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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-02469-01

Fecha
22 de mayo de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-02469-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1° de abril de 2020, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2016-02469-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

22 de mayo de 2024

Radicado: 25000-23-36-000-2016-02469-01 (66391)
Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Apelación sentencia
Radicación: 25000-23-36-000-2016-02469-01 (66391)
Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ
Demandado: FUNDACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDIENDO

Temas: CONVENIO DE ASOCIACIÓN – sus diferencias con el contrato de fomento – régimen
jurídico aplicable – se rige por las normas del derecho privado. CONTEO DE LA CADUCIDAD EN
CONTRATOS ESTATALES SOMETIDOS AL DERECHO COMÚN – posturas jurisprudenciales
divergentes en el conteo de ese fenómeno preclusivo cuando las partes pactan la liquidación
unilateral en el contrato estatal que se rige por el derecho privado, en este caso en el convenio de
asociación – aplicación del principio pro actione. CARGA DE LA PRUEBA - incumbe a la parte probar
el supuesto de hecho que pretende hacer valer – principio de autorresponsabilidad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 1° de abril de 2020, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 27 de marzo de 2013, el Distrito de Bogotá – Secretaría Distrital de Integración
Social y la Fundación Multiactiva Emprendiendo suscribieron el convenio de
asociación No. 4843, cuyo objeto consistió en aunar recursos para garantizar el
acceso a una “alimentación nutricionalmente adecuada e inocua”, con alcance a los
habitantes de la calle, y desarrollar el componente de inclusión social y vigilancia
nutricional con la población atendida en los centros de acogida de autocuidado.

En dicho convenio se acordó que la entidad aportaba la suma de $1.964’400.000,
mientras que el aporte de la Fundación Multiactiva Emprendiendo era de

Radicado: 25000-23-36-000-2016-02469-01 (66391)
Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

$469’600.000, representado en bienes y servicios. Con ocasión de la vigilancia de
la ejecución del acuerdo de voluntades, el supervisor realizó varias visitas a los
centros dispuestos por la Secretaría y, de acuerdo con los hallazgos advertidos
relacionados con el impago a los proveedores, a la seguridad social y parafiscales,
así como los salarios del personal contratado para el desarrollo contractual, realizó
varios requerimientos a la aquí demandada con el fin de que los subsanara,
allegando los soportes que dieran cuenta del cumplimiento de esas obligaciones.

Por lo anterior, la parte demandante considera que la Fundación Multiactiva
Emprendiendo incumplió las obligaciones que adquirió en los numerales 8 y 9, literal
a), de la cláusula tercera del convenio, consistentes en el pago de salarios,
seguridad social y parafiscales respecto del personal encargado de la ejecución, así
como también inobservó la obligación pactada en el numeral 1, literal a), de la
cláusula tercera, relacionada con el aporte de $469’600.000, representado en
bienes y servicios.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda y su trámite

1.1. El 1° de diciembre de 20161, el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría Distrital
de Integración Social, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de
control de controversias contractuales, presentó demanda en contra de la
Fundación Multiactiva Emprendiendo -en adelante la Fundación-.

1.2. El 24 de enero de 20182, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió
la demanda, con el fin de que se precisaran las pretensiones y los hechos que
fundan sus pedimentos. El libelo fue subsanado en la oportunidad respectiva3.

1.3. En la demanda subsanada se formularon las siguientes pretensiones
(transcripción literal):

“PRIMERA: Que se declare el incumplimiento de las cláusulas del convenio de
asociación número 4843 del veintisiete (27) de marzo de dos mil trece (2013) por
parte de la FUNDACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDIENDO, así:

1 Fl. 4 a 32, C.1.
2 Fl. 36, C.1.
3 Fl. 40 a 68, C.1.

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Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES,
LITERAL A) OBLIGACIONES DEL ASOCIADO, OBLIGACIONES GENERALES,
NUMERAL 1:

Aportar la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS ($469.600.000), representado en servicios y bienes.

CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES,
LITERAL A) OBLIGACIONES DEL ASOCIADO, OBLIGACIONES GENERALES,
NUMERALES 8 Y 9:

“(...) 8. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo
relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

9. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral
del personal que contrate para la ejecución del convenio, lo mismo que el pago de
honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la
ejecución del convenio. Es entendido que todos los gastos han sido estimados por
el asociado al momento de la presentación de la Carta de presentación de la
Propuesta.

SEGUNDA. Como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la
FUNDACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDIENDO el pago de la suma de
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
($469’600.000), correspondiente al aporte que debía efectuar la Fundación y del cual
no reposa documentos soportes que acrediten su cumplimiento, de acuerdo a lo
expuesto anteriormente.

TERCERA. Como consecuencia a la anterior declaración, se ordene a la
FUNDACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDIENDO el reintegro de la suma de
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
($243’400.000) M/CTE, determinada como consecuencia de un mayor valor girado
conforme a lo expresado en el hecho vigésimo primero.

CUARTA. Que se ordene a la FUNDACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDIENDO el
pago de la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL
PESOS ($83’132.000) MCTE, dado que la Fundación no demostró haber cancelado
el pago correspondiente a sus obligaciones salariales y aportes al sistema de
seguridad social, de los períodos de diciembre de 2013 y enero de 2014; obligación
de la Fundación de la cual se ejecutaría con los recursos entregados por la Secretaría
de Integración Social.

QUINTA. Que los valores antes mencionados sean indexados a fin de restablecer el
poder adquisitivo de la moneda hasta la fecha de pago (...)” (subrayas del texto
original).

1.4. Los fundamentos fácticos expuestos por la parte actora, en síntesis, fueron
los siguientes:

1.4.1. Se aseveró que, el 27 de marzo de 2013, la Secretaría Distrital de Integración
Social -en adelante la Secretaría- y la Fundación suscribieron el convenio de

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asociación No. 4843, cuyo objeto consistió en aunar recursos técnicos,
administrativos, financieros para garantizar el acceso a una “alimentación
nutricionalmente adecuada e inocua” y desarrollar el componente de inclusión social
a través de la promoción de estilos de vida saludable y vigilancia nutricional con la
población atendida en el centro de acogida día-noche y centro de autocuidado de la
Secretaría.

1.4.1.1. Se indicó que el valor del convenio ascendió a la suma de $2.434’000.000,
distribuidos así: por parte de la Secretaría la suma de $1.964’400.000 y por parte
de la Fundación $469’600.000.

1.4.1.2. Se sostuvo que el plazo de ejecución se pactó en 10 meses, con fecha de
inicio el 3 de abril de 2013 y fecha de finalización el 2 de febrero de 2014.

1.4.2. Se afirmó que en la visita realizada por la Secretaría, el 8 de noviembre de
2013, se evidenció que la Fundación no había realizado los pagos al personal
(administradores, nutricionistas, auxiliares administrativos y operarias), a la
seguridad social del recurso humano, ni tampoco a los proveedores. Al respecto, se
añadió que se realizó una mesa de trabajo en la cual los extremos contratantes
adquirieron unos compromisos, entre los cuales a la Fundación le correspondía: (a)
cancelar el período de nómina del 16 de octubre al 30 de noviembre y, una vez
pagado, allegar el soporte pago a la supervisión; (b) realizar el pago al proveedor
Grupo Éxito; (c) pagar al proveedor Amapolita; (d) garantizar la compra de fruver y
pescado; (e) realizar el pago de parafiscales correspondiente al mes de noviembre;
(f) pagar los servicios; (g) realizar el pago a proveedores y (h) allegar el plan de
mejoramiento de componente técnico nutricional y administrativo; sin embargo,
según la demanda, el 5 de diciembre de 2013, la Secretaría realizó una nueva visita
con el fin de verificar los compromisos adquiridos, la Fundación no dio cumplimiento
satisfactorio a los literales (b), (e) y (g).

1.4.3. Se señaló que en las visitas realizadas el 17 y el 20 de enero de 2014 por
parte de la Secretaría se evidenció que la Fundación no realizó el pago de las
obligaciones salariales ni los aportes al sistema general de seguridad social de los
trabajadores vinculados al proyecto correspondientes al mes de diciembre de 2013,
y que tampoco allegó los soportes de pago de sus aportes al convenio de
asociación, por un valor de $469’600.000.

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1.4.4. Se indicó que la Secretaría realizó varios requerimientos a la Fundación, los
cuales fueron enviados a su representante legal y al apoderado, insistiéndole en el
pago de las obligaciones salariales, los aportes al sistema de seguridad social y el
pago de los proveedores, así como también que allegara los soportes del pago de
su aporte de $469’600.000.

1.4.5. Se afirmó que, mediante oficio SAL-61351 del 26 de julio de 2016, la
Secretaría le remitió al abogado de la Fundación copia de la tasación de perjuicios
por obligaciones no cumplidas, con el fin de que presentara una respuesta, así como
la documentación pertinente, pero aquel guardó silencio. Se indicó que, con el fin
de preservar el debido proceso, se le requirió nuevamente, pero no hubo respuesta.

1.4.6. En la demanda se señaló que, como no se realizaron los pagos de salarios y
honorarios a los trabajadores vinculados por la Fundación para los períodos de
diciembre de 2013 y enero de 2014, ni los correspondientes a dos días de febrero,
se presentó un incumplimiento de la cláusula tercera del convenio de asociación,
literal a), numerales 8 y 9. En el libelo introductorio también se aseveró que la
Secretaría giró a la Fundación el monto de $83’132.000, los cuales no fueron
ejecutados, “es decir, no se cumplió con la obligación de pago de las obligaciones
salarios y aportes al Sistema de Seguridad Social de los trabajadores vinculados al
proyecto (...)”.

1.4.7. Se dijo que el equipo de apoyo a la supervisión evidenció que la Secretaría
Distrital de Integración Social, durante la ejecución del convenio de asociación No.
4843, efectuó pagos a la Fundación por un mayor valor al ejecutado, que ascendió
a la suma de $243’400.000, en tanto el valor girado por la demandante fue de
$1.452’604.540, mientras que el valor ejecutado fue de $1.209’204.540.

1.4.8. Finalmente, se alegó que en los meses de octubre, noviembre, diciembre de
2013 y enero de 2014, durante el período de supervisión de visitas, a la Fundación
se le solicitó la presentación de soportes contables que dieran cuenta de su aporte
al convenio de asociación por el monto de $469’600.000, pero como no hubo
respuesta se generaron los requerimientos No. ADM11 y ADM39, los cuales
tampoco fueron contestados por la Fundación.

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1.5. El 11 de abril de 2018, el Tribunal admitió la demanda y ordenó la notificación
personal a la demandada y al Ministerio Público4.

2. La Fundación no contestó la demanda5.

3. Audiencia inicial

El 13 de diciembre de 20186, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca llevó a
cabo la audiencia inicial, en la que no se encontró vicio alguno que debiera ser
objeto de saneamiento, ni se encontraron excepciones previas por resolver.

Seguidamente se fijó el litigio, en el entendido de determinar si la Fundación
incumplió el convenio de asociación en tanto no realizó el aporte de $469’600.000,
además de no pagar los aportes a seguridad social integral y parafiscales, ni asumió
el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal
que contrató para la ejecución del referido convenio.

Igualmente, el a quo declaró fallida la etapa de conciliación, ante la inasistencia de
la parte demandada a la audiencia, a la vez que, posteriormente, sostuvo que no
había medidas cautelares sobre las cuales pronunciarse. Más adelante, negó la
prueba testimonial solicitada por la parte actora, decisión que no fue recurrida.

Por último, señaló que este asunto no requería de la práctica de pruebas, por lo que
consideró innecesario convocar a la audiencia de pruebas, así como también
prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó la presentación por
escrito de los alegatos de conclusión y del concepto del Ministerio Público.

4. Alegatos de conclusión

4.1. En oportunidad la parte demandante alegó de conclusión para reiterar lo
expuesto en su demanda y concluyó que, de acuerdo con la prueba documental
allegada al expediente, se demostró el incumplimiento alegado7.

4 Fl. 70 y 71, C.1.
5 El auto admisorio de la demanda le fue notificado el 18 de abril de 2018 (Fls. 73 y 74, C.1.)
6 Fl. 95 y 96, C.1.
7 Fl. 98 a 100, C.1.

Radicado: 25000-23-36-000-2016-02469-01 (66391)
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4.2. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 1° de abril de 20208, la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.

5.1. Respecto del incumplimiento alegado frente a la obligación pactada en el
numeral 1, literal a), de la cláusula tercera del convenio, atinente al aporte de
$469’600.000 que le correspondía realizar a la Fundación, el a quo sostuvo que, si
bien al proceso se allegó el convenio en el que se pactó que una de las obligaciones
de la parte demandada era efectuar el referido aporte, representado en bienes y
servicios, lo cierto es que la parte actora no acreditó qué bienes y servicios
constituían el aporte de la Fundación, toda vez que con su demanda no allegó la
totalidad del expediente administrativo que obraba en su poder, carga procesal que
incumplió y que le imponía el artículo 166 del CPACA. Seguidamente, indicó que la
parte demandante no aportó el anexo técnico del convenio de asociación ni tampoco
la propuesta económica presentada por la Fundación.

En este sentido, precisó que la única prueba obrante en el proceso tendiente a
demostrar el incumplimiento es un oficio en el que el funcionario que ejercía la
supervisión del convenio de asociación le informó a la directora territorial de la
entidad demandante sobre la tasación de perjuicios por obligaciones presuntamente
incumplidas por parte de la Fundación, entre las cuales se incluyó “el no aporte
realizado por la Fundación”; sin embargo, el Tribunal agregó que el aludido oficio se
expidió dos años después de que finalizara el referido convenio, prueba que no era
suficiente para acreditar el incumplimiento alegado, máxime porque la parte actora
no allegó el expediente administrativo en su integridad, lo que imposibilitaba verificar
cuáles eran los bienes y servicios que debía prestar la Fundación con ocasión del
aporte a su cargo, cuándo debía prestarlos y cuál fue el seguimiento que realizó la
interventoría y la supervisión al respecto.

Hizo alusión al artículo 97 del CGP, que consagra que la falta de contestación de la
demanda hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en

8 Fl. 611 a 624, cuaderno del Consejo de Estado.

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el libelo, para señalar que, a pesar de que la Fundación no contestó la demanda, no
podía tenerse acreditada, a través de la figura de la confesión, la afirmación de que
la demandada no hizo su aporte de $469’600.000, porque “esta [se refiere a la
confesión] solo procede respecto de aquellos hechos frente a los cuales no se
requiera otro medio de prueba” y, para el efecto, en el caso particular se requería
de todo el expediente administrativo del convenio para determinar cuáles eran los
bienes y servicios que le correspondía aportar a la Fundación en desarrollo del
mismo.

A lo anterior añadió que, además de que no se allegó el expediente administrativo
contractual completo, los elementos probatorios que se aportaron, más que ofrecer
certeza generaban dudas, porque en ninguna de las actas de visita realizadas por
la Secretaría Distrital de Integración Social ni en los requerimientos por un posible
incumplimiento de la Fundación se hizo alusión al incumplimiento de la obligación
de realizar el aporte de $469’600.000, siendo solo dos años después de la
finalización del convenio que el supervisor, sin acompañar o exponer soporte
alguno, señaló el incumplimiento alegado en el informe en el que tasó los perjuicios
ocasionados.

Con fundamento en lo expuesto, en suma, el Tribunal descartó la pretensión de
incumplimiento alegada por el no aporte de bienes y servicios por parte de la
Fundación en cuantía equivalente a $469’600.000.

5.2. Frente a la pretensión de incumplimiento de la obligación pactada en el numeral
8, literal a), de la cláusula tercera del convenio, consistente en que la Fundación no
realizó los aportes al sistema de seguridad social durante algunos meses, el
Tribunal a quo la descartó porque las pruebas allegadas al proceso no daban
certeza al respecto.

En efecto, sostuvo que en las actas de las visitas realizadas por la Secretaría no se
dejó constancia acerca de esa situación, aunado a que, si bien se hicieron unos
requerimientos el 23 de enero, el 16 de septiembre, el 8 de octubre de 2014 y el 17
de abril de 2015, no se acreditó qué ocurrió con ellos, además de que tampoco se
allegaron los soportes de esos requerimientos, es decir, “la prueba de las personas
vinculadas por la Fundación para cumplir con el objeto del convenio y la prueba de
que no se hubieran realizado los aportes a seguridad social durante los meses de

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diciembre de 2013 y enero de 2014”. Precisó que, aunque en el informe de tasación
de perjuicios se calculó el valor de los aportes a seguridad social, no militan en el
expediente los anexos del convenio de asociación, tampoco los contratos de los
empleados ni la propuesta del personal a utilizar, documentos que hubieran podido
brindar certeza acerca del personal vinculado. Además, indicó que “tampoco hay
verificación de los sistemas oficiales, para efectos de constatar los aportes a
seguridad social”.

El a quo, adicionalmente, advirtió lo siguiente (transcripción literal):

“(…) llama la atención de la Sala el hecho de que no se especificara qué desembolsos
hizo la entidad demandante, pues conforme al numeral 11 de la cláusula tercera del
convenio objeto de litigio, la Fundación tenía la obligación de presentar antes de cada
pago, ante el supervisor y/o interventoría del convenio, la certificación expedida por
el representante legal o el revisor fiscal, cuando aplique, del cumplimiento de las
obligaciones del sistema general de seguridad social integral y parafiscales con una
fecha de expedición no superior a 30 días calendario (2.1), por Io que es claro que en
caso de haberse realizado los desembolsos el supervisor debió haber verificado e!
cumplimiento de esta obligación.

Tal y como ocurrió en el análisis del incumplimiento de la anterior obligación, en esta
también se advierte el incumplimiento de la entidad demandante de su deber de
aportar la totalidad del expediente administrativo contractual, el incumplimiento de su
carga de probar los supuestos de hecho fundamento de las pretensiones y
especialmente el deber de allegar los informes de supervisión que hubieran permitido
establecer cómo fue que la entidad pública realizó los desembolsos correspondientes
sin que el asociado hubiera acreditado los aportes a seguridad social
correspondientes”.

5.3. En relación con la pretensión de incumplimiento de la obligación pactada en el
numeral 9, literal a), de la cláusula tercera del convenio, consistente en que la
Fundación no realizó el pago de salarios, de prestaciones sociales y de honorarios,
el Tribunal a quo también la negó, porque no se acreditó el número de trabajadores,
los contratos mediante los cuales se vinculó al personal, los salarios acordados, así
como tampoco se demostró qué proveedores contrató la demandada, qué facturas
no pagó y por concepto de qué servicios. En este sentido, el fallador de primer grado
sostuvo que la tasación de perjuicios realizada por la supervisora no era prueba
suficiente, dado que en aquel documento se indicó que la falta de pago a
proveedores se evidenció el 8 de noviembre de 2013, pero en acta de visita
posterior, del 13 de diciembre de 2013, se cerró tal hallazgo, lo cual, en su criterio,
no generaba claridad acerca del incumplimiento reprochado.

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Expresó que bastaba con que la entidad demandante hubiese aportado los
contratos de trabajo que suscribió el asociado o la lista de personal que estaba a su
cargo y el reporte oficial de la página web en cuanto al sistema de seguridad social,
a efectos de verificar que el asociado incumplió con su obligación, pero no lo hizo.

5.4. Respecto de la pretensión que planteó el Distrito como consecuencia de la
declaratoria de incumplimiento, consistente en que se le devolviera la suma de
$243’400,000 que le desembolsó a la Fundación y que supuestamente esta no
ejecutó, el Tribunal precisó que esa petición no era consecuencial a la declaratoria
de incumplimiento, porque no guardaba relación con ninguna de las obligaciones
que se estimaron incumplidas, pero a la vez advirtió que ese pedimento no tenía
vocación de prosperidad, al considerar que no se acreditaron los desembolsos
realizados, la ejecución de los mismos y, consecuentemente, los recursos que
debían restituirse.

Dicho todo lo anterior, el Tribunal a quo expuso que la ausencia de la totalidad del
expediente administrativo contractual, que debió haber allegado la parte actora,
impide la verificación de la ejecución del convenio de asociación, a fin de determinar
si hubo o no incumplimiento por parte de la Fundación, lo que conduce a la negativa
de las pretensiones de la demanda.

6. Recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación9 contra el fallo de primera instancia,
el cual fue concedido10 y debidamente admitido11.

Solicitó la revocatoria del fallo apelado, al considerar que en el proceso sí existe
sustento probatorio que permite evidenciar que la Fundación incumplió con su
obligación de aportar bienes y servicios por valor de $469’600.000, así como
también la de realizar aportes a seguridad social integral y parafiscales y la de
asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del
respectivo personal que contrató para la ejecución del convenio de asociación.

9 Fl. 121 a 126, cuaderno del Consejo de Estado.
10 Fl. 129, cuaderno del Consejo de Estado.
11 Fl. 136 y 137, cuaderno del Consejo de Estado.

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Sobre el particular, la parte recurrente indicó lo siguiente:

“Durante el periodo de supervisión en visitas del componente administrativo
realizadas durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2013 y enero de
2014, fue solicitado al asociado la presentación de los soportes contables que dieran
cuenta del aporte al convenio por valor $469.600.000, observación reiterada y sin
respuesta por parte del asociado, por lo cual se generaron los requerimientos No.
ADM11 y ADM139 no contestados por el asociado, por consiguiente se procedió a
realizar Requerimiento por posible incumplimiento una vez consolidada la información
necesaria que diera cuenta del presunto incumplimiento por parte del asociado
respecto a la no presentación de los soportes requeridos referentes al aporte del
convenio, en el cual se delimitó claramente las acciones no adelantadas para el
cumplimiento contractual, siendo radicado en la Subdirección de contratación
mediante INT 35532”.

Dicho lo anterior, en la apelación la actora incluyó un cuadro en el que, a su juicio,
se determinan los elementos que la Fundación debió aportar al convenio, tales como
camisas, pantalonetas, zapatos, libretas, entre otros. Seguidamente, sostuvo que el
equipo de apoyo a la supervisión del convenio de asociación no evidenció soporte
alguno que diera cuenta del cumplimiento del aporte a cargo del asociado.

También indicó que la Secretaría, luego de los hallazgos advertidos en las visitas
realizadas, le hizo requerimientos administrativos a la Fundación, en los que se le
solicitó que explicara, con soportes, por qué no realizó el pago de las obligaciones
salariales y los aportes al sistema de seguridad social de los trabajadores vinculados
al proyecto (administradores, nutricionista, auxiliares administrativos y operarias),
correspondientes a los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014.

Con base en lo expuesto, aseveró que el equipo de apoyo a la supervisión de la
Secretaría no encontró soporte alguno que diera cuenta del cumplimiento por parte
de la Fundación del pago de obligaciones salariales y del aporte al sistema de
seguridad social, por la suma de $83’132.000, así como del aporte al convenio por
el monto de $469’000.000, para un total de $552’732.000. Adicionalmente, afirmó
que como prueba del incumplimiento obra en el expediente el oficio SAL-61351 del
26 de julio de 2016, por medio del cual se remitió al abogado de la Fundación copia
de la tasación de perjuicios por obligaciones no cumplidas, con el fin de que se
pronunciara sobre el particular y allegara la documentación pertinente, pero la hoy
demandada guardó silencio.

Por otra parte, señaló que el equipo de supervisión evidenció que durante la
ejecución del convenio la Secretaría efectuó desembolsos a la Fundación por un

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mayor valor al ejecutado, por la suma de $243’000.000, lo que sustentó en unas
tablas que incluyó en el recurso de apelación y en la estructura de costos pactada
en la cláusula sexta en el acuerdo de voluntades, con lo cual, seguidamente, indicó
que “los aportes de la Secretaría se encuentran directamente relacionados con el
valor de los servicios, de acuerdo con el número de cupos, el número de días y el
valor unitario, para cada servicio””. Al respecto, dijo que la Secretaría giró
$1.452’604.540, mientras que el valor ejecutado por la Fundación a 30 de noviembre
de 2013 fue de $1.209’204.540, lo que a su juicio da cuenta del mayor valor girado
por la Secretaría, en cuantía de $243’000.000.

7. Actuación en segunda instancia

7.1. Mediante providencia del 16 de abril de 202112 se corrió traslado a las partes
para que alegaran de conclusión, así como al Ministerio Público para que presentara
concepto.

7.2. En el término otorgado la parte actora13 insistió en lo expuesto a lo largo del
proceso, mientras que la demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de
Estado para conocer el presente asunto; (2) medio de control procedente; (3)
legitimación en la causa; (4) ejercicio oportuno del medio de control; (4.1.)
generalidades de los convenios de asociación y sus diferencias con los
denominados contratos de fomento. Régimen jurídico aplicable; (4.2.) el convenio
de asociación No. 4843 de 2013, su contenido y el régimen jurídico aplicable; (4.3.)
conteo de la caducidad en el caso concreto; (5) problema jurídico; (6) hechos
probados y pruebas adicionales para la resolución del caso concreto; (7) solución
del asunto sub examine; (8) conclusión; y (9) costas.

12 Fl. 139, cuaderno del Consejo de Estado.
13 Índice 10, Samai.

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Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

1. Jurisdicción y competencia

1.1. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10414 del CPACA, vigente a la
fecha de radicación15 de la demanda y, por lo mismo, aplicable al presente proceso,
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del
presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al convenio de asociación
No. 4843 de 2013 que fue suscrito entre una entidad territorial, como lo es el Distrito
Capital de Bogotá16, y la Fundación.

1.2. Por su parte, esta Sala del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 1° de
abril de 2020, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo previsto en el artículo 15017
y el numeral 5 del artículo 15218 del CPACA, dada la vocación de doble instancia

14 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá
de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública […]”. Se precisa que al presente asunto le son aplicables la
Ley 1437 de 2011 -CPACA- y la ley 1564 de 2012 -CGP-, en virtud de lo previsto en el artículo 306
del primer estatuto mencionado, sin incluir la reforma de la Ley 2080 de 2021, debido a que no se
encontraba vigente para la fecha de presentación de la demanda.
15
1° de diciembre de 2016.
16 De conformidad con el artículo 2º de la Ley 80 de 1993: “Para los solos efectos de esta ley:

1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los
municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por
ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en
las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas
adopten, en todos los órdenes y niveles.”
17 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto al que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia […]”.
18 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado,
y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes”.

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Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

del proceso, en razón de que la pretensión mayor19 excede los 500 salarios mínimos
legales mensuales vigentes20 a la fecha de presentación de la demanda21.

2. Medio de control procedente

En virtud de lo previsto en el artículo 14122 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su
nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que
acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que
también puede ser declarada de oficio por el juez.

Dado que la controversia formulada en este caso se refiere a la responsabilidad
contractual de la Fundación por incumplir las obligaciones contenidas en el convenio
de asociación No. 4843 de 2013, el medio de control procedente es el de
controversias contractuales, ya que se está ventilando la desatención de diversas
obligaciones, solicitándose que se declare su incumplimiento.

19
Se pidió la suma de $469’600.0000, correspondiente al aporte que, según la demanda, nunca
realizó la Fundación.
20 A la fecha de presentación de la demanda (1° de diciembre de 2016) 500 SMLMV equivalían a

$344’727.000.
21 Como la demanda se presentó en vigencia del CPACA, la norma con la cual se determina la

competencia por razón de la cuantía es el artículo 157 de ese cuerpo normativo, la cual, entre otras
cosas, consagra: “Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias
pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor”.
22 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado

podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y
138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.

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Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

3. Legitimación en la causa

De conformidad con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las
partes de la relación contractual puede pedir la declaratoria de incumplimiento, de
ahí que la legitimación en la causa en este tipo de controversia se encuentre, en
principio, en cabeza de los extremos del acuerdo de voluntades.

De este modo, el Distrito de Bogotá – Secretaría Distrital de Integración Social y la
Fundación poseen el interés jurídico que se debate en el presente caso y se
encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, porque
son las partes de la relación convencional que suscitó la controversia bajo análisis
en esta sede judicial.

4. Ejercicio oportuno del medio de control

Con el propósito de determinar este presupuesto procesal, la Sala considera
necesario precisar unas generalidades sobre los convenios de asociación, sus
diferencias con los contratos de fomento, además del régimen jurídico aplicable a
este tipo de acuerdos de voluntades, punto este último que incide en el conteo de
la caducidad.

4.1. Generalidades de los convenios de asociación y sus diferencias con los
denominados contratos de fomento. Régimen jurídico aplicable

4.1.1. En el ordenamiento jurídico colombiano, los convenios de asociación tienen
origen en el artículo 96 de la Ley 489 de 199823, norma que previó dicho acuerdo
de voluntades bajo los siguientes parámetros: (i) cualquier entidad estatal puede
celebrar el convenio con personas jurídicas particulares, con observancia de los
principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la

23 “ARTICULO 96. CONSTITUCION DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON
PARTICIPACION DE PARTICULARES. Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y
orden administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la
Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios
de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en
relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley.
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su
objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se
consideren pertinentes (...).

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Constitución Política; (ii) la finalidad este tipo de acuerdos es el desarrollo conjunto
de actividades en relación con los cometidos y funciones de la entidad estatal; según
esta Sala de Subsección, “estos convenios se caracterizan porque ambas partes
cooperan mutuamente en el cumplimiento del objeto pactado. No existe, en
consecuencia, un intercambio ni una relación conmutativa en la que las partes
asuman obligaciones equivalente”24; y (iii) los convenios deben establecer con
precisión su objeto, término de duración, obligaciones de las partes, los aportes que
cada uno debe hacer y la forma en que coordinaran sus esfuerzos25.

Recientemente, esta Subsección señaló las características de los convenios de
asociación, en lo que respecta al aspecto subjetivo y en cuanto a su objeto, así26:

“6.1.2.1. En el aspecto subjetivo, las partes del convenio son, por un lado, una entidad
pública titular de las funciones que han de desarrollarse mediante el objeto del
convenio; y por el otro, una persona jurídica particular habilitada para ejecutar
conjuntamente con la primera las actividades que son objeto del convenio, actividades
que deben estar comprendidas expresamente en su objeto social27 . Pero, a diferencia
del contrato de fomento, este particular no necesariamente debe ser una entidad sin
ánimo de lucro.

6.1.2.2. En cuanto al objeto, las partes cooperan mutuamente para ejecutar
mancomunadamente los propósitos del convenio que han de estar relacionados con
las funciones normativamente asignadas a la entidad pública. En consecuencia, los
participantes hacen aportes al fidedigno cumplimiento de lo pactado, bien sea en
dinero o en especie28, sin que con ello se produzca una transferencia patrimonial de
un extremo a otro29.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de marzo de 2024. Rad.: 55596.
25 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de abril de 2020. Rad.: 46963
26 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de marzo de 2024. Rad.: 55596.
27 Original de la cita: “47. Ahora bien, del texto legal, sin adentrarse aún en la remisión al texto

constitucional, la Sala advierte que, con apego a los principios de la función administrativa, toda
entidad estatal cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo, que tenga necesidad de ejecutar
una actividad relacionada con los cometidos y funciones que le son propios, puede hacerlo con la
participación de cualquier persona jurídica de derecho privado, siempre que su objeto social guarde
relación con la actividad a desarrollar. || 48. En efecto, la actividad estatal que se quiera ejecutar
perfila a los posibles participantes de la asociación, pues el objeto social del particular define su
idoneidad y la conveniencia de su aporte en la ejecución del convenio. Toda vez que a través de
este mecanismo las entidades se apoyan en la habilidad, experiencia, conocimiento, capacidad y
destreza del particular para, mancomunadamente, desarrollar una actividad, pues consideran que
de esta forma pueden ejecutarla con mejores resultados y aprovechamiento de los recursos. De ahí
que la actividad estatal a ejecutar en el marco del convenio deba estar relacionada con el objeto
social del particular, sin importar si es una sociedad comercial o una entidad sin ánimo de lucro”:
Sent. 3-abr-2020, cit”.
28 Original de la cita: “Al respecto, sostiene la Subsección B que: “Los contratos no exigen que el

particular efectúe aportes a efectos de poder suscribirlos, pues la entidad es quien le entrega los
recursos para apoyar su gestión. Los convenios exigen que el particular aporte en dinero o en
especie para poder ejecutar en conjunto la actividad con el Estado.”: Sent. 3-abr-2020”.
29 Original de la cita: “Según la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, de acuerdo

con su regulación legal, en el convenio de asociación: “[…] la posibilidad de aportes en común no
puede interpretarse como transferencia de recursos, en la forma particular que se entiende para esta
singular figura, es decir, como el otorgamiento de auxilios o donaciones […]”. CONSEJO DE

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4.1.2. Expuesto lo anterior, en este punto resulta ilustrativo y útil precisar las
diferencias existentes entre los convenios de asociación y los contratos de fomento,
habida cuenta de que en múltiples ocasiones, incluso en esta Corporación, se les
ha dado un tratamiento idéntico, como si fueran lo mismo30, cuando lo cierto es que,
según ya lo ha aclarado la Sección Tercera del Consejo de Estado31, tales acuerdos
de voluntades, el contrato de fomento y el convenio de asociación, aun con la
similitud de que ambos no generan una relación conmutativa en tanto no hay un
intercambio de bienes y/o servicios entre los sujetos que los suscriben32, claramente
se diferencian el uno del otro en cuanto a las autoridades y particulares que los
celebran; el objeto contractual y su finalidad y la forma como pueden participar las
entidades y los particulares durante la ejecución.

En efecto, los contratos de fomento tienen origen constitucional –artículo 355 de la
CP-, mientras que los convenios de asociación son de creación legal -artículo 96 de
la Ley 489 de 1998- (fundamento normativo). Los extremos en los contratos son
el Gobierno, en sus distintos órdenes, nacional y territorial, y las entidades sin ánimo
de lucro de reconocida idoneidad; en cambio, los convenios pueden ser celebrados
por cualquier entidad estatal con personas jurídicas particulares, bien sean o no sin
ánimo de lucro, porque el legislador no distinguió al respecto33 (aspecto subjetivo).

ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 23 de febrero de 2006. Rad. 11001-03-06-
000-2005-01710-00(1710)”.
30 Ver, entre otras, estas sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: (i) del 12 de

octubre de 2017, Rad.: 53390; (ii) del 24 de mayo de 2018, Rad.: 55756; y (iii) del 15 de febrero de
2018, Rad.: 55147. Ver, también, concepto del 12 de septiembre de 2013, Rad.: 2146, emitido por
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
31 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de abril de 2020. Rad.: 46963.
32 “34.6. A propósito de lo anteriormente anotado, es pertinente destacar que, si bien existen

diferencias que permiten distinguir a los contratos de fomento de los convenios de asociación, éstos
también comparten, entre otras, una característica esencial: se trata de negocios jurídicos que no
generan una relación conmutativa, en la forma que se entiende bajo el derecho común. En efecto,
no son negocios en los cuales la entidad estatal contrata un bien o la prestación de un servicio
a cambio de un precio, pues persiguen un fin distinto: en el contrato de fomento, el impulso de
programas que, aunque tienen origen en la iniciativa privada, redundan en el beneficio del interés
público, donde radica la contraprestación; en el convenio de asociación, la unión de esfuerzos
encaminados a lograr un mismo fin que, aunque es compartido por las partes, está determinado
principalmente por el cumplimiento de los cometidos y finalidades asignadas por la ley a la entidad
pública. No hay, por ello, una relación patrimonial de orden conmutativo, porque el particular no obra
con el ánimo de obtener una remuneración, sino, estrictamente, con el propósito de juntar sus
esfuerzos con los de la administración para el desarrollo de las actividades que a ella corresponden,
que es, como se ha indicado, el lugar donde se explica la ausencia de contraprestación” (se destaca)
(Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de julio de 2021. Rad.: 48957).
33 “El inciso 1º del artículo 96 [de la Ley 489 de 1998] dispone que los convenios de asociación

pueden ser celebrados por las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden
administrativo, con “personas jurídicas particulares”, es decir, la norma no califica que esa persona
deba ser una entidad sin ánimo de lucro y, a su vez, descarta que se celebren con personas naturales
o personas jurídicas de derecho público .Si el legislador hubiera querido que los referidos
convenios se celebraran solo con personas jurídicas sin ánimo de lucro, así lo habría
señalado expresamente” (negrillas y subrayas fuera del texto original) (Ibid).

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El objeto de los contratos consiste en el impulso de programas y actividades de
interés público acordes con los planes de desarrollo, las cuales son desarrolladas
por entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Por su parte,
los convenios se celebran para el desarrollo mancomunado de actividades en
relación con los cometidos y las funciones que les asigna la ley a las entidades
públicas. Esto significa que en los contratos se apoyan las actividades del particular,
mientras que en los convenios se desarrollan actividades de los entes públicos, pero
con asocio de personas jurídicas privadas (objeto y finalidad contractual). Así,
como lo ha dicho la jurisprudencia34 y partiendo del hecho de que en los contratos
de fomento el particular es el que ejecuta el programa de interés público, aquel tiene
la potestad de desempeñarse con autonomía, pese a los recursos entregados por
la entidad pública. En los convenios de asociación el particular sí ve limitada su
autonomía en la ejecución, dado que la finalidad de estos acuerdos de voluntades
consiste en desarrollar actividades asignadas por la ley a la entidad estatal, sobre
las cuales, por supuesto, el ente público es el que debe dirigirlas y controlarlas para
lograr su cometido (participación de los sujetos en la ejecución).

4.1.3. Las diferencias plasmadas con antelación entre los convenios de asociación
y los contratos de fomento, sobre todo las concernientes en cuanto a su objeto y
finalidad, han llevado a un sector de la jurisprudencia a señalar que tienen un
impacto en el régimen que les aplica a esos acuerdos, en el entendido de que “el
régimen exceptuado del artículo 335 de la Constitución Política [desarrollado por el
Decreto 777 de 1992]35 no es aplicable a los convenios de asociación, pues las
actividades que por su intermedio se pueden hacer son distintas a las de fomento y
apoyo”, de ahí que, en consecuencia, “los convenios de asociación previstos en el
artículo 96 de la Ley 489 de 1998 (...) habrán de estarse a las reglas generales o
específicas que rijan la actividad contractual de la entidad que los suscriba”36.

34 Ver las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: (i) del 3 de abril de

2020. Rad.: 46963 y (ii) del 30 de julio de 2021. Rad.: 48957.
35 El referido Decreto dispuso que los contratos de fomento se sujetarían a los requisitos y

formalidades exigidos por la ley para la contratación entre particulares.
36 “En efecto, los regímenes exceptuados propios de ciertas tipologías contractuales no pueden
ampliarse sin más a otros negocios jurídicos, pues ello desdibuja la especialidad y contornos de las
normas que los previeron. Esa excepcionalidad del régimen se explica desde el origen mismo de los
contratos de apoyo, que permite entender porque los convenios de asociación no pueden valerse
del mismo régimen // Recuérdese que el propósito del segundo inciso del artículo 355 constitucional
fue permitir el estímulo económico de actividades particulares de interés público en campos como el
cultural, científico, educativo o de solidaridad. Así, el contrato se contempló como un mecanismo de
verificación del destino dado a los dineros públicos entregados a fundaciones, corporaciones y
asociaciones privadas // En contraste, el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 no supone la entrega de
dineros al particular para que este desarrolle sus actividades, sino que el Estado busca cumplir un
fin o función que les son propios y para ello se apoya en las gestiones y aportes que los particulares

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Dicho de otro modo, para la celebración de los contratos de fomento son aplicables
los requisitos y las formalidades para la contratación entre particulares (derecho
privado), según lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 777 de 1992 37, que
desarrolló el artículo 335 de la CP; mientras que para los convenios de asociación
resultan exigibles las reglas que rigen la actividad contractual de la entidad pública
que lo celebre, que en este caso particular, solo a manera de ejemplo y de seguirse
ese derrotero jurisprudencial, sería el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, porque el convenio lo suscribió el Distrito de Bogotá.

No obstante lo anterior, otro sector de la jurisprudencia38 ha asumido una postura
diferente que es la que comparte esta Sala de Subsección, consistente en que, a
pesar de las diferencias existentes entre los convenios de asociación y los contratos
de fomento, el régimen jurídico aplicable para ambos es el mismo (derecho privado),
punto en el que convergen por expresa disposición del legislador, en tanto el inciso
2° del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 consagra lo siguiente: “Los convenios de
asociación a que se refiere el presente artículo se celebraran de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política [norma
constitucional que dio origen a los contratos de fomento], en ellos se determinará
con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación
y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes” (se destaca).

En ese sentido, la jurisprudencia ha señalado:

“34. Ahora, en lo que concierne al régimen jurídico aplicable a unos y otros, se debe
señalar que, aunque los contratos de fomento son diferentes a los convenios de
asociación en cuanto a sus objetos, finalidades, sujetos contratantes, entre
otros aspectos; por disposición del legislador, los segundos se rigen —en lo
que no esté expresamente definido por él—, por las mismas disposiciones que

puedan brindarles // En esa consideración, la Sala precisa que el régimen exceptuado del artículo
355 constitucional no es aplicable a los convenios de asociación, pues las actividades que por su
intermedio se pueden hacer son distintas a las de fomento y apoyo // Así las cosas, como el régimen
exceptuado de que trata el artículo 355 superior y desarrollado por el Decreto 777 de 1992 no admite
que bajo su amparo se celebren los convenios de asociación previstos en el artículo 96 de la Ley
489 de 1998, estos habrán de estarse a las reglas generales o específicas que rijan la actividad
contractual de la entidad que los suscriba” (Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de
abril de 2020. Rad.: 46963).
37 “ARTÍCULO 1º.- Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo

355 de la Constitución Política celebren la Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios con
entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar
programas y actividades de interés público, deberán constar por escrito y se sujetarán a los
requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo
previsto en el presente Decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes
previstas por el Decreto 222 de 1983”.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de julio de 2021. Rad.:

48957.

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gobiernan a los primeros que son, en principio, las normas de derecho privado,
según pasa a verse.

34.1. Al desarrollar el mandato constitucional contenido en el inciso segundo del
artículo 355 constitucional, el Gobierno Nacional, a través de los Decretos 777 y 1403
de 1992 —vigentes para la fecha de celebración del convenio 25 de 2009— dispuso,
entre otras cosas, que deben constar por escrito y que están sujetos “a los requisitos
y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo
lo previsto en el presente Decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas
exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983” (artículo 1º, Decreto 777 de 1992).

34.2. Por su parte, el inciso segundo del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 dispone
que “[l]os convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos
se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes,
coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes […]” (énfasis
agregado). Dicha remisión conduce necesariamente a concluir que, pese a las
diferencias que existen entre unos y otros, los asuntos relativos a la formación
de los convenios de asociación se rigen por las mismas normas aplicables a
los contratos de fomento —es decir, el artículo 355 constitucional y, por ser
desarrollos de aquél, los Decretos 777 y 1403 de 1992, actualmente, el Decreto
92 de 2017 que los derogó— (...).

34.10. Se encuentra, además, que la remisión normativa a la que se refiere el
artículo 96 de la Ley 489 de 1998 supone que los convenios de asociación se
rigen por las mismas normas que gobiernan los contratos de fomento, pero no
los equipara como si se tratara del mismo tipo de negocio jurídico, este es un
entendimiento que también ha sido acogido por la doctrina. En ese sentido, el autor
Augusto Ramón Chávez Marín destaca que los convenios de asociación y los
contratos de fomento se distinguen entre ellos, entre otros aspectos, en razón de sus
finalidades, su objeto y los sujetos que los celebran, pero advierte que, por virtud de
la remisión que el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 hace al artículo 355
constitucional, el régimen jurídico es, para ambos, el que se establece en el
artículo 355 de la Constitución Política y se desarrolla en los Decretos 777 y
1403 de 1992, hoy Decreto 92 de 2017, que es su único punto de encuentro”
(negrillas y subrayas fuera del texto original).

En esa misma línea de pensamiento, esta Sala de Subsección ha sostenido39:

“La Sala se ha pronunciado sobre las diferencias entre los «convenios de asociación»
y los «contratos de fomento». Al margen de tales diferencias, el artículo 96 de la Ley
489 establece que los «convenios de asociación» se celebran de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 355 CN. Según el artículo 1 del Decreto 777 de 1992 –vigente
para la fecha de celebración del contrato (art. 38 de la Ley 153 de 1887)– los contratos
regulados en el artículo 355 CN –«contratos de fomento»– se sujetaban a los
requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares,
salvo lo previsto en ese decreto y sin perjuicio de que pudieran incluirse cláusulas
exorbitantes. De modo que el régimen tanto de los «convenios de asociación»
como los «contratos de fomento» era, en esencia, el derecho privado” (se
destaca).

39 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de julio de 2023. Rad.: 52787.

Radicado: 25000-23-36-000-2016-02469-01 (66391)
Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

De acuerdo con el criterio jurisprudencial puesto de presente, se advierte que es
clara la remisión que el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 hace al artículo 355 de la
Constitución Política, a efectos de que los convenios de asociación se celebren bajo
los mismos requisitos y formalidades que los contratos de fomento, que son los
concernientes para la contratación entre particulares (derecho privado), de
conformidad con lo reglamentado en el artículo 1° del Decreto 777 de 1992, cuerpo
normativo que, se insiste, desarrolló el artículo 355 ibidem.

Es preciso señalar que, si bien los contratos y los convenios desarrollan un objeto y
finalidad distintas, lo cierto es que ello no significa, en modo alguno, que se les
aplique un régimen jurídico diferente –o, en otras palabras, que los convenios no se
rijan por las reglas de contratación entre particulares que sí le aplican a los contratos
de fomento para su celebración-, porque el legislador, en el marco de ese margen
amplio con el que cuenta para regular la contratación pública 40, dispuso
expresamente, en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, que los convenios se
celebrarían de conformidad con lo previsto en el artículo 355 de la CP, esto es, bajo
las mismas reglas de los contratos de fomento, las del derecho común, de acuerdo
con la reglamentación prevista en el Decreto 777 de 1992.

Entender lo contrario, es decir, que por el objeto y finalidad diferentes que persiguen
los contratos de fomento y los convenios de asociación no es posible que les aplique
el mismo régimen jurídico, en este caso el derecho privado, sería desconocer no
solamente la ley, concretamente el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, sino también
la libertad de configuración con la cuenta el legislador en materia de contratación.

Por todo lo expuesto, esta Sala de Subsección concluye que el régimen aplicable a
los convenios de asociación, al igual que a los contratos de fomento, es el derecho
privado y no el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley
80 de 1993), por la sencilla pero suficiente razón de que así lo consagró el legislador.

40 C-154 de 2023, Corte Constitucional.

Radicado: 25000-23-36-000-2016-02469-01 (66391)
Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

4.2. El convenio de asociación No. 4843 de 2013, su contenido y el régimen
jurídico aplicable

4.2.1. En el expediente se encuentra acreditado que, el 27 de marzo de 2013, el
Distrito Capital de Bogotá – Secretaría Distrital de Integración Social y la Fundación
Multiactiva Emprendiendo, entidad sin ánimo de lucro41, suscribieron el convenio de
asociación No. 4843, cuyo objeto consistió, según su cláusula primera, en aunar
recursos técnicos, administrativos y financieros para garantizar el acceso a una
“alimentación nutricionalmente adecuada e inocua” y desarrollar el componente de
inclusión social a través de la promoción de estilos de vida saludable y vigilancia
nutricional con la población atendida en el centro de acogida día-noche y centro de
autocuidado de la Secretaría Distrital de Integración Social.

En los considerandos del convenio se hizo alusión al artículo 96 de la Ley 489 de
1998, pero a la vez a la Ley 80 de 1993 y también a la Ley 1150 de 2007 42, y
además se precisó: (i) que los objetivos de la política de seguridad alimentaria y
nutricional, los principios y programas del Plan de Desarrollo de Bogotá Humana y
las acciones del proyecto 730 ‘Alimentando Capacidades’ se orientan hacia la
atención alimentaria en la modalidad de comida caliente servida e inclusión social,
en el Centro de Acogida día, Centro de Acogida Noche y Centro de Autocuidado,
“todo bajo los lineamientos que dé la SDIS”; (ii) que para dar cumplimiento al objeto
de la Secretaría surgió la necesidad de celebrar un convenio de asociación con una
entidad sin ánimo de lucro, “que además de apoyar a la entidad para brindar en
conjunto una oportuna y calificada atención, contempla dentro de su misión y visión
un trabajo social que permita el desarrollo de la inclusión social de la población”; y
(iii) que resultaba conveniente contar con un asociado que complemente la acción
institucional, garantizando el bienestar y el acceso a los alimentos a los ciudadanos
de la calle.

41 Fls. 77 a 81, C.2.
42 “2. Que los incisos primero y segundo del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 señalan que ‘Las

entidades estatales cualquiera que sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la
observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas
jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación (...)’ (...) 34. Que por lo
anteriormente expuesto se procede a celebrar el presente convenio de asociación, el cual se rige
por lo dispuesto en el art. 209 de la Constitución Política, Art. 96 de la ley 489 de 1998, artículo 149
del Decreto-ley 1421 de 1993, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, en lo pertinente y demás normas
que lo modifican o complementan, así como por las siguientes cláusulas”.

Radicado: 25000-23-36-000-2016-02469-01 (66391)
Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

En la cláusula segunda se acordó el alcance del objeto, en los siguientes términos
(se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“El asociado se compromete dentro del marco del Proyecto 730-Alimentado.
Capacidades: Desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para superar condiciones
de vulnerabilidad, a: - Garantizar el acceso a la alimentación a habitantes en calle a
través de 800 cupos diarios de alimentación. Los habitantes de calle serán
identificados por el proyecto Generación de capacidades para el desarrollo de
personas en prostitución o habitantes de calle; - Orientar a los participantes
(habitantes de la calle), en temas relacionados con estilos de vida saludables que
favorezcan la incorporación de hábitos saludables y por ende el mejoramiento de su
calidad de vida; - Realizar la toma de medidas antropométricas a los participantes
recurrentes con el propósito de conocer su estado nutricional y buscar alternativas de
mejoramiento en aquellos casos en los que se identifique estados de malnutrición; -
Aportar en la construcción de un modelo de intervención integral generando acciones
complementarias que ayuden en la apertura de oportunidades que le permitan
visualizar otras alternativas de vida. Se espera la incorporación de medidas tales
como la formación (no formal) hacia el fortalecimiento de habilidades y talleres de
fomento y empleabilidad, acompañadas de acciones de bienestar”.

En la cláusula tercera del convenio de asociación se acordaron las obligaciones que
asumirían las partes en cuestión. La Fundación, que fungió como asociado, se
comprometió, entre otras cosas, a: (i) aportar la suma de $469’600.000,
representada en bienes y servicios; (ii) asistir a las reuniones programadas por la
Secretaría; (iii) garantizar que los alimentos perecederos y semiperecederos
cumplan con las normas de calidad en cuanto a conservación, transporte y
manipulación; (iv) permitir el ingreso de personal de la Secretaría y/o interventor a
la zona de producción, empaque y embalaje, con el fin de garantizar acciones
necesarias para establecer la calidad de los alimentos en los días previos a la
entrega; (v) aportar, antes de la realización de la primera entrega, un documento en
forma escrita al Secretaría y a la supervisión en el que indique el nombre de las
personas encargadas de coordinar las entregas; y (vi) mantener enterada a la
Secretaría sobre el estado financiero, ejecución operativa y demás. La Secretaría,
por su parte, asumió las siguientes obligaciones: (i) aportar la suma de
$1.964’400.000; (ii) realizar los desembolsos correspondientes y suministrar la
información disponible y que se requiera para el proceso de planeación e
implementación de cada una de las acciones establecidas en el convenio; (iv) hacer
seguimiento a las obligaciones pactadas; y (v) fijar los lineamientos para la
elaboración del ciclo de menús43.

43 Esta obligación se extrae de la cláusula sexta del convenio, relativa a los desembolsos, en la que

se acordó: “La Secretaría realizará un primer desembolso correspondiente a 10% del valor del
convenio, previo cumplimiento de lo siguiente: 1. Ciclo de menús y análisis nutricional cuantitativo

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Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

En otras cláusulas del respectivo acuerdo de voluntades se pactó el plazo de
ejecución del convenio en 10 meses44; que la supervisión sería ejercida por la
subdirectora para la gestión integral local de la Secretaría45; que eran aplicables las
cláusulas excepcionales de terminación, modificación, interpretación y caducidad
previstas en el artículo 15 y siguientes de la Ley 80 de 1993 46; y que la liquidación
del convenio se haría de común acuerdo entre las partes en un lapso de 6 meses
siguientes al vencimiento del plazo y que, en caso de no llegarse a ningún acuerdo,
la Secretaría procedería de acuerdo con los artículos 61 de la Ley 80 de 1993 y 11
de la Ley 1150 de 200747.

4.2.2. A partir de lo anterior, se advierte que el propósito del Distrito Capital de
Bogotá – Secretaría Distrital de Integración Social era aunar recursos técnicos,
administrativos y financieros con la Fundación, con el fin de garantizar el acceso a
una alimentación a los habitantes de la calle y así lograr el cometido estatal,
enmarcado en los objetivos de la política alimentaria. Esta es una característica
propia, por supuesto, de los convenios de asociación, en el entendido de que se
desarrolla una actividad de la entidad pública, en asocio con un particular; además,
como se observa, la Secretaría tenía a su cargo la dirección y seguimiento del
convenio, lo que se constata con las visitas realizadas por el supervisor (hechos
probados 6.2., 6.3., 6.4. y 6.5.), al punto de que la Fundación tenía que mantenerla
enterada de su ejecución, cuestión que también es propia de los convenios.

Así las cosas, se evidencia del clausulado del convenio la unión de esfuerzos y
tareas conjuntas entre la entidad estatal y el particular para lograr el cometido de la
primera. Cada parte aportaba lo propio: la Secretaría la suma de $1.964’400.000,
mientras que la Fundación el monto de $469’600.000, representado en bienes y
servicios. En cuanto a las actividades a cargo de las partes, entre otras, a la
Fundación le correspondía garantizar la calidad de los alimentos y a la Secretaría
fijar el ciclo de menú para la alimentación correspondiente, todo ello con el fin común
de que los habitantes de la calle, beneficiarios del convenio, recibieran alimentos en
los centros de la entidad.

diario del ciclo de menús solicitado para cada centro, elaborados conforme a los lineamientos
establecidos por la SDIS en el presente anexo técnico” (Fl. 6, C2).
44 Cláusula séptima (Fl. 6 vto., C2).
45 Cláusula novena (Fl. 7, C2).
46 Cláusula décima primera (Fl. 7, C2).
47 Cláusula décima séptima (Fl. 8, C2).

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Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

Es cierto que la entidad territorial se comprometió a realizar un aporte en una suma
de dinero y que la Fundación, a su turno, se obligó a efectuar un aporte en bienes y
servicios, pero esa situación no significa la existencia de una remuneración a favor
de la Fundación y/o del Distrito que desnaturalice la finalidad del convenio de
asociación, toda vez que, con el desembolso de esos recursos económicos y el
aporte de los bienes y servicios, no puede entenderse que la entidad estatal le
estuviera pagando al particular una contraprestación directa por la prestación de los
bienes y servicios a su cargo y viceversa, en tanto los aportes conjuntos eran
realizados para el logro de la finalidad común de beneficiar con alimentación segura
a los habitantes de la calle –según el alcance del objeto-, con lo que se descarta
una relación directa de conmutatividad prestacional entre la entidad pública
demandante y la demandada.

Lo anterior conduce a señalar que el convenio de asociación objeto de estudio no
se encuentra excluido de la aplicación del Decreto 777 de 199248 –que desarrollo el
artículo 355 de la CP-, porque no hubo contraprestación directa a favor de la entidad
pública. Recuérdese que el artículo 2 del referido Decreto, en su numeral 1,
establecía que estaban excluidos de su aplicación “1. Los contratos que las
entidades públicas celebren con personas privadas sin ánimo de lucro, cuando los
mismos impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública, y que
por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con
ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigentes”.

4.2.3. También debe indicarse que, si bien en los considerandos del acuerdo de
voluntades se aludió que aquel se regía por la Ley 489 de 1998 y por la Ley 80 de
1993, lo cierto es que, al margen de esa referencia al Estatuto General de

48 Cabe indicar que el Decreto 777 de 1992 fue derogado por el Decreto 092 de 2017 [por el cual se
reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el
inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política], este último que en su artículo 8 consagró
que la contratación con entidades sin ánimo de lucro, a través de convenios de asociación o contratos
de fomento, se rige por las normas generales de la contratación pública; sin embargo, el aludido
Decreto 092 de 2017 no resulta aplicable al caso sub examine, en virtud de lo previsto en el artículo
38 de la Ley 153 de 1887, porque el convenio de asociación objeto de estudio se celebró el 27 de
marzo de 2013, mucho antes de la expedición de ese Decreto y de su entrada en vigencia (1 de junio
de 2017), de manera que a dicho acuerdo de voluntades se entiende incorporado el Decreto 777 de
1992 –en cuyo artículo 1° dispuso que para la celebración de los convenios de asociación debían
seguirse las reglas del derecho privado-, toda vez que era la norma que estaba vigente al momento
de su suscripción. Es así como, incluso, el mismo Decreto 092 de 2007, en su artículo 11,
expresamente dispuso: “Los contratos suscritos antes de la entrada en vigencia del presente decreto
continuarán ejecutándose de acuerdo con las normas vigentes en el momento en que fueron
suscritos”.

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Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

Contratación de la Administración Pública, estamos en presencia de un verdadero
convenio de asociación -suscrito en vigencia del Decreto 777 de 1992-, atendiendo
al objeto y finalidad perseguidos, de manera que su régimen jurídico aplicable es
el derecho privado, de acuerdo con lo expuesto en el acápite 4.1. de las
consideraciones de la presente providencia.

Se advierte que la sola referencia a la Ley 80 de 1993 en los considerandos del
convenio, además de ser equivocada, no tiene la virtualidad de modificar o generar
efectos sobre las normas llamadas a regir el acuerdo de voluntades en cuestión, así
como tampoco es posible entender que las partes, con la indicación de la Ley 80 de
1993, pactaron que al convenio de asociación se le aplicaba el derecho público,
toda vez que el régimen jurídico de los contratos estatales no es un asunto del que
puedan disponer las partes; la definición del régimen legal aplicable es una tarea
reservada al legislador, que, en el caso de los convenios de asociación suscritos en
vigencia del Decreto 777 de 1993, optó por consagrar que aquellos se encuentran
sometidos al derecho privado y no al Estatuto General de Contratación Pública.

A lo anterior se añade, en todo caso, que no es extraño que el presente convenio
de asociación, a pesar de regirse por el derecho privado, hubiese incluido la
aplicación de las potestades exorbitantes previstas en la Ley 80 de 1993, toda vez
que el mismo Decreto 777 de 1992 –que desarrolló el artículo 355 de la CP- avaló
la posibilidad de pactar las cláusulas excepcionales al derecho común49.

4.3. Conteo de la caducidad en el caso concreto

4.3.1 Hechas las anteriores precisiones, conviene señalar que el CPACA, para
efectos de determinar a partir de cuándo debe computarse el término de caducidad,
establece una serie de reglas para los eventos en que la demanda tiene origen en
un negocio jurídico, entre las cuales existe una que hace relación a los contratos

49 El artículo 1° del mencionado Decreto previó: “ARTÍCULO 1º.- Los contratos que en desarrollo de
lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 355 de la Constitución Política celebren la Nación, los
Departamentos, Distritos y Municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida
idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público, deberán constar
por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación
entre los particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto y sin perjuicio de que puedan
incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983” (se destaca). Se
observa en esa disposición la posibilidad de incluir potestades exorbitantes en los contratos de
fomento, cuyo régimen es el mismo que el de los convenios de asociación (derecho privado), en la
cual se hizo alusión al Decreto 222 de 1983, porque para la fecha no se había expedido la Ley 80
de 1993.

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que requieren de liquidación, actuación que en el caso bajo análisis viene a ser el
punto de referencia para computar el término para ejercer el derecho de acción,
toda vez que en el presente caso las partes estipularon la liquidación del acuerdo
de voluntades. Se precisa, además, que estas reglas del estatuto procesal también
resultan aplicables a los convenios de asociación.

En lo que a este caso interesa, resulta oportuno traer a colación la regla prevista en
el artículo 164 ibidem, numeral 2, literal j), apartado v), que dispone:

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada (…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la
caducidad (…) j) En las relativas a contratos el término para demandar será de
dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los
motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento (…).

“En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así (…) v)
En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo
o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido
el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo
convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los
cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del
acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga (…)” (se destaca).

Tal como se expuso en acápites anteriores, al convenio objeto de estudio le son
aplicables las reglas del derecho privado. Como lo ha señalado la jurisprudencia,
los acuerdos de voluntades que se rigen por dichas normas no requieren del trámite
de liquidación, a menos que los contratantes, en ejercicio de su autonomía de la
voluntad, pacten la obligación de liquidarlo, tal como sucedió en este caso particular
en la cláusula décima séptima del negocio jurídico. Esto se acordó:

“CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA – LIQUIDACIÓN. El presente convenio será objeto
de liquidación dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo de
ejecución del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de
1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Si no se presentan para efectos de la
liquidación del mismo o las partes no llegan a ningún acuerdo, la SECRETARÍA
procederá a su liquidación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley 80
de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual proferirá resolución
motivada susceptible del recurso de reposición”.

Más allá de la referencia a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, las cuales no
resultan aplicables al convenio de asociación objeto de estudio, se observa que las
partes, en ejercicio de la autonomía de su voluntad, acordaron que aquel se
liquidaría bilateralmente dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo

Radicado: 25000-23-36-000-2016-02469-01 (66391)
Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

de ejecución y dispusieron que, en caso de no llegar a ningún acuerdo, se
procedería a su liquidación de conformidad con los artículos de la Ley 80 de 1993
y de la Ley 1150 de 2007 que consagran la liquidación unilateral por parte de la
administración en los contratos sujetos al derecho público, de donde puede
entenderse que la Secretaría y la Fundación de consuno -artículo 1618 C.C-
contemplaron la liquidación unilateral del convenio para el evento en que aquella
no se efectuara bilateralmente.

4.3.2. Aunque en el sub examine no es objeto de controversia la validez de la
aludida cláusula décima séptima, es menester analizar si es posible pactar o no la
liquidación unilateral en un negocio jurídico que se rige las normas derecho privado,
tema que no ha sido uniforme ni pacífico en la jurisprudencia, pues se han
presentado posturas divergentes, aspecto que resulta relevante dilucidar dada su
clara incidencia en el cómputo de la caducidad.

A la vista de lo anterior, es del caso realizar un breve esbozo sobre las posturas
existentes al respecto, tal como a continuación pasa a exponerse:

Una primera postura ha sido planteada en el entendido de que en los
contratos estatales regidos por el derecho privado las partes no pueden atribuirse
la potestad de liquidar unilateralmente esos negocios jurídicos, porque tal facultad
deviene de la ley, específicamente del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, y las normas del derecho común no prevén esa
competencia. Bajo ese derrotero, la jurisprudencia ha señalado que el plazo previsto
para liquidación unilateral no es posible tenerlo en cuenta para efectos del cómputo
de la caducidad.

En ese sentido se ha dicho:

“(…) como al contrato suscrito por el Fondo de Adaptación le aplican las reglas
del derecho privado y no las del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, dicha entidad no contaba con la facultad para liquidarlo
unilateralmente, de ahí la imposibilidad de tener en cuenta los 2 meses a los
que alude la norma precitada (artículo 164, numeral 2, literal j), apartado v), del
CPACA), razón por la cual, como ya se dijo y contrario a lo expuesto por la parte
demandante en su recurso de apelación, en este caso el cómputo de la caducidad de
los 2 años empieza a correr partir del vencimiento del plazo convenido para liquidarlo
bilateralmente, en cuanto dicho acto contractual no se llevó a cabo. Adicionalmente,
conviene precisar que, si bien el Fondo de Adaptación podía dar aplicación a las
cláusulas excepcionales al derecho común previstas en los artículos 14 a 18 de la Ley

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80 de 1993 -por disposición expresa del artículo 7 del Decreto-ley 4819 de 2010-, lo
cierto es que ello no habilitaba a dicho ente para liquidar unilateralmente el respectivo
contrato, pues esta potestad no se encuentra dentro de aquellas que la Ley 80
consagró en los referidos artículos”50 (se destaca).

En esa misma línea se ha señalado:

“Al respecto, tratándose de controversias relativas a contratos sujetos a derecho
privado resulta pertinente destacar que el derecho común no se contempla su
liquidación obligatoria a menos que las partes, en ejercicio de su autonomía de la
voluntad, acuerden llevar a cabo la liquidación bilateral, en cuyo caso, el plazo
convenido para tales efectos deberá tenerse en cuenta a la hora de verificar si el
término preclusivo de la caducidad de la acción se cumplió. Ello significa, de igual
manera, que el plazo previsto para la liquidación unilateral de los contratos
estatales regidos por la Ley 80 de 1993 no deba computarse para verificar la
caducidad de la acción pues, tal como lo ha señalado esta Corporación, en los
negocios jurídicos regidos por el derecho común las partes no pueden
atribuirse la potestad de liquidar unilateralmente el contrato mediante acto
administrativo, que la misma requiere habilitación legal y las normas de derecho
privado no prevén esa competencia”51 (subrayas y negrillas fuera del texto original).

En suma, de acuerdo con el planteamiento anterior, bajo la óptica de que no es
posible que la entidad liquide unilateralmente los contratos estatales regidos por
derecho privado –aun cuando se haya pactado-, en estos casos el término de los 2
años de la caducidad se ha computado a partir del vencimiento del plazo con el que
contaban las partes para liquidarlo bilateralmente.

Una segunda postura ha sido esgrimida en el entendido de que es válido el
pacto de la liquidación unilateral en los contratos estatales sometidos al derecho
común, mientras que no exista norma que lo prohíba. Es una tesis en la que se
privilegia la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de buena fe y la
confianza legítima generada entre las partes del contrato sobre los términos
dispuestos para su liquidación, razonamiento hacia el que recientemente ha venido
inclinándose la Sección Tercera de esta Corporación. En ese contexto, la
jurisprudencia ha dicho que para el conteo de caducidad debe tenerse en cuenta el
plazo previsto en el negocio para la liquidación unilateral.

Esto se ha afirmado:

“(...) resulta totalmente válido que en un contrato que se rige por normas de
derecho privado, las partes convengan que ante la falta de acuerdo para liquidar
el contrato, una de ellas pueda proceder a liquidarlo unilateralmente, siempre y

50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección, Auto del 30 de mayo de 2019. Rad.: 61849.
51 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 16 de diciembre de 2022. Rad.: 62370.

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cuando que esa posibilidad haya sido prevista y autorizada dentro del pliego de
condiciones o acordada en el mismo contrato, que no vaya en contra de normas de
carácter imperativo, y que no se afecte la prestación los servicios públicos o el
cumplimiento de las finalidades estatales (…) Luego, si lo que ocurre es que en un
contrato celebrado por una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, que se rige
por normas de derecho privado, las partes convienen que ante la falta de acuerdo
la entidad lo liquide unilateralmente, esa estipulación es válida, así como también
los diferentes actos que se expidan para hacerlo, siempre y cuando que no exista
norma que lo prohíba y no afecte la prestación del servicio público o el interés
general”52 (negrillas fuera del texto original).

En similar sentido, bajo la precisión de que la validez del pacto de la liquidación
unilateral no hacía parte del objeto del litigio, se sostuvo:

En relación con el contrato J011, las partes pactaron que la liquidación bilateral se
llevaría a cabo dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del Contrato
(cláusula décima quinta, folio 18, cuaderno 1). En el evento en que no lograran
realizar la liquidación de común acuerdo dentro de ese término, acordaron, en
la cláusula décima sexta, que el Municipio tendría 30 días para liquidarlo
unilateralmente (folio 18, cuaderno 1).

“17.- Sin que la legalidad de esta estipulación forme parte del objeto del litigio,
debe precisarse que, en este caso, las partes pactaron un término para llevar a
cabo la liquidación unilateral del Contrato J011, inferior al término de 2 meses
previsto legalmente para este efecto. Para la época en que fue celebrado el
contrato no existía una norma que estableciera el término en el que debían ser
liquidados los contratos, y la regla de dos meses para realizar la liquidación unilateral
estaba contenida en el artículo 136 del CCA para efectos de la contabilización del
término de caducidad en aquellos casos en los cuales no se realizara la liquidación,
caso en el cual se hacía necesario definir cuándo se entendía incumplida la obligación
para liquidar.

“18.- Es claro que ese término puede ser modificado por las partes en ejercicio
de la autonomía de la voluntad, que fue lo que ocurrió en este caso en el que, en
lugar de guardar silencio o definir el término legal de dos meses, se acordó que el
término para liquidar sería de 30 días luego de vencido el de 4 meses previsto para
la liquidación bilateral (…)”53 (se destaca).

Recientemente se ha indicado:

“(...) si bien la Corporación ha reconocido que, en principio, el término de caducidad
no puede estar sujeto a la disposición y manifestaciones de las partes, en este caso,
los contratantes, en ejercicio de su autonomía contractual, pactaron la
posibilidad de que el Hospital San José de Tierra Alta acudiera a la liquidación
unilateral dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento de la etapa de
liquidación bilateral. Independientemente del análisis de legalidad de la
cláusula contractual, resulta necesario tener en cuenta dicho plazo para
determinar el cómputo de caducidad del medio de control, en prevalencia del
principio de buena fe y confianza generada entre las partes del negocio, debido

52 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 20 de febrero de 2017. Rad.: 56562.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de agosto de 2020. Rad.: 51673.

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Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

a que no se trata de un capricho o arbitrariedad del demandante sino de lo dispuesto
en los términos del contrato”54 (negrillas y subrayas fuera del texto original).

En estos casos, siguiendo el derrotero de la segunda postura, los 2 años de la
caducidad se han computado a partir del vencimiento del plazo con el que contaba
la entidad para liquidar unilateralmente el contrato, bajo el entendimiento de que el
pacto es válido –pues la ley no lo prohíbe-. También, en los asuntos en los que no
es objeto de controversia la legalidad de la estipulación contractual en la que se
acuerda la liquidación unilateral, con mayor razón habría de tenerse en cuenta, para
efectos del conteo de la caducidad, el lapso pactado para liquidación unilateral,
privilegiándose el principio autonomía de la voluntad de las partes.

4.3.3. Puestas de presente las dos posturas jurisprudenciales divergentes, la Sala
adoptará la segunda para efectos del cómputo de la caducidad en el caso concreto,
porque, al margen de la validez o no de la cláusula décima séptima del convenio de
asociación No. 4843 de 2013 en la que se pactó que –ante la falta de acuerdo de
las partes- la entidad pública podía liquidarlo unilateralmente, lo cierto es que ello
no hace parte del objeto del presente litigio. Recuérdese, además, que la Sala Plena
de la Sección Tercera de esta Corporación, en providencia de unificación del 1° de
agosto de 201955, consideró que en caso de duda sobre la aplicación de normas y
reglas de caducidad debe privilegiarse una interpretación favorable al ejercicio de la
acción, en garantía del derecho de acceso a la Administración Justicia.

Así las cosas, en el sub examine resulta favorable la aplicación de la segunda
postura jurisprudencial, porque de aplicarse la primera, con apego en la cual no
podría tenerse en cuenta el plazo de la liquidación unilateral para efectos del
cómputo de la caducidad, habría lugar a concluir que la demanda no se ejerció en
tiempo56. Es así que, en aplicación del principio pro actione y en aras de garantizar

54 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 14 de julio de 2021. Rad.: 66919. En esta
providencia se hizo un breve recorrido de las posturas divergentes sobre el conteo de la caducidad
en aquellos contratos estatales regidos por el derecho privado en los que se pacta liquidación
unilateral.
55 Rad.: 62009.
56 En este evento los 2 años de la caducidad se computarían a partir del vencimiento del plazo para

liquidar bilateralmente el contrato. Como el plazo de ejecución del convenio finalizaba el 2 de febrero
de 2014, el plazo acordado de los 6 meses para liquidarlo de mutuo acuerdo finalizaba el 3 de agosto
de 2014, de manera que los 2 años de la caducidad vencían el 4 de agosto de 2016, pero, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, dicho término se suspendió cuando faltaba
1 meses y 6 días para que operara la caducidad, por cuanto la solicitud de conciliación extrajudicial
se radicó el 28 de junio de 2016, diligencia que se declaró fallida porque las partes no llegaron a
ningún acuerdo, según la constancia expedida por el Ministerio Público el 30 de noviembre de 2016.
No puede entenderse que la caducidad se suspendió hasta el 30 de noviembre de 2016, porque para

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el acceso a la Administración de Justicia, esta Sala analizará el presupuesto de la
caducidad de acuerdo con la segunda postura jurisprudencial, teniendo en cuenta
como referente inicial para su cómputo el vencimiento del 2 meses dispuesto en el
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 para la liquidación unilateral, norma que, si bien
no hace parte del régimen jurídico que informó el convenio sometido a examen, fue
a la que las partes decidieron remitirse en la cláusula décimo séptima57, en virtud
de la cual pactaron que la entidad territorial procedería a liquidar unilateralmente el
convenio en el evento en que no se lograra la liquidación de consuno.

En el sentido señalado se concluye, entonces, que en el presente caso los extremos
procesales acordaron que el convenio materia de examen judicial se liquidaría
bilateralmente dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo de
ejecución y que, en caso de no llegar a ningún acuerdo, la Secretaría procedería a
liquidarlo unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes58, esto último bajo el
entendimiento de que ello en la práctica se materializaría con un acto jurídico
privado, que no a través de un acto administrativo, en tanto el convenio de
asociación se rige por el derecho común, más allá de que en su cláusula décima
séptima se hubiera indicado que se formalizaría mediante “resolución motivada
susceptible del recurso de reposición”.

En línea con lo anterior, se precisa que el plazo de ejecución del convenio objeto
de estudio se extendía hasta el 2 de febrero de 201459, de manera que el término

dicha fecha ya habían transcurrido los 3 meses desde que se presentó la solicitud de conciliación -
28 de junio de 2016-, que fue lo que ocurrió primero, de modo que la suspensión de extendió
solamente hasta el 28 de septiembre de 2016. En ese contexto, la caducidad se suspendió cuando
faltaba 1 mes y 6 días para que se venciera, reanudándose dicho término el 29 de septiembre de
2016, por lo que el plazo para interponer el libelo introductorio se extendió hasta el 4 de noviembre
de 2016. Como la demanda objeto de estudio se radicó el 1° de diciembre de 2016, siguiendo
el derrotero de la primera postura jurisprudencial habría que concluir que la demanda se
interpuso extemporáneamente.
57 “CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA – LIQUIDACIÓN. El presente convenio será objeto de liquidación

dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del mismo, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Si no
se presentan para efectos de la liquidación del mismo o las partes no llegan a ningún acuerdo, la
SECRETARÍA procederá a su liquidación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley 80
de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual proferirá resolución motivada susceptible
del recurso de reposición”.
58 En la cláusula décima séptima del convenio se hizo referencia a los artículos 61 de la Ley 80 de

1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, que en su orden disponen sobre la liquidación unilateral y el plazo
de 2 meses con el que cuenta la entidad pública para hacerlo; sin embargo, según se explicó, como
al convenio de asociación en cuestión no le es aplicable el Estatuto General de la Contratación de la
Administración Pública, ese pacto debe entenderse, bajo las reglas del derecho privado, en el sentido
de que las partes acordaron que la Secretaría podía liquidarlo unilateralmente dentro del plazo de
los 2 meses siguientes al vencimiento del lapso de 6 meses estipulado para liquidarlo bilateralmente.
59 Según la cláusula séptima del convenio de asociación, el plazo de ejecución se pactó en 10 meses,

contado a partir de la suscripción del acta de inicio. La aludida acta de inicio se suscribió el 2 de abril

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de 6 meses para la liquidación bilateral fenecía el 3 de agosto de ese año, y el lapso
de 2 meses para la unilateral finalizaba 4 de octubre de 2014.

En ese orden de ideas, los 2 años para ejercer el medio de control vencían el 5 de
octubre de 2016; sin embargo, ha de advertirse que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 200160, dicho término se suspendió
cuando faltaban 3 meses y 7 días para que operara la caducidad, por cuanto la
solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 28 de junio de 2016 61, diligencia
que se declaró fallida porque las partes no llegaron a ningún acuerdo, según la
constancia expedida por el Ministerio Público el 30 de noviembre de 2016.

En este punto la Sala considera oportuno advertir, siguiendo las prescripciones de
la norma aludida, que con ocasión de la solicitud de conciliación extrajudicial la
suspensión de la caducidad se extiende, según el caso, (i) hasta que se logre el
acuerdo conciliatorio; (ii) hasta que se expida la respectiva constancia; o (iii) hasta
que venza el término de 3 meses desde que se presenta dicha solicitud, lo que
ocurra primero. Es así que, en este caso concreto, la suspensión de la
caducidad no se extendió hasta la fecha en que se expidió la constancia de no
conciliación por parte del Ministerio Público -30 de noviembre de 2016-, en tanto
para esa época ya habían transcurrido los 3 meses desde que se presentó la
solicitud de conciliación extrajudicial -28 de junio de 2016-, es decir, que ocurrió
primero el vencimiento de los 3 meses referidos -28 de septiembre de 2016-.

Así las cosas, como el término preclusivo se suspendió cuando faltaban 3 meses y
7 días para que se venciera, reanudándose el 29 de septiembre de 201662, se tiene

de 2013, documento en el que consignó que la ejecución del convenio finalizaba el 2 de febrero de
2014 (Fl. 9, C.2).
60 “ARTÍCULO 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud

de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de
prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta
que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley
o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que
se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra
primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (se destaca). En el artículo
20 de la Ley 640 de 2001 se establece: “Si de conformidad con la ley el asunto es conciliable, la
audiencia de conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse en el menor tiempo posible, y,
en todo caso, tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de
la solicitud. Las partes por mutuo acuerdo podrán prolongar este término” (se destaca).
61 Esto consta en el acta expedida por el Ministerio Público: “Mediante apoderado, el convocante

Secretaría Distrital de Integración Social presentó solicitud de conciliación extrajudicial el día 28 de
junio de 2016, convocando a la Fundación Multiactiva Emprendiendo” (Fl. 82, C2).
62 Día siguiente al vencimiento de los 3 meses desde que se presentó la solicitud de conciliación

extrajudicial.

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que el plazo para interponer el libelo introductorio finalizaba, exactamente, el 5 de
enero de 2017, pero como ese día hace parte de la vacancia judicial, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 4 de 1913 y los incisos 7° y 8° del artículo
118 del CGP, el plazo para demandar se extendió hasta el día hábil siguiente, esto
es, hasta el 11 de enero de 2017.

De conformidad con lo anterior, teniendo en cuenta que la demanda objeto de
estudio se radicó el 1° de diciembre de 2016, la Sala concluye que se presentó en
tiempo.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si, de conformidad con lo hechos probados, la
Fundación incumplió las obligaciones en el convenio de asociación No. 4843 de
2013, en los términos alegados por la entidad pública demandante.

6. Hechos probados y pruebas adicionales para la resolución del caso
concreto

En virtud de lo dispuesto en el artículo 246 del CGP63, la Sala analizará los
documentos aportados en copia simple; además, se precisa que aquellos no fueron
tachados de falsedad por alguna de las partes en la oportunidad procesal pertinente,
y tampoco existe alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias
auténticas o de una determinada copia.

De acuerdo con las pruebas allegadas al plenario, se encuentran establecidos los
siguientes hechos que interesan al presente caso:

63 “ARTÍCULO 246. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS. Las copias tendrán el mismo valor

probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original
o de una determinada copia.
Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un
documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con
anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia
correspondiente”.

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En relación con el convenio de asociación y su clausulado

6.1. Está acreditado que, el 27 de marzo de 2013, el Distrito Capital de Bogotá –
Secretaría Distrital de Integración Social y la Fundación Multiactiva Emprendiendo
suscribieron el convenio de asociación No. 4843, cuyo objeto consistió, según su
cláusula primera, “en aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
garantizar el acceso a una alimentación nutricionalmente adecuada e inocua y
desarrollar el componente de inclusión social a través de la promoción de estilos de
vida saludable y vigilancia nutricional con la población atendida en el centro de
acogida día-noche y centro de autocuidado de la Secretaría”.

6.1.1. En la cláusula tercera, literal a), se pactaron las obligaciones de las partes.
La Fundación se comprometió a cumplir, entre otras, las siguientes (se transcriben
las obligaciones que la demandante consideró incumplidas):

“(1) aportar la suma de $469’600.000, representada en servicios y bienes;

(...).

(8) dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral
y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50
de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar ello, de conformidad con las
normas y reglamentos que rigen la materia;

(9) Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral
del personal que contrate para la ejecución del convenio, lo mismo que el pago de
honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución
del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
asociado al momento de la presentación de la Carta de Presentación de la
Propuesta”.

También está probado que la Fundación asumió los siguientes compromisos: (i)
presentar los informes sobre la ejecución del convenio que le sean solicitados por
el supervisor y/o interventor y los señalados en el presente asunto; (ii) entregar un
informe final a la terminación del convenio, en el cual se consoliden todas las
entregas por tiempo de comida y servicio, junto con lo relacionado con el
componente técnico nutricional y de inclusión social; y (iii) acatar y aplicar de
manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor
y/o interventor del convenio de asociación.

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Por su parte, las obligaciones que adquirió la Secretaría Distrital de Integración
Social fueron las siguientes: (i) aportar la suma de $1.964’400.000; (ii) realizar los
desembolsos correspondientes, de acuerdo con los recursos comprometidos de
manera oportuna y acorde con lo establecido en los estudios previos y el anexo
técnico del Convenio; (iii) suministrar la información disponible y que se requiera
para el proceso de planeación e implementación de cada una de las acciones
establecidas en el convenio; (iv) hacer seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones parciales y (v) las demás que se requieran en función del objeto del
convenio, así como las establecidas a cargo de la Secretaría en los estudios previos
y en el anexo técnico.

Consta en el considerando 33 del convenio de asociación lo siguiente: “33. Que el
ASOCIADO conoce y acepta cada una de las estipulaciones contenidas en el Anexo
Técnico del presente convenio, el documento de estudios previos y sus anexos, los
cuales hacen parte integral del mismo”64 (se destaca). Igualmente, entre otras
obligaciones que le asistían al asociado, se encuentra la de que debía conocer a
cabalidad el estudio previo, el anexo técnico y el convenio para realizar la ejecución
del mismo con eficiencia y eficacia, así como también la de “cumplir con todas las
condiciones técnicas establecidas en el presente anexo técnico y en todos los
demás documentos anexos y que son parte integrante del mismo”65 (se destaca).

Se anticipa desde ya que los estudios previos ni el anexo técnico reposan en el
expediente.

6.1.2. En la cláusula cuarta del convenio de asociación se pactó su valor,
acordándose al efecto que los aportes correspondían a la suma de $2.434’000.000,
distribuidos de la siguiente manera: $1.964’400.000, por parte de la Secretaría y
$469’600.000, por parte de la Fundación. A su vez, en la cláusula séptima se
estipuló el plazo de ejecución en 10 meses, contados a partir de la suscripción del
acta de inicio.

6.1.3. En la cláusula sexta se acordó lo atinente a los desembolsos, en el sentido
de que la Secretaría “realizará un primer desembolso correspondiente al 10% del
valor del convenio, previo cumplimiento de lo siguiente”: 1. Ciclo de menús y su

64 Fl. 3, C.2.
65 Fl. 4, C.2.

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análisis nutricional cuantitativo diario para cada centro, elaborados conforme a los
lineamientos establecidos por la Secretaría en el anexo técnico; 2. Entrega de un
certificado en el que conste que la planta de producción propia o en arrendamiento
cuenta con la capacidad de producción, alistamiento, almacenamiento y entregas,
entre otros, disponibles para cumplir con lo requerido por la Secretaría y las normas
aplicables; 3. Cumplimiento con el menaje, equipos y utensilios requeridos en cada
uno de los centros; 4. Entrega de los documentos exigidos para el transporte de
alimentos; y 5. Cumplimiento del recurso humano establecido en el anexo técnico.

En dicha cláusula del convenio de asociación también se pactó:

“El asociado deberá cumplir con los aportes desde el inicio y hasta la finalización del
convenio, haciéndolo gradualmente de acuerdo a la ejecución del convenio.

LA SECRETARÍA desembolsará al asociado el 85% restante del valor del convenio,
en mensualidades vencidas, previa presentación de la factura debidamente
diligenciada y soportada con la certificación de entrega que evidencie la cantidad de
alimentos recibidos a satisfacción, expedida por el responsable de los servicios por
parte de la SDIS y el informe del supervisor o interventor de la SDIS, informe de
ejecución del asociado y certificación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social
y Parafiscales expedida por el representante legal o revisor fiscal (según aplique).

Se realizará un último desembolso correspondiente al 5% del valor del convenio a la
suscripción del acta de liquidación del mismo, previa verificación y aprobación del
informe final presentado por el asociado al supervisor o interventor de la SDIS.

PARÁGRAFO PRIMERO. EL ASOCIADO deberá acreditar el pago de los aportes
establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante
certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor
fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamente o complementen. El asociado
deberá anexar con la factura e informe favorable del supervisor o interventor del
convenio el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El asociado deberá acreditar, previo a cada desembolso,
que respecto de sus obligaciones en materia laboral frente al personal utilizado para
la ejecución del convenio, se encuentra al día a la fecha de presentación de la factura.

PARÁGRAFO TERCERO. Los desembolsos que efectúe la SECRETARÍA en virtud
del presente convenio estarán sujetos a la programación de los recursos del
Programa Anual de Caja – PAC y a los recursos disponibles en tesorería.
(...).
PARÁGRAFO QUINTO. El ASOCIADO está en la obligación de entregar al/los
supervisores el original y una copia de las facturas correspondientes a los alimentos
efectivamente entregados, junto con el paz y salvo de aportes a seguridad social y
parafiscales, con lo cual el/los supervisores expedirán el certificado para el pago y
realizará el trámite ante el Área Financiera”.

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6.1.4. Consta que el 27 de marzo de 2013 se suscribió el acta de inicio, documento
en el que se plasmó como fecha de inicio el 3 de abril de 2012 y como fecha de
finalización de la ejecución del convenio el 2 de febrero de 201466.

En cuanto a las visitas realizadas por la Secretaría Distrital de Integración
Social a los centros de acogida y autocuidado

6.2. Está probado que el 8 de noviembre de 2013 se realizó una visita por parte de
la Secretaría al Centro de Acogida – Autocuidado ubicado en Puente Aranda y
operado por la Fundación, de la cual se levantó un acta -cuyo período evaluado fue
el mes de noviembre- suscrita por un funcionario de la Secretaría y por la auxiliar
contable de la Fundación, en la que se consignó lo siguiente67:

6.2.1. En lo atinente a los “Gastos Ejecutados en el Mes”, se hicieron las siguientes
observaciones: “Proveedores: - Distribuidora Santander (...); - Almacenes Éxito
(Abarrotes. Aseo y cárnicos – pollo, lácteos)”.

6.2.2. En relación con las obligaciones laborales de operador, consta que se realizó
el pago de salud, pensión, ARP, pero no de cesantías. En este punto se hicieron las
siguientes observaciones: “Pago de SGSS y parafiscales de octubre al día, el pago
de noviembre se enuncia a correo electrónico. Contratos laborales a término fijo”.

6.2.3. A manera de hallazgos, entre otros, se advirtió “solicitar paz y salvo a
proveedores con corte a 15 de noviembre (...) soportar gastos de ‘gastos
administrativos’ y desgaste por operación”.

6.2.4. Se presentó un concepto desfavorable de la visita.

6.3. Se encuentra acreditado que el 13 de diciembre de 2013 la Secretaría realizó
una nueva visita al mismo Centro de Acogida – Autocuidado, para evaluar el mes
de diciembre. En punto a los hallazgos de la visita, en el acta, suscrita por un
funcionario de la Secretaría y por la auxiliar contable de la Fundación, se plasmó68:

“A continuación se realiza el cierre de los siguientes compromisos:

66 Fl. 9, C.2.
67 Fls. 10 a 12, C.2. A folios 13 y 14 del C2 también obra un formato de acta de visita pero es ilegible.
68 Fls. 15 y 16, C.2.

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Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

• Compromiso No. 6, del acta del 14 de noviembre de 2013.
Se evidencia pago de servicio de teléfono e internet correspondiente a los meses de
agosto, septiembre y octubre por un valor de $643.810 pagados el día 4 de diciembre
de 2013, único valor incluido para informe (...) y quedando un saldo de $1’356.190.

• Compromiso No. 5
Se evidencia pago de parafiscales del mes de noviembre, se adjunta planilla, pagada
el 9 de diciembre de 2013, por $6’452.804.

• Compromiso No. 1.
En visita realizada el día 5 de diciembre se verificó el pago de la nómina
correspondiente al período del 16 de octubre al 30 de noviembre de 2013.

• Compromiso No. 3
Se realiza el cierre de este compromiso de pago a proveedor Amapolita, de forma
condicional, hasta presentar comprobante de egreso. Firmados y sellados”.

6.4. También se probó que el 18 de diciembre de 2013 se llevó a cabo otra visita al
mismo centro de acogida (Puente Aranda), en la que se realizó el cierre de
compromisos y de la cual también se levantó un acta suscrita por un funcionario de
la Secretaría y por la auxiliar contable de la Fundación; en este documento se
consignó69:

“C.2. Realizar pago a proveedor Éxito: se presenta un oficio por parte del operador
donde manifiesta que el pago no se realizó, debido a pagos adicionales en otros
compromisos, pero se evidencia un pago total en otros compromisos por valor de
$75’342.157, por lo cual y en relación al pago de la factura se evidencia un saldo de
$83’315.534 (menos dctos) sin soporte que verifique la veracidad de la información.
Se pondrá el caso a disposición del supervisor para que autorice o no el cumplimiento
del acta de pago condicionado.
(...).
Se realizó reunión con operador, supervisión y proveedores que manifiestan deuda
del operador (se anexa acta)”.

6.5. Se probó que los días 17 y 20 de enero de 2014 se realizó otra visita al centro
de acogida de Puente Aranda, de la cual también se levantó acta suscrita por un
funcionario de la Secretaría y por la auxiliar contable de la Fundación y en la que se
consignó lo siguiente70:

6.5.1. En cuanto al “anticipo” consta que ascendió al 30%, por un valor de
$730’200.000. A manera de observación se plasmó que “al operador se le giró el
30% del valor del contrato, aunque por contrato se debió girar el 10%”.

69 Fls. 17 y 18, C.2.
70 Fls. 20 a 22, C.2.

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6.5.2. En relación con los “pagos”, aparece que a la fecha a la Fundación se le
habían realizado tres “sin contar el anticipo”, que el porcentaje ejecutado era del
49%, que el valor certificado del último pago ascendió a la suma de $158’655.691 y
que la fecha del último pago data del 21 de noviembre de 2013.

6.5.3. En lo que respecta a las obligaciones laborales del operador, se consignó que
no se realizó el pago de salud, pensión, ARP y parafiscales y que la fecha del último
pago fue el 28 de noviembre de 2013. Además, se plasmaron las siguientes
observaciones: “último pago de nómina del 16 de octubre al 30 de noviembre; último
pago de parafiscales correspondientes al período de noviembre”. Igualmente, se
aprecia que en unas casillas aparece consignado que eran 12 empleados y 5
contratistas.

6.5.4. Dentro de los hallazgos se evidenció:

“(...) El operador no ha cancelado salarios, argumentando el no desembolso por parte
de SDIS, aunque se anexa soporte de un subsidio de transporte dado el día 11 de
noviembre de 2014, por valor de $100.000 c/u y 2 subsidios de salud por valor de
$120.000. Valor total de $1’920.000 (...) se reiteran hallazgos administrativos
presentados en visita anterior, falta de personal, no pago de obligaciones salariales,
no pago de parafiscales, falta de soportes financieros y administrativos de la ejecución
del contrato, falta de personal profesional dentro de cada uno de los centros”.

Respecto de los requerimientos realizados por el supervisor del convenio a la
Fundación por el presunto incumplimiento de obligaciones

6.6. Está acreditado que el 28 de enero de 2014 el supervisor del convenio le hizo
un requerimiento a la Fundación, que denominó ADM 11, por los hallazgos de unos
hechos generadores de incumplimiento, con ocasión de las visitas realizadas a los
centros de autocuidado y acogida los días 17 y 20 de enero de 201471.

A partir del correspondiente documento, se observa que los hallazgos fueron los
siguientes: 1. Ausencia del personal profesional (administrador centro de acogida,
administrador centro de autocuidado y nutricionista), así como de 7 manipuladoras
de alimentos en los dos centros; 2. Falta de pago por parte del operador de
obligaciones salariales correspondientes al mes de diciembre (incluyen primas
legales); 3. Falta de presentación de soportes de pagos de obligaciones salariales

71 Fls. 23 y 24, C.2.

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y aportes al sistema de seguridad social SGSS del personal que labora en el
comedor; 4. Falencias en los contratos de personal nuevo (mal diligenciados y sin
firmas de las partes): 5. “No presentación del acta de entrega de elementos a
entregar dentro del convenio firmado con la Secretaría de Integración Social para
establecer cantidades y valor debitado de la obligación del convenio”.

Asimismo, consta en el documento que el supervisor resaltó que los citados
hallazgos eran susceptibles de mejora haciendo los ajustes respectivos, por lo que
requirió al operador para que allegara los documentos que permitieran sanear esos
puntos, e indicó que, en el evento de no aportarlos, “la entidad procederá a remitir
para el estudio de un presunto incumplimiento del contratista por omisión de los
soportes necesarios para calificar el cumplimiento del objeto obligaciones
contractuales”.

6.7. Está probado que el 16 de septiembre de 2014 el supervisor realizó otro
requerimiento (ADM 139) al representante legal de la Fundación, por el posible
incumplimiento de unas obligaciones contractuales, en los siguientes términos 72
(transcripción literal con eventuales errores):

“HECHOS GENERADORES DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato 4843 de 2013, el equipo de apoyo a la Supervisión
realizó visitas por parte del componente administrativo y financiero a los centros de
autocuidado y acogida día y noche de la localidad de Puente Aranda, en el período
comprendido entre el 20 de agosto de 2013 al 2 de febrero de 2014, fechas en las
que se establecieron los siguientes hallazgos, los cuales son de su conocimiento así:

1. En visita realizada el día 8 de noviembre de 2013 se evidenció que la Fundación
no había realizado los siguientes pagos: A. Personal (administradores, nutricionista,
auxiliares administrativos y operarias). B. Seguridad social del recurso humano
anteriormente citado. C. No se evidenció el pago de proveedores.

2. De los hallazgos evidenciados en la visita del 8 de noviembre de 2013 se realizó
mesa de trabajo entre la SDIS y la Fundación el 14 de noviembre de 2013, en la cual
se generaron compromisos y se expidió por parte del equipo de apoyo a la supervisión
concepto favorable condicionado para pago, con el fin de que el asociado cumpliera
a cabalidad con lo siguiente: a. Cancelar el período de nómina del 16 de octubre al
30 de noviembre se requiere que, una vez el operador haya pagado la nómina, allegar
a la supervisión el soporte de pago; b. Realizar el pago proveedor Éxito, entre 45 a
55 millones de pesos; c. Realizar el pago proveedor AMAPOLITA en promedio 7
millones de pesos; d. Garantizar la compra de fruver y pescado (compra directa) que
en promedio serán 28 millones de pesos; e. Realizar el pago de parafiscales que
corresponde al mes de noviembre; f. Realizar el pago a proveedores por un valor
aproximado de 2 millones; g. Realizar el pago a proveedores antiguos por 8 millones
de forma porcentual; h. Allegar el plan de mejoramiento del componente técnico
nutricional y administrativo solicitado por oficio bajo el radicado No. 64285 del 6 de

72 Fls. 25 a 27, C2.

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noviembre de 2013 del componente nutricional y el plan de acción solicitado en visita
de nutrición del 9 de noviembre.

3. Conforme a lo anterior, una vez confirmado el pago al asociado, el 5 de diciembre
de 2013 se realizó visita a las instalaciones del Centro de Acogida y Autocuidado, con
el fin de verificar los compromisos adquiridos, cuyo resultado fue que la Fundación
dio cumplimiento satisfactorio únicamente a los literales (a,c,d,f,h), por lo que se
evidencia que las demás obligaciones siguen presuntamente incumplidas.

4. En las visitas realizas los días 13 y 18 de diciembre de 2013 se realizó visita en la
cual se evidencia que la Fundación no realizó el pago de las obligaciones salariales y
aportes al Sistema de Seguridad Social – SGSS de los trabajadores vinculados al
proyecto (administradores, nutricionista, auxiliares administrativos y operarias) de los
meses de diciembre de 2013 (sic), así como las respectivas liquidaciones del recurso
humano citado.

5. En visitas realizadas los días 17 de enero y el 20 de enero de 2014 no se evidenció
el pago y/o acta de entrega que soporte el pago de los aportes al convenio
interadministrativo 4843 de 2013, por valor de $469’000.000.

6. Conforme a las visitas anteriormente citadas, se evidencia que los hallazgos
presentados no han sido subsanados por lo que se generó el requerimiento
administrativo ADM11 de fecha 28 de enero de 2014 y radicado SAL 5789.

Por lo manifestado anteriormente se le REQUIERE A LA FUNDACIÓN MULTIACTIVA
EMPRENDIENDO subsanar los siguientes hallazgos, con el fin de dar cierre al
contrato, así:

1. Los soportes de pago de nómina y seguridad social del personal (administradores,
nutricionista, auxiliares administrativos y operarias) durante el período comprendido
entre los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014, inclusive sus respectivas
liquidaciones (obligación del anexo técnico 3.7. componente Administrativo y
Financiero – 3.7.1. Talento Humano – 4.1. Obligaciones del Asociado, 4.1.1.
Generales).

2. El soporte que certifique el pago de los aportes al convenio interadministrativo 4843
de 2013, por valor de $469’000.000 que deben ser representados en servicios y
bienes (obligación de anexo técnico 4.1. – Obligaciones del asociado, 4.1.1.
Generales).

3. Allegar el informe final con las especificaciones descritas en el numeral 17 de las
obligaciones generales del contrato.

En la parte final de ese mismo documento consta que la Secretaría requirió a la
Fundación para que aportara los documentos que permitieran subsanar los
hallazgos advertidos, en un plazo de tres (3) días hábiles siguientes al recibo del
presente oficio.

6.8. En los mismos términos, el 8 de octubre de 2014, el supervisor le envió otro
requerimiento al representante legal de la Fundación73.

73 Fls. 28 a 30, C.2.

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6.9. Se encuentra acreditado que el 15 de abril de 2015 el supervisor del convenio
requirió nuevamente al representante legal de la Fundación, por el posible
incumplimiento, así (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores)74:

“Conforme a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
dentro del seguimiento que el equipo de apoyo a la supervisión ha realizado al
cumplimiento de las obligaciones de la Fundación en desarrollo del citado contrato y
en ejercicio de vigilancia que sobre la ejecución del contrato realiza, se generaron a
la Fundación los requerimientos ADM-11 y ADM139 (distinguido como 2
requerimientos), donde se solicita al representante legal que allegue los documentos
que subsanen los hallazgos mencionados y donde se advierte que de no realizarlo o
no ser satisfactoria la respuesta dará inicio al proceso por posible incumplimiento
contenido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Así las cosas, y no obstante
haberse enviado los requerimientos a las direcciones registradas al inicio del contrato
y en aras de garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción que
le asiste, por medio del presente me permito remitírselos nuevamente, no obstante y
con el fin de que tenga suficiente claridad sobre lo que efectivamente tiene que
presentar sus explicaciones acompañadas de los documentos que crea le sirven de
soporte para el efecto, a continuación se le resumen así:

1. La Fundación no realizó el pago de las obligaciones salariales y aportes al Sistema
de Seguridad Social SGSS de los trabajadores vinculados al proyecto
(administradores, nutricionista, auxiliares administrativos y operarias),
correspondiente a los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014, así como las
respectivas liquidaciones del recurso humano citado.

2. En la documentación que reposa en esta Secretaría no se evidencia el desembolso
y/o acta de entrega que soporte el pago de los aportes al convenio interadministrativo
No. 4843 de 2013, por valor de $469’000.000, acorde a lo pactado en el literal a)
‘OBLIGACIONES DEL ASOCIADO’ contenida en la cláusula tercera, correspondiente
a las obligaciones generales de las partes.

3. No se evidencia pago a los proveedores, entre otros y a manera de ejemplo se
tiene que los almacenes Éxito se les adeuda más de 45 millones y a Amapolita por
más de siete millones.

Así las cosas, este Despacho le concede un plazo perentorio e improrrogable de 5
días contados a partir de la fecha de recibo del presente oficio, término dentro del cual
deberá presentar las explicaciones a que haya lugar, acompañadas, como se dijo al
comienzo de este de los documentos soportes que considere pertinentes para
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones”.

6.10. Consta que el 29 de junio de 2016 el supervisor del convenio de asociación
No. 4843 le remitió a la directora territorial de la Secretaría un documento contentivo
de la “Tasación de perjuicios por obligaciones presuntamente incumplidas –
contrato 4843/Fundación Multiactiva Emprendiendo”. Esto se consignó en el
documento (se transcribe de forma literal, incluso con los posibles errores):

“Una vez verificada la información remitida por la Subdirección de Contratación
mediante INT 22349, en el cual solicita la tasación por perjuicios del contrato 4843/13,

74 Fl. 44, 46 a 51, C.2.

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por el no cumplimiento de las obligaciones administrativas descritas en la certificación
de incumplimiento radicado en dicho despacho, relacionadas con pago de talento
humano y aportes económicos al convenio por parte del asociado, las cuales fueron
objeto requerimientos al operador sin que a la fecha se pudiera observar por parte del
equipo de supervisión el acatamiento a dichas estipulaciones.

Por lo anterior en el marco la Resolución interna No. 0378 del 11 de febrero de 2016,
suscrita por la señora Secretaria Distrital de Integración, mediante el cual se delega
en la Subdirección para a Gestión Integral Local la supervisión directa de los contratos
y/o convenios suscritos para la debida prestación de las modalidades de atención del
proyecto se remite la tasación mención de la siguiente manera:

1. Pago de obligaciones salariales y aportes al sistema de seguridad social
(...).
Dentro de este ítem y en el marco de las visitas efectuadas por el equipo de apoyo a
la supervisión en el componente administrativo y financiero, no se evidenció el pago
de salarios y/o honorarios así como los aportes a Sistema de Seguridad Social de los
trabajadores vinculados por la Fundación correspondientes a los meses de diciembre
2013 y enero 2014, así como las respectivas liquidaciones, así:
CARGO CANTIDAD PERFIL VR. PERÍODO NO VR. TOTAL INGRESO PAGO DE V. TOTAL
MENSUAL SOPORTADO BASE DE SGS SGSS
COTIZACIÓN MENSUAL
ADMINISTRADOR 2 PROFESIONAL $3’000.000. 2 $12’000.000 $1’200.000 $354.000 $1’416.000
NUTRICIONISTA 2 PROFESIONAL $2’500.000 2 $10’000.000 $1’000.000 $295.000 $1’180.000
APOYO 3 AUXILIAR $989.000 2 $5’934.000 $615.000 $181.720 $1’090.320
ADMINISTRATIVO
MANIPULADOR 19 OPERARIO $989.000 2 $37’582.000 $615.000 $181.720 $6’905.360
DE ALIMENTOS
AUXILIAR DE 2 OPERARIO $989.000 2 $3’956.000 $615.000 $181.720 $726.880
SERVICIOS
VARIOS
ALMACENISTA 1 OPERARIO $989.000 2 $1’978.000 $615.000 $181.720 $363.440
TOTAL $71’450.000 $11’682.000

Así las cosas, el equipo de apoyo a la Supervisión a la fecha no ha evidenciado
soportes de cumplimiento respecto al pago de obligaciones salariales y de aportes al
sistema general de seguridad social por valor de $83’132.000, correspondiente a los
periodos de diciembre de 2013 y enero de 2014.

2. Pago proveedores
Conforme a lo estipulado en las obligaciones generales por parte del asociado.
(...)
Dentro de la verificación que realizó el equipo de supervisión y requerida desde visita
administrativa realizada el día 8 de noviembre de 2013, el operador no soportó el pago
a proveedores, en estricto sentido a los proveedores Éxito y Amapolita, así,

PROVEEDOR PERIODO ADEUDADO VALOR TOTAL
GRUPO ÉXITO OCTUBRE A NOVIEMBRE $55’000.000
AMAPOLITA OCTUBRE A NOVIEMBRE $7’000.000

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, el valor de tasación para este ítem asciende a
$62’000.0000 por el no pago a proveedores durante los períodos de octubre a
noviembre de 2014.

3. Aportes al convenio
Conforme a lo expuesto en el convenio de asociación No. 4843 de 2013, el mismo en
especial la CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DE LAS

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PARTES, LITERAL A) OBLIGACIONES DEL ASOCIADO, GENERALES NUMERAL
1.

1. ‘aportar la suma de cuatrocientos sesenta y nueve millones ($469.000.000),
representado en bienes y servicios’

Respecto a esta obligación, el equipo de apoyo a la Supervisión no evidenció durante
la ejecución del convenio soporte alguno que diera cuenta del cumplimiento de
aportes a convenio, representado en:

• Centro de autocuidado (...) [ilegible el cuadro incluido].
• Centro de acogida (...) [ilegible el cuadro insertado]

Una vez revisada y consolidada la documentación presentada se establece la
tasación final de perjuicios por obligaciones presuntamente incumplidas por parte del
asociado de la siguiente manera.

ITEM VALOR
Pago de obligaciones salariales y aportes al $83’132.000
sistema de seguridad social
Pago a proveedores $62’000.000
Aportes al convenio $469’000.000
TOTAL $614’732.000

6.11. Se encuentra acreditado que el 26 de julio de 2016 la directora territorial de la
Secretaría le informó a la Fundación que a la fecha ya se tenía la tasación de
perjuicios por obligaciones presuntamente incumplidas y, a la vez, la requirió para
que brindara respuesta oportuna frente a los hallazgos advertidos75.

Pruebas adicionales

Además de los documentos que dan cuenta de los hechos probados que han
quedado expuestos, militan en el expediente las siguientes pruebas adicionales:

6.12 Acta suscrita el 24 de junio de 2016 por el abogado de la Fundación y unos
funcionarios de la Secretaría, la cual da cuenta de que se reunieron el 22 de junio
de 2016 para tratar el tema de la “liquidación y presunto proceso de incumplimiento”.

Consta en ese documento que el apoderado de la Fundación manifestó que
desconocía los fundamentos fácticos y jurídicos que motivaron los requerimientos
de la Secretaría, por lo que los funcionarios de la entidad pública quedaron en
suministrarle la información respectiva76. En cuanto a esto último, en el proceso obra

75 Fl. 61, C.2.
76 Fls. 57 y 58, C.2.

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copia de un correo enviado el 27 de junio de 2016, por medio del cual un asesor de
la Dirección Territorial de la Secretaría le remitió al abogado de la Fundación la
documentación acordada en la reunión llevada a cabo el 22 de junio de 201677.

6.13. Constancia expedida por funcionarios de la dirección territorial de la Secretaría
que da cuenta de las reuniones llevadas a cabo con la Fundación y de que esta no
dio respuesta a los compromisos adquiridos, por lo que, según se lee en el
documento, se agendó reunión para el 10 de agosto de 2016, a la cual tampoco
asistió el abogado de la ahora demandada, ni presentó excusa ni solicitud de
aplazamiento78.

6.14. Oficio del 22 de agosto de 2016, expedido por el supervisor del convenio con
destino al apoderado de la Fundación, por medio del cual le solicitó documentos
para efectos de liquidar el convenio por mutuo acuerdo79. En el expediente también
se encuentra una certificación emitida por el mismo supervisor, en la que hizo
constar que el representante legal de la Fundación no compareció a la entidad para
suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo80.

6.15. Oficio del 13 de septiembre de 2016, emitido por el supervisor con destino al
apoderado de la Fundación, en el que se señaló que, revisado el expediente del
convenio de asociación, no se evidenciaron soportes de la ejecución del mismo
durante los meses de enero y los días 1 y 2 de febrero de 2014. Se advierte que el
supervisor le solicitó que, con el fin de proyectar la liquidación, allegara a más tardar
el 15 de septiembre de 2016 los soportes relacionados con las planillas de entrega
de los alimentos en las diferentes unidades operativas para el periodo en comento 81.

6.16. Certificado de existencia y representación legal de la Fundación, que da
cuenta de que es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objeto social, entre otras
cosas, comprende: “(...) contribuir al mejoramiento nutricional y de salud de los
niños, niñas y jóvenes, mujeres y adultos mayores (...) prestar servicios de
alimentación cocidos o procesados y administración de restaurantes y comedores

77 Fl. 60, C.2.
78 Fl. 65, C.2.
79 Fl. 69, C.2.
80 Fl. 76, C.2.
81 Fl. 67, C.2.

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escolares (...) suministro, distribución y comercialización de alimento perecederos y
no perecederos aptos para el consumo humano (...)”82.

6.17. Constancia de conciliación extrajudicial, que data de fecha el 30 de noviembre
de 2016, en la que consta que la solicitud se radicó el 28 de junio de 201683.

7. Solución del caso concreto

En el recurso de apelación presentado por la actora contra la sentencia del 1° de
abril de 2020, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la recurrente centró su reproche en afirmar que,
contrario a lo afirmado por el fallador de primer grado, las pruebas aportadas al
proceso dan cuenta del incumplimiento por parte de la Fundación respecto de su
obligación de aportar bienes y servicios por valor de $469’600.000, así como
también de la obligación de realizar los aportes a seguridad social integral y
parafiscales y de asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de
carácter laboral del personal contratado para la ejecución del convenio de
asociación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32084 y 32885del CGP, se resolverá
el asunto sub lite en relación con los reparos expuestos por el recurrente86.

82 Fls. 77 a 81, C.2.
83 Fl. 82, C.2.
84
“Artículo 320: “El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión […]”.
85
“Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones”.
86 Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala

Plena de esta Sección, mediante sentencia del 9 de febrero de 2012 , unificó su jurisprudencia,
manifestado lo siguiente: ““(…) En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera
resulta claro –y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia– que por
regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las
referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que
se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a
los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin
perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que
en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio
dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del
recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce
del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre
el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum”.

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Por tanto, en los términos del recurso de apelación interpuesto por la entidad pública
demandante, a continuación la Sala procede a resolver el caso sub examine bajo el
contexto de si, de conformidad con el material probatorio arrimado al expediente, la
Fundación incurrió o no en el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el
convenio de asociación en punto a la realización del aporte a su cargo por valor de
$469’600.000, representado en bienes y servicios, y al pago de salarios,
prestaciones laborales y honorarios, aportes a seguridad social integral y
parafiscales.

7.1. Incumplimiento alegado respecto de la obligación pactada en el numeral
1, literal a), de la cláusula tercera del convenio de asociación, consistente en
el aporte de $469’600.000 que debía realizar la Fundación

7.1.1. En la sentencia apelada se descartó dicho incumplimiento, partiendo de la
base de que la parte demandante no cumplió con la carga probatoria para dar
cuenta de ello, pues no aportó la totalidad del expediente administrativo contractual
que obraba en su poder, así como tampoco allegó el anexo técnico del convenio ni
la propuesta económica presentada por la Fundación.

En este sentido, el Tribunal sostuvo que, si bien al proceso se allegó el convenio en
el que se pactó que a la demandada le correspondía hacer el aporte de
$469’600.000, representado en bienes y servicios, lo cierto es que no se acreditó
qué bienes y servicios constituían el aporte a cargo de la demandada, sin que a
dicho efecto pudiera considerarse como prueba suficiente el oficio emitido por el
supervisor por medio del cual se tasaron los perjuicios por obligaciones
presuntamente incumplidas, entre las cuales se incluyó “el no aporte realizado por
la Fundación”, toda vez que el aludido oficio no contó con soportes que respaldaran
su contenido, además de que se expidió dos años después de que terminó el
convenio.

7.1.2. En contraste con lo anterior, la entidad pública demandante en su recurso de
apelación indicó que en el proceso sí existe sustento probatorio del incumplimiento
por parte de la Fundación respecto de su obligación de aportar bienes y servicios
por valor de $469’600.000. En efecto, en la alzada afirmó que en las visitas
realizadas por el supervisor se le pidió al asociado que presentara soportes
contables que dieran cuenta del aporte mencionado, sin que se hubiera dado

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respuesta por parte de la Fundación, así como tampoco se recibió pronunciamiento
alguno frente los requerimientos ADM11 y ADM139 que la Secretaría le hizo a la
ahora demandada, aunado a que también guardó silencio ante el oficio SAL-61351
del 26 de julio de 2016, emitido por el supervisor del convenio, por medio del cual
se remitió al abogado de la Fundación copia de la tasación de perjuicios por
obligaciones presuntamente no cumplidas, con lo cual, en su criterio, se demostró
el incumplimiento del asociado.

En la alzada, además, se incluyó un cuadro que evidenciaba, según la demandante,
los elementos que la Fundación debió aportar al convenio, tales como camisas,
pantalonetas, zapatos, libretas, entre otros. Seguidamente, se sostuvo que el
equipo de apoyo a la supervisión del convenio de asociación no evidenció soporte
alguno que diera cuenta del cumplimiento del aporte a cargo del asociado.

7.1.3. Con el fin de resolver el reparo concreto del recurso de apelación, la Sala
encuentra acreditado, de conformidad con los hechos probados puestos de
presente con antelación: (i) que la Fundación adquirió la obligación de realizar un
aporte de $469’600.000, representado en bienes y servicios, de acuerdo con lo
pactado en el numeral 1, literal a), de la cláusula primera del convenio que suscribió
con la Secretaría (hecho probado 6.1.1.); (ii) que la supervisión realizó varias visitas
para la vigilancia de la ejecución del objeto contractual (hechos probados 6.2., 6.3.,
6.4. y 6.5.); y (iii) que, con ocasión de esas diligencias de visita, el supervisor del
convenio realizó unos requerimientos a la Fundación por unos posibles
incumplimientos y, entre esos, uno fechado el 16 de septiembre de 2014 (ADM 139),
en el que se advirtió que “[e]n visitas realizadas los días 17 de enero y el 20 de
enero de 2014 no se evidenció el pago y/o acta de entrega que soporte el pago de
los aportes al convenio 4843 de 2013, por valor de $469’600.000”, de ahí que se
haya instado a la aquí demandada para que subsanara ese hallazgo, allegando, en
el plazo de 3 días hábiles, “[e]l soporte que certifique el pago de los aportes al
convenio 4843 de 2013, por valor de $469’600.000 que deben ser representados en
servicios y bienes (obligación de anexo técnico 4.1. – Obligaciones del
asociado, 4.1.1. Generales) (se destaca) (hecho probado 6.7.).

De igual modo, está probado que, en los mismos términos del requerimiento ADM
139, el 8 de octubre de 2014 el supervisor instó a la Fundación para que aportara la
documentación correspondiente a los aportes a su cargo (hecho probado 6.8.).

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También se halla acreditado que el 15 de abril de 2015 el supervisor le envió otro
requerimiento a la demandada, en el que le otorgó un plazo de 5 días hábiles para
que presentara las explicaciones pertinentes y, a su vez, allegara los soportes
correspondientes que acrediten el cumplimiento de su aporte, en tanto que “[e]n la
documentación que reposa en esta Secretaría no se evidencia el desembolso y/o
acta de entrega que soporte el pago de los aportes al convenio interadministrativo
No. 4843 de 2013, por valor de $469’600.000, acorde a lo pactado en el literal a)
‘OBLIGACIONES DEL ASOCIADO’ contenida en la cláusula tercera,
correspondiente a las obligaciones generales de las partes” (hecho probado 6.9.).

Asimismo, se probó que, en el documento contentivo de la “Tasación de perjuicios
por obligaciones presuntamente incumplidas – contrato 4843/Fundación Multiactiva
Emprendiendo” que el supervisor le remitió el 29 de junio de 2016 a la directora
territorial de la Secretaría, se plasmó lo siguiente (se transcribe lo pertinente):

“3. Aportes al convenio
Conforme a lo expuesto en el convenio de asociación No. 4843 de 2013, el mismo en
especial la CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DE LAS
PARTES, LITERAL A) OBLIGACIONES DEL ASOCIADO, GENERALES NUMERAL
1. 1. ‘aportar la suma de cuatrocientos sesenta y nueve millones ($469.000.000),
representado en bienes y servicios’

Respecto a esta obligación, el equipo de apoyo a la Supervisión no evidenció durante
la ejecución del convenio soporte alguno que diera cuenta del cumplimiento de
aportes a convenio, representado en:

• Centro de autocuidado [Se incluyó una tabla pero ilegible]
• Centro de acogida [Se insertó un cuadro pero también es ilegible]” (hecho probado
6.10).

Hecho el recuento probatorio anterior, la Sala advierte que la Fundación en efecto
sí debía efectuar un aporte de $469’600.000, representado en bienes y servicios;
y que si bien hubo varios requerimientos por parte del supervisor del convenio de
asociación a la aquí demandada para que allegara los soportes que acreditaran el
cumplimiento de esa obligación y diera las explicaciones correspondientes, lo cierto
es que en ninguno de esos oficios se evidencia cuáles eran los bienes y servicios
que constituían el aporte de la Fundación, así como tampoco las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en las que debían llevarse a cabo, cuestión que tampoco se
vislumbra en el aludido documento denominado “Tasación de perjuicios por
obligaciones presuntamente incumplidas – contrato 4843/Fundación Multiactiva
Emprendiendo”.

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En efecto, en el requerimiento ADM 139 el supervisor indicó que en las visitas
realizadas el 17 y 20 de enero de 2014 no se evidenció el acta que soportara el
cumplimiento del aporte de $469’600.000 por parte de la Fundación; sin embargo,
revisadas las actas que se levantaron de las visitas mencionadas en el
requerimiento en cuestión, la Sala no observa que se hubiese hecho una anotación,
a manera de hallazgo, consistente en que la aquí demandada no cumplió con su
aporte. Además, en ese mismo requerimiento se observa que se le otorgó un plazo
de 3 días para que subsanara el hallazgo, aportando el soporte que diera cuenta
del cumplimiento de esa obligación, representada en bienes y servicios, respecto a
lo que en el oficio el supervisor se hizo alusión al anexo técnico del convenio, el
cual, vale advertir, no se allegó al proceso de la referencia, así como tampoco se
aportaron los estudios previos ni la propuesta o la oferta de la Fundación,
documentos que hubieran podido dar cuenta de cuáles eran los bienes y servicios
que constituían su aporte.

En este punto de la providencia conviene señalar que el anexo técnico y los estudios
previos hacían parte integral del convenio (hecho probado 6.1.1.), los cuales, se
insiste, brillan por su ausencia en este proceso, y que marcaban el derrotero y los
términos para que la ejecución de dicho acuerdo de voluntades se cumpliera con
eficiencia y eficacia, de modo que sin esos documentos, así como también sin la
propuesta del asociado, no resulta posible establecer los bienes y servicios que
comprendían el aporte que debía realizar la Fundación87.

Para la parte recurrente, con el documento denominado “Tasación de perjuicios por
obligaciones presuntamente incumplidas – contrato 4843/Fundación Multiactiva
Emprendiendo” se probó el incumplimiento de la Fundación, argumento que no
comparte la Sala porque, si bien allí se plasmó que el supervisor “no evidenció
durante la ejecución del convenio soporte alguno que diera cuenta del cumplimiento
de aportes a convenio”, lo cierto es que ello no es demostrativo ni conclusivo del
incumplimiento alegado por la Secretaría, dado que los cuadros que allí se
incluyeron para dar cuenta de ello son ilegibles, lo que impide valorar en su
integralidad el documento para establecer su eficacia probatoria.

87 En las obligaciones específicas asumidas por la Fundación con ocasión del convenio se acordó:

“16. Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del
convenio, atendiendo a lo estipulado en el anexo técnico de alimentos preparados (...)” (se
destaca) (fl.5, C.2.).

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Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

A lo anterior se aúna que esa supuesta tasación perjuicios no cuenta con soportes
ni anexos de ninguna índole, así como tampoco militan en el expediente pruebas
adicionales que sustenten lo que allí se consigna, más allá de los requerimientos
que se hicieron con antelación, los que, hay que insistir, no demuestran cuáles eran
los bienes y servicios que constituían el aporte de la Fundación ni permiten
establecer de manera concreta la forma como en la práctica se ejecutó el convenio
de asociación ni cuando menos cuáles bienes y servicios se proporcionaron y cuáles
no fueron aportados, máxime cuando, como lo advirtió el Tribunal, la Secretaría
pone de presente en el libelo de la demanda y en el documento de tasación de
perjuicios que la entidad territorial efectuó los desembolsos a los que se
comprometió, para lo cual, según lo pactado en la cláusula sexta del convenio, la
Fundación previamente debía acreditar el cumplimiento de sus obligaciones.

En efecto, conviene recordar que en la referida cláusula se acordó que los aportes
en bienes y servicios a cargo de la demandada debían efectuarse “gradualmente de
acuerdo a la ejecución del convenio”, al paso que los aportes en dinero de la entidad
territorial se llevarían a cabo, así: un primer desembolso equivalente al 10%, previa
entrega por parte de la Fundación del ciclo de menús y su análisis nutricional
cuantitativo diario para cada centro, junto con un certificado sobre la disponibilidad
de una planta de producción con la capacidad de producción, alistamiento,
almacenamiento y entregas idóneas, así como el menaje, equipos y utensilios
requeridos en cada uno de los centros, los documentos exigidos para el transporte
de alimentos y el recurso humano establecido en el anexo técnico tantas veces
citado. El 85% restante “en mensualidades vencidas, previa presentación de la
factura debidamente diligenciada y soportada con la certificación de entrega que
evidencie la cantidad de alimentos recibidos a satisfacción, expedida por el
responsable de los servicios por parte de la SDIS y el informe del supervisor o
interventor de la SDIS, informe de ejecución del asociado y certificación del pago al
Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante
legal o revisor fiscal (según aplique)” y el 5% restante a la firma del acta de
liquidación, “previa verificación y aprobación del informe final presentado por el
asociado al supervisor o interventor de la SDIS”.

Así las cosas, lo que la Sala evidencia, contrario a lo expuesto en el recurso de
apelación, es que en el sub examine no hay sustento probatorio del incumplimiento

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alegado respecto de la obligación que le asistía a la Fundación de aportar al
convenio $469’600.000, porque en el proceso ni siquiera se acreditó cuáles eran los
bienes y servicios que constituían ese aporte ni la forma “gradual” como debía
llevarse a cabo, ni la cantidad de alimentos que debía suministrarse en cada centro
de acogida para los habitantes de la calle, ni cuántos ciudadanos de la calle se
beneficiarían88; así como tampoco se sustentó en modo alguno cuál en concreto fue
el estado de ejecución del convenio, es decir, qué compromisos se atendieron y en
qué forma lo fueron y cuáles, por el contrario, se incumplieron y el grado o medida
en que el incumplimiento se materializó. Esto demuestra que la parte actora no
cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del CGP, “incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen”, de donde el incumplimiento respecto de la obligación alegada en
la demanda requería de prueba, cuando menos en lo relacionado con los bienes y
servicios que comprendía el aporte de la Fundación, lo cual no probó la entidad.

La jurisprudencia89 de la Corporación ha sido enfática en señalar que la carga de la
prueba se constituye en un principio de autorresponsabilidad que tienen las partes
en litigio para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas, cuya
aplicación reclaman, aparezcan demostrados en el proceso y que, además, le indica
al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos. Es así que,
si la parte actora demuestra los supuestos fácticos sobre los cuales sustenta sus
pretensiones, consecuencialmente obtiene una sentencia favorable a su peticiones;
contrario sensu, si dicha parte asume una conducta contraria, no cumpliendo con la
carga de la prueba exigida en el artículo 167 de CGP, procede la desestimación de
las pretensiones, que conllevaría a un fallo adverso a sus intereses.

En este caso, entonces, se advierte que la demandante inobservó el principio
autorresponsabilidad porque, además de que las pruebas que aportó al proceso no
resultan suficientes para demostrar el incumplimiento alegado, tampoco hubo

88 En la cláusula segunda del convenio se pactó el alcance del objeto, en el que se plasmó que a

través de 800 cupos diarios se garantizaba el acceso a la alimentación de los habitantes de la calle.
No obstante lo anterior, ese dato no es suficiente para determinar cuántos habitantes de la calle se
beneficiarían (si era 800 cupos para 800 habitantes o si cada habitante tenía derecho a más de una
ración diaria), además de que no es específico en el sentido de cuántos cupos diarios correspondían
a cada centro.
89 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de marzo de 2014. Rad.: 29732.

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diligencia de su parte en tanto, en desconocimiento de los artículos 162.190 y 166.591
del CPACA, no allegó las documentales que se encontraban en su poder, como la
totalidad del expediente administrativo contractual, el anexo técnico del convenio de
asociación, los estudios previos, la propuesta de la Fundación, el cronograma para
el cumplimiento del objeto convenido, entre otras pruebas que dieran cuenta de la
ejecución del convenio y de los bienes y servicios que comprendían el aporte de la
Fundación, las cuales brillan por su ausencia en este proceso, todo lo cual, en
consecuencia, no deja otro camino a la Sala que desestimar la pretensión de
incumplimiento objeto de estudio.

Aunque en el escrito del recurso de apelación de la parte actora se incluyó un cuadro
en el que aparece un listado de elementos que, según la parte actora, la Fundación
debió aportar al convenio, tales como camisas, pantalonetas, zapatos, libretas,
entre otros, lo cierto es que, se repite, en el expediente ni siquiera obra prueba que
determine cuáles eran esos bienes y servicios que constituían el aporte de la
Fundación, de ahí que carezca de sustento lo planteado en la alzada en ese sentido.

Conviene agregar que, si bien la Fundación no contestó la demanda, ello no implica,
per se, dar por cierto los hechos narrados en el escrito inicial, según las
prescripciones del artículo 97 del CGP92. Sobre la norma en mención, la
jurisprudencia ha señalado que en ningún caso la falta de contestación de la
demanda podría facultar al demandante para desatender el deber procesal que le
asiste o, más bien, para relevar automática e injustificadamente la carga de la
prueba que le corresponde atender93, lo que consecuencialmente lleva a afirmar
que esa conducta omisiva no constituye plena prueba de la responsabilidad
alegada, pues para ello se requiere la valoración conjunta del material probatorio94.

90 “ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea

competente y contendrá (...) 5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer.
En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder”
(se destaca).
91 “ARTÍCULO 166. ANEXOS DE LA DEMANDA. A la demanda deberá acompañarse (...) 2. Los

documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder
del demandante, así como los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho” (se
destaca).
92 “ARTÍCULO 97. FALTA DE CONTESTACIÓN O CONTESTACIÓN DEFICIENTE DE LA

DEMANDA. La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos
y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir
ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya
otro efecto”.
93 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 16 de agosto de 2018. Rad.: 57649.
94
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de mayo de 2015. Rad.: 34927.

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El mencionado artículo 97 del CGP establece que la falta de contestación de la
demanda hará presumir como ciertos los hechos susceptibles de confesión
contenidos en la demanda. La confesión, aunque constituye medio de prueba95, ha
de valorarse en conjunto con los demás elementos probatorios y conforme con los
parámetros sobre su apreciación. Así lo ha señalado esta Corporación96:

“(...) para la Sala es necesario precisar que, si bien la confesión constituye un medio
de prueba en este tipo de procesos, lo cierto es que deberá ser valorada de
conformidad con los criterios generales de la apreciación de todas las pruebas
allegadas al proceso. Así, oportuno es recordar que toda confesión puede ser
infirmada a partir de la valoración de otras pruebas, en la medida que el juez de
conocimiento está prevalido del principio de libertad probatoria y no está sometido a
una tarifa legal de pruebas, de manera tal que puede otorgarles mayor valor a unas
en perjuicio de otras y, por tanto, la prueba de confesión ficta no impide, de forma
definitiva, llegar a otras conclusiones fácticas.

Así, pues, no necesariamente la consecuencia adversa que ha de sufrir la parte
que no contestó la demanda, ha de determinar la convicción del juzgador sobre
los hechos objeto del litigio, puesto que es bien sabido que el juzgador puede
formar libremente su convencimiento de la verdad real inspirándose en los principios
científicos que informan la crítica de la prueba, bajo reglas de comunidad, y
atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal de las
partes. Así, no cabe duda que la confesión ficta es una presunción legal que
admite prueba en contrario; por tanto, resulta procedente que se adopte una
decisión fundada en el universo de los medios de prueba, sin hacer alusión
expresa a la confesión ficta en comento” (se destaca).

De acuerdo con lo anterior, esta Sala advierte que la omisión de la Fundación de no
contestar la demanda no excusa la inactividad probatoria de la parte actora ni
constituye plena prueba del incumplimiento alegado en el libelo introductorio y, ante
la orfandad probatoria que campea en este caso particular, no resulta posible
determinar la responsabilidad -en este caso contractual- de la Fundación solo por el
hecho de que dicha parte no contestó la demanda, pues, recuérdese, que esa
circunstancia no suple ni exime a la parte demandante de la carga probatoria de
demostrar los hechos en que fundó sus pretensiones de demanda, la cual
claramente desatendió, tal como ha quedado analizado anteriormente.

Por las razones expuestas, la Sala desestima la pretensión de incumplimiento
relacionado con el aporte que debía realizar la Fundación, sobre la cual se insistió
en el recurso de apelación.

95 “ARTÍCULO 165 [CGP]. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la declaración de parte, la

confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los
documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación
del convencimiento del juez”.
96 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 16 de julio de 2021. Rad.: 49051,

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7.2. Supuesto incumplimiento de las obligaciones pactadas en los numerales
8 y 9, literal a), de la cláusula tercera del convenio de asociación, consistente
en que la Fundación no realizó los aportes al sistema de seguridad social
(numeral 8), ni tampoco hizo el pago de salarios, de prestaciones sociales y
de honorarios al personal encargado de la ejecución (numeral 9)

7.2.1. El Tribunal a quo desechó la pretensión de incumplimiento relacionada con la
falta de realización de los aportes a seguridad social correspondientes a algunos
periodos, porque las pruebas no brindaban certeza. Indicó que en las actas de las
visitas realizadas por la Secretaría no se dejó constancia acerca de esa situación;
que se hicieron unos requerimientos, pero que no se acreditó qué ocurrió con ellos,
además de que tampoco se allegaron los soportes de esos requerimientos, es decir,
no se aportó “la prueba de las personas vinculadas por la Fundación para cumplir
con el objeto del convenio y la prueba de que no se hubieran realizado los aportes
a seguridad social durante los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014”.

Añadió que, si bien en el documento de “Tasación de perjuicios por obligaciones
presuntamente incumplidas – contrato 4843/Fundación Multiactiva Emprendiendo”
se calcularon unos valores, dichas sumas no se soportaron en pruebas, pues al
proceso no se allegaron los anexos del convenio, ni lo contratos celebrados con los
empleados, ni la propuesta del personal a utilizar, incumpliéndose así con la carga
probatoria que recaía en la demandante.

Por otra parte, respecto del reproche de incumplimiento atinente al pago de salarios
y de honorarios al personal encargado de la ejecución del convenio, el Tribunal
también negó esa pretensión por ausencia de material probatorio, pues no se
acreditó el número de trabajadores, los contratos mediante los cuales se vinculó al
personal, los salarios acordados, así como tampoco se demostró qué proveedores
contrató la demandada, qué facturas no pagó y por concepto de qué servicios. A
todo lo anterior agregó que la tasación de perjuicios por obligaciones presuntamente
incumplidas no era prueba suficiente para acceder a su petición.

7.2.2. En desacuerdo con lo anterior, la parte recurrente manifestó que en el proceso
sí existen pruebas que acreditan el incumplimiento de tales obligaciones.
Concretamente, se refirió a los requerimientos que la supervisión le hizo a la
Fundación, solicitándole que explicara, con soportes, por qué no realizó el pago de

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salarios y los aportes al sistema de seguridad social de los trabajadores vinculados
al proyecto, correspondiente a diciembre de 2013 y enero de 2014. También
mencionó que el incumplimiento alegado se demostró con el documento
denominado “Tasación de perjuicios por obligaciones presuntamente incumplidas –
contrato 4843/Fundación Multiactiva Emprendiendo”.

De entrada se anticipa, al igual que en el análisis precedente, que la parte actora
incumplió con su carga probatoria, pues no allegó los documentos que tenía en su
poder, como la totalidad del expediente administrativo contractual, anexo técnico,
estudios previos, propuesta de la Fundación, cronograma para el cumplimiento del
convenio, ni prueba alguna adicional que diera cuenta de la ejecución del convenio
y de aspectos relacionados con el personal vinculado para el desarrollo del objeto
convenido, lo cual impide establecer el incumplimiento atribuido en la demanda,
máxime porque las pruebas que allegó la entidad carecen de suficiencia
demostrativa para sacar avante sus pretensiones, según pasa a explicarse.

7.2.3. En punto al reproche de incumplimiento atinente a las obligaciones de índole
laboral para con el personal -pago de salarios, seguridad social y parafiscales-,
en la demanda se pidió la declaratoria de incumplimiento de los numerales 8 y 9,
literal a), de la cláusula tercera del convenio de asociación, y, como consecuencia,
se solicitó que la parte demandada pagara la suma de $83’132.000, en tanto no
realizó los aportes a seguridad social ni tampoco pagó los salarios a las personas
encargadas de la ejecución, en los períodos de diciembre de 2013 y enero de 2014.

A partir de las pruebas que la parte actora aportó con su demanda, la Sala encuentra
acreditado que en la visita realizada los días 17 y 20 de enero de 2014 la Fundación
realizó aportes a seguridad social y de parafiscales hasta noviembre de 2013, así
como también el pago de nómina (hecho probado 6.5.3.). Con ocasión de esas
visitas, el supervisor requirió (ADM 11) a la Fundación por los siguientes hallazgos:
que el operador no realizó el pago de obligaciones salariales correspondientes al
mes de diciembre de 2013 (incluyen primas legales) y que no se presentaron
soportes de pagos de obligaciones salariales y aportes al sistema de seguridad
social SGSS del personal que labora en el comedor (hecho probado 6.6.).

También se encuentra probado que, posteriormente, se realizó otro requerimiento
(ADM 139), en el que se advirtió que en las visitas realizadas el 13 y 18 de diciembre

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de 2013 se evidenció que la Fundación no realizó el pago de obligaciones salariales
ni los aportes al sistema de seguridad a los trabajadores vinculados al proyecto,
correspondiente a diciembre de 2013, requiriéndose concretamente para que
allegue “1. Los soportes de pago de nómina y seguridad social del personal
(administradores, nutricionista, auxiliares administrativos y operarias) durante el
período comprendido entre los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014,
inclusive sus respectivas liquidaciones (obligación del anexo técnico 3.7.
componente Administrativo y Financiero – 3.7.1. Talento Humano –– 4.1.
Obligaciones del Asociado, 4.1.1. Generales) (hecho probado 6.7.).

Se probó que, el 15 de abril de 2015, el supervisor nuevamente requirió a la
Fundación, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para que presentara las
explicaciones pertinentes por no haber realizado “el pago de las obligaciones
salariales y aportes al Sistema de Seguridad Social SGSS de los trabajadores
vinculados al proyecto (administradores, nutricionista, auxiliares administrativos y
operarias), correspondiente a los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014,
(hecho probado 6.9.). Igualmente se halla acreditado que, en el documento de
“Tasación de perjuicios por obligaciones presuntamente incumplidas – contrato
4843/Fundación Multiactiva Emprendiendo” que le remitió el supervisor a la
directora territorial de la Secretaría, se plasmó lo siguiente (hecho probado 6.10):

“1. Pago de obligaciones salariales y aportes al sistema de seguridad social
(...)
Dentro de este ítem y en el marco de las visitas efectuadas por el equipo de apoyo
a la supervisión en el componente administrativo y financiero, no se evidenció el
pago de salarios y/o honorarios así como los aportes a Sistema de Seguridad Social
de los trabajadores vinculados por la Fundación correspondientes a los meses de
diciembre 2013 y enero 2014, así como las respectivas liquidaciones, así:
CARGO CANT PERFIL VR. PERÍODO VR. TOTAL INGRESO PAGO DE V. TOTAL
IDAD MENSUAL NO BASE DE SGS SGSS
SOPORTA COTIZACIÓN MENSUAL
DO
ADMINIST 2 PROFESIO $3’000.000. 2 $12’000.000 $1’200.000 $354.000 $1’416.000
RADOR NAL
NUTRICIO 2 PROFESIO $2’500.000 2 $10’000.000 $1’000.000 $295.000 $1’180.000
NISTA NAL
APOYO 3 AUXILIAR $989.000 2 $5’934.000 $615.000 $181.720 $1’090.320
ADMINIST
RATIVO
MANIPULA 19 OPERARIO $989.000 2 $37’582.000 $615.000 $181.720 $6’905.360
DOR DE
ALIMENTO
S
AUXILIAR 2 OPERARIO $989.000 2 $3’956.000 $615.000 $181.720 $726.880
DE
SERVICIO
S VARIOS

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ALMACENI 1 OPERARIO $989.000 2 $1’978.000 $615.000 $181.720 $363.440
STA
TOTAL $71’450.000 $11’682.000

Así las cosas, el equipo de apoyo a la Supervisión a la fecha no ha evidenciado
soportes de cumplimiento respecto al pago de obligaciones salariales y de aportes
al sistema general de seguridad social por valor de $83’132.000, correspondiente a
los periodos de diciembre de 2013 y enero de 2014”.

En este contexto probatorio la Sala advierte que, si bien existen requerimientos por
parte del supervisor del convenio a la Fundación, hay que decir que aquellos no
resultan suficientes para acreditar el incumplimiento alegado.

En efecto, en el requerimiento ADM 139 se dijo que en las visitas realizadas el 13 y
18 de diciembre de 2013 se evidenció que la Fundación no realizó el pago de
obligaciones salariales ni los aportes al sistema de seguridad a los trabajadores
vinculados al proyecto, correspondiente a diciembre de 2013; sin embargo,
revisadas las actas de las visitas respectivas para esos días, no se observa que el
supervisor haya dejado una anotación o hallazgo en ese sentido; adicionalmente,
en ese mismo requerimiento se le pidió a la Fundación que allegara los soportes de
pago nómina y seguridad social del personal (administradores, nutricionista,
auxiliares administrativos y operarias), durante diciembre de 2013 y enero de 2014,
haciendo referencia a la “obligación del anexo técnico 3.7.(…) 3.7.1. Talento
Humano”; no obstante, tal como se advirtió en precedencia, el anexo técnico del
convenio no fue allegado al proceso, lo que impide constatar en qué términos debían
cumplirse las obligaciones consistentes en el pago de salarios y aportes al sistema
de seguridad social y parafiscales, aunado al hecho de que tampoco hay prueba
alguno que indique con exactitud la cantidad de personas vinculadas97, su profesión
y sus ingresos.

Conviene destacar que, en la cláusula tercera, literal a), concretamente en el
numeral 9, la Fundación adquirió la obligación de “Asumir el pago de salarios,
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para
la ejecución del convenio, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es

97 Mientras que en el acta de visita de los día 17 y 20 de enero de 2014 se plasmó que eran 12

empleados (hecho probado 6.5.3.), en el documento de tasación de perjuicios por obligaciones
presuntamente incumplidas aparece consignado que eran 29 (hecho probado 6.10).

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entendido que todos estos gastos han sido estimados por el asociado al
momento de la presentación de la Carta de Presentación de la Propuesta” (se
destaca). Se observa en lo resaltado que todas las erogaciones de la Fundación en
cuanto a pago de salarios y prestaciones del personal contratado para la ejecución
del convenio fueron estimadas en su carta de presentación de la propuesta,
documento que la entidad demandante tampoco aportó al proceso.

En esa medida, ante la falta de soportes probatorios como el anexo técnico y la
propuesta o carta de presentación de la oferta de la Fundación, se descarta el
incumplimiento alegado por la Secretaría, dado que no se tiene certeza del personal
vinculado al proyecto, de su profesión, así como de sus ingresos, lo que dificulta
establecer en qué términos debían cumplirse las obligaciones en cuanto a pago de
salarios y aportes a seguridad social y parafiscales.

Si bien en el requerimiento del 15 de abril de 2015 también se instó a la Fundación
por el pago de obligaciones salariales y aportes al sistema de seguridad social de
los trabajadores vinculados al proyecto (en los meses de diciembre de 2013 y enero
de 2014), entre los cuales se mencionaron administradores, nutricionista, auxiliares
administrativos y operarios, se insiste en que en el expediente no obran medios de
pruebas que corroboren esa información, al punto de que ni siquiera se tiene certeza
de la cantidad del personal vinculado al convenio, ni de su labor o profesión. Lo
mismo sucede con el documento denominado “Tasación de perjuicios por
obligaciones presuntamente incumplidas – contrato 4843/Fundación Multiactiva
Emprendiendo”, dado que la información allí consignada en cuanto a cargos,
cantidad, perfil, ingresos, aportes a seguridad social de los trabajadores contratados
no cuenta con soporte alguno, de ahí que, contrario a lo expuesto en la apelación,
esa prueba resulta insuficiente para demostrar el incumplimiento alegado.

7.2.4. En cuanto al supuesto impago a los proveedores, la Sala también llega a la
conclusión de que la parte actora no allegó prueba suficiente para acreditar dicha
situación. En efecto, en el documento de “Tasación de perjuicios por obligaciones
presuntamente incumplidas – contrato 4843/Fundación Multiactiva Emprendiendo”
se plasmó que, con ocasión de la visita del 8 de noviembre de 2013, la Fundación
no soportó el pago a los siguientes proveedores Grupo Éxito, por la suma de
$55’000.000, y Amapolita, por el monto de $7’000.000 (hecho probado 6.10.), pero,
se insiste, que tal prueba documental no resulta suficiente para acreditar el

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incumplimiento atribuido a la demanda, porque no cuenta con soportes que indiquen
de dónde se tomaron esos valores supuestamente adeudados, aunado al hecho de
que con las pruebas aportadas no resulta posible establecer ni siquiera los términos
en que debía cumplir con esa obligación y teniendo en cuenta, además y como se
verá en seguida, las dudas que emergen de si la Fundación pagó o no.

En el acta de visita del 8 de noviembre de 2013 se consignó, a manera de hallazgo,
lo siguiente “solicitar paz y salvo a proveedores con corte a 15 de noviembre (...)
(hecho probado 6.2.3.); a su vez, en el acta de visita del 13 de diciembre de 2013
se plasmó “Se realiza el cierre de este compromiso de pago a proveedor Amapolita,
de forma condicional, hasta presentar comprobante de egreso. Firmados y sellados”
(hecho probado 6.3.); del requerimiento ADM 139 que realizó el supervisor se extrae
que la Fundación realizó el pago al proveedor Amapolita “en promedio 7 millones”,
no así con el Grupo Éxito -cuya deuda, según se indicó, ascendía entre 45 a 55
millones-98. Estas pruebas permiten avizorar que la demandada sí le pagó al
proveedor Amapolita, cuestión que se contradice con el requerimiento del 15 de abril
de 201499 y con el informe de tasación de perjuicios de obligaciones presuntamente
incumplidas100, documentos en los que se plasmó que no se cumplió con el pago a
los proveedores Amapolita y Grupo Éxito (hechos probados 6.9 y 6.10).

La contradicción que se evidencia se refiere al pago al proveedor Amapolita, pues
mientras en unos documentos se consignó que esa obligación ya se había zanjado,
en otros se plasmó que se le adeudaba, aproximadamente, la suma de $7’000.000.
Es así que tales pruebas, más que certeza generan incertidumbre en el punto de si
la Fundación demandada cumplió o no con la correspondiente obligación, respecto

98 Esto se consignó en dicho requerimiento: “2. De los hallazgos evidenciados en la visita del 8 de

noviembre de 2013 se realizó mesa de trabajo entre la SDIS y la Fundación el 14 de noviembre de
2013, en la cual se generaron compromisos y se expidió por parte del equipo de apoyo a la
supervisión concepto favorable condicionado para pago, con el fin de que el asociado cumpliera a
cabalidad con lo siguiente (…) b. Realizar el pago proveedor Éxito, entre 45 a 55 millones de pesos;
c. Realizar el pago proveedor AMAPOLITA en promedio 7 millones de pesos (…) 3. Conforme
a lo anterior, una vez confirmado el pago al asociado, el 5 de diciembre de 2013 se realizó visita a
las instalaciones del Centro de Acogida y Autocuidado, con el fin de verificar los compromisos
adquiridos, cuyo resultado fue que la Fundación dio cumplimiento satisfactorio únicamente a
los literales (a,c,d,f,h), por lo que se evidencia que las demás obligaciones siguen presuntamente
incumplidas” (se destaca).
99 En dicho requerimiento se plasmó: “3. No se evidencia pago a los proveedores, entre otros y a

manera de ejemplo se tiene que los almacenes Éxito se les adeuda más de 45 millones y a
Amapolita por más de siete millones” (se destaca).
100 En este documento se consignó que al Grupo Éxito se le adeudaba $55’000.000 y a Amapolita

$7’000.000.

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Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

de la cual, hay que decirlo, ni si quiera es posible determinar en qué términos debía
cumplirse, por la falta de material probatorio en el proceso.

Ahora, si bien las documentales referidas coinciden en que al Grupo Éxito no se le
cumplió con el pago, ha de advertirse que ello no resulta suficiente para concluir en
este caso que la Fundación incumplió con dicha obligación, por la sencilla pero
reiterada razón de que en este proceso no se demostraron los términos en que la
parte demandada debía cumplir, aunado al hecho de que no obra prueba con la cual
se pueda constatar o corroborar la suma que supuestamente la Fundación le
adeudaba, pues ninguna de las documentales aportadas da cuenta de los soportes
que se tuvieron en cuenta para calcular el monto aproximado de $55’000.0000 y la
simple afirmación en ese sentido no basta para tener por probado ese aspecto.

Por todo lo anterior, ante la falta de material probatorio que es atribuible a la parte
actora, la Sala advierte que no se demostró el incumplimiento alegado respecto de
las obligaciones pactadas en los numerales 8 y 9, literal a), de la cláusula tercera
del convenio de asociación.

7.3. Pretensión relacionada con la devolución de $243’000.000 que la
Secretaría desembolsó pero que supuestamente la Fundación no ejecutó

7.3.1. En la sentencia apelada se negó tal petición, con fundamento en que la parte
actora no acreditó los desembolsos realizados, ni la ejecución de los mismos.
Sostuvo que en el proceso no se probó el estado financiero del convenio de
asociación, los desembolsos que se hicieron, sus valores y por qué concepto.

7.3.2. En la apelación se insistió en que la Secretaría Distrital de Integración Social
sí realizó desembolsos por un mayor valor al ejecutado, manifestando sobre el
particular que la Secretaría giró $1.452’604.540, mientras que el valor ejecutado por
la Fundación, a 30 de noviembre de 2013, fue de $1.209’204.540, lo que, a su juicio,
evidencia un mayor valor girado, en $243’000.000. Para justificar lo anterior, la
recurrente incluyó en la alzada unas tablas en las que muestra los valores
desembolsados, sus fechas y los servicios ejecutados por la Fundación.

7.3.3. La Sala desestima el argumento de la Secretaría, porque en el expediente no
obra prueba que acredite -en específico- los desembolsos realizados dicha entidad

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pública, mucho menos en la suma indicada de $1.452’604.540, así como tampoco
reposa en el proceso elemento demostrativo alguno en punto al valor, que, según
se afirma, fue ejecutado y que habría ascendido a $1.209’204.540.

Revisadas las pruebas que se aportaron en el expediente, la Sala advierte que en
el acta de las visitas realizadas por el supervisor los días 17 y 20 de enero de 2014
se consignó que al asociado se le giró el 30% del valor del convenio, “aunque por
contrato se debió girar el 10%” (hecho probado 6.5.1.) y que a la Fundación se le
habían hecho tres “pagos” y que el porcentaje ejecutado era del 49% (hecho
probado 6.5.2.), sin que existan más elementos probatorios que soporten esa
información. Se advierte que esos documentos no demuestran la fecha en que se
realizaron los desembolsos ni que hayan sido por la suma de $1’452.604.540, como
lo afirmó la parte demandante; aunque en esas pruebas se indicó que la Fundación
había ejecutado para la fecha un 49%, esto no es posible corroborarlo, porque al
presente proceso no se allegó todo el expediente administrativo contractual, a partir
del cual se hubiese podido establecer los desembolsos efectivamente realizados,
así como también el porcentaje ejecutado por parte de la ahora demandada.

En ese orden de ideas, la Sala comparte la negativa del Tribunal a quo frente a la
pretensión consistente en la devolución de la suma de $243’000.000 que la
Secretaría desembolsó pero que supuestamente la Fundación no ejecutó, toda vez
que, en primer lugar, no se acreditó efectivamente que se hubieran realizado
desembolsos, su fecha ni tampoco la suma girada, y, en segundo lugar, no se probó
lo que realmente ejecutó la Fundación en el convenio, todo ante la evidente
orfandad probatoria en el presente caso, cuya carga le correspondía a la actora.

8. Conclusión

Se concluye del análisis precedente que ninguna de las piezas probatorias obrantes
en el expediente demuestra los supuestos fácticos en que se basan las pretensiones
de la demanda, toda vez que el presente proceso se encuentra huérfano de material
probatorio que acredite el incumplimiento demandando a la Fundación con ocasión
del convenio de asociación celebrado con la Secretaría.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, no sin antes señalar

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que llama la atención de la Sala la conducta procesal asumida por la demandada,
pues pese a hacerse parte, no contestó la demanda y no intervino en ninguna de
las etapas del proceso, dejando a la deriva del decurso procesal la suerte de sus
intereses, lo que a todas luces resulta reprochable, no solo porque se aparta de la
diligencia y cuidado que debe observarse en la defensa de los propios intereses en
los asuntos litigiosos, sino porque no se compadece, desde luego, con el deber de
colaboración con la Administración de Justicia.

9. Costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA101 y con la disposición especial del
artículo 365-1 del CGP102, procede la condena en costas a cargo de la parte a la
que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando
“en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”103.

En este caso, a pesar de que a la parte actora se le resolvió de manera desfavorable
el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de primera instancia, no
hay lugar a condenarla en costas porque estas no se causaron, dado que la parte
demandada no intervino en ninguna de las etapas del proceso y ni siquiera designó
apoderado para atender el asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

101 “Artículo 188. Condena en costas [CPACA]. Salvo en los procesos en que se ventile un interés

público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil [actualmente Código General del Proceso]”
[aclaración añadida].
102 “Artículo 365. Condena en costas [CGP]. En los procesos y en las actuaciones posteriores a

aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto […]”
[aclaración añadida].
103 El artículo 365 del CGP, en su numeral 8, establece: Artículo 365. Condena en costas. En los

procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas
se sujetará a las siguientes reglas (...) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación” [se destaca].

Radicado: 25000-23-36-000-2016-02469-01 (66391)
Demandante: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1° de abril de 2020, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑÓZ
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

VF

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