Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-00273-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
De valores: omisión de los deberes de inspección, vigilancia y control. /
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-00273-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2016-00273-03
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
8 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000-23-36-000-2016-00273-03 (62977)
Demandante: María de los Dolores Rueda de Ospina
Demandado: Superintendencia Financiera de Colombia
Medio de control: Reparación directa
Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR INTERVENCIÓN EN EL MERCADO
DE VALORES – Omisión de los deberes de inspección, vigilancia y control. /
INCONGRUENCIA ENTRE LO PLANTEADO EN LA DEMANDA Y LO QUE APAREZCA
PROBADO EN EL EXPEDIENTE - No conlleva una modificación de la causa petendi, pero
sí tiene incidencia en el cumplimiento de las cargas que le corresponden a la parte y la
vocación de prosperidad de sus pretensiones. / FORMACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL EN
EL CÓDIGO DE COMERCIO - Ni la situación referente a la constitución de un grupo
empresarial como “Holding” ni la naturaleza de matriz deben hacer parte de la razón social.
/ ADQUIRENTE DE ACCIONES - Asume la condición de accionista copropietario de la
sociedad, es un acreedor interno quien, de cara a un proceso de liquidación está
supeditado a que su acreencia sea reconocida una vez se pague el pasivo interno y
siempre que existan remanentes del patrimonio social. / PASIVO EXTERNO- comprende
el conjunto de deudas que una sociedad tiene con terceros - PASIVO INTERNO -
comprende la cuota de liquidación de los socios, es decir, su derecho de participación en
el remanente del patrimonio social. / FALTA DE CERTEZA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO –
De cara a probar la existencia del daño consistente en la pérdida de una inversión
consistente en la compra de acciones en una sociedad en liquidación, es clave conocer
las resultas de su proceso liquidatorio, pues de allí surge la certeza de la pérdida de esa
inversión.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda.
Se pretende la reparación de los daños patrimoniales causados por la supuesta
omisión de la Superintendencia Financiera respecto de sus funciones de inspección,
vigilancia y control, al no haber emitido alertas tempranas dirigidas a advertir al
consumidor financiero sobre las irregularidades en el manejo de Interbolsa S.A. SCB
-Sociedad Comisionista de Bolsa-, situación que, se afirma en la demanda, derivó
en la pérdida o difícil recuperación de los dineros que la sociedad actora invirtió en
la compra de acciones de dicha sociedad.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 29 de agosto de 2018, mediante la cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, negó
las pretensiones de la demanda presentada el 2 de febrero de 20161 por la señora
María de los Dolores Rueda de Ospina, contra la Superintendencia Financiera de
1 Folio 3 c. 1.
1
Radicación: 25000-23-36-000-2016-00273-03 (62977)
Actor: María de los Dolores Rueda de Ospina
Demandado: Superintendencia Financiera de Colombia
Referencia: Acción de reparación directa
Colombia, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por los
perjuicios materiales ocasionados por la omisión antes referida2. Los fundamentos
de hecho y de derecho que soportaron las pretensiones de la demanda, fueron los
siguientes
2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, indicó que desde el 2011 la
Superintendencia Financiera de Colombia tuvo conocimiento de manejos
irregulares al interior de Interbolsa S.A. SCB -Sociedad Comisionista de Bolsa-;
sin embargo, omitió ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control a su
cargo, en tanto que no adoptó las medidas preventivas previstas en la Ley 964 de
2005 –literal c) del artículo 6-, y el Decreto 2555 de 2010 a fin de advertir al
consumidor financiero sobre esas irregularidades y el riesgo de una inversión en
la mencionada entidad.
3. Expuso que los días 7 diciembre de 2011, 27 de abril, 5 de octubre y 10 de
diciembre de 2012, la actora adquirió 706.330 acciones de Interbolsa S.A. SCB
por un valor total de $1.352’501.350, inversión que realizó de buena fe ante la
solidez que la empresa mostraba frente al público y el hecho de que la
Superintendencia Financiera de Colombia no hubiera dado a conocer a la opinión
pública cualquier duda respecto al manejo irregular del mercado bursátil por parte
de la mencionada sociedad. Dijo que si el ente de control hubiera alertado sobre
dicho manejo irregular, no se hubieran comprado dichas acciones.
4. Agregó que la demandada expidió la Resolución 1795 de 2 de noviembre de
2012, a través de la cual tomó posesión de Interbolsa S.A. SCB, bajo la causal de
suspensión de pagos; sin embargo, hasta ese momento la Superintendencia no
había efectuado alerta alguna, por lo cual se asumió que el manejo de esa
comisionista no tenía reparos.
5. Dijo que la actora tuvo conocimiento del daño a partir del boletín 964 expedido el
28 de noviembre de 2013 por la Procuraduría General de la Nación, a través del
cual dio a conocer la sanción disciplinaria que había impuesto al Superintendente
Financiero por las irregularidades en la intervención a Interbolsa S.A. SCB,
específicamente en lo que se refería al conocimiento que se tenía del cambio
estructural que había sufrido la especie “FABRICATO”, de allí que la investigación
disciplinaria reveló aspectos indicativos de que la demandada tenía conocimiento
desde 2011 de los manejos irregulares de esa compañía3.
La defensa4
6. En su contestación, la Superintendencia Financiera se opuso a las pretensiones,
para lo cual sostuvo que no incurrió en la falla del servicio alegada, dado que la
2 Como pretensión indemnizatoria solicitó, por concepto de perjuicios materiales, la suma de i) $1.352’501.350
–daño emergente- suma que comprende el valor de la inversión que realizó la demandante en INTERBOLSA
S.A.; y, ii) $182’306.222,91 –lucro cesante- que comprende el valor de los intereses que dejó de percibir la
demandante desde el momento en que se realizó la inversión hasta el momento de la restitución.
3 Folios 3 al 16 del cuaderno 1.
4 En sede de apelación, en providencia del 10 de agosto de 2016, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo
de Estado revocó el auto del 20 de abril de la misma anualidad, a través del cual el a quo rechazó la demanda
por caducidad de la acción, tras considerar que tal fenómeno no había operado, pues el daño consistente en la
pérdida patrimonial alegada por la demandante no se podía entender consolidado sino hasta cuando concluyera
el proceso de liquidación de Interbolsa y se decretara la extinción de esa persona jurídica, oportunidad en la
que se pagaría el pasivo de la entidad intervenida (folios 39 a 44 del cuaderno 2).
2
Radicación: 25000-23-36-000-2016-00273-03 (62977)
Actor: María de los Dolores Rueda de Ospina
Demandado: Superintendencia Financiera de Colombia
Referencia: Acción de reparación directa
procedencia de una medida de alerta debía ser analizada con suma precaución ante
el temor que ello podía generar en el mercado de valores.
7. Alegó la excepción de caducidad, en tanto que los hechos causantes del daño se
derivan de la supuesta omisión de esa entidad en el ejercicio de las funciones de
inspección y vigilancia sobre Interbolsa S.A. SCB, puntualmente, la omisión de
advertir las irregularidades en las que estaba incurriendo a fin de que la demandante
no efectuara las inversiones que realizó en 2012, de forma tal que como dicha
omisión cesó el 2 de noviembre de 2012 -cuando tomó posesión según lo ordenado
en Resolución 1795 de esa misma fecha-, el término para demandar feneció el 3 de
noviembre de 2014, pero como la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó
el 14 de noviembre siguiente, para ese momento ya había operado la caducidad.
8. Propuso otras excepciones, entre ellas: (i) ineptitud de la demanda, ya que la
actora refirió la compra de acciones de la sociedad comisionista de bolsa siendo
una situación imposible, pues la acción que se transaba en el mercado público de
valores era la de Interbolsa Holding -sociedad matriz y sujeta a control exclusivo de
la SFC -; y, (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que la demanda debió
dirigirse en contra del emisor de valores y el dinero de la compra de la acción debió
reclamarse en el trámite de liquidación respectivo y una vez satisfecho el pasivo
externo frente a terceros5.
9. Concluida la fase probatoria6, al alegar de conclusión, el demandante insistió en
la argumentación planteada en la demanda, pero en cuanto a la adquisición de
acciones de Interbolsa Holding7. En esta misma etapa, la Superintendencia sostuvo
que no se acreditó el daño, ya que los documentos aportados con tal fin solo
reflejaban la existencia de una negociación particular y privada entre la actora y las
comisionistas de bolsa “Ultrabursátiles S.A. – Serfinco” y que en virtud de tal vínculo
se adquirieron una serie de acciones, entre ellas de Interbolsa S.A. Señaló que el
caudal probatorio demostró la inmediatez con la que actuó al proferir la Resolución
1795 de 2 de noviembre de 2012 en la que tomó posesión de todos los bienes y
haberes de Interbolsa S.A. SCB, dada la suspensión en el pago de sus obligaciones,
decisión que tenía como fin determinar si la entidad intervenida debía ser objeto de
liquidación, si podía desarrollar su objeto social o si podían adoptarse otras medidas
que permitieran a los interesados obtener el pago total o parcial de sus créditos, por
lo que no incurrió en la falla del servicio alegada8.
5 Folios 71 a 113 del cuaderno 2.
6 El 9 de abril de 2018, el apoderado de la parte demandante informó al Tribunal sobre el fallecimiento de la
señora María de los Dolores Rueda de Ospina -Folios 227 y 228 del cuaderno 3-. En la audiencia inicial –
instalada inicialmente el 7 de julio de 2017-, se declaró no probada la excepción de caducidad, decisión que fue
revocada por esta corporación en auto de 24 de octubre del mismo año, por considerar que en el expediente
no se encontraba probado que a la demandante se le hubiera excluido de la masa de liquidación de Interbolsa
S.A. o que ya estuviera finalizada la liquidación con un resultado lesivo a los intereses de aquella, de manera
que la determinación de los perjuicios solo se concretaría cuando alguna de estas dos circunstancias tuviera
ocurrencia. La audiencia de reanudó el 19 de febrero de 2018, oportunidad en la cual se decretó e incorporó
como prueba (i) las aportadas con la demanda y su contestación; (ii) copia de un CD del proceso disciplinario
n°. IUS 2012-430271 IUC-D-2012-792-566614 surtido ante la Procuraduría General de la Nación; (iii) copia del
informe del 7 de octubre de 2011 suscrito por el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia; (iv)
documentación allegada por Ultraserfinco SA, relacionada con la vinculación de la demandante con esa
sociedad, los contratos de comisión que suscribieron, extractos y estados de cuenta de las inversiones de la
demandante y (v) información allegada por Fiduagraria SA -sociedad que administra el archivo de liquidación
de Interbolsa S.A.- relacionada con el total de acciones a nombre de la demandante. Testimonio de Sandra
Villota.
7 Folios 252 a 269 del cuaderno 3.
8 Folios 270 a 280 del cuaderno 1.
3
Radicación: 25000-23-36-000-2016-00273-03 (62977)
Actor: María de los Dolores Rueda de Ospina
Demandado: Superintendencia Financiera de Colombia
Referencia: Acción de reparación directa
10. El Ministerio Público solicitó negar las pretensiones de la demanda por
considerar que el riesgo derivado de la adquisición de acciones de Interbolsa S.A.
no podía ser trasladado a la Superintendencia, pues la demandante debió actuar
con diligencia y consultar si contra dicha sociedad cursaba alguna investigación,
por lo que se incurrió en culpa de la víctima. Adicionalmente, la Procuraduría
consideró que no se probó la existencia del daño invocado, ya que a la fecha no
había concluido el proceso de liquidación de Interbolsa sociedad comisionista, por
lo que no existía certeza en relación con la recuperación o pérdida definitiva del
valor pagado por las acciones de dicha compañía9.
La decisión impugnada
11. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expuso que
el daño alegado no se encontraba acreditado, en tanto que en el expediente no se
probó que la actora se hubiera hecho parte del proceso de reorganización y
posterior liquidación de la sociedad Interbolsa S.A., en aras de determinar si se
aceptó o no el crédito, si la cuantía del mismo corresponde con las pretensiones de
la demanda, el orden de prelación para el pago, si hubo pago o si finalizado el
proceso de liquidación los bienes recuperados no fueron suficientes para cancelar
la acreencia reclamada, de manera que no era viable pretender la reparación sin
acreditar el cumplimiento del conducto regular para acceder al pago de la supuesta
acreencia, pues el escenario idóneo para el reconocimiento, graduación y pago de
los dineros era el mencionado proceso de reorganización.
12. Estimó el tribunal que tampoco se probó la omisión que se le reprochaba a la
demandada, dado que la intervención del Estado en la economía es una medida
excepcional en tanto que no puede alterar el núcleo fundamental de la libertad
económica. Sostuvo que la adopción de medidas de alerta debía atender un juicio
de razonabilidad en vista del impacto que ello generaría para la confianza en el
mercado.
13. En ese contexto dijo que en virtud de lo previsto en el literal c) del artículo 6 de
la Ley 964 de 2005, la Superintendencia podía suspender provisionalmente a una
sociedad cuando hubiere “temor fundado” de que se pudiera causar daño a los
inversionistas o al mercado de valores; sin embargo, en el sub lite no se aportó
elemento de juicio que demostrara que previo a la medida de toma de posesión era
evidente una práctica insegura o ilegal en el mercado de valores, que de manera
generalizada causara un temor fundado de los inversionistas en general y que
implicara, dentro de la razonabilidad, la adopción de una medida preventiva de
alerta al consumidor financiero.
14. Precisó que si bien se acreditó que Interbolsa S.A. SCB realizó una serie de
operaciones repo con la especie “FABRICATO” -acción que tuvo una valorización
en un 214%-, tal situación no podía llegar a ser considerada como una práctica ilegal
o insegura, sino que reflejaba una buena noticia financiera, de allí que frente a esta
situación no procedía adoptar una medida preventiva pues ello afectaría el mercado
de valores y truncaría la libertad económica.
9 Folios 281 a 297 del cuaderno 3.
4
Radicación: 25000-23-36-000-2016-00273-03 (62977)
Actor: María de los Dolores Rueda de Ospina
Demandado: Superintendencia Financiera de Colombia
Referencia: Acción de reparación directa
15. Agregó que la Superintendencia Financiera, tras recibir información sobre el
incumplimiento de pago de las obligaciones adquiridas por Interbolsa S.A. SCB,
emitió con celeridad la Resolución 1785 del 2 de noviembre de 2012 en la cual tomó
posesión inmediata de esa compañía, medida que no era procedente con
anterioridad a una eventual iliquidez, pues con ello afectaría la libertad económica,
por lo que la única posibilidad que tenía la entidad en cumplimiento de sus funciones
era evaluar si la intervenida debía ser sometida al proceso liquidatorio o si bajo su
administración los problemas de liquidez podían resolverse, para asegurar la
continuidad de la sociedad, lo que mostraba que se siguió el procedimiento legal.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
16. La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia, para lo cual indicó que al momento de invertir dio su consentimiento por
el buen nombre y solidez de Interbolsa Holding. Sostuvo que la compra se hizo para
la fecha en que la entidad demandada ya debía haber alertado de las irregularidades
-diciembre de 2011-.
17. Frente a la consideración del Tribunal en cuanto a la falta de prueba del daño
pues se debía acudir “a la calificación y graduación de los créditos”, indicó que dicha
actividad le correspondía al deudor y era un imposible pedirle al acreedor que si no
fue incluido objetara la decisión, a lo que agregó referencia jurisprudencial
relacionada con la responsabilidad del Dansocial por la liquidación de una
cooperativa de crédito, en la que se dijo que el daño se concretaba con la simple
intervención. Agregó que según artículos de prensa de la época, el liquidador
informó que no se pagarían los créditos y que la intervención tardía de la
demandada consolidó el daño antijurídico invocado. Finalmente, solicitó revocar la
condena en agencias en derecho, pues la entidad demandada no incurrió en gastos
adicionales para la defensa y el Acuerdo No. 2222 del 19 de diciembre de 2003 no
establecía un mínimo, sino que limitaba el máximo para la tasación de costas y
agencias en derecho10.
18. En la oportunidad para presentar alegatos de conclusión la parte demandante
reiteró lo expuesto en su recurso11. La Superintendencia Financiera de Colombia
alegó que no se probó que la demandante tramitó y obtuvo el reconocimiento de su
crédito en el proceso de liquidación de Interbolsa S.A. -Holding- ante la
Superintendencia de Sociedades y no podría darse un tratamiento distinto respecto
de los demás acreedores que sí se hicieron parte en ese proceso. Sobre la condena
por agencias en derecho, expuso que el artículo 365 del CGP dispone la condena
en costas a la parte vencida en el proceso, sin consideraciones subjetivas como las
que plantea el recurrente12. El Ministerio Público guardó silencio.
10 Folios 317 a 338 c. principal.
11 Folios 352 a 357 c. principal.
12 Folios 358 a 369 c. principal.
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Actor: María de los Dolores Rueda de Ospina
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Referencia: Acción de reparación directa
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
19. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto.
Cuestión previa
20. Ha de señalarse que si bien en la demanda la parte actora se refirió a la compra
de acciones de la sociedad comisionista de bolsa, mientras que en los alegatos de
conclusión de las dos instancias y en el recurso de apelación dijo que se trató de la
compra de acciones de la holding -matriz de la comisionista-, tal circunstancia no
implica una variación de la causa petendi que impida decidir de fondo el proceso
en aras de atender los derechos de acceso a la administración de justicia y la tutela
judicial efectiva de las partes, por fuerza de las razones que pasan a exponerse.
21. Se observa que ante el Tribunal a quo13 rindió declaración la testigo técnico
Sandra Milena Villota Mariño 14 , quien ilustró sobre la naturaleza jurídica de la
sociedad comisionista de bolsa y la sociedad matriz, de lo que se desprende con
claridad que la compra de acciones materia de este proceso estaba relacionada
con la “Holding”, pues era el emisor de valores inscrito en la Bolsa de Valores de
Colombia15, lo cual encuentra correspondencia con el contenido del “Certificado de
valores en depósito” expedido el 31 de octubre de 2014 por Deceval16, según el
cual en la subcuenta de depósito a nombre de María de los Dolores Rueda de
Ospina se tenía un saldo total de 706.330 acciones del emisor Interbolsa S.A. -sin
indicar el valor de compra-, cantidad de acciones que es la misma enunciada en los
hechos de la demanda17.
22. Tales consideraciones no fueron refutadas por la contraparte en el curso de la
referida audiencia y si bien en su momento la Superfinanciera planteó tal
circunstancia como constitutiva de una excepción, lo cierto es que ello no fue
materia de resolución en primera instancia y a simple vista es claro que el
argumento se formuló frente al fondo del asunto 18 de cara a lo probado en el
13 Audiencia que se surtió el 25 de mayo de 2018 (acta visible de folios 242 a 244 del cuaderno 3).
14 La testigo conoció los hechos de la demanda en tanto que para la época fungió como Asesora de la Dirección
de Investigación y Desarrollo a cargo de temas regulatorios de las entidades vigiladas.
15 Para la fecha de la declaración, la testigo técnico ostentaba el cargo de Superintendente Delegada para
Intermediarios de Valores, al paso que para la fecha de los hechos de la demanda -de allí que conociera de
manera directa los mismos- fungió como Asesora de la Dirección de Investigación y Desarrollo a cargo de temas
regulatorios de las entidades vigiladas. El referido testimonio se analizó de manera rigurosa, dado el vínculo
laboral de la testigo con la demandada. Dentro de esta rigurosidad, se evidenció que la declarante emitió
conceptos técnicos sin visos de parcialidad. Al respecto, debe señalarse que, en términos de lo previsto en el
artículo 211 del Código General del Proceso, son sospechosas para declarar las personas que en concepto del
juez se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco,
dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u
otras causas, como es el caso de esta testigo; sin embargo, esta Corporación ha señalado que los testimonios
que resulten sospechosos no pueden despacharse de plano, sino que deben valorarse de manera más rigurosa,
de cara a las demás pruebas obrantes en el expediente y a las circunstancias de cada caso, todo ello basado
en la sana crítica. Por ejemplo, se puede consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de julio de 2016, expediente 36.932.
16 Folio 4 del cuaderno 2.
17 En el párrafo 3 de esta providencia se reseñó la demanda en los siguientes términos: “… los días 7 diciembre
de 2011, 27 de abril, 5 de octubre y 10 de diciembre de 2012, la actora adquirió 706.330 acciones de Interbolsa
S.A. SCB”.
18 La inepta demanda constituye una excepción previa que solo se configura por falta de requisitos formales o
indebida acumulación de pretensiones, según dispone el artículo 100-5 del Código General del Proceso, por lo
que, al margen de la denominación que se le dio, se entiende que fue planteada como de fondo bajo la
argumentación que fuera expuesta por la Superfinanciera.
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Radicación: 25000-23-36-000-2016-00273-03 (62977)
Actor: María de los Dolores Rueda de Ospina
Demandado: Superintendencia Financiera de Colombia
Referencia: Acción de reparación directa
proceso, sobre lo cual la entidad expuso con claridad que el litigio giraba en torno
a la compra de acciones de Interbolsa Holding, es decir, del emisor de valores que
transaba su especie en el mercado bursátil, siendo así como discurrió el trámite sin
reparo adicional de las partes, el Ministerio Público ni el mismo tribunal a quo.
23. Si bien se trata de una disparidad de identidad entre lo planteado en la
demanda y lo que apareció probado en el expediente sobre este particular, no
conlleva una modificación de la causa petendi, sin perjuicio de la incidencia natural
en el cumplimiento de las cargas probatorias que le correspondían a la parte actora,
tal como pasa a explicarse.
El objeto de la apelación
24. Además de que se trata del primer elemento que debe analizarse para
establecer la responsabilidad patrimonial de Estado, el marco del recurso
interpuesto impone determinar la existencia del daño alegado y en el evento en que
se pruebe su configuración, se estudiará su antijuridicidad y posibilidad de imputarlo
al demandado. Subsidiariamente se revisará la discrepancia con la condena en
costas impuesta por el a quo.
Sobre el daño
25. Esta Corporación ha precisado que para que el daño sea efectivamente
resarcible o indemnizable19, además de recaer sobre un interés tutelado por el
derecho, debe ser: (i) antijurídico, esto es, que no exista un título legal conforme al
ordenamiento constitucional que justifique o legitime la lesión al interés tutelado; y,
(ii) cierto, directo y personal, es decir, que se puede apreciar material y
jurídicamente; por ende, no se limita a una mera conjetura, siendo que lo haya
sufrido quien lo alega.
26. Lo anterior sin desatender que en el contexto de la responsabilidad por falla del
servicio, quien alega un daño está llamado a probarlo, pues en los términos del
artículo 167 del Código General del Proceso –aplicable al asunto-, se impone a las
partes la carga procesal de demostrar las afirmaciones que sustentan sus
pedimentos.
27. En el caso concreto, la parte actora alegó que el daño consistió en la pérdida o
difícil recuperación de los dineros que invirtió en la adquisición de 706.330 acciones
de Interbolsa S.A. SCB, por un valor de $1.352’501.350, inversión que realizó sin
que fuera advertida por parte de la Superintendencia Financiera frente al riesgo de
la misma, ante la falta de alertas tempranas sobre las irregularidades que existían
en el manejo de “Interbolsa”.
28. Como se indicó previamente, para acreditar esa adquisición, la sociedad
demandante aportó un “Certificado de valores en depósito” expedido el 31 de
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de octubre de 2018, expediente 46932; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2021, expediente. 50415.
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Radicación: 25000-23-36-000-2016-00273-03 (62977)
Actor: María de los Dolores Rueda de Ospina
Demandado: Superintendencia Financiera de Colombia
Referencia: Acción de reparación directa
octubre de 2014 por Deceval20, según el cual en la subcuenta de depósito a nombre
de María de los Dolores Rueda de Ospina se tenía un saldo total de 706.330
acciones del emisor Interbolsa S.A. -sin indicar el valor de compra-,
29. Al analizar el documento, la Sala encuentra que, si bien en el mismo no se
discrimina la operación como compra de acciones de “Interbolsa Holding”, es
posible arribar a una conclusión afirmativa en tal sentido, en la medida en que,
como se desprende del testimonio técnico antes referido, Interbolsa S.A. sociedad
comisionista de bolsa actuaba como intermediario en el mercado de valores y por
su conducto se transó la acción que como emisor inscrito en la Bolsa de Valores de
Colombia negociaba la “Holding” en el mercado público de valores.
30. Sobre esa misma línea, no puede considerarse que se tratara de acciones de
la misma comisionista de bolsa, en razón a que esta sociedad no transaba sus
acciones en la bolsa, de allí que para su negociación no requiriera de un
intermediario financiero. De hecho, la Superintendencia Financiera argumentó que
la compra que hizo la demandante no podía recaer sobre acciones de Interbolsa
Comisionista de Bolsa S.A., sino de la “Holding”, circunstancia que se encuentra
aceptada a partir de las manifestaciones realizadas por la demandante en los
alegatos conclusivos y el recurso de apelación.
31. Ha de considerarse que la denominación societaria de la matriz era
simplemente “Interbolsa S.A.” y ello es atendible en tanto que ni la situación
referente a la constitución de un grupo empresarial como “Holding” ni la naturaleza
de matriz deben hacer parte de la razón social, pues el Código de Comercio 21 solo
establece la inclusión obligatoria de las siglas correspondientes a la clase de
sociedad, anónima, anónima simplificada, limitada, comanditas, etc., de allí que
pese a que el documento enunció la compra de acciones de Interbolsa sin más
detalles, resulta claro que se tratara de Interbolsa S.A., que era la matriz del Holding
y que actuaba como emisor de valores.
32. Definido esto y de vuelta al daño cuya indemnización se persigue -pérdida o
difícil recuperación de dineros invertidos en la compra de acciones-, la Sala se
anticipa a anunciar que el mismo no tiene la connotación de certeza, por las razones
que pasan a explicitarse.
33. Resulta necesario clarificar que cuando se trata de la compra de acciones de
una sociedad, bien porque la acción se transa en la bolsa de valores por
intermediación de las comisionistas de bolsa, 22 o bien porque la acción no circula
20 Documento que fue allegado con la demanda e incorporado como prueba documental sin contradicción de la
demandada. Folio 4 del cuaderno 2.
21 En términos de lo previsto en el artículo 110, la sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la
cual se debe indicar la “La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma”. En consonancia
con lo anterior, el Código de Comercio fija las reglas para la formación de la razón social de cada tipo societario,
entre otros, en los artículos 303 -sociedad colectiva-; 324 -sociedad en comandita-; 357 -sociedad limitada-; 373
-sociedad anónima-. Por su parte, el artículo 5, numeral 2 de la Ley 1258 de 2008 hace lo propio respecto de la
sociedad anónima simplificada.
22 Sobre esta naturaleza, ver auto 400-015955 de 16 de noviembre de 2012, a través del cual la
Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del proceso de reorganización de Interbolsa S.A.
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Radicación: 25000-23-36-000-2016-00273-03 (62977)
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en ese mercado, como sería el caso de Interbolsa S.A. SCB, el adquirente asume
la posición de accionista -copropietario de la sociedad- y en tal medida asume un
riesgo propio e inherente de la actividad societaria23, pues se hace partícipe del
buen o mal desempeño de las prácticas de la compañía en la que se decide invertir.
34. El adquirente, quien asume la condición de accionista copropietario de una
sociedad, es un acreedor interno quien, de cara a un proceso de liquidación está
supeditado a que su acreencia sea reconocida una vez se pague el pasivo externo
y siempre que existan remanentes del patrimonio social24.
35. En este sentido, al punto de la devolución de aportes de los socios en los
eventos de liquidación de una sociedad, el Código de Comercio señala que a ello
se procede “cuando se haya cancelado el pasivo externo”25 –artículo 143-, al paso
que la misma normativa prevé que los asociados no podrán pedir el reembolso total
o parcial de sus acciones, “antes de que, disuelta la sociedad, se haya cancelado
su pasivo externo”26.
36. Por su parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de Ley 1116 de
2006 –que regula el Régimen de Insolvencia Empresarial-, se tiene que pagado en
su totalidad el pasivo externo de la sociedad, el remanente de activos será
adjudicado a los socios o accionistas de la sociedad a prorrata.
37. Es del caso precisar que el Decreto 2649 de 1993 –reglamentario de las normas
de contabilidad en Colombia- señala que un pasivo “es la representación financiera
de una obligación presente del ente económico, derivada de eventos pasados, en
virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer
servicios a otros entes” –artículo 36-, luego, un pasivo externo, en voces del
Diccionario Contable para Colombia –la norma en mención no lo define-,
comprende el conjunto de deudas que una sociedad tiene con terceros, mientras
que el pasivo interno comprende la cuota de liquidación de los socios, es decir, su
derecho de participación en el remanente del patrimonio social.
38. Bajo esta comprensión, contrario a lo referido por la recurrente sobre la
existencia de un daño con la simple intervención, de manera reiterada esta
Subsección ha considerado que, en clave del daño que reclama la actora, le estaba
dado probar que su acreencia, entendida como el valor de las acciones que adquirió
y su afectación por las omisiones de la demandada no pudo ser recuperada al
23 Ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de febrero de 2016, expediente
44.196.
24 Concepto 220-092883 del 17 de octubre de 2013 de la Superintendencia de Sociedades.
25 Código de Comercio. ARTÍCULO 143. <RESTITUCIÓN DE APORTES DE LOS ASOCIADOS-CASOS>. Los
asociados no podrán pedir la restitución de sus aportes, ni podrá hacerlo la sociedad, sino en los siguientes
casos:
(…)
2) Durante la liquidación, cuando se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, si en el contrato se ha
pactado su restitución en especie, y (…)”.
26 ARTÍCULO 144. <REEMBOLSO TOTAL O PARCIAL DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE
INTERÉS>. Los asociados tampoco podrán pedir el reembolso total o parcial de sus acciones, cuotas o partes
de interés antes de que, disuelta la sociedad, se haya cancelado su pasivo externo. El reembolso se hará
entonces en proporción al valor nominal del interés de cada asociado, si en el contrato no se ha estipulado cosa
distinta.
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liquidarse la sociedad de la cual tenía la calidad de accionista27; sin embargo, se
evidencia total orfandad probatoria sobre este aspecto, pues ningún medio de
prueba obrante en el expediente acredita tal pérdida o que la sociedad demandante
se hizo parte del proceso liquidatorio de la sociedad matriz Interbolsa S.A. -ni
siquiera de la comisionista de bolsa- con una afectación como accionista.
39. Valga señalar que si bien al proceso se allegó copia de la Resolución 1812 de
7 de noviembre de 201228, a través de la cual la Superintendencia Financiera
ordenó la liquidación forzosa administrativa de la comisionista de bolsa Interbolsa
S.A. SCB, lo concreto es que no se aportaron elementos de juicio alusivos al trámite
y resultado de esa liquidación que permitan establecer una eventual participación
en el mismo de la parte actora como accionista de esa empresa o que haya
reclamado allí el dinero que dijo haber invertido en la Holding -bajo cualquier título
de crédito-, situación que se tornaría inviable, dado que en lo que se refiere a ésta
última, se conoce que fue objeto de reorganización por parte de la Superintendencia
de Sociedades, en virtud de lo resuelto en el Auto 400-015955 de 16 de noviembre
de 2012, y de liquidación judicial, según lo ordenado en Auto 430-000043 del 2 de
enero de 201329, estado o resultado final de ese proceso del cual no se tiene prueba
en este expediente.
40. Para ahondar en razones, conviene precisar que el daño que reclama la parte
actora -como se ha puesto de presente en el desarrollo previo- se contrajo a la
afectación derivada de la pérdida o difícil recuperación de los dineros invertidos en
la compra de acciones de Interbolsa, sin que la demanda planteara cuestión
distinta, como podría ser la eventual incidencia de la omisión alegada en la
variación nominal del precio de las acciones que adquirió, escenario último que
implicaría un análisis frente a los mecanismos que debió utilizar para reclamar
judicialmente un perjuicio de esa naturaleza, análisis que se torna inviable de cara
a los pedimentos de la demanda y que limitan –en aplicación del principio de
congruencia- la decisión de instancia.
41. Contrario a lo señalado por la parte recurrente, de cara a probar la existencia
del daño consistente en la pérdida de una inversión realizada en la compra de
27 En este sentido se ha resuelto el punto atinente a la configuración del daño en procesos relacionados con la
supuesta responsabilidad de la Superintendencia Financiera de Colombia derivada de la intervención y
liquidación de Interbolsa S.A., Interbolsa Sociedad Administradora de Inversión e Interbolsa Sociedad
Comisionista de Bolsa. Cfr. entre otras las sentencias de 11 de mayo de 2022, Radicación número: 25000-23-
36-000-2015-00928-02 (67.870); 4 de febrero de 2022, Radicación número: 250002336000201401378 03
(62244); 4 de septiembre de 2023, Radicación número: 25000-23-26-000-2015-00503- 01 (60153); 1° de
diciembre de 2023, Radicación: 25000-23-36-000-2015-00543-03 (65251).
28 Folios 12 a 18 del cuaderno de pruebas No. 2.
29 Decisiones que se obtuvieron a través de la página web de esa entidad.
Nada impide reconocer el alcance de estas decisiones, pese a que no se incorporaron como prueba, en tanto
que, en virtud de lo previsto en el artículo 177 del Código General del Proceso:
“Prueba de las normas jurídicas. El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes
extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte.
La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país,
por el cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país.
También podrá adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su
conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un país o territorio fuera de Colombia, con independencia de
si está habilitado para actuar como abogado allí.
Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podrá probarse con el testimonio de dos o más abogados del país
de origen o mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente.
Estas reglas se aplicarán a las resoluciones, circulares y conceptos de las autoridades administrativas.
Sin embargo, no será necesaria su presentación cuando estén publicadas en la página web de la entidad
pública correspondiente” (se resalta).
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acciones en una sociedad en liquidación, es clave conocer las resultas de su
proceso liquidatorio, pues de allí surge la certeza de la pérdida de esa inversión a
la par de la prueba sobre la afectación del valor de las acciones en tanto que a partir
de eso resulta factible identificar, a manera de ejemplo, los siguientes escenarios:
(i) que la liquidación no ha terminado y no se tiene certeza sobre la suficiencia del
patrimonio para pagar el pasivo interno, caso en el cual jurídicamente el daño es
hipotético; (ii) que la liquidación terminó y la acreencia de la demandante como
pasivo interno se pagó parcialmente, lo que implica que habría certeza del daño
frente al saldo no pagado -lo que no implica su automática imputación en un juicio
de responsabilidad-; y, (iii) que la liquidación terminó y la acreencia de la
demandante como pasivo interno se pagó en su totalidad, lo que comporta la
ausencia de daño.
42. Y si de lo que se trataba era de probar la pérdida patrimonial por la afectación
del valor de las acciones independientemente del estado de la sociedad, por lo
menos debió probarse esa afectación para considerar acreditado el daño.
43. En cualquier evento, la carencia probatoria impide establecer la certeza del
daño alegado en la demanda consistente en la pérdida del dinero que la señora
María de los Dolores Rueda de Ospina invirtió en la compra de acciones de la
sociedad Interbolsa S.A., razón que impone confirmar la sentencia objeto de
recurso.
Apelación de la condena en costas de primera instancia
44. En su recurso de apelación la parte actora solicitó revocar la condena en
agencias en derecho, pues la entidad demandada no incurrió en gastos para la
defensa y el Acuerdo No. 2222 del 19 de diciembre de 2003 no establecía un
mínimo, sino que limitaba el máximo para la tasación de costas y agencias en
derecho.
45. La Sala considera que en este punto el objeto de apelación versa sobre la
razón jurídica de la imposición de la condena en costas y no sobre la liquidación de
expensas ni el monto definido por concepto de agencias en derecho, de manera
que el cargo es procedente y susceptible de estudio, pues de no ser ese el caso, la
actora debería encuadrar su reproche en los términos del numeral 5 del artículo 366
del Código General del Proceso30.
46. En el sub lite la normativa aplicable es la contenida en la Ley 1437 de 2011,
que en su artículo 188 establece que en la sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil, siendo
las disposiciones del Código General del Proceso las vigentes para la fecha de
presentación de la demanda -7 de julio de 2015-.
30 “ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada
en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada
la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas: (…) 5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho
solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la
liquidación de costas”.
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47. La Sala ha considerado que la fijación de agencias en derecho no se ve
afectada en el evento en el que la parte haya litigado, incluso, a nombre propio, sin
apoderado, pues, aun en ese caso, tiene derecho a que se fije el monto de agencias
para retribuir su actuación, tal como se desprende de lo señalado en los numerales
3 y 4 del artículo 366 del CGP, en los siguientes términos:
“3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia,
los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena,
siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a
actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el
magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.
“(…).
“4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas estableen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas” (se destaca).
48. Con base en lo anterior, la Sala ha señalado que si la parte actuó a nombre
propio y tiene derecho a que se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de
que no incurrió en el pago de honorarios de un apoderado que lo representara, igual
razonamiento debe aplicarse cuando se trata de una entidad pública que actúa a
través de un apoderado que hace parte de su planta de personal, pues el hecho de
que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de
las agencias en derecho como parte de la condena en costas31.
49. En el presente caso se encuentra acreditada la actuación de las apoderadas
de la entidad demandada frente a la demanda a través de la defensa ejercida en los
escritos de oposición al auto admisorio, la contestación de la demanda, la
intervención en las audiencias inicial y de pruebas, así como la presentación de
alegatos de conclusión, gestión procesal que se considera suficiente para reconocer
agencias en derecho como parte de la condena en costas, en aplicación de lo
señalado en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, por lo que la
decisión del a quo de condenar en costas a la parte actora -vencida en el proceso-
se ajustó a derecho; razón por la cual la Sala de abstendrá de revocar este punto
de la providencia apelada.
La condena en costas de segunda instancia
50. Según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 del CGP32, la Sala
condenará en costas en esta instancia a la parte demandante, pues su recurso se
resolvió de manera desfavorable.
31 En este sentido se pueden consultar, entre otras, las sentencias de 3 de octubre de 2019, Radicación número:
11001-03-26-000-2018-00184-00 (62.693) y de 7 de diciembre de 2021, Radicación número: 70001-23-33-000-
2016-00288-02 (64635).
32 “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas
se sujetará a las siguientes reglas:
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Demandado: Superintendencia Financiera de Colombia
Referencia: Acción de reparación directa
51. Ante el fallecimiento de la actora y dado a la fecha que no se ha registrado
ninguna solicitud de sucesión procesal, la condena será impuesta con cargo a su
masa sucesoral33.
52. Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las costas
están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados
durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las
cuales, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior
de la Judicatura en el Acuerdo No. 1887 de 200334, en esta instancia, se fijan las
agencias en quince millones trescientos cuarenta y ocho mil setenta y seis pesos
M/Cte. ($15’348.076) y a favor de la demandada, que corresponden al 1% del valor
de las pretensiones negadas en la sentencia35.
53. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso36.
IV. PARTE RESOLUTIVA
54. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de agosto de 2018, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia con cargo a la masa
sucesoral de la demandante, para lo cual se fija por concepto de agencias en
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código”.
33 El Código Civil estipula lo siguiente: ARTICULO 1016. <DEDUCCIONES>. <Palabra tachada
INEXEQUIBLE.> En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de
la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios:
1o.) Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la apertura de la sucesión.
2o.) Las deudas hereditarias.
3o.) Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria.
4o.) Las asignaciones alimenticias forzosas.
5o.) <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> La porción conyugal a que hubiere lugar, en todos los
órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes legítimos. El resto es el acervo líquido de que dispone
el testador o la ley” (se destaca).
34 “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
“3.1.3. Segunda instancia.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”.
35 La cuantía se estimó en $1.534’807.573, discriminada así: $1.352’501.350, por concepto de daño emergente
y $182’306.223, por lucro cesante.
36 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas (…)”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2016-00273-03 (62977)
Actor: María de los Dolores Rueda de Ospina
Demandado: Superintendencia Financiera de Colombia
Referencia: Acción de reparación directa
derecho la suma de quince millones trescientos cuarenta y ocho mil setenta y seis
pesos M/Cte. ($15’348.076), a favor de la Superintendencia Financiera de
Colombia.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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