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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2016-00300-01

Fecha
17 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2016-00300-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 18 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se dispone: SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONDENAR EN COSTAS, por ambas instancias, a la parte demandante, en favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Para el efecto, las agencias en derecho de la primera instancia se fijan en la suma de $1’106.452 en favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, monto que deberá pagar la parte actora. Como agencias en derecho en esta instancia, se fijan en suma equivalente a $1’106.452, en favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 41001-23-33-000-2016-00300-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

17 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 41001233300020160030001 (69063)
Demandante: MARÍA DE JESÚS ARGUELLO BARRIOS Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Y
OTROS

Tema: Ocupación ilegal de predio rural. Falta de legitimación en la
causa por activa. La parte actora no acreditó la propiedad ni
posesión del bien de cuya ocupación deriva los perjuicios
reclamados.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 18 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 20 de mayo de 2014 un grupo de personas ocupó de manera “violenta” el
predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 200-99307, ubicado en el
corregimiento El Caguán del municipio de Neiva de propiedad de los actores.
Según se indica en la demanda, los demandantes acudieron a la estación de
policía del referido corregimiento y al corregidor municipal e instauraron una
querella para que se ordenara el desalojo, incluso, presentaron denuncia por
perturbación de la posesión en la Fiscalía General de la Nación, pero las
entidades no adelantaron gestión alguna para desalojar a los ocupantes.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, el municipio de Neiva y la Fiscalía General de la Nación son
patrimonialmente responsables por la falla en el servicio por omisión que permitió

2

Radicado: 41001233300020160030001 (69063)
Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

que el predio de su propiedad fuera ocupado ilegalmente por particulares,
causándoles perjuicios materiales e inmateriales.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 13 de mayo de 20161, María de Jesús Arguello Barrios, Martha Lucía Arguello
Quintero, Mario Renet Arguello Perdomo y Magda Tatiana Arguello Perdomo
mediante apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, el municipio de Neiva y la Fiscalía General de la Nación para que
se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios causados con la
ocupación de hecho del predio de su propiedad identificado con matrícula
inmobiliaria No. 200-99307, ubicado en el corregimiento El Caguán del municipio
de Neiva, ocurrida el 20 de mayo de 2014.

Como pretensiones de su demanda, la parte actora solicita condenar a los
accionados a pagarle, por daño emergente, la suma de $5’500.000; por lucro
cesante, la suma de $963’061.409; por perjuicios morales, el equivalente a 100
SMLMV para cada uno de los demandantes y; por “daño a la vida de relación”, la
cantidad de 100 SMLMV para cada uno de los actores.

En apoyo de las pretensiones, los demandantes afirman que son los propietarios
del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 200-99307 y cédula catastral
No. 000200110011000, ubicado en el corregimiento El Caguán del municipio de
Neiva.

Sostienen que, el 20 de mayo de 2014, aproximadamente a las 6:30pm, un grupo
de personas ingresó de manera “violenta” al referido inmueble y lo ocupó
mediante vías de hecho.

1 Fl. 1 a 10, C. 1.

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Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

Indican que, en fecha indeterminada, solicitaron a la Policía Nacional realizar el
correspondiente desalojo, pero esta autoridad no hizo ninguna gestión al respecto.

Señalan que, en fecha indeterminada acudieron al corregidor del corregimiento El
Caguán, quien, a su vez, le informó al comandante del Departamento de Policía
de Neiva para realizar el desalojo, pero este no recibió ningún acompañamiento.

Manifiestan que, el 21 de mayo de 2014, formularon denuncia por perturbación de
la posesión respecto del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 200-
99307 ante la Fiscalía General de la Nación, pero esta no ha adelantado ninguna
labor investigativa.

Narran que, aunque en fecha indeterminada, el corregidor del corregimiento El
Caguán intentó hacer la diligencia de lanzamiento, la Policía Nacional no tenía
personal disponible para acompañarlo, luego, se intentó una conciliación con los
ocupantes, pero resultó fallida.

Aseguran que por causa de la ocupación de hecho no han podido disponer del
inmueble para su venta o arrendamiento.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, el municipio de Neiva y la Fiscalía General de la Nación son
patrimonialmente responsables por la falla en el servicio por omisión que permitió
que el predio de su propiedad fuera ocupado ilegalmente por particulares,
causándoles perjuicios materiales e inmateriales.

2. Contestaciones

El 22 de agosto de 20162, el Tribunal Administrativo del Huila admitió la demanda
y ordenó su notificación a los demandados y al ministerio público.

2 Fl. 88 y 89, C. 1.

4

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Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

2.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional3 se opuso a las
pretensiones con fundamento en que carecía de competencia para intervenir en
los procesos policivos de perturbación por ocupación de hecho, y que el daño
alegado fue causado por la acción de terceros. Formuló las excepciones de “falta
de legitimación en la causa por pasiva”, “falta de competencia” y “hecho exclusivo
de un tercero”.

2.2. La Fiscalía General de la Nación4 señaló que no ha causado ningún daño a
los demandantes, pues tramitó conforme a la ley la investigación por la denuncia
instaurada por perturbación de la posesión, en la que se citó a las partes a
conciliación la cual resultó fallida, por lo que se dio la orden a la policía judicial
para adelantar las labores tendientes a identificar a los ocupantes. Propuso la
excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”.

2.3. El municipio de Neiva5 señaló que, una vez instaurada la querella policiva, el
corregidor del corregimiento El Caguán avocó el conocimiento y señaló fecha para
la diligencia de lanzamiento, la cual no se pudo realizar por falta de
acompañamiento de la Policía Nacional, aunado a que la diligencia se aplazó en
varias ocasiones por solicitud de las partes. Formuló las excepciones de “culpa
exclusiva de la víctima” y “hecho de un tercero”.

3. Audiencia inicial

El 22 de septiembre de 20176 el Tribunal Administrativo del Huila realizó la
audiencia inicial, en la que declaró saneado el proceso, resolvió excepciones,
decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se
circunscribiría a “establecer si la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación
y el municipio de Neiva incurrieron en los alegados actos omisivos que impidieron
3 Fl. 131 a 133, C. 1.
4 Fl. 154 a 164, C. 1.
5 Fl. 206 a 220, C. 2.
6 Fl. 487 a 492, C. 3.

5

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Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

conjurar la invasión del inmueble denominado Lote, ubicado en el corregimiento El
Caguán (sobre el cual ejercen la posesión los demandantes, inscrito en el folio
200-99307 y cédula catastral 00200110011000). En particular, precisar si la
conducta pasiva que se les endilga es la causante del daño antijurídico cuya
indemnización se depreca y si los accionantes están asistidos del derecho a
percibir la indemnización de los perjuicios que consideran irrogados”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 29 de noviembre de 20177 se corrió traslado a las partes y al ministerio público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora8, la Policía Nacional9, la Fiscalía General de la Nación10 y el
municipio de Neiva11 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la
contestación de esta, respectivamente.

4.2. El ministerio público guardó silencio en esta etapa procesal.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 18 de junio de 202212 el Tribunal Administrativo del Huila
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que tanto
los querellantes con sus actuaciones dilatorias como la Policía Nacional que omitió
apoyar la diligencia de desalojo, contribuyeron a la producción del daño.
Igualmente, señaló que no se probó que la Fiscalía General de la Nación haya
impedido la recuperación del uso y goce del inmueble ocupado y que el municipio
de Neiva, a través del corregidor de El Caguán actuó con diligencia y prontitud.

7 Fl. 602 a 605, C. 3.
8 Fl. 631 a 636, C. 3.
9 Fl. 615 y 616, C. 3.
10 Fl. 617 a 622, C. 3.
11 Fl. 637 a 643, C. 3.
12 Índice 74, “Gestión en otros despachos”, Samai.

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Radicado: 41001233300020160030001 (69063)
Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

En efecto, el Tribunal a quo señaló que “[…] se advierte que el Corregidor de El
Caguán (servidor del municipio de Neiva) actuó con diligencia y prontitud, porque
de manera inmediata decretó el desalojo de los invasores y actuó con celeridad en
el trámite del respectivo proceso policivo (decretando nuevamente el desalojo,
solicitando el apoyo de la Policía Nacional, la práctica de un censo de los
ocupantes, convocando a una audiencia de conciliación y a petición de las partes
reprogramando en varias oportunidades la diligencia). A su vez, no se acreditó que
la omisión que genéricamente se le endilgó a la Fiscalía General de la Nación
haya coadyuvado o impedido la recuperación del uso y goce del inmueble
ocupado. Así las cosas, no se infiere que la conducta activa o pasiva de los
servidores de esas dos entidades haya gestado el daño cuya indemnización se
depreca. Ahora bien, está acreditado que la diligencia de desalojo del inmueble de
propiedad de los demandantes no se pudo llevar inicialmente a cabo porque la
Policía Nacional no contaba con el suficiente personal, porque el apoyo no se
solicitó con la suficiente antelación y por la proximidad de las festividades
Sanpedrinas. Sin embargo, no existe un medio de convicción que justifique la
omisión de apoyar la segunda diligencia de desalojo, y en la medida en que el
Corregidor no contaba con el respaldo del aparato coercitivo, no se pudo
recuperar el terreno invadido. Por su parte, la conducta pasiva de los querellantes
(actores) también fue determinante en la concreción del daño (dilación de la
diligencia de desalojo); porque como se detalló ut supra, su apoderada solicitó en
seis oportunidades la suspensión de la diligencia de conciliación […] En ese
orden de ideas, considera la Sala que la conducta de la Policía Nacional y de los
demandantes coadyuvó a dilatar la diligencia de desalojo, y de acuerdo con el
precedente del H. Consejo de Estado, se configura una concausa o concurrencia
de culpas, y teniendo en cuenta que la actuación de la parte pasiva se erige en
una causa adecuada en la producción del daño, el quantum de los perjuicios
reclamados se reducirá en un 50%.

Finalmente, el Tribunal reconoció a título de daño emergente la suma de
$569’231.861, correspondiente al 50% del valor del inmueble; y, por perjuicios
morales, la cantidad de 5 SMLMV para cada uno de los actores.

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Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

6. Recursos de apelación

El 19 y 25 de julio de 202213 las partes interpusieron recursos de apelación, los
cuales fueron concedidos el 21 de septiembre de 202214 y admitidos el 4 de
noviembre de 202215.

6.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional16 señaló que no está
probado el daño, pues el predio invadido sigue siendo de propiedad de los actores
quienes no han visto disminuido ni mermado su patrimonio. Sumado a ello,
considera que no se probó el nexo causal entre una omisión de la entidad y la
ocupación de terceros, pues el corregidor de El Caguán no programó una nueva
fecha para intentar la diligencia de lanzamiento y solicitar el acompañamiento de la
Policía Nacional. De hecho, resaltó que el proceso policivo no ha culminado y su
dilación obedece a las múltiples solicitudes de aplazamiento de los aquí
demandantes.

6.2. La parte actora17 manifestó que el municipio de Neiva al igual que la Policía
Nacional incurrió en falla en el servicio, pues era su deber adelantar con celeridad el
proceso policivo de lanzamiento dictando como medida preventiva la suspensión de
la ocupación mientras se resolvía el proceso ordinario de deslinde y amojonamiento.
Asimismo, sostuvo que la actuación de los querellantes no dilató el proceso policivo,
por el contrario, la demora obedeció a la desidia del corregidor, de ahí que no se
configuró la concurrencia de culpas. Finalmente, solicitó reconocer el valor total
solicitado en la demanda por daño emergente, esto es, la suma de $926’020.589.

7. Trámite en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria
del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el

13 Índices 82 y 83, “Gestión en otros despachos”, Samai.
14 Fl. 648, C.3 Consejo de Estado.
15 Índice 3, Samai.
16 Índice 82, “Gestión en otros despachos”, Samai.
17 Índice 83, “Gestión en otros despachos”, Samai.

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Radicado: 41001233300020160030001 (69063)
Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

numeral 5° del artículo 247 del CPACA18, modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en
segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 18 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 6° del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor19 de la demanda, supera la
exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta
Corporación20.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el

18 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se

tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas,
una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual
concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para
alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10)
días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.”
19 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa

impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la
demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que
estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en
la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la
pretensión mayor (…)”.
20 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de $963’061.409 y 500 SMLMV para

2016 equivalían a la suma de $344’727.500.

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Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

artículo 14021 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es la reparación directa, porque se
reclama la reparación de unos daños por hechos imputables a supuestas
omisiones de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, del municipio
de Neiva y de la Fiscalía General de la Nación para conjurar la ocupación de
hecho por parte de terceros sobre el predio que los demandantes alegan es de su
propiedad.

3. Vigencia del medio de control

Aunque en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada
en oportunidad alguna por las partes, ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo; resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo
oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal22.

21 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido
por la acción u omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del
daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a
una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la
misma.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada
una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del
daño”.
22 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un
carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad
para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al
verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo
expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y
como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de
parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin
requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.:
51252.

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Radicado: 41001233300020160030001 (69063)
Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general23, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la
solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción24, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
24 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.

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Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten
alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también
como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,
resultando como una sanción ipso iure25 que opera por la falta de actividad
oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o
requerir algún reconocimiento o protección de la justicia26, cuya consecuencia, por
demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida
de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo27, señala que el medio de control de reparación directa deberá
ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

25 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
27 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012,

le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el
legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General
del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero
de los estatutos mencionados.

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Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en
tiempo, teniendo en cuenta que: i) la ocupación de hecho al predio que los
demandantes alegan de su propiedad ocurrió el 20 de mayo de 2014 (hecho
probado 7.1.12.); ii) que el 1 de marzo de 2016 la parte demandante presentó
solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, la
cual se declaró fallida según constancia expedida el 29 de abril de 201628; y iii)
que la demanda se presentó el 13 de mayo de 201629, esto es, dentro del plazo
establecido en la norma antes citada.

4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la parte accionante está legitimada en la
causa por activa.

5. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la legitimación en la causa.

6. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa ha sido definida por la jurisprudencia del Consejo de
Estado como la calidad que le permite a una persona que hace parte de una
relación jurídica proponer demandas u oponerse a las pretensiones que se
formulen en su contra30.

28 Fl. 765 a 77, C.1.
29 Fl. 1 a 10, C.1.
30 “La legitimación en la causa es un elemento sustancial que corresponde a la calidad o al derecho

que tiene una persona para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda, como
sujeto de la relación jurídica sustancial; de esta manera, la parte demandante tiene la posibilidad
de reclamar el derecho invocado en la demanda -legitimación por activa- frente a quien fue
demandado -legitimación por pasiva-. En ese sentido, se entiende que la primera (la legitimación
por activa) es la identidad que tiene el demandante con el titular del derecho subjetivo y, por lo
mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, al paso que la segunda (la legitimación por
pasiva), es la identidad que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de satisfacer el
derecho reclamado”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
auto del 27 de marzo de 2017, radicación 56.895.

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Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

Bajo ese entendido, esta Corporación ha diferenciado entre la legitimación en la
causa de hecho y la material31. La primera hace referencia al vínculo que se
establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión
procesal, es decir, cuando el libelo introductorio atribuye una conducta al
demandado y se notifica su existencia. Se relaciona entonces con la facultad de
los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y ejercer sus
derechos de defensa y de contradicción.

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de
las personas en los hechos que originan las pretensiones, independientemente de
que hayan demandado o hayan sido demandadas32. Esta categoría supone la
conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, bien porque
resultaron perjudicadas o porque produjeron el daño, cuestión que se define al
momento de estudiar el fondo del asunto con fundamento en las pruebas
debidamente incorporadas a la actuación33.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho, pero carecer
de legitimación material en la causa, lo cual ocurrirá cuando, a pesar de ser parte
en el proceso, no tenga relación alguna con los intereses discutidos en el mismo,
por no tener conexión con los hechos que dieron lugar al litigio34. En esos
términos, se ha sostenido que la legitimación material es condición necesaria para
para resolver de fondo el asunto35. Así, lo ha explicado la Sección:

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de

junio de 2000, radicación 10171; y sentencia del 28 de abril de 2005, radicación 14178.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de

octubre de 2007, radicado: 11001-03-26-000-1997-13503-00 (13.503).
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de

marzo de 2023, radicado: 25000-23-26-000-2007-00490-02 (54.465).
34 “[S]i la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque

él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque
quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo -no el
procesal-”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia
del 20 de septiembre de 2001, radicado: 11001-03-26-000-1995-00973-01.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,

sentencia del veinticinco 25 de septiembre de 2013. Radicación: 25000-23-26-000-1997-03930-01
(19.933).

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Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

“La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas,
por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda,
independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado
o no. Ejemplo:

• A, Administración, lesiona a B. A y B, están legitimados materialmente; pero si
• A demanda a C, sólo estará legitimado materialmente A; además si D demanda a
B, sólo estará legitimado materialmente B, lesionado. Si D demanda a C, ninguno
está legitimado materialmente.

Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y sólo están
legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio
origen a la formulación de la demanda”36.

Debe precisarse también que la falta de legitimación material en la causa, por
activa o por pasiva, no enerva la pretensión procesal en su contenido, como sí lo
hace una excepción de fondo, tal y como lo ha sostenido esta Corporación:

“(…) La falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerva
la pretensión procesal en su contenido, como si lo hace una excepción de fondo. La
excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el
hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado
o advierte el juzgador (art. 164 C.C.A) para extinguir parcial o totalmente la súplica
procesal. La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del
demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado modificativo
o extintivo del derecho constitutivo del demandante que tumba la prosperidad total o
parcial de la pretensión, como ya se dijo. La legitimación material en la causa activa
y pasiva es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de
mérito favorable, al demandante o al demandado. (…)”37.

En suma, la legitimación en la causa por activa supone la verificación de que quien
demanda tenga la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el
proceso, mientras que la legitimación en la causa por pasiva supone ser la
persona llamada a responder por el derecho o interés que es objeto de
controversia.

Así las cosas, la legitimación material en la causa no es un presupuesto procesal
sino un elemento de mérito de la litis que atañe la relación sustancial debatida y,
por tanto, constituye un presupuesto para dictar sentencia de fondo. En esa

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de

junio de 2000, radicación 10171.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de

septiembre de 2001, radicación 10973.

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medida, tal presupuesto será objeto de análisis por el juez al momento de
pronunciarse sobre la relación jurídico - sustancial que es materia de juzgamiento,
de tal forma que su falta no configura un vicio de nulidad que comprometa el
proceso, pues lo que enervaría sería la posibilidad de obtener una decisión sobre
el asunto38.

7. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 18 de junio de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
manifestó que no se probó el daño, no se acreditó una omisión de la demandada y
que el proceso policivo aún no ha concluido, el cual se ha dilatado por múltiples
solicitudes de aplazamiento de los querellantes.

Por su parte, los demandantes manifestaron que el municipio de Neiva al igual que la
Policía Nacional incurrió en falla en el servicio, pues era su deber adelantar con
celeridad el proceso policivo de lanzamiento dictando como medida preventiva la
suspensión de la ocupación mientras se resolvía el proceso ordinario de deslinde y
amojonamiento. Asimismo, sostuvo que la actuación de los querellantes no dilató el
proceso policivo, por el contrario, la demora obedeció a la desidia del corregidor, de
ahí que no se configuró la concurrencia de culpas. Finalmente, solicitó que se
incrementara el valor reconocido por daño emergente.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los demandantes se encuentran legitimados en la causa
por activa. Ello se debe realizar de esta manera, pues en caso de concluir que no
cuentan con legitimación para demandar, no será posible realizar un
pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

38 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación del 25 de septiembre de 2013, radicado: 25000-23-26-000-1997-05033-01 (20.420).

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7.1. Hechos probados

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Se probó que, el 5 de marzo de 1985, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi – en adelante IGAC – certificó que en los registros catastrales del
municipio de Neiva existían varios predios a nombre de Francisco Arguello
Guzmán denominados “Caguán Maninche”, “Caguán La Bodega” “K. 4 # 2-02” y
“Caguán El Guasimo”, identificados con números catastrales 00-02-011-0007, 00-
02-011-0009, 02-00-024-0008-01 y 00-02-011-0011, respectivamente. De ello da
cuenta la certificación de la misma fecha.39

7.1.2. Se constató que, mediante escritura pública No. 5.448 del 26 de noviembre
de 1993, otorgada en la Notaría 3ª del Círculo de Neiva, Miguel Ángel Arguello
Barrios, María de Jesús Arguello Barrios, Martha Lucía Arguello Quintero, Mario
Renet Arguello Perdomo y Magda Tatiana Arguello Perdomo adquirieron a título
de compraventa el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 200-98845
denominado “El Lote”, ubicado en el corregimiento El Caguán del municipio de
Neiva, con una extensión aproximada de 6 hectáreas y media. De ello dan cuenta
copia de la referida escritura pública y del certificado de tradición expedido por la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva.40

7.1.3. Se demostró que, el 31 de marzo de 1994, 28 de febrero de 1995, 31 de
marzo de 1996, 31 de marzo de 1998, 31 de mayo de 1999 y 31 de marzo de
2000, Miguel Ángel Arguello Barrios pagó a la Secretaría de Hacienda de Neiva el
impuesto predial unificado del inmueble identificado con cédula catastral No.
000200110011000. De ello dan cuenta las copias de los comprobantes de pago de
dichas fechas.41

39 Fl. 52, C.1.
40 Fl. 329 a 334, C.2.
41 Fl. 59, C.1.

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7.1.4. Se comprobó que, el 11 de enero de 2005, Miguel Ángel Arguello Barrios
pagó a la Secretaría de Hacienda de Neiva el impuesto predial unificado de esa
vigencia, primer semestre, del inmueble identificado con cédula catastral No.
000200110011000. De ello da cuenta la copia del comprobante de pago de la
misma fecha.42

7.1.5. Se acreditó que, el 15 de febrero de 2005, Miguel Ángel Arguello Barrios
pagó a la Secretaría de Hacienda de Neiva el impuesto predial unificado de esa
vigencia, segundo semestre, del inmueble identificado con cédula catastral No.
000200110011000. De ello da cuenta la copia del comprobante de pago de la
misma fecha.43

7.1.6. Se constató que, el 4 de mayo de 2006, Miguel Ángel Arguello Barrios pagó
a la Secretaría de Hacienda de Neiva el impuesto predial unificado de esa
vigencia, del inmueble identificado con cédula catastral No. 000200110011000. De
ello da cuenta la copia del comprobante de pago de la misma fecha.44

7.1.7. Se acreditó que, el 21 de noviembre de 2007, Miguel Ángel Arguello Barrios
pagó a la Secretaría de Hacienda de Neiva el impuesto predial unificado de esa
vigencia, del inmueble identificado con cédula catastral No. 000200110011000. De
ello da cuenta la copia del comprobante de pago de la misma fecha.45
7.1.8. Se comprobó que, el 16 de junio de 2008, Miguel Ángel Arguello Barrios
pagó a la Secretaría de Hacienda de Neiva el impuesto predial unificado de esa
vigencia, del inmueble identificado con cédula catastral No. 000200110011000. De
ello da cuenta la copia del comprobante de pago de la misma fecha.46

7.1.9. Se demostró que, el 20 de febrero de 2009, Miguel Ángel Arguello Barrios
pagó a la Secretaría de Hacienda de Neiva el impuesto predial unificado de esa

42 Fl. 339, C.2.
43 Fl. 340, C.2.
44 Fl. 60, C.1.
45 Fl. 61, C.1.
46 Fl. 62, C.1.

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vigencia, del inmueble identificado con cédula catastral No. 000200110011000. De
ello da cuenta la copia del comprobante de pago de la misma fecha.47

7.1.10. Se probó que, el 10 de mayo de 2011, Miguel Ángel Arguello Barrios pagó
a la Secretaría de Hacienda de Neiva el impuesto predial unificado de esa
vigencia, del inmueble identificado con cédula catastral No. 000200110011000. De
ello da cuenta la copia del comprobante de pago de la misma fecha.48

7.1.11. Se verificó que, el 21 de septiembre de 2012, Miguel Ángel Arguello
Barrios pagó a la Secretaría de Hacienda de Neiva el impuesto predial unificado
de esa vigencia, del inmueble identificado con cédula catastral No.
000200110011000. De ello da cuenta la copia del comprobante de pago de la
misma fecha.49

7.1.12. Consta que, el 4 de junio de 2014, María de Jesús Arguello Barrios, Martha
Lucía Arguello Quintero, Mario Renet Arguello Perdomo y Magda Tatiana Arguello
Perdomo, a través de apoderada judicial, presentaron querella policiva ante el
corregidor del corregimiento El Caguán del municipio de Neiva por ocupación de
hecho del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 200-98845, el cual
desde el 20 de mayo de 2014 se encontraba parcialmente ocupado por
particulares, como da cuenta el escrito del 4 de junio de 2014, de cuyo contenido
se destaca lo siguiente:50
“[…] 1. Mediante escritura de compraventa No. 5.448 de fecha 26 de noviembre de
1993, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Neiva, distinguido con matrícula
inmobiliaria No. 200-98845 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Neiva, los señores Mario Renet Arguello Perdomo, Magda Tatiana Arguello
Perdomo, María de Jesús Arguello Barrios y Martha Lucía Arguello Quintero,
adquieren el dominio y tienen la posesión a nombre propio de manera pública y
pacífica del lote de terreno ubicado en el corregimiento El Caguán jurisdicción del
municipio de Neiva, cuya ubicación y linderos generales se especifican en la referida
escritura pública. 2. Dentro del lote antes referido se encuentra inmerso el lote
invadido, el cual tiene una extensión aproximada de dos hectáreas y media […] 3. El
inmueble identificado con las características mencionadas registra la cédula
catastral No. 41001000200110032000 y matrícula inmobiliaria No. 200-98845 de la

47 Fl. 338, C.2.
48 Fl. 339, C.2.
49 Fl. 340, C.2.
50 Fl. 53 a 58, C.1.

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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva, el cual se encuentra con
cerramiento de estantillos en madera y alambre de púa. 4. Mis mandantes han
ejercido de manera continua, pública, tranquila, pacífica y de buena fe, la posesión
sobre el lote antes descrito en el numeral 2 de los hechos de esta demanda,
ejerciendo actos positivos sobre el mismo como es el pago de impuestos, la
limpieza del mismo y el mantenimiento de sus cercas. 5. El pasado 20 de mayo de
2014, sobre las 6:30pm procedieron a ocupar de manera violenta y de mala fe por
vías de hecho el predio antes referido los señores Blanca Iris Uribe, Celiar Jacobo,
Juan Marquín, Juan Gabriel Naranjo Lizcano, Jorge Medina Valbuena, Amanda
Lizcano, Angie Lorena Angarita, José Camargo, Andrea Lizcano, Raquel Jacobo,
Álvaro Peralta, Plácido Medina, Floro Cedeño, Carmenza Lizcano, Sollanyi Rincón,
Andrea Tatiana y demás personas desconocidas en su identidad, sin el
consentimiento de sus poseedores. 6. Los ocupantes de hecho han instalado una
serie de cambuches en diferentes materiales, sin el consentimiento de sus
poseedores. […]”

7.1.13. Se demostró que, el 12 de junio de 2014, el corregidor del corregimiento El
Caguán del municipio de Neiva admitió la querella instaurada por María de Jesús
Arguello Barrios, Martha Lucía Arguello Quintero, Mario Renet Arguello Perdomo y
Magda Tatiana Arguello Perdomo y ordenó el lanzamiento por ocupación de hecho
de Blanca Iris Uribe, Celiar Jacobo, Juan Marquín, Juan Gabriel Naranjo Lizcano,
Jorge Medina Valbuena, Amanda Lizcano, Angie Lorena Angarita, José Camargo,
Andrea Lizcano, Raquel Jacobo, Álvaro Peralta, Plácido Medina, Floro Cedeño,
Carmenza Lizcano, Sollanyi Rincón, Andrea Tatiana y demás personas que se
encontraran “en el bien inmueble ubicado en el corregimiento El Caguán, zona
rural del municipio de Neiva, con una extensión aproximada de dos y media (2 y ½
Has.) identificado con la matrícula inmobiliaria No. 200-98845, identificado con
cédula catastral No. 41001000200110032000”, el cual se realizaría el 20 de junio
de 2014. De ello da cuenta copia de la Resolución No. 001 del 12 de junio de
2014.51

7.1.14. Se acreditó que, el 26 de noviembre de 2015, los querellantes María de
Jesús Arguello Barrios, Martha Lucía Arguello Quintero, Mario Renet Arguello
Perdomo y Magda Tatiana Arguello Perdomo, a través de su apoderada judicial, le
solicitaron al corregidor del corregimiento El Caguán del municipio de Neiva que
suspendiera la diligencia programada para la misma fecha, dentro del proceso
policivo por ocupación de hecho del predio de su propiedad, pues “estamos

51 Fl. 315 a 319, C.2.

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pendientes de las resultas del proceso de deslinde y amojonamiento que se
adelanta en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva”. De ello da cuenta
copia del escrito de la misma fecha.52

7.1.15. Se probó que, al 18 de febrero de 2016, Miguel Ángel Arguello Barrios se
encontraba a paz y salvo del pago de impuesto predial unificado e impuesto de
valorización respecto del predio identificado con cédula catastral No.
000200110011000. De ello dan cuenta los certificados de paz y salvo de la misma
fecha.53

7.1.16. Se verificó que, el 24 de febrero de 2016, María de Jesús Arguello Barrios,
Martha Lucía Arguello Quintero, Mario Renet Arguello Perdomo y Magda Tatiana
Arguello Perdomo, a través de apoderada judicial, presentaron corrección de la
querella ante el corregidor del corregimiento El Caguán del municipio de Neiva, en
cuanto a la identificación del predio ocupado, señalando para esos efectos que se
trataba de un lote con un área de 2 hectáreas 4.766 m², matrícula inmobiliaria No.
200-99307 y cédula catastral No. 000200110011000. De ello da cuenta el escrito
de la misma fecha.54

7.2. Interés jurídico para demandar

En el presente asunto, María de Jesús Arguello Barrios, Martha Lucía Arguello
Quintero, Mario Renet Arguello Perdomo y Magda Tatiana Arguello Perdomo,
mediante apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, el municipio de Neiva y la Fiscalía General de la Nación para que
se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios causados con la
ocupación del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 200-99307,
ubicado en el corregimiento El Caguán del municipio de Neiva, ocurrida el 20 de
mayo de 2014.

52 Fl. 246, C.2.
53 Fl. 42 y 43, C.1.
54 Fl. 63, C.1.

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Al respecto, está probado que tanto la escritura pública No. 5.448 del 26 de
noviembre de 1993, como el certificado de tradición con el que los demandantes
pretenden demostrar la propiedad del inmueble con folio No. 200-99307, se
refieren al predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 200-98845
denominado “El Lote”, ubicado en el corregimiento El Caguán del municipio de
Neiva, con una extensión aproximada de 6 hectáreas y media y cédula catastral
No. 41001000200110032000 (hechos probados 7.1.2. y 7.1.12.), es decir, dan
cuenta de un predio distinto al del objeto de esta demanda.

De hecho, el Tribunal a quo advirtió esta inconsistencia, pero se limitó a concluir
que las pretensiones de los demandantes se basaban en el predio identificado con
matrícula inmobiliaria No. 200-98845, al decir que “la Sala colige que los
demandantes ostentan la calidad de propietarios del bien denominado lote,
ubicado en el corregimiento El Caguán del municipio de Neiva, identificado con el
número de matrícula inmobiliaria 200-98845”, pero sin explicar por qué llegó a la
conclusión de que los demandantes estaban legitimados en la causa por activa,
cuando no estaban demostrando la propiedad del bien objeto de demanda, sino
otro distinto.

Ahora, si bien está demostrado que el 12 de junio de 2014, el corregidor de El
Caguán del municipio de Neiva admitió la querella policiva por ocupación de hecho
instaurada por los aquí demandantes, también lo es que dicha querella versó
sobre “el bien inmueble ubicado en el corregimiento El Caguán, zona rural del
municipio de Neiva, con una extensión aproximada de dos hectáreas y media (2 y
½ Has.) identificado con la matrícula inmobiliaria No. 200-98845, identificado con
cédula catastral No. 41001000200110032000” (hecho probado 7.1.13.), es decir,
se trata de un bien inmueble distinto al referido en esta demanda y, aunque casi
dos años después los querellantes presentaron corrección de la querella y le
manifestaron al corregidor que el bien objeto de ocupación era un lote con un área
de 2 hectáreas 4.766 m² con matrícula inmobiliaria No. 200-99307 y cédula
catastral No. 000200110011000, lo cierto es que no allegaron el certificado de

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tradición que corroborara esas nuevas especificaciones con las que pretendían
corregir la querella (hecho probado 7.1.16.).

Incluso, se probó que, para el 26 de noviembre de 2015, esto es, posterior a la
ocupación de hecho (20 de mayo de 2014), los querellantes no tenían claridad de
los linderos y/o situación jurídica del inmueble que reputan como propio, tanto así
que solicitaron la suspensión del trámite policivo, alegando que estaban
“pendientes de las resultas del proceso de deslinde y amojonamiento que se
adelanta en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva” (hecho probado 7.1.14).

Sin embargo, no se allegó documento alguno o certificado de tradición obrante en
el alegado proceso de deslinde y amojonamiento que diera cuenta de que el bien
ocupado es el señalado en la demanda, esto es, el predio identificado con
matrícula inmobiliaria No. 200-99307 y que este fuera de propiedad de los aquí
actores, que permitiera concluir que de se trata de un predio global que está en
proceso de deslinde, pero que al meno arrojara claridad sobre su identificación y
propiedad por parte de los aquí demandantes.

Por otro lado, si bien se allegó una certificación del IGAC de los registros
catastrales Nos. 00-02-011-0007, 00-02-011-0009, 02-00-024-0008-01 y 00-02-
011-0011 que se encuentran a nombre de Francisco Arguello Guzmán (hecho
probado 7.1.1.), lo cierto es que se desconoce si alguno de estos corresponde al
predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 200-99307 que en la demanda se
alega es de propiedad de los actores y que habría sido ocupado de hecho por
terceros.

Igualmente, aunque los demandantes indicaron al corregidor de El Caguán que el
predio identificado con cédula catastral No. 000200110011000 corresponde al
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 200-99307 objeto de esta demanda
(hecho probado 7.1.16.), se advierte que no se aportó el certificado de libertad y
tradición o alguna otra prueba de la que se pueda corroborar con grado de certeza
que, en efecto, el predio con matrícula No. 200-99307 corresponde a la cédula
catastral No. 000200110011000.

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Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

Sobre el particular, en este proceso se escuchó el testimonio de Pablo Emilio
Valderrama Bermeo55, quien declaró el 8 de noviembre de 2017 que trabajaba
como dependiente judicial y mensajero de distintos abogados en el municipio de
Neiva. Señaló también que su compañera permanente trabajaba con Nubia
Delfina Rojas Vieda, apoderada de los demandantes en el proceso policivo por
ocupación de hecho del predio que alegan de su propiedad y que por eso tenía
conocimiento de los hechos de la presente demanda. Sobre la propiedad del lote
por parte de los demandantes el testigo señaló: “inicialmente hubo una confusión
sobre ese lote porque la familia Arguello ha sido propietaria de toda esa zona,
ellos vienen pagando continuamente desde hace mucho tiempo los impuestos,
incluso ellos mantenían limpio ese lote, sino que había una confusión, ellos venían
pagando el impuesto por las dos hectáreas y no sé si en la escritura o en otra
oficina aparecían 26 hectáreas, pero después se hizo la aclaración y se pudo
probar de que eran dos hectáreas realmente, porque por eso era que los
invasores decían que eso no era de los Arguello, pero se pudo probar que sí era
de los Arguello y ellos tienen la posesión desde hace mucho tiempo”. El testigo
dice que sabe todo esto porque le colaboró a la abogada Nubia Delfina Rojas
Vieda en los tramites e investigaciones sobre varios lotes, incluso él revisó las
escrituras y verificó que el lote ocupado sí era de la familia Arguello.

Posteriormente, declaró la testigo Sandra Patricia Roa Rubio56, quien adujo ser la
secretaria de Nubia Delfina Rojas Vieda, apoderada de los querellantes en el
proceso policivo por ocupación de hecho, no obstante, la declarante no hizo
referencia alguna a la propiedad o posesión de los demandantes sobre el predio
materia del proceso policivo.

Por su parte, la testigo Nubia Delfina Rojas Vieda57, afirmó ser abogada litigante y
apoderada de los querellantes en el proceso policivo por ocupación de hecho (hoy
accionantes), por lo que en su declaración refirió varias situaciones ocurridas en el

55 Acta y DVD audiencia fl. 592 a 594 y 599, C.3. del Consejo de Estado.
56 Acta y DVD audiencia fl. 592 a 594 y 599, C.3. del Consejo de Estado.
57 Acta y DVD audiencia fl. 592 a 594 y 599, C.3. del Consejo de Estado.

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Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

trámite policivo y a los obstáculos para llevar a cabo el desalojo, sin embargo, no
hizo señalamiento alguno de o las personas que ostentaban la propiedad sobre el
inmueble objeto del proceso policivo, de hecho, indicó únicamente que se trataba
de un lote con extensión de dos hectáreas y más de 4.000 metros.

A su turno, el Mayor de la Policía Nacional Efraín Andrés Prada Mora58,
comandante de la estación de policía de Neiva que cobijaba al corregimiento El
Caguán para la época de los hechos, declaró que no tenía claro cuál era el predio
ocupado al que se refiere la demanda.

Finalmente, Leonardo Fajardo Sánchez59, manifestó desempeñarse como
corregidor del corregimiento El Caguán del municipio de Neiva desde el 1 de julio
de 2016, no obstante, no hizo referencia en su relato sobre la propiedad de los
demandantes sobre el predio materia del proceso policivo, de hecho, adujo que el
lote ocupado se encontraba poblado en un 60% con viviendas construidas en
madera y otras en cemento.

Ahora bien, a juicio de la Sala y en los términos del artículo 21160 del Código
General del Proceso, se observa que los testimonios de Pablo Emilio Valderrama
Bermeo, Sandra Patricia Roa Rubio y Nubia Delfina Rojas Vieda podrían presentar
sospechas de parcialidad por haber trabajado directa o indirectamente para los
hoy demandantes en el proceso policivo por ocupación de hecho del predio que
alegan de su propiedad. Lo mismo se predica del Mayor de la Policía Nacional
Efraín Andrés Prada Mora por su vinculo con la entidad demandada y declarar en
el contexto de las omisiones que la demanda le atribuye a la Policía Nacional.
Igualmente, estaría comprometida la parcialidad de Leonardo Fajardo Sánchez por
ser el corregidor del corregimiento El Caguán del municipio de Neiva a cargo del

58 Acta y DVD audiencia fl. 602 a 605, C.3. del Consejo de Estado.
59 Acta y DVD audiencia fl. 602 a 605, C.3. del Consejo de Estado.
60 “Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las

personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión
de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso”.

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Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

referido proceso policivo. No obstante, a ninguno de estos testigos les consta que
el bien ocupado de hecho por terceros era de propiedad de los demandantes, de
modo que no resultan útiles para probar la legitimación por activa de aquellos.

Adicionalmente, cabe precisar que, aunque el testigo Pablo Emilio Valderrama
Bermeo sí se refirió a que los accionantes eran los propietarios del lote ocupado,
al mismo tiempo, el declarante advirtió que hubo una confusión de si el lote tenía
26 hectáreas o 2 hectáreas, lo cual según él posteriormente se aclaró y por eso se
probó que la familia Arguello era la propietaria, pero no especificó de qué modo se
aclaró, si es que se levantó una escritura pública de aclaración, ni cuál era la
matrícula inmobiliaria ni la cédula catastral del predio ocupado, de modo que su
declaración tampoco permite constatar la identificación plena del predio objeto de
ocupación ni de su propiedad por parte de los actores, para acreditar su
legitimación en la causa.

Ahora bien, con el fin de acreditar el valor del inmueble presuntamente ocupado,
se aportó dictamen pericial rendido por un perito avaluador, en el cual se describe
el predio como un lote identificado con matrícula inmobiliaria No. 200-99307 y
cédula catastral No. 4100020011001100061.

No obstante, lo anterior, en la diligencia de contradicción del dictamen62, el perito
avaluador manifestó que los documentos en que basó su pericia, estos son, la
escritura pública de compraventa del predio, el certificado de tradición y la
constancia de pago del impuesto predial le fueron suministrados por los
demandantes, así como el plano topográfico, también proporcionado por los
demandantes. Señaló que en la escritura pública se especificaba un área superior
a la del plano levantado por el topógrafo, sin embargo, su estudio se fundamentó
en el área indicada en ese plano para hacer el avalúo, esto es, 2 Has. 4.615,114
que equivalen a 24.615,114 m², sin contrastarla con el área física que visitó, pues
advirtió que no verificó directamente el área o extensión del inmueble ocupado,
porque ya los demandantes tenían la topografía, es decir, ya estaba hecho el

61 Dictamen en Fl. 540 a 584, C.3. del Consejo de Estado.
62 Acta y DVD audiencia fl. 602 a 605, C.3. del Consejo de Estado.

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plano en el que se apoyó para hacer el peritaje. Dijo que comparó el plano con el
que aparecía en el IGAC según el número de matrícula inmobiliaria “y salió el
recuadro del predio casi muy parecido al plano que me presentó el topógrafo o
que me dio la familia sobre ese plano y verifiqué sobre eso”.

A la pregunta de si los demandantes eran los propietarios del predio, el perito
señaló que los dueños del inmueble eran Miguel Ángel Arguello Perdomo, María
de Jesús Arguello Barrios, Martha Lucía Arguello Quintero, Mario Renet Arguello
Perdomo y Magda Tatiana Arguello Perdomo, porque “esas eran las personas que
aparecían en el certificado de tradición y en la escritura” que le proporcionaron los
aquí demandantes.

Sin embargo, a la pregunta de si el predio ocupado correspondía al de la escritura
pública, certificado de tradición y certificados catastrales que tuvo a la vista, el
perito contestó: “en todo avalúo yo me baso en lo que dice el certificado de
tradición, no sé si ellos son los propietarios actuales, pero yo siempre pongo como
propietarios los que aparecen en el certificado de tradición”.

A estos efectos, se tiene que el artículo 232 del Código General del Proceso63
señala que, para otorgar valor probatorio a la prueba pericial, el dictamen debe ser
sólido, claro, exhaustivo y preciso. Sumado a ello, dispone que el juez deberá
analizar la conducencia de la prueba pericial en relación con las reglas de la sana
crítica, la calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento
en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso.

Según lo expuesto y bajo los parámetros antes mencionados, se advierte que el
dictamen pericial rendido por el ingeniero catastral Ángel Rincón Ballesteros no
goza de eficacia probatoria para establecer la propiedad de la parte demandante
sobre el inmueble ocupado, pues con el dictamen no se aportó la escritura pública
ni el certificado de tradición que según el perito tuvo a la vista para su elaboración,

63“Artículo 232. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo

en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad
del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.

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Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

que permitiera verificar que, efectivamente, corresponden al predio identificado
con matrícula inmobiliaria No. 200-99307 objeto de demanda. Además, el
dictamen no constituye prueba idónea para acreditar el derecho real de los
actores, pues a lo sumo, solo serviría para establecer las dimensiones del predio
que se alega ocupado.

De hecho, el perito no ofrece certeza al respecto, pues en un primer momento
refiere que los propietarios del bien ocupado son Miguel Ángel Arguello Perdomo,
María de Jesús Arguello Barrios, Martha Lucía Arguello Quintero, Mario Renet
Arguello Perdomo y Magda Tatiana Arguello Perdomo, empero, más adelante,
manifiesta que no sabe si ellos son los actuales propietarios. Con todo, sus
afirmaciones se hacen imposibles de corroborar, al no haberse allegado los
documentos del título y tradición del bien que el perito refiere en su experticio, lo
cual resultaba imperativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 226 numeral
10 del Código General del Proceso64.

Finalmente, aunque las declaraciones extraprocesales rendidas por Jesús
Arguello Barrios y Alicia Perdomo de Arguello ante el notario 5º del Círculo de
Neiva65, estos afirman que los demandantes “son propietarios y poseedores del
inmueble denominado El Lote”, sus dichos tampoco bastan ni resultan en la
prueba idónea para acreditar la propiedad del bien objeto de demanda, como
tampoco dan cuenta de cuáles son los actos de señor y dueño que cada uno de
los demandantes ha ejercido para tenerlos como poseedores. Igualmente, si bien
dichas declaraciones pueden ser valoradas66, dado que la parte demandada no
solicito su ratificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 222 el CGP67, lo

64 “Artículo 226. Procedencia. […] El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo,

las siguientes declaraciones e informaciones:
[…] 10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del
dictamen”.
65 Fl. 327 y 328, C.2.
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 62669 y Corte Constitucional, sentencia T-247 del 17 de
mayo de 2016, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
67 “Artículo 222. ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Solo podrán ratificarse en

un proceso las declaraciones de testigos cuando se hayan rendido en otro o en forma anticipada
sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan, siempre que esta lo solicite.

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cierto es que, además, resultan sospechosas y debe cuestionarse su
imparcialidad, pues los declarantes son el hermano y la cuñada de los
demandantes.

De todo lo anterior se obtiene que, como las pruebas aportadas al proceso ni
siquiera arrojan claridad de la identidad del predio objeto de ocupación, mucho
menos se puede establecer que los aquí demandantes sean sus propietarios.

Finalmente, en el evento de considerar que los demandantes podrían estar
acreditados como poseedores del inmueble ocupado por terceros, tampoco está
probada dicha calidad, pues no se demostraron los actos de señor y dueño que
ejercían sobre el predio referido en la demanda, esto es, el identificado con
matrícula inmobiliaria No. 200-99307, conforme con lo dispuesto en los artículos
762, 764, 765 y 768 del Código Civil68, el cual, en todo caso, como antes se
advirtió, no es el mismo objeto del proceso policivo al que se ha venido haciendo
referencia.

En efecto, como lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, la posesión inmobiliaria requiere de dos elementos infaltables para que esta
se configure, el corpus y el ánimus:69

“[…] Es verdad que, el señorío de los inmuebles comprende dos elementos
esenciales, su aprehensión física o material y la intención de detentarlo como suyo,
lo cuales, conjuntados forman un «poder de hecho» que, con el paso del tiempo, da
derecho a quien los reúna a adquirirlos por el modo de la usucapión. El primero de
ellos se ha denominado corpus, que hace referencia al nexo tangible y directo
existente entre la persona y el predio, la percepción sensorial de ocuparlo, de estar
presente ahí profesando «hechos positivos de aquellos a que sólo da derecho el
dominio», conforme el artículo 981 del estatuto civil; en tanto que el restante, el
animus, es la conciencia interna de considerarse «amo y dueño» del fundo, según lo
preceptuado en el canon 762 ibidem. Parece perfectamente claro que «[l]a
presencia de estos elementos, en quien se predica poseedor con ánimo de señor y
dueño, es precisamente, el elemento que ideológicamente diferencia esta institución
de los diferentes títulos de tenencia que se asientan en el sistema jurídico, como el

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del
testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.
68 Ver al respecto la sentencia del 3 de febrero de 2025 de esta Sala de Subsección, exp. 70775.
69 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de julio de 2023, exp.

11001-31-03-005-2016-00045-01, MP: Hilda González Neira.

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arrendamiento, el comodato, la anticresis y la retención, entre otros» (CSJ SC1716-
2018, 23 may., Rad. 2008- 00404-01). Acorde con esto, la falta de cualquiera de
esos presupuestos echa al traste la expectativa de usucapir […] Estos dos
componentes, el objetivo corpus y el subjetivo animus se integran para formar la
posesión que, unido con la marcha irreversible del tiempo, dan derecho a obtener el
dominio de la heredad ajena por prescripción adquisitiva. […]”

Sobre el particular, el testigo Pablo Emilio Valderrama Bermeo se limitó a
manifestar que los demandantes tenían la posesión del lote ocupado “desde hace
mucho tiempo”, que pagaban los impuestos correspondientes y que lo mantenían
limpio, pero sin aclarar por qué le constaban esos hechos y sin que se allegara
otra prueba que corroborara su dicho, por el contrario, en este proceso se probó
que Miguel Ángel Arguello Barrios (persona distinta a los demandantes) pagó el
impuesto predial de varias vigencias, respecto del predio identificado con cédula
catastral No. 000200110011000, del que dicho sea de paso, no se tiene certeza
que se trata del inmueble objeto de la reparación directa (hechos probados 7.1.3.
a 7.1.11. y 7.1.15.), de manera que ni siquiera esa circunstancia permite evaluar
un acto positivo con ánimo de señor y dueño ejercido por los actores sobre el bien
objeto de la presente demanda, pues en eventualmente, lo habría ejercido una
persona que no es demandante en el proceso de la referencia.

Adicionalmente, ninguno de los otros testigos hizo referencia alguna a cómo o de
qué manera o a través de qué actos los demandantes ejercieron la posesión sobre
el bien ocupado de hecho por terceros.

Justamente, llama la atención de la Sala que en la diligencia de contradicción del
dictamen70, a la pregunta de a qué actividad económica estaba dedicado el predio
antes de la ocupación por parte de terceros, el perito avaluador contestó: “no
tengo idea como se encontraba en ese momento”. Tampoco se allegó prueba de
la situación del inmueble antes de la ocupación, esto es, si estaba desocupado, si
contaba con cerramientos o cercas, o tenía algún uso o explotación, o de qué
forma los actores ejercían actos con ánimo de señor y dueño sobre este, con la
dificultad, se insiste, de que el predio ocupado y objeto de querella policiva no
corresponde al referido en esta demanda.
70 Acta y DVD audiencia fl. 602 a 605, C.3. del Consejo de Estado.

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Radicado: 41001233300020160030001 (69063)
Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

De todo lo anterior se colige que los demandantes no demostraron su calidad de
propietarios ni poseedores del predio identificado con matrícula inmobiliaria No.
200-99307 objeto de la presente demanda de reparación directa.

De conformidad con lo anterior, se impone revocar la sentencia del 18 de junio de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda para, en su lugar declarar probada de oficio la
configuración de la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, lo
que de paso impide realizar un pronunciamiento de fondo sobre el asunto
sometido a conocimiento de esta Subsección, por las consideraciones ya
expuestas.

8. Condena en costas

De conformidad con el artículo 18871 del CPACA y con la disposición especial del
artículo 365 del CGP, numeral 472, para el caso particular se condenará en costas
a la parte demandante por ambas instancias, habida cuenta de la revocatoria total
de la sentencia de primera instancia. La liquidación de las costas la hará de
manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del CGP73
y tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir,
teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan
efectivamente probadas en el proceso.

En el presente caso, en ambas instancias se encuentra acreditada la gestión del
apoderado de la entidad demandada Policía Nacional que, además, presentó el
recurso de apelación.

71 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
72 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos

en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas (...). 4. Cuando
la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias”
73 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.

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Radicado: 41001233300020160030001 (69063)
Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

En tal sentido, la Sala estima suficiente dicha gestión para que se disponga la
fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, en favor de la
demandada Policía Nacional, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366
del CGP.

En cuanto a las agencias en derecho en primera instancia, para los procesos
contencioso-administrativos con cuantía, deben fijarse hasta el 20% del valor de
las pretensiones pedidas, de conformidad con lo previsto en el artículo 674 del
Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
En ese sentido, las agencias en derecho de dicha instancia se fijarán en la suma
de $1’106.452, en favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
con fundamento en la relación porcentual del 0.1% de las pretensiones que fueron
formuladas en este litigio, que ascienden a la cantidad de $1.106’452.459.

Por otra parte, frente a las agencias en derecho en segunda instancia, estas
podrán fijarse en los procesos contencioso-administrativos, en segunda instancia,
hasta el 5% del valor de las pretensiones pedidas, según lo dispuesto en el
artículo 675 del ya referido Acuerdo.

En tal virtud, se fijan las agencias en derecho de segunda instancia en suma
equivalente a $1’106.452, en favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, que serán liquidadas por Secretaría según los parámetros previstos en
la normativa ya citada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

74 “Artículo. 6º. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:

[…] III
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.2. Primera instancia.
Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas
en la sentencia. […] ”.
75 “Artículo. 6º. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:

[…] III
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3. Segunda instancia.
[…] Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia.

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Radicado: 41001233300020160030001 (69063)
Demandante: María de Jesús Arguello Barrios y otros

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 18 de junio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda y, en su lugar, se dispone:

SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación
en la causa por activa, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR EN COSTAS, por ambas instancias, a la parte
demandante, en favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Para el efecto, las agencias en derecho de la primera instancia se fijan en la suma
de $1’106.452 en favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
monto que deberá pagar la parte actora.

Como agencias en derecho en esta instancia, se fijan en suma equivalente a
$1’106.452, en favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

VF/EX8

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