Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00098-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00098-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-00098-02
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
28 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C, veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119)
Actor: JOSÉ IVÁN PERDOMO MOSQUERA Y OTROS
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL Y
OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Tema: CERTIFICADO DE CARENCIA DE INFORMES POR TRÁFICO DE
ESTUPEFACIENTES – Naturaleza Jurídica – Acto Administrativo / MEDIO DE CONTROL
PROCEDENTE – Nulidad y Restablecimiento del derecho.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del 25 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Sección B, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor José Iván Perdomo Mosquera solicitó ante la DNE la expedición del
Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes, entidad que
mediante la Resolución 334 de 2008 se abstuvo de expedirlo al haber recibido
informes en los que se vinculaba al solicitante a un proceso penal por delitos
conexos con el tráfico de estupefacientes, en México. Debido a la negativa de la
expedición del certificado la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,
mediante Resolución 3225 de 2008, le suspendió al señor Perdomo Mosquera las
licencias de piloto PCA-4474, PTL-1355 y IA-1446.
Cuatro años después, el señor José Iván Perdomo Mosquera solicitó la pérdida de
ejecutoria de las resoluciones enunciadas, para lo cual presentó una serie de
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119)
Actor: JOSÉ IVÁN PERDOMO MOSQUERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
documentos que desvirtuaban su vinculación al proceso penal tramitado en México.
Tanto el Ministerio de Justicia y del Derecho como la Unidad Administrativa Especial
de Aeronáutica Civil expidieron las Resoluciones 0038 de 2012 y 5947 de 2012,
mediante las cuales declararon la pérdida de ejecutoria de las primeras enunciadas.
Alega la parte demandante que con la expedición de los actos administrativos que
fueron “revocados”, el capitán José Iván Perdomo Mosquera fue privado de ejercer
su profesión desde el 3 de marzo de 2008 hasta el 1 de octubre de 2012, lo cual le
causó numerosos perjuicios tanto materiales como morales.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 13 de enero de 2015, los señores Daniela Perdomo Berrocal y José Iván Perdomo
Mosquera, quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijos
menores de edad José Iván Perdomo Berrocal y Juan David Perdomo Berrocal, por
intermedio de apoderado judicial (fls. 1-2 c.1), interpusieron demanda de reparación
directa (fls. 3-34 c. 1) en contra de la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho-
Dirección Nacional de Estupefacientes, Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil y Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con el fin de que
se declarara la responsabilidad de las demandadas, por los perjuicios que les fueron
causados con “la conducta administrativa mediante la cual sin los argumentos y
fundamentos fácticos y jurídicos suficientes, la Dirección Nacional de
Estupefacientes con basamento en información que obtuvo presuntamente de
anotación en la página web de la Procuraduría General de México y registro de
cuerpos de inteligencia Mexicanas, sin fundamentar, resolvió abstenerse de expedir
el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes”.
Como fundamentos fácticos de la demanda se narraron los siguientes:
El señor José Iván Perdomo Mosquera se ha desempeñado como piloto comercial
por más de 20 años. El 6 de junio de 2006 solicitó ante la Dirección Nacional de
Estupefacientes (de ahora en adelante DNE) el Certificado de Carencia de Informes
por Tráfico de Estupefacientes, que era requisito para tramitar la renovación de
licencia de piloto ante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119)
Actor: JOSÉ IVÁN PERDOMO MOSQUERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
El 29 de febrero de 2008, la DNE, mediante la Resolución 0334, se abstuvo de
expedir dicho certificado, con fundamento en que, de acuerdo con la información
remitida por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, el solicitante
había sido capturado en la ciudad de México por encontrarse involucrado en
actividades de narcotráfico.
Contra la anterior resolución, el señor Perdomo Mosquera interpuso recurso de
reposición que fue resuelto el 11 de junio de 2008, mediante la Resolución 0722,
que decidió no acceder a la revocatoria solicitada y confirmó el acto impugnado.
Mediante la Resolución 03225 de 14 de julio de 2008 confirmada por la Resolución
06058 del 10 de diciembre de 2010, la Dirección de Medicina y Licencia
Aeronáutica de la Secretaría de Seguridad Aérea, de la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, le suspendió las licencias PCA-4474, PTL-1355 al
señor José Iván Mosquera Perdomo, con fundamento en la Resolución 0334 de
2008.
Con la Resolución 6514 del 1 de diciembre de 2010 confirmada por la Resolución
1340 del 18 de marzo de 2011, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica
Civil le impuso al señor José Iván Mosquera Perdomo una sanción consistente en
suspensión de 10 días y multa por $12´876.030, por haber realizado vuelos con la
licencia vencida.
El señor Mosquera Perdomo viajó en varias oportunidades a México con el
propósito de recaudar pruebas y solicitó a la DNE la pérdida de fuerza ejecutoria
de las Resoluciones 0334 y 0722 de 2008.
Mediante la Resolución 38 del 25 de julio de 2012, el Ministerio de Justicia y del
Derecho declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de las resoluciones antes
enunciadas, porque las anotaciones que sirvieron de base para negar la solicitud
fueron desvirtuadas con la certificación expedida por el gobierno mexicano en la
que constaba que en la operación Tornado el señor José Iván Perdomo Mosquera
había actuado pero como testigo.
También la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, mediante
Resolución 5497 del 1 de octubre de 2012, declaró la pérdida de ejecutoria de la
Resolución 3225 de 2012 y revocó directamente la Resolución 6514 de 2010,
mediante la Resolución 5947 del 19 de octubre de 2012.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119)
Actor: JOSÉ IVÁN PERDOMO MOSQUERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Con ocasión de los actos administrativos que fueron “revocados”, el capitán José
Iván Perdomo Mosquera fue privado de ejercer su profesión desde el 3 de marzo
de 2008 hasta el 1 de octubre de 2012, lo cual le causó numerosos perjuicios tanto
materiales como morales.
2. Trámite de primera instancia
2.1. La demanda fue rechazada por caducidad el 9 de febrero de 2015 (fls. 38-40
c. 3), decisión que fue revocada por esta Corporación el 13 de abril de 2016 (fls.
70-82 c. 3). La providencia fue debidamente notificada el 22 de septiembre de 2017
a las demandadas (fl. 106 c. 3).
2.2. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil contestó la demanda en
oportunidad. Manifestó que para la época en que la DNE expidió los actos
administrativos referidos en la demanda, el demandante tenía anotaciones, tal como
lo certificó el Director de Asistencia Jurídica Internacional adscrita a la
Subprocuraduría Judicial y de Asuntos Internacionales de México. Dichos actos
administrativos no fueron demandados y, por tanto, operó la caducidad; ahora, los
nuevos actos administrativos fueron expedidos con ocasión de la solicitud
presentada por el demandante, con la que allegó una serie de pruebas
sobrevinientes, que conllevaron a la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución
0334 el 29 de febrero de 2008 y, por consiguiente, a la actualización de reporte de
carencia de informes por tráfico de estupefacientes, así como la revocatoria de las
resoluciones que le habían impuesto una sanción económica.
Agregó, que las entidades demandadas habían actuado dentro del marco de la ley,
dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, con la información que se
tenía en ese momento, la cual varió con las pruebas sobrevinientes presentadas,
razón por la cual se expidieron los nuevos actos administrativos, de lo cual no se
puede concluir que exista una falla del servicio, dado que una vez se conocieron las
nuevas circunstancias actuó en consonancia con las mismas (fls. 107-117 c. 3).
2.3. La Policía Nacional, también contestó en forma oportuna la demanda (fls. 212-
218, c.3). Expuso que la falla que se imputa deviene de actos administrativos que
no fueron expedidos por dicha entidad, por tanto, no estaba llamada a pronunciarse
en relación con los mismos.
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Que con la expedición de los oficios 221 del 20 de junio de 2006 y 219 del 30 de
agosto de 2007 no causó perjuicio alguno, porque lo único que hizo fue transmitir
una información que se encontraba, para esa época, en las páginas web de
entidades públicas de México, la cual luego fue corregida con posterioridad.
Propuso como excepciones la de ausencia de daño y hecho exclusivo y
determinante de un tercero.
2.4. El Ministerio de Justicia y del Derecho se opuso a la prosperidad de las
pretensiones. Manifestó que las entidades demandadas habían dado estricto
cumplimiento a la normatividad en materia de expedición de certificado de carencia
de informes de narcotráfico y la suspensión de una licencia de piloto y, por tanto, no
existía falla del servicio.
Agregó que la DNE, para abstenerse de expedir el Certificado de Carencia de
Informes por Tráfico de Estupefacientes, se apoyó en los artículos 5 y 7 del Decreto
2894 de 1990, adoptado como legislación permanente por el artículo 7 del Decreto
2272 de 1991 y el Decreto Ley 2150 de 1995, que disponían que se debía solicitar
a los organismos de seguridad información sobre anotaciones por presunta
infracción de la Ley 30 de 1986, en relación con los solicitantes del certificado.
Cuando el reporte era afirmativo, como ocurrió en el presente caso, se debía negar
el certificado de carencia de informes, tal como lo dispone el parágrafo primero del
artículo 85 de la Decreto Ley 2150 de 1995. Además, una vez tuvo conocimiento de
las pruebas que modificaban las circunstancias, procedió a declarar la pérdida de la
fuerza ejecutoria del acto administrativo, lo cual “mal puede traducirse en una
aceptación de responsabilidad o culpa o en una falla de la administración” (fls. 244-
266 c. 3).
2.5. El 2 de mayo de 2019 se celebró la audiencia inicial, en la cual el tribunal de
primera instancia fijó el litigio en los siguientes términos: “si la abstención de negarle
el certificado de carencia de antecedentes se encuentra sin fundamento y sin
razones de derecho, por ello se generaron perjuicios que deban ser indemnizados
y si con ocasión a la vigencia de uno actos administrativos que fueron revocados
posteriormente, se ocasionaron daños que deben ser resarcidos” y decretó las
pruebas solicitadas en la demanda y sus contestaciones (fls. 310-315, c. 3).
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Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119)
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Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
El 29 de octubre de 2019, se corrió traslado a las partes para que presentaran
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto (fl. 422 c. 3). En
dicho término, la parte demandante, la Policía Nacional y la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil presentaron sus alegatos de conclusión, en los que
reiteraron las afirmaciones hechas en la demanda y su contestación (fls. 425-477 c.
3). El Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y del Derecho guardaron silencio.
3. Sentencia de primera instancia
En providencia del 25 de septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
Luego de hacer un recuento de las normas que regulan la expedición del Certificado
de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes, explicó que tanto las
resoluciones expedida por la DNE y la Aeronáutica Civil, como los oficios remitidos
por la Policía Nacional se encuentran motivados en informes debidamente
fundamentados, que daban cuenta de la existencia de una investigación por tráfico
de estupefacientes, que implicó la privación de la libertad del señor José Iván
Perdomo Mosquera, en la ciudad de México, en septiembre de 2004.
Agregó que las actuaciones de la administración se encuentran ajustadas a
derecho, porque cumplieron con los procedimientos establecidos en la ley, con lo
cual se demostró que existió una actuación legítima en virtud del control
administrado preventivo dispuesto institucionalmente en pro de la lucha contra el
narcotráfico.
Consideró que la legitimación de la actuación de las demandadas era tan evidente
que fue la misma Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de
México quienes eliminaron los boletines sobre el señalamiento del señor Perdomo
y certificaron que su vinculación al proceso de tráfico de estupefacientes se daba en
calidad de testigo, pruebas sobrevinientes que sirvieron para declarar la pérdida de
fuerza ejecutoria de todos los actos administrativos.
La imputación a las demandadas no se configura porque las actuaciones de la
administración, especialmente la de la DNE, se ciñeron a lo dispuesto por la Ley 30
de 1986 y el Decreto 2894 de 1990, normas que regulan la expedición del Certificado
de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes, según las cuales, dicha
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Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
entidad solicitó a los órganos de seguridad información sobre el señor Perdomo y
en respuesta le pusieron de presente su detención en México por actividades
relacionadas con el narcotráfico.
Todo para concluir que “si bien la parte actora sufrió un daño, este no es antijurídico
puesto que no se demostró que no estaba en la obligación de soportarlo. Por tanto,
tampoco se demostró imputación alguna, dado que la actuación de la administración
estuvo ajustada a derecho y a las normas relativas a los procedimientos
establecidos para el caso” (fls. 479-500 c. 5).
4. Recurso de apelación y su concesión
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, en el que manifestó que la DNE y la Policía Nacional incurrieron en falla
del servicio al no haber verificado en debida forma la información que sirvió de
fundamento “a la decisión de privar al señor José Iván Perdomo Mosquera de su
empleo y derecho fundamental al trabajo, pese a que las evidencias presentadas
revelaban la incongruencia e inexactitud de la información de inteligencia”, porque
el “señor Perdomo Mosquera gozaba de plena libertad y seguía entrando y saliendo
de México sin ninguna dificultad”.
Como la información no tenía asidero, nunca se debió negar el Certificado de
Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes y menos suspender los
privilegios de la licencia de piloto por parte de la Aeronáutica Civil, que al no haber
sido expedido el certificado, profirió el acto mediante el cual suspendía dichos
privilegios.
Agregó que la falla del servicio aparece evidenciada con la declaratoria de pérdida
de fuerza ejecutoria de los actos que privaron al demandante de su empleo y
derecho al trabajo, porque para el momento de negar la expedición del certificado,
las entidades demandadas omitieron verificar que la información estuviera
fundamentada y correspondiera a la realidad (fs. 509-515 c. 5).
El a quo concedió el recurso de apelación, mediante auto del 19 de febrero de 2021
(fl. 518 c. 5).
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5. Trámite de segunda instancia
Mediante providencia del 1 de junio de 2021, se admitió el recurso de apelación; el
18 de agosto siguiente, se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión y al Ministerio Público para que presentara concepto, si lo consideraba
pertinente (fls. 524-526 c. 5).
Las entidades demandadas radicaron alegatos de conclusión en los que reiteraron
las alegaciones presentadas durante todo el trámite del proceso (índices 12, 13 y
14, Samai). El Ministerio Público y la parte demandante guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
El perjuicio que se reclama se hace derivar de la decisión de la DNE de abstenerse
de expedir el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes
mediante la Resolución 334 de 2008 y su confirmatoria 720 de 2008, lo que según
la parte demandante, le impidió ejercer su profesión y le causó los perjuicios que
ahora viene a reclamar, porque ese certificado es un requisito para la expedición de
la licencia de piloto.
En los anteriores términos, resulta procedente estudiar la naturaleza jurídica de
aquel, para determinar el medio de control idóneo para reclamar los perjuicios que
dicen haber sufrido los demandantes y determinar el cumplimiento de los
presupuestos procesales en relación con el mismo.
1. Naturaleza jurídica del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de
Estupefacientes
El literal f) del artículo 93 de la Ley 30 de 31 de enero de 19861, regula el tema de
la expedición del Certificado de Carencia de Informes y dispone que debe ser
solicitado, entre otros trámites, para la aprobación de licencias del personal
aeronáutico:
Artículo 93.- La Oficina de Estupefacientes del Ministerio de Justicia hará las
veces de Secretaría Ejecutiva del Consejo, para lo cual cumplirá las siguientes
funciones:
[…]
1
“Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones”.
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Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
f) Expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes
en un plazo máximo de sesenta (60) días, transcurrido el cual se entenderá
resuelta favorablemente la solicitud y por consiguiente se expedirá éste a las
personas que adelanten trámites ante el Departamento de la Aeronáutica Civil
en forma particular o como miembro de empresas para lo siguiente:
[…]
8-. Aprobación de licencias para personal aeronáutico.
Este certificado podrá revocarse en cualquier momento, por orden del Consejo
Nacional de Estupefacientes, por medio de resolución motivada […].
El artículo 7 del Decreto 2272 de 4 de octubre de 19912 que adoptó como legislación
permanente las normas del Decreto 2894 de 3 de diciembre de 19903 regula entre
otros temas: i) la competencia de la Dirección Nacional de Estupefacientes para
emitir los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes; ii) el
procedimiento a seguir por parte de la DNE para la emisión del mismo; iii) la facultad
y la forma cómo puede la DNE abstenerse de emitir el certificado; iv) la vigencia
del certificado y la potestad de anularse en cualquier tiempo por la DNE, “con base
en los informes provenientes de los organismos investigativos del Estado”.
Los artículos 82 a 89 del Decreto 2150 del 5 de diciembre de 19914 disponen sobre:
i) la competencia de la DNE para expedir los Certificados de Carencia de Informes
por Tráfico de Estupefacientes, las entidades destinatarias y los asuntos en que
debe ser aportado dicho certificado, así como las excepciones al deber de presentar
este certificado; ii) el término de vigencia del certificado, su renovación y la potestad
de la DNE para anularlo unilateralmente; y iii) la petición de información por parte
de la DNE a otras entidades, modificando lo previsto en los incisos 1° y 2° del
artículo 3o. del Decreto 2894 de 1990, adoptado como legislación permanente por
el Decreto 2272 de 1991.
Al revisar la constitucionalidad de los literales f) y g) del artículo 93 de la Ley 30 de
1986, la Corte Constitucional, en la sentencia C-114 de 25 de marzo de 19935 los
declaró ajustados a la Constitución Política y en esa oportunidad determinó que el
2
“Por el cual se adoptan como legislación permanente unas disposiciones expedidas en ejercicio de
las facultades del estado de sitio”.
3
“Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público”.
4
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública”.
5
Corte Constitucional, sentencia C-114 de 25 de marzo de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz expediente
núm. D-167.
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certificado es un acto administrativo condición, dado que es necesario para realizar
otro tipo de trámites:
Es claro para esta Corporación que las disposiciones de la ley buscan
establecer un régimen preventivo tanto de la fundamental libertad de circulación
(artículo 24 C.N.), como de la libertad de iniciativa económica privada (artículo
333 C.N.), con miras a asegurar un ejercicio de las mismas acorde con los
intereses superiores que informan el interés público, representado en la
necesidad de perseguir el delito, en consideración del fin ilícito que caracteriza
la comisión de hechos punibles relacionados con el tráfico de drogas a que se
destinan los bienes y actividades mencionadas en los literales f) y g) del artículo
93 de la Ley 30 de 1986.
Registra la Corte que efectivamente puede resultar de alguna incomodidad para
quienes ejerzan con fines lícitos esas libertades, el requisito, acto
administrativo condición, del certificado al que se refiere el precepto. Sin
embargo, esta molestia resulta, visto el fundamento de los fines perseguidos
por el legislador, tolerable en el marco de las exigencias propias de la
sociabilidad. En efecto, la sociedad colombiana acusa una realidad a la cual no
puede ser ajena, ni a las previsiones del legislador ni a los deberes sociales, ni
a las decisiones de esta Corte que en esta materia ha hecho varios
pronunciamientos. Lo anterior en razón de que la libertad además de ser un
ideal es una referencia de la autodeterminación de la persona humana en
sociedad. Así lo ha entendido el propio constituyente al disponer las
competencias de la ley para organizar la libertad, lo que quiere decir que ésta
no puede existir sin fronteras sino que requiere de reglamentos jurídicos como
garantía de su propia existencia. El propio artículo 24 superior, se refiere a "las
limitaciones que establezca la ley" como condición del ejercicio de la libertad de
circulación y en similares términos lo hace el artículo 333 ibídem con relación a
la libre iniciativa económica de los particulares. Más aún, de manera general
los derechos y actividades de las personas pueden ser objeto de
reglamentación según el artículo 84 de la Carta Política.
Las competencias de la ley para regular la libertad también tienen un límite, de
suerte que no sólo hay regulaciones no permitidas por la naturaleza de la
libertad, sino que también una reglamentación demasiado excesiva o detallada,
puede igualmente anular el ejercicio de la libertad. Pero en este caso no
encuentra esta Corporación que es contraria al ejercicio de las libertades la
expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de
estupefacientes, ni por el contenido material ni por la reglamentación en detalle
de los literales acusados del artículo 93 de la Ley 30 de 1986. Cualquier persona
movida por intereses lícitos puede obtener sin dificultad el dicho acto condición.
La existencia misma de la ley, tal como se desprende de su texto, no es abusiva
del fuero de la libertad autorizado en la Carta Política. Ahora bien, la
circunstancia de que un registro de informaciones contenga errores no es
imposible. Frente a esta eventualidad, no imputable a la normatividad en
examen, puede ser corregida por el interesado en ejercicio de su derecho a
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre él en archivos de
entidades públicas (art. 15 C.N.).
Ahora bien, no puede entenderse que la exigencia de un requisito
administrativo, como el certificado expedido por la Oficina del Ministerio de
Justicia, resulte violatorio del derecho a la honra, o al fuero íntimo, o al trabajo,
o a la presunción de inocencia, por cuanto una persona no puede deducir que
de esa exigencia legal per se, haya sido invadida su intimidad o su honra resulte
vulnerada, o su inocencia puesta en entredicho, como tampoco puede un
funcionario público de la más alta jerarquía, sostener, por el hecho de que, para
tomar posesión del cargo, deba exponer su declaración de renta, que se está
desconfiando de su honorabilidad, inocencia o buena fe actual o futura o
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Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
atentando contra su libertad de trabajo (art. 122 C.N.). Son prevenciones
ordinarias impuestas, se repite, por la lógica de convivencia de nuestro tiempo
y sus exigencias, y es deber de los ciudadanos ajustarse a ellas como un aporte
más a la vigencia de un orden justo (art. 2o. C.N.).
Es usual que, tanto en las instancias públicas como en las instancias privadas,
se recojan informaciones, bien como fin propio de su actividad o para servir de
soporte a otras actividades igualmente de naturaleza pública o privada. Ha
sostenido la jurisprudencia de esta Corporación la importancia de la información
en el funcionamiento de la sociedad actual. Sus abusos han sido el motivo del
surgimiento del nuevo derecho denominado "habeas data", como una
evocación similar a la clásica expresión latina del derecho de "habeas corpus"
aportado por la tradición inglesa, según la cual se protegía la esencialísima
libertad física, que se expresa en la dicha frase. […] No puede entonces
pensarse que una entidad pública no sólo no disponga sino que no tenga la
posibilidad de utilizar informaciones, recogidas con motivo de la persecución del
delito, con fines de interés público. Toda una estrategia criminal, conocida en el
lenguaje especializado, como las actividades de "inteligencia y
contrainteligencia", no hacen más que recoger y manejar informaciones
relacionadas con los ilícitos, por lo que se constituyen en instrumento
fundamental del Estado contemporáneo en la lucha contra el delito, lucha que
no sólo se realiza frente a los actos delictivos consumados, sino también en el
campo preventivo, tal como lo dispone la preceptiva en examen.
El artículo 248 elabora un concepto de "antecedentes penales", indicando que
debe entenderse por tales únicamente las condenas proferidas en sentencias
judiciales, con ocasión de delitos o contravenciones. Sin detenerse en los
interrogantes por la incoherencia que plantea en este artículo la expresión
"contravención", que es inconducente para el presente caso, observa la Sala
que se dispone constitucionalmente la elaboración o el mantenimiento de una
información que tiene que ver con los condenados judicialmente, con motivo de
sus conductas antisociales. Esta información lógicamente no puede entenderse
como una prohibición del constituyente para que existan otras informaciones
relacionadas con los delitos y las contravenciones, en manos de las agencias
públicas encargadas de la defensa social, porque tal interpretación conduciría
al absurdo de eliminar instrumentos indispensables para la prevención del
delito, como antes se indicó.
Esa misma Corporación se pronunció sobre el alcance del Certificado de Carencia
de Informes sobre tráfico de estupefacientes, en sentencia a T-067 de 7 de febrero
de 20116, así:
l CCITE es un documento que expide la DNE mediante el cual se certifica que
su titular no tiene reportes debidamente fundamentados por tráfico de
estupefacientes y delitos conexos.
De acuerdo al “Manual de Trámite del Certificado de Carencia de Informes por
Tráfico de Estupefacientes”7, mediante la expedición de este documento, la
Administración, a través de la Subdirección de Estupefacientes de la DNE,
6
Corte Constitucional, sentencia T-067 de 7 de febrero de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez
expediente núm. T-2.808.968. En el mismo sentido, Sentencia T-275 de 1995. Magistrado ponente:
Antonio Barrera Carbonell, en la que se dijo: “La resolución de la Dirección Nacional de
Estupefacientes que (…) anula certificados de carencia de informes por narcotráfico ya expedidos,
es un acto administrativo que contiene una medida preventiva o cautelar, ideada por el legislador
con el fin de prevenir, controlar y conjurar las actividades del narcotráfico”.
7
“Este texto fue publicado por la Dirección Nacional de Estupefacientes en el año 2007 con el objetivo
de ofrecer “una útil herramienta tanto para las empresas que manejan sustancias químicas
controladas, como para las autoridades involucradas en el control administrativo ejercido sobre
precursores químicos”.
11
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119)
Actor: JOSÉ IVÁN PERDOMO MOSQUERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
ejerce un control de carácter administrativo que se enmarca dentro de la lucha
contra la producción y la comercialización de estupefacientes. En efecto, la
expedición del CCITE es una herramienta de control administrativo creada con
el fin de regular actividades que eventualmente pudieran servir de soporte al
narcotráfico.
Así mismo, según lo disponen los artículos 6º del Decreto 2894 de 1990,
adoptado como legislación permanente mediante el Decreto 2272 de 1991, y el
parágrafo 1º del artículo 83 del Decreto 2150 de 1995, la DNE tiene la facultad
para anular unilateralmente el CCITE en cualquier tiempo, con base en los
informes por tráfico de estupefacientes y delitos conexos, provenientes de las
entidades competentes.
(…)
En conclusión, el CCITE es un acto administrativo expedido por la
Subdirección de Estupefacientes de la DNE a aquellas personas que no
reportan informes sobre tráfico de estupefacientes y delitos conexos que se
erige como requisito para obtener y renovar la licencia de personal aeronáutico.
Según la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Suprema de Justicia,
la exigencia de dicho documento se enmarca dentro de las facultades de
reglamentación e inspección del derecho a la libre escogencia y ejercicio de la
profesión u oficio que la Constitución le otorga al Legislador, de manera que no
constituye una violación del derecho al trabajo. En efecto, su exigencia
representa una carga pública razonable que se justifica en atención al deber
que tiene el Estado de regular las actividades que eventualmente pudieran
servir de soporte al narcotráfico. De allí que la existencia de un reporte
debidamente fundamentado relacionado con la posible comisión de delitos
vinculados con el tráfico de estupefacientes, sin necesidad de que exista un
antecedente judicial, permite su no expedición o su revocación. Sin embargo,
para asegurar el derecho al debido proceso, la persona afectada por la decisión
de revocación o de no expedición del acto administrativo estudiado, tiene la
posibilidad de aclarar su situación jurídica ante las autoridades competentes,
con el objetivo de asegurar que no se cometan errores en el registro de informes
por tráfico de estupefacientes y delitos conexos. En todo caso, cuando el
registro corresponde a un antecedente penal por la comisión de un delito
relacionado con el tráfico de estupefacientes, el cumplimiento de la pena o su
extinción, no permiten aclarar la situación jurídica del solicitante, en el sentido
de eliminar dicho dato.
Por su parte la Sección Primera del Consejo de Estado ha tramitado diferentes
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se han demandado
Resoluciones expedidas por la DNE en las cuales se ha abstenido de expedir o se
ha cancelado el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de
Estupefacientes, por ejemplo, en sentencia del 8 de junio de 20108, se manifestó:
Se recuerda que en la demanda se pretendía fuera declarada la nulidad del acto
administrativo proferido por la Dirección Nacional de Estupefacientes, que se
abstuvo de expedir al actor un certificado de carencia de informes por tráfico de
estupefacientes a raíz de una investigación penal que se inició en su contra,
que finalmente fue archivada al decretarse la prescripción de la acción penal;
pero que originó que la Aeronáutica Civil le suspendiera los privilegios de la
licencia de piloto…
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
junio de 2010, C.P. María Claudia Rojas Lasso, exp. 25000-23-24-000-2001-90277-01.
12
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119)
Actor: JOSÉ IVÁN PERDOMO MOSQUERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Esa misma sección en la aclaración de voto que se presentó en la sentencia
proferida el 19 de septiembre de 20189, dijo:
El certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes es un acto
definitivo que resuelve una situación particular y puede solicitarse para múltiples
fines, no únicamente para la obtención o renovación de la licencia de piloto.
La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia proferida en un proceso en
el que se demandaba la nulidad de algunas Resoluciones mediante las cuales se
había anulado y abstenido de expedir el Certificado de Carencia de Informes por
Tráfico de Estupefacientes, catalogó dicho certificado como un acto administrativo,
así:
Con base en el anterior marco legal y jurisprudencial se puede concluir que el
certificado de carencia de informe por tráfico de estupefacientes es un acto
administrativo expedido por la Dirección Nacional de Estupefacientes, actualmente
liquidada, por autorización expresa del legislador, aplicando un trámite especial, de
naturaleza policiva, preventivo y de aplicación inmediata, con el fin de certificar que
una determinada persona natural o jurídica no tiene reportes debidamente
fundamentados en las entidades competentes del Estado, relacionados con los
delitos de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento ilícito o del tipificado en el
artículo 6o. del Decreto 1856 de 1989.
Con base en lo hasta aquí expuesto no hay duda de que la Resolución 334 de 2008
y su confirmatoria 722 de 2008, mediante las cuales la DNE se abstuvo de expedir
el Certificado de Carencia de Informe por Tráfico de Estupefacientes al señor José
Iván Perdomo Mosquera, son actos administrativos proferidos con el fin de certificar
que una persona natural o jurídica no tiene reportes en las entidades competentes
del Estado, relacionados con los delitos de narcotráfico y conexos, de
enriquecimiento ilícito o del tipificado en el artículo 6o. del Decreto 1856 de 198910,
consistentes en haber prestado su nombre para adquirir bienes con dineros
provenientes de las conductas punibles antes enunciadas.
Ahora, como lo pretendido por la parte demandante es que se declare la
responsabilidad de la DNE porque se abstuvo de expedir el Certificado de Carencia
de Informes por Tráfico de Estupefacientes, sin que hubiera constatado la
veracidad de las informaciones que se tuvieron como base para dicha negativa, se
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
septiembre de 2018, C.P. María Elizabeth García González, exp. 11001-03-24-000-2009-00467-00.
En el mismo sentido sentencia del 14 de marzo de 2024, exp. 08001233300019991076401, CP.
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
10
Artículo 6º. Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de
narcotráfico y conexos, incurrirá en pena de prisión de cinco a diez años y multa de dos mil (2.000)
a cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes.
13
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119)
Actor: JOSÉ IVÁN PERDOMO MOSQUERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
debe entender que en la demanda se están presentando cargos de nulidad contra
la Resolución 0334 de 2008 y su confirmatoria 722 de 2008, por haber sido
expedidas con falsa motivación11.
Lo anterior cobra relevancia al revisar las pretensiones de la demanda:
PRIMERA: Que se declare que la Nación Colombiana representada en el
Ministerio de Justicia y del Derecho-Dirección Nacional de Estupefacientes en
liquidación y en el Ministerio de Defensa-Policía Nacional y a la persona jurídica
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil; son administrativamente
responsables por el daño antijurídico y perjuicios materiales e inmateriales
causados a los demandantes, con ocasión de la conducta administrativa
mediante la cual sin argumentos y fundamentos fácticos y jurídicos suficientes,
la Dirección Nacional de Estupefacientes con basamento en información (no
fundamentada) obtuvo presuntamente de anotación en la página web de la
Procuraduría General de México y registro de cuerpos de inteligencia
Mexicanas, sin fundamentar, resolvió abstenerse de expedir el certificado de
carencia de informes por tráfico de estupefacientes (Resolución 0334 de 29 de
febrero de 2008, confirmada mediante Resolución 0722 de junio 11 de 2008) y
la posterior actuación administrativa de la Dirección de Medicina y licencias
aeronáuticas de la Secretaría de Seguridad Aérea de la Aeronáutica Civil
Unidad Administrativa Especial que mediante Resolución 03225 de 14 de julio
de 2008 (confirmada mediante Resolución 06058 de diciembre 10 de 2008)
suspendió los privilegios de las licencias PCA-4474, PTL-1355 e IVA-1446 al
señor José Iván Perdomo Mosquera; daño antijurídico y perjuicios materiales e
inmateriales que adquieren entidad para accionar, en primer término con la
expedición de la Resolución 038 de 25 de julio de 2012, mediante el cual el
Ministerio de Justicia y del Derecho (que ante la liquidación de la DNE, asume
sus funciones) declara a pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 0334 de
29 de febrero de 2008 y Resolución 0722 de junio 11 de 2008 que la había
confirmado, por medio de la cual la Dirección Nacional de estupefacientes se
abstuvo de expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de
estupefacientes al señor José Iván Perdomo Mosquera; y en segundo término,
con la expedición de la Resolución 05497 de 01 de octubre de 2012 (que es la
que restituye la licencia) mediante la cual la Dirección de Medicina y licencias
Aeronáuticas de la Secretaría de Seguridad Aérea de la ACUAE, declara la
pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 03225 de 1 de julio de 2008, por
la cual se suspende los privilegios de las licencias PCA-4474, PTL-1355 e IVA-
1446 al señor José Iván Perdomo Mosquera.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, los demandados,
Nación Colombiana representada en el Ministerio de Justicia y del Derecho-
Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación y en el Ministerio de
Defensa-Policía Nacional y a la persona jurídica Unidad Administrativa Especial
de Aeronáutica Civil, sean condenados de manera solidaria, como reparación
del daño ocasionado, a sus hijos José Iván y Juan David Perdomo Berrocal
(menores de edad) y Daniela Perdomo Berrocal o a quien represente
legalmente sus derechos, por concepto de perjuicios de orden material y moral,
las sumas de acuerdo a la tasación que se hace en el acápite o capítulo V, de
11
Berrocal Guerrero, Luis Enrique, Manual del acto administrativo, Bogotá, Librería Ediciones del
Profesional, 2009, p. 550 “Este vicio se presenta cuando la sustentación fáctica del acto carece de
veracidad, es decir, no hay correspondencia entre lo que se afirma en las razones de hecho o de
derecho que se aducen para proferir el acto y la realidad fáctica y/o jurídica, de allí que se de en las
siguientes situaciones: -Por falsedad en los hechos, esto es, cuando se invocan hechos que nunca
ocurrieron, o se describen en forma distinta a como ocurrieron. –Por apreciación errónea de los
hechos, de suerte que los hechos aducidos, efectivamente ocurrieron, pero no tienen los efectos o
el alcance que les da el acto administrativo o no corresponden a los supuestos descritos en las
normas que se invocan”.
14
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119)
Actor: JOSÉ IVÁN PERDOMO MOSQUERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
tasación de los perjuicios o según resulte probado dentro del proceso
actualizados o indexados a la fecha de la sentencia...
En el texto de la demanda se afirma que la DNE se abstuvo de expedir el Certificado
de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes mediante la Resolución
0334 de 2008 con fundamento en que “una vez requeridos los diferentes
organismos investigativos y de seguridad del Estado, respecto de información
debidamente fundamentada acerca de comportamientos relacionados con los
delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, apareció de fuente extranjera de
inteligencia, información (no fundamentada ni confirmada) del Grupo de
inteligencia de la Policía Nacional, relacionada en el oficio 0221 GRUIN-REGIN de
20 de junio de 2006; y oficio 219 GRUIN-REGIN de 20 de agosto de 2007” (numeral
cuarto, capítulo de hechos).
En el hecho quince advierte que el señor José Iván Perdomo Mosquera, como
consecuencia de los mencionados actos (se refiere a la Resolución 0334 de 2008
y su confirmatoria 722 del mismo año) “gravemente antijurídicos” se vio privado
de su derecho al trabajo.
En el capítulo de fundamentos de derecho se afirma que “excluyendo las
consideraciones acerca de circunstancias fácticas confrontadas con las
informaciones y anotaciones que sustentaron los actos, estos parecieran, y sólo en
apariencia, desde sus elementos formales ajustados al debido proceso y
fundamentados documentalmente, por supuesto cuestionando desde ya, que dicho
soporte documental fuera adecuado y cuidado. Sin embargo, faltó por lo menos el
ejercicio de confrontación con un hecho irrebatible, el señor Perdomo Mosquera
gozaba de plena libertad y seguía entrando y saliendo de México sin ninguna
dificultad”.
Más adelante se adujo que “además resulta aberrante la omisión de los
funcionarios al ignorar toda una serie de documentos u oficios provenientes
de entidades o autoridades nacionales y de autoridades mexicanas, en los cuales,
aún antes de que tomaran las decisiones administrativas, indicaban serias
inconsistencias en la información. Y es que existían informaciones contradictorias,
a tal punto que mientras dos oficios que contenían anotaciones en que se señalaba
al señor José Iván Perdomo Mosquera como capturado e implicado en procesos
por narcotráfico y lavado de activos, otros en mayor cantidad y claridad indicaban
15
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119)
Actor: JOSÉ IVÁN PERDOMO MOSQUERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
que no encontraron en sus registros y bases de datos, antecedentes o anotaciones
de cualquier índole”.
Concluyó que “la falla de servicio se configura en el momento en que las entidades
demandadas omitieron de forma negligente, por demás, realizar la debida
verificación para obtener la certeza de que la información aparecida estuviese
debidamente fundamentada y correspondiera a la realidad”.
Se reitera que es evidente que la parte demandante considera que los actos
administrativos mediante los cuales la DNE se abstuvo de expedir el Certificado de
Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes al señor José Iván Perdomo
Mosquera son “gravemente antijurídicos”, en la medida en que se basaron en
información, que considera, no fue debidamente verificada, ni confrontada con la
realidad; es decir, se están presentando cargos de nulidad del acto por falsa
motivación.
Entonces como lo que se cuestiona es la legalidad de unos actos administrativos,
resulta necesario adecuar la demanda al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho12 procedente en este tipo de casos y se dispondrá a
verificar los presupuestos procesales del medio de control.
2.- Competencia
En atención a lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo
615 del CGP, el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda
instancia, de «las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por
los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación».
Por su parte, el numeral 3 del artículo 152 del CPACA dispone que los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, «de los de
nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos
de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales vigentes».
12
ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas
en el inciso segundo del artículo anterior.
16
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119)
Actor: JOSÉ IVÁN PERDOMO MOSQUERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
En el caso bajo estudio, se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía
señalada en la mencionada disposición normativa13, razón por la cual se concluye
que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia emitida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 25 de septiembre de 2020.
3. Legitimación en la causa
El señor José Iván Perdomo Mosquera está legitimado en la causa en
consideración a su interés en los actos acusados.
Los señores Daniela, José Iván y Juan David Perdomo Berrocal afirmaron haber
padecido daños económicos y morales, derivados de la ilegalidad del acto
demandado, por el hecho de ser hijos del señor José Iván Perdomo Mosquera14,
de quien, además, dependían económicamente. Su manifestación de ser
damnificados con los actos los legitima para acudir a este proceso, al margen de la
decisión que pueda adoptarse al analizar el carácter cierto y directo del daño que
hubieran padecido.
En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que los daños que se
invocan en la demanda provienen de la actuaciones desarrolladas por la DNE, la
Policía Nacional y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, entidades
que son acusadas de ser las causantes de los perjuicios que reclama la parte actora;
por tanto, tienen interés en controvertir las pretensiones, dado que sobre estas
podrían recaer las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas de las
súplicas indemnizatorias impetradas, por lo que cuentan con legitimación en la
causa por pasiva para actuar en el presente asunto.
4. La demanda en tiempo
La caducidad es la sanción que consagra la ley por el ejercicio tardío del derecho
de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el
ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente
demanda.
13
La pretensión mayor corresponde a lo pedido por concepto de perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante, el cual ascendió a la suma de $362´917.846,25 y para la fecha de
presentación de la demanda -13 de enero de 2015- 500 SMLMV equivalían a $193´305.000.
14
A folios 1 a 3 del cuaderno 3 se encuentran los registros civiles de nacimiento en los que se certifica
que el señor José Iván Perdomo Mosquera es su padre.
17
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119)
Actor: JOSÉ IVÁN PERDOMO MOSQUERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Dicha figura no admite suspensión, salvo que se presente solicitud de conciliación
extrajudicial en derecho, en concordancia con lo previsto en la Ley 640 de 200115,
así como tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada
de oficio por el juez.
Previo a analizar este punto de la sentencia, la Sala estima necesario referirse a
que en un principio la demanda fue rechazada por caducidad16, providencia contra
la cual se interpuso recurso de apelación y fue revocada por esta Corporación; sin
embargo, en dicha oportunidad no se tuvo en cuenta la naturaleza jurídica del
Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes.
A pesar de lo anterior, se debe precisar que es obligación del juez pronunciarse
frente a todos los aspectos procesales del medio de control ejercido, aún sin que
medie petición de parte, como los referidos a la legitimación en la causa y a la
caducidad de la acción17.
De las pruebas que obran en el expediente se encuentra probado que:
El 6 de junio de 2006, el señor José Iván Perdomo Mosquera le solicitó a la DNE la
expedición del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes18,
con el objeto de tramitar, ante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil, la extensión de su licencia de piloto.
15
“Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de
conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que
se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el
término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión
operará por una sola vez y será improrrogable”.
16
ARTÍCULO 169. (…) “Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los
siguientes casos…1. Cuando hubiere operado la caducidad”.
17
“Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la
acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad
con la providencia censurada”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Sala Plena, sentencia de 6 de abril de 2018, Exp. 46.005, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
18
El literal f) del artículo 93 de la ley 30 de 1.986, consagra la expedición de dicho Certificado por la
Oficina de Estupefacientes del Ministerio de Justicia como requisito para adelantar determinadas
actividades ante el Departamento de Aeronáutica Civil. Es del siguiente tenor: "Artículo 93. La
Oficina de Estupefacientes del Ministerio de Justicia hará las veces de Secretaría Ejecutiva del
Consejo, para lo cual cumplirá las siguientes funciones : "… f. Expedir el certificado de carencia de
informes por tráfico de estupefacientes en un plazo máximo de sesenta (60) días transcurrido el cual
se entenderá resuelta favorablemente la solicitud y por consiguiente se expedirá éste a las personas
que adelanten trámites ante el Departamento de la Aeronáutica Civil en forma particular o como
miembro de empresas, para lo siguiente : "… 8. Aprobación de licencias para personal aeronáutico”.
18
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119)
Actor: JOSÉ IVÁN PERDOMO MOSQUERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
En dicha oportunidad la DNE profirió la Resolución 0334 de 29 de febrero de 200819,
mediante la cual se abstuvo de expedir el certificado solicitado porque encontró que
contra el señor José Iván Perdomo Mosquera existía una anotación, consistente en
la noticia de su captura indicada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e
Información para el Combate de la Delincuencia de la Procuraduría General de la
República de México, “al parecer por su participación en el envío de cargamentos
de dólares americanos, producto del narcotráfico”.
La anterior información fue remitida por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía
Nacional en los oficios 0221 GRUIN – REGIN de junio 20 de 2006 y 219 GRUIN –
REGIN de 30 de agosto de 2007, que referían que el señor Perdomo había sido
detenido en México en una operación de control de tráfico de estupefacientes.
En la Resolución referida, la DNE además de abstenerse de expedir el certificado
de carencia de informes por tráfico de estupefacientes le informó al peticionario que
si deseaba solicitar la expedición de un nuevo certificado debía aclarar, ante la
autoridad extranjera, el registro que sirvió de fundamento a la decisión, de
conformidad con el artículo séptimo del Decreto Legislativo 2894 de 199020 (fls. 14-
24 c. 2).
Contra la anterior Resolución el señor José Iván Perdomo Mosquera interpuso
recurso de reposición. El recurso interpuesto fue resuelto con la Resolución 0722
del 11 de junio de 2008 que confirmó la decisión impugnada. Decisiones que
quedaron en firme el 19 de junio de 2008 (fl. 40 c. 2).
De conformidad con lo previsto en el literal d, del numeral 2, del artículo 164 del
CPACA, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho debe instaurarse
dentro de los cuatro meses “contados a partir del día siguiente al de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación” del acto.
19
La Sección Primera del Consejo de Estado catalogó el certificado de carencia de informes de
tráfico de estupefacientes como “un acto administrativo expedido por la Dirección Nacional de
Estupefacientes…” Sentencia del 7 de febrero de 2002, expediente 4396.
En la misma línea la Corte Constitucional manifestó que el certificado es “un acto administrativo
expedido por la Subdirección de Estupefacientes de la DNE a aquellas personas que no reportan
informes sobre tráfico de estupefacientes…”. Sentencia del 7 de febrero de 2009, expediente T-
2.808.968.
20
Artículo 7. La Dirección Nacional de Estupefacientes al abstenerse de expedir el Certificado de
que trata este Decreto, informará al peticionario las razones que tiene, con el objeto de facilitarle la
aclaración de su situación jurídica ante las autoridades correspondientes.
19
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119)
Actor: JOSÉ IVÁN PERDOMO MOSQUERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
De conformidad con la certificación expedida por la DNE, las Resoluciones 0334 y
722 de 2008 quedaron en firme el 19 de junio de 2008, así las cosas, el plazo para
demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
vencía el 20 de octubre de 2008; sin embargo, la demanda fue incoada el 13 de
enero de 2015, cuando ya había operado la caducidad.
Como consecuencia de la negativa de expedir el Certificado de Carencia de
Informes de Tráfico de Estupefacientes, también le fue negada la extensión de las
licencias de piloto PCA-4474, PTL-1355 e IVA-1446 al señor José Iván Perdomo
Mosquera mediante la Resolución 3225 de 14 de julio de 2008 confirmada con la
Resolución 06058 de diciembre 10 de 2008. A pesar de que en el plenario no existe
información de la fecha en la cual le fue notificada o comunicada la última decisión
al señor Perdomo Mosquera, entiende la Sala que éste tuvo conocimiento de la
misma en mayo del 2011, cuando se le impuso sanción de suspensión y multa por
realizar vuelos con la licencia vencida21 y, posteriormente, en el año 2012, cuando
se expidió la Resolución 38 del 25 de julio de 2012, mediante la cual el Ministerio
de Justicia y del Derecho declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de las
Resoluciones 334 y 0722 de 2008, por lo que no hay duda de que la demanda,
presentada en el año 2015, resulta extemporánea.
La anterior situación no cambia con la presentación de la solicitud de conciliación
extrajudicial el 15 de septiembre de 2014, ante la Procuraduría n.° 51 para Asuntos
Administrativos de Bogotá, la cual se declaró fallida el 5 de noviembre de 2014 (fls.
136-137 c. 3).
Por lo hasta aquí expuesto se procederá a modificar la sentencia para en su lugar
declarar la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Ahora bien, en la demanda también se imputa responsabilidad a la Policía Nacional
por haber remitido información sobre antecedentes del demandante, sin verificar
su certeza, conforme a los oficios 221 del 20 de junio de 2006 y 219 del 30 de
21
A través de la la Resolución 6514 del 1º de diciembre de 2010, confirmada por la Resolución 1340
del 18 de marzo de 2011, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil le impuso al señor
José Iván Mosquera Perdomo una sanción consistente en suspensión de 10 días y multa por
$12´876.030, por haber realizado vuelos con la licencia vencida. En el proceso obra constancia de
ejecutoria de 2 de mayo de 2011, correspondiente a la Resolución 1340 del 18 de marzo de 2011,
notificada por edicto desfijado el 29 de abril de 2011.
20
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119)
Actor: JOSÉ IVÁN PERDOMO MOSQUERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
agosto de 2007, la cual sirvió de fundamento a la DNE para abstenerse de expedir
el Certificado de Carencia de Informe por Tráfico de Estupefacientes .
Advierte la Sala que el trámite para la expedición del Certificado de Carencia de
Informe por Tráfico de Estupefacientes se encuentra reglado, como antes se
señaló22; por tanto, una vez la DNE recibió la solicitud del señor José Iván Perdomo
Mosquera para que le fuera expedido el certificado, esta entidad ofició a las
autoridades competentes, entre ellas, a la Policía Nacional, para que remitieran la
información de los registros del comportamiento del solicitante, relacionados con
los ilícitos de narcotráfico.
Los oficios relacionados con antelación corresponden a actos de trámite tendientes
a brindar información para que la DNE tuviera el material necesario para decidir si
expedía o se abstenía de expedir el certificado solicitado.
En este orden de ideas, como los oficios 221 del 20 de junio de 2006 y 219 del 30
de agosto de 2007 expedidos por la Policía Nacional son actos preparatorios, se
debe destacar que conforme a los artículos 7523 y 13824 del CPACA no habrá
recursos contra los actos de trámite o preparatorios, y la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho deberá dirigirse contra el acto que ponga fin al
procedimiento administrativo, en este caso corresponde a las resoluciones
proferidas por la DNE. Por tanto, también se negarán las pretensiones formuladas
por el demandante contra la Nación -Ministerio de Defensa- Policía Nacional.
22
Decreto 2894 de 1991. Artículo 3° Recibidas las solicitudes debidamente diligenciadas, la
Dirección Nacional de Estupefacientes, demandará simultáneamente de las autoridades
competentes, la información de los registros debidamente fundamentados que posean, sobre
comportamientos relacionados con los ilícitos de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento ilícito o
del tipificado en el artículo 6° del Decreto 1856 de 1989, que reposen en sus respectivos archivos en
relación con las personas solicitantes.
23
ARTÍCULO 75. IMPROCEDENCIA. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni
contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa.
24
ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas
en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de
aquel (se resalta).
21
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119)
Actor: JOSÉ IVÁN PERDOMO MOSQUERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
6. Condena en costas
Según lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 365 del Código General del
Proceso, se condenará en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación.
Por lo anterior se condenará en costas a la parte demandante que es la apelante,
en tanto que se modificó la sentencia impugnada, para declarar la caducidad del
medio de control. En cuanto a su liquidación se hará por el a quo, según lo regulado
por el artículo 366 del estatuto procesal general.
De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el
acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda25, en materia de
tarifas de agencias en derecho se debe observar lo prescrito en el Acuerdo 1887 de
2003.
El presente asunto corresponde a un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, cuyas pretensiones económicas equivalían a $13´500.000, a título de daño
emergente, $362´917.846 por lucro cesante y $492´800.000 por perjuicios morales,
cuya sumatoria corresponde a $869´217.846, asunto en el que la parte demandante
resultó vencida en segunda instancia porque se modificó la sentencia de primera
instancia que para declarar la caducidad de la demanda.
A partir de lo expuesto, se fijan las agencias en derecho en la segunda instancia en
el 1% de $869´217.846, es decir, la suma de $8´692.178,46 a favor de las entidades
demandadas, por partes iguales; la suma de dinero establecida deberá incluirse en
la liquidación de costas a cargo de la parte vencida en el recurso, en este caso la
parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 25 de septiembre de 2020, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sección B. En su
25
La demanda se presentó el 13 de enero de 2015. El Acuerdo 1887 de 2003 se encontraba vigente
para ese momento.
22
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119)
Actor: JOSÉ IVÁN PERDOMO MOSQUERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
lugar, declarar la caducidad de la demanda, en relación con las imputaciones
formuladas contra la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, y negar las pretensiones de la
demanda dirigidas en contra de la Policía Nacional, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Condenar en costas en segunda instancia a la parte demandante.
Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $8´692.178,46, a
favor de las demandadas, Ministerio de Justicia y del Derecho, Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y Policía Nacional, en partes iguales;
la suma de dinero establecida deberá incluirse en el auto de liquidación de costas
a cargo de la parte demandante.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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