Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00566-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00566-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-00566-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
25 de mayo de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-01 (61.154)
Demandante: ECOOPSOS ESS EPS-S
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA - CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – OMISIÓN DE LA
HOMOLOGACIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD DE
PAGO POR CAPITACIÓN
Síntesis del caso: la parte demandante alega que las entidades demandadas son
patrimonialmente responsables de los perjuicios causados por no equiparar el valor de la
Unidad de Pago por Capitación del régimen subsidiado de salud a la Unidad de Pago por
Capitación del régimen contributivo de salud durante el periodo del mes de noviembre de
2012 a diciembre de 2013, pese a que ello fue ordenado por la Corte Constitucional en
autos 261 y 262 de noviembre de 2012, los cuales fueron proferidos dentro del trámite de
seguimiento del cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008. La Sala confirma la decisión
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls.
530 a 539 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 31 de enero de
2018 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (fls. 461 a 489 cdno. apelación) en la cual se resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, por las
razones expuestas en la parte considerativa.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS de primera instancia a la parte
demandante Entidad Cooperativa de Salud – Ecoopsos ESS EPS-S
que resultó vencida, por cuanto de conformidad con los artículos 188 del
CPACA, en concordancia con el numeral 1 del artículo 365 del CGP,
dispone que estas proceden contra la parte vencida, por tanto, será
condenado a pagar las costas las cuales serán liquidadas por la
secretaría.
Respecto de las agencias en derecho, se reconocen las mismas a favor
del Ministerio de Salud y Protección Social – Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y la Superintendencia Nacional de Salud de
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 1887 del 26 de junio de
2003, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y en la suma de doscientos quince millones cincuenta y ocho
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-00 (61.154)
Demandante: Ecoopsos ESS EPS-S
Reparación directa
Apelación de sentencia
mil cuatrocientos treinta y seis pesos con cuatro centavos
($215.058.436,4) que corresponde al 0.5% de las pretensiones, suma
que será tenida en cuenta al liquidar las costas procesales y que se
dividirá proporcionalmente en las demandadas.
TERCERO: En caso de no ser apelada la presente providencia,
ARCVÍVAR, previas anotaciones secretariales de rigor”. (fl. 489 cdno.
apelación - mayúsculas y negrillas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 19 de febrero de 2015 (fl. 33 vuelto cdno. ppal.), la
Entidad Cooperativa Solidaria de Salud (ECOOPSOS ESS EPS-S) por intermedio
de apoderado y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado
en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) presentó demanda en contra de la Nación – Ministerio de
Salud y Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la
Superintendencia Nacional de Salud con las siguientes pretensiones:
“PRIMERA. Que se declare a la NACIÓN: MINISTERIO DE SALUD Y
LA PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO Y SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD,
representados para estos afectos por quien ostente su representación
legal, solidariamente responsables, administrativa y
extracontractualmente, de los daños y perjuicios patrimoniales y demás
que se llegaren a demostrar en el proceso, que le causaron a la
ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS EPS-
S, POR EL DAÑO ANTIJURÍDICO, que se le ocasionara con la
OMISIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS
RESPECTO DE SU OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO INTEGRAL DE LA ORDEN JUDICIAL contenida en la
sentencia T-260 de 2008, específicamente a lo ordenado en los autos
261 y 262 de 16 de noviembre de 2012, todos éstos expedidos por la
Honorable Corte Constitucional, específicamente respecto de la omisión
frente a la Homologación del valor de la Unidad de Pago por Capitación
asignada para el aseguramiento de los usuarios del Régimen
Subsidiado, respecto de la definida para el Aseguramiento de los
usuarios del Régimen Contributivo, configurándose con esta omisión, un
daño antijurídico el cual el demandante no está en la obligación de
soportar, consistente en el no reconocimiento y pago oportuno del valor
de la Unidad de Pago por Capitación para el aseguramiento de los
usuarios afiliados de la EPS-S pertenecientes al Régimen Subsidiado en
Salud, específicamente a los usuarios afiliados a la ENTIDAD
COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS EPS-S, pese a
la homologación integral de coberturas en los contenidos del Plan
Obligatorio de Salud de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
032 de 2012 expedido por la CRES.
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-00 (61.154)
Demandante: Ecoopsos ESS EPS-S
Reparación directa
Apelación de sentencia
SEGUNDA: Que se declare que ECOOPSOS ESS EPS-S tuvo la
obligación legal de garantizar en su totalidad la cobertura de los servicios
del Plan Obligatorio de Salud una vez homologadas las dos coberturas
en los dos regímenes de salud, causándose un daño antijurídico dado
que la EPS-S durante las vigencias objeto de la presente acción, fue
demandada judicialmente por las diferentes IPS al presentarse un
incremento en la demanda de servicios de salud por parte de los usuarios
de la EPS-S, generándose una mayor facturación por concepto de estos
servicios, los cuales no fueron objeto de pago oportuno, como
consecuencia de la omisión en el reconocimiento y pago de la UPC a la
EPS-S por parte de las entidades demandadas.
TERCERA: Que se declare conforme a lo anterior, que la ENTIDAD
COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS EPS-S se le
generó un desequilibrio financiero, ubicándola en incumplimiento de los
estándose de habilitación normativos de naturaleza financiera, así como,
incurrir en incumplimiento de múltiples compromisos contractuales que
en la actualidad continúan afectando la estabilidad financiera de la EPS-
S.
CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones de
responsabilidad, se condene a título de reparación directa a las
entidades demandadas a pagar a la Entidad demandante, los perjuicios
patrimoniales, ocasionados así:
PERJUICIOS PATRIMONIALES
Los daños causados a la demandante ENTIDAD COOPERATIVA
SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS EPS-S, son cuantificables en
dinero de la siguiente manera:
a) DAÑO EMERGENTE. (…) se condene a la parte demandada a título
de daño emergente a pagar la suma de CUARENTA Y TRES MIL ONCE
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($43.011.687.275,00) (…). Este
perjuicio equivale al valor de la Unidad de Pago por Capitación que a la
fecha la parte actora tiene pendiente de percibir, con cargo a las
entidades demandadas, durante todos y cada uno de los meses objeto
de la presente actuación procesal, esto es, los meses de Noviembre y
Diciembre de 2012, así como de la vigencia 2013, es decir, los meses de
Enero a Diciembre de 2013.
Lo anterior, teniendo en cuenta que en cumplimiento a lo ordenado en
Autos 261 y 262 del 16 de Noviembre de 2012, proferidos por la Corte
Constitucional, a través de la Sala Especial de Seguimiento al
cumplimiento de la orden vigésima de la Sentencia T-260 de 2008,
Magistrado Sustanciador Doctor Jorge Iván Palacio Palacio, la parte
demandada estaba en la obligación de reconocer y en consecuencia
pagar por el aseguramiento de los usuarios del Régimen Subsidiado
afiliados a la entidad demandante, el mismo valor de la Unidad de Pago
por Capitación establecido para los usuarios del Régimen Contributivo
en los periodos reclamados.
(…).
b) LUCRO CESANTE, que se traduce en el valor correspondiente al
interés corriente y/o moratorio, y/o indexación respecto de los valores
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-00 (61.154)
Demandante: Ecoopsos ESS EPS-S
Reparación directa
Apelación de sentencia
que a la fecha la parte demandada tiene pendiente de reconocer y pagar
a la ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS
EPS-S durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2012, así como
de la vigencia 2013 (…).
TERCERA (sic) La condena respectiva será actualizada con sus
respectivos ajustes de valor, de conformidad con lo previsto en el artículo
178 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, más los intereses moratorios que se causen a partir de la
ejecutoria de la sentencia condenatoria-
CUARTA (sic) Que se condene en costas a las demandadas.
QUINTA: Las demandadas deben dar cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. (fls. 3 a 5 cdno. ppal.
• mayúsculas y negrillas fijas de original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) La Entidad Cooperativa Solidaria de Salud (ECOOPSOS ESS EPS-S) es una
empresa promotora de salud, autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud
para administrar los recursos del régimen subsidiado en salud.
2) La Corte Constitucional en sentencia T-760 del 31 de julio de 2008 ordenó que
el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Protección Social y la Comisión de
Regulación en salud CRES, debía realizar una serie de actualizaciones,
homologaciones y ampliaciones de las coberturas de los contenidos del Plan
Obligatorio de Salud del régimen subsidiario frente al régimen contributivo,
asimismo, ordenó realizar los ajustes necesarios a la Unidad de Pago por
Capitación (UPC) subsidiada de los niños (orden vigésimo primera), así como
también adoptar un programa para la unificación gradual de los planes de
beneficios del régimen contributivo y del régimen subsidiado teniendo en cuenta,
entre otros aspectos, la sostenibilidad financiera de la ampliación de la cobertura y
su financiación por la UPC y las demás fuentes de financiación previstas por el
sistema vigente (orden vigésimo segunda).
3) En cumplimiento de lo anterior, la Comisión de Regulación en Salud (CRES)
expidió i) el Acuerdo 11 de 2010 que unificó el POS del régimen subsidiado para la
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-00 (61.154)
Demandante: Ecoopsos ESS EPS-S
Reparación directa
Apelación de sentencia
población comprendida entre los menores de cero (0) años de edad a menores de
dieciocho (18) años de edad; ii) el Acuerdo 27 de 2011 que unificó los POS de los
regímenes contributivo y subsidiado para las personas de sesenta (60) y más años
de edad, así como modificó la UPC del régimen subsidiado y, iii) el Acuerdo 32 del
17 de mayo de 2012 que unificó los POS de los regímenes contributivo y subsidiado
para las personas de dieciocho (18) a cincuenta y nueve (59) años de edad,
asimismo definió la UPC del régimen subsidiado.
4) De igual manera, la Corte Constitucional por Autos 261 y 262 del 16 de
noviembre de 2012 determinó que las órdenes vigésima primera y vigésima
segunda de la sentencia T-260 de 2008 se habían cumplido de manera parcial, de
manera que ordenó “al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, a la Comisión de Regulación en Salud y al
Departamento Nacional de Planeación, que elaboren la metodología apropiada
para establecer la suficiencia de la UPC-C y de la UPC-S, (…) para asegurar que
los servicios de salud del POS unificado podrán prestarse eficiente y
oportunamente por la EPS-S en las mismas condiciones de calidad que las EPS
contributivas, garantizando el equilibrio financiero para tales entidades” (fl. 14 cdno.
ppal.), asimismo, la Corte Constitucional también dispuso que, a partir de la
expedición de dichas providencias, debía entenderse que el valor de UPC del
régimen subsidiado sería igual al establecido para la UPC del régimen contributivo.
5) Pese a la órdenes impartidas por la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud
y Protección Social de modo injustificado se negó a dar cumplimiento a los autos
mencionados 261 y 262 del 16 de noviembre de 2012, y durante el periodo de
noviembre de 2012 a diciembre de 2013 “solo reconoció y pagó a Ecoopsos ESS
EPS-S un valor de Unidad de Pago por Capitación inferior a la reconocida y pagada
por el aseguramiento de los usuarios del Régimen Contributivo durante el periodo
objeto de la demanda, por lo que a la fecha tiene pendiente el reconocimiento y giro
a favor de la entidad que represento (sic) de un valor equivalente a CUARENTA Y
TRES MIL ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC/TE ($43.011.687.275,00)” (fl.
15 cdno. ppal.).
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-00 (61.154)
Demandante: Ecoopsos ESS EPS-S
Reparación directa
Apelación de sentencia
6) Se configuró un daño antijurídico, pues, desde la unificación del POS contenido
en el referido Acuerdo 032 del 2012 de la CRES se generó un desequilibrio
financiero, en concreto existe un trato desigual respecto del reconocimiento y pago
de la UPC del régimen subsidiado, en comparación con el valor que reciben las
EPS del régimen contributivo por la prestación en idénticas calidades de los mismos
servicios de salud.
2. La contestación de las entidades demandadas
1) Por auto del 21 de septiembre de 2015, la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó la
notificación personal de los representantes legales del Ministerio de Salud y
Protección Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la
Superintendencia Nacional de Salud (fls. 37 a 38 cdno. ppal.).
2) A través de escrito radicado el 11 de noviembre de 2015, la Nación – Ministerio
de Hacienda y Crédito Público pidió que se negaran las súplicas de la demanda
porque no existió ningún tipo de omisión, ya que la Corte Constitucional ordenó
realizar una metodología para determinar la suficiencia de la UPC del régimen
subsidiado, la cual se cumplió de manera rigurosa, además, la unificación del POS
no es algo que procede de manera automática, sino que, su desarrollo es gradual
y sostenible aspecto que se evidencia con la expedición de los Acuerdos 5 de 2009,
11 de 2010, 27 de 2011 y 32 de 2012 de la CRES en los que se incrementó el valor
de la UPC del régimen subsidiado con el debido rigor técnico, el cual ha venido
aumentando y la igualación respecto del régimen contributivo pasó de ser del 58.9%
en 2008 a 91.45% en el año 2014.
Propuso como excepciones previas “la indebida escogencia de la acción”, “la falta
de jurisdicción o competencia” y “la caducidad de la acción” (fls. 49 a 58 cdno.
ppal.).
3) Por su parte, en escrito presentado el 9 de diciembre de 2015, la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social se opuso a las súplicas por estimar que no
existía ninguna obligación por parte de la entidad respecto de la demandante, pues,
i) mediante Resolución 4480 de diciembre de 2012 fijó el valor de la UPC de los
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-00 (61.154)
Demandante: Ecoopsos ESS EPS-S
Reparación directa
Apelación de sentencia
regímenes contributivo y subsidiado para el año 2013, en cumplimiento de los autos
261 y 262 de 2012 de la Corte Constitucional; ii) Gestarsalud, durante el trámite de
seguimiento de la sentencia de tutela T-260 de 2008, solicitó que se diera
cumplimiento a lo ordenado sobre la igualación de la UPC y, en tal medida, se
reconociera de manera retroactiva los recursos provenientes de la equiparación a
las EPS-S, así como los dineros correspondientes a la igualación de la UPC del
régimen subsidiado respecto del régimen contributivo; iii) la Corte Constitucional en
auto del 19 de junio de 2015 dispuso incorporar la petición de Gestarsalud en el
expediente de seguimiento de la tutela T-260 de 2008, la cual sería tenida en cuenta
en el momento de llevar a cabo la valoración del cumplimiento de las órdenes
impartidas en los autos 261 y 262 de 2012; iv) para el momento de la contestación
de la demanda de la referencia, la Corte Constitucional aún no había cerrado la
valoración del cumplimiento de lo ordenado en los mencionados autos; v) en todo
caso, el Ministerio de Salud y Protección Social por Resolución 5968 del 31 de
diciembre de 2014 implementó una prueba piloto para la igualación temporal de la
prima pura de la UPC del régimen subsidiado al contributivo en unas ciudades del
país; vi) la demandante aduce que garantizó la totalidad de las coberturas de los
servicios del POS, esto es, que prestó en el régimen subsidiado los servicios del
POS unificado, sin embargo, esto no se encuentra demostrado, además, lo cierto
es que “el incremento de acceso a los servicios de salud del POS unificado para la
población subsidiada – sí y solo sí estos fueron brindados al grupo objeto etario
subsidiado de la unificación del POS, como lo debe demostrar la demandante –
debió darse en forma progresiva mostrando el aumento de la frecuencia por parte
de la población subsidiada de las coberturas del POS contributivo en el tiempo y
por grupos etarios conforme al momento de expedición de la medida regulatoria de
unificación” (fl. 81 cdno. ppal.); vii) “el incremento de la UPC es relativo, su valor no
depende del número de tecnologías en salud incluidos, sino del impacto de las
mismas en el costo de la prestación de los servicios de salud que resulta de los
estudios correspondientes y su diferencia entre los dos regímenes también está
sustentada en los estudios de suficiencia, que toman en cuenta como fuente más
importante la información que reportan las EPS sobre los servicios efectivamente
prestados, la cual determina la frecuencia de uso y la severidad del gasto” (fl. 83
cdno. ppal.) y, viii) propuso como excepciones la “inexistencia del daño atribuible al
Ministerio de Salud y Protección Social” y la “falta de causa para pedir por no existir
rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas” (fl. 87 cdno. ppal.).
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-00 (61.154)
Demandante: Ecoopsos ESS EPS-S
Reparación directa
Apelación de sentencia
4) A su turno, la Superintendencia Nacional de Salud en escrito radicado el 11 de
diciembre de 2015 solicitó negar las pretensiones de la demanda, porque no tiene
entre sus funciones la determinación del valor correspondiente a las UPC, así como
tampoco realizar el pago de la UPC a las EPS, su competencia se limita,
únicamente, a habilitar a las EPS que cumplan con las condiciones técnicas para
administrar los recursos del Sistema General de Seguridad Social, en
consecuencia, propuso como excepciones la “falta de legitimación en la causa por
pasiva”, “inexistencia de la obligación de definir y pagar las UPC a las EPS” y la
“inexistencia de incumplimiento de la sentencia T-260 de 2008 y de los autos 261 y
262 de 2012” (fls. 69 a 90 cdno. ppal.).
3. La sentencia de primera instancia
En sentencia del 31 de enero de 2018, la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda
por considerar que el daño antijurídico no se encontraba demostrado (fls. 461 a 489
cdno. apelación), por las siguientes razones:
1) La Corte Constitucional en sentencia T-760 de 2008 ordenó unificar los planes
de beneficios para los niños del régimen contributivo y subsidiado, así como
también adoptar un programa y cronograma para la unificación gradual y sostenible
de los planes de beneficios del resto de población, teniendo en cuenta los ajustes
necesarios de la UPC.
2) Por auto 255 del 16 de diciembre de 2011, la Corte Constitucional evidenció que
el cronograma y programa para la unificación gradual y sostenible que para
entonces se había adoptado era inoperante, razón por la cual ordenó adoptar uno
nuevo y, en cumplimiento de ello la Comisión de Regulación de Salud por acuerdo
032 del 17 de mayo de 2012 unificó los POS de los regímenes contributivo y
subsidiado para las personas de 18 a 59 años de edad, y definió la UPC del régimen
subsidiado.
3) La Corte Constitucional, por autos 261 y 262 del 16 de noviembre de 2012
dispuso la igualación de la UPC de los regímenes contributivo y subsidiado, y en
cuanto al valor señaló que, hasta cuando se diera cumplimiento a lo ordenado en
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-00 (61.154)
Demandante: Ecoopsos ESS EPS-S
Reparación directa
Apelación de sentencia
la sentencia T-760 de 2008, debería entenderse que a partir de la fecha de
expedición de dicha providencia el valor de la UPC-S sería igual al establecido para
la UPC del régimen contributivo.
4) Por auto 411 del 5 de septiembre de 2016, la Corte Constitucional evaluó los
niveles de cumplimiento de los mencionados autos 261 y 262 y respecto de la
petición efectuada por Gestarsalud -Asociación de Empresas Gestoras del
Aseguramiento en Salud de Colombia, dentro de la cual se encuentra como
asociada la demandante- de pagar retroactivamente los recursos dejados de
percibir por la no igualación de la UPC, consideró que si no estaba acreditada la
ampliación de la cobertura con los prestadores a noviembre de 2012, las EPS no
pueden solicitar el pago retroactivo de los recursos presuntamente dejados de
percibir; por su parte, las entidades que ampliaron su cobertura y prestado los
servicios de salud a los usuarios debían proceder a su acreditación ante el
Ministerio de Salud y Protección Social adelantando el trámite administrativo
correspondiente.
5) Para que se predique la existencia de un daño, Ecoopsos ESS EPS-S debía
acreditar que desde el mes de noviembre de 2012 incrementó sus gastos para la
ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios de salud, asimismo,
debía probar o demostrar los servicios que efectivamente prestó a los usuarios que
no fueron reconocidos por las entidades demandadas, aspecto que no se probó en
el proceso.
6) Para demostrar la existencia del daño en el proceso tan solo reposa un dictamen
pericial y el testimonio del Director Financiero de Ecoopsos ESS EPS-S los cuales
no lo acreditan, pues, i) el dictamen pericial estuvo dirigido a probar la cantidad
total de usuarios atendidos por la EPS-S para luego hacer una comparación del
valor recibido por UPC-S respecto del valor que se debía reconocer en el régimen
contributivo, sin embargo, no se acreditó cuál fue el valor invertido adicional en
cada usuario ni tampoco cuál fue la ampliación de la cobertura de los servicios de
salud y, ii) el testigo, se limitó afirmar que la facturación de las IPS fueron
superiores a los ingresos, empero, su afirmación proviene de dichos de terceros y
no es la prueba idónea para acreditar el daño, en especial si se considera que el
testigo aportó unos estados financieros de los cuales no se tiene certeza quién los
suscribió o elaboró.
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-00 (61.154)
Demandante: Ecoopsos ESS EPS-S
Reparación directa
Apelación de sentencia
4. El recurso de apelación
El 20 de febrero de 2018, la parte actora solicitó que se revoque la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda (fls.
530 a 539 cdno. ppal.) de conformidad con las siguientes razones:
1) Sí existió un daño antijurídico, por cuanto la parte demandada debe pagar la
diferencia de la UPC subsidiada y la UPC contributiva, con el dictamen pericial
quedó debidamente probado el no reconocimiento y pago del valor de la diferencia
de UPC.
2) Contrario a las consideraciones del fallador de primera instancia, la generación
del daño antijurídico no hace referencia al mayor valor en que se incurrió en la
prestación de los servicios de salud a los usuarios del SGSSS durante el periodo
de noviembre de 2002 y hasta diciembre de 2012, sino al reconocimiento y pago
de la diferencia de la UPC subsidiada respecto de la UPC del régimen contributivo.
3) La Corte Constitucional en sentencia T-260 de 2008 ordenó, entre otros
aspectos, que se homologara la cobertura en los contenidos del POS para los
usuarios del régimen subsidiado respecto de los usuarios del régimen contributivo
para lo cual se debía garantizar el equilibrio financiero de las EPS del régimen
subsidiado con relación al valor de la UPC, esta orden se cumplió parcialmente,
razón por la cual ese alto tribunal en autos 261 y 262 del 16 de noviembre de 2012
dispuso que desde dicha fecha debía entenderse que el valor de la UPC-S es igual
al de la UPC del régimen contributivo, de manera que se le debe pagar la diferencia
por cuanto asumió la obligación legal de garantizar la cobertura integral de un POS
de los afiliados del régimen subsidiado en igualdad de condiciones a los usuarios
del régimen contributivo.
6. Actuación surtida en segunda instancia
1) El 30 de mayo de 2018 se admitió el recurso de apelación (fl. 659 cdno.
apelación) y el 18 de octubre de 2018 (fl. 662 cdno. apelación) se corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión por el término común de diez (10) días y, por
el mismo lapso, al Ministerio Público para emitiera concepto.
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-00 (61.154)
Demandante: Ecoopsos ESS EPS-S
Reparación directa
Apelación de sentencia
2) En dicha oportunidad procesal la Nación – Ministerio de Salud y Protección
Social pidió confirmar la decisión de primera instancia, en especial si se considera
que la Corte Constitucional en auto 411 del 5 de diciembre de 2016 resolvió no
acceder a la solicitud elevada por Gestarsalud de pago retroactivo de los recursos
dejados de percibir ante la no igualación de la UPC a partir de los autos 261 y 262
de 2012 (fls. 667 a 674 cdno. apelación).
3) La Superintendencia Nacional de Salud y la Nación – Ministerio de Hacienda y
Crédito Público reiteraron los argumentos expuestos a lo largo del proceso (fls. 675
a 677 y fls. 692 a 693 cdno. apelación), mientras que la parte actora solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda (fls. 682 a 691 cdno. apelación). El Ministerio Público
guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión y, 4) condena en costas.
1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda oportunamente1, corresponde a la Sala determinar si en
este caso la parte accionada es patrimonialmente responsable de los perjuicios
1 El daño alegado por los demandantes consiste en el no pago de la diferencia entre la UPC
contributiva y la UPC subsidiada desde el mes de noviembre de 2012 y hasta diciembre de 2013,
los términos de caducidad se suspendieron entre el 13 de noviembre de 2014 y el 12 de febrero de
2015 mientras se llevó a cabo la conciliación prejudicial (fls. 184 a 186 cdno. pruebas) y habida
cuenta que la demanda se formuló el día 19 de febrero de 2015 se impone concluir que se hizo de
manera oportuna.
Asimismo, se pone de presente que la acción es la procedente, porque i) en el presente caso no se
cuestiona la ilegalidad de un acto administrativo, sino que, se cuestiona que no se haya hecho la
homologación ordenada por la Corte Constitucional y, en consecuencia, que no se hubiese hecho
el pago de los servicios de la UPC-S cuando debía ser igual a una UPC-C, ii) aunque se sabe que
la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud realizó una solicitud de
reconocimiento del pago de la diferencia ante el Ministerio de la Protección Social y que remitió la
la misma ante la Corte Consticional, lo cierto es que no se encuentra acreditado en el expediente
que actuó en nombre y representación de Ecoopsos ESS EPS-S, el hecho de que esta última
entidad fuera afiliada de la primera no significa que se encuentre habilitada para actuar en nombre
de aquella, máxime cuando en el plenario no hay ningún mandato que dé cuenta de ello y, iii) la
omisión se encuentra en que -según la demandante- no se hizo la homologación pese a que
existían ordenes que la Corte Constitucional que lo exigían.
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-00 (61.154)
Demandante: Ecoopsos ESS EPS-S
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Apelación de sentencia
causados a Ecoopsos ESS EPS-S por no pagar el valor de Unidad de Pago por
Capitación del régimen subsidiado en igual valor al establecido para la Unidad de
Pago por Capitación del régimen contributivo.
La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda por estimar que no se
acreditó el daño reclamado, esto es, que debía pagarse la UPC-S en igual valor al
establecido para la UPC-C, pues, para proceder a ello se debía acreditar la
ampliación de la cobertura del servicio de salud, lo cual no fue acreditado por la
parte actora.
Esta Subsección confirmará la sentencia apelada, porque en el expediente no
obran elementos de acreditación que demuestren el daño reclamado, en otros
términos, no se cuenta con los elementos idóneos y suficientes que evidencien que
Ecoopsos ESS EPS-S debía recibir el pago de la UPC-S en igual valor de la UPC-
C.
2. Análisis de la impugnación
1) La Sala advierte que en el asunto de la referencia no se acreditó la configuración
de un daño antijurídico ya que se encuentra probado lo siguiente:
a) Por Resolución número 300 del 17 de marzo de 2008, la Superintendencia
Nacional de Salud habilitó a la Entidad Cooperativa Solidaria de Salud Ecoopsos
para operar en el régimen subsidiado en salud con una cobertura de población de
1.719.172 personas (fls. 7 a 24 cdno. pruebas).
b) La Corte Constitucional en sentencia T-760 de 2008 adoptó una serie de
decisiones dirigidas a las autoridades del Sistema General de Seguridad Social en
Salud con el propósito, entre otros, de terminar la desigualdad entre las coberturas
de los regímenes contributivo y subsidiado de salud para lo cual ordenó, entre otras
medidas, la unificación de los planes de beneficios para los niños y niñas del
régimen contributivo y del subsidiado, así como también la unificación gradual y
sostenible de los planes de dichos regímenes para el resto de población. Lo
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-00 (61.154)
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anterior se encuentra contenido en las órdenes vigésima primera y vigésima
segunda, así:
“Vigésimo primero. - Ordenar a la Comisión de Regulación en Salud
unificar los planes de beneficios para los niños y las niñas del
régimen contributivo y del subsidiado, medida que deberá
adoptarse antes del 1 de octubre de 2009 y deberá tener en cuenta
los ajustes necesarios a la UPC subsidiada de los niños y las niñas
para garantizar la financiación de la ampliación en la cobertura. En
caso de que para esa fecha no se hayan adoptado las medidas
necesarias para la unificación del plan de beneficios de los niños y las
niñas, se entenderá que el plan obligatorio de salud del régimen
contributivo cubre a los niños y las niñas del régimen contributivo y del
régimen subsidiado.
Un informe sobre el proceso de cumplimiento de esta orden deberá ser
remitido a la Corte Constitucional antes del 15 de marzo de 2009 y
comunicado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la
Defensoría del Pueblo.
En caso de que la Comisión de Regulación en Salud no se encuentre
integrada para el 1° de noviembre de 2008, el cumplimiento de esta
orden corresponderá al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Vigésimo segundo. - Ordenar a la Comisión de Regulación en Salud
que adopte un programa y un cronograma para la unificación
gradual y sostenible de los planes de beneficios del régimen
contributivo y del régimen subsidiado teniendo en cuenta: (i) las
prioridades de la población según estudios epidemiológicos, (ii) la
sostenibilidad financiera de la ampliación de la cobertura y su
financiación por la UPC y las demás fuentes de financiación
previstas por el sistema vigente.
El programa de unificación deberá adicionalmente (i) prever la definición
de mecanismos para racionalizar el acceso a los servicios de salud por
parte de los usuarios, asegurando que las necesidades y las prioridades
en salud sean atendidas y sin que se impida el acceso a servicios de
salud requeridos e, (ii) identificar los desestímulos para el pago de
cotizaciones por parte de los usuarios y (iii) prever la adopción de las
medidas necesarias para estimular que quienes tienen capacidad
económica, efectivamente coticen, y que a quienes pasen del régimen
subsidiado al régimen contributivo se les garantice que pueden regresar
al subsidiado de manera ágil cuando su ingreso disminuya o su situación
socioeconómica se deteriore.
La Comisión de Regulación en Salud deberá remitir a la Corte
Constitucional, antes del 1 de febrero de 2009, el programa y el
cronograma para la unificación de los planes de beneficios, el cual
deberá incluir: (i) un programa; (ii) un cronograma; (iii) metas medibles;
(iv) mecanismos para el seguimiento del avance y (v) la justificación de
por qué se presentó una regresión o un estancamiento en la ampliación
del alcance del derecho a la salud. Copia de dicho informe deberá ser
presentada a la Defensoría del Pueblo en dicha fecha y, luego, deberá
presentar informes de avance en el cumplimiento del programa y el
cronograma cada semestre, a partir de la fecha indicada.
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-00 (61.154)
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Apelación de sentencia
En la ejecución del programa y el cronograma para la unificación de los
planes de beneficios, la Comisión ofrecerá oportunidades suficientes de
participación directa y efectiva a las organizaciones que representen los
intereses de los usuarios del sistema de salud y de la comunidad médica.
En caso de que la Comisión de Regulación en Salud no se encuentre
integrada para el 1 de noviembre de 2008, el cumplimiento de esta orden
corresponderá al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud”.
(disco compacto fl. 26 cdno. pruebas2 - resalta la Sala).
c) Con el fin de dar cumplimiento a la mencionada sentencia T-260 de 2008, la
Comisión de Regulación en Salud expidió, entre otros actos, i) el Acuerdo 4 del 30
de septiembre de 2009, que unificó transitoriamente los contenidos del plan de
beneficios para los menores entre los cero a los doce años de edad (fls. 27 a 30
cdno. pruebas); ii) el Acuerdo 5 del 30 de septiembre de 2009, por el cual se fijó la
UPC del régimen subsidiado de manera transitoria hasta el 31 de diciembre de
2009 (fls. 31 a 34 cdno. pruebas), iii) el Acuerdo 11 de 2010, que unificó el POS
del régimen subsidiado para la población comprendida entre los cero (0) a menores
de dieciocho (18) años (fls. 65 a 66 cdno. pruebas); iv) el Acuerdo 27 de 2011 que
unificó los POS de los regímenes contributivo y subsidiado para las personas de
sesenta (60) y más años de edad, así como también modificó la UPC del régimen
subsidiado (fls. 67 a 69 cdno. pruebas) y, v) el Acuerdo 32 del 17 de mayo de 2012,
que unificó los POS de los regímenes contributivo y subsidiado para las personas
de dieciocho (18) a cincuenta y nueve (59) años de edad, asimismo, definió la UPC
del régimen subsidiado (fls. 70 a 72 cdno. pruebas). Debe destacarse que la
unificación de los POS implicaba que en el régimen subsidiado se debía ampliar la
cobertura en la prestación de los servicios de salud para que fuera equiparable a
los servicios del régimen contributivo.
d) En relación con esa temática y asunto en particular, la Corte Constitucional
conformó una Sala Especial de Seguimiento a las órdenes de la sentencia T-760
de 2008 y por autos 261 y 262 del 16 de noviembre de 2012 declaró que las
órdenes vigésimo primera y vigésimo segunda de la mencionada sentencia se
habían cumplido de manera parcial, de manera que dispuso que el Ministerio de
Salud y Protección Social junto con la Comisión de Regulación en Salud dieran
cumplimiento a una serie de requerimientos.
2 Se pone de presente que esta decisión de igual manera puede ser consultada en el enlace
electrónico “https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-760-08.htm”.
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-00 (61.154)
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Apelación de sentencia
En esa perspectiva, la Corte Constitucional determinó que si se ampliaban los
servicios de salud en el régimen subsidiado, ello implicaba que el valor de la UPC-
S también debía ser aumentada e igualada a la UPC-C, razón por la cual en los
autos 261 y 262 de 2012 igualó la UPC-S respecto de la UPC-C.
En concreto, en el auto 261 de 2012 la Corte Constitucional precisó que aunque
en la sentencia T-260 de 2008 no se obligó a la igualación de las UPC subsidiada
y contributiva, lo cierto era que sí se imponía la obligación de garantizar la
sostenibilidad financiera de la ampliación de la cobertura y financiación por la UPC,
sin embargo, a la fecha de expedición del referido auto la metodología empleada
para la fijación del valor de la UPC no era la apropiada de manera que dispuso la
igualación de la UPC de los regímenes contributivos y subsidiado (sobre el
supuesto de que se debía ampliar la cobertura en el régimen subsidiado) y hasta
tanto fueran allegados los estudios que soportaran la distinción entre los dos
regímenes, asimismo señaló que a partir de la expedición de dicha providencia el
valor de la UPC-S sería el mismo que el de la UPC-C, por cuanto se entendía que
las EPS-S debieron ampliar las prestaciones en el POS, de la siguiente manera:
“Es de anotar que aun cuando en la sentencia T-760 de 2008 no se
obliga a la igualación de las UPC subsidiada y contributiva como
factor determinante para el cumplimiento de la orden a que se
sustrae esta providencia, tal como lo afirmó la CRES, lo cierto es
que en este mandato sí se impone la obligación de garantizar la
sostenibilidad financiera de la ampliación de la cobertura y su
financiación por la UPC y las demás fuentes de financiación previstas
por el sistema vigente.
Así, debiendo considerar las múltiples quejas recibidas respecto de la
insuficiencia de la UPC-S para garantizar la prestación de los servicios
de salud unificados, encuentra la Sala que la CRES no ha cumplido con
la carga de la prueba que le asiste para acreditar tal sostenibilidad,
máxime cuando a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo 032 de
2012, esto es, el pasado 1 de julio, se ha evidenciado la imposibilidad de
las EPS del régimen subsidiado para continuar prestando el servicio de
salud a sus afiliados con el valor de la UPC fijada con tal finalidad.
(…).
Por esto mismo, se evidencia sin lugar a dudas que la metodología
empleada para la fijación del valor de la UPC no resulta ser la
apropiada, como quiera que la posibilidad de modificación e inflación de
las cifras utilizadas para tal finalidad es bastante amplia, dada la
dificultad de contar con resultados concluyentes respecto a la suficiencia
de la unidad de pago por capitación, debido a los problemas de
información evidenciados desde las pruebas piloto adelantadas en
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-00 (61.154)
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Barranquilla y Cartagena y denunciadas reiteradamente por los
diferentes actores del Sistema.
(…).
Es de advertir que hasta ahora, los argumentos presentados por la CRES
para la fijación de un valor diferencial entre las UPC subsidiada y
contributiva, obedecen básicamente a que la frecuencia de uso de los
servicios, así como los costos de administración en el régimen
subsidiado, son inferiores a los del contributivo y que por ley, mínimo el
60% de los servicios deben ser contratados con la red pública y su costo
no podría estar por encima de las tarifas del sector privado o las del
promedio del mercado, por el contrario son inferiores garantizando igual
calidad.
De lo anterior, se evidencia que las afirmaciones acerca de la inferioridad
en la frecuencia de uso de los servicios del régimen subsidiado respecto
del contributivo, no tiene soporte legítimo alguno, considerando que el
mismo Gobierno reconoce carecer de un sistema de información que le
permita validar y consolidar cifras ciertas y contundentes al interior del
Sistema.
Así mismo, aún cuando se afirma que los costos de administración en el
régimen subsidiado también son menores que en el contributivo, este
argumento no es suficiente para establecer la UPC-S diferencial en tan
alto porcentaje.
(…).
Por consiguiente, a las entidades promotoras de salud de cada
régimen no se les puede asignar una partida diferencial para asumir
las prestaciones contempladas en el plan obligatorio de salud
unificado, como quiera que ello genera un trato desigual a los
afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud, quienes
al tener igualdad de derechos en el plan de beneficios, podrían ver
afectado el acceso a dichos servicios por razones meramente
económicas.
En tal sentido, esta S. (sic) en aras de proteger el derecho al acceso
de servicios de salud de la población colombiana, dispondrá la
igualación de la UPC de los regímenes contributivo y subsidiado,
hasta tanto no sean allegados los estudios que soporten la
distinción advertida en esta providencia y sea valorada su
razonabilidad constitucional por la Corte.
(…)
En mérito a lo expuesto y atendiendo las exigencias contenidas en la
orden impartida en el numeral vigésimo segundo de la parte resolutiva
de la sentencia T-760 de 2008, la S. Especial de Seguimiento
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR el cumplimiento parcial de la orden vigésimo
segunda impartida en la sentencia T-760 de 2008 por lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO. ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social y a la
Comisión de Regulación en Salud que, en el término de seis (6) meses,
dé cumplimiento a los siguientes requerimientos de la orden vigésimo
segunda:
1. Adelante las investigaciones tendientes a evidenciar con qué
frecuencia se requiere en nuestro país llevar a cabo los diferentes
estudios de cambios en la estructura demográfica de la población, perfil
epidemiológico, carga de la enfermedad, etc.
2. Actualice los estudios de cambios en la estructura demográfica de la
población, perfil epidemiológico, carga de la enfermedad, etc.
3. Establezca medidas tendientes a racionalizar el acceso a los servicios
de salud, asegurando que las necesidades y las prioridades en salud
sean atendidas y sin que se impida el acceso a servicios de salud
requeridos.
4. Reglamente las medidas adoptadas para prevenir y evitar la evasión
y elusión en el pago de la cotización obligatoria en salud, especialmente
las contenidas en las leyes 1393 de 2010, 1438 y 1450 de 2011.
5. Adopte medidas (a priori) para estimular que quienes tienen capacidad
económica, efectivamente coticen en el SGSSS.
6. Adopte medidas que faciliten el tránsito entre regímenes, para
aquellas personas que así lo requieran por la variación de sus ingresos
económicos.
Para acreditar el cumplimiento de estos presupuestos, deberán remitir
un informe bimensual a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría
General de la Nación, con copia a esta S. Especial de Seguimiento, en
el que se evidencie el avance en cada uno de estos aspectos.
El primero de dichos informes deberá allegarse antes del 1 de diciembre
de 2012.
TERCERO. ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social, al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión de
Regulación en Salud y al Departamento Nacional de Planeación,
que elaboren la metodología apropiada para establecer la
suficiencia de la UPC-C y de la UPC-S, que debe fundarse en estudios
que demuestren contar con la credibilidad y rigorismo técnico necesarios
para asegurar que los servicios de salud del POS unificado podrán
prestarse eficiente y oportunamente por las EPS-S en las mismas
condiciones de calidad que las EPS contributivas, garantizando el
equilibrio financiero para tales entidades. Así mismo deberán diseñar
un sistema de información que permita lograr un mayor control sobre los
diferentes escenarios en que se desenvuelve el SGSSS.
CUARTO. DISPONER que hasta tanto se dé cumplimiento al
numeral anterior, deberá entenderse que a partir de la fecha de
expedición de esta providencia, el valor de la UPC-S será igual al
establecido para la UPC del régimen contributivo (…)” (fls. 73 a 111
cdno. pruebas – mayúsculas sostenidas del original y negrillas de la
Sala).
e) Así entonces, mediante el auto 262 de 2012 la Corte Constitucional declaró el
incumplimiento parcial de la orden vigésima primera y dispuso que desde la
expedición de dicha providencia debía entenderse que el valor de la UPC-S sería
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-00 (61.154)
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Apelación de sentencia
igual al establecido en la UPC-C para la población menor de edad, bajo el
entendido que los servicios de salud del POS unificado prestados por las EPS-S
se daba en las mismas condiciones de calidad que las EPS contributivas, lo cual
decidió en los siguientes términos:
PRIMERO. DECLARAR el incumplimiento parcial de la orden
vigésimo primera impartida en la sentencia T-760 de 2008 por lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social, al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión de Regulación
en Salud y al Departamento Nacional de Planeación, que elaboren la
metodología apropiada para establecer la suficiencia de la UPC-C y de
la UPC-S, que debe fundarse en estudios que demuestren contar con la
credibilidad y rigorismo técnico necesarios para asegurar que los
servicios de salud del POS unificado podrán prestarse eficiente y
oportunamente por las EPS-S en las mismas condiciones de calidad que
las EPS contributivas, garantizando el equilibrio financiero para tales
entidades. Así mismo deberán diseñar un sistema de información que
permita lograr un mayor control sobre los diferentes escenarios en que
se desenvuelve el SGSSS.
TERCERO. DISPONER que hasta tanto se dé cumplimiento al
numeral anterior, deberá entenderse que a partir de la fecha de
expedición de esta providencia, el valor de la UPC-S será igual al
establecido para la UPC del régimen contributivo para la población
menor de edad.
CUARTO. ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que
libre las comunicaciones a que haya lugar en virtud de los numerales
anteriores, remitiendo copia de esta providencia al Ministerio de Salud y
Protección Social, a la Comisión de Regulación en Salud, al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de
Planeación”. (fls. 112 a 146 cdno. pruebas).
f) El 29 de mayo de 2015, la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento
en Salud allegó a la Corte Constitucional copia del derecho de petición que en su
momento radicó ante el Ministerio de Protección Social en el que le solicitó
reconocer de manera retroactiva los recursos provenientes de la equiparación a
las EPS-S, así como también los dineros correspondientes a la igualación de la
UPC del régimen subsidiado respecto del contributivo. La Corte Constitucional en
auto del 19 de junio de 2015 le informó a Gestarsalud que los documentos
aportados serían tenidos en cuenta en el momento de llevar a cabo la valoración
del cumplimiento a las órdenes impartidas en los autos 261 y 262 de 20123.
3 El auto del 29 de mayo de 2015 puede ser consultado en:
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g) Por auto 411 del 5 de septiembre de 2016, la Corte Constitucional verificó el
cumplimiento de las ordenes impartidas en los autos 261 y 262 de 2012 y, en
relación concreta a la igualación de la UPC-S como UPC-C, refirió que el pago solo
procedía si se encontraba acreditada la ampliación de la cobertura con los
prestadores de salud a noviembre de 2012, así:
“9. Solicitud de Gestarsalud del pago retroactivo de los recursos dejados
de percibir ante la no igualación de la UPC
9.1. En la sesión técnica celebrada los días 13 y 16 de mayo de 2016
Gestarsalud solicitó a esta Corporación revisar la posibilidad de
reconocer la retroactividad de los recursos dejados de percibir ante la no
igualación de la UPC desde el momento en que fueron proferidos los
Autos 261 y 262 de 2012, esto con el fin de no poner en peligro o en
deterioro financiero a las entidades agremiadas.
Para justificar tales afirmaciones, indicó que las órdenes dictadas por la
Corte respecto de la UPC son de orden económico por lo que no había
duda sobre los intereses económicos que revestían su solicitud.
Igualmente, sostuvo que ‘pretender acá que se discuta que una entidad
que agrupa EPS del sector subsidiado está defendiendo temas
económicos’ no tiene lugar, en tanto ‘acá se le solicita a los peritos es su
opinión y, en este caso, de orden económico’.
9.2. Como ha venido siendo expuesto en el presente Auto, esta
Corporación con la expedición de los Autos 261 y 262, ordenó la
igualación de la UPC bajo el entendido que: (i) para ese momento no
se contaba con un sistema de información; (ii) no existía una metodología
sólida para la determinación de la suficiencia de la UPC; y (iii) luego de
la actualización establecida en el Acuerdo 032, las EPS contratarían
la ampliación de la cobertura para la prestación del servicio de
salud.
Este último aspecto es el que entra en consideración para analizar
la solicitud de Gestarsalud, toda vez que una vez efectuada la
actualización del POS las entidades deben contratar la ampliación
de la cobertura para poder prestar efectivamente el servicio de
salud, de acuerdo con los cambios de dicha actualización. Con la
mencionada contratación se determina a su vez si la UPC definida para
las EPS es o no suficiente para cubrir los gastos que aquella genera. En
consecuencia, si no está acreditada la ampliación de la cobertura
con los prestadores a noviembre de 2012 (fecha en la cual fueron
expedidos los Autos 261 y 262), las EPS-S no pueden solicitar el
pago retroactivo de los recursos presuntamente dejados de
percibir.
Considera esta Sala que Gestarsalud no allegó siquiera una prueba
sumaria de que efectivamente se utilizaron los recursos para la
ampliación de la cobertura y que los mismos resultaron insuficientes. Por
“https://www.corteconstitucional.gov.co/T-760-08/autos%20especificos/orden%2021/Auto%2015-06-
19%20Escrito%20Gestarsalud%20Autos%20261%20y%20262%20(%C3%B3rdenes%2021%20y%
2022).pdf”.
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esa razón, no se accederá a su solicitud de pago retroactivo de los
recursos dejados de percibir ante la no igualación de la UPC a partir de
los referidos Autos.
9.3. Ahora bien, lo anterior no es óbice para que aquellas entidades que
consideren haber ampliado la cobertura y prestado el servicio de salud a
los usuarios deban entonces proceder a su acreditación ante el
Ministerio de Salud y Protección Social, adelantando el trámite
administrativo como de verificación para obtener el pago retroactivo del
cual estiman que son titulares. Estos recursos serán correspondientes a
los aquellos gastados del 16 noviembre de 2012 (fecha de expedición de
los autos) al 26 de abril de 2013 (cuando el Ministerio acreditó las
razones por las cuales no era posible igualar la UPC).
Bajo ese entendido, este ente regulador deberá determinar en cada caso
cuáles entidades prestaron efectivamente el servicio de salud, desde
cuándo y si son acreedores de los recursos utilizados de más para la
prestación de ese servicio. En caso de que la cartera de salud considere
que no debe efectuarse el pago solicitado, las entidades deberán iniciar
el proceso ordinario que corresponda donde sea un juez el que defina la
controversia”4 (negrillas adicionales).
h) Con el propósito de demostrar que deben pagarse los servicios prestados como
UPC-C5, la demandante allegó una certificación de los dineros correspondientes al
pago de la UPC-S (fl. 148 cdno. pruebas) y en el curso del proceso se practicó un
dictamen pericial (cdno. dictamen pericial) y se recibieron dos testimonios (disco
compacto cdno. ppal.) que no prueban el daño alegado por la parte actora, tal como
pasa a explicarse a continuación.
2) La parte actora considera que tan solo se debe demostrar que los servicios de
salud se pagaron como UPC-S para que proceda el pago como UPC-C, por estimar
que en los autos referidos 261 y 262 de 2012 de la Corte Constitucional se ordenó
la igualación automática de la UPC entre los regímenes subsidiado y contributivo,
sin embargo, lo cierto es que una revisión integral y detenida de dichas
providencias da cuenta que la igualación implicaba que la EPS amplió la cobertura
de sus servicios de salud con el fin de garantizar la cobertura integral del POS de
los afiliados del régimen subsidiado en igualdad de condiciones a los usuarios del
4 Proveído que puede ser consultado en:
“https://www.corteconstitucional.gov.co/T-760-08/autos%20especificos/orden%2021/AUTO_411-
16_Seguimiento_al_cumplimiento_%C3%B3rdenes_21_y_22%20(1).pdf”.
5 Se destaca que en el momento en que se radicó la demanda del medio de control de reparación
directa de la referencia, aún no se había dictado el auto 411 de la Corte Constitucional, de manera
que para dicho momento no se encontraba establecida la obligación de agotar un trámite
administrativo ante el Ministerio de la Protección Social.
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régimen contributivo, aspecto este último que no se encuentra acreditado en el
expediente de la referencia.
3) En efecto, en el curso del proceso del proceso se practicó un dictamen pericial
en el cual solo se hizo referencia a la cantidad de usuarios atenidos por Ecoopsos
ESS EPS-S, para luego hacer una comparación del valor recibido por UPC-S con
el valor que se debió recibir por UPC-C (cdno. dictamen pericial), sin embargo, en
ningún aparte del dictamen se hace referencia a cuál fue la ampliación de la
cobertura en la prestación de los servicios de salud por parte de la demandante
para el cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008, qué recursos se utilizaron
para la ampliación de dicha cobertura, si aquellos fueron insuficientes y si
efectivamente existió un aumento en la demanda de servicios y la efectiva
prestación de los mismos.
4) De igual forma, si bien los testigos Pedro Julio Santafé Peralta -Director
Financiero de Ecoopsos ESS EPS-S- y Uldarico Soto Rojas -Director Jurídico de
Ecoopsos ESS EPS (disco compacto fl. 400 cdno. ppal.) sostuvieron que existió
un aumento en la demanda de servicios y que existieron unos incrementos por la
inclusión de servicios del POS unificado, lo cierto es que sus solas afirmaciones
no acreditan la existencia del daño, asimismo, los documentos aportados por los
testigos no evidencian su existencia, pues, en el caso del testigo Pedro Julio
Santafé Peralta no se tiene conocimiento quién fue la persona que elaboró los
estados financieros por aquel allegados ni tampoco se cuenta con pruebas que los
sustenten, por su parte, en el caso del señor Uldarico Soto Rojas, tan solo se
allegaron unos oficios que se presentaron ante el Subdirector de Costos y Tarifas
del Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social en el que
se remitió el informe del estudio de suficiencia de la UPC, sin que se aportaran los
documentos que lo sustentan (fls. 407 a 412 cdno. ppal.), es decir, carecen de
respaldo.
5) Asimismo, en el proceso reposa una certificación de lo pagado por UPC-S (fl.
148 cdno. ppal.), pero, del cual en modo alguno se puede establecer que existió
una ampliación en la cobertura de la prestación de los servicios.
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Reparación directa
Apelación de sentencia
6) En ese orden de ideas, la Sala considera que en el presente asunto no se
acreditó en el daño alegado, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.
3. Conclusión
No prospera el recurso de apelación de la parte demandante, por cuanto no se
demostró la existencia de un daño ni mucho menos que este fuera antijurídico, por
ende, se impone confirmar la sentencia apelada que denegó las pretensiones de
la demanda.
4. Condena en costas
De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del
CGP, se condenará en costas de esta instancia a la parte demandante. En los
términos del numeral 3.1.3 del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo
Superior de la Judicatura6, se fija en seis (6) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a esta fecha por concepto de agencias en derecho en favor de cada una
de las entidades demandadas.
Los gastos del proceso serán liquidados de manera concentrada por la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según dispone el artículo 366 del
Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia del 31 de enero de 2018 proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las
pretensiones de la demanda.
6 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
23
Expediente: 25000-23-36-000-2015-00566-00 (61.154)
Demandante: Ecoopsos ESS EPS-S
Reparación directa
Apelación de sentencia
2º) Condénase en costas de segunda instancia a la parte actora y fíjanse agencias
en derecho a su cargo en cuantía equivalente a seis (6) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia en favor de cada una de las
entidades demandadas.
3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
Tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente)
Con aclaración de voto
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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