Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05792-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05792-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05792-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
4 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECINUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05792-00 (9347)
Demandante: Macromed S.A.S.
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad
Militar y Hospital Militar Central y Otros
Vinculados: Seguros Comerciales Bolívar S.A. – Seguros Generales
Suramericana S.A. – Unión Temporal Medmfem 18
Temas: Causal quinta de revisión. Falta de congruencia. Legitimación en
la causa material. Ausencia de pronunciamiento frente a la
pretensión de nulidad del acto administrativo sancionatorio que
impuso multa por incumplimiento contractual. DECLARA
FUNDADO PARCIALMENTE.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpuso 1 la sociedad
Macromed S.A.S, en su calidad de beneficiaria de los derechos litigiosos de la Unión
Temporal Medisan, integrada por Macromed S.A.S., la Caja de Compensación
Familiar de Cundinamarca (Comfacundi) y la Caja de Compensación Familiar del
Huila (Comfamiliar) contra la sentencia del primero (1°.) de marzo de dos mil
veintitrés (2023) proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado2, para lo cual invocó la causal 5 del artículo 250 del CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que mediante la licitación pública 071/MDN-CGFM-DGSM-HOMIC-2012, a la
Unión Temporal (UT) Medisan le fueron adjudicados los contratos 075 de 2012,
suscrito con la Dirección General de Sanidad Militar, y 475 de 2012, celebrado con
el Hospital Militar Central, cuyo objeto era la compra, suministro, dispensación y
control de medicamentos a través de un operador logístico para los usuarios del
subsistema de salud de las fuerzas militares. El plazo de ejecución se fijó en 19
meses, iniciando el 15 de enero de 2013 para el contrato 075 y el 22 de diciembre
de 2012 para el contrato 475.
2. Que la Dirección General de Sanidad, mediante Oficio 333206/CGFM-DGSM-
GAL-41.1 del 17 de enero de 2013 convocó a la audiencia prevista en el artículo 86
de la Ley 1474 de 2011.
1 La presentación del recurso se efectuó el 25 de octubre de 2024 según la anotación efectuada por la Secretaría
General de esta Corporación que reposa en el índice 00002 de SAMAI.
2 Decisión que revocó la sentencia proferida el 17 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B dentro del trámite del medio de control de controversias
contractuales identificado con el radicado núm. 25000-23-36-000-2014-00823-01 (57.281).
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3. El 31 de enero de 2013, la UT Medisan solicitó la cesión del contrato 075 de 2012
a favor de la UT MEDMFEM 18, integrada por Cosmitet Ltda., Corporación de
Servicios Médicos Internacionales THEM y Cía. Ltda. y Comercializadora Duarquint
Ltda., la cual fue aceptada el 11 de febrero de 2013. En el acuerdo de cesión se
dejó constancia de que la cesión se realizaba de forma libre y espontánea por la UT
Medisan y que el Hospital Militar Central no asumiría responsabilidad alguna
derivada de los acuerdos privados entre cedente y cesionario.
4. Ese mismo 12 de febrero de 2013, mediante Resolución 1164, la Dirección
General de Sanidad declaró el incumplimiento contractual e impuso multa a la UT
MEDISAN por valor de $401.828.223, por deficiencias en la herramienta
informática, y $3.053.894.494, por fallas en la dispensación de medicamentos, acto
del cual se solicitó revocatoria directa y la práctica de una auditoría integral, razón
por la cual, mediante Resolución 0483 del 25 de abril de 2013, se abrió el trámite
probatorio en sede administrativa.
5. Que el representante de la UT Medisan promovió acción de tutela, la cual fue
inicialmente declarada improcedente, pero en segunda instancia se concedió el
amparo al debido proceso, lo que llevó a que la Dirección General de Sanidad dejara
sin efectos la Resolución 1164 mediante Resolución 1425 del 30 de septiembre de
2013. No obstante, dicha decisión fue revocada por la Corte Constitucional, en
Sentencia T-243 de 11 de abril de 2014.
6. Que la UT Medisan promovió el medio de control de controversias contractuales
con el fin de obtener la nulidad del Oficio 333206 de 17 de enero de 2013, mediante
el cual se dio inicio a la actuación administrativa; de la Resolución 1164 de 2013, de
la Resolución 483 de 25 de abril de 2013, que decidió sobre las pruebas dentro del
trámite de revocatoria directa de la Resolución 1164 de 2013, de las Resoluciones
822, 824 y 825, que resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra
aquella, y de los acuerdos de cesión de los contratos 075 y 475 de 2012, por vicios
en el consentimiento.
7. Como consecuencia de lo anterior, solicitó la liquidación de los contratos y, a
título de restablecimiento, la condena a la Nación – Ministerio de Defensa –
Dirección General de Sanidad Militar y Hospital Militar Central al pago del valor de
la multa impuesta, de la utilidad dejada de percibir por la imposibilidad de continuar
la ejecución contractual y del perjuicio por el daño a la imagen corporativa de la
entidad contratante.
8. Que en el trámite se vincularon como litisconsortes necesarios las aseguradoras
Seguros Generales Suramericana S.A. y Seguros Comerciales Bolívar S.A., y a la
Unión Temporal MEDMFEM 18.
9. Mediante sentencia de 17 de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones. Sin embargo, en
providencia de 1.º de marzo de 2023, el Consejo de Estado –Sección Tercera,
Subsección B– revocó la decisión, negó las pretensiones y declaró probada de oficio
la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.
10. Frente a esa decisión se solicitó su adición; petición que fue negada mediante
auto de 7 de septiembre de 2023, notificado el 31 de octubre siguiente.
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11. Finalmente, el 15 de febrero de 2024 se promovió acción de tutela contra la
sentencia de segunda instancia, la cual fue declarada improcedente mediante fallo
de 6 de mayo de 2024, confirmado el 8 de julio del mismo año, al estimarse que
existía otro mecanismo de defensa judicial, concretamente el recurso extraordinario
de revisión.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
12. En providencia del 1° de marzo de 20233, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia que declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó el pago de las facturas
adeudadas y de la utilidad dejada de percibir. En su lugar, negó las pretensiones y
declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa
de la UT Medisan.
13. Para sustentar su decisión, la Sala expuso, en síntesis, las siguientes razones:
14. Consideró que no se encontraba acreditado ningún vicio del consentimiento en
la suscripción de las cesiones de los contratos celebrados con el Hospital Militar
Central y la Dirección General de Sanidad Militar. En particular, estimó que la
radicación de dos solicitudes de cesión del contrato 475 de 2012 con diferencia de
minutos, así como la supresión —en la segunda de ellas— de la expresión según la
cual «la cesión se originaba por conveniencia de la entidad contratante y por actos
ajenos a la voluntad del contratista», no constituían elementos probatorios
suficientes para acreditar la existencia de fuerza, coacción o constreñimiento.
15. Por el contrario, encontró que del acervo probatorio se desprendía la existencia
de una manifestación libre y espontánea de la voluntad de las partes, máxime si se
tiene en cuenta que en la ejecución de este contrato el Hospital inició en contra de
la UT MEDMFEM 18 un proceso de incumplimiento que finalizó con el archivo del
trámite una vez se acreditó el cumplimiento de las obligaciones por Medisan.
16. Indicó que las declaraciones de parte rendidas por el representante legal de la
UT Medisan y por el representante de Macromed S.A.S. no resultaban suficientes
para demostrar el alegado constreñimiento, al provenir de la misma parte interesada
y carecer de respaldo en elementos objetivos de prueba.
17. En relación con el contenido de las actas de cesión, destacó que en el contrato
075 de 2012 se estableció que la multa impuesta mediante la Resolución 1164 de
2013 sería asumida por la aseguradora y, en caso de no allanarse esta al pago, por
la Unión Temporal MEDMFEM 18, circunstancia que, a juicio de la Sala, descartaba
la existencia de presión o fuerza en la suscripción de la cesión. Con fundamento en
lo anterior, revocó la declaratoria de nulidad de las actas de aceptación de las
cesiones de los contratos 075-DGSM-2012 y 475 de 2012, suscritas los días 12 y
20 de febrero de 2013.
18. Verificada la validez de las cesiones, precisó que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto procesal que puede ser examinado de oficio en
segunda instancia. En ese sentido, concluyó que la Unión Temporal Medisan
3 Véase índice 000135 de SAMAI, Exp. 25000-23-36-000-2014-00823-01 (57.281).
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carecía de legitimación para solicitar la nulidad de los actos administrativos y el
restablecimiento del derecho, por cuanto había cedido su posición contractual a la
UT MEDMFEM 18.
19. Resaltó que en la cesión del contrato 075-DGSM-2012 se pactó una
subrogación convencional, mediante la cual la cesionaria asumió la totalidad de los
derechos (UT Medmfem 18) y obligaciones derivadas del contrato, sin que la
cedente (UT Medisan) se hubiera reservado derecho alguno para reclamar por
hechos anteriores a la cesión. Que conforme a lo previsto en el artículo 1669 del
Código Civil, dicha subrogación implicó la transferencia integral de los derechos
contractuales, de modo que la UT Medisan no ostentaba la titularidad de los
derechos reclamados en el proceso.
20. Finalmente, señaló que como consecuencia de la prosperidad de los recursos
de apelación interpuestos por el Hospital Militar Central y la Dirección General de
Sanidad Militar, se abstendría de pronunciarse sobre el recurso de apelación
formulado por la parte actora en relación con el monto de los perjuicios y la utilidad
dejada de percibir, así como sobre la excepción de indebido agotamiento del
requisito de procedibilidad, al perder tales aspectos relevancia con la revocatoria de
la sentencia de primera instancia.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
21. La sociedad Macromed S.A.S, en su calidad de beneficiaria de los derechos
litigiosos de la UT Medisan, interpuso recurso extraordinario de revisión4 al estimar
que la sentencia del 1º de marzo de 2023 incurrió en la causal quinta del artículo 250
del CPACA, por violación del principio de congruencia.
22. Como fundamento del recurso, sostuvo que la Sección Tercera del Consejo de
Estado omitió pronunciarse sobre la totalidad de las pretensiones y de los puntos que
integraban la litis. Esta omisión, según afirmó, se tornó manifiesta cuando la solicitud
de aclaración de la sentencia fue negada mediante auto de 7 de septiembre de 2023,
sin que se efectuara pronunciamiento adicional alguno.
23. Explicó que la congruencia impone al juez el deber de decidir en armonía con las
pretensiones, excepciones y hechos debatidos y de mantener coherencia entre la
parte motiva y la resolutiva de la sentencia. Expresó que el juzgador no puede fallar
por fuera de lo pedido (extra o ultra petita), ni dejar de resolver aspectos sustanciales
del litigio (minus petita), salvo que justifique de manera expresa y suficiente las
razones de tal omisión.
24. Afirmó que la incongruencia radica, principalmente, en la falta de pronunciamiento
sobre el control de legalidad del acto administrativo que impuso la multa y sobre la
pretensión de liquidación judicial del contrato, pese a que ambas fueron debidamente
formuladas en la demanda, conocidas por la parte demandada, incorporadas en la
fijación del litigio y analizadas como problemas jurídicos en la sentencia de primera
instancia. No obstante, al resolverse el recurso de apelación, la Subsección B se
abstuvo de abordarlas, sin ofrecer explicación alguna.
4 Véase índice 00002 de SAMAI.
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25. Indicó que en las audiencias iniciales celebradas los días 7 de abril y 14 de
diciembre de 2015, con la participación de todos los sujetos procesales y litisconsortes
necesarios, se fijaron expresamente los problemas jurídicos, entre ellos: el inicio del
plazo de ejecución contractual; la existencia o no de incumplimiento; la procedencia
de la multa impuesta mediante la Resolución 1164 de 2013; la eventual desviación de
poder, falsa motivación y violación del debido proceso; las consecuencias restitutorias
derivadas de la nulidad del acto sancionatorio; la existencia de vicios del
consentimiento en las cesiones contractuales; y la procedencia de la indemnización
de perjuicios.
26. A juicio de la recurrente, la sentencia desconoció el principio de congruencia al
adoptar decisiones sin analizar aspectos esenciales del contrato, tales como el plazo
de ejecución pactado y la exigibilidad de las obligaciones; al abstenerse de ejercer
control de legalidad sobre el acto sancionatorio, pese a que este continuaba
produciendo efectos respecto de los demandantes y de los litisconsortes necesarios;
y al omitir pronunciamiento sobre la liquidación contractual, a pesar de lo dispuesto
en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y de la jurisprudencia que reconoce al juez
contencioso la facultad —y el deber— de liquidar el contrato cuando no existe acuerdo
entre las partes.
27. Que, aunque en la demanda se solicitó la nulidad por vicios del consentimiento
de las actas de cesión, frente a esta pretensión la sala de decisión delimitó, sin mayor
acotación, que no existía ningún vicio.
28. Que existe una contradicción entre la motivación de la sentencia y la parte
resolutiva, pues, aunque se concluyó que no existía vicio del consentimiento en las
cesiones contractuales, ello no justificaba omitir el análisis de los demás problemas
jurídicos fijados ni desconocer que la UT Medisan ejecutó parcialmente el contrato, lo
que le otorgaba un interés legítimo para obtener un pronunciamiento de fondo sobre
las pretensiones relacionadas con dicha ejecución.
29. Afirmó que nunca se solicitó la liquidación del período contractual ejecutado por
el cesionario, únicamente la liquidación correspondiente al lapso en el que Medisan
ostentó la calidad de contratista, desde el 21 de noviembre de 2012, cuando resultó
adjudicatorio del contrato, hasta la formalización de la cesión, solo que «en este
escenario, el operador judicial, audazmente se valió de narrar una situación actual
para desconocer una ejecución consolidada, precisamente durante ese lapso de
tiempo […] ».
30. En ese contexto, sostuvo que la sentencia desconoció una ejecución contractual
consolidada y debidamente acreditada, respecto de la cual le asistía un interés
legítimo a que fuera resuelto de fondo lo solicitado en la demanda, lo que configuraría
una decisión minus petita y, por ende, una nulidad originada en la sentencia.
Contestaciones al recurso extraordinario de revisión5
31. La Nación – Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad Militar,
Seguros Comerciales Bolívar S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A.
5 Véasen folios 5-12, archivo «20EnviodeNotifi_NOTIFICACIONPERSONAL(.pdf) NroActua 14» del índice
00014 de SAMAI, en los cuales reposa constancia de las notificaciones del auto admisorio de la acción
efectuadas el 31 de marzo de 2025.
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guardaron silencio
32. El Hospital Militar Central6 sostuvo que, conforme al artículo 187 del CPACA, el
juez de lo contencioso administrativo se encuentra facultado para declarar de oficio
las excepciones que advierta plenamente probadas, hayan sido o no propuestas por
las partes, entre ellas la falta de legitimación en la causa por activa.
33. Afirmó que la sentencia se ajusta a la Constitución y a la ley, no vulnera derechos
fundamentales ni incurre en incongruencia alguna. En su criterio, el recurso
extraordinario de revisión no busca corregir una irregularidad sustancial, sino reabrir
un litigio ya definido, mediante una providencia ejecutoriada que no desconoce el
ordenamiento jurídico.
34. La UT MEDMFEM 187 sostuvo que la sentencia fue congruente, en tanto resolvió
los reparos formulados en los recursos de apelación interpuestos por la parte
demandada y por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quienes
controvirtieron la declaratoria de nulidad de las actas de cesión por supuestos vicios
del consentimiento y destacaron que la UT Medisan suscribió dichas cesiones de
manera libre y espontánea, renunciando además a cualquier reclamación económica.
35. Afirmó que, al declararse la validez de la cesión contractual, resultaba lógico
examinar la legitimación en la causa por activa, concluyendo que la UT Medisan
carecía de ella para reclamar reconocimientos económicos, por haber cedido su
posición contractual y renunciado expresamente a formular reclamaciones judiciales
o extrajudiciales.
36. Señaló que al haber sido apelada la sentencia por ambas partes, el ad quem no
se encontraba limitado en su decisión y podía ejercer facultades oficiosas, conforme
a los artículos 282, 320 y 328 del CGP.
Concepto del Ministerio Público
37. La Procuraduría Tercera Delegada ante esta Corporación rindió el Concepto 050-
20258, en el cual solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, al
estimar que no se configura la causal quinta, por cuanto no se vulneró el principio de
congruencia.
38. Sostuvo que, una vez acreditada la validez de las cesiones contractuales,
resultaba coherente y congruente declarar la excepción de falta de legitimación en la
causa por activa, en la medida en que la posición contractual del recurrente había sido
transferida a otra persona jurídica, razón por la cual no estaba llamado a demandar.
39. Que, al encontrarse probada dicha excepción, la Sala no podía pronunciarse
sobre las demás pretensiones de la demanda, pues hacerlo habría implicado incurrir
en una decisión incongruente y, en ese escenario, sí podría configurarse una nulidad
de la sentencia.
Se decidirá previas las siguientes,
6 Véase índice 00020 de SAMAI.
7 Véase índice 00021 de SAMAI.
8 Véase índice 00019 de SAMAI.
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CONSIDERACIONES
40. Corresponde a la Sala determinar si en la sentencia del 1° de marzo de 2023,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se
configura la causal de revisión invocada por la recurrente.
41. Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos: i) Generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) Causal de revisión invocada, y iii) Caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
42. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada9. En términos del artículo 248
del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
43. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una
sentencia ya ejecutoriada10. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:
(i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente11.
(ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular12.
(iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
(iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 13.
44. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
9 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
15 de marzo de 2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
11 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
13 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613).
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05792-00 (9347)
45. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley14.
Causal quinta de revisión
46. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]».
47. De allí que, para que resulte procedente la causal en mención, debe existir una
sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso. Además, contra esta decisión no
puede proceder recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo
para poner de presente cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
48. Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida
con anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento.
No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad
originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la
emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal
de demostrar esta circunstancia15.
49. La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 16, que establece ocho motivos
específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades
insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 17, al
punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta. A
modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones
como:
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
15 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
16 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
17 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de
2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».
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«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»18.
50. Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido19.
Principio de congruencia
51. Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. […]».
52. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 9 de
julio de 202020, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber
legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su
conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita21, como regla general.
53. Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión
está en armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe
coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de
la providencia22. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
19 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de
2020. Exp. 11001-03-25-000-2015-00391-00. C.P. William Hernández Gómez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018. Exp. 25000-23-41-000-
2013-00911-01. C.P. María Elizabeth García González.
21 Ibid. La Sección Segunda reitera lo dicho en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Revisión. Sentencia del 7 de abril de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-2013-00358-00 (REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Exp. 76001-23-24-000-1997-04345-01
(12668-1997). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié donde se indicó: «[…] Cuando en una providencia judicial, no
se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que
consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce
un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión
pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el
pronunciamiento sobre una de las pretensiones».
22 Ibid.
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incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.
54. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
55. Sostiene la parte recurrente que la sentencia incurrió en vulneración del principio
de congruencia, en la modalidad minus petita, al abstenerse de resolver
integralmente las pretensiones y problemas jurídicos que conformaban la litis, luego
de revocar el fallo de primera instancia y declarar de oficio la falta de legitimación en
la causa por activa de la UT Medisan.
56. Afirma que, pese a que en la demanda se solicitó expresamente el control de
legalidad del acto administrativo que impuso la multa por incumplimiento contractual
y la liquidación judicial de los contratos, y tales aspectos fueron fijados como objeto
del litigio en la audiencia inicial y analizados por el juez de primera instancia, la
segunda instancia omitió pronunciarse sobre ellos sin ofrecer una justificación.
57. Corresponde, entonces, determinar si, a la luz del principio de congruencia
previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso —aplicable por remisión
del artículo 306 del CPACA—, la decisión adoptada desconoció el marco objetivo de
la controversia.
58. Como se ha expuesto, la incongruencia se configura cuando el juez omite
resolver una pretensión oportunamente formulada, concede más de lo pedido o
decide sobre asuntos no sometidos a su consideración. La exigencia de congruencia
no implica que el fallador deba pronunciarse de manera exhaustiva sobre todos los
argumentos, pruebas o consideraciones planteadas por las partes, sino que debe
resolver de manera integral las pretensiones y excepciones que estructuran el litigio.
59. Así, el vicio de incongruencia se predica de la ausencia de decisión respecto de
un punto que debía ser resuelto, y no del eventual desacierto en la valoración
probatoria o en la interpretación jurídica acogida en la sentencia. En este sentido,
esta Corporación también ha señalado que «(…) el juez de la revisión debe cuidarse
de no incurrir en el error de confundir la disconformidad que puedan tener los sujetos
procesales frente a lo argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de
armonía sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la
dispositiva de la providencia»23. De igual manera, ni el juez ni las partes pueden
alterar la causa petendi mediante la introducción extemporánea de hechos nuevos o
la modificación implícita de las pretensiones en etapas procesales distintas a las
legalmente previstas para su corrección, aclaración o adición24.
23 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-
15-000-2015-02342-00. CP. Alberto Yepes Barreiro.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 25 de enero de 2017. Exp. 11001-
03-26-000-2016-00052-00 (56703). CP. Hernán Andrade Rincón.
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60. La congruencia, por tanto, se verifica en función de la demanda tal como fue
propuesta y fijada en el litigio, no a partir de reinterpretaciones posteriores de su
alcance. Bajo este parámetro debe examinarse el reproche formulado.
61. Del examen del expediente se verifica que el medio de control de controversias
contractuales estuvo orientado a obtener:
(i) la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la Dirección General
de Sanidad inició la actuación administrativa prevista en el artículo 86 de la Ley 1474
de 2011, tendiente a declarar el incumplimiento del contrato 075-DGSM-2012, así
como de todos aquellos actos proferidos en el curso de dicha actuación —incluidos
los que decretaron pruebas y resolvieron los recursos interpuestos— y, en particular,
el que declaró el incumplimiento del contrato 075-DGSM-2012 e impuso multa a la
UT Medisan25;
(ii) la nulidad de las actas de cesión de tales contratos26 por vicios del
consentimiento;
(iii) el restablecimiento del derecho, consistente en la devolución del valor de la multa
impuesta —por la suma de $3.455.722.717,8— junto con los intereses comerciales
correspondientes, el reconocimiento de otros perjuicios, entre ellos el daño a la
imagen corporativa y la utilidad dejada de percibir con ocasión de la imposibilidad de
continuar ejecutando los contratos, bajo el entendido de que la cesión habría sido
celebrada con vicios del consentimiento; y
(iv) la liquidación judicial de los contratos 075DGSM de 2012 y 475 del mismo año.
62. En cuanto a la pretensión de declarar la nulidad de los documentos que
contenían las cesiones de los contratos, la sentencia objeto de reproche sí efectuó
un análisis expreso y razonado, al concluir que no se acreditó la existencia de fuerza
o constreñimiento capaz de viciar el consentimiento de la UT Medisan al suscribir las
actas de cesión. En tal sentido, no puede afirmarse que dicho extremo hubiese
quedado sin decisión. Veamos:
«[…] 3) Del análisis de los medios probatorios que obran en el expediente, para
la Sala no es atendible tomar como prueba del supuesto vicio de consentimiento
ejercido sobre la unión temporal contratista el hecho de que radicara, con
diferencia en minutos, dos (2) solicitudes de cesión del contrato no. 475-2012
ante el Hospital Militar Central con la indicación de que “la cesión se originaba
por conveniencia de la entidad contratante y por actos ajenos a la voluntad del
contratista” (fl. 583 cdno. no. 1), debido a que el simple hecho de radicar una
comunicación con afirmaciones o advertencias no es indicativo de la coacción
o presión que haya ejercido la entidad contratante al punto de conducir a la
declaratoria de nulidad del acto contractual de cesión de contrato4, muy por el
contrario, de lo que sí hay prueba en el expediente es de la manifestación de la
voluntad libre y espontánea de las partes contratantes, máxime si se tiene en
25 Véase Folio 19 del archivo denominado «REFORMA A LA DEMANDA», obrante en la siguiente ruta digital:
carpeta «CDS», subcarpeta «CDSFOLIO 90», «CD1», contenido en el archivo «26RECIBEPRUEBAS_CDSzip
(.zip) NroActua 18», incorporado en el índice 00018 de SAMAI. «Se declare la nulidad de los actos administrativos
expedidos por la administración, con los cuales se pretendió declarar el incumplimiento de los contratos 475 y
075 de 2012, y demás tramites dentro de la operación administrativa […]: Oficio 333206/CGFM-DGSM-GAL -
41.1 de 17 de enero de 2013 (…); Resolución 1164 de 12 de febrero de 2013, (…), Resolución 483 de 25 abril
de 2013 (…); Resolución 0822 de 27 de junio de 2013 (…); Resolución No 0847 de 05 de julio de 2013 (…);
Resolución No 0824 de 27 de junio de 2013 (…); Resolución No 0825 de 27 de junio de 2013 (…)».
26 Ibid. «SEGUNDA: Se declare la nulidad del (…) Acta de 12 de febrero de 2013, mediante la cual la Dirección
General de Sanidad acepto la cesión del contrato No. 075 DGSM/2012 de la UT MEDISAN A la Unión Temporal
MEDMFEN 18 (…) Acta de 20 de febrero de 2013 en la que el Hospital Militar Central, aceptó la cesión de
contrato No. 475 de 2012, cuyo contratista era el actual demandante y procedió a reconocer a partir de ese
momento a la UNION TEMPORAL MEDMFEN 18, como beneficiaria de la relación contractual».
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cuenta que en la ejecución de este contrato el Hospital inició en contra de la
unión temporal contratista un proceso de incumplimiento que finalizó con el
archivo del trámite una vez se acreditó el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas por Medisan.
4) Ahora bien, la parte actora mediante las declaraciones de parte rendidas en
primera instancia por el representante legal de la unión temporal contratista y
por el representante legal de Macromed, en calidad de integrante de la unión
temporal, pretendió acreditar la presión y fuerza ejercida, tanto por el Hospital
Central Militar, como por la Dirección de Sanidad Militar para conminarla a
solicitar la cesión de los contratos con estas suscritos; sin embargo, en línea de
lo decidido por el a quo tales declaraciones por sí solas no acreditan ni dan
certeza de la supuesta fuerza o constreñimiento ejercido, máxime si se tiene en
cuenta que devienen de la misma parte actora y no aportan criterio objetivo
alguno al acervo probatorio que compone el expediente […]»27.
63. La legitimación en la causa por activa, en efecto, no se erige en un asunto
accesorio o meramente formal, sino en un presupuesto material indispensable para
que el juez pueda emitir un pronunciamiento de mérito sobre las pretensiones
formuladas. Su ausencia impide abordar el estudio sustancial del litigio, en tanto
compromete la titularidad para reclamar el derecho que se afirma vulnerado.
64. Desde esta perspectiva, cuando el juez advierte la falta de legitimación, la
consecuencia procesal no es resolver de manera fragmentada o sucesiva cada una
de las pretensiones, sino abstenerse de emitir decisión de fondo respecto de ellas.
En tal evento, la delimitación objetiva de la controversia se ve condicionada por la
inexistencia de uno de los presupuestos necesarios para su examen material.
65. Para la Sala, la Subsección B de la Sección Tercera verificó la validez de las
cesiones de los contratos y estableció que la UT Medisan transfirió íntegramente su
posición contractual a la UT MEDMFEM 18 y con fundamento en ello declaró la falta
de legitimación en la causa por activa.
66. De modo que, la abstención de pronunciamiento respecto de la liquidación
judicial de los contratos no configura una decisión minus petita, pues dicha
pretensión presupone la titularidad de la posición contractual, la cual —según lo
decidido— había sido transferida en su integridad.
67. Véase que en la demanda la forma en la que se solicitó la liquidación del contrato
fue «[…] se efectúe en sede judicial la liquidación de los contratos No. 075
DGSM/2012 suscrito entre la Dirección General de Sanidad y el contrato 475 de 2012
suscrito con el Hospital Militar Central»28.
68. En el proceso ordinario, se solicitó, entonces, la liquidación judicial de los
contratos en su integridad con vocación de abarcar la relación contractual en su
conjunto, sin delimitar temporal ni materialmente el objeto de dicha pretensión, ni
circunscribirla al período durante el cual habría ejecutado parcialmente el contrato.
Sin embargo, en sede del recurso extraordinario la parte recurrente sostuvo que:
«[…] acá lo pretendido jamás fue liquidar judicialmente el lapso contractual que
ejecutó el cesionario, porque claramente ese nunca fue el interés, de ahí, que
una de las pretensiones de la demanda fueran siempre, solicitar la liquidación
27 Véase folio 24 del archivo contenido en el índice 135 de SAMAI-Consejo de Estado. Exp. 25000-23-36-000-
2014-00823-01.
28 Ibid. Subrayado fuera del texto original.
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en sede judicial, porque probatoriamente está acreditado que MACROMED
ostentó la calidad de contratista desde el 21 de noviembre de 2012, cuando
resultó adjudicatario y hasta la formalización de la cesión contractual, solo que
en este escenario, el operador judicial, audazmente se valió de narrar una
situación actual para desconocer una ejecución consolidada, precisamente
durante ese lapso de tiempo, porque fue lo que se solicitó en las pretensiones
de la demanda»29 (subrayado fuera del texto original).
69. Así, a través de dicha argumentación se pretende ahora reconducir la pretensión
de liquidación hacia un alcance parcial, circunscrito al período en el cual la unión
temporal ejecutó el contrato antes de la cesión, como si desde un inicio se hubiese
solicitado una liquidación segmentada o proporcional al tiempo de participación
contractual, lo cual no se desprende de los términos objetivos en que fue formulada
la pretensión en el proceso ordinario.
70. Esa redefinición no fue propuesta en la demanda ni en oportunidad procesal
idónea, ni hizo parte del marco de fijación del litigio. Admitirla en esta etapa implicaría
alterar la causa petendi y el objeto del proceso, desbordando los límites que impone
precisamente el principio de congruencia.
71. En consecuencia, era improcedente efectuar un estudio de fondo sobre la
liquidación de los contratos frente a quien ya no ostentaba la calidad de parte en la
relación negocial, tal y como lo hizo la sentencia objeto de revisión, con lo que no se
configura el reproche planteado.
72. Sin embargo, el análisis precedente no conduce a la misma conclusión respecto
de la pretensión de nulidad del acto administrativo sancionatorio contenido en la
Resolución 1164 de 12 de febrero de 2013, frente a la cual la declaratoria general de
falta de legitimación no resultaba jurídicamente trasladable de manera automática.
73. En dicha Resolución, la Dirección General de Sanidad fijó una sanción
equivalente al 3,5 % del valor del Contrato 075-DGSM-2012, cuyo objeto consistía
en la «compra, suministro, dispensación de medicamentos a través de un operador
logístico para los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares», en los
siguientes términos:
«ARTÍCULO PRIMERO: Imponer una multa de TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL
SETECIENTOS DIECISIETE PESOS Y OCHO CENTAVOS MCTE
($3.455.722.717.8) en razón al incumplimiento parcial del Contrato No.075-
DGSM-2012, (…) celebrado con el contratista MEDISAN UT, integrada por
la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CUNDINAMARCA (…) (10%) -
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA (…) (45%) y MACROMED
S.A.S. (…) (45%), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Valor de la multa impuesta será descontado de los
pagos pendientes al contratista o, en su defecto, será cobrado a las compañías
de seguros SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. y SEGUROS
COMERCIALES BOLÍVA S.A., de conformidad y en los términos de la Póliza de
Seguro de Cumplimiento No. 0803732-1- Documento No. 10697406»30
(subrayado y negrillas por fuera del texto original).
29 Véase folio 12 del archivo «3_DemandaWeb_Demanda_RECURSOEXTRAORDINARI(.pdf) NroActua 2», el
cual reposa en el índice 0002 de SAMAI.
30 Folio 448 del archivo denominado «04. CUADERNO PRINCIPAL 4», contenido en el archivo
«27RECIBEPRUEBAS_OneDrive_3_1142025zi(.zip) NroActua 18», incorporado en el índice 00018 de SAMAI.
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74. De hecho, la propia entidad demandada en el proceso ordinario, al pronunciarse
sobre la solicitud de la suspensión provisional del acto sancionatorio, reconoció que
la multa ya había sido parcialmente descontada y que respecto del saldo se habían
adelantado actuaciones tendientes a su cobro vía ejecutiva. Tal manifestación no
solo ratifica que la UT Medisan fue el sujeto pasivo del acto administrativo, sino que
además evidencia que existían pruebas que podrían apuntar a la producción de
efectos patrimoniales en su esfera jurídica, así:
«(…) Inane puesto que busca la suspensión de los efectos del acto
administrativo con el fin de evitar perjuicios irremediables sustentados en la
posible ejecución de la multa decretada por la administración. Multa que ya fue
descontada en la suma de ($1.547.226.635.76) conforme lo indica el oficio
radicado 9265 de 05 de diciembre de 2019- que se adjunta-, por virtud de la
medida de embargo del 15 de mayo de 2017 dispuesta por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el proceso ejecutivo ut supra y que en
relación con su remanente se han constituido pólizas que sustituyen las
mismas»31 (negrillas fuera del texto).
75. En este contexto, la determinación de la legitimación material para solicitar la
nulidad de los actos administrativos contractuales pende de que el interesado
acredite que de esa declaración se deriva para él «un beneficio material o moral al
demandante, o un perjuicio material o moral al demandado»32, lo que no se agota en
la titularidad actual del contrato, sino que se fundamenta en la condición de
destinatario del acto y en la afectación directa de una situación jurídica subjetiva.
76. Así se desprende del artículo 141 del CPACA, al disponer que «[…] cualquiera
de las partes del contrato del Estado podrá pedir […] que se declare la nulidad de
los actos administrativos contractuales»; previsión que debe interpretarse en
armonía con el principio de tutela judicial efectiva y con la necesidad de garantizar el
acceso a la jurisdicción a quien soporta los efectos jurídicos de la decisión
administrativa.
77. Encuentra la Sala que no resultaba acertado analizar la legitimación en la causa
por activa respecto de la pretensión de nulidad de la Resolución 1164 de 2013 —
acto administrativo que impuso la multa por incumplimiento contractual— a la luz de
la cláusula cuarta del acta de cesión del contrato 075 de 2012.
78. Dicha estipulación, traída a colación en la sentencia33, a lo sumo regula el
mecanismo de pago de la multa —esto es, la forma en que se haría efectivo su
valor—, pero no altera la titularidad de la relación jurídico-contractual surgida con la
expedición del acto sancionatorio, no desplaza la calidad de sujeto pasivo del mismo,
ni elimina los efectos que produjo en cabeza del sancionado.
79. Incluso si se aceptara que la aseguradora o la unión temporal cesionaria
asumieron parcialmente el pago de la multa, ello no implica una subrogación integral
31 Véase folios 63 del archivo denominado «01Cuaderno Principal 1», el cual reposa en el archivo denominado
«29RECIBEPRUEBAS_OneDrive_2_1142025zi(.zip) NroActua 18» obrante en el índice 00018 de SAMAI. Cfr.
Fl. 66, ibid.
32 Devis Echandía, H. Teoría General del Proceso, Editorial Temis, Bogotá, D.C., 2017, pág. 225.
33 El contenido de la cláusula citada fue el siguiente: «CUARTA: MEDISAN UT autoriza a la Dirección General
de Sanidad Militar a descontar el valor de la multa impuesta de la (s) factura (s) que se presente para efectuar
el pago del servicio entre la fecha de inicio y el 17 de febrero del año en curso. En caso que el valor facturado
no sea suficiente para cubrir el valor total de la sanción, este será cancelado por las compañías de
seguros que garantizaron las obligaciones de MEDISAN UT, y en caso de que estas no se allanen al
cumplimiento será asumido el pago por la Unión Temporal MEDMFEM18” (fl. 266 cdno. de pruebas –
mayúsculas sostenidas y negrillas del original – negrillas adicionales de la Sala).»
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en la posición jurídica frente al acto administrativo, ni priva al destinatario original del
interés para cuestionar su legalidad, pues no debe tomarse como si la cesión hubiera
producido una transmisión integral del derecho a impugnarlo.
80. Aun cuando la cesión suponga la sustitución del contratista en la ejecución del
contrato, ello no impedía a la UT Medisan conservar interés y legitimación para
demandar la legalidad del acto administrativo que la sancionó, por tratarse de un
acto que la tuvo como destinataria directa y cuyos efectos no se desvanecen por la
sola modificación posterior de la relación contractual.
81. Debe resaltarse que el propio acto cuestionado en el proceso ordinario dispuso
en su artículo quinto: «(…) ARTICULO QUINTO: Una vez en firme el presente acto
ordénase las publicaciones de ley»34.
82. Se evidencia que la decisión sancionatoria no se agotaba en la imposición de
una multa de contenido patrimonial, sino que implicaba la activación de
consecuencias adicionales, tales como el reporte de la información relativa a la
sanción en el Registro Único de Proponentes, de conformidad con el Decreto 734
de 201235 —vigente para la fecha de imposición de la multa— y las eventuales
consecuencias previstas en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 36, relativas a las
posibles inhabilidades derivadas de dicha imposición.
83. En esa medida, el acto sancionatorio reviste una naturaleza eminentemente
subjetiva, en cuanto recae sobre la conducta atribuida al contratista sancionado. El
incumplimiento contractual allí declarado no es transferible por efecto de la cesión
contractual, pues no se predica del vínculo negocial en abstracto, sino del
comportamiento del sujeto que incurrió en el incumplimiento.
84. En consecuencia, no resulta jurídicamente admisible sostener que la sanción
pueda trasladarse al cesionario por el solo hecho de haber asumido la ejecución
del contrato, ni que quien ostentó la calidad de contratista al momento de los hechos
pierda la titularidad respecto de los efectos que el acto sancionatorio le produjo,
máxime cuando de la interpretación de las cláusulas contractuales se desprende
una conclusión distinta, como se expuso previamente.
85. Bajo estas consideraciones, la segunda instancia estaba obligada a
pronunciarse de fondo sobre la legalidad de la Resolución 1164 de 12 de febrero de
2013, con independencia de que la decisión fuese favorable o desfavorable a las
pretensiones formuladas en el medio de control. La declaratoria general de falta de
legitimación en la causa por activa no podía extenderse automáticamente a esta
pretensión sin un análisis específico, pues ello supuso dejar sin resolver una cuestión
autónoma debidamente sometida a su consideración, lo que comporta una infracción
al principio de congruencia en su faceta externa.
34 Resolución 1164 del 12 de febrero de 2013. Véase folio 448 del archivo «04. CUADERNO PRINCIPAL 4»
contenido en el archivo «27RECIBEPRUEBAS_OneDrive_3_1142025zi(.zip) NroActua 18», incorporado en el
índice 00018 de SAMAI.
35 Artículo 6.1.3.5. del Decreto 734 de 2012. «Las entidades estatales deberán remitir por medios electrónicos
a la Cámara de Comercio que tenga jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, a más tardar el quince de
cada mes, la siguiente información que le corresponda a aquel, sobre contratos que le hayan sido adjudicados,
o tenga en ejecución y ejecutados, multas y sanciones en firme […]».
36 «ARTÍCULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedará inhabilitado el contratista
que incurra en alguna de las siguientes conductas:
a. Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos,
con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años (…)».
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05792-00 (9347)
86. Por lo anterior, la Sala declarará parcialmente fundado el recurso extraordinario
de revisión y, en consecuencia, infirmará la sentencia del 1º de marzo de 2023,
proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. En los
términos del artículo 255 del CPACA37, se ordenará proferir una nueva providencia
en la que, de manera exclusiva, se examine y decida de fondo la pretensión de
nulidad del acto administrativo mediante el cual se impuso multa a la UT Medisan
por el incumplimiento del contrato 075 de 2012, suscrito con la Dirección General de
Sanidad Militar, así como las consecuencias jurídicas que se deriven de su eventual
invalidez, sin que ello comporte reabrir el debate respecto de los demás extremos de
la controversia.
Condena en costas
87. Con la Ley 2080 de 2021 se modificó el artículo 255 del CPACA respecto de la
condena en costas en el recurso extraordinario de revisión, en los siguientes
términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[…]
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
88. En ese sentido, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena en
costas, toda vez que se declaró fundado parcialmente el recurso extraordinario de
revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero. DECLARAR PARCIALMENTE FUNDADO el recurso extraordinario
interpuesto por la sociedad Macromed S.A.S, en su calidad de beneficiaria de los
derechos litigiosos de la Unión Temporal Medisan contra la sentencia del primero
(1°.) de marzo de dos mil veintitrés (2023) proferida por la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado, por las razones antes expuestas.
Segundo. Como consecuencia, INFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida,
únicamente en cuanto omitió pronunciarse sobre la pretensión de nulidad del acto
administrativo mediante el cual se impuso multa a la UT Medisan, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. ORDENAR que, en su lugar, se profiera nueva decisión en la que,
exclusivamente, se resuelva de fondo la pretensión de nulidad de la Resolución 1164
de 12 de febrero de 2013, así como las consecuencias jurídicas que se deriven de
37 «Artículo 255. Sentencia. Vencido el período probatorio se dictará sentencia. (…) Si halla fundada la causal
del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la
nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión y devolverá el proceso
a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda
(…)».
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su eventual invalidez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Cuarto. MANTENER incólume la sentencia del primero (1°.) de marzo de dos mil
veintitrés (2023) proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado en lo demás.
Quinto. NEGAR en lo demás las pretensiones contenidas en el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia del primero (1°.) de marzo
de dos mil veintitrés (2023) proferida por la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado.
Sexto. Sin condena en costas.
Séptimo. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de
controversias contractuales al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Firmado electrónicamente
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Firmado electrónicamente
Con salvamento de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Firmado electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Firmado electrónicamente
Con salvamento de voto
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