Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00416-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00416-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2020-00416-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
30 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000-23-36-000-2020-00416-01 (70.821)
Demandantes: RAÚL FAJARDO CIFUENTES Y OTROS
Demandado: MUNICIPIO DE CHÍA
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
TEMAS: REPARACIÓN DIRECTA / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Procedencia – Actos administrativos particulares que se consideran ilegales –
Interpretación de la demanda – Finalidad material de las pretensiones – Acto administrativo
de expropiación – Cuestionamiento de razones de utilidad pública y condiciones de
urgencia – Inconformidad con el precio / EXPROPIACIÓN JUDICIAL / La reparación directa
no es procedente para adelantar juicios de legalidad – Mecanismo idóneo para cuestionar
los fundamentos de un acto administrativo particular.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 26 de octubre de 2023, mediante la cual la Subsección A de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
2. La parte actora considera que la entidad accionada incurrió en una falla en el
servicio, toda vez que para adquirir su inmueble no promovió un proceso de
expropiación judicial, sino que adelantó una actuación administrativa, en la que
expidió una resolución con varias falencias, que llevaron a que le pagaran su predio
por un precio menor al que realmente correspondía.
II. ANTECEDENTES1
La demanda
3. El 17 de diciembre de 20202, los señores Raúl, Reinaldo y María del Carmen
Fajardo Cifuentes, Oswaldo, Henry, Sandra y Jimena Andrea Fajardo Pedroza, a
través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentaron demanda contra el municipio de Chía, en virtud de la cual
formularon las siguientes pretensiones (se transcribe literal, incluso con posibles
errores):
“1.1. Declarar que el MUNICIPIO DE CHÍA (Cundinamarca), incurrió en una falla
del servicio al no instaurar, en los términos del artículo 399 del C. G. del P., un
1
El expediente digital obra en el aplicativo Samai, gestión en otras corporaciones:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000233600020200
0416011100103.
2
Índice 1 de Samai.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00416-01 (70821)
Demandantes: Raúl Fajardo Cifuentes y otros
Demandado: Municipio de Chía
Referencia: Reparación directa
proceso civil de ‘expropiación judicial’ sino recurrir a un inadecuado proceso de
‘expropiación administrativa’ del bien inmueble lote número 2 de la subdivisión
del predio SAN CAYETANO, ubicado en la vereda Fonqueta, jurisdicción del
municipio de Chía, Cundinamarca, contenido en la RESOLUCIÓN NUMERO
182 del 19 de diciembre de 2018.
1.2. Declarar que el MUNICIPIO DE CHÍA (Cundinamarca), incurrió en una falla
del servicio al recurrir a la ‘expropiación administrativa’ (…) sin determinar el
uso, la licencia de urbanismo y los linderos y medidas contenidos en la tradición
del inmueble y no establecer de forma clara, inequívoca y especifica la
destinación del bien, ni los motivos de utilidad pública y las condiciones de
urgencia concordantes.
1.3. Declarar que el MUNICIPIO DE CHÍA (Cundinamarca), es responsable de
los graves perjuicios ocasionados a los propietarios (…) al no instaurar (…) un
proceso civil de expropiación judicial sino recurrir a un ilegitimo proceso de
expropiación administrativa (…) , sin determinar el uso, la licencia de urbanismo
y los linderos y medidas contenidos en la tradición del inmueble y no establecer
de forma clara, inequívoca y especifica la destinación del bien, ni los motivos de
utilidad pública y las condiciones de urgencia concordantes.
1.4. Declarar que el MUNICIPIO DE CHÍA (Cundinamarca), debe indemnizar los
graves perjuicios causados a los propietarios (…)”3 (Mayúsculas dentro del
texto).
4. A título de indemnización de perjuicios, los accionantes solicitaron
$1.232’314.328, suma que, en su criterio, corresponde a: i) la diferencia entre el
valor pagado y el precio real del predio - $1.218’835.757-, y ii) el lucro cesante
causado hasta la fecha de presentación de la demanda -$13’478.571-.
5. Como pretensiones subsidiarias, la parte actora pidió que se condenara a la
demandada a pagar las referidas sumas, bajo el título jurídico de imputación de
daño especial, en virtud de los actos administrativos que declararon la existencia de
motivos de utilidad pública y la configuración de razones de emergencia que
permitieron la expropiación administrativa.
6. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se indicaron los siguientes:
7. Los demandantes adquirieron en 2017, por adjudicación en la sucesión de la
señora Carmen Rosa Cifuentes de Fajardo, el predio identificado con matrícula
inmobiliaria 50N-437125 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá, ubicado en Chía, el cual desde 2003 contaba con licencia de urbanismo y
reglamento de propiedad horizontal.
8. Mediante los Decretos Nos. 067 y 068 del 2 de octubre de 2018, el municipio de
Chía anunció que el predio citado estaba ubicado en una zona en la que se
desarrollaría una obra pública, por lo que ordenó su avalúo y declaró que su
adquisición procedía por motivos de utilidad pública e interés social.
9. El 12 de diciembre de 2018, el referido ente territorial determinó el carácter
3
Folios 1 a 3 del escrito de demanda, documento obrante en el índice 1 de Samai.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00416-01 (70821)
Demandantes: Raúl Fajardo Cifuentes y otros
Demandado: Municipio de Chía
Referencia: Reparación directa
administrativo de la “adquisición” y realizó la oferta de compra No. 10 de 2018 por
valor de $780’158.443, en la que, como factor determinante del precio, no se tuvo
en cuenta que el predio tenía licencia de urbanismo, ni su área y linderos reales,
omisión que llevó a que los accionantes no aceptaran dicho ofrecimiento.
10. Según los demandantes, sin que se agotara una etapa de 30 días de
negociación voluntaria y sin que se hubiese promovido el respectivo proceso judicial
previo, mediante la Resolución No. 182 del 19 de diciembre de 2018, el municipio
de Chía decidió expropiar administrativamente el predio.
11. La anterior resolución fue notificada entre el 19 y 21 de diciembre de la misma
anualidad, y los propietarios renunciaron a términos, razón por la cual, el 24 de
diciembre siguiente, les fue cancelado el precio del inmueble a prorrata.
12. En el memorial de subsanación de la demanda, los demandantes precisaron
que el daño se materializó con la Resolución 182 del 19 de diciembre de 2018, en
tanto que, a su juicio, el municipio de Chía incurrió en una falla del servicio, dado
que: i) no tuvo en cuenta que el predio contaba con licencia de urbanización y
reglamento de propiedad horizontal, de ahí que tuviera un gran potencial
económico; ii) a pesar de que el predio era rural, lo incluyó en un proyecto de
renovación urbana; iii) no especificó la destinación del inmueble, requisito esencial
de este tipo de decisiones; iv) no agotó la etapa de negociación previa por 30 días;
v) no se presentaron condiciones de urgencia, y v) ordenó la expropiación
administrativa, a pesar de que la procedente era la judicial, con lo cual se vulneró el
derecho al debido proceso.
La contestación de la demanda
13. El municipio de Chía4, a título de excepción, alegó que a través de la reparación
directa no es posible cuestionar la legalidad del acto administrativo de expropiación,
menos aún por vicios como los alegados en la demanda -desviación de poder y
falsa motivación-, los cuales son propios del análisis inherente a la nulidad y
restablecimiento del derecho, tal como lo señala el artículo 71 de la ley 388 de 1997.
14. En cuanto al fondo del asunto, la entidad demandada indicó que: i) no incurrió
en una falla del servicio y tampoco se configuró un daño especial; ii) no se probó la
existencia de un daño derivado de la resolución expedida en el sub lite; iii) además
de los motivos de utilidad pública previamente declarados, se configuraron las
condiciones de urgencia que habilitaban la expropiación administrativa, sin que
fuera necesaria la de carácter judicial; iv) la destinación del inmueble fue claramente
establecida, no fue modificada durante el trámite y se concretó mediante las obras
ejecutadas; v) el proyecto desarrollado, en efecto, se subsumía en los consagrados
en la ley para proceder a la expropiación; vi) el predio fue delimitado a partir de los
linderos obtenidos mediante levantamiento topográfico.
15. Sostuvo que la actuación administrativa fue tramitada en los términos de ley, al
punto de que los accionantes no interpusieron recursos contra la decisión, sino que
renunciaron a términos.
4
El escrito de contestación de la demanda y aquel a través del cual se formuló la excepción citada
obran en el índice 11 de Samai.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00416-01 (70821)
Demandantes: Raúl Fajardo Cifuentes y otros
Demandado: Municipio de Chía
Referencia: Reparación directa
16. A través de auto del 11 de noviembre de 2021, el Tribunal a quo concluyó que
la discusión no versaba sobre la legalidad de acto administrativo alguno, pues como
fuente de los daños se invocó “una actuación que considera irregular”, en tanto que
el municipio de Chía en el proceso de expropiación administrativa no identificó de
manera adecuada el bien de acuerdo a su uso, la licencia urbanística y sus linderos;
además, por la ausencia de motivos de utilidad pública o condiciones de urgencia
requeridas para el particular.
17. Por lo anterior, en la audiencia inicial del 4 de agosto de 2022, se precisó que al
amparo de la pretensión de reparación directa no se estudiaría ningún aspecto de
legalidad o situación que constituyera causal de nulidad de los actos administrativos
proferidos en el caso concreto.
La sentencia de primera instancia
18. Mediante providencia del 26 de octubre de 20235, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda.
19. El a quo precisó que la parte actora pretendía que la entidad la indemnizara por:
i) ordenar la expropiación administrativa y no acudir a la expropiación judicial; y ii)
adoptar la decisión sin caracterizar el bien como correspondía, ni precisar
claramente su destinación, ni los motivos de utilidad pública y urgencia que la
habilitaban para proceder de conformidad.
20. Luego, precisó que contra la resolución que ordena una expropiación procede
el recurso de reposición y la pretensión de nulidad y de restablecimiento del
derecho, mecanismos que la parte actora no ejerció, sin que resulte de recibo que
a través de la reparación directa se cuestione si la decisión se adoptó en los
términos que correspondía.
21. En todo caso, la entidad ordenó la expropiación administrativa con la debida
indicación de la destinación del inmueble y previa declaración de utilidad pública;
además, como el precio fue pagado, no procedía proceso judicial alguno.
22. También se negaron las pretensiones subsidiarias de aplicación del título
jurídico de imputación de daño especial, porque en la vía administrativa se realizó
el reconocimiento económico pertinente.
23. Finalmente, la parte actora fue condenada en costas, en la que se determinó la
suma de $3’000.000 a favor del municipio de Chía, por concepto de agencias en
derecho.
El recurso de apelación
24. En su escrito de impugnación la parte actora solicitó que se revoque la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda,
para lo cual precisó que Tribunal Administrativo de Cundinamarca se equivocó al
considerar que el daño provino de la expropiación, cuando lo cierto es que su causa
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Índice 61 de Samai.
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Demandantes: Raúl Fajardo Cifuentes y otros
Demandado: Municipio de Chía
Referencia: Reparación directa
deviene de no promover el proceso judicial idóneo para tal fin, lo que fue resultado
de varias falencias constitutivas de una falla en el servicio.
25. Adujo que el a quo pasó por alto que en este caso no resultaba procedente la
expropiación administrativa, sino la judicial, pues el predio era de carácter rural y,
por ende, no era apto para proyectos de renovación urbana; además, no se
configuraban condiciones de urgencia, ni motivos de utilidad pública; al tiempo que
su destinación fue variada durante la actuación, con el fin de ejercer facultades que,
en principio, no eran aplicables.
26. En su criterio, el demandado, al amparo de una vía de hecho, escogió
irregularmente la expropiación administrativa, con lo cual desconoció que la judicial
resultaba ser más garantista, en aspectos como el precio final, en tanto que sería
mayor, dadas las facultades otorgadas a las autoridades judiciales.
27. Sostuvo que el a quo erró al considerar que la renuncia a términos enerva las
falencias de la entidad, dado que la ilegalidad no es objeto de convalidación y
finalmente, adujo que el precio fijado por la entidad no contempló todos los perjuicios
que fueron causados.
28. El Ministerio Público6 solicitó que se confirme la sentencia apelada, dado que
no se causó ningún daño a la parte actora con la expropiación administrativa
ordenada, debido a que no se probó que el precio pagado hubiese resultado
insuficiente y, en todo caso, la decisión cuestionada se profirió con observancia de
la normativa aplicable, sin que se configuraran falencias como las invocadas por los
accionantes.
III. CONSIDERACIONES
29. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide
lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de
jurisdicción y competencia, así como el agotamiento de la conciliación, procede la
Sala a decidir la segunda instancia de la presente litis, según lo planteado en el
recurso de apelación de la parte actora, en el marco de lo cual analizará la
pretensión procedente y la oportunidad de la demanda.
30. Con ese propósito, se abordarán los siguientes asuntos: i) alcance de la
apelación; ii) decisión de los cargos de apelación; y iii) condena en costas en
segunda instancia.
Alcance de apelación: objeto del recurso y los cuestionamientos a resolver
31. La parte actora apeló, la sentencia bajo los siguientes argumentos: i) el daño
reclamado no tiene como fuente la expropiación, sino el hecho de no haberse
promovido el respectivo proceso judicial; ii) el Tribunal no tuvo en cuenta las
falencias en las que incurrió el demandado al ordenar la expropiación en la vía
administrativa, y iii) el precio fijado no comprendió todas las afectaciones causadas.
32. Bajo este contexto, la Sala no hará pronunciamiento alguno en relación con el
análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado bajo el título jurídico de
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Índice 10 de Samai del Consejo de Estado.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00416-01 (70821)
Demandantes: Raúl Fajardo Cifuentes y otros
Demandado: Municipio de Chía
Referencia: Reparación directa
imputación de daño especial, por cuanto dicho aspecto quedó definido por el a quo
en la sentencia impugnada y en su escrito de apelación la parte actora no manifestó
motivo de inconformidad alguno al respecto.
33. Es claro que para el juez de segunda instancia el marco fundamental de
competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se
aducen y esgrimen en contra de la decisión que se adoptó en la primera instancia,
por lo cual, en principio, los aspectos diversos a los planteados por el recurrente, se
excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación
operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio
dispositivo, razón por la que la jurisprudencia ha sostenido que “las pretensiones
del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia
del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos,
constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem ‘tantum
devolutum quantum appellatum’”7.
34. La competencia del juez de segunda instancia la delimita la parte apelante, en
función de los cargos formulados contra la decisión recurrida, y al ad quem le está
vedado enmendar la providencia en la parte que no fue objeto de recurso, salvo en
lo relacionado con los puntos íntimamente relacionados con la apelación, o
situaciones que se deben abordar de oficio.
35. En este orden de ideas, resulta claro que la competencia del juez de segunda
instancia la constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que
persigue, razón por la cual la Sala analizará el sub lite, según los extremos trazados
en la demanda, lo expuesto en la impugnación y los parámetros fijados por la
jurisprudencia de esta Corporación.
Decisión de los cargos de apelación
36. Como se indicó, en la sentencia impugnada el a quo determinó que, a través de
la reparación directa, por ser una pretensión ajena a los juicios de legalidad, no
resulta viable el estudio de las eventuales falencias de la resolución de expropiación
proferida por el municipio de Chía. A su vez, la parte actora considera que sí es
procedente el análisis de dichas irregularidades, en tanto que no reclama los daños
causados por el acto administrativo de expropiación, sino por no haberse acudido
al proceso judicial previsto para tales fines.
37. En las condiciones analizadas, a la Sala le corresponde determinar si en el sub
lite, a pesar de invocarse la pretensión de reparación directa, resulta procedente el
análisis de las supuestas falencias invocadas por la parte actora en relación con la
decisión por medio de la cual se ordenó la expropiación administrativa de su predio.
38. Al respecto, la Subsección precisa que, en virtud de su facultad de
interpretación, al operador judicial, incluso en la segunda instancia8, le corresponde
determinar si el petitum es susceptible de ser tramitado mediante la vía judicial
invocada por el accionante. De advertir que se ejerce formalmente una pretensión,
7
Al respecto, ver, por ejemplo, sentencia C-583 de 1997 de la Corte Constitucional.
8
Facultad ejercida por esta Subsección en varios asuntos, recientemente, en sentencia del 28 de
junio de 2024, expediente 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119), M.P. María Adriana Marín.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00416-01 (70821)
Demandantes: Raúl Fajardo Cifuentes y otros
Demandado: Municipio de Chía
Referencia: Reparación directa
pero se invoca como fuente del daño un supuesto propio de otra vía procesal, el
asunto debe ser encauzado con observancia del segundo supuesto.
39. De este modo, cuando se pide una indemnización por la vía de la reparación
directa, pero el sustento de las pretensiones es la ilegalidad de un acto
administrativo particular, al margen de lo dicho por el actor, se debe tomar en
consideración el fin perseguido y el trámite se debe adelantar en los términos
previstos para la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho.
40. Al respecto, es menester recordar que la nulidad y restablecimiento del derecho
procede en aquellos eventos en los cuales el daño deviene de un acto administrativo
que se considera ilegal y la reparación directa en los casos en los que la afectación
se deriva de un hecho, omisión, operación administrativa o en un acto
administrativo, siempre que no se cuestione su legalidad9.
41. Según esta Subsección, la procedencia de “(…) la nulidad y restablecimiento
del derecho no desconoce el principio de reparación integral, porque al cuestionar
la legalidad del acto administrativo particular el actor no solo [puede] pedir lo
referente al restablecimiento del derecho, sino también la indemnización de los
perjuicios causados”10. 11.
42. Así las cosas, los daños antijurídicos causados por el Estado a los ciudadanos
no solo son reparables por medio de la pretensión de reparación directa, sino que,
para tal fin, también resulta idónea la de nulidad y restablecimiento del derecho,
siempre que la fuente sea un acto administrativo de carácter particular que se
considera contrario al ordenamiento jurídico.
43. En cuanto al tema objeto de discusión, la Sala precisa que el artículo 58 de la
Constitución Política señala que “en los casos que determine el legislador, [la]
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio”. En concordancia, el
artículo 71 de la Ley 388 de 1997 dispone que “[c]ontra la decisión de expropiación
por vía administrativa procede acción especial contencioso-administrativa con el fin
de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido”.
44. Pues bien, al margen de que la parte actora argumente que el daño no es la
resolución de expropiación como tal, sino el hecho de no haberse promovido un
proceso judicial para tal fin, lo cierto es que debió cuestionar a través de la nulidad
y restablecimiento del derecho la decisión que considera contraria a sus intereses,
pues únicamente a través de un análisis efectuado en dicho escenario se podía
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
abril de 2006, expediente 16079, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Igualmente, en sentencia del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de
noviembre de 2017, exp: 59.236.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 8 de mayo de 2020, expediente 54.413, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
11
Corte Constitucional, sentencia T 945 del 2 de octubre de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00416-01 (70821)
Demandantes: Raúl Fajardo Cifuentes y otros
Demandado: Municipio de Chía
Referencia: Reparación directa
desvirtuar su presunción de legalidad y su carácter obligatorio, para, luego, si lo
consideraba pertinente, abogar para que la expropiación se tramitara ante las
autoridades judiciales.
45. En efecto, la Sala evidencia que el 19 de diciembre de 2018, el Instituto de
Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía profirió la resolución 182,
a través de la cual adoptó las siguientes determinaciones (se transcribe literal,
incluso con posibles errores):
“ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO. - Decidir la expropiación por vía
administrativa conforme se establece en el Capítulo VIII de la Ley 388 de 1997,
del derecho real de dominio (…) correspondiente al predio identificado con (…)
matrícula inmobiliaria 50N-437125, con un área de afectación de CINCO MIL
CIENTO NOVENTA Y TRES PUNTO CUARENTA Y OCHO METROS (5193.48
m2), (…).
ARTÍCULO SEGUNDO: DESTINACIÓN. — El inmueble será destinado para la
ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de
espacios públicos urbanos, de conformidad con el Articulo 58, Literal c) de la
ley 388 de 1997 y Decretos Municipales 67 y 68 de 2018.
(…) ARTÍCULO CUARTO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. El valor
del precio indemnizatorio de la expropiación que se decide a través de la
presente Resolución, es por el valor de SETECIENTOS OCHENTA MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS ($780.158.443), por concepto de valor del predio y lucro cesante, de
conformidad al avalúo comercial realizado (…)”12.
46. En la demanda, los accionantes invocaron como fundamento de sus
pretensiones, la ilegalidad de la referida resolución, a la que le endilgaron varias
falencias, tales como la ausencia de motivos de utilidad pública, de condiciones de
emergencia y de una destinación razonable; además, irregularidades en la
identificación del predio, que, en su criterio, implicaron un precio menor al que
correspondía. Argumentos que fueron planteados en los siguientes términos (se
transcribe literal, incluso con posibles errores):
“El hecho abusivo y completamente ilegal de la administración es desconocer
las características físicas y legales del predio (…).
La segunda vía de hecho, aún más grave, es que se con el fin de expropiar
ilegalmente el predio, (…) la administración se inventa unos motivos de utilidad
pública irreales, abstractos, indefinidos, pero sobretodo imposibles dado que no
pude haber ‘(…) renovación urbana (…)’ en una ‘zona rural’.
La tercera vía de hecho, aún más grave que la anterior, es que (…) entre el acto
inicial o de apertura del proceso de expropiación administrativa (…) y la
RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (…) cambia la destinación del bien
expropiado con el único fin de acomodar la destinación para tomar ilegalmente
facultades que no existen en la ley, dado que la expropiación administrativa (…)
no está permitida para la “CONFORMACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DEL
POLIDEPORTIVO CERCA DE PIEDRA”.
[La] etapa [de negociación] (…) no se desarrolla debido a que se reduce,
inexplicablemente, de treinta (30) días -ordenada en la ley- a solo cinco (05)
días (…).
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Índice 11 de Samai.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00416-01 (70821)
Demandantes: Raúl Fajardo Cifuentes y otros
Demandado: Municipio de Chía
Referencia: Reparación directa
La opción de la nulidad con restablecimiento del derecho es limitada y sobretodo
es aceptar o dar legitimidad a un acto, ilícito, abusivo y de facto desde el
comienzo hasta el final en contra de derechos constitucionales (…), la objeción
está en el hecho ilícito arbitrario y manifiestamente contrario a la ley, de
expropiar administrativamente un bien inexpropiable por esa vía con fines
inventados, ficticio y contrarios a la realidad. Una forma de prevaricar es (…)
expropiar y previamente inventarse motivos de utilidad pública de renovación
sobre lo no renovable y condiciones de urgencia omnipotentes; y una forma de
legitimar dichos actos es aceptarlos como actos administrativos
demandables cuando lo que se debe demandar es la conducta ilícita de la
administración, algo completamente distinto.
En el presente caso (…) no est[án] en las condiciones de urgencia, y (…) proferir
una resolución de expropiación administrativa a cambio de una expropiación
judicial, (…) impide automáticamente al propietario recurrir a la defensa plena
de sus derechos en la jurisdicción civil en la que, además de poder controvertir
los motivos de utilidad pública, puede probar la totalidad de los perjuicios
que están por supuesto más allá del precio comercial del inmueble (…)”13
(Se destaca).
47. Asimismo, en el recurso de apelación, la parte actora insistió en la supuesta
ilegalidad de la decisión adoptada en su caso, en los siguientes términos (se
transcribe literal, incluso con posibles errores)14:
(…) [E]l daño del cual se demanda su reparación, no es la expropiación en sí
misma, sino el haberse escogido una vía ilegal que restringe los derechos
del propietario (…).
(…) [C]rear un motivo de utilidad pública exclusivo para la renovación urbana
sobre un predio rural constituye una clara vía de hecho de la administración, (..)
una falsedad o ilegalidad (…).
Constituye una vía de hecho el que la administración se invente unos motivos
de utilidad pública irreales (…). Tal contradicción por si misma es una prueba
contundente de la ‘vía de hecho’ o por lo menos la falla del servicio en el
espurio proceso de expropiación administrativa.
(…) Además, los motivos invocados en la resolución que decretó la
expropiación administrativa -construcción de un polideportivo- no se subsumen
en las causales de urgencia establecidas para tal fin en los artículos 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, aunado a que fueron modificadas las razones invocado
Constituye una vía de hecho, aún más grave que la anterior, el cambio repentino
de la destinación invocada para la expropiación administrativa del inmueble (…).
(…) Un hecho grave a destacar (…) es que para el Honorable Magistrado la
legalidad de un acto administrativo o los fundamentos de derecho, pueden
ser transables y discutibles con los particulares, de tal forma que un acto ilegal,
que no está amparado en el principio de legalidad, puede quedar subsanado
con el consentimiento de los particulares. (…) [E]s esta la conclusión que debe
llegarse después del argumento del Honorable Magistrado en el sentido de que,
no obstante que la expropiación administrativa no era procedente e
incluso ilícita, el solo consentimiento del particular al recibir el precio
saneaba dicha actuación y hecho administrativo
13
Índice 1 de Samai.
14
Índice 65 de Samai.
9
Radicación: 25000-23-36-000-2020-00416-01 (70821)
Demandantes: Raúl Fajardo Cifuentes y otros
Demandado: Municipio de Chía
Referencia: Reparación directa
(…) Lo cual quiere decir que para El Honorable Magistrado solo si ‘no se
aceptaba el precio’ o si se interponía un recurso oponiéndose al acto
administrativo, la expropiación podría ser ilegal o ocurrir en una falla del servicio
(…).
El principal daño para los propietarios (…) al imponerse la expropiación
administrativa sobre la expropiación judicial, radica esencialmente en que se
expropio la oportunidad (…) para (…) efectuar su propia contestación, exponer
sus propios perjuicios, presentar su propio avalúo y hacer sus propias
alegaciones (…). [S]e destaca que una de las diferencias más notorias es la
fijación del precio indemnizatorio que tiene características distintas (…).
La expropiación judicial es a todas luces más garantista para los derechos de
quienes eran propietarios del inmueble objeto del proceso.
(…) Hay que resaltar, aunque los desconozca el Honorable Magistrado, El
hecho abusivo y completamente ilegal de la administración al desconocer las
características físicas y legales del predio (…)” (Se destaca).
48. Así las cosas, para la Sala es claro que la discusión gravita sobre la supuesta
ilegalidad del acto administrativo de expropiación e, independientemente, de que tal
determinación se califique como una vía de hecho, lo cierto es que ello no torna en
procedente la reparación directa, sino que, en cambio, evidencia que la vía procesal
adecuada es la de nulidad y restablecimiento del derecho, por ser la idónea para
determinar si la entidad que profirió el acto administrativo incurrió en una vía de
hecho, la cual se genera “cuando quien toma una decisión, sea ésta de índole
judicial o administrativa, lo hace de forma arbitraria y con fundamento en su única
voluntad, actuando en franca y absoluta desconexión con el ordenamiento jurídico”
15 (se destaca).
49. La Subsección precisa que la Ley 388 de 1997, en el capítulo VII regula lo
concerniente a la adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y
expropiación judicial, y en el capítulo VIII lo referente a la expropiación
administrativa, modalidades frente a las cuales la Sección Primera16 de esta
Corporación ha precisado:
La expropiación judicial, (…) [e]s la regla general, y se presenta como
consecuencia del fracaso de la etapa de negociación voluntaria, sea porque el
propietario se niegue a negociar, o porque guarde silencio, o porque no cumpla
con el negocio (Artículo 20 Ley 9ª de 1989). Se lleva a cabo por medio de una
resolución que admite recurso de reposición. En firme esta resolución, la
Administración demanda ante la jurisdicción civil al propietario (…).
Por su parte, la expropiación administrativa, (…) [t]ambién se presenta luego
de fracasada la negociación entre la Administración y el propietario, pero es
excepcional en la medida que es necesario que se configure una emergencia
imprevista, en cuyo caso la ley autoriza la declaración de urgencia para adquirir
el predio mediante el trámite de expropiación administrativa, es decir, solo
procederá cuando la destinación del bien expropiado sea para alguno de los
fines previstos expresamente en la ley (artículo 63 Ley 388 de 1997), previa
declaratoria de urgencia cuyas causales también están expresamente
delimitadas en la Ley (artículo 65, ibídem)
15
Corte Constitucional, T- 995 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentería.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 18 de marzo
de 2010, radicado 25000232400020080043401, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00416-01 (70821)
Demandantes: Raúl Fajardo Cifuentes y otros
Demandado: Municipio de Chía
Referencia: Reparación directa
En este orden de ideas, observa la Sala que, ante el fracaso de la etapa de
enajenación voluntaria y la falta de condiciones de urgencia manifiesta, la
Administración tiene la competencia para iniciar por vía judicial la
expropiación, previa resolución que se notifica conforme a los términos
previstos en el Código Contencioso Administrativo, por mandato expreso del
artículo 62 de la Ley 388 de 1997” (se destaca).
50. De conformidad con la jurisprudencia transcrita, es claro que la expropiación por
vía judicial es aquella a la que normalmente debe acudirse y la administrativa es
excepcional, para lo cual se requiere el cumplimiento de lo previsto en el artículo 63
de la Ley 388 de 1997, esto es que: i) que se configuren las condiciones de urgencia
taxativamente mencionadas en la ley, y ii) que se presenten los motivos de utilidad
pública o interés social establecidos específicamente frente a este tipo de
expropiación17.
51. Aclarado lo anterior, la Subsección precisa que es el proceso de legalidad el
escenario para debatir si se configuran los supuestos enunciados -utilidad y
urgencia-; así como para debatir las inconformidades frente al precio. La Sección
Primera18 ha señalado:
“En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o de interés social
constituyen un presupuesto para la legalidad de la expropiación, hace bien el
juez que ejerce el control de legalidad sobre la decisión de expropiación al
verificar su cumplimiento”.
52. En cuanto al precio, se reitera, que el artículo 58 de la Constitución Política prevé
que “en los casos que determine el legislador, [la] expropiación podrá adelantarse
por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa,
incluso respecto del precio”. En concordancia, el artículo 71 de la Ley 388 de
1997 dispone que “[c]ontra la decisión de expropiación por vía administrativa
procede acción especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad
y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio
indemnizatorio reconocido” (se destaca).
53. Los argumentos en los que la parte actora sustenta tanto la demanda como el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia,
precisamente están dirigidos a cuestionar los puntos analizados, en la medida en
que señalan que no se presentaron motivos de utilidad pública, ni condiciones de
urgencia y que se pasaron por alto las particularidades del predio, las cuales
ameritaban un precio mayor.
54. Así las cosas, en este caso lo que le correspondía a la parte actora era promover
el respectivo juicio de legalidad en el término de 4 meses al que se refiere el citado
artículo 71 de la Ley 388 de 1997 contra la autoridad que profirió la decisión -Instituto
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía (Iduvi) 19-, pero no lo
hizo.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia del 8 de
febrero de 2012, radicado 25000-23-24-000-2001-01262-01, M.P. María Claudia Rojas Lasso.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
19
El acto administrativo de expropiación fue proferido por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda
y Gestión Territorial de Chía -Iduvi-, establecimiento público del municipio de Chía, adscrito al
11
Radicación: 25000-23-36-000-2020-00416-01 (70821)
Demandantes: Raúl Fajardo Cifuentes y otros
Demandado: Municipio de Chía
Referencia: Reparación directa
55. Lo anterior, en cuanto la Resolución 182 del 19 de diciembre de 2018 fue
notificada a algunos de los accionantes por el Instituto de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Gestión Territorial de Chía el mismo día y a otros el 20 de diciembre
siguiente, quienes en su integridad renunciaron a términos, siendo recibida la última
comunicación el 21 de diciembre de la misma anualidad20.
56. Pese a lo expuesto, la demanda fue presentada hasta el 17 de diciembre de
2020 y contra el municipio de Chía. Si bien la parte actora promovió trámite de
conciliación extrajudicial, lo cierto es que con esa actuación no suspendió el término
para demandar, dado que la solicitud se promovió el 7 de septiembre de 2020,
cuando ya había operado la caducidad.
57. En todo caso, si la demanda se hubiese formulado en la oportunidad legal
establecida para tal efecto, lo cierto es que no debía dirigirse contra el municipio de
Chía, sino contra la autoridad que profirió el respectivo acto administrativo, esto es,
el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía -Iduvi-,
establecimiento público del municipio citado, adscrito al despacho del alcalde,
dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente.
58. En cuanto a esto último, es menester señalar que, tratándose de juicios de
legalidad de actos administrativos, la autoridad llamada a defender la decisión es
aquella que la profirió, sin perjuicio que otras puedan ser vinculadas por tener un
interés, sin que esto mute el hecho de que quien expide la decisión es el que debe
actuar como demandado.
59. Al respecto, en un caso en el que se debatía si, en un proceso de legalidad,
debía ser vinculada una autoridad que no profirió la respectiva resolución, la
Sección Primera sostuvo:
“La propone el Ministerio de la Protección Social, sustituto del Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social, en el sentido de que se debió vincular al proceso
como parte demandada a la Superintendencia de Subsidio Familiar por ser la
encargada de aplicar la norma.
Al respecto, baste decir que según el artículo 150 del C.C.A., ‘Las entidades
públicas y las entidades privadas que ejerzan funciones públicas son partes en
todos los procesos contencioso administrativos que se adelanten contra ellas
o contra los actos que expidan’21.
Que este proceso no se adelanta contra la Superintendencia de Subsidio
familiar ni contra un acto administrativo expedido por ella, ni las resultas del
despacho del alcalde, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente.
20
Según constancia de ejecutoria obrante a folios 360 y 361 del cuaderno de antecedentes
administrativos. Índice 11 de Samai.
21
En lo relacionado con los asuntos tramitados en vigencia de la Ley 1437 de 2011, el artículo 159
ejusdem señala:
Artículo 159. Capacidad y representación. Las entidades públicas, los particulares que cumplen
funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para
comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los
procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.
La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro,
Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil,
Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación
o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho (…)” (se
destaca).
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00416-01 (70821)
Demandantes: Raúl Fajardo Cifuentes y otros
Demandado: Municipio de Chía
Referencia: Reparación directa
proceso pueden afectar sus intereses o derechos, puesto que las mismas y sus
efectos jurídicos son objetivos, erga omnes, de suerte que tal entidad no tiene
un interés directo e inmediato en el sub lite.
Tratándose de acciones contra actos administrativos, las entidades que deben
ser vinculadas al proceso como parte pasiva son las que lo expidieron, a menos
que tengan interés directo e inmediato en las resultas del proceso, lo que puede
ocurrir en acciones con alcance subjetivo o concreto.
En este caso se observa que la mencionada superintendencia no aparece
suscribiendo el decreto objeto del sub lite, y que los únicos que lo firmaron
fueron el Presidente de la República y el Ministro del Trabajo y Seguridad Social,
existente en esa época, que fue sustituido por el actual Ministerio de la
Protección Social, es decir, el Gobierno Nacional conformado de esa manera”
22
(negrillas dentro del texto original).
Conclusión
60. La Sala, en virtud de su facultad de interpretación del petitum23, concluye que
las pretensiones debieron ser tramitadas de cara a los presupuestos de la nulidad y
restablecimiento del derecho, pretensión frente a la cual declarará probada
excepción de caducidad, por las razones indicadas en los acápites precedentes.
Condena en costas en segunda instancia
61. De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 24, en concordancia
con artículo 365 del CGP25, la Sala condenará en costas26 por la segunda instancia
a la parte actora, dado que su recurso no prosperó.
62. Como consecuencia, la Subsección, teniendo en cuenta la duración del proceso
en segunda instancia y los deberes de vigilancia27 que ello implicó28, por concepto
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 27 de
mayo de 2010, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
23
Facultad ejercida por esta Subsección en segunda instancia, recientemente, en sentencia del 28
de junio de 2024, expediente 25000-23-36-000-2015-00098-02 (67119), M.P. María Adriana Marín.
24
Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.
25
“Artículo 365. Condena en costas. (…) 1. Se condenará en costas (…) a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…). 3. En la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda”.
26
En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la
demandante (no así a la demandada vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos
extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
27
La Sala ha considerado como criterio para fijar las agencias en derecho, lo referente a las labores
de vigilancia del proceso inherentes al trámite de una instancia adicional (Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 17 de junio y 21
de noviembre de 2022, así como del 3 de febrero de 2023, expedientes 67.618, 68.941 y 69.319).
28
El numeral 4 del artículo 366 del CGP señala: “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00416-01 (70821)
Demandantes: Raúl Fajardo Cifuentes y otros
Demandado: Municipio de Chía
Referencia: Reparación directa
de agencias en derecho, fija 1 smmlmv29. Esta suma estará a cargo de la parte
accionante y a favor del municipio de Chía.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del del 26 de octubre de 2023, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
para, en su lugar, declarar probada la caducidad de la pretensión de nulidad y
restablecimiento del derecho, que es la idónea para tramitar las pretensiones, según
las razones expuestas en esta providencia
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por la segunda instancia a la parte
demandante, las cuales serán liquidadas por el Tribunal a quo, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en
derecho se fija 1 smmlv.
TERCERO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta
Corporación, ejecutoriada la presente providencia, DEVOLVER el expediente de
este proceso al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
29
En atención a lo previsto en el artículo 5 del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016,
que establece que en los procesos declarativos las agencias en derecho de segunda instancia
oscilarán “[e]ntre 1 y 6 SMMLV”
14
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