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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-01413-02

Fecha
9 de abril de 2025
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-01413-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 23 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la 87 Cfr. Art. 365 y ss. CGP. 88 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034 89 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. 90 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general. En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V. En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”. 34 Radicado: 25000233600020160141302 (64724) Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la cual quedará así: SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de Juan Carlos Tarquino Sarmiento, Johana María Osorio Manotas, Adriana María Tarquino Sarmiento, Juan Carlos Cárdenas Sánchez, Guillermo Tarquino Sarmiento, Luis Guillermo Lozano Tarquino, Marlenis de Jesús Sánchez Bedoya, Norma Nathalia Lozano Sánchez y Yiseth Marina Lozano Sánchez. TERCERO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Fijar por concepto de agencias en derecho en segunda instancia la suma equivalente a 1 SMLMV, en favor de la parte demandante. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2016-01413-02

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

9 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000233600020160141302 (64724)
Demandante: JUAN CARLOS TARQUINO SARMIENTO Y OTROS
Demandado: MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Tema: Ocupación jurídica por motivos de utilidad pública e interés
social. Falta de legitimación en la causa por activa. Ausencia de
prueba para acreditar la calidad de herederos y la titularidad del
derecho de dominio.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 23 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Según se afirma en la demanda, mediante Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de
1993, el Concejo municipal de Fusagasugá declaró varios bienes como de utilidad
pública, entre ellos, “los identificados con cédula catastral 01-00-0045-0001-000,
01-00-0045-0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 01-00-0045-0023-000” o matrícula
inmobiliaria 157-26559, 157-26701 y 157-15864 de propiedad de María Petronila de
la O Martínez de Tarquino. Los demandantes, -que aducen la calidad de herederos
propietarios- consideran que el municipio de Fusagasugá es patrimonialmente
responsable por la afectación del derecho de propiedad que detentan sobre los
referidos inmuebles, pues están imposibilitados para disponer de ellos en virtud del
Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de 1993, que los declaró como de utilidad
pública.

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Radicado: 25000233600020160141302 (64724)
Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 13 de julio de 20161-2, Juan Carlos Tarquino Sarmiento, Johana María Osorio
Manotas, Adriana María Tarquino Sarmiento, Juan Carlos Cárdenas Sánchez,
Guillermo Tarquino Sarmiento, Luis Guillermo Lozano Tarquino, Marlenis de Jesús
Sánchez Bedoya, Norma Nathalia Lozano Sánchez y Yiseth Marina Lozano
Sánchez en nombre propio y en calidad de herederos de María Petronila de la O
Martínez de Tarquino, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de
control de reparación directa, presentaron demanda en contra del Municipio de
Fusagasugá, por los perjuicios causados por la imposibilidad de disponer de los
bienes identificados con “cédula catastral 01-00-0045-0001-000, 01-00-0045-0005-
000, 01-00-0045-0006-000 y 01-00-0045-0023-000”3, pues el referido municipio
mediante Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de 1993, declaró esas propiedades
como de utilidad pública.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar al municipio
de Fusagasugá a pagar, por perjuicios morales, 50 SMLMV a cada uno; por daño
emergente, la suma de $2.197.874.887 a Juan Carlos Tarquino Sarmiento, Adriana
María Tarquino Sarmiento, Guillermo Tarquino Sarmiento y Luis Guillermo Lozano
Tarquino; y por lucro cesante, la suma de $134.433.224 a Juan Carlos Tarquino
Sarmiento, Adriana María Tarquino Sarmiento, Guillermo Tarquino Sarmiento y Luis
Guillermo Lozano Tarquino.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que María Petronila de
la O Martínez de Tarquino era propietaria de los bienes identificados con “cédula

1 Fl. 7 a 15, C. 1.
2 Fl. 25 a 26, C. 1. Subsanación de la demanda.
3 Fl. 25 a 26 y 39 a 41, C. 1. Mediante auto del 26 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo

de Cundinamarca, inadmitió la demanda. Posteriormente, el 14 de octubre de 2016, la parte actora
subsanó la demanda, y con ella aportó: i) certificado de tradición de matrícula inmobiliaria 157-26559
del predio ubicado en la calle 6 No. 10-27/35/37/39 de Fusagasugá, que da cuenta que María
Petronila de la O Martínez de Tarquino es su propietaria; ii) certificado de tradición de matrícula
inmobiliaria No. 157-26701 del predio ubicado en la calle 6 No. 10-63 de Fusagasugá, que da cuenta
que María Petronila de la O Martínez de Tarquino es su propietaria; y, iii) certificado de tradición de
matrícula inmobiliaria No. 157-15864 del predio “sin dirección tercera porción” en Fusagasugá, que
da cuenta que María Petronila de la O Martínez de Tarquino es su propietaria. Lo anterior, en
atención a que cuando se expidió el Acuerdo 29 del 13 de diciembre de 1993 los bienes descritos
en la demanda se identificaban con cédula catastral.

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Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

catastral 01-00-0045-0001-000, 01-00-0045-0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 01-
00-0045-0023-000” o certificados de tradición de matrícula inmobiliaria 157-26559,
157-26701 y 157-15864, ubicados en el municipio de Fusagasugá.

Refiere que el 26 de diciembre de 1989 falleció María Petronila de la O Martínez de
Tarquino, por lo que en la “actualidad” se está tramitando la sucesión de la causante,
“siendo herederos reconocidos” Juan José tarquino Martínez, Juan Carlos Tarquino
Sarmiento, Adriana Tarquino Sarmiento, Guillermo Tarquino Sarmiento, Luis
Guillermo Lozano y Ricardo Andrés Lozano Tarquino.

Señala que mediante Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de 1993, el Concejo
municipal de Fusagasugá declaró varios bienes como de utilidad pública, entre ellos,
“los identificados con cédula catastral 01-00-0045-0001-000, 01-00-0045-0005-000,
01-00-0045-0006-000 y 01-00-0045-0023-000”. Asimismo, autorizó al alcalde
municipal en ese mismo acto para “adquirir por negociación directa o por
expropiación unos inmuebles para realizar la proyección de unas vías”.

Manifiesta que mediante oficio 1060.04.3982-14 del 27 de junio de 2014, el
Departamento Administrativo de Planeación de Fusagasugá informó a Guillermo
Lozano Tarquino que: i) la afectación “de su predio” según el Acuerdo No. 29 del 13
de diciembre de 1993, tenía una vigencia de tres años, renovables por otros tres
años más; ii) que el predio con “código catastral No. 010000450005000 se requiere
para destaponamiento de la carrera 11 entre calles 6 y 7”, para lo cual la
administración deberá adelantar el proceso de declaratoria de utilidad pública del
inmueble previsto en el POT y, posteriormente iniciar el proceso de enajenación del
mismo”; y, iii) que los “otros predios” no se pudieron identificar ya que las matrículas
inmobiliarias enviadas en la solicitud no concuerdan con los archivos, solo un predio
se pudo localizar.

Indica que el deseo de los herederos de María Petronila de la O Martínez de
Tarquino ha sido disponer en venta los bienes inmuebles identificados con cédula
catastral 01-00-0045-0001-000, 01-00-0045-0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 01-
00-0045-0023-000 o matricula inmobiliaria 157-26559, 157-26701 y 157-15864. Sin
embargo, ello no ha sido posible en virtud de la afectación impuesta por el municipio
de Fusagasugá, quien, por un lado, no adquiere por enajenación voluntaria o

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Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

expropiación administrativa los inmuebles, y por otro, no permite que se realice
negocio jurídico sobre los mismos con particulares interesados.

Los demandantes consideran que el municipio de Fusagasugá es patrimonialmente
responsable porque les ha cercenado el derecho a disponer sobre los inmuebles
identificados con “cédula catastral 01-00-0045-0001-000, 01-00-0045-0005-000, 01-
00-0045-0006-000 y 01-00-0045-0023-000” o matrícula inmobiliaria 157-26559,
157-26701 y 157-15864.

Textualmente, la parte actora refiere que: “[E]l inmueble está paralizado en un
estado de indefinición jurídica, en la que no se sabe, cuándo se procederá por parte
de la Administración municipal a la negociación voluntaria de los predios con los
propietarios, o a su expropiación, tampoco cuando se haría el nuevo trámite
administrativo de la nueva declaratoria de utilidad pública de los predios, y tampoco
permite la negociación con particulares, con la negación de la expedición de licencia
de construcción para el desarrollo de los predios, desconociendo abiertamente la
ineficacia de pleno derecho de la afectación realizada mediante el acuerdo No. 29
de 1.993 y su pérdida de fuerza ejecutoria y por tanto su obligatoriedad para los
propietarios de los predios. En síntesis, no se puede desarrollar el predio está
bloqueado, por asuntos de carácter administrativo, los cuales si se llevaran
adecuadamente ya se hubieran hecho, pensemos que desde 1993, se ordenó la
expropiación o negociación directa sin que ninguna de las dos se halla (sic) hecho,
en un término transcurrido de 22.5 años sin dar solución efectiva a la problemática
(…). Omisiones por parte de la Administración municipal de Fusagasugá, en
manifiesto perjuicio para los particulares propietarios del inmueble (…)”.

2. Contestaciones

El 17 de noviembre de 20164-5, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió
la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

4 Fl. 44 a 46, C. 1.
5 Fl. 19 a 20, C. 1. Mediante auto del 26 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca inadmitió la demanda y ordenó a la parte demandante demostrar la calidad de
herederos de María Petronila de la O Martínez de Tarquino, establecer de manera precisa la fecha
del hecho generador del daño y allegar los registros civiles de varios actores.

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Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

2.1. El municipio de Fusagasugá6 sostuvo que no generó daño alguno a los
demandantes, pues si bien existió la iniciativa en el Concejo municipal para afectar
los inmuebles con “folios de matrícula 157-26559, 157-26701 y 157-15824 de María
Petronila de la O Martínez de Tarquino”, a través del Acuerdo No. 29 del 13 de
diciembre de 1993, lo cierto es que dicha decisión no fue notificada a la señora
Martínez de Tarquino y tampoco fue inscrita en los folios de matrícula inmobiliaria
referidos, razón por la que “la afectación -nunca- nació a la vida jurídica, por expresa
disposición legal, sumado a que por el trascurso del tiempo la misma perdió vigencia
desde hace más de 20 años”. Adicionalmente, destacó que no era cierto que se
hubiesen negado licencias de construcción sobre los predios descritos previamente,
pues en los registros de la entidad no se identificaron solicitudes de trámites en ese
sentido.

Por último, alegó la falta de legitimación en la causa por activa, porque no estaba
probada la condición de herederos y/o propietarios de los demandantes. Razón por
la cual propuso las excepciones de inepta demanda, falta de legitimación por activa,
inexistencia de daño generador de responsabilidad y temeridad y mala fe.

3. Audiencia inicial

3.1. El 14 de febrero de 20187, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró
la audiencia inicial en la que declaró probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por activa propuesta por la parte demandada, en tanto constató que los
actores no acreditaron la condición de propietarios ni herederos de los bienes
inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria8 No. 157-26559, 157-26701 y
157-15864.

3.2. Contra la anterior decisión y en la misma audiencia, la parte demandante
interpuso recurso de apelación, pues consideró que los registros civiles aportados
al proceso acreditaban sus condiciones de herederos de María Petronila de la O

6 Fl. 63 a 76, C. 1.
7 Fl. 97 a 101, C. 2.
8 Fl. 39 a 41, C. 1; y, Fl. 97 a 101, C. 2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca sostuvo que la

parte demandante con la subsanación de la demanda aportó los certificados de Tradición y Libertad
de los inmuebles que en la demanda identificó con cédula catastral 01-00-0045-0001-000, 01-00-
0045-0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 01-00-0045-0023-000.

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Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

Martínez de Tarquino 9.

3.3. Mediante auto de ponente del 21 de mayo de 201810, el Consejo de Estado
resolvió revocar la decisión adoptada en la audiencia inicial del 14 de febrero de
2018 y, en su lugar, dispuso “declarar no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa”. Como fundamento del proveído, se dijo
textualmente: “De manera que, debe diferirse el presente proceso, hasta que se
tengan mayores elementos probatorios que puedan dar certeza si en verdad se
encuentra acredita la falta de legitimación en la causa por activa, puesto que, pese
a que no se demostró la calidad de herederos, los demandantes se muestran como
los poseedores de los predios, de esta manera, ante la falta de certeza probatoria y
en virtud del principio pro actione y en aras de privilegiar el acceso efectivo a la
administración de justicia, el Despacho considera que en el sub lite se torna
procedente la revocatoria de la decisión adoptada por el a quo en audiencia del 14
de febrero de 2018, mediante la cual se declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa”.

3.4. El 10 de octubre11 y el 3 de diciembre12 de 2018, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del
proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que “guarda relación
básicamente con los hechos que no son aceptados por las partes; esos hechos son
los que constituyen a su vez el tema de la prueba y permiten consecuencialmente
el análisis a efectos de decretar o no los diferentes medios de prueba de acuerdo
con el cumplimiento de requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad. (…)
Escuchadas las partes se procede a fijar el litigio, el cual se centra en los hechos 1,
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. De esta manera queda fijado el litigio en esta
causa.”

9 Fl. 97 (cd) y 101, C. 2.
10 Fl. 105 a 112, C. 2. Decisión proferida por el entonces magistrado titular, Jaime Orlando Santofimio

Gamboa.
11 Fl. 125 a 127, C. 2.
12 Fl. 175 a 177, C. 2.

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Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 3 de diciembre de 201813, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora14 y el municipio de Fusagasugá15 reiteraron los argumentos
expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente.

4.2. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 23 de mayo de 201916 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca “negó” las pretensiones de la demanda, aduciendo que la parte
actora no estaba legitimada en la causa por activa, pues no acreditó ser propietaria
ni poseedora de los bienes inmuebles identificados con cédula catastral 01-00-0045-
0001-000, 01-00-0045-0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 01-00-0045-0023-000 o
folio de matrícula inmobiliaria No. 157-26559, 157-26701 y 157-15864.

Textualmente, el a quo sostuvo que: “No se acreditó la condición de poseedores
que se alegó en favor de los demandantes, puesto que quien pretenda demostrar
que ejerce la posesión material sobre un bien, sea en su propio nombre o en el de
un tercero poseedor, debe acreditar, mediante prueba idónea, los dos elementos
constitutivos de ella, a saber: i) el corpus (…) y ii) el animus (…). Conforme a lo
expuesto, la ausencia de elementos probatorios para acreditar la calidad de
poseedor, contraviene el principio de la legitimación en la causa por activa, según
el cual, quien formula peticiones en el proceso debe tener interés legítimo, serio y
actual en la declaración que se persigue, por tanto, solamente será posible concluir
que los demandantes carecen de interés para demandar.

En ese sentido, se reprocha que en el presente asunto la parte demandante no
corrigió sus falencias probatorias a pesar de haber tenido a su disposición una serie

13 Fl. 175 a 177, C. 2.
14 Fl. 178 a 179, C. 2.
15 Fl. 180 a 186, C. 2.
16 Fl. 211 a 219, C. Ppal.

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Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

de oportunidades procesales para acreditar su interés para formular la pretensión,
así: i) Con la presentación de la demanda; ii) En la subsanación de la demanda,
debido a que el despacho solicitó que se demostrara la calidad de herederos que
se aducía; iii) En el traslado de las excepciones, teniendo en cuenta que la entidad
demandada propuso como excepción la falta de legitimación de los accionantes; y
iv) En el término concedido en la audiencia inicial, para acreditar la calidad de
poseedores, en atención a lo dispuesto por el Consejo de Estado en providencia de
21 de mayo de 2018.

(…) En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa
de los demandantes, como quiera que no obra en el proceso medio de prueba que
permita establecer, o al menos inferir, que efectivamente están llamados a debatir
el interés jurídico aducido en el proceso, toda vez que la calidad de propietario o
poseedor que se alegó a su favor, quedo reducida o circunscrita a meras
afirmaciones o conjeturas contenidas en el escrito de la demanda.”

6. Recurso de apelación

El 21 de junio de 201917, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 30 de julio de 201918 y admitido el 3 de octubre de 201919.

6.1. La parte actora20 manifestó que la calidad en que ejerció el derecho de acción era
la que estaba consignada en el escrito introductorio y como se dijo en la sentencia de
primera instancia, esto es, como “herederos” de María Petronila de la O Martínez de
Tarquino. Sin embargo, de manera confusa, refiere que, dentro del término probatorio,
conforme lo sostuvo el Consejo de Estado en decisión del 21 de mayo de 2018, aportó
las pruebas que acreditaban la posesión de los bienes inmuebles “objeto de la litis”.

Por otro lado, los accionantes reiteraron que el municipio de Fusagasugá cercenó sus
derechos a disponer de los inmuebles identificados con cedula catastral 01-00-0045-
0001-000, 01-00-0045-0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 01-00-0045-0023-000.

17 Fl. 227 a 229, C. Ppal.
18 Fl. 231, C. Ppal.
19 Fl. 240, C. Ppal.
20 Fl. 227 a 229, C. Ppal.

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Radicado: 25000233600020160141302 (64724)
Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 8 de noviembre de 201921, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1. La parte actora22 y el municipio de Fusagasugá23 reiteraron los argumentos
expuestos en el recurso de apelación y en la contestación de la demanda,
respectivamente.

7.2. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia del 23 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda,
supera los 500 SMLMV para la fecha de su presentación24, exigidos para que el
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tuviera
vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 150, 152 numeral 6, y 157 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

21 Fl. 244, C. Ppal.
22 Fl. 246 a 248, C. Ppal.
23 Fl. 249 a 251, C. Ppal.
24 La pretensión mayor es de $2.197.874.887, por daño emergente, lo cual es mayor a $344.727.000,

que corresponden a 500 SMLMV de la fecha de presentación de la demanda (13 de julio de 2016).

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Radicado: 25000233600020160141302 (64724)
Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño por omisiones imputables al municipio de
Fusagasugá.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue
alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal
fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal y, por ende, ha de ser
examinado de oficio25.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general26, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

25 “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse,

en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de
manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo
143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que
ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición
propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como
excepción de fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia
definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A”. Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, expediente 21093.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”

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controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción27, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure28 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia29, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

27 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.
28 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
29 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

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Ahora bien, se tiene que el artículo 136 del Decreto 1º de 198430 (Código
Contencioso Administrativo), vigente para la época de los hechos y subrogado por
el artículo 164 del CPACA, señalaba que “la reparación directa caducará al
vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquiera otra causa”.

En esa línea, la Sección Tercera del Consejo de Estado31 ha indicado que el término
para presentar la demanda en los casos de ocupación jurídica de inmuebles debe
computarse “desde el momento en que el particular tuvo conocimiento de que no
podía darle al bien la destinación que pretendía, a consecuencia de esa
determinación [por parte] de la entidad pública”.

En el caso sub examine para establecer si el derecho de accionar se ejerció en
tiempo, debe tenerse en cuenta que mediante Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre
de 1993, el Concejo municipal de Fusagasugá declaró varios bienes como de
utilidad pública, entre ellos, “los identificados con cédula catastral 01-00-0045-0001-
000, 01-00-0045-0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 01-00-0045-0023-000 de
Martínez Tarquino María Petronila”, el cual se publicó en “la cartelera oficial de la
casa de gobierno municipal” el 14 de diciembre de 1993 (hechos probados 7.1.13 y
7.1.14).

No obstante lo anterior, el municipio de Fusagasugá alega en la contestación de la
demanda que el Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de 1993 no fue notificado a
María Petronila de la O Martínez de Tarquino y tampoco se inscribió en los folios de
matrícula inmobiliaria No. 157-26559, 157-26701 y 157-15864.

Posteriormente, mediante oficio 1060.04.3982-14 del 27 de junio de 2014 (hecho
probado 7.1.20), el Departamento Administrativo de Planeación de Fusagasugá
informó a Guillermo Lozano Tarquino que la afectación “de su predio” según el
Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de 1993, tenía una vigencia de tres años,

30 Fecha de entrada en vigencia: 01 de marzo de 1984.
31Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia del 5 de junio de 2018. Rad.: 43.916. Posición reiterada por la Subsección C en sentencia
del 31 de enero de 2020, Rad.: 64337 y Subsección A en sentencia del 24 de septiembre de 2020.

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renovables por otros tres años más y que el predio con “código catastral No.
010000450005000 se requiere para destaponamiento de la carrera 11 entre calles
6 y 7”, para lo cual la administración deberá adelantar el proceso de declaratoria de
utilidad pública del inmueble previsto en el POT y, posteriormente iniciar el proceso
de enajenación del mismo.

En efecto, si bien está probado que el Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de 1993
comenzó a surtir efectos a parir de su publicación en la cartelera oficial y que el
municipio de Fusagasugá indicó que el contenido de dicho acto no se notificó a
María Petronila de la O Martínez de Tarquino, lo cierto es que en aplicación de los
principios pro actione y pro damnato32, y para garantizar el acceso a la
administración de justicia, en este caso la Sala, tal y como ya lo ha hecho en
situaciones similares33, tendrá como presentada oportunamente la demanda,
tomando como fecha del conocimiento del daño, el oficio 1060.04.3982-14 del 27
de junio de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de Planeación de
Fusagasugá (hecho probado 7.1.20), pues desde esa fecha no existe duda de que
la parte demandante tuvo conocimiento de la existencia del Acuerdo No. 29 del 13
de diciembre de 1993.

De conformidad con lo expuesto, en el caso sub examine se estima que el derecho
de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que mediante oficio
1060.04.3982-14 del 27 de junio de 2014, el Departamento Administrativo de
Planeación de Fusagasugá informó a Guillermo Lozano Tarquino que la afectación
“de su predio” según el Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de 1993, tenía una
vigencia de tres años, renovables por otros tres años más y que el predio con
“código catastral No. 010000450005000 se requiere para destaponamiento de la
carrera 11 entre calles 6 y 7” (hecho probado 7.1.20); ii) que el 15 de diciembre de
201534, la parte demandante presentó ante la Procuraduría 55 Judicial II Para
Asuntos Administrativos solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se declaró
fallida el 12 de abril de 201635; y, iii) que la demanda se presentó el 13 de julio de
2016, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de

octubre de 2016. exp. 39133.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 68949 y sentencia del 23 de septiembre de 2024, exp. 56541.
34 Fl. 21 a 22, C. Pruebas.
35 Fl. 22, C. Pruebas.

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4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si, en el presente asunto litigioso, los demandantes
se encuentran legitimados en la causa por activa o si, por el contrario, no se satisfizo
dicha exigencia procesal para adoptar una decisión judicial de fondo.

5. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la legitimación en la causa.

6. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa ha sido definida por la jurisprudencia del Consejo de
Estado como la calidad que le permite a una persona que hace parte de una relación
jurídica proponer demandas u oponerse a las pretensiones que se formulen en su
contra36.

Bajo ese entendido, esta Corporación ha diferenciado entre la legitimación en la
causa de hecho y la material37. La primera hace referencia al vínculo que se
establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión
procesal, es decir, cuando el libelo introductorio atribuye una conducta al
demandado y se notifica su existencia. Se relaciona entonces con la facultad de los
sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y ejercer sus derechos de
defensa y de contradicción.

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las

36 “La legitimación en la causa es un elemento sustancial que corresponde a la calidad o al derecho

que tiene una persona para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda, como sujeto
de la relación jurídica sustancial; de esta manera, la parte demandante tiene la posibilidad de
reclamar el derecho invocado en la demanda -legitimación por activa- frente a quien fue demandado
-legitimación por pasiva-. En ese sentido, se entiende que la primera (la legitimación por activa) es
la identidad que tiene el demandante con el titular del derecho subjetivo y, por lo mismo, posee la
vocación jurídica para reclamarlo, al paso que la segunda (la legitimación por pasiva), es la identidad
que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado”. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 27 de marzo de 2017,
radicación 56.895.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de

junio de 2000, radicación 10171; y sentencia del 28 de abril de 2005, radicación 14178.

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personas en los hechos que originan las pretensiones, independientemente de que
hayan demandado o hayan sido demandadas38. Esta categoría supone la
conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, bien porque
resultaron perjudicadas o porque produjeron el daño, cuestión que se define al
momento de estudiar el fondo del asunto con fundamento en las pruebas
debidamente incorporadas a la actuación39.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho, pero carecer de
legitimación material en la causa, lo cual ocurrirá cuando, a pesar de ser parte en el
proceso, no tenga relación alguna con los intereses discutidos en el mismo, por no
tener conexión con los hechos que dieron lugar al litigio 40. En esos términos, se ha
sostenido que la legitimación material es condición necesaria para obtener
sentencia favorable a las pretensiones o a las excepciones, según corresponda 41.
Así, lo ha explicado la Sección:

“La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas,
por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda,
independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado
o no. Ejemplo:

• A, Administración, lesiona a B. A y B, están legitimados materialmente; pero si
• A demanda a C, sólo estará legitimado materialmente A; además si D demanda a
B, sólo estará legitimado materialmente B, lesionado. Si D demanda a C, ninguno
está legitimado materialmente.

Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y sólo están
legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio
origen a la formulación de la demanda”42.

Debe precisarse también que la falta de legitimación material en la causa, por activa
o por pasiva, no enerva la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una
excepción de fondo, tal y como lo ha sostenido esta Corporación:

38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de
octubre de 2007, radicado: 11001-03-26-000-1997-13503-00 (13.503).
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de

marzo de 2023, radicado: 25000-23-26-000-2007-00490-02 (54.465).
40 “[S]i la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque

él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque
quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo -no el
procesal-”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia
del 20 de septiembre de 2001, radicado: 11001-03-26-000-1995-00973-01.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia

del veinticinco 25 de septiembre de 2013. Radicación: 25000-23-26-000-1997-03930-01 (19.933).
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de

junio de 2000, radicación 10171.

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“(…) La falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerva
la pretensión procesal en su contenido, como si lo hace una excepción de fondo. La
excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el
hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado
o advierte el juzgador (art. 164 C.C.A) para extinguir parcial o totalmente la súplica
procesal. La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del
demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado modificativo
o extintivo del derecho constitutivo del demandante que tumba la prosperidad total
o parcial de la pretensión, como ya se dijo. La legitimación material en la causa
activa y pasiva es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar
sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado. (…)”43.

En suma, la legitimación en la causa por activa supone la verificación de que quien
demanda tenga la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el
proceso, mientras que la legitimación en la causa por pasiva supone ser la persona
llamada a responder por el derecho o interés que es objeto de controversia.

Así las cosas, la legitimación formal o de hecho, se establece a partir de la relación
procesal que el petitum y la causa petendi generan entre las partes procesales,
concretamente, el demandante y demandado; es decir, se está en el típico terreno de
la relación jurídica procesal únicamente. Por su parte, la legitimación material en la
causa no es un presupuesto procesal sino un elemento de mérito de la litis que atañe
la relación sustancial debatida y, por tanto, constituye un presupuesto para dictar
sentencia de fondo. En esa medida, tal presupuesto será objeto de análisis por el juez
al momento de pronunciarse sobre la relación jurídico - sustancial que es materia de
juzgamiento, de tal forma que su falta no configura un vicio de nulidad que comprometa
el proceso, pues lo que enervaría sería la posibilidad de obtener una decisión sobre el
asunto44.

7. Caso en concreto

En el sub lite la parte demandante pretende que se declare patrimonialmente
responsable al municipio de Fusagasugá, por los perjuicios ocasionados producto de
la afectación a su derecho de propiedad, esto es, por la imposibilidad de disponer
de los bienes identificados con “cédula catastral 01-00-0045-0001-000, 01-00-0045-

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de

septiembre de 2001, radicación 10973.
44 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de

unificación del 25 de septiembre de 2013, radicado: 25000-23-26-000-1997-05033-01 (20.420).

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0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 01-00-0045-0023-000”45, pues el referido
municipio mediante Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de 1993, declaró dichos
inmuebles como de utilidad pública y hasta la fecha de la demanda no las había
adquirido por enajenación voluntaria o expropiación.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados y,
posteriormente, analizará si los demandantes se encuentran legitimados en la causa
por activa o no, y sólo en caso afirmativo, se procederá a examinar los elementos
que configuran la responsabilidad patrimonial del Estado.

7.1. Hechos Probados46

Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es menester poner de presente que la parte demandante 47, aportó
fotografías al proceso, a las cuales se les dará el valor correspondiente, según
criterio uniforme de esta Sala48, conforme al artículo 244 del Código General del
Proceso49, esto es, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar

45 Fl. 39 a 41, C. 1. Con la subsanación de la demanda se aportó: i) certificado de tradición de

matrícula inmobiliaria 157-26559 del predio ubicado en la calle 6 No. 10-27/35/37/39 de Fusagasugá,
que da cuenta que María Petronila de la O Martínez de Tarquino es su propietaria; ii) certificado de
tradición de matrícula inmobiliaria No. 157-26701 del predio ubicado en la calle 6 No. 10-63 de
Fusagasugá, que da cuenta que María Petronila de la O Martínez de Tarquino es su propietaria; y,
iii) certificado de tradición de matrícula inmobiliaria No. 157-15864 del predio “sin dirección tercera
porción” en Fusagasugá, que da cuenta que María Petronila de la O Martínez de Tarquino es su
propietaria.
46 La Sala considera que se debe dar mérito probatorio a las copias simples aportadas al proceso,

conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, que estableció que
es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas
a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de lealtad
procesal y buena fe que deben conducir toda la actuación judicial. Consejo de Estado, Sala Plena
de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25022.
47 Fl. 145 a 151 C.2.
48 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto

de 2014, Rad. 28.832
49 “Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la

persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a
quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia,
elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen,
se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del
expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho
en litigio y los poderes en caso de sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título
ejecutivo.

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en las que fueron tomadas, de manera que permitan dar certeza de los hechos que
pretenden acreditar. Sin embargo, dadas las condiciones en que el material
fotográfico fue presentado, este no ofrece certeza de la persona que los realizó ni
tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fue efectuado,
pues las imágenes fotográficas carecen de georreferenciación y de otros datos que
indiquen el momento, lugar y tiempo en los que se realizaron.

Se observa, además, que con la demanda se aportó la declaración extrajuicio
rendida el 24 de junio de 2015 por José Bernardo Díaz Cruz, en la Notaría Primera
del Círculo de Fusagasugá50. No obstante, este tipo de declaración, al ser sumaria,
también requiere de ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto el artículo
222 del CGP. Por lo anterior, la referida declaración extraproceso no podrá ser
valorada en esta instancia, toda vez que no cumple con los requisitos de la prueba
testimonial por cuanto no fue rendida con audiencia de la parte contraria y no fue
ratificada en el plenario en los términos del artículo 222 del C.G.P.

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Está probado que María Petronila de la O Martínez de Tarquino es propietaria
de la “casa lote” ubicada en la calle 6 # 10-27/35/37/39 de Fusagasugá, identificada
con folio de matrícula inmobiliaria No. 157-26559, según da cuenta el certificado de
tradición y libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Fusagasugá51.

7.1.2. Consta que María Petronila de la O Martínez de Tarquino es propietaria del
“lote” ubicado en la calle 6 # 10-63 de Fusagasugá, identificada con folio de
matrícula inmobiliaria No. 157-26701, según da cuenta el certificado de tradición y
libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Fusagasugá52.

La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su
autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los
documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.”
50 Fl. 1, C. Pruebas.
51 Fl. 39, C. 1.
52 Fl. 40, C. 1.

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7.1.3. Se probó que María Petronila de la O Martínez de Tarquino es propietaria del
“inmueble tipo urbano sin dirección tercera posición” ubicado en Fusagasugá,
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 157-15864, según da cuenta el
certificado de tradición y libertad expedido por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Fusagasugá53.

7.1.4. Consta que el 11 de septiembre de 1989, María Petronila de la O Martínez de
Tarquino en calidad de arrendadora y Luis Guillermo Lozano Tarquino como
arrendador, celebraron contrato de arrendamiento sobre “un lote de terreno en la
calle 7a #10-58 de Fusagasugá”, con un plazo estipulado de un año y $40.000 por
concepto de canon mensual, según da cuenta copia del referido contrato54.

7.1.5. Se demostró que María Petronila de la O Martínez de Tarquino falleció el 26
de diciembre de 1989. De ello, da cuenta copia del registro civil de defunción
expedido por la Notaría 11 de Bogotá55.

7.1.6. Está probado que Luis Guillermo Lozano Tarquino es hijo de Luis Antonio
Lozano y Marina Tarquino, según da cuenta copia del registro civil de nacimiento
expedido por la Registraduría del Estado Civil de Fusagasugá56.

7.1.7. Acreditado quedó que Johana María Osorio Manotas es hija de Claudio
Osorio Lentino y Elizabeth Manotas Mejía, según da cuenta copia del registro civil
de nacimiento expedido por la Notaría Tercera de Cartagena57.

7.1.8. Consta que Juan Carlos Cárdenas Sánchez es hijo de María Gladys Sánchez
Reyes y Jesús Emilio Cárdenas Cuellar, según da cuenta copia del registro civil de
nacimiento expedido por la Notaría Décima de Bogotá58.

7.1.9. Está demostrado que Juan Carlos, Adriana María y Guillermo Tarquino
Sarmiento son hijos de Guillermo Tarquino Martínez y Ruth Zoraida Sarmiento

53 Fl. 41, C. 1.
54 Fl. 132. C. 2.
55 Fl. 27, C. 1.
56 Fl. 17, C. Pruebas.
57 Fl. 29, C. 1.
58 Fl. 30, C. 1.

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Omaña. De ello, dan cuenta las copias de sus registros civiles de nacimiento
expedidos por las Notarías Primera59 y Trece60 de Bogotá, respectivamente.

7.1.10. Está probado que Luis Guillermo Lozano Tarquino y Marlenis de Jesús
Sánchez Bedoya son esposos, según da cuenta el registro civil de matrimonio
expedido por la Registraduría de Fusagasugá61.

7.1.11. Consta que Norma Nathalia y Yiseth Marina Lozano Sánchez, son hijas de
Luis Guillermo Lozano Tarquino y Marlenis de Jesús Sánchez Bedoya, según dan
cuenta copia de sus registros civiles de nacimiento, expedidos por la Notaría
Segunda de Fusagasugá62 y la Notaría Primera de Cartagena63, respectivamente.

7.1.12. Está demostrado que, en fecha indeterminada, Ricardo Andrés Lozano
Tarquino, Luis Guillermo Lozano Tarquino, Adriana María Tarquino Sarmiento,
Guillermo Tarquino Sarmiento, Juan Carlos Tarquino Sarmiento y Juan José
Tarquino Martínez en “calidad de herederos de la señora María Petronila de la
OMartínez de Tarquino” autorizaron al abogado Juan Germán Parrado para que en
su nombre y representación hiciera “las gestiones necesarias tendientes a la venta
del lote, con un área aproximada de 2.902 M2 ubicado en el barrio Olaya el
municipio de Fusagasugá, cuyas direcciones son a saber; calle 7 No. 10-58 número
catastral 0100-0045-0006-000, calle 6 No. 10-63 número catastral 01000-0045-
0005-000 y calle 6 No. 10-29/35/37/39 número catastral 0100-0045-0001-000 (…)”.
De ello, da cuenta copia del documento denominado “acta de autorización para
venta del inmueble”64.

7.1.13. Está probado que mediante Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de 1993, el
Concejo municipal de Fusagasugá declaró varios bienes como de utilidad pública,
entre ellos, “los identificados con cédula catastral 01-00-0045-0001-000, 01-00-
0045-0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 01-00-0045-0023-000 de Martínez
Tarquino María Petronila”. Asimismo, la referida entidad autorizó al alcalde

59 Fl. 10, C. Pruebas. La Notaría Primera de Bogotá expidió el registro civil de nacimiento de Juan

Carlos Tarquino Sarmiento.
60 Fl. 11 y 12, C. Pruebas. La Notaría Trece de Bogotá expidió los registros civiles de nacimiento de

Adriana María Tarquino Sarmiento y Guillermo Tarquino Sarmiento.
61 Fl. 13, C. Pruebas.
62 Fl. 15, C. Pruebas.
63 Fl. 16, C. Pruebas.
64 Fl. 7 a 8, C. Pruebas.

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Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

municipal en ese mismo acto para “adquirir por negociación directa o por
expropiación unos inmuebles para realizar la proyección de unas vías”. De ello, da
cuenta copia del referido acuerdo municipal, de cuyo contenido se destaca lo
siguiente:

“El Concejo Municipal de Fusagasugá

En uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas en el Decreto 1333
de 1986, el artículo 313 de la Constitución Política y la Ley 09 de 1989

Considerando:

(…) B. Que la obstrucción ocasionada por los predios impide la proyección
adecuada de las diferentes vías, haciéndose necesario solucionar esta situación.

C. Que es necesario declarar de utilidad pública los predios afectados para proceder
a negociar o expropiarlos y otorgar autorizaciones de orden presupuestal al alcalde
a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

Acuerda:

Artículo primero: Declarase de utilidad pública y de beneficio para la ciudad, los
predios que a continuación se relacionan:

(…) Calle 6 entre carreras 10 y 12
No. Catastral 01-00-0045-0001-000
Martínez Tarquino Petronila

No. Catastral 01-00-0045-0023-000
Martínez Tarquino Petronila

(…) No. Catastral 01-00-0045-0005-000
Martínez Tarquino Petronila

No. Catastral 01-00-0045-0006-000
Martínez Tarquino Petronila
(…) Artículo segundo: Autorizar al señor alcalde para adquirir por negociación
voluntaria o por expropiación, los predios que se relacionan en el artículo anterior,
con el fin de efectuar el destaponamiento vial del municipio.
Artículo tercero: Afectar los predios aquí descritos ubicados dentro del perímetro del
municipio de Fusagasugá.

(…) Artículo quinto: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de sanción y
publicación.”

7.1.14. Está acreditado que el 14 de diciembre de 1993, se publicó en “la cartelera
oficial de la casa de gobierno municipal” el Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de
1993, según da cuenta la constancia de publicación65.

65 Fl. 6, C. Pruebas.

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Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

7.1.15. Está demostrado que el 1 de febrero de 2008, Luis Guillermo Lozano
Tarquino en calidad de arrendador y Cootranspever en calidad de arrendatario,
suscribieron contrato de arrendamiento sobre 300 metros cuadrados dentro del
parqueadero “El Ocobo” ubicado en la calle 7 No. 10-58 del barrio Olaya de
Fusagasugá, cuyo plazo se estipuló en 12 meses y la suma de $40.500 diarios por
valor del contrato, según da cuenta copia del mencionado acuerdo bilateral66.

7.1.16. Está demostrado que el 1 de febrero de 2008, Luis Guillermo Lozano
Tarquino en calidad de arrendador y Edilsa Flórez en calidad de arrendatario,
suscribieron contrato de arrendamiento sobre 182 metros cuadrados dentro del
parqueadero “El Ocobo” ubicado en la calle 7 No. 10-58 del barrio Olaya de
Fusagasugá, cuyo plazo se estipuló en 12 meses y la suma de $210.000 por canon
mensual, según da cuenta copia del mencionado acuerdo bilateral67.

7.1.17. Está probado que el 19 de febrero de 2011, Adriana María Tarquino
Sarmiento en calidad de arrendadora y Luis Guillermo Lozano Tarquino como
arrendatario, celebraron contrato de arrendamiento sobre el bien inmueble ubicado
en la calle 7 No. 10-58 y calle 6 No. 10-63 de Fusagasugá, por el término de 3 meses
y la suma de $800.000 por concepto de canon de arrendamiento. De ello, da cuenta
copia del referido contrato68.

7.1.18. Consta que el 9 de febrero de 2012 la Secretaría de Hacienda del municipio
de Fusagasugá expidió las “facturas de cobro” del impuesto predial de los bienes
de Petronila Martínez Tarquino ubicados en Fusagasugá y que se identifican así: i)
factura No. 2012013455 correspondiente al bien ubicado en la calle 6 # 10-
29/35737739; ii) factura No. 2012013452 del inmueble ubicado en la calle 7 #10-58
y; iii) factura No. 2012013451 correspondiente al predio ubicado en la calle 6 # 10-
63. De ello, dan cuenta copia de los mencionados cobros69.

7.1.19. Probado está que, el 3 de junio de 2013 Luis Guillermo Lozano Tarquino en
calidad de arrendador y Gloria Sulma Pineda Arias en calidad de arrendataria,
suscribieron contrato de arrendamiento sobre “un área o espacio de 7.30 metros de

66 Fl. 135 a 137, C. 2.
67 Fl. 38 a 39, C. 2. (foliatura irregular)
68 Fl. 163, C. 2.
69 Fl. 18 a 20, C. Pruebas.

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largo por 2.50 metros de ancho ubicada dentro del parqueadero El Ocobo de la calle
7 No. 10-58 del barrio Olaya de Fusagasugá”, con plazo de 6 meses y la suma de
$10.000 diarios como valor del contrato, según da cuenta copia del mencionado
acuerdo bilateral70.

7.1.20. Demostrado quedó que mediante oficio 1060.04.3982-14 del 27 de junio de
2014, el Departamento Administrativo de Planeación de Fusagasugá informó a
Guillermo Lozano Tarquino que: i) la afectación “de su predio” según el Acuerdo No.
29 del 13 de diciembre de 1993, tenía una vigencia de tres años, renovables por
otros tres años más; ii) que el predio con “código catastral No. 010000450005000
se requiere para destaponamiento de la carrera 11 entre calles 6 y 7”, para lo cual
la administración deberá adelantar el proceso de declaratoria de utilidad pública del
inmueble previsto en el POT y, posteriormente iniciar el proceso de enajenación del
mismo”; y, iii) que los “otros predios” no se pudieron identificar ya que las matrículas
inmobiliarias enviadas en la solicitud no concuerdan con los archivos, solo un predio
se pudo localizar. De ello, da cuenta copia del referido oficio71, de cuyo contenido
se destaca lo siguiente:

“(…)
Señor
Guillermo Lozano Tarquino
Calle 7 No. 10-58 barrio Olaya
Fusagasugá

Ref: Radicado No. 2253 de 27 de junio de 2014

Respetado señor:

De manera atenta me permito informarle que la afectación de su predio según el
Acuerdo N° 29 de 1993 este solo tiene una vigencia de tres (3) años, renovables por
otros tres (3) años según el Artículo 37 de la ley 9 del año 1989.

No obstante por lo anterior (sic) el predio con código catastral N°010000450005000
se requiere para el destaponamiento de la Carrera 11 entre Calles 6 y Calle 7.

Por lo cual la administración deberá adelantar el proceso de declaratoria de utilidad
pública del inmueble previsto en el POT.

Y posteriormente iniciar el proceso de enajenación del mismo tal como está previsto
en la Ley 388 de 97 articulo 60 y artículos 9 al 36 de la ley 9 de 1989.

70 Fl. 40 a 42, C. 2. (foliatura irregular)
71 Fl. 2, C. Pruebas.

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Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

Los otros predios no se pudieron identificar ya que las matrículas inmobiliarias
enviadas en la solicitud no concuerdan con los archivos solo un predio se pudo
localizar.”

7.1.21. Demostrado está que 15 de enero de 2015, Luis Guillermo Lozano Tarquino
en calidad de arrendador y Sandra Milena Castellanos Orjuela en calidad de
arrendataria, suscribieron contrato de arrendamiento sobre “un área o espacio (…)
dentro del parqueadero El Ocobo de la calle 7 No. 10-58 del barrio Olaya de
Fusagasugá”, con plazo de 3 meses y la suma de $10.000 diarios como valor del
contrato, según da cuenta copia del mencionado acuerdo bilateral72.

7.1.22. Se constató que el 16 de febrero de 2015, se pagaron los impuestos
prediales de los bienes de propiedad de “Martínez Tarquino” identificados con
“código catastral” 01-00-0045-0006-000, 01-00-0045-0001-000 y 01-00-0045-0005-
000, no obstante, se desconoce la persona que realizó el referido pago. De ello, da
cuenta copia de los comprobantes de pago73.

7.1.23. Comprobado está que, el 4 de febrero de 2016, Adriana María Tarquino
Sarmiento en calidad de arrendadora y Luis Guillermo Lozano Tarquino como
arrendatario, celebraron contrato de arrendamiento sobre el bien inmueble ubicado
en la calle 7 No. 10-58 y calle 6 No. 10-63 de Fusagasugá, por el término de 12
meses y la suma de $1.800.000 por concepto de canon de arrendamiento. De ello,
da cuenta copia del referido contrato74.

7.1.24. Consta que el 13 de febrero de 2017 se pagaron los impuestos prediales de
los bienes de propiedad de “Martínez Tarquino” identificados con “código catastral”
01-00-0045-0006-000, 01-00-0045-0001-000 y 01-00-0045-0005-000, no obstante,
se desconoce la persona que realizó el referido pago. De ello, da cuenta copia de
los comprobantes de pago75.

7.1.25. Se probó que, mediante oficio del 10 de marzo de 2017, la Secretaría de
Planeación de Fusagasugá hizo constar que los predios identificados con cédula
catastral No. 0100-0045-001-000 con dirección calle 6 No. 10-29/35/37/39 y No.

72 Fl. 133 a 134, C. 2.
73 Fl. 152 a 154, C. 2. (foliatura irregular)
74 Fl. 160 a 161, C. 2.
75 Fl. 164 a 166, C. 2. (foliatura irregular)

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Radicado: 25000233600020160141302 (64724)
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0100-0045-005-000 con dirección calle 6 No. 10-63, no poseen “licencia ni tramite
anterior o actual de licenciamiento en algún de sus modalidades”. Adicionalmente,
indicó que el predio con cédula catastral 0100-004-006-00 ubicado en la calle 6 No.
10-58 “cuenta con número de licencia 0159 de 5 de diciembre de 1979, (…) para
construir vivienda bifamiliar en dos pisos a solicitud de María Martínez de Tarquino”.
De ello, da cuenta copia del referido oficio76 y copia de la licencia de construcción
0159del 5 de diciembre de 197977.

7.1.26. Comprobado está que, el 7 de febrero de 2018, Adriana María Tarquino
Sarmiento en calidad de arrendadora y Luis Guillermo Lozano Tarquino como
arrendatario, celebraron contrato de arrendamiento sobre el bien inmueble
denominado “lote ubicado en la calle 7 No. 10-58 y calle 6 No. 10-63 de
Fusagasugá” por el término de 12 meses y la suma de $1.982.000 por concepto de
canon de arrendamiento. De ello, da cuenta copia del referido contrato78.

7.1.27. Consta que el 8 de febrero de 2018, se pagaron los impuestos prediales de
los bienes de propiedad de “Martínez Tarquino” identificados con “código catastral”,
01-00-0045-0001g-000, 01-00-0045-0005-000 y 01-00-0045-0006-000, no
obstante, se desconoce la persona que realizó el referido pago. De ello, da cuenta
copia de los comprobantes de pago79.

7.1.28. Consta que el 16 de octubre de 2018, la Cámara de Comercio de Bogotá
con sede en Fusagasugá expidió el certificado de matrícula de establecimiento de
comercio “No. 00405494 del 17 de abril de 1990”, perteneciente al “parqueadero El
Ocobo”, ubicado en la calle 7 No. 10-58, cuyo propietario es Luis Guillermo Lozano
Tarquino. De ello, da cuenta copia del referido certificado80.

7.2. Legitimación en la causa por activa

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la afectación al
derecho de propiedad de los demandantes por los presuntos hechos en que incurrió

76 Fl. 77, C. 1.
77 Fl. 78, C. 1.
78 Fl. 130 a 131, C. 2.
79 Fl. 155 a 157, C. 2. (foliatura irregular)
80 Fl. 144, C. 2.

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Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

el municipio de Fusagasugá, pues consideran que están imposibilitados para
disponer de los bienes identificados con “cédula catastral 01-00-0045-0001-000, 01-
00-0045-0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 01-00-0045-0023-000” 81 o folio de
matrícula inmobiliaria 157-26559, 157-26701 y 157-15864, pues el referido
municipio mediante Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de 1993, declaró esas
propiedades como de utilidad pública y hasta la fecha de la presentación de la
demanda no ha adquirido los predios por acuerdo voluntario o expropiación.

Dicho lo anterior, es importante advertir que la calidad que alegan los actores en el
escrito de demanda es la de propietarios herederos de los bienes inmuebles que en
vida eran de María Petronila de la O Martínez, de manera que será dicha calidad la
que analizará la Sala, para efectos de establecer si se encuentran legitimados.

Justamente, Juan Carlos Tarquino Sarmiento, Johana María Osorio Manotas,
Adriana María Tarquino Sarmiento, Juan Carlos Cárdenas Sánchez, Guillermo
Tarquino Sarmiento, Luis Guillermo Lozano Tarquino, Marlenis de Jesús Sánchez
Bedoya, Norma Nathalia Lozano Sánchez y Yiseth Marina Lozano Sánchez acuden
al proceso en calidad de propietarios herederos de los predios identificados con
cedula catastral “01-00-0045-0001-000, 01-00-0045-0005-000, 01-00-0045-0006-
000 y 01-00-0045-0023-000” o matrícula inmobiliaria 157-26559, 157-26701 y 157-
15864 ubicados en el municipio de Fusagasugá, título que afirman, obtuvieron por
ser herederos de María Petronila de la O Martínez.
De hecho, en el escrito de la demanda se expresó que: “Actualmente se tramita la
sucesión de la señora María Petronila de La O Martínez de Tarquino, siendo
herederos reconocidos: Juan José Tarquino Martínez, Juan Carlos Tarquino
Sarmiento, Adriana Tarquino Sarmiento, Guillermo Tarquino Sarmiento, Luis
Guillermo Lozano Tarquino, Ricardo Andres Lozano Tarquino, herederos de los
predios ubicados en el barrio Olaya del municipio de Fusagasugá, entre calles sexta
(6ª) y séptima (7ª), con nomenclaturas por la calle sexta (6ª) No. 10-29, 10-35, 10-
37 y 10-39, la primera con numero catastral 01-00-0045-0001-000 (…); la-segunda:

81 Fl. 39 a 41, C. 1. Con la subsanación de la demanda se aportó: i) certificado de tradición de

matrícula inmobiliaria 157-26559 del predio ubicado en la calle 6 No. 10-27/35/37/39 de Fusagasugá,
que da cuenta que María Petronila de la O Martínez de Tarquino es su propietaria; ii) certificado de
tradición de matrícula inmobiliaria No. 157-26701 del predio ubicado en la calle 6 No. 10-63 de
Fusagasugá, que da cuenta que María Petronila de la O Martínez de Tarquino es su propietaria; y,
iii) certificado de tradición de matrícula inmobiliaria No. 157-15864 del predio “sin dirección tercera
porción” en Fusagasugá, que da cuenta que María Petronila de la O Martínez de Tarquino es su
propietaria.

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Radicado: 25000233600020160141302 (64724)
Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

calle sexta (6) No. 10-63 y numero catastral 01-00-0045-0005-000 (…); la tercera:
calle séptima (7ª) No. 10-58 con número catastral 01-00-0045-3006-000 (…) Este
inmueble (lotes) no ha podido ser vendido por sus propietarios, por negativa por
parte de la Alcaldía de Fusagasugá, Secretaría de Planeación municipal, de expedir
licencia de construcción para el desarrollo de los predios, argumentando, que estos
lotes están afectados como de utilidad pública, mediante el Acuerdo No. 29 de
diciembre de 1.993 (…)”.

En ese sentido, la Sala procederá a analizar la titularidad de los demandantes para
reclamar el interés jurídico que se debate en el proceso, dicho, en otros términos,
se estudiará si el extremo activo demostró la relación y calidad de sujetos activos
respecto a los bienes inmuebles presuntamente afectados que, para el presente
asunto, radica en la condición de propietarios que aducen tener derivada de la
sucesión por causa de muerte.

A estos efectos, debe recordarse que los demandantes aducen ser herederos de
María Petronila de La O Martínez de Tarquino, frente a lo cual debe advertirse que,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100882 del Código Civil, se sucede a
una persona difunta a título universal en todos sus bienes, derechos u obligaciones
transmisibles o en una cuota de ellos. Así pues, el patrimonio de la persona fallecida
entra a formar el estado de indivisión de la sucesión y por ministerio de la ley se
transfiere a los herederos del causante, quienes asumen las relaciones jurídicas y
adquieren un derecho real y la posesión legal sobre ese patrimonio, considerado
como una universalidad jurídica.

Sobre este último punto, es menester destacar que de conformidad con el artículo
75783 del Código Civil -sin las derogaciones que introdujo la Ley 1564 de 2012-, la
posesión de la herencia puede clasificarse en: i) posesión legal, que se genera por

82 “Artículo 1008. Sucesión a título universal o singular. Se sucede a una persona difunta a título

universal o a título singular. El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes,
derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto. El título
es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa;
o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos
pesos, cuarenta hectolitros de trigo”.
83 “Artículo 757. Posesión de bienes herenciales. En el momento de deferirse la herencia la posesión

de ella se confiere por ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no lo habilita para
disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no preceda: 1º.) El decreto judicial que da la
posesión efectiva, y 2º.) El registro del mismo decreto judicial y de los títulos que confieran el
dominio”.

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Radicado: 25000233600020160141302 (64724)
Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

el ministerio de la ley una vez se defiere la herencia; ii) posesión efectiva, que se
adquiere en virtud del decreto judicial de la misma y su registro en el folio de
matrícula inmobiliaria del inmueble o inmuebles que integran la masa sucesoral, lo
que genera los mismos derechos, beneficios y obligaciones del causante y; y iii)
posesión definitiva que opera cuando se radica en cabeza del heredero la
correspondiente hijuela o porción de la masa hereditaria, es decir, cuando se
adquiere la propiedad vía sucesoral.

Según lo expuesto, y comoquiera que en la demanda los actores invocan la
condición de propietarios de los inmuebles presuntamente ocupados jurídicamente,
condición que, afirman, adquirieron en virtud del fallecimiento de María Petronila de
La O Martínez de Tarquino, deben acreditar la calidad de herederos, máxime
cuando la titular del derecho falleció antes de que se iniciara el proceso contencioso
administrativo.

Bajo el anterior contexto, se advierte que de antaño la Corte Suprema de Justicia
frente a la forma en que se acredita la condición de heredero, ha considerado que:
“la calidad de heredero se demuestra con copia, debidamente registrada, del
testamento correspondiente si su vocación es testamentaria, o bien con copia de
las respectivas actas del estado civil o eclesiásticas, según el caso, o con copia del
auto en que se haya hecho tal reconocimiento dentro del juicio de sucesión
respectivo”84.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que: “si bien, el estado
civil y la calidad de heredero son dos cuestiones diferentes, en el ordenamiento
sucesoral, la vocación legal hereditaria se fundamenta en el estado civil, es decir,
los nexos de parentesco son los que ligan a los herederos con el causante”85.

A estos efectos, para acreditar la calidad de herederos de Juan Carlos Tarquino
Sarmiento, Johana María Osorio Manotas, Adriana María Tarquino Sarmiento, Juan
Carlos Cárdenas Sánchez, Guillermo Tarquino Sarmiento, Luis Guillermo Lozano
Tarquino, Marlenis de Jesús Sánchez Bedoya, Norma Nathalia Lozano Sánchez y

84 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de febrero de 1989. Reiterada

en sentencia del 19 de diciembre de 2018.
85 Corte Constitucional. Sentencia del 7 de diciembre de 2011, Exp. T-3.146.065.

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Radicado: 25000233600020160141302 (64724)
Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

Yiseth Marina Lozano Sánchez, al plenario se allegó: i) registro civil de defunción
de María Petronila de La O Martínez de Tarquino (hecho probado 7.1.5); ii) registro
civil de nacimiento de Luis Guillermo Lozano Tarquino en el que consta que es hijo
de Luis Antonio Lozano y Marina Tarquino (hecho probado 7.1.6); iii) registro civil
de nacimiento de Johana María Osorio Manotas en el que consta que es hija de
Luis Claudio Osorio Lentino y Elizabeth Manotas Mejía (hecho probado 7.1.7); iv)
registro civil de nacimiento de Juan Carlos Cárdenas Sánchez en el que consta que
es hijo de María Gladys Sánchez Reyes y Jesús Emilio Cárdenas Cuellar (hecho
probado 7.1.8); v) registro civil de nacimiento de Juan Carlos, Adriana María y
Guillermo Tarquino Sarmiento en los que consta que son hijos Guillermo Tarquino
Martínez y Ruth Zoraida Sarmiento Omaña (hecho probado 7.1.9); vi) registro civil
de nacimiento de Norma Nathalia y Yiseth Marina Lozano Sánchez, en las que
consta que son hijas de Luis Guillermo Lozano Tarquino y Marlenis de Jesús
Sánchez Bedoya (hecho probado 7.1.11).

Pues bien, conforme lo expuesto en precedencia se estima que estos elementos
materiales probatorios son insuficientes para acreditar la vocatio hereditatis de los
demandantes frente a la causante María Petronila de La O Martínez de Tarquino,
quien era propietaria de los inmuebles afectados con el Acuerdo 29 del 13 de
diciembre de 1993 (hechos probados 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.13).

En efecto, si bien obra el registro civil de defunción de María Petronila de La O
Martínez de Tarquino, se repara que no se aportó prueba alguna que permita
demostrar su parentesco con los demandantes, pues los registros civiles de
nacimiento que se allegaron en el proceso no dan cuenta que los actores fuesen
hijos, hermanos, nietos o alguna otra calidad de consanguinidad o afinidad de la
señora Martínez de Tarquino. En consecuencia, en el presente caso no es posible
determinar con certeza que los demandantes fueran los llamados a suceder a la
causante María Petronila de La O Martínez de Tarquino.

Adicionalmente, se advierte que los actores no allegaron copia del testamento, del
proceso de sucesión o en su defecto del auto en que se haya hecho el
reconocimiento de herederos dentro del juicio de sucesión.

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Radicado: 25000233600020160141302 (64724)
Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

En el mismo sentido, se denota que la exigencia de estas pruebas también es
necesaria cuando se demanda a favor de la sucesión, evento en el cual, si bien no
es indispensable determinar todos los herederos, es menester que aquél o aquellos
que hacen la solicitud tengan dicha calidad, pues de esta forma es posible derivar
su legitimación en la causa para demandar a nombre de la sucesión. En razón a lo
anterior, y comoquiera que no está acreditada la calidad de herederos de los
demandantes, no es procedente radicar en ellos la facultad de demandar a nombre
propio o a favor de la sucesión la pretensión de conseguir mediante este proceso
contencioso la reparación de los perjuicios ocasionados por la presunta afectación
del derecho de propiedad.

Corolario de lo anterior, es determinante subrayar que la calidad de heredero no
puede intuirse a partir de hechos ambiguos, todo lo contrario, el hecho debe refulgir
de los medios de convicción presentados para tal fin y que permitan dilucidar y
producir la firme convicción de que los demandantes son herederos de María
Petronila de La O Martínez de Tarquino.

En gracia de discusión, la Sala advierte que, los demandantes al alegar su condición
de herederos y actuales propietarios de los bienes presuntamente afectados, tienen
la carga de probar el supuesto de hecho de las normas que prescriben el efecto
jurídico que persigue, es decir, que deben probar dicha calidad, no solo respecto a
la universalidad jurídica del patrimonio de la causante, sino también al modo de
adquirir el derecho real de dominio de los bienes inmuebles objeto de la presente
controversia. Dicho en otras palabras, para reclamar una afectación sobre un bien
singular o cuerpo cierto, no basta con demostrar tener vocatio hereditatis, sino
también es necesario probar el modo de adquisición mediante la sucesión por causa
de muerte.

Es así que, el derecho de dominio sobre los bienes singulares o cuerpos ciertos,
solo podrán ser adquiridos mediante un justo título y por el modo de adquirir el
dominio señalado en la ley, que para el caso que nos ocupa son la condición de

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Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

heredero, como justo título, y la sucesión por causa de muerte, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 67386 del Código Civil.

Así pues, una vez analizada la totalidad del acervo probatorio obrante en el
expediente, la Sala no encontró acreditada la titularidad del derecho de dominio de
los predios identificados con cedula catastral “01-00-0045-0001-000, 01-00-0045-
0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 01-00-0045-0023-000” o matrícula inmobiliaria
157-26559, 157-26701 y 157-15864 ubicados en el municipio de Fusagasugá, en
cabeza de los demandantes. Lo anterior, obedece a que en el caso objeto de
estudio, el extremo activo no allegó actuación alguna del proceso sucesorio de
María Petronila de La O Martínez de Tarquino. Tan es así, que, pese a que en la
demanda enfatizaron que dicho proceso se estaba tramitando, se desconoce
quienes se hicieron parte dentro del trámite sucesorio, así como que bienes se
incluyeron en el trabajo sucesoral, o las resultas del mismo, inclusive, se ignora si
dicho proceso ya finalizó.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso,
la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en
cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General
del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde la titularidad sobre el
interés jurídico que alega requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a
quien corresponde tal onus, impide establecer la legitimación en la causa por activa,
pues se trata de un presupuesto procesal que atañe la relación sustancial debatida
y, por tanto, constituye un requisito para dictar sentencia de fondo.

Bajo el derrotero trazado, se observa que los medios de convicción obrantes en el
presente asunto litigioso no permiten tener satisfechos, cuando menos, los
requisitos establecidos en la legislación civil y en la jurisprudencia para acreditar a
Juan Carlos Tarquino Sarmiento, Johana María Osorio Manotas, Adriana María
Tarquino Sarmiento, Juan Carlos Cárdenas Sánchez, Guillermo Tarquino
Sarmiento, Luis Guillermo Lozano Tarquino, Marlenis de Jesús Sánchez Bedoya,

86 “Artículo 673. Modos de adquirir el dominio. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la

accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. De la adquisición de dominio
por estos dos últimos medios se tratará en el libro de la sucesión por causa de muerte, y al fin de
este Código”.

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Radicado: 25000233600020160141302 (64724)
Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

Norma Nathalia Lozano Sánchez y Yiseth Marina Lozano Sánchez como
propietarios de los bienes identificados con cedula catastral “01-00-0045-0001-000,
01-00-0045-0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 01-00-0045-0023-000” o matrícula
inmobiliaria 157-26559, 157-26701 y 157-15864 ubicados en el municipio de
Fusagasugá.

Por todo lo expuesto, se concluye que Juan Carlos Tarquino Sarmiento, Johana
María Osorio Manotas, Adriana María Tarquino Sarmiento, Juan Carlos Cárdenas
Sánchez, Guillermo Tarquino Sarmiento, Luis Guillermo Lozano Tarquino, Marlenis
de Jesús Sánchez Bedoya, Norma Nathalia Lozano Sánchez y Yiseth Marina
Lozano Sánchez no están legitimados en la causa por activa, por lo que se
modificará la sentencia del 23 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, para en su lugar declarar la falta de legitimación en la causa por
activa de la parte actora.

7. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que
resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior
que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda
instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a
pagar las costas de ambas instancias. […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”

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Radicado: 25000233600020160141302 (64724)
Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte demandante, toda vez que el recurso de apelación
que interpuso no prosperó.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

Ahora, en relación con las agencias en derecho87 en segunda instancia, es menester
poner de presente que se entienden causadas debido a la naturaleza, calidad, la
cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora88. A su turno,
el Acuerdo 10554 de 201689 proferido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, determina que, en los procesos declarativos en general
en segunda instancia, podrán fijarse entre 1 a 6 SMLMV90.

En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por la parte demandada
en segunda instancia trascurrió de forma activa porque presentó alegatos de
conclusión, se impone el pago de las agencias en derecho a cargo del extremo
activo en la suma de 1 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 23 de mayo de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la

87 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
88 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
89 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
90 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general. En

única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre
el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda
se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo
pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto. En
aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”.

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Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la cual
quedará así:

SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en
la causa por activa de Juan Carlos Tarquino Sarmiento, Johana María Osorio
Manotas, Adriana María Tarquino Sarmiento, Juan Carlos Cárdenas Sánchez,
Guillermo Tarquino Sarmiento, Luis Guillermo Lozano Tarquino, Marlenis de Jesús
Sánchez Bedoya, Norma Nathalia Lozano Sánchez y Yiseth Marina Lozano
Sánchez.

TERCERO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante, las
cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en
consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del
Proceso. Fijar por concepto de agencias en derecho en segunda instancia la suma
equivalente a 1 SMLMV, en favor de la parte demandante.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF

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