Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01002-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01002-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2017-01002-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
24 de agosto de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-36-000-2017-01002-01 (74.171)
Demandante: SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA EPS (SOS
EPS)
Demandados: NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - DESEQUILIBRIO
FINANCIERO EPS - CADUCIDAD
Síntesis del caso: la EPS demandante solicita que la Nación - Ministerio de Salud y
Protección Social sea declarada extracontractual y patrimonialmente responsable del daño
consistente en el desequilibrio económico que afirma sufrió por percibir ingresos inferiores
a aquellos que le correspondían en consideración al valor establecido por Unidad de pago
por capitación (UPC) durante los años 2008 a 2015. La sentencia de primera instancia
adecuó el medio de control jurisdiccional ejercido al de nulidad y restablecimiento del
derecho y, por lo tanto, declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de
control judicial. La Sala confirma la sentencia que declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control judicial, pues, al margen de que en la demanda no se
formulen cargos de ilegalidad o reproches expresos en contra de los actos administrativos
que fijaron la UPC durante las referidas anualidades, lo cierto es que sí se les endilga una
omisión por no tener en cuenta e incluir factores (v gr valores de diferenciación geográfica)
en específicos municipios del país, lo que pone en evidencia que se cuestiona,
materialmente, el contenido y alcance de los actos administrativos que fijaron la UPC
durante esos años.
Temas: medio de control de reparación directa – adecuación a nulidad y restablecimiento
del derecho – se cuestiona la omisión de establecer factores de diferenciación geográfica
para la determinación de la UPC – caducidad del medio de control.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (índice
63 SAMAI, primera instancia) en contra de la sentencia del 20 de noviembre de
2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se resolvió lo siguiente:
“PRIMERO. RECONOCER personería jurídica al señor (…) para que
actúe en el presente proceso en representación de los intereses de la
parte demandante.
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-01002-01 (74.171)
Demandante: Servicio Occidental del Salud SOS EPS
Reparación directa (Nulidad y restablecimiento del derecho)
Apelación de sentencia
SEGUNDO. RECONOCER personería jurídica al señor (…) para que
actúe en el presente proceso en representación de la demandada Nación
– Ministerio de Salud y Protección Social.
TERCERO. ADECUAR el medio de control al de nulidad y
restablecimiento del derecho, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente sentencia.
CUARTO. DECLARAR la caducidad de la acción, de acuerdo con lo
señalado en la presente providencia.
QUINTO. Sin condena en costas en esta instancia.
SEXTO. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría,
DEVUÉLVANSE al interesado, sin necesidad de desglose, los anexos y
remanentes de la suma que se ordenó para gastos del proceso, si la
hubiere. DÉJESE constancia de dicha entrega y ARCHÍVESE el
expediente” (índice 60 SAMAI, primera instancia – negrillas y mayúsculas
fijas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 1 de junio de 2017 (fls. 8 a 23 cdno. ppal.), la
sociedad Servicio Occidental de Salud SA EPS (SOS EPS) por intermedio de
apoderado judicial (fl. 1 cdno. ppal.) presentó demanda en ejercicio del medio de
control jurisdiccional de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de
Salud y Protección Social para que se acceda a las siguientes pretensiones:
“PRIMERA. Que se declare que LA NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD
Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL es patrimonialmente responsable por
los daños que ha sufrido la Entidad Promotora de Salud SERVICIO
OCCIDENTAL DE SALUD SA, EPS SOS SA, como consecuencia de
haber tenido que operar en el régimen contributivo del Sistema General
de Seguridad Social en Salud durante los años 2008 a 2015, percibiendo
ingresos inferiores a los que correspondían, en particular por el
reconocimiento de valores insuficientes por las ciudades de Buga,
Cartago y Dosquebradas, en una cuantía igual o superior a
$31.257´550.985.
SEGUNDA. Que, en consecuencia, se condene a LA NACIÓN -
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL a pagarle a sufrido
la Entidad Promotora de Salud SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD
SA, EPS SOS SA, como indemnización del daño emergente, la cantidad
de $31.257´550.985.
TERCERA. Que, también en consecuencia, se condene a LA NACIÓN -
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL a pagarle la Entidad
Promotora de Salud SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA, EPS SOS
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-01002-01 (74.171)
Demandante: Servicio Occidental del Salud SOS EPS
Reparación directa (Nulidad y restablecimiento del derecho)
Apelación de sentencia
SA, como indemnización del lucro cesante, intereses de mora sobre la
cantidad de $31.257´550.985 liquidados a la tasa máxima legal desde las
fechas de pago de cada UPC y hasta la fecha de la sentencia.
PRIMERA SUBSIDIARIA A LA TERCERA. Que, también en
consecuencia, se condene a LA NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL a pagarle a la Entidad Promotora de Salud
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA, EPS SOS SA, como
indemnización del lucro cesante, intereses corrientes sobre la cantidad
de $31.257´550.985 liquidados a la tasa de interés bancario corriente
certificado por la Superintendencia Financiera desde las fechas de pago
de cada UPC y hasta la fecha de la sentencia.
SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA TERCERA. Que, también en
consecuencia, se condene a LA NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL a pagarle a la Entidad Promotora de Salud
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA, EPS SOS SA, como
indemnización del lucro cesante, el ajuste del valor de $31.257´550.985,
de conformidad con la variación del índice de precios al consumidor (IPC)
desde las fechas de pago de cada UPC y hasta la fecha de la sentencia.
CUARTA. Que se condene a LA NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL a pagar las costas del proceso.” (fls. 8 y 9 cdno.
ppal. – negrillas y mayúsculas fijas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) De conformidad con lo dispuesto en las Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438
de 2011 la autoridad competente para fijar el valor de la Unidad de Pago por
Capitación (UPC) es el Ministerio de Salud y Protección Social, a partir de estudios
técnicos previos.
2) El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) a través del
Acuerdo 381 de 2008 decidió establecer una prima diferencial adicional para el
régimen contributivo -no solo para el régimen subsidiario- específicamente para las
grandes ciudades del país.
3) En el año 2015 el Ministerio de Salud y de Protección Social elaboró el “estudio
de suficiencia de los mecanismos de ajuste de riesgo para el cálculo de la unidad
de pago por capitación para garantizar el plan de beneficios en salud para el año
2016”, en el cual se concluyó que los municipios de Buga, Cartago (Valle del Cauca)
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-01002-01 (74.171)
Demandante: Servicio Occidental del Salud SOS EPS
Reparación directa (Nulidad y restablecimiento del derecho)
Apelación de sentencia
y Dosquebradas (Risaralda) presentan características especiales relacionadas a
población superior, infraestructura de alta complejidad y gasto superior al promedio,
entre otras características.
4) En consecuencia, el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la
Resolución no. 5593 de 2015 “por medio de la cual fijó el valor de la UPC para la
vigencia 2016” incluyó a los municipios de Buga, Cartago (Valle del Cauca) y
Dosquebradas (Risaralda) dentro del grupo de ciudades a las cuales se les
reconoce una prima adicional del 9.86% para la referida vigencia.
Como fundamento jurídico de la demanda la parte actora invocó el artículo 90 de la
Constitución Política; sostiene que la entidad demandada es patrimonial y
extracontractualmente responsable por omisión, pues, solo hasta el año 2016 se
estableció una UPC con una prima diferencial para las entidades territoriales con
mayor siniestralidad, lo cual pone en evidencia que la UPC vigente durante los años
2008 a 2015 fue insuficiente y subvalorada.
3. El trámite de primera instancia
1) Por autos del 14 de marzo de 2018 (fls. 35 y 36 cdno. ppal.) se admitió la
demanda y se ordenó la notificación al representante legal de la Nación - Ministerio
de Salud y Protección Social.
2) La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social solicita que desestimen las
súplicas presentadas en el proceso de la referencia (fls. 49 a 87 cdno. ppal.); aduce
que el cálculo de unidad de pago por capitación (UPC) se determina en función del
perfil epidemiológico de la población relevante, los riesgos cubiertos y los costos de
prestación del servicio en condiciones medias de calidad, tecnología y hotelería;
asimismo, se realizan estudios técnicos previos para fijar su valor, para lo cual se
tienen en cuenta, entre otros aspectos, la información reportada por las mismas
promotoras de salud; agregó que la revisión de las resoluciones expedidas por el
ministerio muestra que el valor de la UPC se fundamentó en criterios técnicos y
estudios de suficiencia; al propio tiempo, alega que debe declararse probada la
excepción de caducidad del medio de control judicial pues, el cómputo de dos (2)
años no puede contarse desde la expedición de la Resolución no. 5593 de 24 de
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-01002-01 (74.171)
Demandante: Servicio Occidental del Salud SOS EPS
Reparación directa (Nulidad y restablecimiento del derecho)
Apelación de sentencia
diciembre de 2015, en tanto que el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA
determina que en estos eventos la caducidad se cuenta a partir del día siguiente al
de ocurrencia de la omisión y no cuando supuestamente cesa, como
equivocadamente se reclama en la demanda.
4. Sentencia de primera instancia
En providencia del 20 de noviembre de 2025, la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró configurada la
caducidad del medio de control judicial de reparación directa (índice 60 SAMAI,
primera instancia), con sustento en las siguientes consideraciones:
1) De acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado 1
el medio de control judicial que procede cuando se cuestionan las resoluciones a
través de las que se fijó anualmente el valor de la UPC, por el hecho de no haberse
adoptado con estudios técnicos de información actualizada, es el de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues, se censura la motivación y los fundamentos
con los cuales se fijó el valor de la UPC, razón por la cual en estos casos el término
de caducidad aplicable es el de cuatro (4) meses.
2) Las distintas intervenciones procesales de la demandante ponen en evidencia
que realmente existe una inconformidad con las decisiones administrativas del
CNSSS, la CRES y el Ministerio entre 2008 y 2015, toda vez que, según se expone
en la demanda, no se habrían realizado los estudios pertinentes que permitían
evidenciar una mayor siniestralidad en los municipios en que la EPS prestaba sus
servicios de los departamentos del Valle del Cauca y de Risaralda, a pesar de que
SOS EPS puso en conocimiento del ministerio demandado la mayor siniestralidad
geográfica; por ese específico motivo, le correspondía atacar la legalidad de esos
actos administrativos en sede judicial.
3) Ahora bien, dado que los actos administrativos objeto de controversia se
expidieron entre los años 2008 y 2014 se toma el último de ellos para realizar el
referido cómputo, pues, si se concluye que frente a este operó el fenómeno procesal
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 19 de agosto de 2025, exp. 72.345, MP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-01002-01 (74.171)
Demandante: Servicio Occidental del Salud SOS EPS
Reparación directa (Nulidad y restablecimiento del derecho)
Apelación de sentencia
de la caducidad, resulta evidente que lo mismo ocurrió respecto a los demás; en
este caso concreto, la Resolución no. 5925 del 23 de diciembre de 2014 por medio
de la cual se fijó la UPC para 2015 y se establecieron las primas adicionales
diferenciales se publicó en el Diario Oficial no. 49.374 de esa misma fecha; en
consecuencia, el término de caducidad debe contarse desde el día siguiente.
4) Por lo tanto, la parte actora tenía cuatro (4) meses desde el 24 de diciembre de
2014 para ejercer el derecho de acción e incoar el medio de control jurisdiccional
de nulidad y restablecimiento del derecho; luego, dado que se presentó la solicitud
de conciliación el 16 de diciembre de 2016 y la demanda el 1º de junio de 2017 es
claro que la demanda se radicó cuando ya había operado la caducidad del medio
de control judicial.
5. Recurso de apelación
Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación (índice
63 SAMAI, primera instancia) en el cual solicitó que se revoque la decisión de
primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda con fundamento
en el siguiente razonamiento:
1) La legalidad de la Resolución no. 5593 del 24 de diciembre de 2015 jamás ha
sido cuestionada en el proceso ya que, dicho acto administrativo fue proferido en
debida forma y goza de presunción de legalidad; empero, con ese acto
administrativo el Ministerio de Salud y Protección Social aceptó que debió haber
reconocido una UPC adicional para las EPS que operan en los municipios de Buga,
Cartago (Valle del Cauca) y Dosquebradas (Risaralda), pues, solo fue a partir del
año 2016 que empezó a reconocer dicha prima adicional bajo un criterio geográfico.
2) Con la Resolución no. 5593 del 24 de diciembre de 2015 quedó en evidencia que
durante las vigencias 2013 a 2015 la atención de los servicios y tecnologías en
salud prestadas a los usuarios estuvo desfinanciada.
3) La sentencia de primera instancia aplicó de manera indebida el precedente del
19 de agosto de 2025, toda vez que en esa decisión se analizó la fijación de la UPC,
la cual realiza anualmente el Ministerio de Salud y Protección Social, mientras que
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-01002-01 (74.171)
Demandante: Servicio Occidental del Salud SOS EPS
Reparación directa (Nulidad y restablecimiento del derecho)
Apelación de sentencia
en el presente caso se aduce una omisión por el hecho de no haber realizado los
reconocimientos de primas adicionales a la UPC.
4) La postura del tribunal de primera instancia es incorrecta, en tanto que el daño
alegado y cuya reparación se persigue no fue concretado ni conocido mediante los
actos administrativos que fijaron la UPC durante las vigencias 2008 a 2015, sino
que, se identificó con la expedición de la Resolución no. 5593 de 2015, sobre la
base de considerar que con este acto administrativo se estableció que el Ministerio
de Salud y Protección Social no garantizó el equilibrio financiero de SOS EPS SA
por el hecho de no efectuar los estudios técnicos necesarios para el reconocimiento
de primas adicionales de dispersión geográfica.
6. Actuación surtida en segunda instancia
El 20 de mayo de 2026 se admitió el recurso de apelación (índice 4 SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala resuelve el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia y anuncio de la decisión, 2)
improcedencia del medio de control jurisdiccional de reparación directa y caducidad
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, 3) conclusión y, 4)
condena en costas.
1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión
Corresponde a la Sala determinar si se configura el fenómeno de la caducidad
respecto de las pretensiones de la demanda, en las cuales se afirma que Servicio
Occidental de Salud SOS EPS sufrió un daño por omisión debido a la falta de
reconocimiento de valores diferenciales en la UPC durante los años 2008 a 2015.
La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró probada la
excepción de caducidad, para lo cual, de manera previa, precisará que el medio de
control judicial procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, y no el
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-01002-01 (74.171)
Demandante: Servicio Occidental del Salud SOS EPS
Reparación directa (Nulidad y restablecimiento del derecho)
Apelación de sentencia
de reparación directa como se esgrime en el recurso de apelación, para lo cual se
reiterará la tesis y el análisis efectuado en el precedente identificado por el tribunal
de primera instancia contenido en la sentencia del 19 de agosto de 2025, en el
proceso con número de radicación 25000-23-36-000-2020-00013-01 (72.345).
2. Improcedencia del medio de control jurisdiccional de reparación directa y
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
1) Desde la presentación de la demanda -posición reiterada en el recurso de
apelación- se sostuvo, de manera expresa y clara que el daño que se reclama
consiste en el desequilibrio económico sufrido por la sociedad Servicio Occidental
de Salud SOS EPS por el hecho de no reconocer una UPC adicional para las EPS
que operan en los municipios de Buga, Cartago (Valle del Cauca) y Dosquebradas
(Risaralda) durante los años 2008 a 2015, el cual tuvo origen en el hecho de que el
ministerio demandado “no realizó, como le correspondía, los referidos estudios
técnicos previos ni tuvo en cuenta la información actualizada o suficiente para que
las autoridades competentes definieran el valor de la Unidad de Pago por
Capitación - UPC”2.
2) Ante tal afirmación, el tribunal de primera instancia consideró que el asunto de la
referencia debe ser analizado y decido a través del medio de control jurisdiccional
de nulidad y restablecimiento del derecho, por estimar que se cuestiona la validez
de los actos administrativos que fijaron las UPC durante las vigencias 2008 a 2015.
3) Sobre el particular, la Sala pone de presente que, aunque en la demanda y su
reforma no se identificaron los actos administrativos que fijaron anualmente el valor
de la unidad de pago por capitación (UPC) durante el periodo comprendido entre
los años 2008 a 2015, sí se cuestiona su legalidad cuando se reprocha que estos
no estuvieron soportados en estudios técnicos con información actualizada, este
aspecto condujo a que, en su criterio, la UPC reflejara un menor valor al que
realmente le correspondía año tras año.
2 Fl. 15 cdno. ppal. Adicionalmente, en el hecho 22 de la demanda se afirmó lo siguiente: “El daño
que se reclama en la presente demanda se originó en la decisión adoptada por la cual el Ministerio
de Salud y Protección Social -errada por falta de soporte técnico- en el sentido de fijar la Unidad de
Pago por Capitación de la manera como lo hizo” (fl. 12 cdno. ppal.).
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-01002-01 (74.171)
Demandante: Servicio Occidental del Salud SOS EPS
Reparación directa (Nulidad y restablecimiento del derecho)
Apelación de sentencia
4) Para la parte actora, los valores de la UPC establecidos durante los años 2008
a 2015 son erróneos, tanto así que los califica, expresa e inequívocamente, como
“indebidos e insuficientes” por la falta de realización de estudios técnicos previos
aptos e idóneos; en ese contexto, la parte actora argumenta que la falta de esos
documentos soportes impidió el reconocimiento de un mayor valor por los servicios
prestados en los municipios de Buga, Cartago (Valle del Cauca) y Dosquebradas
(Risaralda), por ello cuestiona la veracidad o suficiencia de la motivación que
sustentó los actos administrativos que fijaron el valor de la UPC, lo cual constituye,
indiscutiblemente, un reproche o censura sobre su legalidad, porque evidentemente
controvierte la motivación y los fundamentos con los cuales se fijó el valor de la
UPC durante las referidas anualidades, la cual califica de errada y sin sustento
válido; además, implícitamente enrostra una expedición irregular de esos actos
administrativos que definieron la UPC durante esas anualidades, por el hecho de
no contar, se insiste, con los soportes necesarios para su adopción.
5) En ese sentido, es relevante señalar que, aunque los actos administrativos
definieron anualmente el valor de la UPC durante el periodo de 2008 a 2015 tienen
la característica de ser de orden general, la consagración legal de la teoría de los
móviles y finalidades en el ordenamiento procesal contencioso administrativo,
específicamente en los artículos 137 y 138 del CPACA, permite que no solamente
sea factible discutir su legalidad y buscar su nulidad, sino que también se persiga
el correspondiente restablecimiento del derecho directamente violado al particular
demandante, en un término de cuatro (4) meses siguientes a la correspondiente
publicación3.
6) En esa perspectiva, dado que SOS EPS SA busca restablecer el desequilibrio
económico causado por la fijación del valor de la UPC que, según sostiene, no
refleja el costo real de las atenciones médicas con cargo a la unidad de pago por
capitación (UPC), el medio de control judicial adecuado y procesalmente
procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho y no el de reparación
directa, pues, es inequívoco que la parte actora formula unos precisos reproches o
cuestionamientos de legalidad respecto de tales actos administrativos por una
3 En similar sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de
noviembre de 2024, radicación no. 05001-23-33-000-2014-01102-01 (69.243), MP Fredy Ibarra
Martínez, con salvamento parcial de voto del consejero Martín Bermúdez Muñoz y aclaración de
voto del consejero Alberto Montaña Plata.
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-01002-01 (74.171)
Demandante: Servicio Occidental del Salud SOS EPS
Reparación directa (Nulidad y restablecimiento del derecho)
Apelación de sentencia
supuesta “omisión” consistente en insuficiencia o no veracidad de los motivos que
le sirvieron de fundamento, lo cual, evidentemente, constituye una específica causal
de anulación de ese tipo de actos jurídicos.
7) En el asunto de la referencia, por el hecho de adecuarse en primera instancia la
demanda al medio de control judicial de nulidad y restablecimiento se advierte la
configuración de la caducidad, por lo cual se confirmará la sentencia impugnada
que declaró probada la misma.
8) Ciertamente, como se expuso en párrafos anteriores, la sociedad demandante
alega la existencia de un desequilibrio cuyo origen se encuentra en los actos
administrativos que fijaron el valor de la UPC en los años 2008 a 2015; por tal
motivo resulta abiertamente contradictorio que la EPS demandante afirme que
durante las vigencias 2008 a 2015 que el valor de la UPC era insuficiente e
infravalorado frente a determinados municipios del país, pero que solo conoció esa
circunstancia con la expedición de la Resolución no. 5593 del 24 de diciembre de
2015, por cuanto en la misma demanda se sostiene que la determinación de la UPC
durante esas anualidades fue “errada por falta de soporte técnico” (fl. 12 cdno.
ppal.).
En efecto, en este caso concreto la causa del daño que se alega en la demanda
proviene de la falta de elaboración de estudios y análisis suficientes, idóneos y
aptos para definir la UPC con base en criterios de diferenciación geográfica; por
consiguiente, la parte actora tenía que conocer que ese cálculo era insuficiente y
errado desde el mismo momento en que se profirieron las resoluciones que fijaron
la UPC para las vigencias 2008 a 2015, sin tener que esperar a que el Ministerio de
Salud y Protección Social expidiera una decisión en la cual sí contara con esos
estudios y análisis.
En suma, al margen de que en la demanda no se cuestione literalmente la legalidad
de la Resolución no. 5593 del 24 de diciembre de 2015, lo cierto es que sí se
controvierte la validez de las resoluciones que fijaron las UPC para los años 2008
a 2015, precisamente con fundamento en los cargos de falsa motivación y de
expedición irregular por no contar con los estudios idóneos y suficientes para haber
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-01002-01 (74.171)
Demandante: Servicio Occidental del Salud SOS EPS
Reparación directa (Nulidad y restablecimiento del derecho)
Apelación de sentencia
advertido que el incremento de la UPC era insuficiente para los municipios de Buga,
Cartago (Valle del Cauca) y Dosquebradas (Risaralda).
9) Para la vigencia 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social en Resolución
no. 5925 del 23 de diciembre de 2014 fijó la UPC para los regímenes contributivo y
subsidiado, acto que se publicó en el Diario Oficial no. 49.374 de esa misma fecha;
en ese contexto fáctico y normativo, el cómputo de la caducidad -respecto de los
valores dejados de percibir en el año 2015- debe partir desde la publicación de la
mencionada resolución.
10) En relación con este aspecto, el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 en cuanto
a la oportunidad para ejercer el medio de control jurisdiccional de nulidad y
restablecimiento del derecho dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 164.- Oportunidad para presentar la demanda. La
demanda deberá ser presentada:
(…).
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…).
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la
demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según
el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones
legales” (se resalta).
Como se indicó previamente, la Resolución no. 5925 del 23 de diciembre de 2014
del Ministerio de Salud y Protección Social se publicó en esa misma fecha, de
manera que la parte actora contaba desde el 24 de diciembre de 2014 con cuatro
(4) meses para presentar el medio de control jurisdiccional de nulidad y
restablecimiento del derecho; por consiguiente, la demanda radicada el 1º de junio
de 2017 fue instaurada por fuera del plazo legal, máxime si se considera que la
solicitud de conciliación prejudicial presentada el 16 de diciembre de 2016 no
suspendió los términos.
11) Sobre este punto es pertinente precisar que, si se predica la caducidad respecto
de los servicios prestados en el año 2015 con mayor razón se evidencia
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-01002-01 (74.171)
Demandante: Servicio Occidental del Salud SOS EPS
Reparación directa (Nulidad y restablecimiento del derecho)
Apelación de sentencia
fundadamente respecto de la reclamación por los periodos que corresponden a
años anteriores (2014 a 2008), por lo cual la demanda resulta manifiestamente
extemporánea.
12) De otra parte, es igualmente relevante precisar que este caso es diferente a
otros en los cuales también se ha demandado por la existencia de un desequilibrio
financiero de las EPS por la omisión en la homologación de las UPC entre el
régimen subsidiado y contributivo debido a la orden impartida por la Corte
Constitucional en la sentencia T-760 del 31 de julio de 2008, consistente en la
realización de una serie de actualizaciones, homologaciones y ampliaciones de
coberturas del POS del régimen subsidiado frente al régimen contributivo y la
realización de unos ajustes a la UPC subsidiada de la población infantil, en los
cuales la Subsección B4 de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
considerado que el medio de control judicial procedente es el de reparación directa,
debido a que, precisamente, el daño alegado en esos eventos particulares y
concretos se atribuye a una omisión administrativa, postura que no han compartido
las Subsecciones A5 y C6, las cuales han sostenido que el medio de control judicial
procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho.
3. Conclusión
Por las razones aquí expuestas se confirmará la decisión de primera instancia que
declaró probada la caducidad, pues, esta fue presentada por fuera del término
dispuesto en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, relacionado con
el medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho.
4. Condena en costas
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como
se desestimó el recurso de apelación de la parte demandante, esta asumirá las
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicación
no. 25000-23-36-000-2015-00566-01 (61.154), MP Fredy Ibarra Martínez, con aclaración de voto
del consejero Martín Bermúdez Muñoz quien estimó que el medio de control procedente en ese caso
era el de nulidad y restablecimiento del derecho.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2023,
radicación no. 25000-23-36-000-2013-01622-01 (55.609), MP José Roberto Sáchica Méndez.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2024, radicación
no. 25000-23-30-000-2014-00865-01 (61.193) MP Jaime Enrique Rodríguez Navas.
13
Expediente: 25000-23-36-000-2017-01002-01 (74.171)
Demandante: Servicio Occidental del Salud SOS EPS
Reparación directa (Nulidad y restablecimiento del derecho)
Apelación de sentencia
costas procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en
forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las agencias en derecho;
de igual manera, se confirmará la condena en costas de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia del 20 de noviembre de 2025 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
2°) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte actora, tásense de
manera concentrada por el tribunal de primera instancia.
3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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