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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00490-02

Desalojo de un inmueble

Fecha
31 de marzo de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00490-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 26 de junio de 2014. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace httpp://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2007-00490-02

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

31 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00490-02 (54465)

Actor: FRANCISCO BARRERA CARRILLO Y OTRO

Demandado: BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DILIGENCIA DE
DESALOJO DE UN INMUEBLE / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - tiene dos
dimensiones, la de hecho y la material – se probó la legitimación formal de la
Beneficencia de Cundinamarca, pero no la material.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 26 de junio de 2014, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual declaró probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la demandada y negó las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los demandantes ejercían posesión material sobre un predio de 18 fanegadas, cuyos
derechos adquirieron mediante escritura pública del 16 de julio de 1993. El 18 de
noviembre de 2000 se llevó a cabo diligencia de desalojo del inmueble por parte del
alcalde menor de la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá y miembros
de la Policía Nacional.

Para la parte demandante, la Beneficencia de Cundinamarca efectuó actos
perturbatorios sobre su posesión, impidiéndoles llevar a cabo proceso de prescripción
adquisitiva extraordinaria de dominio y, consecuentemente, la pérdida de la

Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00490-02 (54465)
Actor: Francisco Barrera Carrillo y otros
Demandado: Beneficencia de Cundinamarca
Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

oportunidad de enajenar el predio y disfrutar el precio que a la fecha de la demanda
superaba el millón de pesos por metro cuadrado.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

En escrito presentado el 29 de noviembre de 2000 (fls. 1 a 9 c. 1), los señores Yenix
Fernando Barrera Carrillo, Olga Piragua Buitrago, Jairo Yesid y Deisy Magali Barrera
Piragua, estos últimos en calidad de sucesores procesales del señor Fernando
Barrera Carrillo, por conducto de apoderado judicial (fls. 10 a 11 c. 1), interpusieron
demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Beneficencia de
Cundinamarca, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por
los daños causados con los actos perturbadores o vías de hecho ejecutados contra la
posesión material ejercida por los demandantes, en el predio ubicado en la carrera
48ª # 63ª -60 de la ciudad de Bogotá.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se reconocieran las
siguientes pretensiones:

(…)

TERCERA: Consecuencialmente condene a la demandada Beneficencia de
Cundinamarca a pagar a los demandantes las siguientes cantidades de dinero:

A. Por concepto de daño emergente o perjuicios materiales la suma de
115.200.000.000 Mcte.
B. Por concepto de lucro cesante el monto o valor de los intereses bancario
corriente de mora doblado, certificado por la Superintendencia Bancaria en la
tasa del 19.84% anual, o sea 1.65% mensual, doblado al 3.3% mensual desde
la notificación de la demanda y hasta el pago total.

Como fundamentos fácticos de la demanda se narraron los siguientes:

• Los demandantes ejercían posesión sobre un predio de 18 fanegadas, cuyos
derechos adquirieron por compra, mediante escritura pública 4639 de la Notaría 18 de
Bogotá, el 16 de julio de 1993, ubicado en la carrera 48 # 63ª – 60 de la ciudad de
Bogotá.

• Adquirida así la posesión, sumaron la suya a la de su antecesor, que databa del año
1910 y desde entonces ejercieron actos propios de posesión con ánimo de señor y
dueño, explotándolo económicamente.

• Afirmaron que el 18 de noviembre de 2000, sin mediar proceso policivo, fueron
desalojados violentamente del predio, a pesar de que contaban con un tiempo

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Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00490-02 (54465)
Actor: Francisco Barrera Carrillo y otros
Demandado: Beneficencia de Cundinamarca
Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

incuestionable para obtener su adjudicación por prescripción adquisitiva extraordinaria
de dominio.

• Señalaron que en razón a las disposiciones testamentarias del señor José Joaquín
Vargas, constituidas por escritura pública 503 del 30 de marzo de 1936 de la Notaría
Tercera de Bogotá, se le adjudicó a la Beneficencia de Cundinamarca el 30% de los
bienes del causante, entre los cuáles figuraba la Hacienda el Salitre.

-Mediante escritura pública 4674 del 20 de diciembre de 1979, de la Notaría Octava
de Bogotá, se realizó la división material de la comunidad existente entre la
Beneficencia de Cundinamarca y la Fundación San Juan de Dios.

• Mediante escritura pública 1597 del 3 de agosto de 1943 de la Notaría Quinta de
Bogotá, la Beneficencia de Cundinamarca vendió al municipio de Bogotá el lote
denominado “El Bosque Popular” segregado de la Hacienda el Salitre, que
correspondía al sitio de la posesión de los demandantes.

• Por escritura 4762 del 21 de septiembre de 1962, el Distrito cedió a la Empresa
Distrital de Servicios Públicos un lote de terreno ubicado en el parque Salitre.
Posteriormente, mediante escritura 3711 del 2 de diciembre de 1969 de la Notaría
Sexta de Bogotá, se efectuó una permuta dentro de la cual figuraba el lote de posesión
de los demandantes.

• Posteriormente, por escritura 3746 del 23 de julio 1969, ante la Notaría Séptima de
Bogotá, la demandada dio en dación de pago al Distrito un lote de terreno en el que
también estaba comprendido el predio de la posesión de los demandantes.

• Por escritura 22 del 25 de julio de 1980 de la Notaría 23 de Bogotá, la Fundación
San Juan de Dios vendió a la Nación los lotes 1 y 2 que correspondían a parte del lote
en posesión de los demandantes.

• Finalmente, mediante escritura 5017 del 24 de septiembre de 1969 de la Notaría
Séptima de Bogotá, la Beneficencia de Cundinamarca vendió a la Nación los lotes A
y B, dentro de los cuales se encontraba el predio objeto de la controversia.

• Consideran los demandantes que desde la adjudicación en la sucesión que se hizo
a la Beneficencia de Cundinamarca, esta entidad creó confusión en el predio objeto
de la posesión y les impidió iniciar proceso de prescripción adquisitiva de dominio o
recurrir al INCORA a fin de lograr la titulación del referido lote.

• Todo lo anterior, aducen, les hizo perder la oportunidad de enajenar y disfrutar del

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Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00490-02 (54465)
Actor: Francisco Barrera Carrillo y otros
Demandado: Beneficencia de Cundinamarca
Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

precio actual del terreno, que superaría el millón de pesos por metro cuadrado.

2.- El trámite en primera instancia

La demanda fue presentada ante los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Bogotá
el 29 de noviembre de 2000, y luego fue remitida al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
de primera instancia. Este último declaró la nulidad de todo lo actuado el 19 de
septiembre de 2000, por falta de jurisdicción y ordenó la remisión del expediente al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El 12 de diciembre de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la
demanda y mediante providencia del 4 de febrero de 2009 la admitió, decisión que se
notificó en debida forma a la entidad demandada y al Ministerio Público.

La Beneficencia de Cundinamarca contestó la demanda dentro de la respectiva
oportunidad procesal y solicitó negar las pretensiones. Adujo que la confusión
expuesta por los demandantes en cuanto a la titulación del predio, la generaron ellos
mismos, con el fin de confundir al fallador y al demandado, pero que la sucesión
efectuada por el señor José Joaquín Vargas y posterior venta del predio a la Nación
era clara.

Propuso las siguientes excepciones: 1) Caducidad de la acción; 2) Ausencia de
relación causal; 3) Falta de legitimación en la causa por activa; 4) Violación a los
principios procesales de derecho de contradicción y defensa, deber de la parte
demandante de obrar de buena fe, con lealtad; 5) inepta demanda y; 6) falta de
legitimación en la causa por pasiva.

Respecto a esta última, señaló que nunca promovió, intervino ni participó de forma
directa o indirecta en el desalojo alegado en los hechos de la demanda. Adujo que
tampoco era propietaria ni poseía ningún otro derecho real o interés sobre el predio
objeto del litigio, por cuanto lo vendió a la Nación, mediante escritura pública 5017 del
24 de septiembre de 1969, de la Notaría Séptima de Bogotá.

Señaló que la parte demandante pretende configurar una hipotética culpa de la
Beneficencia, porque esta última supuestamente vendió en varias oportunidades el
predio objeto de la posesión; no obstante, sobre el referido predio sólo se efectuó la
venta descrita en el párrafo anterior.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00490-02 (54465)
Actor: Francisco Barrera Carrillo y otros
Demandado: Beneficencia de Cundinamarca
Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

El tribunal de primera instancia abrió el proceso a pruebas el 14 de octubre de 2009
y, mediante auto del 20 de mayo de 2014, dio traslado a las partes y al Ministerio
Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

Las partes reiteraron los argumentos expuestos tanto en la demanda como en la
contestación de la misma y el Ministerio Público guardó silencio.

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 26 de junio de 2014, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró probada la excepción de “falta de legitimación en la causa por
pasiva” propuesta por la Beneficencia de Cundinamarca y negó las pretensiones de
la demanda.

Como fundamento de la decisión, refirió que los demandantes plantearon que, con los
actos perturbadores o vías de hecho ejecutadas por la Beneficencia de
Cundinamarca, contra la posesión material, se les impidió tanto el proceso de
prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, así como la titulación por vía
administrativa por parte del INCORA.

Puntualizó que conforme a lo anterior se debía determinar la culpabilidad de la
demandada por los actos sucesivos de perturbación de su posesión por los negocios
jurídicos efectuados sobre el predio.

Precisó que desde el escrito de la demanda era visible que la Beneficencia de
Cundinamarca tuvo injerencia en el bien objeto de litigio hasta el año 1969, año en el
cual, mediante escritura pública 5017 de la Notaría Séptima de Bogotá, la Nación
adquirió por compraventa la referida propiedad.

A lo anterior agregó que si lo que buscaba la parte actora era impugnar los negocios
jurídicos efectuados por la Beneficencia de Cundinamarca sobre el referido predio, ya
habían transcurrido más de 30 años desde su celebración, lo cual claramente daba
por caducada la acción.

No obstante, señaló que teniendo en cuenta que el motivo por el cual se admitió la
demanda fue el desalojo del predio sufrido por los demandantes, el 18 de noviembre
de 2000, no se declararía la caducidad, sino que se efectuaría el estudio de fondo.

Destacó que no era posible hacer una imputación fáctica o jurídica a la Beneficencia
de Cundinamarca, en razón a que no era determinable en el acervo probatorio,

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Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00490-02 (54465)
Actor: Francisco Barrera Carrillo y otros
Demandado: Beneficencia de Cundinamarca
Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

vincular los presuntos hechos referentes al despojo con actos propios de la
demandada.

Con base en los anteriores argumentos, el Tribunal a quo concluyó que la
Beneficencia de Cundinamarca en ningún momento participó, promovió o intervino
directa o indirectamente en la presunta diligencia de desalojo, que desde todo punto
de vista sería imputable a la fuerza pública, sumado a que la demandada no es
propietaria, poseedora ni tenedora del inmueble objeto de la demanda, tal como lo
determinó el accionante en el escrito de demanda, cuando advierte que por escritura
pública 5017 de 1969 la accionada transfirió la propiedad al Distrito Capital y al
Departamento de la Función Pública (fls. 1123-1134, c. ppal.).

4. El recurso de apelación

Ante el fallecimiento del apoderado de los demandantes, el señor Yenix Fernando
Barrera Carrillo confirió poder a un nuevo abogado, el cual interpuso recurso de
apelación y reiteró los argumentos esbozados a lo largo de la primera instancia.

Además, agregó que el A quo se limitó, escasamente, a pronunciarse frente a las
figuras jurídicas de la caducidad y falta de legitimación en la causa, sin efectuar un
estudio de fondo de la totalidad de pruebas obrantes en el expediente, las cuales
daban cuenta de que la demandada, enajenó el bien en posesión de los actores, en
tres oportunidades, sin este haber sido nunca de su propiedad.

Señaló que la responsable de reparar los perjuicios causados era la Beneficencia de
Cundinamarca por vender unos predios que nunca fueron de su propiedad y que se
debía eximir de responsabilidad al Distrito Capital y a la Policía Nacional, ya que estos
últimos obraron de buena fe (fls. 1140-1148, c. ppal.).

Los demás integrantes de la parte demandante guardaron silencio.

5. El trámite en segunda instancia

El recurso fue concedido el 14 de abril de 2015 (fls. 1155-1156, c. ppal.) y admitido el
23 de julio siguiente (fls. 1169-1170, c. ppal.). Posteriormente, el 10 de septiembre
del mismo año, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera su concepto (fl. 1172, c. ppal.).

La Beneficencia de Cundinamarca reiteró los argumentos expuestos a lo largo de la
presente acción. Además, señaló que la parte demandante, con el fin de generar

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Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00490-02 (54465)
Actor: Francisco Barrera Carrillo y otros
Demandado: Beneficencia de Cundinamarca
Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

confusión sobre la realidad jurídica del predio y hechos vinculados al proceso, omitió
allegar los textos completos de las escrituras públicas y los planos anexos a las
mismas (fls. 1173-1195, c. ppal.).

La sucesora procesal del abogado Policarpo Suárez Arenas1, por intermedio de
apoderado judicial, reiteró los argumentos expuestos por su padre en la demanda y
solicitó revocar la sentencia apelada.

El Ministerio Público rindió el respectivo concepto y solicitó confirmar el fallo recurrido,
toda vez que la parte actora no cumplió con la carga probatoria para demostrar que la
causa eficiente del daño alegado le era imputable a la entidad demandada.

La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia del Consejo de Estado

La Sala es competente para conocer del asunto, debido al recurso de apelación
interpuesto por las partes contra la sentencia proferida el 26 de junio de 2014, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 129 del
C.C.A., por tratarse de un proceso de doble instancia debido a la cuantía, según lo
dispuesto en la Ley 446 de 1998 y el artículo 20 del C.P.C., en tanto que la pretensión
mayor asciende a $115.200’000.000, por concepto de daño emergente, es decir,
excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de
presentación de la demanda (29 de noviembre de 2000).

2.- Objeto del recurso de apelación

Teniendo en cuenta que la demandante afirma que el A quo no valoró en debida forma
las pruebas obrantes en el expediente, las cuales daban cuenta de que la
Beneficencia de Cundinamarca sí estaba legitimada en la causa por pasiva y que se
debía efectuar un análisis de fondo en el caso concreto; la Sala deberá establecer si
el A quo acertó al adoptar la decisión de primera instancia o si, por el contrario, le
asiste razón a la parte actora.

1
El referido profesional del derecho actuaba en nombre propio, en virtud del contrato de cesión de
derechos litigiosos suscrito por los demandantes; sin embargo, el Consejo de Estado, mediante
providencia del 11 de julio de 2013, proferida por el Magistrado Enrique Gil Botero, negó la solicitud de
reconocimiento como cesionario y litisconsorte del 50% de los derechos litigiosos, con fundamento en
que el referido contrato iba en contra de los preceptos de lealtad y honradez contemplados en el Código
Disciplinario del Abogado.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00490-02 (54465)
Actor: Francisco Barrera Carrillo y otros
Demandado: Beneficencia de Cundinamarca
Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

De encontrarse probada la legitimación en la causa de la parte demandada se
efectuará el respectivo estudio de fondo de los aspectos formales y materiales del
asunto objeto de litigio; de lo contrario, se confirmará la sentencia apelada.

3.- Legitimación en la causa

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La
primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda,
por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa,
mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa
por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda,
obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se
define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material
probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se configura
a partir de la imputación que la parte demandante hace al extremo demandado y la
material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio,
dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad atribuida en el libelo inicial2.

Descendiendo al caso concreto, según la demanda, la Beneficencia de Cundinamarca
efectuó actos perturbatorios y vías de hecho contra la posesión material de los
demandantes sobre el predio objeto de litigio, consistentes en una serie de negocios
jurídicos por medio de los cuales le vendió al, en ese entonces, municipio de Bogotá,
parte del referido lote; posteriormente el Distrito Capital cedió parte del terreno a la
Policía Nacional y, por último, nuevamente la demandada dio en dación de pago al
Distrito un terreno dentro del cual se encontraba el predio de la posesión. Todo lo
anterior, según la demanda, llevó a que el 18 de noviembre de 2000 se efectuara
diligencia de desalojo del predio por parte miembros de la Fuerza Pública.

Así las cosas, es claro que la demandante considera que los hechos que causaron el
daño alegado son atribuibles, únicamente, de la Beneficencia de Cundinamarca y, por
ello, es la entidad llamada a responder. La Sala advierte que frente a la accionada la
parte actora efectuó una imputación fáctica y jurídica concreta y, por tanto, le asiste
legitimación en la causa por pasiva de hecho.

2
En este sentido ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 3 de octubre
de 2019, exp. No. 51701. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 5 de marzo de 2020, exp.
No. 48715. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E).

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Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00490-02 (54465)
Actor: Francisco Barrera Carrillo y otros
Demandado: Beneficencia de Cundinamarca
Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

En relación con la legitimación material, la Sala encuentra lo siguiente:

En los hechos, se narró que la Beneficencia de Cundinamarca, a pesar de no ser
propietaria del inmueble objeto de la controversia, lo vendió tres veces con escrituras
distintas.

Al respecto, aduce la parte actora que la entidad demandada, mediante escritura
pública 1597 del 3 de agosto de 1943 de la Notaría Quinta de Bogotá, vendió al
municipio de Bogotá el lote denominado “El Bosque Popular” segregado de la
Hacienda el Salitre y que correspondía al sitio de la posesión de los demandantes.

Posteriormente, por escritura 3711 del 2 de diciembre de 1964, se efectuó una
permuta entre el Distrito y el Instituto Franklin Roosevelt, de un terreno de 4
fanegadas. Luego, mediante escritura 3746 del 23 de julio 1969 ante la Notaría
Séptima de Bogotá, la demandada dio en dación de pago al Distrito un lote de terreno
en el que también estaba comprendido el predio de la posesión de los demandantes.

Pues bien, una vez revisado el dictamen pericial rendido por el perito Guillermo Rafael
Díaz Romero, ingeniero catastral y geodesta, frente al cual la parte actora no presentó
objeción alguna, se encuentra acreditado lo siguiente:

• Que los lotes 1 y 2 a los que hacen referencia las escrituras públicas 4674 del 20 de
diciembre de 1979 y 22 del 25 de julio de 1980, corresponden a los mismos lotes
vendidos al Distrito de Bogotá y no coinciden con el globo de terreno alegado en
posesión por los demandantes.

• Que el bien alegado como posesión por los demandantes tampoco hizo ni hace parte
del predio descrito en la escritura 1597 del 3 de agosto de 1943 de la Notaría 5 de
Bogotá.

• Que los denominados lotes “A” y “B” que figuran en la escritura 377 de 1962 de la
Notaría 4 de Bogotá no son los mismos lotes “A” y “B” descritos en la escritura 5017
de 1969 de la Notaría 7 de Bogotá.

• El globo de terreno alegado como posesión por la parte demandante y descrito tanto
en la escritura 4639 de 19933 de la Notaría 18 de Bogotá, como en el ítem 1 de los

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Por medio de la cual se protocolizó la compraventa del predio que los demandantes hicieron al señor
Jorge Enrique Sanabria Quijano.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00490-02 (54465)
Actor: Francisco Barrera Carrillo y otros
Demandado: Beneficencia de Cundinamarca
Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

fundamentos de hecho de la demanda, se encuentra ubicado en el lote B descrito en
la escritura 5017 del 24 de septiembre de 19694 de la Notaría 7 de Bogotá.

Para mayor claridad se anexa la imagen 13 del referido dictamen pericial, en la que
se evidencia que el predio objeto de la presente controversia, se encuentra dentro del
denominado lote “B” contenido en la escritura 5017 de 1969 referenciada en el párrafo
anterior.

Aunado a lo anterior, en el expediente obra la referida escritura 5017 del 24 de
septiembre de 1969 de la Notaría 7 de Bogotá, la cual contiene, entre otras, las
siguientes cláusulas:

CUARTA. LA BENEFICENCIA declara que el Hospital “San Juan de Dios”, el
Hospicio de Bogotá y el asilo de San José para niños desamparados,
establecimientos representados y administrados por la Beneficencia de
Cundinamarca, son los dueños de la antigua hacienda situada en esta ciudad y
denominada “EL SALITRE” y que del mismo predio hace o forma parte el globo
de terreno que cuenta con la superficie aproximada de OCHENTA Y SEIS
hectáreas, nueve mil ciento un metro con cuarenta y seis decímetros cuadrados
(86 has 9.101,46 M2), el cual está integrado para los fines que se persiguen con
la presente escritura, a su vez, por dos (2) lotes de terreno denominados
convencionalmente “A” y “B”, lo cuales ya figuran en el plano especialmente
elaborado el diez y nueve (19) de junio de 1969 que firmado por las mismas partes
contratantes se protocoliza con la presente y en este mismo acto (…).

4
Por medio de la cual la Beneficencia de Cundinamarca vendió a la Nación un predio dentro del cual
se encontraba el lote de terreno en posesión de los demandantes.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00490-02 (54465)
Actor: Francisco Barrera Carrillo y otros
Demandado: Beneficencia de Cundinamarca
Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

QUINTA. Los dos lotes de terreno denominados convencionalmente “A” y “B” que
integraban anteriormente la antigua hacienda “EL SALITRE”, fue adquirida por los
establecimientos que la Beneficencia administra denominados (…), por
adjudicación que se les hizo a tales establecimientos en el juicio de sucesión de
don JOSÉ JOAQUÍN VARGAS ESCOBAR, como consta en la escritura pública
número mil cincuenta y cinco (1055) de veinticinco (25) de junio de 1937, otorgada
en la Notaría Tercera de esta ciudad, registrada el cinco (5) de julio del mismo
años citado.

SEXTA. (…) la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA transfiere a título de venta
real a la NACIÓN, todo el inmueble a que hace referencia la cláusula cuarta de
este instrumento público integrado por los dos (2) lotes de terreno ya descritos;
pero con la condición expresa de que aquella lo destine, en parte, a establecer EL
CLUB DEPORTIVO DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
siguiendo los programas de bienestar que promulgue el Gobierno Nacional (…).

Por lo anterior, Sala considera que están fundamentadas las razones expuestas por
el A quo para adoptar la decisión de primera instancia, toda vez que, efectivamente,
está acreditado que la Beneficencia de Cundinamarca sí fue propietaria del lote
alegado en posesión por la parte actora y, además, que el inmueble fue vendido a la
Nación el 24 de septiembre de 1969, fecha a partir de la cual dejó de tener derecho
alguno sobre el referido terreno, por lo que de ninguna manera tuvo injerencia en la
diligencia de desalojo efectuada en el predio que hoy motiva esta demanda, lo cual
lleva a confirmar que esa entidad no cuenta con la legitimación material para ser
llamada a responder frente a las pretensiones de la demanda.

Ahora bien, el recurrente, en su escrito de apelación, insiste en que el Distrito y la
Fuerza Pública sólo estaban cumpliendo su deber al llevar a cabo la diligencia de
desalojo, ya que la Beneficencia había creado una confusión en la titulación del
inmueble, al efectuar varias ventas sobre el mismo bien en diferentes oportunidades,
-situación que evidentemente no fue así- y que, en últimas, generó que la
administración, de “buena fe”, considerara el terreno de propiedad de la Nación.

Es importante destacar, frente a este argumento, que si la Sala tuviera en cuenta sólo
las actuaciones en las que participó la demandada respecto del bien objeto de la
presente controversia, habría lugar a declarar la caducidad de la acción, toda vez que,
se insiste, la última actuación de ésta fue la venta que hizo en 1969 del globo de
terreno integrado por los lotes “A” y “B”, este último, dentro del cual se encuentra el
predio objeto de posesión de los demandantes.

Si bien la parte actora aduce que solo hasta que se llevó a cabo la diligencia de
desalojo, esto es, el 18 de noviembre de 2000, tuvieron conocimiento de las
actuaciones, según su dicho, irregulares por parte de la demandada, lo cierto es que

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Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00490-02 (54465)
Actor: Francisco Barrera Carrillo y otros
Demandado: Beneficencia de Cundinamarca
Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

la Sala no puede pasar por alto que para 19925, ya se había llevado a cabo diligencia
de lanzamiento por ocupación en ese mismo terreno, como resultado de una querella
presentada por ellos mismos contra “Artesanías de Colombia”, la cual fue resuelta a
favor de esta última, ordenándose la entrega de parte del terreno a la misma.

Además, Artesanías de Colombia también adelantó querella en contra de los ahora
demandantes, con el fin de obtener la restitución del “Lote B”, ocupado por estos y,
mediante Resolución 022 del 13 de julio de 1992 se les ordenó a los querellados la
“demolición de las enramadas y las construcciones levantadas en las zonas de uso
público ya descritas”. Entonces, para esta fecha, ya los demandantes habían sido
advertidos de que el predio sobre el cual ejercían posesión pertenecía a la Nación, sin
embargo, estos adujeron ser poseedores desde 1910 y no adelantaron el respectivo
proceso de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, o por lo menos, no está
acreditado en el expediente.

Así las cosas, la Sala comparte las razones por las cuales el a quo declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la
Beneficencia de Cundinamarca, pues salta a la vista que no tuvo injerencia ni
participación en la diligencia de desalojo del predio, llevada a cabo el 18 de noviembre
de 2000 y cuya propietaria era la Nación desde 1969 y, en todo caso, de tenerse en
cuenta únicamente las actuaciones de la demandada, la acción, evidentemente, se
encontraría caducada.

Como consecuencia de todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, esto es, la proferida el 26 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

4. Condena en costas

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá

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Al respecto, en los folios 853 a 932 del cuaderno 3 reposan los siguientes documentos:
-Copia de la querella presentada el 3 de abril de 1992, por el apoderado de los demandantes contra
Artesanías de Colombia, por la supuesta ocupación de su predio.
• Copia de la providencia emitida por el inspector 12 “F” de Policía de la Alcaldía Local de Barrios
Unidos, el 18 de noviembre de 1993, en la cual se dijo: “Este es el lote número 4 de que tanto se ha
hablado en el presente asunto y que le pertenece a la NACIÓN y que fuera en parte ocupado por el
CLUB DE EMPLEADOS OFICIALES y en parte fuera entregado a ‘ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.’
y que el que se querella en este asunto se halla dentro de este perímetro o área, sin que de ello haya
duda alguna que desvirtúe tal hecho”. Además, se ordenó: “Remitir al señor Alcalde Local de Barrios
Unidos, fotocopias autenticadas, para que tome las medidas y realice los trámites correspondientes por
tratarse de un bien de USO PÚBLICO.
• Copia de la Resolución 022 del 13 de julio de 1992, expedida por la Alcaldía Local de Barrios Unidos.
• Copia de las actas de las diligencias de restitución dentro del expediente 003 de 1992.
• Copia del oficio 503 del 3 de mayo de 1992, dirigido al Inspector 12 “B” de Policía y documentos
correspondientes a las querellas 602 de 1991 y 003 de 1992.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00490-02 (54465)
Actor: Francisco Barrera Carrillo y otros
Demandado: Beneficencia de Cundinamarca
Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 26 de junio de 2014.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
enlace httpp://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

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