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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-01378-03

Fecha
4 de febrero de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-01378-03

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA EN EL SERVICIO- OMISIÓN FRENTE A LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL / operaciones REPO “especie Interbolsa” / DAÑO INCIERTO – el crédito reconocido a la demandante se encuentra en proceso de pago – no existe prueba del menoscabo patrimonial. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 18 de julio de 2018, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Superintendencia de Sociedades, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora. I. SÍNTESIS DEL CASO En la demanda se narró que la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, a través de un negocio fiduciario, realizó unas operaciones REPO sobre la “especie Interbolsa” por intermedio de la comisionista Interbolsa S.A. S.C.B., razón por la cual el capital invertido, a pesar de haber sido reconocido como un crédito de la “no masa”, resulta de difícil recaudo, dada la incertidumbre sobre su recuperación, lo que le genera un grave daño patrimonial. Radicación: 250002336000201401378 03 (62244) Actor: Universidad Santo Tomás – Seccional Tunja Demandado: Nación-Superintendencia Financiera y otra Referencia: Reparación directa II. A N T E C E D E N T E S 1. Demanda El 12 de septiembre de 20141, la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, por medio de apoderado judicial2, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda en contra de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera de Colombia, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por la “pérdida de los dineros depositados en Interbolsa S.A. S.C.B.”3. Como consecuencia de lo anterior, la parte demandante solicitó por concepto de daño emergente la suma de $5.459’286.723,56. A título de lucro cesante, solicitó el valor correspondiente a los rendimientos del dinero depositado dejados de percibir, que corresponde a intereses, de acuerdo con las inversiones que se venían haciendo en el mercado de valores. 1.2. Hechos En la demanda y su adición4, en síntesis, se narraron los siguientes hechos: […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2014-01378-03

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

4 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., cuatro (04) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 250002336000201401378 03 (62244)

Actor: UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA

Demandada: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y OTRA

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALLA EN EL SERVICIO-
OMISIÓN FRENTE A LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL / operaciones REPO “especie Interbolsa” / DAÑO INCIERTO – el
crédito reconocido a la demandante se encuentra en proceso de pago – no existe
prueba del menoscabo patrimonial.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 18 de julio de 2018, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró la falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Superintendencia de Sociedades, negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte actora.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En la demanda se narró que la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, a
través de un negocio fiduciario, realizó unas operaciones REPO sobre la “especie
Interbolsa” por intermedio de la comisionista Interbolsa S.A. S.C.B., razón por la
cual el capital invertido, a pesar de haber sido reconocido como un crédito de la
“no masa”, resulta de difícil recaudo, dada la incertidumbre sobre su recuperación,
lo que le genera un grave daño patrimonial.

Radicación: 250002336000201401378 03 (62244)
Actor: Universidad Santo Tomás – Seccional
Tunja
Demandado: Nación-Superintendencia Financiera y otra
Referencia: Reparación directa

II. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

El 12 de septiembre de 20141, la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, por
medio de apoderado judicial2, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentó demanda en contra de la Superintendencia de Sociedades y la
Superintendencia Financiera de Colombia, con el fin de que se les declarara
administrativamente responsables por la “pérdida de los dineros depositados en
Interbolsa S.A. S.C.B.”3.

Como consecuencia de lo anterior, la parte demandante solicitó por concepto de
daño emergente la suma de $5.459’286.723,56.

A título de lucro cesante, solicitó el valor correspondiente a los rendimientos del
dinero depositado dejados de percibir, que corresponde a intereses, de acuerdo
con las inversiones que se venían haciendo en el mercado de valores.

1.2. Hechos

En la demanda y su adición4, en síntesis, se narraron los siguientes hechos:

La Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, en su calidad de inversionista en la
bolsa de valores, a través de un negocio fiduciario administrado por Fiducor S.A.
realizó las siguientes operaciones REPO sobre la “especie Interbolsa”: 20120808-
110001199, 20120813-110001703, 20120813-110001685, 20120813-110001678,
20120813-110001749, 20120813-110001665, 20120813-110001734, 20120813-
110001741, 20120817-110001369, 20121004-110001782, 20121004-110001780,
20121018-110002507, 20121018-110002497, 20121022-110002702, 20121022-
110002710 y 20121022-110002707.

La finalidad del encargo fiduciario era que, en el marco de operaciones REPO, se
le prestaba a Interbolsa S.A. una suma de dinero a determinado plazo, la cual
debía ser devuelta con la rentabilidad correspondiente.

1 Fl. 28 del cuaderno 1.
2 El rector general y representante legal de la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja confirió

poder a través del memorial que obra a folio 1 del cuaderno 1.
3 Folio 20 del cuaderno 1.
4 Fls. 2 a 28 y 53 a 59 del cuaderno 1.

2

Radicación: 250002336000201401378 03 (62244)
Actor: Universidad Santo Tomás – Seccional
Tunja
Demandado: Nación-Superintendencia Financiera y otra
Referencia: Reparación directa

El 28 de enero de 2013, Interbolsa S.A. S.C.B. le comunicó a la Fiduciaria Fiducor
S.A. que la Bolsa de Valores de Colombia declaró incumplidas las citadas
operaciones REPO.

La Fiduciaria Fiducor S.A. presentó en el proceso liquidatorio de Interbolsa S.A.
S.C.B., hoy liquidada, la reclamación por las mencionadas operaciones
incumplidas

En el Boletín número 9 del 28 de enero de 2013, la Bolsa de Valores de Colombia
informó que, debido a la apertura del trámite de liquidación judicial del emisor -
Interbolsa S.A.-, procedía a la cancelación del registro de la acción en el Registro
Nacional de Valores y Emisores RNVE y a la consecuente cancelación de la
inscripción de la acción en la Bolsa de Valores de Colombia.

En el mismo boletín, la Bolsa de Valores de Colombia informó que, al no ser viable
la ejecución de las órdenes de venta y ante el incumplimiento de las operaciones
REPO sobre la “especie Interbolsa”, se procedería a entregar a los clientes que
actuaron en calidad de comprador inicial los títulos objeto de las mismas, al igual
que las garantías de variación afectas a su cumplimiento, con el fin de que
mantuvieran su derecho de propiedad sobre dichos títulos pudiendo conservarlos
definitivamente o disponer de ellos.

El representante legal de la Fiduciaria Fiducor S.A. le solicitó al liquidador de
Interbolsa S.A. S.C.B. que se reconociera y admitiera al encargo fiduciario y a la
Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, en la liquidación judicial.

Las inversiones fueron incluidas en el proceso de liquidación, pero “se tornan en
dineros de muy difícil recaudo, pues no existía certeza de que la Universidad
Santo Tomás, Seccional Tunja, pueda recuperarlos, generándose un perjuicio
grave para su patrimonio”5.

Las operaciones de Interbolsa S.A. S.C.B. se tornaron irregulares y sus directivos
fueron procesados por la justicia penal y se declaró su responsabilidad por los
malos manejos de los recursos que fueron depositados por sus clientes.

Las entidades públicas demandadas no ejercieron el control, inspección y
vigilancia que les correspondía sobre Interbolsa S.A. S.C.B., hoy liquidada, pues
limitaron su intervención a la toma de posesión y al proceso de liquidación y

5 Folio 5 del cuaderno 1.

3

Radicación: 250002336000201401378 03 (62244)
Actor: Universidad Santo Tomás – Seccional
Tunja
Demandado: Nación-Superintendencia Financiera y otra
Referencia: Reparación directa

olvidaron toda la actividad preventiva y de control para evitar la pérdida de dineros
como la sufrida por los inversionistas.

A juicio de la demandante, la Superintendencia de Sociedades debía cumplir
funciones de inspección y vigilancia frente a Interbolsa S.A., con el fin de evitar
que los inversionistas perdieran su dinero, sin que resultara de recibo que su
intervención se limitara a la toma de posesión y posterior orden de liquidación.

El 7 de mayo de 2014, en ejercicio del derecho de petición, solicitó a dicha
Superintendencia que certificara cuáles fueron las actuaciones de vigilancia y
control que realizó sobre la actividad de captación e inversión de recursos del
público por parte de Interbolsa S.A. S.C.B., hoy liquidada. Igualmente, le solicitó a
la demandada que certificara si durante 2011 y 2012 requirió a la comisionista un
informe de actividades sobre los recursos captados del público.

El 29 de mayo de 2014, la Superintendencia de Sociedades respondió a la
solicitud y señaló que las sociedades que se inscribían en el Registro Nacional de
Valores y Emisores RNVE quedaban sometidas al control exclusivo de la
Superintendencia Financiera de Colombia y que, por tal razón, la situación de
Interbolsa S.A. S.C.B. durante el tiempo comprendido entre el 20 de septiembre de
1999 y el 16 de enero de 2013 debía ser vigilada por dicha entidad, pero “no indicó
de manera clara cuáles fueron sus actividades de vigilancia y control”6.

A la Superintendencia Financiera de Colombia se le presentó idéntica solicitud a
la antes referida. El 24 de junio de 2014, esa entidad respondió que a Interbolsa
S.A. S.C.B. se le practicaron las visitas de inspección y control correspondientes,
pero no especificó cuándo realizó esas visitas ni cuál fue su resultado, pues los
informes de sus inspectores tenían reserva legal.

En criterio de la demandante, a la Superintendencia Financiera de Colombia le
correspondía adelantar frente a Interbolsa S.A. las acciones necesarias para
evitar que se perdieran los dineros invertidos, pues su función no es solo
represiva, sino también preventiva.

La Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, no ha recuperado los dineros
invertidos, a pesar de haberse hecho parte del proceso liquidatorio de Interbolsa
S.A. y de que se le reconoció su crédito con el número 61.002; sin embargo,
manifestó que de ser reconocida alguna suma de dinero lo informaría al proceso

6 Folio 12 del cuaderno 1.

4

Radicación: 250002336000201401378 03 (62244)
Actor: Universidad Santo Tomás – Seccional
Tunja
Demandado: Nación-Superintendencia Financiera y otra
Referencia: Reparación directa

de la referencia para que se le descontara de la indemnización que eventualmente
se le reconozca.

La Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, también ha buscado ser
reconocida como víctima dentro del proceso penal adelantado por el Juzgado 33
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, radicado con el
número 2012-00320, en contra de Rodrigo Jaramillo Correa y otros, conocido
como el “caso Interbolsa”. Igualmente, de ser tenida como víctima y recibir
alguna indemnización, lo informará al presente proceso.

Por el “caso Interbolsa – Fondo Premium” la Procuraduría General de la Nación
impuso sanciones disciplinarias al superintendente financiero y otros funcionarios
de esa entidad, por su negligencia en el cumplimiento de las funciones de
vigilancia y control sobre la “captación masiva de dineros que ahora se
encuentran perdidos”.

Señaló que no podía ser posible que, si la Superintendencia de Sociedades y la
Superintendencia Financiera de Colombia ejercieron las actividades de vigilancia
y control, “no se hubiesen tomado medidas para evitar que se siguieran captando
dineros del público, que terminaron perdiéndose como en el evento que nos
ocupa”.

2. Trámite de primera instancia

2.1. Admisión, contestación de la demanda y su adición

2.1. Mediante providencia del 6 de octubre de 20147, el Tribunal a quo admitió la
demanda en contra de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia
Financiera de Colombia; además ordenó la notificación de las demandadas8, del
Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo que
se efectuó de manera electrónica9.

7 Fls. 32 a 34 del cuaderno 1.
8 La Superintendencia de Sociedades solicitó la nulidad del proceso por indebida notificación,
porque no le suministraron el traslado de la demanda (fls. 113 a 115 del cuaderno 1). Por auto del
11 de mayo de 2015, el a quo corrió traslado del incidente de nulidad (fls. 117 a 119 del cuaderno
1). En auto del 16 de junio de 2015, el a quo negó la nulidad impetrada, dado que la demandada sí
tuvo acceso a la demanda y a sus anexos (fls. 131 a 135 del cuaderno 1).
9 Fls. 35 a 41 del cuaderno 1.

5

Radicación: 250002336000201401378 03 (62244)
Actor: Universidad Santo Tomás – Seccional
Tunja
Demandado: Nación-Superintendencia Financiera y otra
Referencia: Reparación directa

Igualmente, a través de auto del 16 de junio de 201510 el a quo admitió la adición
de la demanda, la que se notificó en debida forma a las demandadas, al Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado11.

2.2. La Superintendencia Financiera de Colombia propuso la excepción de
agotamiento de jurisdicción con fundamento en la existencia previa de la acción de
grupo radicada con el número 2014-01947 promovida por Alberto Schlesinger y
otros -entre ellos la hoy demandante- contra la misma entidad, tramitada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, cuyas pretensiones coincidían con las
propuestas por la accionante en el proceso de la referencia y sin que esta
hubiera manifestado su intención de ser excluida del grupo demandante en la
acción constitucional.

De manera subsidiaria formuló la excepción de cosa juzgada, pues en el evento
en que se dicte sentencia en la acción de grupo antes mencionada, cobijará a
todos los integrantes del grupo, incluida la Universidad Santo Tomás, Seccional
Tunja.

Igualmente, formuló la excepción de inepta demanda, dado que la inconformidad
de la demandante radicaba en haber sido tenida como accionista y no como
acreedora dentro del proceso de liquidación forzosa de Interbolsa S.A. S.C.B.,
objeción que debió formular contra la respectiva decisión administrativa del
liquidador.

En cuanto a las pretensiones, señaló que se oponía a ellas, dado que carecían
de sustento fáctico y jurídico, que se alegaba un daño hipotético -pues no se
había ocasionado- y que de haberse causado no tenía la calidad de antijurídico y
tampoco nexo de casualidad con las funciones de la Superintendencia Financiera
de Colombia.

Consideró que el contrato de fiducia celebrado entre la Universidad Santo
Tomás, Seccional Tunja, y la Fiduciaria Fiducor S.A. se trató de un negocio
privado en el que la Superintendencia Financiera de Colombia no debía intervenir,
por el solo hecho de que una de las partes fuera una entidad vigilada, pues el
deber de velar por el buen desarrollo del negocio era de las partes del contrato,
no del supervisor financiero.

10 Fls. 136 a 137 del cuaderno 1.
11 Fls. 138 a 142 del cuaderno 1.

6

Radicación: 250002336000201401378 03 (62244)
Actor: Universidad Santo Tomás – Seccional
Tunja
Demandado: Nación-Superintendencia Financiera y otra
Referencia: Reparación directa

Aseguró que la responsabilidad del Estado por funciones de inspección,
vigilancia y control de las actividades financieras no comprendía la garantía del
patrimonio de los depositantes o inversionistas contra sus pérdidas.

Finalmente, alegó una falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la
Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, ya hizo su reclamación ante su
verdadero deudor y sus operaciones fueron reconocidas como parte de la “no
masa” en el proceso de liquidación por valor de $5.445’926.936,06.

Asimismo, señaló que la responsabilidad determinante era de terceros (Fiduciaria
Fiducor S.A. e Interbolsa S.A. S.C.B.) que habrían causado la pérdida de las
inversiones y, que también existió culpa de la supuesta víctima, pues conocía los
riesgos que implicaban las operaciones bursátiles12.

La entidad reiteró los mismos argumentos al contestar la adición de la demanda13.

2.3. La Superintendencia de Sociedades en su contestación de la demanda y de
su adición también se opuso a las pretensiones. Formuló las excepciones de
inepta demanda, con fundamento en que esta se limitó a enumerar las normas
violadas sin especificar cómo esa entidad las transgredió y, de falta de
legitimación en la causa por pasiva, dado que en el libelo no se indicó cuál fue la
irregularidad cometida por esa entidad.

Agregó que no existía un daño cierto, pues la demandante se encontraba a la
espera del pago de su acreencia con ocasión de la liquidación forzosa de
Interbolsa S.A. S.C.B., hoy liquidada14.

2.4. Dentro del término de traslado de las excepciones15, la parte actora no se
pronunció.

3. Audiencia inicial, decreto y práctica de pruebas

3.1. Mediante auto del 18 de agosto de 201516 se fijó fecha para audiencia inicial,
la cual se llevó a cabo el 15 de septiembre de 201517, oportunidad en la que se
concluyó que no había situaciones por sanear.

12 Fls.1 a 209 del cuaderno contestación de demanda Superintendencia Financiera.
13 Fls. 144 a 151 del cuaderno 1.
14 Fls. 1 a 8 del cuaderno contestación de demanda Superintendencia de Sociedades y folio 143

del cuaderno 1.
15 Folios 152 y 153 del cuaderno 1.
16 Fls. 154 a 156 del cuaderno 1.

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Radicación: 250002336000201401378 03 (62244)
Actor: Universidad Santo Tomás – Seccional
Tunja
Demandado: Nación-Superintendencia Financiera y otra
Referencia: Reparación directa

En cuanto a las excepciones previas propuestas por la Superintendencia
Financiera de Colombia, el a quo dispuso lo siguiente:

Frente a la excepción de agotamiento de jurisdicción, consideró innecesarias las
pruebas solicitadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para resolver
sobre esta excepción y señaló que la existencia de una acción de grupo por los
mismos hechos, en la cual estuviera incluida la hoy demandante, no excluía la
reparación directa, pues de conformidad con lo previsto en el último inciso del
artículo 55 de la Ley 472 de 1998, estas acciones podrían acumularse a solicitud
del interesado y este no era el caso, motivo por el cual la declaró no probada.

Igualmente, declaró no probada la excepción de cosa juzgada, dado que no se
había proferido sentencia ejecutoriada dentro del proceso de acción de grupo.

También negó la excepción de inepta demanda, pues, pese a la existencia de un
proceso de liquidación forzosa de Interbolsa S.A. S.C.B., hoy liquidada, lo cierto es
que la causa petendi de la demanda de la referencia se fundaba en la supuesta
omisión de las demandadas en sus funciones de inspección, vigilancia y control,
razón por la cual el medio de control de reparación directa resultaba procedente.

Asimismo, consideró que no se configuraba la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, pues dadas las imputaciones hechas de una supuesta
omisión en el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia Financiera de
Colombia se encontraba legitimada de hecho y la legitimación material debía
resolverse con el fondo del asunto.

Sobre las excepciones previas propuestas por la Superintendencia de Sociedades
el a quo dispuso lo siguiente:

En cuanto a la ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, la declaró
no probada, pues a diferencia de lo señalado por la demandada, en el libelo no se
cuestionaba la legalidad de un acto administrativo sino la reparación directa por
una supuesta omisión administrativa.

Respecto de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, señaló
que no tenía vocación de prosperar, toda vez que en la demanda se atribuyó a la
demandada el incumplimiento de sus funciones, razón por la cual se encontraba

17 Fls. 163 a 177 del cuaderno 6 y DVD visible en el link de “gestión de documentos” de la
plataforma SAMAI.

8

Radicación: 250002336000201401378 03 (62244)
Actor: Universidad Santo Tomás – Seccional
Tunja
Demandado: Nación-Superintendencia Financiera y otra
Referencia: Reparación directa

legitimada de hecho y su legitimación material debía resolverse con el fondo del
asunto.

A continuación, las entidades demandadas presentaron recursos de apelación
contra la decisión sobre excepciones y la negativa al decreto de pruebas para
resolverlas.

En cuanto a las pruebas negadas, el a quo señaló que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 243 del C.P.A.C.A., el recurso de apelación no era
procedente; sin embargo, le dio trámite de reposición y se ratificó en su decisión
de no oficiar para pedir una sentencia de acción de grupo que la demandada no
sabía si se había proferido, por tanto, confirmó su decisión y concedió los recursos
de apelación contra la decisión sobre excepciones.

La Superintendencia Financiera de Colombia interpuso recurso de reposición
contra esta nueva decisión y “solicitó la expedición de copias para una eventual
queja” contra el auto que confirmó la decisión de negar pruebas.

El a quo rechazó la reposición y concedió el recurso de queja.

Esta Corporación, mediante auto del 20 de abril de 2016 18, integró en un mismo
expediente el recurso de queja y los recursos de apelación y por auto del 30 de
junio de 201719 estimó bien denegado el recurso de apelación interpuesto por la
Superintendencia Financiera de Colombia contra el auto que decidió sobre las
pruebas solicitadas para demostrar el agotamiento de jurisdicción y la cosa
juzgada; y confirmó lo decidido respecto de las excepciones planteadas.

El 1º de febrero de 201820 el a quo continuó la audiencia inicial y agotó la etapa
de fijación del litigio, frente a lo cual señaló (se transcribe de forma literal):

Determinar si se debe declarar la responsabilidad patrimonial de la
Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades por los
presuntos daños ocasionados a la demandante por el incumplimiento de sus
funciones de inspección y vigilancia sobre la sociedad comisionista de bolsa
Interbolsa S.A., con ocasión de la pérdida total de las sumas de dinero
depositados por la demandante.

En el evento de que le asista responsabilidad a las demandadas, deberá
establecerse si hay lugar al reconocimiento de los valores allí pretendidos.

18 Fls. 213 y 214 del cuaderno 6.
19 Fls. 220 a 239 del cuaderno 6.
20 Fls. 279 a 295 del cuaderno 6.

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Radicación: 250002336000201401378 03 (62244)
Actor: Universidad Santo Tomás – Seccional
Tunja
Demandado: Nación-Superintendencia Financiera y otra
Referencia: Reparación directa

Las partes manifestaron su acuerdo con la fijación del litigio.

Finalmente, el Tribunal a quo decretó las pruebas aportadas y solicitadas por las
partes, sin que se formulara objeción alguna.

3.2. En audiencia del 31 de mayo de 201821 se incorporaron las pruebas
documentales y testimoniales decretadas; además, se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba
pertinente, rindiera concepto de fondo.

3.2.1. La parte actora22, la Superintendencia Financiera de Colombia 23 y la
Superintendencia de Sociedades24 presentaron sus respectivos escritos.

3.2.2. El Ministerio Público25 solicitó que se confirmara la sentencia de primera
instancia, pues consideró que la Superintendencia Financiera de Colombia no
incurrió en omisión por no informar al público acerca de las “conductas riesgosas
y fraudulentas” de Interbolsa S.A. S.C.B., concretamente, en cuanto a las
operaciones REPO que realizó la comisionista en 2011 y 2012, dado que, de
conformidad con el artículo 7 parágrafo 3 de la Ley 964 de 2004, la veracidad de la
información que reposara en el Sistema Integral de Información del Mercado de
Valores SIMEV era de exclusiva responsabilidad de quienes la suministrara, en
este caso, de la comisionista.

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia el 18 de julio de
201826, mediante la cual declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de
la Superintendencia de Sociedades, negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte actora.

El a quo consideró que la demanda no buscaba atacar los resultados del proceso
de liquidación forzosa de Interbolsa S.A. S.C.B., sino cuestionar la supuesta
omisión de la Superintendencia Financiera de Colombia en sus funciones de
vigilancia de la actividad bursátil, razón por la cual declaró la falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Superintendencia de Sociedades.

21 Fls. 374 a 379 del cuaderno 6.
22 Fls. 383 a 392 del cuaderno 11.
23 Fls. 393 a 585 del cuaderno 11.
24 Fls. 594 y 595 del cuaderno 11.
25 Fls. 586 a 593 del cuaderno 11.
26 Fls. 304 a 316 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 250002336000201401378 03 (62244)
Actor: Universidad Santo Tomás – Seccional
Tunja
Demandado: Nación-Superintendencia Financiera y otra
Referencia: Reparación directa

Señaló que el daño se encontraba acreditado con “los resultados del proceso de
liquidación de Interbolsa S.A. S.C.B.”, como podía comprobarse con la Resolución
No. 0035 del 7 de marzo de 2014, proferida por el liquidador de la extinta
sociedad, en la cual se reconocieron los valores de las operaciones repo sobre las
especies “fabricato” e”Interbolsa” y a continuación relaciona unas operaciones que
no corresponden a las enlistadas en la demanda –hechos números 1 y 1327-, es
decir, que no constituyen la causa petendi, además de que las operaciones
referidas por la demandante solo fueron sobre la “especie Interbolsa”.

Sostuvo que “el daño alegado en efecto repercutió en el patrimonio individual y
personal de la demandante que, al término del proceso de liquidación de
Interbolsa S.A. S.C.B., sufrió el menoscabo económico”.

Sin embargo, consideró que el daño no era imputable a la Superintendencia
Financiera de Colombia, pues el Estado no podía intervenir en la economía cada
vez que detectara algo “inusual”, dado que con ello afectaría el mercado y la
libertad económica, al punto de que las personas se abstendrían de invertir en la
bolsa de valores.

Manifestó que el “temor fundado” del Estado para intervenir en la actividad
bursátil a través de medidas preventivas como las que echaba de menos la
demandante, de acuerdo con el contenido del artículo 6 de la Ley 964 de 2005,
no dependía de la apreciación del inversionista.

Consideró que, en su momento, por las actuaciones desplegadas por Interbolsa
S.A. S.C.B. no se presentaron quejas o denuncias por supuestos manejos
irregulares; no obstante, la Superintendencia Financiera de Colombia realizó una
serie de actuaciones administrativas por las cuales sancionó a varios
funcionarios de la comisionista y luego del “descalabro financiero” que fue de
público conocimiento, aunado a las sanciones penales impuestas a varios de sus
directivos, se demostró que el actuar ilegal de esa sociedad fue ocultado tanto
para los inversionistas como para la entidad de vigilancia.

Concluyó que el daño fue provocado por una causa extraña, consistente en el
actuar delictivo de algunos directivos de Interbolsa S.A. S.C.B. y en la falta del
deber de cuidado que le correspondía a la demandante como inversionista en el
marco de los contratos de comisión y de fiducia, aunado a que la asunción de los
riesgos propios de este tipo de inversiones recaía en el inversionista, de modo que
27 Fls. 2 y 4 del cuaderno 1.

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Referencia: Reparación directa

ya fuera por el hecho de un tercero o por la culpa exclusiva de la víctima se
rompía el nexo de causalidad.

Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A en
concordancia con lo estipulado en el artículo 365 numeral 1 del C.G.P., condenó
en costas a la parte actora en la suma de $5’459.286.

5. Recurso de apelación

La parte demandante apeló el fallo de primera instancia28 a fin de que se revocara
y se accediera a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que el
Estado no debía responder por las consecuencias de todas las relaciones
negociales entre particulares, pero sí cuando se tratara de aquellas en las cuales
era su deber intervenir y no lo hacía, como ocurrió en este caso.

Consideró desacertado que el a quo señalara que la Superintendencia Financiera
de Colombia cumplió sus funciones de inspección, vigilancia y control de las
actividades de Interbolsa S.A. S.C.B. porque tomó posesión de los bienes,
haberes y negocios de la extinta comisionista, toda vez que las obligaciones de la
entidad demandada debieron encaminarse a evitar que los dineros captados del
público se perdieran, no a actuar cuando ya se habían perdido, pues en tal sentido
su actividad solo se concretaría una vez generado el daño en vez de prevenirlo.

Aseguró que, como en este caso, si la intervención estatal es consecuencia de
actuaciones irregulares ocurridas en el mercado que al Estado le correspondía
vigilar, inspeccionar y controlar y, por no haberlo hecho surgía la necesidad de
intervenir, esa intervención era legal, pero promovida por omisiones
administrativas y, en esa medida, surgía la obligación estatal de indemnizar a
título de falla en el servicio.

Expresó que, a diferencia de lo señalado por el a quo, la entidad demandada no
realizó adecuadamente su función de inspección, control y vigilancia por no
intervenir a Interbolsa S.A. S.C.B., debido a que no evidenció circunstancias de
manifiesta irregularidad, pues, precisamente porque no intervino, fue que ocurrió la
pérdida de dineros de la demandante.

Insistió en que, si bien las funciones de inspección, control y vigilancia constituían
obligaciones de medio y no de resultado, ellas significaban visitar, verificar la

28 Fls. 645 a 664 del cuaderno de segunda instancia.

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Referencia: Reparación directa

actividad, estar al tanto y tomar las medidas necesarias para que funcionara
correctamente y no esperar hasta noviembre de 2012 para expedir los actos de
toma de posesión y orden de liquidación de la comisionista. Cuestionó ¿por qué
antes a la entidad demandada no le pareció “ponderado” y “proporcional”
intervenir?, a lo que respondió que la entidad pública demandada “no hizo nada”
o “si hizo algo fue muy poco generando las actuaciones irregulares”.

Señaló que, de acuerdo con el fallo sancionatorio proferido por la Procuraduría
General de la Nación contra algunos funcionarios de la Superintendencia
Financiera de Colombia, su conducta determinó la afectación patrimonial que
sufrió la demandante y así lo reconoció el a quo, razón por la cual debía
declararse la responsabilidad administrativa.

Sostuvo que no podía excluirse a la demandada de responsabilidad por una causa
extraña atribuible a la comisionista de bolsa, dado que esta se limitó a hacer las
inversiones, pero no tenía las obligaciones de inspección, control y vigilancia que
le correspondían a la entidad pública demandada.

Igualmente, señaló que trasladar a los inversionistas la obligación de determinar y
prevenir los riesgos de la actividad financiera desnaturalizaba las funciones de la
entidad demandada y que, bajo ese entendido, resultaba absurdo declarar la culpa
exclusiva de la víctima, pues la demandante no tenía las funciones de inspección,
control y vigilancia y, además, en su objeto social no se contemplaba la función
de inversionista, sino de institución de educación superior. Igualmente, señaló que
su conducta –invertir-, no fue la causa determinante del daño.

Concluyó que no se configuraba la culpa exclusiva de la víctima, pues el daño fue
causado por “las actuaciones irregulares de Interbolsa y por las omisiones
administrativas de inspección, control y vigilancia de la Superfinanciera”.

6. Trámite de segunda instancia

6.1. Mediante providencia del 6 de agosto de 201829, el a quo concedió el recurso
de apelación interpuesto por la parte actora y por auto del 26 de septiembre de
201830, esta Corporación lo admitió.

29 Fl. 666 del cuaderno de segunda instancia.
30 Fl. 675 del cuaderno de segunda instancia.

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6.2. A través de auto del 5 de diciembre de 201831, se dispuso el traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba
pertinente, rindiera concepto.

6.3. La parte demandante32, la Superintendencia de Sociedades33 y la
Superintendencia Financiera de Colombia34 presentaron sus respectivos escritos.

6.4. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

6.5. Mediante escrito del 11 de agosto de 2020, la suscrita ponente manifestó
impedimento con fundamento en el artículo 141, numeral primero del Código
General del Proceso, en consideración a que hace varios años se desempeñó
como magistrada auxiliar del despacho del cual era titular el exconsejero de
Estado Mauricio Fajardo Gómez, quien actualmente funge como apoderado de la
Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que es demandada en este
proceso. A través de auto del 7 de mayo de 202135, se declaró infundado el
impedimento manifestado.

6.6. Prueba de oficio

Mediante auto del 10 de septiembre de 2021 36 se decretó como prueba de oficio
que Fiduagraria S.A. informara lo siguiente:

a) Si existe acta final de cuentas o documento equivalente, del proceso de
liquidación de Interbolsa S.A. SCB –aprobada e inscrita en el certificado de
existencia y representación legal de la liquidada-, y si de acuerdo con dicho
documento aún quedan activos para el pago de las acreencias.
b) Si ya se pagó la totalidad o se encuentra en proceso de pago la cuenta por
cobrar correspondiente al encargo fiduciario de inversión y destinación
específica No. 732-1299, del cual es constituyente la Universidad Santo
Tomás, Seccional Tunja.
c) Si se han realizado pagos parciales de dicha acreencia, ¿qué sumas se han
pagado y con qué medio se hicieron esos pagos?
d) Si se ha hecho un pago parcial, ¿el pago del saldo restante se encuentra
programado o está sujeto a alguna condición o existe alguna garantía que
respalde el pago de la acreencia antes mencionada?

Además, se solicitó a la Alianza Fiduciaria S.A que certificara en qué estado se
encuentra el pago de la cuenta por cobrar correspondiente al encargo fiduciario
de inversión y destinación específica No. 732-1299, del cual es constituyente la

31 Fl. 679 del cuaderno de segunda instancia.
32 Fls. 680 a 692 del cuaderno de segunda instancia.
33 Fls. 697 a 699 del cuaderno de segunda instancia.
34 Fls. 700 a 939 del cuaderno de segunda instancia.
35 Se puede consultar en el link de “gestión de documentos” de la plataforma SAMAI.
36 Actuación registrada en SAMAI el 22 de septiembre de 2021.

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Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, si ya se pagó la totalidad de la
acreencia o si todavía existe un saldo restante y, en este último evento, precisar
si el pago del saldo pendiente se encuentra programado, sujeto a alguna
condición o si le han informado que no se pagará y adjuntar la documentación
pertinente.

La información solicitada fue allegada por las entidades requeridas 37.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Régimen aplicable

Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la
fecha de presentación de la demanda –12 de septiembre de 2014–, las cuales
corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 201138, en concordancia con las
disposiciones del C.G.P.

2. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 150, 152, numeral 6 y 157 de la
Ley 1437 de 201139, como en el proceso de la referencia la pretensión mayor fue
de $5.459’286.723,56, suma que para la fecha de presentación de la demanda era
superior a 500 SMLMV40, a esta Corporación le corresponde resolver la apelación
interpuesta por la parte actora contra la sentencia de primera instancia.

3. Objeto de la apelación

En la sentencia objeto de apelación, el a quo consideró que el daño se encontraba
acreditado, dado que al término del proceso de liquidación de Interbolsa S.A.
S.C.B., aunque a la demandante le reconocieron ciertas sumas, sufrió detrimento
económico.

37 Los documentos pueden consultarse en SAMAI en las actuaciones registradas el 12 y 16 de

noviembre de 2021.
38 La Ley 1437 de 2011 fue modificada por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 y, en virtud de su

artículo 86 ejusdem, la nueva normativa es aplicable a este asunto, salvo en materia de
competencias y en lo relacionado con los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas
-incluido la de carácter pericial-, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos
que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén
surtiendo, que se regirán por las leyes vigentes para ese momento.
39 Estos artículos fueron modificados por los artículos 26, 28 y 32 de la Ley 2080 de 2021; no

obstante, dichas normas entrarán a regir un año después de la publicación de la ley, como lo
dispone el artículo 86 ibídem.
40 Para el 2014 el SMLMV era igual a $616.000, de ahí que 500 salarios mínimos daban como

resultado la suma de $308’000.000.

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No obstante, señaló que el daño no resultaba imputable a la Nación-
Superintendencia Financiera, pues el Estado no podía intervenir en la economía
cada vez que detectara algo “inusual”; por el contrario, fue provocado por una
causa extraña consistente en el actuar delictivo de algunos directivos de Interbolsa
S.A. S.C.B., hoy liquidada, y en la falta del deber de cuidado que le correspondía a
la demandante como inversionista en el marco de los contratos de comisión y de
fiducia.

Las anteriores determinaciones fueron cuestionadas por la parte demandante con
base en los siguientes aspectos: i) que el a quo se equivocó al señalar que la
Superintendencia Financiera cumplió sus funciones de inspección, vigilancia y
control de las actividades de Interbolsa S.A. S.C.B., hoy liquidada; ii) que no se
configuró una causa extraña atribuible a la comisionista de bolsa ni la culpa
exclusiva de la víctima.

4. Oportunidad de la acción

De conformidad con el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de
2011, la demanda debe interponerse dentro de los 2 años siguientes al día de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
lo conoció o debió tener conocimiento si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Se precisa que mediante la Resolución No. 0035 del 7 de marzo de 2014 expedida
por el liquidador de Interbolsa S.A. S.C.B. hoy liquidada, se determinó el valor de
las acreencias reconocidas a la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja 41,
sobre el cual la demandante no manifestó inconformidad alguna, de ahí que la
demanda de la referencia no esté encaminada a discutir el valor de la acreencia
reconocida, evento, en el cual la decisión administrativa sería el punto de partida
para contar la caducidad para cuestionar la legalidad de esa determinación del
liquidador, es decir, para promover el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En el presente asunto la causa petendi versa sobre la “pérdida de los dineros
depositados en Interbolsa S.A. S.C.B.”, es decir, el menoscabo en la inversión en
operaciones repo que realizó la demandante sobre la “especie Interbolsa”.

41 Fls. 356 a 371 del cuaderno 6.

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Al respecto, la demandante sostuvo que compareció al proceso de liquidación,
pero ello no era suficiente para asumir que en tal actuación se le entregarían sus
recursos, dado que “se tornan en dineros de muy difícil recaudo, pues no existía
certeza de que la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, pueda recuperarlos,
generándose un perjuicio grave para su patrimonio”42

Por tanto, cuando tal procedimiento de liquidación terminara la demandante
conocería lo qué ocurriría con su inversión, si en ese momento se declaraba o no
insoluta o si podía ser pagada con los recursos remanentes que administraría el
respectivo patrimonio autónomo43.

No obstante, como se explicará más adelante, para cuando la demandante incoó
la demanda, la liquidación judicial de Interbolsa S.A. S.C.B. no había culminado,
por ende, el derecho de acción se ejerció de manera anticipada, sin que se tuviera
certeza de que, incluso terminado el proceso de liquidación, la demandante no
recuperaría el dinero invertido, razón por la cual, ante dicha anticipación, resulta
evidente la oportunidad en el ejercicio del derecho de acción.

Lo anterior, por cuanto, de acuerdo con la norma antes citada, la demanda debe
interponerse dentro de los 2 años siguientes al día de la ocurrencia de la acción u
omisión causante del daño, al margen de que este se encuentre probado, dado
que tal supuesto debe resolverse de fondo. De modo que como la inexistencia de
daño no está consagrada por la ley como causal de rechazo de la demanda, esta
se debe tramitar y solo al dictar sentencia es posible verificar si en efecto hay o no
un daño susceptible de ser indemnizado.

Aclarado lo anterior, con el fin de establecer la existencia del daño alegado por la
demandante, a continuación, se verificarán los hechos probados al respecto.

5. Hechos probados

En el expediente se probaron los siguientes hechos:

5.1. El 13 de julio de 2009, la demandante celebró el encargo fiduciario No. 732-
1299, en el cual autorizó a la Fiduciaria Fiducor S.A. a realizar inversiones en
carteras colectivas administradas por fiduciarias, operaciones de compra y venta

42 Folio 5 del cuaderno 1.
43Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 21 de mayo de 2021, exp. 25000-23-36-0000-2016-02169-01 (65.995).

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de títulos, fondeos, repos y operaciones de liquidez temporal, como consta en el
Anexo 1 del encargo fiduciario No. 732-129944 (se destaca).

5.2. A 31 de julio de 2014, la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, poseía
derechos fiduciarios por el valor de $5.459’286.723,56 en una cuenta por cobrar
en operaciones repo “provenientes del tema de Interbolsa”, como consta en el
certificado expedido por la Fiduciaria Fiducor S.A.45.

5.3. La Superintendencia Financiera de Colombia realizó la toma de posesión de
los bienes, haberes y negocios de Interbolsa S.A. S.C.B. y, posteriormente, ordenó
su liquidación forzosa, como consta en las Resoluciones Nos. 1795 del 2 de
noviembre de 2012 y 1812 del 7 de noviembre de 2012, respectivamente 46.
Actualmente, Interbolsa S.A. S.C.B. se encuentra liquidada47.

5.4. El liquidador de Interbolsa S.A. S.C.B. determinó los valores ciertos
reconocidos como parte de los bienes excluidos de la masa de liquidación y en el
anexo de dicha decisión aparecen los montos reconocidos y aceptados a favor de
la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, liquidados al 3 de marzo de 2014,
como consta en la Resolución No. 0035 del 7 de marzo de 201448.

5.5. Fiduagraria S.A., como vocera del Patrimonio Autónomo Interbolsa “PARAP
INTERBOLSA”, dio cuenta de la suma de $5.425’916.936,06 reconocida en el
proceso de liquidación de Interbolsa S.A. S.C.B. a favor del encargo fiduciario No.
732-1299, como consta en la certificación expedida por esa fiduciaria 49.

Así también lo certificó la vocera y administradora del encargo fiduciario No. 732-
129950.

44 Fl. 17 del cuaderno 9.
45 Fl. 62 del cuaderno 6 de pruebas.
46 Mediante Resolución No. 1795 del 2 de noviembre de 2012, la Superintendencia Financiera
ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Interbolsa S.A., hoy
liquidada, y a través de Resolución No. 1812 del 7 de noviembre de 2012 ordenó la liquidación
forzosa administrativa de la entonces comisionista. Los documentos forman parte de una carpeta
zip que se puede consultar el link de “gestión de documentos” de la plataforma SAMAI.
47
Mediante Auto del 8 de marzo de 2016, la Superintendencia de Sociedades declaró terminado el
proceso liquidatorio de los bienes que conformaban el patrimonio de Interbolsa S.A. S.C.B., hoy
liquidada. A través de Auto del 6 de abril de 2017 la Superintendencia de Sociedades ordenó la
reapertura del proceso liquidatorio con el único fin de efectuar una adjudicación adicional de bienes
de la concursada, el cual fue cerrado por Auto del 14 de noviembre de 2017. Actualmente
Interbolsa S.A. S.C.B., hoy liquidada, “registra cancelada ante nuestro sistema”. Así lo certificó la
Superintendencia de Sociedades el 16 de abril de 2018, como consta a folio 371 del cuaderno 6.
48 Fls. 356 y 357 del cuaderno 6.
49 Fl. 221 del cuaderno 9.
50 La Alianza Fiduciaria S.A., en su calidad de cesionaria de todos los negocios de Fiduciaria

Fiducor S.A., mediante oficio del 9 de abril de 2018, certificó que en la liquidación de las acreencias

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5.6. El 4 de febrero de 2015, la administración del encargo fiduciario No. 732-
1299 fue cedida por Fiducor S.A. a Alianza Fiduciaria S.A, como lo certificó el
director de gestión de negocios de esa fiduciaria 51.

5.7. Según la Alianza Fiduciaria S.A, vocera y administradora del encargo
fiduciario No. 732-1299, parte del dinero invertido se ha recuperado, pues al 9 de
abril de 2018, “hemos recibido recursos por valor de $1.995’187.351,05, los
cuales han sido abonados al encargo fiduciario No. 732-1299 y se ha notificado
de dicha situación al constituyente”, es decir, a la Universidad Santo Tomás,
Seccional Tunja, como consta en el oficio de la misma fecha 52. Lo mismo consta
en la certificación del 4 de abril de 2018, suscrito por la misma Fiduciaria 53.

De hecho, por concepto del encargo fiduciario No. 732-1299, la Universidad
Santo Tomás, Seccional Tunja ha recibido pagos parciales de su inversión en
2012, en septiembre de 2016, enero de 2017, junio y septiembre de 2018, mayo
de 2019 y mayo de 2021, quedando un saldo pendiente de $2.907’110.114,75,
como lo señaló el director del Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la
Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja 54.

Por su parte, la Alianza Fiduciaria S.A. señaló que, a 26 de octubre de 2021, la
cuenta por cobrar por concepto del encargo fiduciario No. 732-1299 se
encontraba activa y se habían recibido pagos en dinero en suma de

de la no masa de Interbolsa S.A. S.C.B., hoy liquidada, el liquidador le reconoció al encargo
fiduciario No. 732-1299 la suma de $5.425’916.936,06. (Fls. 1 a 5 del cuaderno 9).
51 Al respecto, en la certificación consta lo siguiente: (se trascribe de forma literal):

“1. Que el 13 de julio de 2009 LA Universidad Santo Tomás con NIT 860.012.357 suscribió el
contrato de encargo fiduciario de inversión y destinación específica No. 732-1299.
“2. Que el 4 de febrero de 2015, como consecuencia de la cesión de activos, pasivos y contratos
de parte de Fiduciaria Fiducor S.A. (cedente) en favor de Alianza Fiduciaria S.A. (cesionario)
aprobado por la Superintendencia Financiera de conformidad con lo dispuesto en la Resolución
2245 del 19 de diciembre de 2014, se formalizó la cesión de la calidad de administrador fiduciario
del contrato de encargo fiduciario de inversión y destinación específica No. 732-1299 entre Fiducor
S.A. y Alianza Fiduciaria S.A., fecha a partir de la cual la sociedad Alianza Fiduciaria S.A. asumió la
calidad de administrador fiduciario.
3”. Que el contrato de encargo fiduciario de inversión y destinación específica No. 732-1299
actualmente se encuentra activo”. (Fls. 22 y 23 del cuaderno 9).
52 Fls. 1 a 5 del cuaderno 9.
53 En dicho documento el director de gestión de negocios fiduciarios de Alianza Fiduciaria S.A., en

calidad vocera y administradora del encargo fiduciario No. 732-1299 certificó lo siguiente (se
trascribe de forma literal): “(…) Que al 31 de marzo de 2018, el contrato de encargo fiduciario
de inversión y destinación específica No. 732-1299 registra una cuenta por cobrar por
concepto de incumplimiento de operaciones de liquidez activa REPO Interbolsa por valor de
tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro millones noventa y nueve mil trescientos setenta y
dos pesos con cincuenta y dos centavos m/cte ($3.464’099.372,52) en razón a los giros
recibidos por parte del fideicomiso PARAP administrado por Fiduciaria Agraria, en el cual se
administran los activos de la liquidación de la SCB Interbolsa, por valor de mil novecientos
noventa y cinco millones ciento ochenta y siete mil trescientos cincuenta y un pesos con
cuatro centavos m/cte ($1.995’187.351,04)” (negrillas de la Sala). (Fls. 22 y 23 del cuaderno 9).
54 Actuación registrada en SAMAI el 30 de septiembre de 2021.

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$2.534’970.873,19 y en acciones por valor de $41’076.004 abonados a dicha
cuenta. Igualmente, que está pendiente el pago de $2.849’870.058,87, según se lo
informó Fiduagraria S.A., como consta en el oficio del 4 de noviembre de 202155.

Además, el crédito a favor del encargo fiduciario No. 732-1299 “actualmente se
encuentra en trámite de pago, el cual, en cumplimiento del objeto contractual en
la medida que se cuente con recursos líquidos, se procederá a realizar los pagos
a prorrata de la acreencia reconocida”, como lo informó a este proceso la
Fiduagraria S.A., vocera del Patrimonio Autónomo Interbolsa “PARAP
INTERBOLSA” en el oficio del 10 de noviembre de 2021, en el que, además,
advirtió lo siguiente (se trascribe de forma literal):

Asimismo, nos permitimos aclarar que no existe ninguna garantía que
respalde el pago de la acreencia mencionada, sin embargo, el acreedor
beneficiario ha recibido todos los pagos aprobados por el comité de
seguimiento a lo largo del desarrollo del Fideicomiso, en la medida que
se han realizado los activos del fideicomiso y se ha contado con la
liquidez para hacer los referidos pagos56 (negrillas de la Sala).

6. Operaciones repo – bienes de la no masa y su pago

En la demanda, a título de daño, se invocó la “pérdida de los dineros depositados
en Interbolsa S.A. S.C.B.” en operaciones de reporto o “repo” sobre la “especie
Interbolsa” en suma de $5.459’286.723,56.

El artículo 2.36.3.1.1 del Decreto Único 2555 de 2010 define las operaciones de
reporto o “repo” de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2.36.3.1.1 Operaciones de reporto o repo. Las operaciones de
reporto o repo son aquellas en las que una parte (el "Enajenante"), transfiere
la propiedad a la otra (el "Adquirente") sobre valores a cambio del pago de una
suma de dinero (el "Monto Inicial") y en las que el Adquirente al mismo tiempo
se compromete a transferir al Enajenante valores de la misma especie y
características a cambio del pago de una suma de dinero ("Monto Final") en la
misma fecha o en una fecha posterior previamente acordada.

De las características de estas operaciones, consagradas en el artículo 2.36.3.1.1.
del Decreto Único 2555 de 2010 cabe destacar: i) que los “plazos a los cuales se
podrán celebrar las operaciones serán establecidos por los reglamentos de las
bolsas de valores y de los sistemas de negociación de valores”; y, ii) el régimen de

55 Actuación registrada en SAMAI el 16 de noviembre de 2021.
56 Actuación registrada en SAMAI el 12 de noviembre de 2021.

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Referencia: Reparación directa

garantías también se debe comprender en los reglamentos de las bolsas de
valores y de los sistemas de registro de operaciones sobre valores57.

En caso de producirse incumplimiento en las operaciones de reporto o repo debido
a un procedimiento concursal o de toma de posesión para liquidación, aquellas se
darán por terminadas anticipadamente “a partir de la fecha en que se haya
adoptado la decisión respectiva” según lo dispuesto en el 2.36.3.1.11 Decreto
Único 2555 de 2010.

Lo anterior, siguiendo, entre otras, las siguientes reglas: i) cada parte mantendrá
el derecho de propiedad sobre las sumas de dinero y los valores que haya recibido
y podrá conservarlos definitivamente, disponer de ellos o cobrarlos a su
vencimiento; ii) los reglamentos de las bolsas de valores establecerán el
procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de las operaciones celebradas
y la forma de aplicar las garantías constituidas (artículo 2.36.3.1.8 del Decreto
Único 2555 de 2010).

En el presente caso, como el enajenante fue quien incumplió la operación de
recompra, es decir Interbolsa S.A. S.C.B., al no pagar el valor para la
readquisición de lo que inicialmente entregó, el adquirente mantiene la propiedad
de los títulos entregados originalmente y puede optar por venderlos o mantenerlos.

Frente al incumplimiento de operaciones repo bajo situaciones normales y según
el artículo 3.2.1.3.3.1458 del reglamento de la bolsa de valores vigente para la
época de los hechos, la parte cumplida tenía dos posibilidades, tomar plena
propiedad de los títulos entregados o venderlos en la BVC.

Ante el intento de venta y dado que las operaciones repo objeto del sub judice
fueron sobre acciones de la comisionista que entró en liquidación, estas ya no se
podían vender en el mercado de valores y si el adquiriente conservaba la
propiedad se volvía parte del proceso liquidatorio como accionista, no como
acreedor.

Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 964 de
201059, ante el incumplimiento de estas operaciones por causa de la intervención

57 Artículo 2 del Decreto 2878 de 11 de diciembre de 2013.
58 Artículo modificado mediante las resoluciones 0844 del 30 de mayo de 2014 1004 del 27 de julio

de 2017 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
59 Ley 964 de 2010, “Artículo 14. operaciones repo, operaciones simultáneas, intercambio de

valores y transferencia temporal de valores. (…) PARÁGRAFO 1o. Cuando se encuentre
pendiente de cumplimiento una de las operaciones a las que se refiere este artículo y se presente

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de Interbolsa S.A. S.C.B. con fines de liquidación judicial, no se tendría que acudir
al proceso liquidatorio, si no que la diferencia entre el valor de dichos títulos -
acciones de Interbolsa S.A. S.C.B. ya en liquidación y por tanto sin valor- y el
dinero entregado por Fiducor S.A., se reconocería como crédito, pero no haría
parte del patrimonio de la sociedad en liquidación, es decir, sería parte de la “no
masa” de la liquidación.

Los bienes de la “no masa” son aquellos que no forman parte del patrimonio a
liquidar60, pues no son de su propiedad, debido a la forma en la que fueron
adquiridos, esto es, sin trasferencia de dominio. Dicha exclusión implica que esos
bienes se entregan a la mayor brevedad posible a sus dueños61.

un procedimiento concursal, una toma de posesión para liquidación o, acuerdos globales de
reestructuración de deudas, respecto de las partes que intervienen en la misma se dará por
terminada anticipadamente la operación a partir de la fecha en que se haya adoptado la decisión
respectiva.
En este caso, se procederá como se dispone en el presente artículo según la posición de la parte
incumplida en la respectiva operación. En el caso previsto en el literal c) la parte que transfirió los
valores tendrá derecho a que se le reconozca un crédito por una suma equivalente a la
diferencia entre el valor de la obligación a la fecha respectiva y el precio de mercado del
valor el día de la declaración del proceso concursal” (negrillas de la Sala).
60 Ley 1116 de 2006 por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la

República de Colombia y se dictan otras disposiciones, “artículo 55. Bienes excluidos. No formarán
parte del patrimonio a liquidar los siguientes bienes:
1. Las mercancías que tenga el deudor en su poder a título de comisión.
2. Los títulos de crédito entregados al deudor para su cobranza y los que haya adquirido por cuenta
de otro, siempre y cuando estén emitidos o endosados directamente a favor del comitente.
3. El dinero remitido al deudor fuera de cuenta corriente, en desarrollo de una comisión o mandato
del comitente o mandante.
4. Las mercancías que el deudor haya adquirido al fiado, mientras no se haya producido su
entrega.
5. Los bienes que tenga el deudor en calidad de depositario.
6. Las prestaciones que por cuenta ajena estén debiendo al deudor a la fecha de la apertura del
proceso, de proceso de liquidación judicial, si del hecho hubiere por lo menos un principio de
prueba.
7. Los documentos que estén en poder del deudor, siempre que los hubiere recibido por cuenta de
un comitente, aun cuando no estén otorgados a favor de este.
8. En general, las especies que, aun encontrándose en poder del deudor, pertenezcan a otra
persona, para lo cual deberá acreditar prueba suficiente.
9. Los bienes inmuebles destinados a vivienda respecto de los cuales el deudor hubiere otorgado
la escritura pública de venta que no estuviere registrada. En atención a esa circunstancia, el juez
del concurso, previa solicitud del adquirente dispondrá el levantamiento de la cautela que recaiga
sobre el inmueble, a fin de facilitar la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos y Privados.
En el evento que el adquirente tenga sumas pendientes de cancelar como consecuencia de la
operación, el levantamiento de la cautela quedará condicionado a la previa consignación por su
parte a órdenes del Juez del concurso del saldo por pagar.
Si los bienes descritos en este numeral están gravados con hipoteca de mayor extensión
constituida por el deudor a favor de un acreedor para garantizar las obligaciones por él contraídas,
el juez del concurso dispondrá, a solicitud de los acreedores, de manera simultánea con el
levantamiento de la cautela y la cancelación del gravamen de mayor extensión.
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará los casos en los cuales los bienes transferidos a
título de fiducia mercantil con fines de garantía se excluyen de la masa de la liquidación en
provecho de los beneficiarios de la fiducia”.
61 El artículo 23 de Ley 964 de 2005 señala que: “Cuando quiera que se dé inicio a un

procedimiento dirigido a la liquidación de una de las entidades previstas en el presente título, los
valores, los bienes o el dinero que haya recibido de terceros para su custodia, administración o

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Así, las operaciones de reporto o “repo” que involucran el mercado público de
valores no hacen parte del proceso de liquidación judicial, si no de la “no masa”,
tal como se reconoció el crédito de la demandante -constituyente del encargo
fiduciario No. 732-1299- en la Resolución No. 0035 del 7 de marzo de 2014.

En cuanto al pago de dineros excluidos de la masa, este se efectúa en la medida
en que las disponibilidades de la intervenida lo permitan y el liquidador puede
señalar períodos para adelantar total o parcialmente la restitución de las sumas,
como lo prevén los artículos 9.1.3.5.3 y 9.1.3.5.5 del Decreto 2555 de 201062.

7. Inexistencia del daño en el caso concreto

Como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sección, los elementos
constitutivos del daño son: i) su certeza; ii) el carácter personal, y iii) directo63.

El daño cierto puede ser actual o futuro, a diferencia del eventual, pero no
genérico o hipotético64. Además, debe ser personal y directo, es decir, afectar la
esfera personal, algo que la persona no está llamada a soportar, que no tiene
fundamento en una norma jurídica, que se irroga sin justificación.

transferencia, o para la ejecución de negocios o de encargos, se considerarán que no forman parte
del proceso liquidatorio y deberán devolverse a dichos terceros a la mayor brevedad posible”.
62 “Artículo 9.1.3.5.3. Condiciones para la realización de los pagos. Las restituciones de sumas

excluidas de la masa de la liquidación, los pagos a cargo de la masa de la liquidación y del pasivo
cierto no reclamado y el pago de la compensación por la pérdida de poder adquisitivo, se
efectuarán en la medida en que las disponibilidades de la intervenida lo permitan y
siguiendo estrictamente el orden que se señala en los siguientes artículos del presente”
(negrillas de la Sala).
“Artículo 9.1.3.5.5. Restitución de sumas de dinero excluidas de la masa de la liquidación. En la
medida en que las disponibilidades de la intervenida lo permitan y cuantas veces sea necesario, el
liquidador señalará períodos para adelantar total o parcialmente la restitución de las sumas de
dinero excluidas de la masa de la liquidación.
“(…).
“En caso de que, con el último pago ordenado, la entidad no alcance a cancelar la totalidad
de los créditos excluidos de la masa de la liquidación en razón al agotamiento de sus
activos, vencido el plazo de la provisión de que trata el primer inciso de este artículo, los
dineros no cobrados se distribuirán a prorrata entre los acreedores que hubiesen cobrado
oportunamente su acreencia debidamente reconocida, siempre y cuando el valor cancelado
no exceda el total de la acreencia” (negrillas de la Sala).
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 29 de enero de 2018, exp. 25000233600020150040502 (59179), CP: Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 29 de enero de 2018, exp. 25000233600020150040502 (59179), CP: Jaime Orlando
Santofimio Gamboa: “original de la cita: CHAPUS. “Responsabilité Publique et responsabilité
privée”., ob., cit., p.507. Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 1994, expediente 8998.
Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 1990, expediente 4333. Salvamento de voto del
Consejero de Estado Joaquín Barreto al fallo del 27 de marzo de 1990 de la Plenaria del Consejo
de Estado, expediente S-021”.

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Pues bien, como antes se indicó, el daño invocado en la demanda consiste en la
“pérdida de los dineros depositados en Interbolsa S.A. S.C.B.” en operaciones de
reporto o “repo” sobre la “especie Interbolsa” en suma de $5.459’286.723,56.

No obstante, de acuerdo con la prueba recaudada, el referido daño no se
encuentra probado, pues, en primer lugar, la demandante fue reconocida como
acreedora en el proceso de liquidación judicial mediante la Resolución No. 0035
del 7 de marzo de 2014 y, aunque en un monto menor al antes indicado -
$5.425’916.936,06-, este aspecto no es materia de controversia en el presente
proceso65.
En efecto, en el proceso de liquidación de Interbolsa S.A. S.C.B. el liquidador
procedió a reconocer la diferencia entre la suma de dinero entregada y el valor de
los títulos, para continuar con su venta en el mercado de valores.

El valor por el que fueron liquidados dichos títulos se entregó a los
correspondientes propietarios como pago parcial, para el caso de la demandante a
través de Fiducor S.A, como parte de las acreencias de la “no masa”, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 2.36.3.1.11 del Decreto 2555 de 2010.

Así se evidencia en la Resolución No. 0035 del 7 de marzo de 2014 emitida por el
liquidador de Interbolsa S.A. S.C.B., en la cual se señalan las operaciones repo
reconocidas y el valor liquidado a favor del encargo fiduciario No. 732-1299 como
pago parcial, de la siguiente forma:66

OPERACIONES REPO VALOR VALOR LIQUIDADO DE
RECONOCIDO TÍTULOS Y GARANTÍAS
20120808-110001199 226’681.669,5 1’195.980,5
20120813-110001703 72’632.508,28 2’305.629,50
20120813-110001685 71’978.848,72 376.271,50
20120813-110001678 85’704.021,22 433.999,00
20120813-110001749 81.948.018,62
20120813-110001665 21’426.945,49 109.091,00
20120813-110001734 1.122’378.288,73 10’269.805,00
20120813-110001741 462’707.144,11 2’440.207,00
20120817-110001369 418’553.194,44 2’207.070
20121004-110001782 961’700.306,33 8’689.379
20121004-110001780 1.093’809.429,00 5’700.811,00
20121018-110002507 231’764.025,39 1’211.903,5

65 Como antes se indicó, la demandante no discute el monto reconocido por la liquidadora de
Interbolsa S.A. S.C.B., de modo que pudiera considerarse que la causa petendi se funda en la
inconformidad respecto la Resolución No. 0035 del 7 de marzo de 2014.
66 Fl. 363 del cuaderno 9.

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20121018-110002497 244’527.808,17 1’265.898,50
20121022-110002702 231’242.675,33 1’187.746
20121022-110002710 647’862.866,67
20121022-110002707 510’314.689,06 2’640.866,50
Total: 6.485’232.439,06 40’034.658

Posteriormente, el liquidador constituyó el Patrimonio Autónomo Interbolsa
“PARAP INTERBOLSA” a cargo de Fiduagraria S.A., para que lo administrara y
cumpliera con el pago de las obligaciones de la “no masa” de la ex comisionista,
que contiene activos de los cuales son beneficiarios, entre otros, el encargo
fiduciario No. 732-1299.

En segundo lugar, la acreencia a favor de la demandante por concepto de su
inversión se encuentra en proceso de pago, de hecho, a 26 de octubre de 2021, la
accionante a través de la Alianza Fiduciaria S.A., vocera y administradora del
encargo fiduciario No. 732-1299 ya había recibido pagos en dinero en suma de
$2.534’970.873,19 y en acciones por valor de $41’076.004, quedando pendiente el
pago de $2.849’870.058,87.

Incluso, respecto de este saldo, si bien no existe una garantía de pago, se han
hecho todos los pagos aprobados por el comité de seguimiento a lo largo del
desarrollo del Fideicomiso a cargo de la Fiduagraria S.A. -vocera del Patrimonio
Autónomo Interbolsa “PARAP INTERBOLSA”, en la medida en que se han
realizado los activos del fideicomiso y se ha contado con la liquidez para hacer los
referidos pagos.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.1.3.5.3 y 9.1.3.5.5
del Decreto 2555 de 201067, según los cuales el pago de los dineros excluidos de

67 “Artículo 9.1.3.5.3. Condiciones para la realización de los pagos. Las restituciones de sumas
excluidas de la masa de la liquidación, los pagos a cargo de la masa de la liquidación y del pasivo
cierto no reclamado y el pago de la compensación por la pérdida de poder adquisitivo, se
efectuarán en la medida en que las disponibilidades de la intervenida lo permitan y
siguiendo estrictamente el orden que se señala en los siguientes artículos del presente”
(negrillas de la Sala).
“Artículo 9.1.3.5.5. Restitución de sumas de dinero excluidas de la masa de la liquidación. En la
medida en que las disponibilidades de la intervenida lo permitan y cuantas veces sea necesario, el
liquidador señalará períodos para adelantar total o parcialmente la restitución de las sumas de
dinero excluidas de la masa de la liquidación.
“(…).
“En caso de que, con el último pago ordenado, la entidad no alcance a cancelar la totalidad
de los créditos excluidos de la masa de la liquidación en razón al agotamiento de sus
activos, vencido el plazo de la provisión de que trata el primer inciso de este artículo, los
dineros no cobrados se distribuirán a prorrata entre los acreedores que hubiesen cobrado
oportunamente su acreencia debidamente reconocida, siempre y cuando el valor cancelado
no exceda el total de la acreencia” (negrillas de la Sala).

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la masa se efectúa en la medida en que las disponibilidades de la intervenida lo
permitan y el liquidador puede señalar períodos para adelantar total o parcialmente
la restitución de las sumas, como ocurre actualmente con la acreencia de la
demandante.

De ahí que la demandante se anticipó a que no le iban a pagar, sin que existiera
certeza de tal circunstancia, dado que, tanto la Alianza Fiduciaria S.A.-vocera y
administradora del encargo fiduciario No. 732-1299- como la Fiduciaria Agraria
S.A., administradora de los activos de la liquidación de Interbolsa S.A. S.C.B.,
confirmaron que la acreencia se está pagando y hasta este momento procesal no
existe evidencia cierta de que no ocurrirá lo mismo con el saldo pendiente.

Además, en los documentos allegados tanto por la Alianza Fiduciaria S.A. como
por la Fiduagraria S.A., no se precisó un plazo para el pago del saldo pendiente,
toda vez que los pagos se están realizando en la medida en que se venden los
activos de la liquidada Interbolsa S.A. S.C.B., de modo que todavía es prematuro
saber si la demandante recuperará el total de la acreencia reconocida o no.

De hecho, como lo señaló esta Sala en un asunto similar, la insuficiencia de
activos en la liquidación no constituye prueba de un daño en sí mismo, toda vez
que puede corresponder a las reglas del proceso liquidatorio:

El proceso de liquidación es concursal, y a este deben comparecer todos los
acreedores que pretendan reclamar derechos, una vez se identifica el
inventario de los bienes que conforman la masa y los que se califican como
“no masa”, con la venta de los bienes afectos a la liquidación y en forma
separada para los patrimonios de la “no masa”, se pagan los gastos de
administración y las acreencias respectivas, en el orden de prelación de
créditos.

En ese supuesto, la ausencia de excedentes es un resultado económico
consecuente con la situación del patrimonio liquidable y no puede invocarse
un detrimento patrimonial respecto de un derecho económico cuyo valor
resulta igual a cero, porque equivale al resultado financiero de la liquidación,
bajo las reglas del proceso y del contrato subyacente68.

Tampoco puede afirmarse, como lo hizo el a quo, que el daño se encuentra
acreditado con “los resultados del proceso de liquidación de Interbolsa S.A.
S.C.B.”, pues este no había concluido para cuando se presentó la demanda 69, ni

68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de septiembre de 2020, exp. 25000-23-36-000-2015-00445-02 (59713).
69 Para el 12 de septiembre de 2014, cuando se presentó la demanda, Interbolsa S.A. S.C.B. aún

se encontraba en proceso de liquidación judicial, pues fue mediante Auto del 8 de marzo de 2016,
que la Superintendencia de Sociedades declaró terminado el proceso liquidatorio de los bienes que

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con la expedición de la Resolución No. 0035 del 7 de marzo de 2014, proferida por
el liquidador de la extinta comisionista, en la cual se reconoció la acreencia de la
demandante, pues la accionante no cuestionó su monto ni el proceso de
liquidación de Interbolsa S.A. S.C.B.

Igualmente, no es de recibo lo señalado por el Tribunal a quo, en el sentido de que
“el daño alegado en efecto repercutió en el patrimonio individual y personal de la
demandante que, al término del proceso de liquidación de Interbolsa S.A. S.C.B.,
sufrió el menoscabo económico”, toda vez que la demandante no probó que sufrió
un detrimento patrimonial correspondiente al dinero invertido en las operaciones
repo, dado que se encuentra recibiendo los pagos de su acreencia y la vocera del
Patrimonio Autónomo Interbolsa “PARAP INTERBOLSA” hasta ahora ha contado
con liquidez para realizar los referidos pagos.

De hecho, el daño no es futuro, pues no se probó que la demandante se
encuentre ante una amenaza cierta, inminente, irreversible e irremediable de que
no recibirá el pago de su acreencia, y no existe prueba -proveniente de la vocera
del Patrimonio Autónomo Interbolsa “PARAP INTERBOLSA”- que permita afirmar
la producción de un daño cierto que afecta, vulnera, aminora, o genera un
detrimento en su patrimonio, o que indique que esperar a su concreción material
podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la demandante70.

Como consecuencia, para la Sala, no se encuentra demostrado el daño, de
acuerdo con las características señaladas por la jurisprudencia de esta Sección,
en cuanto a que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable71,
anormal72 y que se trate de una situación jurídicamente protegida73.

Como consecuencia de lo antes expuesto, se confirmará la sentencia impugnada.

conformaban el patrimonio de Interbolsa S.A. S.C.B y, actualmente, la antigua comisionista
“registra cancelada ante nuestro sistema”, como lo certificó esa entidad el 16 de abril de 2018.
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 29 de enero de 2018, exp. 25000233600020150040502 (59179), CP: Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.
71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 29 de enero de 2018, exp. 25000233600020150040502 (59179), CP: Jaime Orlando
Santofimio Gamboa. “Original de la cita: Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005,
expediente 2001-01541 AG”.
72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 29 de enero de 2018, exp. 25000233600020150040502 (59179), CP: Jaime Orlando
Santofimio Gamboa. “Original de la cita: Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000,
expediente 12166. “por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del
servicio”.
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 29 de enero de 2018, exp. 25000233600020150040502 (59179), CP: Jaime Orlando
Santofimio Gamboa. “Original de la cita: Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005,
expediente 1999-02382 AG”.

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8. Decisión sobre costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 201174 señala que en el fallo se dispondrá sobre
las costas y el numeral 1 del artículo 365 del C.G.P. prevé que se condenará a
pagarlas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación.

En cuanto a la integración de las costas, el artículo 361 ejusdem establece que
comprenden las expensas y gastos causados durante el trámite de la controversia,
incluidas las agencias en derecho, las cuales se encuentran determinadas por los
criterios consagrados en el numeral 4 del artículo 366 de la misma normativa 75,
dentro de las cuales se consagran las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la
Judicatura en el en el Acuerdo 1887 de 200376 –normativa vigente para la fecha de
presentación de la demanda77- .

Conviene aclarar que las agencias en derecho proceden incluso cuando la parte
ha litigado en nombre propio, sin incurrir en el pago de honorarios profesionales,
razonamiento que también es aplicable cuando las entidades comparecen a través
de sus abogados de planta, pues el hecho de que no se paguen sumas
adicionales al salario pertinente no enerva el hecho de que las entidades tuvieron
que destinar a algunos de sus funcionarios para atender el proceso.

74 Esta norma, para la época en que se presentaron los recursos de apelación, disponía en cuanto

a las costas que su “liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil”.
75 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el

Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un
máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras
circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas (se destaca).
76 Artículo 3º—Criterios. El funcionario judicial (…) tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y

duración útil de la gestión ejecutada (…), la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias
relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán
inversamente al valor de las pretensiones (…).
Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho (…):
III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(…)
3.1.2. Primera instancia.
Sin cuantía: Hasta quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas
en la sentencia.
3.1.3. Segunda instancia.
Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia (Negrillas de la Sala).
77 La demanda se presentó el 12 de septiembre de 2014 y este Acuerdo estuvo vigente hasta el 5

de agosto de 2016, toda vez que a partir del día siguiente entró en vigor el Acuerdo 10554 de 2016.

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Radicación: 250002336000201401378 03 (62244)
Actor: Universidad Santo Tomás – Seccional
Tunja
Demandado: Nación-Superintendencia Financiera y otra
Referencia: Reparación directa

En este asunto el proceso llegó a segunda instancia en virtud del recurso de
apelación interpuesto por la parte actora, el cual no prosperó, razón por la cual
será condenada en costas.

En concordancia, la Sala fijará como agencias en derecho el 1% del valor de las
pretensiones negadas, frente a lo cual se precisa que en la demanda solo se
solicitaron perjuicios materiales en suma de $5.459’286.723,56.

De este modo, el 1% de dicha suma equivale a $54’592.867, esto es la suma de
$27’296.433 en favor de la Superintendencia Financiera de Colombia y
$27’296.433 para la Superintendencia de Sociedades.

Finalmente, la liquidación de las costas la realizará de manera concentrada el a
quo, en los términos del artículo 366 ejusdem78, para lo cual, además, tendrá en
cuenta todas las expensas y las agencias en derecho de primera instancia fijadas
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del 18 de julio de
2018.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de julio de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera
instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del
Proceso. Como agencias en derecho en esta instancia, se fija la suma de
$27’296.433 para la Superintendencia Financiera de Colombia y de $27’296.433
para la Superintendencia de Sociedades.

78 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.

29

Radicación: 250002336000201401378 03 (62244)
Actor: Universidad Santo Tomás – Seccional
Tunja
Demandado: Nación-Superintendencia Financiera y otra
Referencia: Reparación directa

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, a través de la Secretaría de la
Sección Tercera, DEVOLVER el expediente al a quo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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