Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00823-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00823-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2014-00823-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
1 de marzo de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, primero (1°) de marzo de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-36-000-2014-00823-01 (57.281)
Demandante: MACROMED SAS, LA CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR DE CUNDINAMARCA Y LA CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA
(INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL
MEDISAN)
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - DIRECCIÓN
GENERAL DE SANIDAD Y HOSPITAL MILITAR
CENTRAL
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - CLÁUSULAS
CONTRATUALES SON LEY PARA LAS PARTES –
FALTA DE PRUEBA DEL VICIO DEL
CONSENTIMIENTO – RENUNCIA EXPRESA A
RECLAMAR
Síntesis del caso: la demanda se circunscribe a determinar la legalidad de los actos administrativos
emitidos por la Dirección General de Sanidad Militar mediante los cuales se inició, adelantó y decidió
sobre el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la unión temporal contratista en relación
con la ejecución del contrato no. 075-DGSM-2012, de las actas de aceptación de cesión de los
contratos 075-DGSM-2012 y 475/2012 suscritos por la unión temporal contratista y la Dirección
General de Sanidad Militar y el Hospital Militar Central, respectivamente.
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia de 17 de febrero de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B que declaró no probada la
excepción de indebido agotamiento del requisito de procedibilidad, declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados y, en consecuencia, ordenó el
pago de las facturas adeudadas, la utilidad dejada de percibir y denegó las demás
pretensiones de la demanda (fls. 528 a 587 cdno. ppal.), en los siguientes términos:
“PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de indebido
agotamiento del requisito de procedibilidad, propuesta por la Dirección
General de Sanidad Militar, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del oficio No. 333206 del 17 de enero
de 2013, y la Resolución No. 1164 del 12 de febrero de 2013, expedidas
por la Dirección General de Sanidad Militar, por lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
Actor: Macromed SAS y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento de derecho, ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, proceda a
pagar los valores de la facturación no cancelada a la U.T. MEDISAN con
ocasión al descuento efectuado con fundamento en la multa impuesta en
la Resolución No. 1164 del 12 de febrero de 2013. Dicho pago se debe
efectuar con la indexación de los valores adeudados sin más glosas desde
la fecha en que se vencieron las facturas hasta que se efectúe el
respectivo pago por la Dirección General de Sanidad Militar, conforme a
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: DECLARAR la nulidad del acta de aceptación de cesión del
contrato No. 075 de 2012, suscrita el 12 de febrero de 2013, por la
Dirección General de Sanidad Militar, el cedente U.T. Medisan y
cesionario U.T. Medfen, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
QUINTO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la NACIÓN-MINISTERIO DE
DEFENSA, DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, a pagar a la
U.T. MEDISAN la suma [de] catorce mil quinientos sesenta y ocho
millones veintiséis mil seiscientos ocho y cinco pesos M/CTE
($14.568.026.685), por concepto de utilidad dejada de percibir por la no
ejecución del contrato No. 075/DGSM/2012, conforme lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SEXTO: DECLARAR la nulidad del acta de aceptación de cesión del
contrato No. 475 de 2012, suscrita el 20 de febrero de 2013, por la (sic)
Hospital Militar Central, el cedente U.T. Medisan y cesionario U.T. Medfen,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento de derecho, condenar al HOSPITAL MILITAR
CENTRAL, a pagar a la U.T. MEDISAN la suma de tres mil novecientos
treinta y nieve millones quinientos cincuenta y tres mil doscientos
veintiséis pesos M/CTE ($3.939.553.226), por concepto de utilidad dejada
de percibir por la no ejecución del contrato No. 475/2012, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
NOVENO: CONDENAR en costas a la parte demandad Nación/Ministerio
de Defesa Nacional-Dirección General de Sanidad Militar y el Hospital
Militar Central. Para lo cual una vez en firme esta sentencia. Por
Secretaría liquídense las mismas siguiendo el procedimiento establecido
en los artículo 392 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y las
tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura.
DÉCIMO: ORDENAR a las entidades condenadas dar aplicación para el
cumplimiento de esta sentencia, a lo dispuesto en los artículos 192 y 195
del C.P.A.C.A.” (fls. 586 a 587 ibidem – negrillas y mayúsculas fijas del
texto original).
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
Actor: Macromed SAS y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 16 de junio de 2014 en la Secretaría de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la sociedad Macromed SAS,
la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca (Comfacundi) y la Caja de
Compensación Familia del Huila (Comfamiliar), integrantes de la Unión Temporal
Medisan, actuando por intermedio de apoderado judicial, interpusieron demanda en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales (fls. 8 a 41cdno. no. 1)
con las siguientes súplicas:
“PRIMERA: Se declare la nulidad de los actos administrativos expedidos
por la administración, con los cuales se pretendió declarar el
incumplimiento de los contratos 475 y 075 de 2012, y demás trámites
dentro de la operación administrativa, los cuales a manera enunciativa
relaciono a continuación, por carecer de sustento fáctico y jurídico:
• Oficio 333206/CGFM-DGSM-GAL-41.1 de 17 de enero de 2013 por
medio del cual la Dirección General de Sanidad inició la actuación
administrativa que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, tendiente
a fijar el cumplimiento del contrato 075-DGSM-2012.
• Resolución 1164 de 12 de febrero de 2013, por medio de la cual la
Dirección General de Sanidad dispuso multar al contratista, por
incumplimiento contractual.
• Resolución 483 de 25 de abril de 2013 expedida dentro del trámite de
revocatoria directa solicitado por el contratista contra la resolución
1164 de 12 de febrero de 2013 en la que el Director General de
Sanidad, dispuso el decreto de las pruebas solicitadas con
anterioridad a cargo de un “cuerpo consultivo del gobierno”.
• Resolución 0822 de 27 de junio de 2013, que confirmó en todos sus
apartes la Resolución 483.
• Resolución No 0847 de 05 de julio de 2013 por la cual se aclara la
resolución No 822 del 27 de junio de 2013.
• Resolución No 0824 de 27 de junio de 2013 por la cual se desata
recurso de reposición interpuesto por la caja de compensación familiar
de Cundinamarca.
• Resolución No 0825 de 27 de junio de 2013 por la cual se desata el
recurso de reposición interpuesto por la Caja de Compensación
Familiar del Huila.
En relación con la Resolución 1425, en la que además de relacionar todos
los supuestos de hecho dentro del trámite de revocatoria directa, dispuso
ACOGER “(…) la decisión del Consejo Superior de la Judicatura en fallo
de segunda instancia dictado en la Acción de Tutela promovida por
MEDISAN UT Radicación No. 1100111020002013459201 de fecha 9 de
septiembre de 2013, de dejar sin efectos la Resolución No. 1164 de 12 de
febrero de 2013 (…)”, la suscrita apoderada se abstiene de solicitar la
declaratoria de nulidad, en razón a que este último acto administrativo,
pese a cerrar la actuación administrativa, es de aquellos que se
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
Actor: Macromed SAS y otros
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consideran de trámite, pues se limitó a ejecutar lo ordenado por el juez de
tutela.
SEGUNDA: Se declare la nulidad del acuerdo de cesión de los contratos
075 DGSM/2012 y 475 de 2012 contenidos en las siguientes actas
suscritas.
• Acta de 12 de febrero de 2013, mediante la cual la Dirección General
de Sanidad aceptó la cesión del contrato No. 075 DGSM/2012 del UT
MEDISAN A la Unión Temporal MEDIFEN 18
• Acta de 20 de febrero de 2013 en la que el Hospital Militar Central,
aceptó la cesión de contrato No. 475 de 2012, cuyo contratista era el
actual demandante y procedió a reconocer a partir de ese momento a
la UNIÓN TEMPORAL MEDFEM (sic) 18, como beneficiaria de la
relación contractual.
Lo anterior en la medida que los acuerdos fueron suscritos con vicios del
consentimiento, y además vulnerando las mínimas garantías del debido
proceso.
TERCERA: Como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la administración a sufragar
los perjuicios irrogados a la firma demandante consistentes en los
siguientes conceptos:
a. El valor de la multa impuesta mediante la resolución 1164 de 13 de
febrero de 2013, por valor de TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL
SETECIENTOS DIECISIETE PESOS Y OCHO CENTAVOS MCTE
($3.455.722.717.8), mas lo (sic) intereses comerciales causados
desde la fecha en que la administración llegare a descontar su valor,
y hasta que el pago se haga efectivo.
b. El valor de la utilidad dejada de percibir con ocasión de la imposibilidad
de continuar ejecutando los referidos contratos, y todos aquellos que
resulten demostrados, como el daño a la imagen corporativa a causa
de las declaraciones impropias de miembros activos de la entidad
contratante, pues no existiendo incumplimiento contractual, es claro
que al contratista le asistía pleno derecho de continuar con la
ejecución contractual, hacerse merecedor a la adiciones (sic)
suscritas, en tanto que la cesión celebrada fue realizada bajo vicios
del consentimiento.
CUARTA: Se efectúe en sede judicial la liquidación de los contratos No.
075 DGSM/2012 suscrito entre la Dirección General de Sanidad y el
contrato 475 de 2012 suscrito con el Hospital Militar Central
QUINTA: Se de cumplimiento a la sentencia acorde con lo previsto en los
artículo (sic) 194, 195 y ss del C.P.A.C.A.
SEXTA: Que se ordene pagar a la demandad las costas que se pudieren
generar en el curso o con ocasión de la presente demanda.” (fls. 62 a 79
cdno. no. 1 – mayúsculas sostenidas, negrillas y subrayado del original).
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
Actor: Macromed SAS y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
2. Hechos
Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) La Dirección General de Sanidad Militar y el Hospital Militar Central de manera
conjunta convocaron a la licitación pública no. 071/MDN-CGFM-DGSM-HOMIC-
2012 con el objeto de llevar a cabo “la compra, suministro, dispensación y control
de medicamentos a través de un Operador Logístico para los usuarios del
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares” (fl. 10 cdno. no. 1), por un valor de
$170.043´741.015,02.
2) Surtido el proceso contractual, mediante la Resolución no. 1777 de 21 de
noviembre de 2012 se adjudicó la licitación a la Unión Temporal Medisan
conformada por la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca (Comfacundi),
la Caja de Compensación familiar del Huila (Comfamiliar) y la sociedad Macromed
SAS.
3) El 28 de noviembre de 2012, se suscribió el contrato no. 075 DGSM/2012 con la
Dirección General de Sanidad por valor de $133.942´741.015,02 y el 5 de diciembre
de 2012 el contrato no. 475/2012 por valor de $36.100´000.000 con el Hospital
Militar Central.
4) El plazo de ejecución de ambos contratos se estableció en 19 meses, que para
el contrato 475/12 inició el 22 de diciembre de 2012, mientras que para el contrato
075/2012 inició el 15 de enero de 2013.
5) El 17 de enero de 2013, es decir, a los 2 días de ejecución del contrato no.075
de 2012 la Dirección General de Sanidad mediante el oficio no. 333206/CGFM-
DGSM-GAL-41.1 convocó a la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474
de 2011.
6) El 31 de enero de 2013, el representante de la unión temporal Medisan radicó
ante la Dirección General de Sanidad una cesión del contrato a la Unión Temporal
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Actor: Macromed SAS y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Medmfem 18, cesión que fue aceptada el 11 de febrero de 2013 con el oficio no.
001949.
7) El 12 de febrero de 2013, a través de la Resolución no. 1164, se declaró el
incumplimiento de la unión temporal y se impuso una multa por valor de
$401.828.223 por concepto de deficiencias en la herramienta informática y
$3.053.894.494 por dispensación de medicamentos.
8) Ese mismo 12 de febrero de 2013, la Dirección General de Sanidad aceptó la
cesión de contrato de la Unión Temporal Medisan a la Unión Temporal Medmfem
integrada por las sociedades Cosmitet Ltda, Corporación de Servicios Médicos
Internacionales Them y Cía Ltda, y Comercializadora Duarquint Ltda.
9) En contra de la Resolución no. 1164 se formuló solicitud de revocatoria directa y
se solicitó la práctica de una auditoría completa sobre la ejecución del contrato, por
lo cual, la Dirección General de Sanidad con la Resolución no. 0483 de 25 de abril
de 2013 abrió a pruebas la instancia administrativa.
10) Ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de Judicatura el representante
de la Unión Temporal Medisan radicó una acción de tutela, la cual en primera
instancia fue declarada improcedente, en segunda instancia se concedió la
protección del derecho del debido proceso y, en consecuencia, se dejó sin efectos
la Resolución no. 1164 de 12 de febrero de 2013.
11) El 30 de septiembre de 2013, la Dirección General de Sanidad mediante la
Resolución no. 1425 acogió la decisión del Consejo Superior de la Judicatura y dejó
sin efectos la referida Resolución no. 1164 de 2013.
3. Fundamento de la demanda
En el texto de la demanda la actora presentó como fundamentos de derecho, en
resumen, lo siguiente:
Las Resoluciones números 1164 de 12 de febrero, 483 de 25 de abril, 0822, 0824 y
0825 de 27 de junio, y 0847 de 5 de julio, todas expedidas en el año 2013 por la
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
Actor: Macromed SAS y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Dirección General de Sanidad fueron proferidas con desconocimiento de lo
dispuesto en los artículos 6, 20 y 29 de la Constitución Política y en los artículos 3,
23 y 24 de la Ley 80 de 1993, pues, fueron emitidas con falsa motivación, desviación
de poder y violación del debido proceso.
Los acuerdos de cesión de 12 y 20 de febrero de 2013 de los contratos números
075 y 475 de 2012, respectivamente, son nulos por el hecho de haber sido suscritos
con vicios en el consentimiento de la unión temporal contratista y con violación del
debido proceso.
4. Posición de la parte demandada
4.1 Hospital Militar Central
A través de escrito radicado el 3 de octubre de 2015 contestó la demanda con
oposición a las pretensiones, solicitó que fueran negadas (fls. 105 a 107 cdno. no.
1), y formuló la excepción de “[l]egalidad del acta del 20 de febrero de 2013 en la
que el Hospital Militar Central acepta la cesión del contrato No. 475 de 2012”, toda
vez que el acto de cesión es privado y deviene de la voluntad de quienes lo
suscribieron, razón por la cual se predica legal.
4.2 Dirección General de Sanidad Militar
1) El 4 de febrero de 2016, mediante apoderado judicial se opuso a las súplicas de
la demanda, solicitó que fueran desatendidas (fls. 119 a 120 cdno. no. 1) con los
siguientes argumentos:
2) No es cierto que se vulnerara el principio de transparencia en el proceso de
sanción en contra de la Unión Temporal Medisan por el hecho de denegar las
pruebas pedidas por esta y que ahora señala como “indispensables para demostrar
que no se encontraba incurso en causal de incumplimiento” (fl. 9 cdno. no. 3) ya
que, la conducencia y necesidad de la prueba fue analizada a la luz de la sana
crítica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 187 del Código de Procedimiento
Civil, razón por la cual no tiene sustento la pretensión ahora judicial.
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
Actor: Macromed SAS y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
3) Propuso como excepción la “falta de agotamiento del requisito de procedibilidad
de la conciliación en el presente caso”, pues, se agotó el requisito con una cuantía
de $28.000.000.000, por lo que en sede judicial no puede presentar una pretensión
económica de $58.186.988.632,68.
5. Vinculación de litisconsortes necesarios
Por auto de 16 de junio de 2015, se vinculó en calidad de litisconsortes necesarios
a las compañías Seguros Generales Suramericana SA y Seguros Comerciales
Bolívar SA, de la parte activa, y a la Unión Temporal Medmfem 18 de la parte pasiva
(fls. 271 a 273 cdno. no. 1).
5.1 Seguros Generales Suramericana SA
1) Mediante escrito radicado el 11 de septiembre de 2015, intervino en el proceso y
coadyuvó únicamente la pretensión anulatoria impetrada con la demanda respecto
de la Resolución no. 1164 de 12 de febrero de 2013 y la súplica con la que se solicita
la liquidación del contrato.
2) Adicionalmente, como litisconsorte necesario de la parte activa propuso las
siguientes solicitudes:
“1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1164 de 12 de febrero
de 2013, expedida por la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.
2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se declare, a título
de restablecimiento del derecho, que SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A. no tiene obligación de pago alguna para con la
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAA, con base en la
Resolución No. 1164 del 12 de febrero de 2013.
3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la DIRECCIÓN GENERAL DE
SANIDAD MILITAR a reintegrar a SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A., cualquier suma de dinero que esta hubiese
llegado a cancelar, o que le hubieren sido embargados, en cumplimiento
de la Resolución No. 1164 del 12 de febrero de 2013.
4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y condenas, y
a título de restablecimiento del derecho, se condene a la DIRECCIÓN
GENERAL DE SANIDAQD MILITAR a pagar a favor de SEGUROS
GENERALES SURAMERICANA S.A., el valor correspondiente desde la
fecha en que el(los) pago(s) se realizaron por parte de SEGUROS
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
Actor: Macromed SAS y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
GENERALES SURAMERICANA S.A., o se efectuaron los embargos,
hasta la fecha en que, efectivamente, la entidad demandada cancele la
suma a la que hace mención la pretensión anterior,
5. Que el H. Tribunal proceda a liquidar el contrato 075 – DGSM - 2012,
mediante el establecimiento y cuantificación de los derechos y
obligaciones pendientes entre las partes.
6. Que se condene a la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
a dar cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 190,
192 y 195 del CPACA, con el debido reconocimiento y pago de los
intereses a los que haya lugar.
7. Que se condene en costas y agencias en derecho a la DIRECCIÓN
GENERAL DE SANIDAD MILITAR” (fls. 329 y 330 cdno. no. 1 – negrillas
y mayúsculas sostenidas del original).
3) En cuanto a los hechos puso de presente lo siguiente:
a) El cumplimiento del contrato 075-DGSM – 2012 se amparó con la póliza de
seguro en favor de entidades estatales no. 0803732-1, documento 10697406.
b) La referida póliza se convino con coaseguro, en virtud del cual Suramericana
asumió el 71,36% y Seguros Bolívar SA el 28,64%.
c) Con oficio no. 3320209 CGFM-DGSM-SAF-GC-17 de 12 de diciembre de 2012
la Dirección General de Sanidad aprobó la póliza de cumplimiento en comento.
4) En relación con la petición de nulidad de la Resolución no. 1164 de 2013, adujo
lo siguiente:
La Resolución no. 1164 de 12 de febrero de 2013 emitida por la Dirección General
de Sanidad fue proferida con desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 13,
29 y 209 de la Constitución Política de Colombia, del artículo 17 de la Ley 1150 de
2007 y del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, pues, fue dictada con falsa
motivación, falta de competencia, ausencia de sentido, desconocimiento del
derecho de contradicción, de defensa y expedición irregular.
5.2 Unión Temporal Medmfem 18
El 25 de septiembre de 2015, a través de apoderado judicial, se opuso a las
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
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Apelación de sentencia
pretensiones de la demanda y solicitó que fueran denegadas (fls. 370 a 375 cdno.
no. 1).
5.3 Seguros Comerciales Bolívar SA
Con escrito de 9 de octubre de 2015 (fls. 379 a 383 ibidem) y por intermedio de
apoderada judicial, manifestó no tener interés sobre la declaratoria de ilegalidad de
la cesión del contrato 475 de 2012 “[n]o obstante lo anterior, en la hipótesis en que
el Honorable Tribunal así lo decidiera y condenara al pago de suma alguna, del
mismo deberá descontarse al valor lo compensado de la multa de que trata la
resolución 1164 de 2013, esto es, la suma de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA
MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS
($2.560.412.813), suma esta que se está cobrando a las garantes y no al
principal obligado” (fl. 380 cdno. no. 1 – negrillas y mayúsculas sostenidas del
original).
6. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en
providencia de 17 de febrero de 2016 (fls. 528 a 587 cdno. ppal.) declaró no probada
la excepción de indebido agotamiento del requisito de procedibilidad, declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados y, en consecuencia, ordenó el
pago de las facturas adeudadas, la utilidad dejada de percibir y denegó las demás
pretensiones de la demanda, con base en el siguiente razonamiento:
1) En cuanto a la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad
debido al aumento en el monto de los perjuicios pretendidos en la demanda frente
a la conciliación prejudicial, se trata de un aspecto formal y no sustancial, ya que
resulta lógico que el monto varíe con la demanda sin que se configuré un indebido
agotamiento del requisito de procedibilidad.
2) Si bien la Resolución no. 1164 de 12 de febrero de 2013 quedó sin efectos por
cuenta de la decisión de la Corte Constitucional emitida en la sentencia de acción
de tutela T-243 de 11 de febrero de 2014, lo cierto es que la Resolución no. 1425
de 2013 mediante la cual se denegó la revocatoria directa formulada en contra de
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
la Resolución no. 1164 en comento se encuentra vigente y sigue produciendo
efectos.
3) De acuerdo con lo acreditado en el expediente, el contrato no. 075 de 2012 inició
su plazo de ejecución el 15 de enero de 2013 y el contrato no. 475 de 2012 el 8 de
enero de 2013; en ese sentido, la decisión contenida en la Resolución no. 1164 de
12 de febrero de 2013 de la Dirección General de Sanidad Militar de imponer multa
a la unión temporal contratista por el presunto incumplimiento del contrato no. 075,
por el hecho de presentarse un “nivel de servicios muy bajo, medicamentos
pendientes, aprovisionamiento insuficiente de medicamentos de operador logístico
y herramienta informática, dentro del periodo comprendido desde el 30 de diciembre
de 2012 al 14 de enero de 2013” (fl. 563 vlto. cdno. ppal.) no corresponde a la
realidad, pues, para ese periodo el contratista aún no se encontraba obligado al
inicio de operaciones, debido a que no habían transcurrido los treinta (30) días
siguientes a la aprobación de las pólizas, lo cual solo se dio el 15 de enero de 2013
de acuerdo con la cláusula sexta del contrato.
4) De otra parte, el monto de la multa fue equivalente al 3,5% del valor del contrato
por cuenta del 90% del supuesto cumplimiento pendiente de cubrimiento por parte
de la unión temporal contratista; sin embargo, tal monto ni siquiera tiene sentido por
cuanto para el 14 de enero de 2013 la contratista no estaba aún obligada al inicio
de operaciones.
5) El actor pretendió con la demanda, además, la nulidad de la Resolución no. 483
de 25 de abril de 2013 por la cual se decidió sobre las pruebas en el proceso de
revocatoria directa en contra de la Resolución no. 1164 de 2013 y las Resoluciones
números 822, 824 y 825 con los que se resolvieron los recursos de reposición en
contra de la Resolución no. 483 en comento, actos administrativos de trámite sobre
los cuales el tribunal se abstiene de pronunciarse por no ser demandables.
6) Adicionalmente, en cuanto al oficio no. 333206 de 17 de enero de 2013 por medio
del cual la Dirección General de Sanidad Militar inició la actuación administrativa
para determinar si existía o no incumplimiento en la ejecución del contrato no. 075
de 2012 y a la Resolución no. 1164 de 2012, se encuentra que adolecen de falsa
motivación, por cuanto se endilgó a la unión contratista un presunto incumplimiento
12
Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
Actor: Macromed SAS y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
en un periodo de tiempo en el que no se encontraba obligado al inicio de
operaciones, así como también fueron expedidos con violación del debido proceso,
en clara contradicción del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.
7) En cuanto a las cesiones de los contratos números 475 y 075 de 2012, se
encontró que existieron dos documentos de cesión radicados ante la Dirección
General de Sanidad, uno a la 1:38 pm del 12 de febrero de 2012 y, otro, a las 2:03
pm, con una diferencia en su texto, ya que el primero advirtió que la cesión “se
originaba por conveniencia de la entidad contratante y por actos ajenos a la voluntad
del contratista” (fl. 585 cdno. ppal.), circunstancia que sumada a la multa impuesta
a la unión temporal contratista sin fundamento alguno indica que no era su voluntad
ceder los contratos, porque se trataba de una presión ejercida por la entidad.
8) A título de restablecimiento, se impuso la orden a la Dirección General de Sanidad
Militar devolver a la unión temporal contratista el monto de la multa descontado, y
como consecuencia de la nulidad de las cesiones de los contratos 075 y 475 de
2012, por concepto de la utilidad dejada de percibir las cifras de $14.568`026.685 y
$3.939`553.226, respectivamente.
7. El recurso de apelación
Las partes interpusieron sendos recursos de apelación contra la sentencia de
primera instancia (fls. 616 a 631, 632 a 647 y 669 a 685 cdno. ppal.) los cuales
fueron concedidos por el a quo mediante auto de 25 de abril de 2016 (fls. 763 a 766
ibidem), impugnaciones que fueron sustentadas en los siguientes términos:
7.1 Hospital Militar
1) El tribunal de primera instancia pasó por alto el acta de inicio del contrato no. 475
de 2012 suscrita entre las partes el 22 de diciembre de 2012 y, además, que el
proceso administrativo iniciado por el presunto incumplimiento se archivó y, sin
perjuicio de ello, le sirvió de base al tribunal para determinar que la entidad había
ejercido fuerza sobre la cesión del contrato que la misma unión temporal radicó.
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
2) De otra parte, el hecho de que la unión temporal contratista hubiera radicado dos
oficios contentivos de la solicitud de cesión del contrato no acreditan la existencia
de presión sobre tal acto, pues, precisamente se radicó el segundo oficio con
omisión de la consideración subjetiva dado que sin ello no era viable conceder la
cesión solicitada por la contratista.
7.2 Dirección General de Sanidad Militar
1) El tribunal de primera instancia consideró que el requisito de agotamiento de la
conciliación prejudicial podía verse afectado con la modificación de las pretensiones
al momento de la demanda; sin embargo, se insiste en que sin el debido
agotamiento del requisito el fallo debe ser inhibitorio, por lo cual se solicita la
revocatoria de la sentencia.
2) En cuanto al inicio de la ejecución del contrato no. 075 de 2012, se omitió advertir
que las partes suscribieron un acta de aprobación de garantías el 29 de noviembre
de 2012, y en reuniones posteriores se convino que el inicio de la ejecución del
contrato sería a partir del 24 de diciembre siguiente, ya que los treinta (30) días a
los que se refiere el contrato son un plazo máximo con el que contaba el contratista
para el inicio de ejecución luego de aprobadas las garantías.
3) El monto de la multa impuesta respondió al análisis realizado sobre el impacto de
incumplimiento versus el valor de la obligación incumplida sobre el valor del
contrato.
4) No existe en el expediente prueba alguna que acredite que la entidad ejerció
fuerza sobre la unión temporal contratista para que esta radicara una solicitud de
cesión de los contratos.
5) Adicionalmente, se omitió tener en cuenta que en el documento de la cesión de
los contratos, la unión temporal contratista renunció a expresamente a reclamar
judicial o extrajudicialmente el pago de perjuicios por cuenta de la referida cesión.
6) Por último, no se acreditó en el proceso el monto reconocido por utilidad dejada
de percibir por parte de la unión temporal contratista.
14
Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
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Apelación de sentencia
7.3 Unión Temporal Medisan
La providencia recurrida debe ser modificada para reconocer el monto de los
perjuicios y la utilidad dejada de percibir, con los elementos probatorios que
componen el expediente y que no fueron refutados por las entidades demandadas.
8. Actuación surtida en segunda instancia
1) Por auto de 12 de agosto de 2016 se admitió el recurso de apelación (fls. 776 y
vlto. cdno. ppal.).
2) El 31 de marzo de 2017, la Directora de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado comunicó la intención de intervenir en el proceso de
la referencia y en virtud de lo previsto en los artículos 610 y 611 del Código General
del Proceso solicitó la suspensión del proceso por 30 días (fls. 802 a 804 cdno.
ppal.), petición que fue atendida favorablemente y por auto de 3 de mayo de 2017
se decretó la suspensión del proceso por treinta (30) días (fls. 813 a 815 ibidem).
3) El 20 de junio de 2017, la Directora de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado presentó coadyuvancia al recurso de apelación
interpuesto por parte de la Nación – Dirección General de Sanidad Militar, en los
siguientes términos:
a) En el presente caso, la unión temporal contratista no agotó en debida forma el
requisito de procedibilidad, específicamente en cuanto se refiere a la convocatoria
del litisconsorte necesario en cabeza de la unión temporal Medmfen 18 y al monto
de los perjuicios, los cuales con la demanda fueron aumentados ostensiblemente.
b) De acuerdo con el contrato no. 075 de 2012, el inicio de ejecución de este tuvo
ocurrencia el 30 de noviembre de 2012 dado que la aprobación de las garantías
tuvo ocurrencia el 29 de noviembre de 2012, en los términos de la cláusula sexta
del referido negocio jurídico.
c) Los incumplimientos declarados a través de la Resolución no. 1164 de 2012 no
se desvirtuaron, razón por la cual se solicita denegar las súplicas de la demanda.
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
Actor: Macromed SAS y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
d) En el expediente no está acreditada la fuerza aparentemente ejercida por la
Dirección General de Sanidad Militar sobre la unión temporal contratista para dar
curso a la cesión del contrato no. 075 de 2012, razón por la que así debe declararse.
4) El 20 de marzo de 2019 se negó la solicitud probatoria formulada por la Nación –
Dirección General de Sanidad Militar, de oficio se decretó la prueba documental
relativa al archivo de 18 de febrero de 2016 de la Fiscalía General de la Nación y se
aceptó la coadyuvancia al recurso de apelación formulado por la Nación – Dirección
General de Sanidad Militar presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado (fls. 841 a 845 cdno. ppal.).
5) Posteriormente, el 12 de agosto de 2019 (fls. 897 y vlto. ibidem) se ordenó correr
traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de 10 días y, vencido
este, por el mismo lapso correr traslado al Ministerio Público para emitir el respectivo
concepto.
6) En dicho término la parte actora, la compañía Seguros Generales Suramericana,
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Hospital Militar Central y la
sociedad Seguros Comerciales Bolívar SA presentaron sus escritos contentivos de
alegatos de conclusión (fls. 899 a 910, 912 a 917, 918 a 941, 942 a 952 y 953 a 959
cdno. ppal.); y, a su turno, el Ministerio Público presentó concepto (fls. 960 a 974
ibidem) en los siguientes términos:
Luego de revisado en su integridad el material probatorio que compone el
expediente está acreditado el incumplimiento de la unión temporal contratista, razón
por la cual la Resolución no. 1164 de 2012 no está inmersa en causal alguna de
nulidad.
De otra parte, los acuerdos de cesión de los contratos se produjeron con total
sometimiento a la ley y sin vicios en el consentimiento, motivos estos por los cuales
se solicita la revocatoria de la sentencia apelada, para en su lugar proceder con la
denegación de las pretensiones de la demanda.
7) Con posterioridad al ingreso del expediente para fallo al despacho conductor del
proceso, la Sala de Decisión mediante auto de 14 de septiembre de 2022 de oficio
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
decretó la incorporación al proceso del acta de aprobación de la póliza de seguros
de cumplimiento no. 0803732-1 otorgada por Seguros Generales Suramericana SA,
visible en los folios 839 y vuelto del cuaderno principal del expediente, documento
que se puso a disposición de las partes por el término de diez (10) días de
conformidad con el artículo 213 del CPACA (índice 123 SAMAI).
8) El 1 de diciembre de 2022, la parte actora descorrió el término otorgado para
pronunciarse en relación con el acta de aprobación de póliza de seguros de
cumplimiento no. 0803732-1 otorgada por Seguros Generales Suramericana SA,
insistió en su postura en relación con la fecha de notificación del acta y solicitó un
pronunciamiento sobre la totalidad de las pruebas aportadas al expediente (índice
130 SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusiones y, 4) la condena en costas
y agencias en derecho.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
El centro de la controversia planteada consiste en la discusión acerca de la legalidad
del oficio no. 333206/CGFM-DGSM-GAL -41.1 de 7 de enero y de las Resoluciones
números 1164 de 12 de febrero, 483 de 25 de abril, 0822, 0824 y 0825 de 27 de
junio, y 0847 de 5 de julio, actos administrativos proferidos en el año 2013 por la
Dirección General de Sanidad Militar, que, según la parte actora, fueron expedidos
con falsa motivación, desviación de poder y violación del debido proceso y, a su
vez, se depreca la nulidad de los acuerdos de cesión de 12 y 20 de febrero de 2013
de los contratos números 075 y 475 de 2012, respectivamente, por el hecho de
haber sido suscritos con vicios en el consentimiento de la unión temporal contratista
y violación del debido proceso.
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B
declaró no probada la excepción de indebido agotamiento del requisito de
procedibilidad, la nulidad de los actos administrativos demandados y en
consecuencia, ordenó el pago de las facturas adeudadas, la utilidad dejada de
percibir y denegó las demás pretensiones de la demanda.
En el presente asunto, las partes y la ANDJE interpusieron sendos recursos de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia, sobre la base de insistir
que i) el inicio de ejecución del contrato 475 de 2012 se dio a partir del 22 de
diciembre de 2012 y, la del contrato 075 a partir del 30 de noviembre de 2012; ii) la
parte actora no agotó en debida forma el requisito de procedibilidad en cuanto tiene
que ver con litisconsorte necesario y el monto de indemnización solicitada; iii) no
existe prueba del cumplimiento de las obligaciones de la unión temporal contratista,
así como tampoco del ejercicio de la fuerza con la que aparentemente se vició el
consentimiento de la unión temporal contratista para la suscripción de las actas de
cesión de los contratos 075 y 475 de 2012; iv) no se analizó la renuncia expresa de
las partes a reclamar judicial o extrajudicialmente las cesiones de los contratos en
comento; v) no se acreditó el monto de la utilidad dejada de percibir reconocida en
primera instancia.
Por su parte, la unión temporal contratista solicitó analizar el monto de los perjuicios
y utilidad dejada de percibir reclamados con la demanda.
La Sala revocará la sentencia apelada, para en su lugar denegar las súplicas de la
demanda y declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la
causa por activa de la unión temporal Medisan, por las razones que se exponen a
continuación.
2. Análisis de la impugnación
2.1 Hechos probados
Examinadas las pruebas allegadas al proceso, se tiene acreditado lo siguiente:
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
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Apelación de sentencia
1) El 28 de noviembre de 2012, la Unión Temporal Medisan suscribió con la
Dirección General de Sanidad Militar el contrato no. 075-DGSM-2012 con un plazo
de diecinueve (19) meses y por un valor de $133.942`741.015,02 (fls. 12 a 36 cdno.
no. 2).
El objeto del contrato consistió en la “COMPRA, SUMINISTRO, DISPENSACIÓN Y
CONTROL DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO
PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS
MILITARES” (fl. 12 ibidem – mayúsculas sostenidas del original).
En cuanto al plazo de ejecución del negocio jurídico, en la cláusula sexta
expresamente se estipuló lo siguiente:
“CLAÚSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA O
DURACIÓN.- El plazo para la ejecución del contrato será de diecinueve
(19) meses calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la
aprobación de las garantías. Y tendrá una vigencia correspondiente al
plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más, para efectos de la
liquidación.
PARÁGRAFO 1.- PLAZO INICIO DE OPERACIONES.- El
CONTRATISTA tendrá un periodo máximo de treinta (30) días calendario
contados a partir del día hábil siguiente a la aprobación de la Garantía y
de Responsabilidad extracontractual, para el inicio de la operación
logística.” (fl. 13 cdno. no. 2 - mayúsculas sostenidas y negrillas del
original).
2) El 29 de noviembre de 2012, la Dirección General de Sanidad Militar dio
aprobación a la póliza de cumplimiento no. 0803732-1, con todos los amparos y
cubrimientos exigidos en el contrato (fls. 839 y vlto. cdno. ppal.).
3) El 5 de diciembre de 2012, la Unión Temporal Medisan suscribió con el Hospital
Militar Central el contrato no. 475/2012 con un plazo de diecinueve (19) meses, por
un valor de $36.100`000.000 (fls. 40 a 69 vlto. ibidem) y con el objeto de llevar a
cabo la “COMPRA, SUMINISTRO, DISPENSACIÓN Y CONTROL DE
MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LOS
USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES” (fl. 41
vlto. cdno. no. 2 – mayúsculas sostenidas del original).
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Apelación de sentencia
La vigencia del contrato quedó determinada en las cláusulas sexta y séptima del
mismo, así:
“CLAÚSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo para la
ejecución del contrato será de diecinueve (19) meses calendario o hasta
agotar presupuesto, contados a partir del día hábil siguiente a la
aprobación de las garantías. CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA O
DURACIÓN: El contrato tendrá una vigencia correspondiente al plazo de
ejecución del contrato y cuatro (04) meses más, para efectos de la
liquidación. PARÁGRAFO ÚNICO: PLAZO INICIO DE OPERACIONES.
Será en un periodo máximo de treinta (30) días calendario contados a
partir del día hábil siguiente a la aprobación de la Garantía y de
Responsabilidad extracontractual.” (fl. 41 vlto. ibidem - mayúsculas
sostenidas y negrillas del original).
4) El 7 de diciembre de 2012, el Hospital Militar Central aprobó la póliza de
cumplimiento no. 0807578-1 (fls. 76 y 77 cdno. no. 2).
5) El 18 de diciembre de 2012, a través del oficio con radicación no. 332150 CGFM-
DGSM-SS-GRED-C-075/2012 dirigido al representante legal de la unión temporal
Medisan el Brigadier General de la Dirección de Sanidad Militar señaló
expresamente en el numeral 9 de dicha comunicación que “en concordancia a lo
tratado en las reuniones de empalme y en especial la del 14 de DIC/2012 la idea es
que el nuevo Operador Logístico asuma la dispensación y suministro de
medicamentos en el SSFM a partir del 24-DIC/2012” (fls. 174 y 175 cdno. no. 2),
información que se corrobora con las declaraciones rendidas en los interrogatorios
de parte del representante legal de la unión temporal contratista y del representante
legal de Macromed integrante de la misma estructura plural en las que ambos
sostuvieron que la ejecución del contrato no. 075 de 2012 comenzó “en el diciembre
anterior” (fl. 575 cdno. ppal.).
6) El 17 de enero de 2013, mediante el oficio no. 333206/CGFM-DGSM-GAL-41.1
la Dirección General de Sanidad Militar convocó a la unión temporal contratista, a
los miembros que la conforman y a la aseguradora que garantizó el cumplimiento
del contrato no. 075-DGSM de 2012, a la audiencia de que trata el artículo 86 de la
Ley 1474 de 2011 (fls. 78 a 157 cdo. no. 2).
20
Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
7) El 12 de febrero de 2013, los integrantes de la unión temporal Medisan, junto con
el representante de la unión temporal Medmfem 181 y el Director General de
Sanidad Militar suscribieron el acta de aceptación de cesión del contrato no. 075-
DGSM-2012 (fls. 265 a 267 ibidem), acto jurídico en el que las partes en la cláusula
cuarta acordaron la forma de cumplimiento de la multa impuesta por incumplimiento
y en la cláusula sexta la unión temporal Medisan renunció, clara y expresamente, a
reclamar como consecuencia de dicha cesión, en los siguientes términos:
“CUARTA: MEDISAN UT autoriza a la Dirección General de Sanidad
Militar a descontar el valor de la multa impuesta de la (s) factura (s) que
se presente para efectuar el pago del servicio entre la fecha de inicio y el
17 de febrero del año en curso. En caso que el valor facturado no sea
suficiente para cubrir el valor total de la sanción, este será cancelado
por las compañías de seguros que garantizaron las obligaciones de
MEDISAN UT, y en caso de que estas no se allanen al cumplimiento
será asumido el pago por la Unión Temporal MEDMFEM18.
(…)
SEXTA: MEDISAN UT renuncia a reclamar judicial o extrajudicialmente el
pago de cualquier clase de perjuicios o indemnizaciones como
consecuencia de la presente cesión” (fls. 266 y 267 cdno. no. 2 –
mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
8) El 12 de febrero de 2013, mediante la Resolución no. 1164 la Dirección General
de Sanidad Militar impuso multa a la unión temporal contratista por el incumplimiento
parcial al contrato no. 075-DGSM-2012, en la suma de $3.455´722.717,8 (fls. 289 a
354 ibidem).
9) El 20 de febrero de 2013, los integrantes de la unión temporal Medisan, junto con
el representante legal de la unión temporal Medmfem 182 y el director general del
Hospital Militar Central, suscribieron el acta de aceptación de cesión del contrato
no. 475 de 2012 (fls. 361 a 364 cdno. no. 2).
10) Las partes en la cesión en comento se comprometieron y obligaron en las
cláusulas quinta y octava al cumplimiento de algunos aspectos que para la Sala
resultan relevantes, razón por la cual se trascriben a continuación:
1 La unión temporal Medfem 18 está integrada por las sociedades Cosmitet Ltda, Corporación de
Servicios Médicos Internacionales Them y Cía Ltda, Duana y Compañía Ltda y Comercializadora
Duarquint Ltda.
2 La unión temporal Medfem 18 está integrada por las sociedades Cosmitet Ltda, Corporación de
Servicios Médicos Internacionales Them y Cia Ltda, Duana y Compañía Ltda y Comercializadora
Duarquint Ltda.
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
Actor: Macromed SAS y otros
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Apelación de sentencia
“QUINTA: La cesión a que hace referencia este documento, se realiza en
forma libra y espontánea por la UT MEDISAN, según Oficio fechado el 11
de febrero de 2013 y con Radicación No. 001956 recibido el 12 de febrero
de 2013 (…).
OCTAVA: El Hospital Militar Central no asume ninguna responsabilidad
como consecuencia de los acuerdos privados que, dentro del contrato de
cesión que se está adelantando, pacten el CEDENTE y CESIONARIO.”
(fl. 364 ibidem – mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
11) El 25 de mayo de 2013, la unión temporal contratista presentó solicitud de
revocatoria directa en contra de la Resolución no. 1164 de 12 de febrero de 2013
(fls. 382 y 383 cdno. no. 2).
12) En atención a la solicitud de revocatoria directa la Dirección General de Sanidad
Militar, a través de la Resolución no. 0483 de 25 de abril de 2013, decretó un periodo
de pruebas por el término de dos (2) meses (fls. 374 a 378 ibidem), acto
administrativo que fue confirmado con la Resolución no. 0822 de 27 de junio de
2013 y con las Resoluciones números 0824 y 0825 de 27 de junio de 2013, el que
fue modificado con la admisión del decreto de pruebas adicionales solicitadas por
los integrantes de la unión temporal contratista (fls. 388 a 391, 392 a 394 y 395 a
399 cdno. no. 2).
13) El 5 de julio de 2013, con la Resolución no. 0847 la Dirección General de
Sanidad Militar aclaró la Resolución no. 0822 en cuanto al sentido de señalar que
el recurso de reposición fue interpuesto igualmente por la sociedad Macromed SAS
integrante de la unión temporal Medisan (fls. 400 y 401 ibidem).
14) El 9 de septiembre de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura – Sala
Jurisdiccional Disciplinaria en el expediente de tutela con radicación no.
110011102000201304592-01 decidió lo siguiente:
“Primero.- REVOCAR el fallo de tutela proferido el 6 de agosto de 2013,
a través del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá, DECLARÓ IMPROCEDENTE la acción de
tutela impetrada por la (sic) señor ALEXANDER NEIRA MEDIAN, en
calidad de Representante Legal de la Unión Temporal MEDISANT (sic)
CONTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, para en
su lugar TUTELAR el derecho al Debido Proceso, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente pronunciamiento.
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
15) El 30 de septiembre de 2013, la Dirección General de Sanidad Militar mediante
la Resolución no. 1425 resolvió la solicitud de revocatoria directa de la Resolución
no. 1164 de 2013 y en cumplimiento de la decisión del Consejo Superior de la
Judicatura en el ya mencionado fallo de tutela de segunda instancia promovida por
la unión temporal contratista, dejó sin efectos la Resolución no. 1164 de 2013 (fls.
468 a 539 ibidem).
16) El 11 de abril de 2014, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional
en sentencia T-243 “REVOC[Ó] la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura
– Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 9 de septiembre de 2013, que revocó el fallo
de tutela de primera instancia y tuteló el derecho de la entidad accionante, para en
su lugar, CONFIRMAR la sentencia del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá DC – Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 6 de agosto de 2013, mediante la
cual se declaró improcedente la acción de tutela” (fls. 82 a 89 cdno. no. 1)3.
2.2 El mérito de las apelaciones
A continuación, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos
por las partes y el litisconsorte vinculado al proceso, que, como ya se indicó, en el
caso de quienes integran la parte demandada y los litisconsortes vinculados al
proceso argumentan que i) el inicio de ejecución del contrato 475 de 2012 se dio a
partir del 22 de diciembre de 2012 y la del contrato 075 a partir del 30 de noviembre
de 2012; ii) la parte actora no agotó en debida forma el requisito de procedibilidad
en cuanto tiene que ver con litisconsorte necesario y el monto de indemnización
solicitada; iii) no existe prueba del cumplimiento de las obligaciones de la unión
temporal contratista, así como tampoco, del ejercicio de la fuerza con la que
aparentemente se vició el consentimiento de la unión temporal contratista para la
suscripción de las actas de cesión de los contratos 075 y 475 de 2012; iv) no se
analizó la renuncia expresa de las partes a reclamar judicial o extrajudicialmente las
3 La Corte Constitucional concluyó que “el amparo deprecado es improcedente, en la medida que, al
momento de la interposición de la acción de tutela se encontraba pendiente la resolución de la
revocatoria directa, además, la entidad accionante tiene a su disposición acciones judiciales en la
jurisdicción contencioso administrativa, que son idóneas y eficaces, para desvirtuar la legalidad del
acto administrativo y en efecto restablecer el derecho que advierta vulnerado. Ello, con más razón,
cuando no se observan en el presente caso los elementos que caracterizan un perjuicio irremediable
que habilite la acción de tutela como mecanismo transitorio de amparo” (fl. 88 vlto. cdno. no. 1).
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Actor: Macromed SAS y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
cesiones de los contratos en comento y, v) no se acreditó el monto de la utilidad
dejada de percibir reconocida en primera instancia.
En cuanto tiene que ver con la parte actora del proceso, en la impugnación solicita
analizar el monto de los perjuicios y utilidad dejada de percibir reclamados con la
demanda.
Para resolver la cuestión puesta en consideración de la Sala, es preciso observar lo
siguiente:
2.2.1 Vicio del consentimiento de la unión temporal contratista para la
suscripción de las actas de cesión de los contratos números 075 y 475
de 2012
1) El tribunal de primera instancia determinó que el consentimiento de la unión
temporal Medisan, en condición de contratista, se vició por cuenta de la presión que
ejerció la Dirección General de Sanidad Militar en torno al inicio, trámite, declaración
de incumplimiento e imposición de multa por un periodo de plazo contractual que no
correspondía a la realidad.
Asimismo, encontró probado el ejercicio de la fuerza y presión por parte del Hospital
Militar Central con la decisión de declarar el incumplimiento de la contratista y
multarla para luego proceder con el archivo del procedimiento.
El a quo sostuvo que el simple hecho de que la unión temporal contratista hubiera
radicado el 12 de febrero de 2013 dos (2) solicitudes de cesión del contrato no. 475
ante el Hospital Militar Central, una primera a la 1:38 pm y, otra, a las 2:03 pm, esta
última sin el aparte en el que se advirtió como en la primera que “la cesión se
originaba por conveniencia de la entidad contratante y por actos ajenos a la voluntad
del contratista” (fl. 583 cdno. no. 1), permite acreditar la presión ejercida y el vicio
del consentimiento.
De otra parte, en primera instancia se decretaron los interrogatorios de parte de los
representantes legales de la unión temporal y de uno de los consorciados quienes
señalaron haber recibido presiones para ceder su participación contractual; sin
embargo, en la misma línea de la sentencia recurrida, tales manifestaciones no
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Actor: Macromed SAS y otros
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Apelación de sentencia
tienen la fuerza para comprobar tales situaciones de constreñimiento por el simple
hecho de venir de la misma parte afectada sin otro medio probatorio que las valide
o les de fuerza.
2) En este preciso punto de análisis llama la atención de la Sala la cláusula cuarta
del acta de cesión del contrato no. 075 de 2012, en la que expresamente las partes
dispusieron lo siguiente:
“CUARTA: MEDISAN UT autoriza a la Dirección General de Sanidad
Militar a descontar el valor de la multa impuesta de la (s) factura (s) que
se presente para efectuar el pago del servicio entre la fecha de inicio y el
17 de febrero del año en curso. En caso que el valor facturado no sea
suficiente para cubrir el valor total de la sanción, este será cancelado
por las compañías de seguros que garantizaron las obligaciones de
MEDISAN UT, y en caso de que estas no se allanen al cumplimiento
será asumido el pago por la Unión Temporal MEDMFEM18” (fl. 266
cdno. de pruebas – mayúsculas sostenidas y negrillas del original –
negrillas adicionales de la Sala).
3) Del análisis de los medios probatorios que obran en el expediente, para la Sala
no es atendible tomar como prueba del supuesto vicio de consentimiento ejercido
sobre la unión temporal contratista el hecho de que radicara, con diferencia en
minutos, dos (2) solicitudes de cesión del contrato no. 475-2012 ante el Hospital
Militar Central con la indicación de que “la cesión se originaba por conveniencia de
la entidad contratante y por actos ajenos a la voluntad del contratista” (fl. 583 cdno.
no. 1), debido a que el simple hecho de radicar una comunicación con afirmaciones
o advertencias no es indicativo de la coacción o presión que haya ejercido la entidad
contratante al punto de conducir a la declaratoria de nulidad del acto contractual de
cesión de contrato4, muy por el contrario, de lo que sí hay prueba en el expediente
es de la manifestación de la voluntad libre y espontánea de las partes contratantes,
máxime si se tiene en cuenta que en la ejecución de este contrato el Hospital inició
en contra de la unión temporal contratista un proceso de incumplimiento que finalizó
con el archivo del trámite una vez se acreditó el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas por Medisan.
4 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de esta Corporación de la Sección Tercera
Subsección B de 30 de marzo de 2022, en el expediente 54.463, MP Fredy Ibarra Martínez, 26 de
enero de 2023, en el expediente 62.400, MP Fredy Ibarra Martínez, 9 de julio de 2021, en el
expediente 61.455. MP Alberto Montaña Plata, 2 de junio de 2021, en el expediente 60.125. MP
Alberto Montaña Plata y 2 de junio de 2021, en el expediente 48.857. MP Ramiro Pazos Guerrero.
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
Actor: Macromed SAS y otros
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Apelación de sentencia
4) Ahora bien, la parte actora mediante las declaraciones de parte rendidas en
primera instancia por el representante legal de la unión temporal contratista y por el
representante legal de Macromed, en calidad de integrante de la unión temporal,
pretendió acreditar la presión y fuerza ejercida, tanto por el Hospital Central Militar,
como por la Dirección de Sanidad Militar para conminarla a solicitar la cesión de los
contratos con estas suscritos; sin embargo, en línea de lo decidido por el a quo tales
declaraciones por sí solas no acreditan ni dan certeza de la supuesta fuerza o
constreñimiento ejercido, máxime si se tiene en cuenta que devienen de la misma
parte actora y no aportan criterio objetivo alguno al acervo probatorio que compone
el expediente.
5) En los términos del acta de cesión del contrato no. 075 de 2012, es claro que la
voluntad de las partes no fue precisamente cargar a la unión temporal Medisan de
las consecuencias económicas derivadas de la Resolución 1164 de 2012, sino que
por el contrario, se dispuso el cumplimiento de la sanción en cabeza de la
aseguradora, pero en todo caso, si no se allanaba al cumplimiento, el pago de la
multa impuesta “será asumido (…) por la Unión Temporal MEDMFEM 18” (ibidem),
esto es, la unión temporal cesionaria, actuación esta que en modo alguno acredita
el ejercicio de la fuerza, constreñimiento o presión al que alude la parte actora, pues
en un sentido contrario, la decisión habría sido claramente contraria.
6) En ese sentido, y sin que la parte actora lograra acreditar el vicio de su
consentimiento en la suscripción de las actas de cesión de los contratos suscritos
con el Hospital Militar Central y la Dirección General de Sanidad Militar, la Sala
revocará la nulidad del acta de aceptación de las cesiones de los contratos números
075-DGSM-2012 y 475, suscritas de 12 de febrero y 20 de febrero de 2013,
respectivamente.
7) Por consiguiente, como en el presente asunto el actor no acreditó que la cesión
del contrato se produjo como consecuencia de condicionamiento, presión o
constreñimiento de la entidad contratante que viciaran su consentimiento 5, para la
Sala no existe sustento para invalidar la voluntad de las partes.
5 De acuerdo con el artículo 1508 del Código Civil, los “vicios de que puede adolecer el
consentimiento, son error, fuerza y dolo”.
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Apelación de sentencia
2.2.2 La falta de interés de la parte actora para reclamar
1) La legitimación en la causa, como presupuesto procesal para obtener una
decisión de fondo hace referencia a la relación sustancial que debe existir entre las
partes del proceso y el interés sustancial del litigio, de manera tal que aquella
persona que ostenta la titularidad de la relación jurídica material es a quien se
encuentra habilitada por la ley para actuar procesalmente.
2) Así las cosas, la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto
procesal del medio de control que debe ser observado por el ad quem al margen
que haya sido cuestionado o no en el marco del recurso de apelación.
La Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en relación con la falta
de legitimación en la causa por activa verificada en segunda instancia, en sentencia
de unificación del 6 de abril de 20186, se pronunció en los siguientes términos:
“Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites
competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la
Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la
sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos
que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa
no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego,
sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias
para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta
de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción,
aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como
fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”
(Resalta la Sala)7.
3) Verificada la legalidad de las actas de cesión de los contratos números 075-
DGSM-2012 y 475 suscritos con el Hospital Militar Central y la Dirección General de
Sanidad Militar el 12 y 20 de febrero de 2013, respectivamente, la Sala advierte que
la unión temporal actora no cuenta con la legitimación en la causa por activa para
reclamar la nulidad de los actos administrativos emitidos por las entidades
6 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 6 de abril de 2018, expediente número
46.005, MP Danilo Rojas Betancourth.
7 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de la Sección Tercera esta Corporación de 17 de
marzo de 2021 de la Subsección B, en el expediente con radicación no. 33.970, MP Ramiro Pazos
Guerrero, de 27 de agosto de 2021 de la Subsección A, en el expediente con radicación no. 50.093,
MP José Roberto Sáchica Méndez y del 11 octubre de 2021 de la Subsección A, en el expediente
con radicación no. 49.758, MP José Roberto Sáchica.
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
demandadas ni el restablecimiento que pudiera proceder como consecuencia de
tales decisiones.
4) En el presente asunto, la unión temporal Medisan cedió su posición de contratista
a la unión temporal Medmfem 18 en los contratos números 075-DGSM-2012 y 475
suscritos con el Hospital Militar Central y la Dirección General de Sanidad Militar,
respectivamente; sin embargo, para la Sala es especialmente relevante lo
acontecido en relación con la cesión del contrato 075-DGSM-2012 suscrito con la
Dirección General de Sanidad Militar, ya que de la ejecución de dicho negocio
jurídico se derivó la expedición de los demás actos administrativos objeto de
demanda en el presente asunto.
5) Las partes en el acta de aceptación de la cesión del contrato 075-DGSM-2012
incluyeron una subrogación de pago en la cláusula cuarta, en la que expresamente
dispusieron lo siguiente:
“CUARTA: MEDISAN UT autoriza a la Dirección General de Sanidad
Militar a descontar el valor de la multa impuesta de la (s) factura (s) que
se presente para efectuar el pago del servicio entre la fecha de inicio y el
17 de febrero del año en curso. En caso que el valor facturado no sea
suficiente para cubrir el valor total de la sanción, este será cancelado
por las compañías de seguros que garantizaron las obligaciones de
MEDISAN UT, y en caso de que estas no se allanen al cumplimiento
será asumido el pago por la Unión Temporal MEDMFEM18” (fl. 266
cdno. de pruebas – mayúsculas sostenidas y negrillas del original –
negrillas adicionales de la Sala).
6) En efecto, el artículo 1669 del Código Civil en relación con los efectos de la
subrogación convencional, dispuso que en virtud de la convención del acreedor,
cuando reciba de parte de un tercero el pago de la deuda, “le subroga
voluntariamente en todos los derechos y acciones que le corresponden como tal
acreedor; la subrogación en este caso está sujeta a la regla de la cesión de
derechos, y debe hacerse en la carta de pago”.
7) La unión temporal Medisan cedió su posición contractual y la Dirección General
de Sanidad Militar aceptó dicha sustitución, acto jurídico en el que además
expresamente la ahora actora no se reservó el derecho a reclamar para sí por los
hechos ocurridos antes de la cesión, sino que por el contrario entregó la totalidad
de derechos y obligaciones derivados del contrato a la unión temporal Medmfem
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
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Apelación de sentencia
188, situación que implica necesariamente que quien acude en calidad de parte
actora, esto es, la unión temporal Medisan, no es la titular de los derechos
reclamados, pues en virtud de la cesión los entregó a un tercero9.
Así las cosas, la Sala advierte que la unión temporal Medisan carece de legitimación
en la causa por activa, por cuanto cedió su posición contractual en los negocios
jurídicos suscritos con el Hospital Militar Central y Dirección General de Sanidad
Militar, razón por la cual se impone revocar la sentencia de primera instancia para
en su lugar, declarar probada de oficio la falta de legitimación en la causa por activa
y denegar las súplicas de la demanda.
8) En atención a la prosperidad de los recursos de apelación formulados por el
Hospital Militar Central y por la Dirección General de Sanidad Militar, coadyuvados
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que conllevan a la
revocatoria de la sentencia apelada, la Sala se abstiene de pronunciarse en relación
con el recurso de apelación interpuesto por la parte actora mediante el cual solicitó
analizar el monto de los perjuicios y utilidad dejada de percibir reclamados con la
demanda, así como en relación con la excepción de falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad propuesto por la Dirección General de Sanidad Militar,
pues, tales pedimentos pierden toda vigencia y conducencia con la revocatoria de
la sentencia objeto de apelación.
3. Conclusiones
1) En el presente asunto, las partes se opusieron a la decisión adoptada en la
sentencia de primera instancia por cuanto, a su juicio, no se analizaron en debida
forma las pruebas documentales aportadas al expediente.
8 Al respecto el artículo 895 del Código de Comercio en relación con la cesión de la posición
contractual que: “La cesión de un contrato implica la de las acciones, privilegios y beneficios legales
inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato; pero no transfiere los que se funden en causas
ajenas al mismo, o en la calidad o estado de la persona de los contratantes”.
9 Sobre el particular, BONIVENTO, José. Obligaciones. Legis, Bogotá, 2017, p. 409 precisó que: “La
cesión diferente de la cesión de créditos y de la cesión de deudas, es el de la cesión de contratos,
que supone que un sujeto –cesionario– entra a ocupar el lugar de otro –cedente– en un vínculo, lo
que implica que no se transmiten separada ni individualmente los créditos ni las deudas, sino la
posición contractual integralmente considerada, el conjunto de unos y otras, según se desprendan
del contrato cedido”. BONIVENTO, José. Obligaciones. Legis, Bogotá, 2017, p. 409.
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Expediente no. 25000-23-26-000-2014-00823-01 (57.281)
Actor: Macromed SAS y otros
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Apelación de sentencia
2) Contrario a lo sostenido por el tribunal de primera instancia, en el expediente se
acreditó i) la ausencia de prueba del ejercicio de la fuerza con el que supuestamente
se vició el consentimiento de la unión temporal contratista para la suscripción de las
actas de cesión de los contratos números 475/2012 y 075-DGSM-2012 y, ii) que la
unión temporal Medisan carece de legitimación en la causa por activa, como
consecuencia de la cesión de su posición contractual en los negocios jurídicos
identificados con los números 475/2012 y 075-DGSM-2012, circunstancias por la
cuales tienen vocación de prosperidad los recursos de apelación formulados por los
sujetos que integran el extremo pasivo de la controversia.
3) En consonancia con lo expuesto, como la actora no logró acreditar sus
pedimentos, la Sala revocará la sentencia apelada, para en su lugar, declarar de
oficio probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la
unión temporal Medisan y denegar las súplicas de la demanda.
4. Condena en costas y agencias en derecho
Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 salvo, que se ventile un interés
público10 la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil, a su turno,
el artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en
costas “a la parte vencida”.
Para el presente caso se considera parte vencida son los integrantes de la unión
temporal Medisan (Macromed SAS, la Caja de Compensación Familiar de
Cundinamarca y la Caja de compensación Familiar del Huila), de manera que en lo
que se refiere a los gastos del proceso estos serán liquidados por la secretaría del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca de manera concentrada, según el artículo
366 del Código General del Proceso11.
10 Al respecto consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del 11
de octubre de 2021, expediente no. 11001-03-26-000-2019-00011-00 (63.217), MP Fredy Ibarra
Martínez.
11 El artículo 366 del Código General del Proceso prevé: “Las costas y agencias en derecho serán
liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única
instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado
el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
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Apelación de sentencia
Sobre las agencias en derecho, se tiene que para la fecha de la presentación de la
demanda se hallaba vigente el artículo 6 numeral 3.1.3 del Acuerdo 1887 de 2003
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, de este modo, la Sala considera
razonable tasar las agencias en derecho en seis (6) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de la presente providencia que
deberán ser pagados por la parte actora en favor de cada una de las entidades
demandadas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA
1º) Revócase la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera Subsección B del 17 de febrero de 2016 y, en su lugar, dispónese lo
siguiente:
“PRIMERO: Niéganse las súplicas de la demanda.
SEGUNDO: Declárase probada de oficio la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa de la Unión Temporal Medisan”.
2º) Condénase en costas a la parte demandante las cuales deberán liquidarse por
la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de manera concentrada
en caso de haberse causado.
3º) Fíjanse por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a seis (6)
salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia
que, deberán ser pagados por los integrantes de la unión temporal Medisan (la
sociedad Macromed SAS, la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca y la
Caja de compensación Familiar del Huila) a favor de cada una de las entidades
demandadas, esto es, de la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección General de
Sanidad Militar, Hospital Militar Central y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
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4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
(firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en
la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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