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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00310-01

Fecha
8 de abril de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00310-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 5 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por las razones expuestas. SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante. Fijar por agencias en derecho 6 SMMLV en favor de la Cámara de Comercio y 3 SMMLV en favor de la Rama Judicial. Las otras costas (expensas y gastos) serán liquidadas por Secretaría en el caso de que se hubieren causado. TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene, expídanse copias de la presente decisión. CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2017-00310-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

8 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 8 de abril de 2024

Radicación: 250002336000-2017-00310-01 (67208)
Actor: Inversiones Financieras, Inmobiliarias y Agropecuarias Infinagro
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia - Rama Judicial – Cámara de
Comercio de Bogotá – Jorge Arango Mejía (árbitro)
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: Responsabilidad extracontractual del Estado – error jurisdiccional laudo arbitral – error
judicial decisión que resuelve el recurso de anulación – apreciación del error de laudo arbitral

Síntesis del caso: Se demanda la responsabilidad del Estado por un error contenido en un laudo
arbitral y en la decisión que negó la anulación del laudo. La parte demandante afirma que esas
decisiones equivocadas afectaron su patrimonio porque no pudo recuperar lo que había
prestado con ocasión de un contrato de mutuo.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la Sentencia de 5 de noviembre de 2020, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A negó las
pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en el artículo 150, en concordancia con el artículo 152 del CPACA1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.

1.1 Posición de la parte demandante

1. El 24 de febrero de 20172, la Sociedad Inversiones Financieras Inmobiliarias
y Agropecuarias S.A. en adelante Infinagro, en ejercicio de la acción de
reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Justicia –
Rama Judicial3 – Cámara de Comercio de Bogotá – Jorge Arango Mejía4, en la

1 Para que este asunto fuera de conocimiento de un Tribunal Administrativo en primera instancia, era necesario que las

pretensiones superaran los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (num. 6 artículo 152 CPACA, en su versión
vigente a la fecha de presentación de la demanda). Al momento de la presentación de la demanda, ese monto equivalía
a $344.727.000. La mayor pretensión indemnizatoria por perjuicios ($ 406.951.514), superaba esa cuantía. En concordancia
con lo anterior, el artículo 150 del CPACA, determina que el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
2 Folio 14 Cuaderno principal
3 Se debe tener en cuenta que el magistrado sustanciador ordenó la vinculación de la Rama Judicial, mediante Auto de

26 de noviembre de 2018. (Fls. 197 a 198)
4 Folios1-12 del cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 250002336000-2017-00310-01 (67208)
Actor: Infinagro
Demandado: Nación – Rama Judicial - otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma y niega las pretensiones
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que solicitó las declaraciones y condenas a que hubiera lugar imputables a la
demandados por error judicial en tribunal de arbitramento y en la decisión del
laudo arbitral de fecha 2 de diciembre de 2014 (…) el cual fue recurrido en
anulación ante la justicia ordinaria (…)que fue notificada en edicto el 8 de julio
de 2015 y que le ocasionó perjuicios5”. Sus pretensiones fueron (se trascribe)6:

“PRIMERO: Que se declare administrativa extracontractualmente responsable a LA
NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
– DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – CÁMARA DE COMERCIO DE
BOGOTÁ – CENTRO DE ARBITARAJE Y CONCILIACIÓN Y ÁRBITRO JORGE ARANGO MEJÍA
por error judicial en perjuicio de la Sociedad Inversiones Financieras Inmobiliarias y
Agropecuarias S.A. Infinagro S.A. dentro del proceso arbitral convocado por el señor
Fernando Alonso Arias Guttman.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a pagar solidariamente
a la NACIÓN– MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO – CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ – CENTRO DE ARBITARAJE Y CONCILIACIÓN Y ÁRBITRO JORGE
ARANGO MEJÍA a favor de [Infinagro] los perjuicios discriminados así:

1. A título de daño emergente: Lo estimo en la suma de (…) $ 475.596.500
correspondientes al mutuo, al pago de impuestos prediales y demás gastos de
honorarios generados dentro del proceso de entrega del tradente al adquirente del
bien inmueble y de los honorarios pagados al abogado dentro del proceso arbitral.

2. A título de lucro cesante: Lo estimo en la suma de $ 1.030.000.000 que es el valor
comercio del apartamento 701 del Edificio Torre de San José Propiedad Horizontal,
ubicado en la Calle 125 # 12-31 bajo el folio de matrícula inmobiliaria No. 50 N-20159826
en la ciudad de Bogotá.

Total de los perjuicios materiales: la suma de (…) $1.505.596.500”

2. Adujo, como hechos relevantes, los siguientes:

3. 1) En el año 1998, el señor Fernando Alonso Arias Gutmann recibió, a título
de mutuo comercial, un dinero de Credit Automóviles S.A. –Ahora Infinagro-
($120.000.000 y $ 590.400). Para garantizar el mutuo suscribió dos pagarés que
fueron otorgados el 28 de mayo de 19987. De igual forma, constituyó una
hipoteca abierta sin límite de cuantía a favor de Infinagro sobre el apartamento
701 del edificio Torre de San José Propiedad Horizontal con matrícula inmobiliaria
No. 50N-20159826 en la ciudad de Bogotá, en adelante el Apartamento.

4. 2) Explicó que, en el 2001, en la medida que el señor Arias Gutmann, no
pagó ni el capital ni los intereses corrientes ni de mora, Infinagro inició un proceso
ejecutivo hipotecario ante el Juzgado 23 Civil de Circuito de Bogotá (rad. 2001-
00255). Dentro del proceso hipotecario se libró mandamiento de pago y se dictó
medida de embargo y secuestro del bien inmueble.

5 Folio 102 reforma de la demanda Cuaderno principal.
6 Tomadas de la reforma de la demanda visible a folios 102 a 110 del Cuaderno principal
7 Explicó que, para la fecha que se suscribieron los pagarés, las tasas de interés oscilaban entre 60.87 y 71.97 Efectiva

Anual. Agregó que, en 1998 – 1999 tuvo lugar la crisis del Upac y que ello implicó la quiebra de diferentes entidades
financieras así como la adopción de medidas de emergencia por parte del Gobierno Nacional para afrontar la crisis
financiera.

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Radicación: 250002336000-2017-00310-01 (67208)
Actor: Infinagro
Demandado: Nación – Rama Judicial - otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma y niega las pretensiones
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5. 3) Afirmó que las partes llegaron a un acuerdo y por eso la ejecutante pidió
terminar el proceso ejecutivo. Explicó que “las partes pactaron, transar la
obligación y extinguirla mediante la dación en pago [del apartamento]”. Esa
dación en pago fue protocolizada y perfeccionada mediante la Escritura Pública
No. 4568 de 30 de diciembre de 2002 de la Notaría Novena del Círculo de Cali.

6. 4)En el año 2003, ante la negativa por parte del deudor de entregar
materialmente el inmueble prometido en dación en pago, se inició un proceso
abreviado ante el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá (Rad. 2003-00525). Lo
pretendido era la entrega del bien del tradente al adquirente. Dentro de ese
proceso abreviado, mediante Sentencia de segunda instancia de 18 de enero
de 2012, se ordenó la entrega del inmueble a Infinagro y la decisión ahí
adoptada, afirma la parte demandante, “hizo tránsito a cosa juzgada”.

7. 5) El 17 de mayo de 2012, el señor Arias Guttman, con base en el acuerdo
de dación de pago, presentó una solicitud de convocatoria a un tribunal arbitral
en donde llamó a Infinagro, a través del Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá. Ese Tribunal tuvo su instalación y admisión el 28
de noviembre de 20138.

8. 6) Señaló que, durante el término de traslado de la demanda tramitada en
el Centro de Arbitraje, Infinagro manifestó de manera expresa la no aceptación
de dirimir ningún conflicto, toda vez que “ya todo se encuentra resuelto por la vía
ordinaria; a su vez presentó la excepción de ilegalidad de la cláusula
compromisoria y cosa juzgada”.

9. 7) El 2 de diciembre de 2014 se profirió el laudo arbitral mediante el cual, el
árbitro Jorge Arango Mejía, declaró que el contrato de dación en pago se
encontraba viciado de nulidad absoluta por tener objeto ilícito. Explicó que el
mismo se realizó con el fin de pagar o cubrir unas obligaciones que estaban
contenidas en unos pagarés en los cuales “se pactaron, se cobraron y se
recibieron intereses corrientes y de mora, que superaban ampliamente los límites
establecidos para el delito de usura consagrado por el artículo 305 del Código
Penal.” Además de declarar la nulidad del contrato ordenó restituir a Fernando
Alonso Arias el inmueble que fuera objeto de la dación en pago y dejar sin efecto
todo lo actuado en el proceso de entrega del inmueble.

10. 8) Por lo expuesto, el Proceso Ejecutivo (2001-00255) fue terminado a
solicitud de la parte ejecutante y el Proceso Abreviado de entrega del bien del
tradente al adquirente (2003-00525) fue anulado por el laudo arbitral. Luego,
Infinagro perdió la garantía del contrato de mutuo (el Apartamento) y se quedó
sin la posibilidad de recuperar lo adeudado.

8 Se explicó que, en la medida que no hubo acuerdo entre las partes para la designación de árbitro, el señor Arias

Guttman solicitó al juez civil la designación los árbitros

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Radicación: 250002336000-2017-00310-01 (67208)
Actor: Infinagro
Demandado: Nación – Rama Judicial - otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma y niega las pretensiones
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11. 8) Contra esa decisión, Infinagro presentó recurso de anulación de laudo
arbitral con fundamento en tres causales de nulidad del artículo 163 del Decreto
1818 de 1998, vigente para la época de los hechos9. Mediante Sentencia de 2
de julio de 2015, el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil resolvió el recurso de
anulación y declaró infundados los cargos. Esa decisión fue notificada por edicto
que se fijó el 8 de julio de 2015 y se desfijó el 10 de julio de 2015.

12. Respecto del error contenido en el laudo arbitral del 2 de diciembre de
2014 la parte demandante señaló que el árbitro “no aplicó la ley vigente como
tampoco la jurisprudencia, desatendiendo injustificadamente los precedentes
jurisprudenciales y los principios que integran la materia, porque el árbitro negó
injustificadamente decidir en derecho en el tribunal y en el laudo desatendió los
imperativos que rigen el debido proceso, definidas por la Corte Constitucional y
que corresponden a un defecto sustantivo, orgánico o procedimental, un
defecto fáctico, un error inducido, una decisión sin motivación; un
desconocimiento del precedente.10”.

13. Respecto del error contenido en la providencia que resolvió el recurso de
anulación del laudo arbitral de 2 de julio de 2015, la parte demandante señaló
“Sólo plante[ó] la nulidad del pacto arbitral por falta de capacidad o por vicios
de consentimiento, desatendiendo la nulidad por objeto y causa ilícita del
tribunal11. (…) Es claro que la labor del juez que conoció del recurso de anulación
desatendió no solo que este asunto es intransigible sino que además omitió las
decisiones proferidas por la justicia ordinaria, en los cuales ya un juez natural
había decidido y fallado presentándose el fenómeno de cosa juzgada. (…)”.

1.2 Posición de la parte demandada

14. La Cámara de Comercio contestó la demanda12. Se opuso a la totalidad
de pretensiones de la demanda. En síntesis, adujo que era una entidad privada
y que, en esa medida, no le aplicaba el artículo 90 constitucional. Agregó que,
en todo caso, se aceptaba que administrar justicia era una función pública, sin
embargo, esa función estaba a cargo del árbitro y no del Centro de Arbitraje
que únicamente tenía funciones administrativas o de apoyo para que el árbitro

9 1. La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa ilícita. Los demás motivos de nulidad absoluta o

relativa sólo podrán invocarse cuando hayan sido alegados en el proceso arbitral y no se hayan saneado o convalidado
en el transcurso del mismo.
6. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el
laudo.
7. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado
oportunamente ante el tribunal de arbitramento.
10 Para explicar ello agregó en la demanda que se incurrió en “violación por vías de hecho al desatender el criterio vigente

de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, donde define que la dación en pago tiene NATURALEZA AUTÓNOMA, COMO
UNA FORMA EPECIAL DE EXTINGUIR OBLIGACIONES, LO QUE LA ALEJA DE LA COMPRAVENTA Y DE OTRAS FIGURAS CON LAS
CUALES HA QUERIDO ASIMILARSE” CAS. CIV. SENTENCIA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 200 EXP · 41298310300120020001501 y lo
corrobora la sentencia del 6 de julio de 2007, expediente No. 1101310303719980005801 que establece que la dación en
pago, en sí mismo, es un prototípico negocio jurídico extintivo.”
11 Agregó que “No se pronunció sobre la ilicitud por el objeto con el fin de establecer que la convocatoria, el

procedimiento y su fallo contraviene a las normas de orden público ya que la cláusula compromisoria en ineficaz no solo
por tener todos los lineamientos establecidos por la doctrina de una cláusula patológica sino también porque dicha
cláusula pretendió transigir un asunto que no cumple con los lineamientos para ser transigible, lo cual está provisto de
objeto ilícito.”
12 Folios 134 a 149 del Cuaderno principal.

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Radicación: 250002336000-2017-00310-01 (67208)
Actor: Infinagro
Demandado: Nación – Rama Judicial - otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma y niega las pretensiones
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profiriera el laudo; anotó que, en esa medida, quien era el eventual responsable
era el árbitro. En consecuencia, lo llamó en garantía a él y a quien fue designado
como secretario. Finamente, señaló que no existió ningún error en el laudo y de
ello es prueba la decisión que resolvió el recurso de anulación que decidió no
anularlo.

15. La Rama Judicial contestó la demanda13. Señaló que el estudio que era
de su competencia “sólo se circunscribe a la decisión proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá – Sala Civil, a través de la cual se resolvió el recurso de
anulación impetrado por la demandante en contra del fallo proferido por el
árbitro designado por la Cámara de Comercio, pues frente a dicha decisión, por
no haber sido emitida por funcionario alguno de la Rama Judicial se configura la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva”. Respecto de la
decisión del Tribunal Superior indicó, en primer lugar, que no se alegaba un daño
cierto, sino que lo que buscaba era esgrimir nuevamente los argumentos para
que se revocara una decisión que le fue adversa. En todo caso, señaló que, de
aceptarse que hubo daño, lo cierto es que no existió error porque la decisión que
resolvió la anulación “se profirió con fundamento en el juicioso estudio de las
causales de anulación planteadas por el aquí demandante y su confrontación
con la decisión proferida al interior del proceso de laudo arbitral y fue
ampliamente motivado con argumentos jurídicos (…)”.

16. El Ministerio de Justicia contestó la demanda14. Pidió que se declarara la
falta de legitimación pasiva en la causa porque el error alegado en el laudo
arbitral y en la decisión que resolvió el recurso de anulación le eran ajenos. Señaló
que ese Ministerio “no tiene asignada dentro de sus competencias legales
ninguna atribución relacionada con las funciones que desempeñan las Cámaras
de Comercio, ni es nominador de los árbitros, no presenta legalmente a las
Cámaras de Comercio, en sana lógica jurídica se impone la absolución del
Ministerio de Justicia y del derecho. (…)”.

1.3 Trámite importante en primera instancia

17. Mediante Auto de 26 de noviembre de 2018 se resolvió “no continuar con
el trámite de notificación” del señor arbitro Jorge Arango Mejía15. Se explicó que
estaba acreditado que el señor Arango Mejía falleció el 13 de julio de 2018 antes
de que fuera notificado de la demanda. Concluyó que “no se había trabado la
Litis frente al mismo, y, en ese sentido, dadas las circunstancias señaladas, no se
continuará con el trámite de notificación.” Contra esa decisión no se
interpusieron recursos. Por su parte, mediante Auto de 23 de agosto de 2018 se
resolvió revocar el llamamiento en garantía del señor secretario Carlos Humberto

13 Folios 213 a 220 del Cuaderno principal.
14 Folios 67 a 73 del Cuaderno principal
15 Quien fue designado como demandado en la reforma de la demanda y llamado en garantía por la Cámara de

Comercio.

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Decisión: Confirma y niega las pretensiones
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Mayorca que, en un principio, se había aceptado. Se argumentó que, en su
calidad de secretario, no debía ser llamado en garantía.

18. Conviene señalar también que, en la audiencia inicial celebrada el 5 de
julio de 2019, se resolvió declarar fundada la excepción de falta de legitimación
pasiva en la causa propuesta el Ministerio de Justicia y del derecho16. Contra esa
decisión no se interpusieron recursos.

1.4 Sentencia de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A, mediante Sentencia de 5 de noviembre de 202017, negó las pretensiones y
condenó en costas a la demandante en favor de la Cámara de Comercio de
Bogotá y de la Nación – Rama Judicial. En primer lugar, refirió el marco normativo
que rige la expedición de laudos arbitrales y concluyó que la Cámara de
Comercio no ejerce función jurisdiccional sino que, por el contrario, se limita a
realizar labores de apoyo institucional. En consecuencia, dado que lo alegado
era indiscutiblemente un error jurisdiccional de un laudo arbitral, la Cámara de
Comercio de Bogotá no era la llamada a responder.

20. En segundo lugar, agregó que, en todo caso, no se configuró un error en
el laudo arbitral porque las partes suscribieron un contrato de dación de pago
que incluyó la cláusula compromisoria18 y que, en virtud de esa cláusula, el árbitro
quedó habilitado para resolver la demanda interpuesta por el señor Arias
Guttman. Puntualizó que el hecho de que el contrato de dación de pago se
hubiera ejecutado con ocasión del proceso abreviado no era óbice para que el
tribunal de arbitramento asumiera competencia. Además, adujo que, cuando
se asumió competencia por el Centro de Arbitraje, no existía cosa juzgada
porque: 1) el objeto del proceso abreviado fue el cumplimiento del contrato de
dación de pago y, en consecuencia, la entrega material del bien inmueble 2) el
objeto del proceso que conoció el árbitro, fue completamente diferente, esto es,
la nulidad del contrato de dación de pago por objeto ilícito. Agregó que la
decisión del Tribunal Arbitral fue acertada porque declaró que el contrato de
dación de pago estaba viciado de nulidad, “al verificar que los intereses que se
establecieron en los pagarés otorgados a (…) Infinagro SA (…) excedieron
ostensiblemente la tasa de interés permitida por la ley para el delito de usura.”

16 Al respecto se indicó “Se precisa que las facultades de inspección, vigilancia y control, conferidas al MINISTERIO DE

JUSTICIA Y DEL DERECHO, no constituyen una potestad para reglamentar la manera en que los árbitros y los centros de
arbitraje deben cumplir sus funciones, sino que tienen relación con los requisitos que debe verificar para autorizar la
creación Centro de Arbitraje, y en ese sentido, el MINISTERIO no tiene incidencia alguna en el trámite llevado a cabo por
el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, ni mucho menos en la decisión tomada por el Tribunal de Arbitramento
en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.”
17 Índice 2 Samai.
18 En los siguientes términos: “Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas por

razón o con ocasión del presente contrato, será resuelta por un Tribunal de Arbitramento, cuyo domicilio será Bogotá
(lugar de ejecución del contrato), integrado por árbitros designados conforme a la ley. Los arbitramentos que ocurrieren
se regirán por lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1991, ley 23 de 1991 y en las demás normas que modifique o adicionen
la materia”

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Decisión: Confirma y niega las pretensiones
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21. Finalmente, se pronunció respecto de la responsabilidad de la Nación –
Rama Judicial. Explicó que, al resolver el recurso de anulación contra el laudo
arbitral, el Tribunal Superior de Bogotá no cometió ningún error. Explicó que,
aunque se alegó la causal 1 relativa a la nulidad absoluta del pacto arbitral, lo
cierto es que el recurrente no argumentó porque se pudo configurar tal nulidad.
Concluyó: “comoquiera que los argumentos expuestos en el recurso de
anulación, no tenían ninguna relación con una ilegalidad del objeto de la
cláusula compromisoria, sino que giraban en torno a la falta de competencia del
tribunal arbitral, (…) la decisión tomada por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Bogotá no configur[ó] un error jurisdiccional”.

22. Por lo expuesto, se negaron las pretensiones y se condenó a la parte
demandante a pagar las costas. Se fijó como agencias en derecho $ 8.000.000
en favor de la Cámara de Comercio y $ 6.000.000 en favor de la Nación Rama
Judicial.

1.4 Recurso de apelación

23. La parte demandante19 apeló el fallo y se pronunció respecto a asuntos
procesales y sustanciales. Frente a los procesales, fueron dos sus alegatos: 1)
Adujo que el hecho de que el árbitro hubiera fallecido no era un obstáculo para
que se hubiera conformado el contradictorio con sus herederos determinados e
indeterminados. 2)Alegó que existió una omisión completa en la Sentencia
comoquiera que no se pronunció respecto de la responsabilidad de la Nación
Ministerio de Justicia.

24. Frente a los sustanciales sostuvo que no es cierto que el laudo arbitral se
hubiera ajustado a derecho porque: 1) El árbitro se equivocó al declarar la
nulidad de la dación del pago. Explicó que, en los casos en que la ley disponga
una sanción expresa, no se puede aplicar como sanción la nulidad del acto
jurídico20. En ese orden, cuando existe cobro de intereses en exceso, según la Ley
comercial que rige la controversia21, la sanción es la pérdida de los intereses. En
esa medida, no podía el árbitro declarar la nulidad (sanción en el derecho civil),
porque la sanción era la pérdida de intereses, sanción que además fue discutida
y resuelta dentro del proceso ejecutivo 2001-00255. 2) El árbitro no tenía
competencia para fallar. El laudo arbitral tuvo lugar con ocasión de la cláusula
compromisoria contenida en la dación de pago, sin embargo, esta “no es un
contrato sino una forma autónoma de extinción de la obligación”. 3) Existía cosa
juzgada y no debía proferirse una nueva decisión. Alegó que “los objetos de
debate en cada proceso instaurado por la sociedad Infinagro S.A. se dio en torno
a un mismo cobro de dinero. (…)”. Agregó que no se hizo un análisis del proceso
ejecutivo 2001-00255 y que, si se hubiera hecho, se hubiera advertido que existió

19 Índice 2 Samai.
20 De conformidad con el artículo 6 del Código Civil.
21 Dado que el origen del litigio era el contrato de mutuo. Artículo 884 del Código de Comercio en concordancia con el

artículo 72 de la Ley 45 de 1990

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el fenómeno de la cosa juzgada material comoquiera que, dentro del proceso
ejecutivo por el mutuo, el objeto fueron los pagarés que, posteriormente, fueron
objeto de la dación de pago y, en consecuencia, del laudo. 4) Existió un error en
la conclusión del laudo porque “no se probó que en la suma debida se hubiese
hecho un cobro y pagos en exceso de intereses a los certificados por la
superintendencia financiera mes a mes hasta su extinción por dación en pago”.
5) Existió una indebida valoración probatoria. “El árbitro no tuvo los elementos
que le permitieran tomar la decisión, verbigracia, experticia contable o
financiera”.

25. Además, se pronunció respecto de la decisión que resolvió el recurso de
anulación e indicó que “El Tribunal Superior de Bogotá dentro del recurso de
anulación debió tener en cuenta los precedentes jurisprudenciales sobre la
dación en pago a efectos de determinar que no se trataba de un asunto que
pudiese estar sometido a arbitramento, a que no era transigible o desistible, lo
que sí daría sin lugar a dudas a la declaración de anulación de laudo por objeto
ilícito.”

26. Mediante Auto de 30 de agosto de 2021 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante. Con Auto de 29 de marzo de 2022 se negó
la solicitud de las pruebas que el demandante pidió en el recurso de apelación22.
El 14 de junio de 2022 se corrió traslado para que las partes alegaran de
conclusión y el Ministerio Público rindiera concepto. La parte demandante y la
Cámara de Comercio presentaron sus alegaciones en tiempo. La Rama Judicial
presentó alegaciones extemporáneamente. El Ministerio Público se abstuvo de
rendir concepto23.

27. La parte demandante reiteró los argumentos del recurso de apelación.
Especialmente, que existió un error en el laudo arbitral al aplicar una sanción civil
(nulidad por objeto ilícito) cuando debió aplicarse la sanción comercial (pérdida
de lo que se cobró en exceso). La Cámara de Comercio insistió en los
argumentos de la contestación, especialmente, lo relativo a que sus funciones se
limitan a un apoyo asistencial para que se profiera el laudo arbitral.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1 Presupuestos procesales y decisión a adoptar. 2.2. Análisis sustantivo 2.3. Sobre la
condena en costas.

2.1 Presupuestos procesales y decisión a adoptar

28. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que encuentra
reunidos los presupuestos para dictar sentencia, al ser la de reparación directa la
acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad por los daños

22 Índice 11 Samai.
23 Índice 24 Samai.

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Radicación: 250002336000-2017-00310-01 (67208)
Actor: Infinagro
Demandado: Nación – Rama Judicial - otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma y niega las pretensiones
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causados por error jurisdiccional contenido en un laudo arbitral y el error judicial
en la decisión que resuelve el recurso de anulación contra el laudo.

29. Respecto de la legitimación pasiva en la causa por el error contenido en
la decisión que resolvió el recurso de anulación, no cabe duda de que la
responsabilidad recaería sobre la Nación – Rama Judicial comoquiera que, quien
profirió la decisión, fue el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil. Respecto del
error contenido en el laudo arbitral, de conformidad con un antecedente de
esta Sala de Subsección24, la legitimación también recae en la Nación – Rama
Judicial. Para arribar a esa conclusión se tuvo en cuenta 2 aspectos:

30. 1) Que los árbitros cuando profieren un laudo arbitral son una autoridad
pública, comoquiera que ejercen la función pública jurisdiccional25 y,
adicionalmente, que son agentes judiciales porque la Ley 270 de 1996 así lo
dispuso26. Ello implica que, en desarrollo de la función pública que les fue
conferida, su actuación comprometa la responsabilidad del Estado en los
términos de los artículos 90 constitucional y 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996.

31. 2) Que la justicia es una función pública, soberana e intransferible en su
titularidad a los particulares y que, en esa medida, la responsabilidad por su
ejercicio es de la Nación y, específicamente, en la Nación- Rama Judicial
porque, entre otras: en virtud del principio de separación de poderes el
depositario de la función jurisdiccional es la Rama Judicial, los árbitros ejercen
una función jurisdiccional transitoria (artículo 116 CP) que, por regla general,
corresponde a la Rama Judicial y el arbitraje constituye un mecanismo
alternativo de solución de litigios y controversias y de administración de justicia,
que benefician a la Rama Judicial pues evitan su congestión. A pesar de que
sean las partes las que confieran competencia concreta a los árbitros a través
de las cláusulas compromisorias o de los pactos arbitrales, su actividad no se
convierte, por este solo hecho, en una función privada, ajena al Estado, y por el
contrario, los árbitros administran justicia por mandato y autorización de la
Constitución y de la Ley y en nombre de la República. Es decir que, en los términos
del artículo 90 de la Constitución, los árbitros son agentes del Estado y sus
actuaciones comprometen la responsabilidad institucional de éste.

32. Respecto de lo alegado en la apelación, esto es, que la Sentencia no se
pronunció sobre la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Justicia debe
recordarse que, en la Audiencia Inicial celebrada el 5 de julio de 2019, se declaró
la falta de legitimación de esta autoridad sin que la parte hubiera interpuesto

24 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. MP. Fredy Ibarra Martínez. Rad interno. 39798. Octubre 11 de 2021-

Con aclaración de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz.
25 De conformidad con el artículo 116 de la Constitución Política, 13 de la Ley 270 de 1996 y la Sentencia C 451 de 1995
26 De conformidad con el Capítulo VI de la Ley 270 de 1996. El artículo 65 indicó que el Estado respondería

patrimonialmente por los daños causados por sus agentes judiciales. El artículo 72 precisó que, cuando el Estado fuera
condenado por un daño causado por funcionario o empleado judicial con dolo o culpa grave debería repetirse contra
ese. Más adelante, el artículo 74, señaló que la expresión funcionario o empleado judicial comprendía a los particulares
que ejercieran transitoriamente función pública, por ejemplo, un árbitro. En ese orden, si el Estado puede repetir contra
un árbitro es porque el Estado puede ser condenado por un daño antijurídico causado por dicho árbitro.

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Radicación: 250002336000-2017-00310-01 (67208)
Actor: Infinagro
Demandado: Nación – Rama Judicial - otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma y niega las pretensiones
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recursos. Luego, no había lugar a pronunciarse27. Respecto de que debió
vincularse a los herederos del árbitro, también debe señalarse que, mediante
Auto de 26 de noviembre de 2016, se resolvió no continuar con el trámite de
notificación del árbitro debido a su fallecimiento, sin embargo, contra esa
decisión tampoco se interpuso recursos y no se alegó que la notificación debía
continuarse contra los herederos. Luego, ese aspecto quedó resuelto y la parte
interesada no puede, ahora, aprovechar una oportunidad procesal que no
corresponde, para reabrir el debate.

33. En todo caso, debe precisarse que la función jurisdiccional ejercida por los
árbitros compromete la responsabilidad patrimonial del Estado y no, como se
pretendió, la responsabilidad directa de los árbitros. Ellos, podrían ser llamados
en garantía con fines de repetición o, de manera posterior a la condena, ser
demandados mediante una acción de repetición, situaciones que no ocurrieron
en el presente asunto y que no desvirtúan la responsabilidad institucional del
Estado por las acciones u omisiones de sus agentes.

34. Respecto de la oportunidad debe tenerse en cuenta que, al tratarse de
un error judicial, la caducidad debe contarse desde la ejecutoria de la decisión
que contiene el supuesto error. En este caso, se contará desde la ejecutoria del
recurso extraordinario de anulación porque la parte demandante pretendió que
se enmendara el supuesto error a través de este recurso, luego, solo hasta su
resolución, la parte tenía certeza de la situación que ahora se discute.

35. Se advierte que, contra el laudo arbitral se interpuso el recurso de
anulación el cual fue resuelto mediante Sentencia de 2 de julio de 2015
ejecutoriado el 15 de julio de 2015. La solicitud de conciliación extrajudicial ante
la Procuraduría General de la Nación se realizó el 29 de noviembre de 2016. El 23
de febrero de 2017 se declaró fallida28. El 24 de febrero de 2017 se presentó la
demanda, es decir, dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164
del CPACA.

36. La Sala analizará, de conformidad con el artículo 328 del código General
del Proceso29, los argumentos expresamente planteados en el recurso de
apelación.

37. La Sala confirmará la sentencia apelada porque no encontró en el recurso
de apelación argumentos que configuren un error en el laudo y en la sentencia
que resolvió el recurso extraordinario de anulación, y, por el contrario, esta Sala

27 Revisar pie de página 17
28 Folio 1 Cuaderna de pruebas
29 “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin

perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas
partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación
no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia.”

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Radicación: 250002336000-2017-00310-01 (67208)
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Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma y niega las pretensiones
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coincide con los fundamentos de la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. En la medida que no hubo argumentos respecto a
la decisión de absolver a la Cámara de Comercio la Sala también confirmará
esa decisión. Como la condena en costas impuesta en la primera instancia no
fue objeto del recurso, la Sala no hará valoraciones sobre ese aspecto del fallo.

2.2 Análisis sustantivo

38. Se probó que, en mayo de 1998, se celebró un contrato de mutuo
comercial entre el señor Arias Gutmann y Credi Automóviles S.A. –Ahora
Infinagro-30. En virtud de ese acuerdo, el señor Arias recibió $ 120.000.000 y $
590.400 y se comprometió a pagar el capital más los intereses acordado. El
mutuo estuvo respaldado con dos pagarés31. De igual forma, mediante escritura
de 3 de junio de 1998, el señor Arias Gutmann compró un Apartamento32 y
constituyó hipoteca abierta sin límite de cuantía en favor de Credi Automóviles
S.A33. En el Folio de Matrícula se registró la compraventa en favor de Arias
Gutmann y la hipoteca en favor de Credi Automóviles34.

39. Se probó que, aunque Credi Automóviles adelantó proceso ejecutivo
hipotecario con los pagarés como títulos (2001-00255) con el fin de recuperar lo
prestado, el mismo se terminó a solicitud de la parte ejecutante quien le informó
al juez que, entre las partes, se efectuó por acuerdo una dación en pago del
Apartamento y era necesario terminar el proceso ejecutivo y cancelar las
medidas cautelares de embargo y secuestro para registrar el aludido acuerdo35.
De igual forma, se probó que, aunque Credi Automóviles adelantó un proceso
abreviado de entrega del bien inmueble del tradente al adquirente (2003-00525)
que tuvo sentencia de segunda instancia favorable36, mediante Laudo Arbitral 2
de diciembre de 2014 ese proceso fue declarado sin efectos y se ordenó la
restitución del bien inmueble en favor de Arias Guttman.

30 Folios 3 y 4 de Cuaderno de pruebas
31 Pagaré No. CA-9877215 de 28 de mayo de 1999 y Pagaré CA No. 9877214 de 28 de mayo de 1999. Respecto del interés

se pactó 4.5% mensual y en caso de mora por falta de capital y/o intereses, intereses de mora de 4.5% mensual
32 identificado con folio de matrícula 050N-0020159826
33 Folios 18 a 27 del Cuaderno de pruebas
34Anotación 6 y 7 Folio 13 Cuaderno de pruebas

35 Se probó que el 17 de abril de 2001 se interpuso demanda ejecutiva con título hipotecario contra el señor Arias
Gutmann con el fin de que se librara mandamiento de pago por los dos aludidos pagarés y los intereses moratorios (Folios
39 a 44 del Cuaderno de pruebas. Respecto de los intereses moratorios pidió que se tuviera en cuenta la tasa de 4.5%
mensual desde el día en que incurrió en mora: 28/05/1999). Mediante Auto de 14 de mayo de 2001, se pidió que se
ajustara la tasa de interés (En el Auto se indicó “Ajustar la tasa de interés a lo dispuesto en el Artículo 111 de la Ley 510 de
1999”) y, finalmente, mediante Auto de 16 de julio de 2001, se libró mandamiento de pago y se decretó el embargo y
secuestro, medidas cautelares que, en efecto se practicaron (El embargo fue registrado en el folio de matrícula Anotación
11(Folio 52 y 59 Cuaderno de pruebas, además, la parte ejecutante informó que el 25 de julio de 2002 se realizó el
secuestro (Folio 69 Cuaderno de prueba).
No obstante lo anterior, el 30 de diciembre de 2002, las partes, mediante escritura pública suscribieron contrato de dación
en pago (Folios 83 y siguientes del Cuaderno de pruebas. Respecto de la entrega del bien se indicó “ENTREGA MATERIAL:
El deudor se obliga a entregar materialmente el bien dado en pago a la firma de este contrato, ya que con anterioridad
al presente acto lo había dado en arrendamiento y comunicara en el acto a los inquilinos sobre esta transacción”) y, en
enero de 2003, el representante legal de Credit Automóviles S.A., pidió que se cancelaran las medidas cautelares dentro
del proceso ejecutivo “en virtud de haber sido recibido el inmueble hipotecado a título de dación en pago” y en marzo
de 2003, Credit Automóviles pidió que se terminara el proceso ejecutivo e insistió en que se cancelaran las medidas
cautelares, petición, acogida por el Juez Civil el 14 de marzo de 2014.
36 Folios 107 a 116 Cuaderno de pruebas No. 2

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40. En consecuencia, está probado que la parte demandante, perdió la
garantía que respaldaba el contrato de mutuo por el cual prestó $ 120.590.400
de capital, más los intereses.

41. La Sala advierte que las decisiones enjuiciadas cumplen con los
presupuestos de error del artículo 67 de la Ley 270 de 1996 comoquiera que se
agotaron los recursos y gozan de firmeza.

42. En el caso concreto, no es cierto que hubiera existido error en las decisiones
alegadas. Para revisar este punto, se examinará, en los términos del recurso de
apelación, en primer lugar, si, en efecto, se configuró un error en el laudo arbitral
y, posteriormente, en la decisión que resolvió el recurso de anulación.

2.2.1 Estudio del error jurisdiccional que se atribuye al laudo arbitral

43. Esta sección se desarrollará en dos partes. En la primera se harán
consideraciones sobre el estándar del error jurisdiccional cuando se esté frente a
un laudo arbitral como en el caso concreto; en la segunda parte, se estudiará si
se configuró el error.

44. En lo que respecta a la apreciación de error jurisdiccional en laudos
arbitrales como el que, ahora, ocupa a la Sala, se debe señalar que para
establecer la responsabilidad del Estado por errores contenidos en providencias
judiciales de los jueces de la República, la jurisprudencia administrativa ha
determinado que no cualquier discordancia con el juicio realizado por el juez
puede ser considerado como un error y, por el contrario, se requiere que se trate
de una decisión que no pueda tener asidero jurídico o respaldo hermenéutico
alguno.

45. Cuando una controversia es sometida a la justicia arbitral, por decisión de
los interesados, ello necesariamente implica tener en cuenta un elemento
adicional, que es inexistente en los procesos que se adelantan ante la justicia
ordinaria: la autonomía de la voluntad. Mientras que en la justicia estatal los
jueces son seleccionados mediante concursos públicos, capacitados dentro del
sistema de carrera y allí son calificados, con las garantías institucionales de
inamovilidad propias de la independencia y autonomía judicial y los procesos
son sometidos al sistema de reparto, en la justicia arbitral, son las partes las que
determinan su funcionamiento así como, incluso, su elección. La decisión de las
partes de acudir a la justicia arbitral no puede ser entendida de otra manera sino,
como una negativa de que el asunto sea conocido por los jueces institucionales
y, por lo tanto, una confianza especial en los árbitros para decidir el asunto, lo
que les confiere un amplio y especial margen de configuración. Ese ejercicio
autónomo de las partes, quienes en desarrollo de la libertad negocial deciden
sujetarse a la justicia arbitral para que dirima su litigio repercute en este escenario
porque, a juicio de la Sala, implica que el juez de la responsabilidad debe ser
consciente y respetuoso de ese mayor margen de apreciación conferido

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voluntariamente por las partes.

46. El respeto de la autonomía de la voluntad presente en el arbitraje impacta
el estándar para la configuración del error jurisdiccional; finalmente son las partes
las que, al poder acceder a la justicia ordinaria, excluyen el asunto de la órbita
del juez y someten la controversia a un particular investido de funciones
jurisdiccionales transitorias, para que la resuelva. Luego, si el asunto fue decidido
por quienes las partes escogieron voluntariamente, en lugar de los jueces de la
República, los involucrados no pueden pretender que el juez de la
responsabilidad juzgue con igual rigor el error contenido en una sentencia judicial
que el que, eventualmente, se presente en un laudo arbitral. Someter al mismo
estándar para la configuración del error judicial, al error arbitral, significaría un
desconocimiento de una situación especial que atañe al origen mismo de esa
decisión jurisdiccional: el pacto o consenso de las partes.

47. Que aumente el estándar para configurar el error jurisdiccional en materia
de laudos arbitrales, significa que el juez debe ser mucho más riguroso en la
verificación de los presupuestos de la responsabilidad del Estado por error
jurisdiccional contenido en laudos arbitrales y que, por lo tanto, sea más
deferente respecto del juicio arbitral, que respecto del juicio judicial; en
particular, la carga argumentativa y probatoria que pesa sobre el demandante,
adquiere una intensidad particular, pues el demandante debe poner de
presente la existencia de un error manifiesto por parte de los árbitros en la
apreciación de los hechos o en la aplicación de la ley. Así mismo, la intensidad
de la valoración del juez para determinar si se configura, o no, un error, también
será mayor. Sin pretender exhaustividad y completud, la Sala considera que,
cuando se esté en un evento en el que se acuse un laudo arbitral de error
jurisdiccional como el que aquí se estudia, para identificar si, en efecto, se
configuró ese error manifiesto es necesario tener en cuenta que:

48. En primer lugar, la carga argumentativa de la parte demandante adquiere
una connotación particular. Si en un error judicial ordinario se exige que la parte
identifique el daño que le causó el error y explique de manera clara en qué
consistió, en un evento de error jurisdiccional contenido en un laudo arbitral,
además de lo expuesto (definir el daño y si se trató de un error de aplicación
normativa, interpretación normativa o valoración probatoria), se requiere que la
parte demandante exponga las razones por las cuales la única solución posible
al litigio era la que afirma; luego, no basta con que señale cuál fue el error, sino
que debe precisar cuál era, entonces, la única decisión correcta y mostrar que,
en efecto, era la sola jurídicamente viable.

49. En segundo lugar, la carga probatoria de la parte demandante aumenta.
Si en un error judicial ordinario la parte demandante tiene la posibilidad de
solicitar como prueba que se pida el expediente al despacho judicial de origen;
en un evento de error jurisdiccional de laudo arbitral, como el que aquí se

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presenta, en el que se discute la competencia del panel arbitral, es necesario
que la parte se asegure de aportar la totalidad del expediente o al menos las
decisiones que involucren la decisión enjuiciada, justamente porque el manejo,
archivo y documentación de un expediente es diferente en un despacho judicial
que en un centro de arbitraje donde, justamente, el panel arbitral que se
conforma es transitorio. En este punto, se aclara que, de ninguna manera se trata
de fijar una tarifa legal y establecer que el error judicial de laudo arbitral
únicamente se prueba con la totalidad del expediente. Ello sería desconocer la
forma de apreciación de las pruebas señalada en el artículo 176 del CGP. De lo
que se trata es de mostrar que, en tanto el panel arbitral es transitorio y que ello
genera una dificultad para que, dentro del proceso judicial, sea requerido el
expediente arbitral, es necesario que la parte interesada allegue, con su
demanda, las piezas procesales que resulten importantes para decidir el caso.
Por ejemplo, en este caso, el auto por medio del cual se asumió competencia.

50. En tercer lugar, la valoración del juez para la formación del juicio se hace
más exigente. En ese orden, no cualquier error tendría la aptitud de configurar
un error judicial. a) si se trata de un error de aplicación o interpretación normativa
únicamente podría configurar un error aquella decisión que hubiera aplicado
una norma completa y abiertamente impertinente, declarada inexequible,
derogada o inexistente; o a aquella decisión que hubiera hecho una
interpretación absurda o contraevidente de la normativa aplicable. b) ahora si
se trata de un error de valoración probatoria, el primer criterio que se debe tener
en cuenta es que la prueba sobre la cual recaiga la valoración tenga tanta
incidencia en el asunto que, al ajustar la valoración, sea indefectible adoptar
una decisión contraria. Superado ello, habrá que revisar que la valoración
indebida o la omisión en la valoración en realidad sea manifiesta y la
equivocación sea flagrante. El error jurisdiccional presente en laudos arbitrales
debe ser, para comprometer la responsabilidad del Estado, grave, flagrante,
determinante y hermenéuticamente insostenible.

51. De manera específica, el error jurisdiccional del laudo por el que se
demanda la responsabilidad en este caso se debe anotar que frente al primer
punto alegado en el recurso, esto es, que el árbitro se equivocó al declarar la
nulidad de la dación de pago porque la sanción del cobro de intereses en
exceso era la pérdida de los intereses y no la nulidad de la dación en pago, la
Sala debe indicar que el actor no cumplió con la carga argumentativa requerida
comoquiera que, en la demanda, no explicó ni desarrolló lo relativo a este punto.
En ese orden, al extremo actor no le era dable agregar en el recurso de
apelación argumentaciones tendientes a estructurar el error. No se desconoce
que en la demanda aludió a los artículos 884 del Código de Comercio y 72 de la
Ley 45 de 1990, sin embargo, se precisa que no explicó su alcance, así como
tampoco manifestó que una cosa era la sanción en materia civil (nulidad) y, otra,
la sanción en materia comercial expresamente en materia del mutuo y cobro en
exceso de intereses (pérdida de intereses). En consecuencia, no hay lugar a

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pronunciarse sobre este aspecto, porque, se insiste, el demandante no hizo lo
propio en la demanda y el Tribunal Administrativo en primera instancia, en
consecuencia, no tenía que pronunciarse al respecto.

52. Frente al segundo punto, esto es, que el árbitro no tenía competencia para
fallar porque no se trató de un contrato, la Sala encuentra que, con las pruebas
aportadas, no es posible considerar que se hizo una interpretación
manifiestamente errónea. En ese orden, la Subsección coincide con el Tribunal
en que, en efecto, de acuerdo con las pruebas sí se trató de un contrato en el
que, además, se pactó una cláusula compromisoria. Revisada le Escritura No.
4568 de 30 de diciembre de 2002, se advierte que en ella se indicó: Contrato:
Dación de pago. De igual forma, se indicó que compareció el acreedor: Credit
Automóviles y deudor: Fernando Alonso Arias Gutmann. Frente al objeto se
indicó: Dación en pago: el deudor transfiere a título de dación en pago, el bien
inmueble. En la cláusula décima se indicó:

“CLÁUSULA COMPROMISORIA: las partes convienen que en el evento que surja
alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente contrato,
será resuelta por un Tribunal de Arbitramento, cuyo domicilio será Bogotá (Lugar de
ejecución del contrato), integrado por árbitros designados conforme a la ley. Los
Arbitramentos que ocurrieren se regirán por lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1991,
Ley 23 de 1991 y en las demás normas que modifiquen o adiciones la materia.”

53. En consecuencia, resulta claro que sí se trató de un contrato (y no solo
porque así lo hayan expresado las partes37) que incluyó la cláusula
compromisoria que habilitaba la competencia del tribunal de arbitraje.
Competencia que, por demás, fue asumida por el panel arbitral mucho antes de
que se profiriera el laudo, esto es, en la primera audiencia de trámite en la que
el Tribunal se declaró competente: 27 de mayo de 2014. En este punto, debe
indicarse que la parte demandante únicamente aportó el Acta No. 1 de 28 de
noviembre de 201338 y el laudo arbitral de 2 de diciembre de 2014. Sin embargo,
no aportó, entre otras, la decisión en la que se asumió competencia, el recurso
de reposición contra esa decisión y la decisión que resolvió el recurso. Decisiones
que se echan de menos en este escenario en donde justamente se discute que
hubo un error al asumir la competencia.

54. Respecto del tercer punto alegado en el recurso, esto es, que existía cosa
juzgada y que el árbitro no debió decidir de fondo, la Sala advierte que, cuando
el árbitro resolvió que no existía cosa juzgada no incurrió en una interpretación
absurda o hermenéuticamente insostenible. En ese orden, en el laudo se indicó
que no existió cosa juzgada porque, en el proceso abreviado, el objeto era la
entrega del bien inmueble y en el proceso arbitral, el objeto era la nulidad del
contrato de dación de pago. En este escenario, la primera instancia adujo que

37 La dación en pago es un acuerdo de voluntades (un contrato) cuyo objeto, en términos generales, consiste en la
entrega (tradición) de un bien como solución (pago) de una obligación previa. “La dación es un acto dispositivo al que
le son aplicables tanto las reglas generales propias de todo negocio como aquellas que particularmente se refieren a la
naturaleza de los bienes que son objeto de transmisión” -se resalta- HINESTROSA, Fernando, Tratado de las Obligaciones I,
1 Ed, Universidad Externado de Colombia, 2002, p. 688.
38 Que declara instalado el Tribunal Arbitral y se admite la demanda.

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esa interpretación parecía razonable. Frente a ello, en el recurso de apelación
se indicó que no se hizo un análisis del proceso ejecutivo 2001-0055 y que, de
haberse hecho, se hubiera concluido la configuración de cosa juzgada.

55. Para la Sala, en primer lugar, el argumento del apelante no guarda
relación con lo resuelto por la primera instancia; si el recurrente quería discutir la
configuración de la cosa juzgada, debía comenzar por explicar por qué el
proceso abreviado y el proceso arbitral tuvieron el mismo objeto, comoquiera
que el raciocinio del tribunal se basó en esos dos escenarios. En segundo lugar,
tampoco es cierto, como lo señala el apelante, que el objeto del proceso
ejecutivo hubiera sido el mismo que el del arbitraje: el proceso ejecutivo tenía
por objeto el cobro de unos títulos valores (pagarés); el proceso arbitral estaba
relacionado con el contrato de dación en pago al que llegaron las partes sobre
las obligaciones que eran materia de ejecución judicial.

56. También alegó el recurrente que la conclusión del laudo arbitral fue
desacertada porque no se demostró que se hubieran cobrado intereses en
exceso. La Sala se aparta del argumento de la parte recurrente. De conformidad
con el laudo, se analizaron los estados de cuenta que sirvieron de base para la
cuantificación del valor de la dación de pago y ahí se concluyó que los intereses
cobrados superaban los intereses permitidos por la entonces Superbancaria.

57. Finalmente, frente a la supuesta indebida valoración probatoria del laudo
arbitral porque el árbitro, supuestamente, no tuvo los elementos que le
permitieran tomar la decisión “verbigracia, experticia contable o financiera”, la
Sala advierte que esa acusación no cumple con la carga argumentativa
requerida, comoquiera que se limita a indicar que hubo una falta de valoración
probatoria, pero el recurrente no se detiene a explicar qué pruebas dejó de
valorar el árbitro, qué prueba valoró inadecuadamente, si la prueba que extraña
fue pedida, decretada y practicada, si el árbitro debía decretarla de oficio, qué
incidencia hubiera tenido esa prueba en el laudo arbitral, qué diferencia hubiera
existido entre la prueba extrañada y los estados de cuenta que sirvieron de base
de la dación de pago. En consecuencia, ante la falta de argumentación la Sala
no puede establecer la existencia de un error jurisdiccional.

58. A partir de todo lo expuesto, la Sala concluye que no se configuró el error
alegado en el laudo arbitral.

2.2.2 Estudio del error judicial en la decisión que resolvió el recurso de anulación
del laudo

59. En lo atinente a la decisión que resolvió el recurso de anulación contra el
laudo arbitral, la parte apelante sostuvo que esa decisión contiene un error
porque no tuvo en cuenta los precedentes jurisprudenciales que indicaban que
la dación en pago no podía estar sometida a arbitraje. Para la Sala, este
argumento no tiene la aptitud de modificar lo resuelto por la primera instancia

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Radicación: 250002336000-2017-00310-01 (67208)
Actor: Infinagro
Demandado: Nación – Rama Judicial - otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma y niega las pretensiones
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comoquiera que, en primer lugar, en virtud de la naturaleza del acuerdo de
voluntades que suscribieron las partes (contrato de dación en pago) y la cláusula
compromisoria (que cobijó las controversias que surgieran entre los contratantes
por razón o con ocasión de ese contrato), queda claro que la controversia sí
podía someterse a arbitraje.

60. Pero, adicionalmente, aunque el demandante señaló que se
desconocieron los precedentes, no explicó cuáles eran estos y, sobre todo, por
qué tales decisiones constituían técnicamente precedente ineludible para
decidir ese caso. Revisado el recurso de apelación, se advierte que se alude a
dos decisiones de la Sala de Casación Civil39, sin embargo en el extracto que
refiere no se establece que el contrato de dación no era susceptible de arbitraje.
Revisada una de las decisiones40 lo que se advierte es que en ella se concluyó
que la dación en pago no se le podía aplicar la lesión enorme, pero de ahí, no
se puede entender -y menos en este escenario- que la dación en pago en el
caso concreto no era susceptible de nulidad y menos aún que no era susceptible
de arbitraje.

61. En consecuencia, dado que no se probó el error grave, la Sala confirmará
la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

2.3 Sobre la condena en costas

62. El artículo 188 del CPACA estableció que “salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”. De acuerdo con el numeral primero del artículo 365 del
Código General del Proceso, aplicable a la única instancia, “se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, (…)”. El artículo 361 del CGP indicó que
las costas se componían de expensas y gastos sufragados en el proceso y
agencias en derecho.

63. La Sala considera razonable tasar las agencias en derecho, las cuales se
fijarán en 6 SMMLV en favor de la Cámara de Comercio y 6SMMLV en favor de
la Rama Judicial. De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados
durante el proceso, se procederán a liquidar por Secretaría en el caso de que se
hubieren causado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

39 Exp. 2002-00015-01 Sentencia de1 de diciembre de 2008 y Exp. 1998-00058-01 Sentencia de 6 de julio de 2007
40 Exp. 2002-00015-01

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Radicación: 250002336000-2017-00310-01 (67208)
Actor: Infinagro
Demandado: Nación – Rama Judicial - otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma y niega las pretensiones
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RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 5 de noviembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por las
razones expuestas.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante. Fijar por agencias en
derecho 6 SMMLV en favor de la Cámara de Comercio y 3 SMMLV en favor de la
Rama Judicial. Las otras costas (expensas y gastos) serán liquidadas por
Secretaría en el caso de que se hubieren causado.

TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene,
expídanse copias de la presente decisión.

CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmando electrónicamente Firmando electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
ACLARA VOTO ACLARA VOTO

Firmando electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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