, el Consejo de Estado la modificó, en el sentido de excluir dicha pretensión,
por cuanto el incumplimiento del agotamiento del requisito de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial no se enmarca en la excepción de inepta demanda, sino
en el supuesto consagrado en el numeral 6 del artículo 180 del CPACA.
La audiencia inicial continuó el 27 de febrero de 201811. El litigio se fijó en los
siguientes términos: (i) establecer si la SDIS y los FDL pagaron oportunamente o no
los desembolsos pactados en la cláusula sexta del convenio de asociación No. 3671
de 2010; (ii) si la SDIS y los FDL desatendieron los compromisos suscritos el 7 de julio
de 2011 ante la Personería de Bogotá y si aquellos eran vinculantes para las partes;
(iii) si se configuró un incumplimiento contractual por parte de la SDIS; (iv) si, como
consecuencia de lo anterior, debe declararse la nulidad de las resoluciones por medio
de las cuales se declaró la caducidad del convenio, “por ser expedidas presuntamente
con falsa motivación y [por] violar la normatividad que regula los convenios de
asociación al aplicar normas del régimen ordinario de contratación”; (v) si también
debe declararse la nulidad de las resoluciones que liquidaron la cláusula penal
pecuniaria; (vi) si existió desequilibrio económico y (vii) si se demostraron los
perjuicios.
La fijación del litigio fue aceptada por las partes. Posteriormente se decretaron
algunas de las pruebas solicitadas y se negaron otras.
y/o los Fondos de Desarrollo Local” (ver el ordinal segundo del auto del 19 octubre de 2015, dictado
por el Tribunal a quo, y el pie de página número consignado en dicha providencia).
9 Folios 209 a 216 del cuaderno No. 1 del tribunal.
10 Folios 348 a 352 del cuaderno No. 1 del Consejo de Estado.
11 Folios 373 a 376 del cuaderno No. 1 del Consejo de Estado.
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
Demandado: Distrito de Bogotá
Referencia: Contractual (Ley 1437 de 2011)
El 1° de marzo de 2018 se realizó la audiencia de pruebas12 y, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 181 del CPACA, el magistrado conductor del proceso
prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó la presentación por
escrito de los alegatos de conclusión y del concepto del Ministerio Público.
Las partes alegaron de conclusión y reiteraron lo expuesto en la demanda y en sus
contestaciones13. El Ministerio Público conceptuó en el sentido de que se debían negar
las pretensiones formuladas en el escrito inicial, porque no se demostró el
incumplimiento del convenio por parte de la Administración, ni tampoco se desvirtuó
la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados14.
4. La sentencia de primera instancia
El Tribunal, mediante sentencia del 27 de noviembre de 201915, negó las
pretensiones de la demanda.
El a quo descartó el incumplimiento contractual alegado por la demandante y
concluyó que la asociación Proactiva fue la que incumplió sus obligaciones.
Revisadas las pruebas recaudadas, el Tribunal destacó que el incumplimiento de
las obligaciones de Proactiva quedó en evidencia con los informes expedidos por
las diferentes interventorías, en los que consta que no cumplió con las entregas y
con la calidad de los alimentos. El a quo, además, señaló que el asociado tampoco
cumplió con su aporte de cofinanciación, consistente en las actividades tendientes
a medir el impacto nutricional generado por el consumo de alimentos canjeados
durante el período de ejecución del convenio de asociación. Todo lo anterior, según
el Tribunal, conllevó a que no se expidiera la certificación de cumplimiento,
documento exigido en la cláusula sexta del convenio para los desembolsos.
El Tribunal también desechó el argumento de la parte demandante, según el cual
los demandados desatendieron los compromisos suscritos ante la Personería de
Bogotá respecto de la modificación de la cláusula sexta del convenio. Sobre el
particular, el a quo sostuvo que en la reunión ante la Personería se planteó la
alternativa de suscribir un otrosí, como lo solicitó Proactiva, sin que se llegara a un
consenso sobre su aprobación y obligatoria suscripción, de ahí que “no puede
12 Folios 434 a 439 del cuaderno No. 1 del Consejo de Estado.
13 Folios 441 a 482 del cuaderno No. 1 del Consejo de Estado.
14 Folios 474 a 479 del cuaderno No. 1 del Consejo de Estado.
15 Folios 504 a 520 del cuaderno No. 2 del Consejo de Estado.
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
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Demandado: Distrito de Bogotá
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llegarse a la conclusión de que por la no elaboración y/o no suscripción existió
desatención y/o incumplimiento por parte de los demandados”, porque las
manifestaciones realizadas en dicha reunión no tenían fuerza vinculante.
Con base en lo expuesto, el a quo concluyó que la Administración cumplió con los
pagos en la medida en que se encontrara certificado el servicio y que la mesa de
trabajo con la Personería de Bogotá no era vinculante para las partes, pues nunca
hubo un compromiso, sino simplemente una propuesta de suscribir un otrosí, sin
que ninguno de los intervinientes adquiriera obligaciones al respecto.
En relación con el desequilibrio económico que alegó la parte actora, derivado de
las modificaciones unilaterales que los supervisores e interventores impusieron en
la ejecución del convenio de asociación (pretensión v), el Tribunal sostuvo que no
existió tal desequilibrio, en la medida en que las exigencias de los supervisores para
el cumplimiento del acuerdo de voluntades se encontraban pactadas en el convenio
y las cuales fueron asumidas por Proactiva al suscribirlo.
Por otra parte, el Tribunal descartó la configuración de las causales de nulidad
invocadas respecto de los actos que declararon la caducidad: (i) en relación con
que dichas resoluciones violaron la normativa que regulan los convenios de
asociación, el a quo señaló que el convenio en cuestión tenía sustento en el artículo
355 de la Constitución Política, así como en el Decreto 777 de 1992, cuerpo
normativo que permitía pactar cláusulas exorbitantes, como la caducidad, en ese
tipo de acuerdo de voluntades, y (ii) respecto de la falsa motivación, el Tribunal
señaló que los argumentos expresados en tales actos administrativos tuvieron
sustento en los informes expedidos por los supervisores, que dieron cuenta de los
graves incumplimientos por parte de Proactiva.
Por último, el a quo también sostuvo que la Resolución No. 374 de 2012, por medio
de la cual se liquidó la cláusula penal pecuniaria, no se encontraba viciada de
nulidad, en tanto se expidió con fundamento en lo pactado en el convenio.
5. El recurso de apelación
Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación,
con el fin de que se revoque y se concedan las súplicas de la demanda.
Hizo referencia a jurisprudencia relacionada con los convenios de asociación y
mencionó el artículo 355 de la Constitución Política, el Decreto 777 de 1992, así
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
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como también la Ley 489 de 1998. Luego, señaló que al momento de fallar el asunto
debe tenerse en cuenta la naturaleza de tales acuerdos de voluntades, porque los
suscritos entre Proactiva y el Distrito de Bogotá – SDIS, por la forma en que fueron
estructurados y concebidos, desconocen las normas referidas.
Además, sostuvo que debe tenerse presente la sentencia del 17 de mayo de 2010,
expediente No. 18.39416, proferida por la Sección Tercera de esta Corporación,
relacionada con la aplicación del debido proceso en materia contractual.
Cuestionó que en el fallo se haya afirmado que la Administración cumplió a
cabalidad con los pagos, por cuanto ello no era cierto, dado que no se realizó ningún
pago en la ejecución del convenio. Señaló que, con el Oficio No. ENT-7755 del 23
de marzo de 2010, se puso en conocimiento de la SDIS la imposibilidad de pagos,
documento por medio del cual el representante legal del asociado Proactiva le
solicitó a la SDIS que modificara la forma de pago pactada en la cláusula sexta del
convenio de asociación, en razón de que los períodos de pago establecidos no
permitían la adecuada ejecución del acuerdo de voluntades.
Sostuvo que Proactiva realizó un esfuerzo económico y financiero para cumplir con
el objeto del convenio, sin que la Administración le hubiese desembolsado recursos,
cuestión que, en su criterio, se probó con el oficio del 15 de junio de 2011 que se le
dirigió a la SDIS. Agregó que en el presente caso se acreditó la negligencia de la
Administración, ante la falta de respuesta respecto de la solicitud de modificación
de la cláusula sexta del convenio, situación que, a juicio del recurrente,
imposibilitaba a Proactiva continuar con su ejecución.
Indicó que el Tribunal a quo no hizo un análisis completo del acta que se levantó
con ocasión de la reunión que las partes adelantaron ante la Personería de Bogotá.
Manifestó que con ese documento se demostró que Proactiva, con sus propios
recursos, ejecutó una suma superior a $1.500’000.000, sin que se le hubiese
desembolsado “ningún peso”. Dijo, además, que en dicha reunión se pactaron
compromisos, entre otros, el de “estudiar el Otrosí que era condición para poder
continuar con la ejecución de dicho convenio”, de ahí que haya surgido la obligación
de la partes de suscribir un otrosí para continuar con la ejecución, lo cual se requería
para el respectivo desembolso de los recursos que nunca se pagaron.
16 Con ponencia de la entonces magistrada Ruth Stella Correa Palacio.
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En relación con el desequilibrio económico, la parte recurrente manifestó (se
transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
(...) aquí la Sala al hacer el análisis respectivo, concluye que no se presentó
ningún detrimento patrimonial. El asociado, según los hechos analizados,
siempre planteó el desequilibrio contractual, la cual está sustentado en las 8
cajas de documentos entregados al despacho y que posteriormente fueron
retirados sin ningún estudio y evaluación de ese acervo probatorio, en el cual
se determina plenamente el desequilibrio en la ejecución de dicho convenio. Por
esta razón, le solicito a la segunda instancia que se aporten estas pruebas que
son determinantes para establecer el detrimento patrimonial (...).
Finalmente, en cuanto a la decisión del a quo de haber descartado los cargos que
se invocaron frente a las resoluciones demandadas, la recurrente formuló el
siguiente interrogante (transcripción literal, incluso son posibles errores):
Le pregunto a la Sala: [¿] es correcto que una autoridad administrativa, a
sabiendas de lo que estaba ocurriendo en la ejecución del convenio 3671 de
2010, sin atender los múltiples requerimientos del asociado, donde se expresan
con claridad las dificultades que se vienen presentando en la ejecución de dicho
convenio, debía tomar la decisión de declarar el siniestro de incumplimiento
para determinar la caducidad? Si se analiza el contexto de la demanda, es claro
advertir que lo que ocurrió en la ejecución de este convenio por la actitud
desarrollada por la administración a través de sus supervisores fue más de
persecución [que] de colaboración y apoyo a la ejecución del mismo.
Luego de ello, la parte actora citó textualmente un aparte del hecho veinte17
planteado en la demanda. Seguidamente, sostuvo que la entidad demandada sabía
de antemano que, si no se atendían los requerimientos realizados por Proactiva, no
era posible cumplir con la ejecución del convenio de asociación.
Por lo anterior, señaló que los actos expedidos en esas condiciones eran
absolutamente nulos, porque fue la misma entidad demandada, Distrito de Bogotá
– SDIS, la que condujo al incumplimiento de la ejecución del convenio.
6. Trámite en segunda instancia
El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación mediante auto del 25 de
junio de 2021. Posteriormente, a través de auto del 28 de julio del mismo año, se
17 Esto fue lo que citó la parte recurrente del hecho veinte de la demanda (se transcribe de forma
literal): “Por esta razón reiteramos que nuestra Asociación no se encuentra en condiciones de
continuar con el desarrollo del objeto del convenio, por ello se ha insistido en la cesión de los
derechos y obligaciones, ya que nos encontramos una grave crisis financiera que ha sido el resultado
precisamente de cumplir con las obligaciones y exigencia exorbitantes de la supervisión”.
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negó la solicitud probatoria que la parte actora hizo en la impugnación. En dicha
providencia, además, se requirió a los sujetos procesales para que solicitaran su
registro en el sistema de gestión judicial SAMAI. Luego, se corrió traslado a las
partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su
concepto, por proveído del 27 de agosto de 2021.
El Distrito – SDIS reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda.
La parte actora solicitó la revocatoria de la sentencia dictada por el a quo e insistió en
que con las cajas de documentos que aportó -que no fueron decretadas como
pruebas- se demostró que, a pesar de las dificultades en la ejecución del convenio,
Proactiva hizo todo lo posible por cumplir.
Los FDL y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Competencia18
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en
razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 27 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y por tratarse de un proceso con
vocación de doble instancia por razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo
150 del CPACA, dado que la pretensión mayor19 excede los 500 salarios mínimos
legales mensuales vigentes20 a la fecha de presentación de la demanda21.
2. Ejercicio oportuno del medio de control
Conviene señalar que el CPACA, para efectos de determinar a partir de cuándo
debe computarse el término de caducidad, establece unas reglas especiales cuando
la demanda tiene origen en un contrato.
18 En el presente asunto resultan aplicables las reglas de competencia del CPACA sin la reforma que
sobre este aspecto dispuso la Ley 2080 expedida el 25 de enero de 2021, en tanto esas
modificaciones en cuanto a las competencias “se aplicarán respecto de las demandas que se
presenten un año después de publicación de esta ley” (artículo 86 de la Ley 2080 de 2021).
19 La pretensión mayor asciende a la suma de $1.672’966.967, por concepto de lucro cesante.
20 A la fecha de presentación de la demanda (2014) 500 SMLMV equivalían a $308’000.000.
21 Como la demanda se presentó en vigencia del CPACA, la norma con la cual se determina la
competencia por razón de la cuantía es el artículo 157 de ese cuerpo normativo.
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En lo que a este caso interesa, resulta oportuno traer a colación la regla consagrada
en el artículo 164 ibidem, numeral 2, del literal j), apartado iii), que dispone que, en
los contratos que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo
por las partes, el cómputo de los dos años de la caducidad empieza a correr a partir
del día siguiente a la suscripción de la respectiva acta.
Como el convenio de asociación objeto de estudio fue liquidado de común acuerdo
el 17 de enero de 2013, el término para demandar se extendió hasta el 18 de enero
de 2015. En ese sentido, dado que el escrito inicial se interpuso el 25 de marzo de
2014, la Sala concluye que se hizo en la oportunidad legal prevista22.
3. El alcance del recurso de apelación y la carga de sustentarlo debidamente
De manera reciente, esta Subsección23 consideró que la carga de sustentación que
le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera
manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la
petición de que se revoque, pues lo que la ley exige es que se ataquen los
fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia
en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la
decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad
existen razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que
conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado.
Bajo esta óptica, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las
razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las
consideraciones de la sentencia recurrida, en orden a que el superior jerárquico
confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad
planteados por la parte recurrente, máxime porque, se insiste, los reproches frente
a la providencia impugnada son los que fijan la competencia del juez de segunda
instancia, “cuya función no puede ir al extremo de suponer las razones de
inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía, de suplir las
cargas que legalmente le han sido impuestas a ella”24.
22 Se advierte que en el presente caso se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación
extrajudicial (folios 288 y 289 del cuaderno No. 2 del tribunal).
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 7 de diciembre de 2021; También, entre otros, ver el fallo proferido por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 24 de septiembre de 2020, expediente 44.707,
C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
24 Ibidem.
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Actor: Proactiva
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De cara al caso concreto, la Sala advierte que en la sentencia apelada se negaron
las pretensiones de la demanda, con fundamento en que se desestimó: (i) la petición
de incumplimiento de la obligación de pago pactada en la cláusula sexta del
convenio de asociación y del compromiso suscrito ante la Personería de Bogotá; (ii)
la pretensión de desequilibrio económico (pretensión v), así como también (iii) los
dos cargos invocados respecto de las resoluciones demandadas.
En lo que se refiere a los puntos (ii) y (iii), relativos a la negativa de la petición de
desequilibrio económico del convenio de asociación y a la improsperidad de las
causales de nulidad invocadas contra los actos demandados, la Subsección
advierte que la parte actora no realizó una debida sustentación del recurso de
apelación frente a esos puntos específicos, como pasa a verse a continuación
Se recuerda que el Tribunal desechó la petición de desequilibrio económico -que
la actora alegó como consecuencia de las modificaciones unilaterales que los
supervisores e interventores impusieron en la ejecución del convenio-, bajo el
argumento de que las exigencias de los supervisores para el cumplimiento del
acuerdo de voluntades se encontraban pactadas en el convenio de asociación No.
3671 de 2010, las cuales fueron asumidas por Proactiva al suscribirlo.
Conviene advertir que en el recurso de apelación la parte actora se limitó a indicar
que el desequilibrio económico se encontraba sustentado “(...) en las 8 cajas de
documentos entregados al despacho y que posteriormente fueron retiradas sin
ningún estudio y evaluación de ese acervo probatorio (...) y, acto seguido, solicitó
que en segunda instancia se aportaran esas cajas al expediente.
Se precisa que Proactiva, en lugar de presentar inconformidades contra los
fundamentos que sirvieron de sustento a la providencia apelada para descartar la
pretensión v) de desequilibrio económico, utilizó la vía del recurso de apelación para
solicitar el decreto de pruebas en segunda instancia, con las cuales, según dijo, se
demostraba el supuesto desequilibrio. En todo caso, resulta importante señalar que
dicha solicitud probatoria fue negada por auto del 28 de julio de 2021, con
fundamento en que no encajaba en los supuestos del artículo 212 del CPACA25.
25 Los argumentos del referido auto fueron los siguientes: “Contrario a lo afirmado por el recurrente,
encuentra el despacho que el Tribunal a quo, en la audiencia de pruebas celebrada el 6 de junio de
2018, se pronunció expresamente sobre las ‘cajas de documentos’ aportadas por la parte
demandante para probar el cumplimiento en la ejecución del convenio 3671 de 2010, que ahora
solicita como prueba en esta instancia, sobre las que indicó que no se debían tener como prueba,
‘por cuanto no fueron decretadas – no corresponde a las certificaciones de cumplimiento que se
16
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Lo expuesto da cuenta de que en el recurso no se esgrimieron argumentos
tendientes a rebatir la conclusión del Tribunal, concerniente a que no se presentó el
supuesto desequilibrio económico, toda vez que la parte actora, frente a este punto
concreto, usó la impugnación con el único propósito de solicitar pruebas en segunda
instancia y, si bien estaban dirigidas a demostrar el alegado desequilibrio, lo cierto
es que no se presentó ningún argumento para rebatir las conclusiones del fallo
apelado en este aspecto, de ahí que la apelación carezca de sustento.
En lo que respecta a los cargos que se invocaron en contra de las
resoluciones demandadas (violación de la normativa que regula los convenios de
asociación y falsa motivación), que fueron descartados por el Tribunal, la Sala
destaca que en la apelación no se hizo referencia expresa a los dos cargos de
nulidad invocados en la demanda; de su argumentación podría inferirse, si acaso,
que la parte actora atacó lo que consideró el a quo para descartar la causal de falsa
motivación endilgada frente a la resolución por medio de la cual se declaró la
caducidad del convenio de asociación, pero se advierte una carencia de
sustentación de ese punto en la impugnación, tal como pasa a verse.
El a quo desechó la causal de falsa motivación porque, en su criterio, la referida
resolución se profirió con fundamento en los informes expedidos por los
supervisores del convenio, que dieron cuenta de los graves incumplimientos por
parte de Proactiva, mientras que en la apelación se señaló que la actuación del
Distrito de Bogotá, a través de sus supervisores, fue más de persecución que de
apoyo en la ejecución del convenio de asociación No. 3671 de 2010.
solicitaron ii) no hay certificaciones de cumplimiento expedidas entre otros como se manifestó’. Así
mismo, se señaló que ‘si hubiese sido pedida oportunamente las pruebas allegadas [las cajas de
documentos aportadas por la parte actora] se les hubiera dado el valor que les correspondía.
Recuerda el despacho que en la demanda se hicieron solicitudes probatorias cuando el apoderado
manifestó que se aportaban con la demanda’. Frente a la anterior decisión la parte actora interpuso
recurso de reposición y en subsidio de apelación, y el Tribunal a quo rechazó el recurso de apelación,
por cuanto dicho recurso no era procedente contra el auto que negaba pruebas proferido por un
tribunal en primera instancia. Respecto del recurso de reposición, se resolvió negativamente, pues
se consideró que tener como pruebas las ‘cajas de documentos’ viola el principio del debido proceso,
debido a que esa prueba no fue solicitada oportunamente y la que sí fue decretada a petición de la
secretaría de integración social tenía relación con las certificaciones de cumplimiento, que estuvieron
a cargo de la parte demandante y de las cuales se afirmó que no existían, por lo que los documentos
aportados no corresponden al objeto de la prueba que se decretó. De lo relacionado en precedencia,
se encuentra que ‘las cajas de documentos’ son elementos de convicción que la parte demandante
pudo haber solicitado o aportado junto con la demanda, pero no lo hizo; asimismo, no versan sobre
hechos ocurridos con posterioridad a la oportunidad probatoria de primera instancia y no se acreditó
la imposibilidad de su solicitud por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la contraparte”.
17
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Con ese argumento, en la impugnación podría entenderse que la parte demandante
cuestionó la determinación de haber descartado la falsa motivación, en tanto con
aquel se intentó reprochar la actuación de los supervisores durante la ejecución del
convenio; sin embargo, se advierte que tal planteamiento no resulta suficiente para
considerar que el recurso fue sustentado adecuadamente, pues constituye una
afirmación vaga y poco concreta, en vista de que no se cuestionó ni se dijo nada
frente a los informes que dichos supervisores expidieron, los cuales se constituyeron
en el fundamento de la Administración para declarar la caducidad del convenio.
En efecto, en la apelación se afirmó de manera abstracta y genérica que la actuación
de los supervisores fue de “persecución” y no de apoyo, pero no se discutió
directamente la razón fundamental del Tribunal para descartar la causal de falsa
motivación invocada frente a la resolución que declaró la caducidad del convenio,
en tanto, se repite, no se manifestó desacuerdo alguno frente a los informes
rendidos por los supervisores, ni tampoco se señaló cuáles fueron esas actuaciones
que, en criterio de la recurrente, dieron cuenta de la supuesta “persecución”, de ahí
que resulte insuficiente el recurso en lo que a este aspecto concierne.
Adicionalmente, en la impugnación se citó textualmente un aparte del hecho veinte 26
planteado en la demanda, así como también se replicó lo señalado en el escrito
inicial cuando se invocó la falsa motivación frente al acto que declaró la caducidad,
en el sentido de que la entidad demandada no atendió los requerimientos de
Proactiva durante la ejecución del convenio, lo que supuestamente hacía imposible
cumplir con el acuerdo de voluntades y, por ende, el incumplimiento recaía en la
Administración y no en el asociado demandante en este asunto.
Sobre el particular, la Sala considera pertinente traer a colación en esta oportunidad,
como lo ha hecho en casos similares27, que la carga de sustentación del recurso de
apelación no se satisface con la simple manifestación de inconformidad en contra
de la providencia recurrida, ni tampoco con la solicitud genérica de que se revoque,
26 Esto fue lo que citó la parte recurrente del hecho veinte de la demanda (se transcribe de forma
literal): “Por esta razón reiteramos que nuestra Asociación no se encuentra en condiciones de
continuar con el desarrollo del objeto del convenio, por ello se ha insistido en la cesión de los
derechos y obligaciones, ya que nos encontramos una grave crisis financiera que ha sido el resultado
precisamente de cumplir con las obligaciones y exigencia exorbitantes de la supervisión”.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 16 de diciembre de 2020, expediente No. 46.542.
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“o con la mera reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera
instancia, bien sea en la demanda o en la contestación”28 (se destaca).
Lo que se evidencia en este caso es que la actora no atacó el verdadero fundamento
que sirvió de sustento a la providencia impugnada para desestimar la falsa
motivación respecto de la resolución que declaró la caducidad del convenio, pues
sobre este punto en el recurso, como acaba de verse, simplemente se reiteraron las
razones expuestas en la demanda, cuando la carga de sustentar la apelación no
puede limitarse a la reproducción de lo alegado en el escrito inicial, situación que le
impide a la Subsección efectuar un juicio de valor sobre la decisión recurrida, en
tanto tampoco puede suponer las razones de inconformidad del apelante.
Además, en la impugnación se planteó el siguiente interrogante: ¿lo correcto, a
sabiendas de lo ocurrido en la ejecución del convenio de asociación, era que la
entidad demandada debía “tomar la decisión de declarar el siniestro de
incumplimiento para determinar la caducidad”? Al respecto, la Sala no puede
entender que con dicha pregunta se planteó un motivo de disenso contra la decisión
recurrida; adicionalmente, no está de más señalar que en la demanda, frente a la
resolución que declaró la caducidad del convenio de asociación No. 3671 de 2010,
no se planteó cargo de nulidad que se sustentara en el hecho de que, previo a
adoptarse tal determinación, la Administración debió expedir un acto declarando
primero el incumplimiento, en caso de entenderse el interrogante de esta manera.
Como el referido planteamiento no fue alegado en el escrito inicial, sino al momento
en que se interpuso la apelación, a la Subsección no le corresponde abordar tal
argumento en esta instancia, de conformidad con el principio de congruencia y con
el derecho fundamental al debido proceso29, máxime si se tiene en cuenta que dicha
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 4 de marzo de 2022, expediente No. 53.376, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
29 En casos similares la Subsección ha considerado: “(…) la Sala advierte que el recurso de apelación
ni los alegatos de conclusión tienen por objeto el que las partes adicionen o modifiquen sus
demandas, pues con ello sorprenderían a su contraparte con cargos nuevos frente a los cuales no
se tuvo la oportunidad de defenderse y, en caso de permitir tales actuaciones, se desconocería el
principio de congruencia y el debido proceso (…) esta Subsección, al igual como lo hizo el Tribunal
en su momento, advierte que no es posible examinar la legalidad de la imposición de la cláusula
penal pecuniaria por parte de Fonade al contratista de acuerdo con lo planteado por la parte actora
en la apelación y en los alegatos de conclusión, dado que en la demanda no se pidió que se declarara
su ilegalidad ni su arbitrariedad y, pronunciarse sobre ello, sería un atentado contra el principio de
congruencia y el derecho fundamental al debido proceso, en razón de que con la impugnación no es
posible modificar la causa petendi, pues para ello existen unas oportunidades procesales que no
fueron aprovechadas en su momento por la demandante. Si bien el marco de competencia del juez
de segunda instancia lo constituyen las referencias hechas en la apelación, lo cierto es que, bajo la
excusa de interponer tal recurso, no puede variarse el petitum de la demanda, pues lo planteado en
la impugnación debe tener relación con la discusión propuesta en la demanda, cosa que no sucedió
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impugnación no tiene por objeto el que las partes adicionen o modifiquen sus
demandas, pues no resulta posible variar la causa petendi con el respectivo recurso.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que no se sustentó adecuadamente
la apelación contra las razones que llevaron al Tribunal a desestimar la falsa
motivación respecto de la resolución que declaró la caducidad del convenio, aunado
al hecho de que la impugnación no es la vía para modificar la causa petendi.
Asimismo, se precisa que en los fundamentos de derecho de la demanda se alegó
que debía anularse la resolución que declaró la caducidad del convenio de
asociación, porque violó el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que dispone lo
concerniente al debido proceso; sin embargo, en la sentencia apelada no se dijo
nada al respecto y en el recurso de apelación tampoco se insistió en ese punto, de
manera que aquello no puede ser abordado en esta instancia. Lo único relacionado
que dijo la parte recurrente, sin mencionar la referida norma, fue que debía tenerse
en cuenta la sentencia del 17 de mayo de 2010, expediente No. 18.394, proferida
por la Sección Tercera de esta Corporación, relacionada con la aplicación del debido
proceso en materia contractual, pero la simple referencia a tal pronunciamiento no
constituye una adecuada sustentación de la apelación.
En ese orden de ideas, la Subsección advierte que las resoluciones que declararon
la caducidad del convenio de asociación No. 3671 de 2010 se mantienen incólumes,
pues en el recurso de apelación contra el fallo dictado por el a quo la parte actora
no hizo el esfuerzo argumentativo para desvirtuar su presunción de legalidad.
La declaratoria de caducidad, contenida en la Resolución No. 1988 del 19 de
diciembre de 201130, se sustentó en el incumplimiento grave por parte del asociado
en este caso, en tanto la ilegalidad que se pidió en el recurso respecto de la imposición de la cláusula
penal pecuniaria no fue solicitada en el escrito inicial, ni siquiera mencionada en sus fundamentos
fácticos ni jurídicos” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2021, expediente No. 65.589).
30
Esto se consideró en el referido acto (transcripción literal, incluso con posibles errores): “El
subdirector de contratación, de conformidad con lo anterior aduce que al aseverarse por parte de los
supervisores e interventores que hay paralización unilateral de la prestación del servicio por parte de
la asociación, se concluye que Proactiva está presuntamente incumpliendo con el objeto y con la
totalidad de las obligaciones del convenio de asociación (...) Los supervisores e interventores de las
localidad se ratificaron en el concepto de incumplimiento radicado ante la SDIS y manifestaron que
a la fecha no se estaba prestando ningún servicio (...) Que según los hechos constitutivos del
incumplimiento evidenciados por los supervisores e interventores de los diferentes Fondos de
Desarrollo Local, es clara la paralización del servicio, es decir, la no ejecución del convenio de
asociación (...) La Secretaría Distrital de Integración Social, al evidenciar la paralización del servicio
por parte de la Asociación Proactiva la cual se produjo de manera unilateral sin autorización alguna
de los Fondos de Desarrollo Local y de la SDIS (...) Que se puede concluir entonces que en el caso
objeto de revisión es imperativa la declaratoria de caducidad, como quiera que por parte de la
20
Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
Demandado: Distrito de Bogotá
Referencia: Contractual (Ley 1437 de 2011)
Proactiva, que condujo a la paralización íntegra del servicio y que hizo gravosa la
situación de los pobladores de las localidades del Distrito.
Contra tal acto administrativo, la aseguradora31 garante del convenio interpuso
recurso de reposición bajo el argumento de que el Distrito - SDIS incumplió el
acuerdo de voluntades de manera concomitante con Proactiva, habida cuenta de
que la entidad tenía la obligación de realizar los pagos al asociado a través de las
alcaldías locales, pero no los realizó, de ahí el incumplimiento de la asociación.
No obstante los argumentos de la impugnación, la entidad demandada confirmó,
mediante la Resolución No. 2008 del 21 de diciembre de 2011, la declaratoria de
caducidad. De los fundamentos del referido acto se extrae que, si bien la
Administración debía desembolsar unos recursos económicos, lo cierto es que ello
estaba supeditado al cumplimiento de varios requisitos por parte de Proactiva, entre
ellos, la presentación de informes técnicos y de gestión, así como cumplir con la
oportuna cofinanciación, obligaciones con las cuales no cumplió el asociado32.
En este punto de la providencia conviene destacar que en la demanda objeto de
estudio se pidió la nulidad de los actos que declararon la caducidad del convenio
como consecuencia del incumplimiento endilgado a la Administración por el no
desembolso de recursos, de ahí que el análisis de ese incumplimiento no podía
desligarse de los fundamentos de las resoluciones demandadas; sin embargo, el
Secretaría Distrital de Integración de conformidad con su noción legal, se verifican los requerimientos
para su configuración, esto es, que exista un incumplimiento de las obligaciones por parte del
asociado el cual afecta de manera grave y directa la ejecución del convenio y que al día de hoy
evidencia la paralización íntegra del servicio dentro del plazo para el cumplimiento regular y oportuno
de las prestaciones que emanan del referido negocio jurídico, situación que hace mucho más
gravosa la situación para los ciudadanos de las localidades (...)” (folio 193 del cuaderno No. 2 del
tribunal).
31 Proactiva no impugnó la resolución que declaró la caducidad del convenio de asociación, ni
tampoco asistió a la audiencia de descargos que se hizo de manera previa a la expedición de la
Resolución No. 1988 de 2011, a pesar de que se le citó reiteradamente. Esta información se extrae
de los antecedentes del acto administrativo que confirmó la declaratoria de caducidad.
32 Los considerandos del referido acto fueron los siguientes (transcripción literal): “Lo anterior no es
mero capricho de la administración, pues los desembolsos –dado su carácter de dineros públicos-
no pueden efectuarse de manera ordinaria, potestativa y arbitraria por parte de esta, ya que el
asociado, en este caso Proactiva debía necesariamente cumplir con la entrega de factura, informes
técnicos y de gestión y con la oportuna co-financiación que debe soportar el manejo de los recursos
puestos a disposición del asociado mediante los respectivos fondos locales (...) Luego entonces,
siendo presupuesto necesario para que la administración realice los desembolsos pertinentes que el
asociado cumpla con la entrega de los informes técnicos, facturas y de gestión, así como con la co-
financiación propia de este tipo de convenios, no es dable predicar el incumplimiento de la parte que
espera el cumplimiento de un requisito sustancial para poder desembolsar los dineros del convenio
(...) mal podría predicarse que existió tal incumplimiento [por parte de la Administración], pues a
parte de lo que implica la negativa en la presentación de los informes de gestión, ejecución y la
debida co-financiación, el servicio prestado por Proactiva afectó gravemente el servicio (...)” (folios
230 y 231 del cuaderno No. 2 del tribunal).
21
Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
Demandado: Distrito de Bogotá
Referencia: Contractual (Ley 1437 de 2011)
Tribunal a quo analizó el incumplimiento sin tener en cuenta el sustento de los actos
administrativos y la actora, a su vez, no advirtió tal situación en la apelación, tanto
así que presentó argumentos separados frente (i) a la negativa de la pretensión de
incumplimiento y (ii) a la determinación de haberse desestimado los cargos de
nulidad invocados contra las resoluciones que declararon la caducidad del convenio
de asociación, último punto este respecto del cual no hubo una adecuada
sustentación de la impugnación, tal y como se advirtió párrafos atrás.
Si bien en la apelación se cuestionaron de manera independiente las razones por
las cuales el Tribunal negó la pretensión de incumplimiento (i), en el sentido de que
la Administración sí incumplió el convenio porque no se desembolsaron los recursos
a pesar del esfuerzo que hizo Proactiva por ejecutar el acuerdo, se advierte que
este aspecto no es posible abordarlo en esta instancia, en tanto en el sub examine
median los actos administrativos que declararon la caducidad del convenio de
asociación, en los que se definió el incumplimiento grave por parte del asociado,
además de que en aquellos, especialmente en la Resolución No. 2008 del 21 de
2011, se descartó que la Administración hubiese incumplido con el desembolso de
recursos pactado en la cláusula sexta del referido acuerdo de voluntades, al
despachar de manera desfavorable para la aseguradora la reposición interpuesta.
Ante la presunción de legalidad de los actos administrativos que declararon la
caducidad del convenio -en los cuales se definió el incumplimiento grave de
Proactiva y se descartó el incumplimiento endilgado a la Administración en relación
con la obligación de desembolsar los recursos-, la cual no fue desvirtuada en este
asunto, la Subsección concluye que ello implica el fracaso de la pretensión de
incumplimiento alegada, sobre la cual se insistió en el recurso de apelación de
manera separada a los fundamentos de las resoluciones demandadas.
No está de más agregar que, de hacerse el estudio del incumplimiento sobre el cual
se insistió en la apelación, se estaría decidiendo en contra de los actos
administrativos que ya definieron tal aspecto, los cuales se presumen legales.
Por otra parte, hay que señalar que la actora no apeló los fundamentos que tuvo en
cuenta el a quo para descartar el cargo de nulidad que se planteó en la demanda
contra la resolución a través de la cual se liquidó la cláusula penal pecuniaria, por
lo que Sala tampoco se pronunciará en esta instancia sobre ese punto.
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
Demandado: Distrito de Bogotá
Referencia: Contractual (Ley 1437 de 2011)
Por último, si bien en el recurso de apelación se alegó que debía tenerse en cuenta
la forma en que fueron estructurados y concebidos los convenios de asociación
suscritos entre el Distrito de Bogotá – SDIS y Proactiva, lo cierto es que ese
argumento tiene relación con la pretensión de revisión33 del acuerdo de voluntades
objeto de estudio, la cual fue excluida del presente asunto mediante auto dictado
por esta Corporación el 29 junio de 2017, de manera que la Sala no abordará en
esta instancia dicho planteamiento, de conformidad con el principio de congruencia.
En conclusión, la Subsección confirmará la sentencia apelada, pero por las razones
expuestas en esta providencia, ante la inadecuada sustentación del recurso de
apelación34.
4. Costas
4.1. Procedencia de la condena en costas
De conformidad con el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del
artículo 365 del CGP, para el caso particular procede la condena en costas a cargo
de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, en
este asunto a la demandante.
En el presente caso se observa que el Distrito de Bogotá35 presentó alegatos de
conclusión de segunda instancia, gestión suficiente para que se disponga en su
favor la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP.
Conviene señalar que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no
requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la
cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina
33 Dicha pretensión se formuló en los siguientes términos (transcripción literal, incluso con posibles
errores): “PRIMERO. Se ordene la revisión del convenio de asociación No. 3671 de 2010, en lo
pertinente a la estructura financiera y técnica de dicho convenio, toda vez que, como se
concibió el clausulado se establecieron obligaciones imposibles de cumplir por parte del
asociado y así como en lo relacionado con los aportes a que este fue sometido en la estructura
de este contrato” (se destaca).
34 En oportunidad anterior, la Subsección ha señalado que al superior jerárquico no le queda una
opción diferente que la de confirmar el proveído apelado, al advertir la ausencia de sustentación
suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, cuyo fundamento sea simplemente
afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a colación argumentos para cuestionar la providencia
impugnada (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia de 19 de junio de 2020, expediente 49.572, C.P. María Adriana Marín).
35 Si bien los FDL fueron vinculados al presente proceso en calidad de litisconsortes necesarios por
pasiva, su vinculación se hizo a través de la Secretaría de Gobierno Distrital; incluso, en este proceso
los FDL fueron representados por un abogado designado por la misma entidad demandada, de ahí
que solamente se disponga agencias en derecho en favor del Distrito de Bogotá. La forma en que
fueron vinculados los FDL se explicó con detalle en el pie de página número 8 de esta providencia.
23
Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
Demandado: Distrito de Bogotá
Referencia: Contractual (Ley 1437 de 2011)
con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que
ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y
de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”36.
4.2. Fijación de agencias en derecho
El Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
vigente para la fecha en que se presentó la demanda37, estableció las tarifas de
agencias en derecho.
En cuanto a los criterios para la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso
administrativos, el artículo 3 del referido Acuerdo dispuso que debía tenerse en
cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el
apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias
relevantes.
En lo que a este caso interesa, resulta oportuno anotar que, en los procesos con
cuantía y que se adelantan ante esta jurisdicción, las agencias en derecho en
segunda instancia deben fijarse hasta en un 5% -límite máximo- del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia, según lo dispuso el numeral
3.1.338 del artículo 6 del mencionado Acuerdo 1887 de 2003.
De acuerdo con el artículo 3 de dicho Acuerdo, se advierte que la gestión procesal
del apoderado de la entidad demandada en esta instancia fue consistente y
coherente con lo expuesto a lo largo del proceso. De este modo, las agencias en
derecho se fijan en la suma de $26’421.600, monto que deberá ser pagado en favor
del Distrito de Bogotá y con cargo a la Asociación Promotora de Proyectos, Servicios
y Asesorías Culturales, Sociales y Administrativas -Proactiva en liquidación-39, con
36 Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González Cuervo.
37 La demanda se presentó el 25 de marzo de 2014. El Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por el
Acuerdo PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016; no obstante, este último solo entró a aplicarse para
los procesos judiciales iniciados a partir de su publicación.
38 “Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
“(…).
“III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
“(…)
“3.1.3. Segunda instancia.
“(…)
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia” (se destaca).
39 Mediante Resolución No. 002 del 15 de enero de 2014, el subdirector distrital de inspección,
vigilancia y control de personas jurídicas sin ánimo de lucro canceló el registro de la personería
jurídica de Proactiva y la declaró disuelta y en estado de liquidación (folios 35 a 45 del cuaderno No.
3).
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
Demandado: Distrito de Bogotá
Referencia: Contractual (Ley 1437 de 2011)
fundamento en la relación porcentual del 1% de las pretensiones que fueron
negadas en este asunto, que suman $2.642’160.088.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de noviembre de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por
las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la parte
demandante. Para el efecto, las agencias en derecho de la segunda instancia se
fijan en la suma de $26’421.600, monto que deberá ser pagado en favor del Distrito
de Bogotá, parte demandada.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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