Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02357-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02357-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2017-02357-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 17 de julio de 2025
Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)
Actor: PAR Telecom
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: acción de reparación directa – error jurisdiccional –se configura por
desconocimiento del presupuesto de la inmediatez en la acción de tutela // Error
jurisdiccional – Su análisis es procedente cuando una providencia revocada produjo
efectos.
Síntesis del caso: dentro del trámite de una acción de tutela promovida por ex empleados
contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, se profirieron sentencias
adversas a este último, en cumplimiento de las cuales se pagaron mesadas pensionales.
Las decisiones que accedieron al amparo fueron revocadas por la Corte Constitucional en
Sentencia de Unificación SU-377/14.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 24 de agosto de 2022, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Subsección C- negó las
pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en el artículo 150, en concordancia con el artículo 152 del
CPACA.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Trámite relevante en primera instancia; 1.4. Sentencia de primera instancia; 1.5. Recurso de
apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 14 de diciembre de 20171, el Patrimonio Autónomo de Remanentes
Telecom y Teleasociadas en Liquidación, en ejercicio de la acción de
reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial en
la que solicitó:
“1. Que la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, sea declarada responsable por los daños
sufridos por la parte demandante fruto del error judicial cometido dentro de la acción
de tutela iniciada en el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba (Bolívar) y cuyo
trámite consta en el expediente con radicación 132443189001200906600, que fue
resuelta definitivamente mediante la sentencia SU-377 de 2014 y el Auto A-503 del 22
de Octubre de 2015 de la Honorable Corte Constitucional”.
1 Folio 3 del archivo pdf disponible en el índice 2 Samai, “7EDEXP TRIBUNAL_1DEMANDAYPODER201702357ZIP(.zip)
NroActua 2”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)
Actor: PAR Telecom
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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2. Síntesis de los perjuicios reclamados:
-$531’151.373,65, suma que se reclamó debidamente actualizada.
Perjuicios -“Los intereses bancarios corrientes y de mora que generaban los
materiales anteriores dineros mientras estaban en la cuenta de la convocante”
desde la fecha de los desembolsos y hasta la fecha del pago definitivo.
3. Como fundamentos de hecho relevantes que fundamentaron las
pretensiones, la parte actora afirmó:
4. 1) El 30 de diciembre de 2005, el liquidador de Telecom en Liquidación
y Teleasociadas en Liquidación (Fiduciaria la Previsora), celebró un contrato
de fiducia mercantil con el Consorcio Remanentes Telecom (conformado
por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A.) para la constitución del
“Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en
Liquidación – PAR”2 (en adelante PAR).
5. 2) 48 personas3 promovieron acción de tutela alegando que no
habían sido incluidas en el PPA (Plan de Pensión Anticipada); solicitaron el
reconocimiento de la pensión, y el pago de las mesadas a que tenían
derecho desde la fecha de su desvinculación.
6. 3) El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Córdoba (Bolívar)
profirió Sentencia el 17 de noviembre de 2009, en la que tuteló los derechos
fundamentales de los accionantes y le ordenó al PAR incluirlos en el Plan de
Pensión Anticipada y pagarles las mesadas pensionales causadas desde el
momento de su desvinculación y hasta que se produjera el reconocimiento
definitivo de su pensión. En Sentencia de 5 de de febrero de 2010, el Juzgado
Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar, confirmó el fallo recurrido,
con excepción del numeral tercero, donde se establecían valores
específicos a pagar a favor de cada accionante.
7. 4) El expediente llegó a revisión de la Corte Constitucional, que por
Auto de 12 de mayo de 2010 ordenó acumular en un solo caso las
demandas de tutela por acreencias laborales contra el PAR Telecom. A este
caso le correspondió el radicado T-2587255. Por Auto de 14 de julio de 2010,
esa corporación suspendió todas las ordenes proferidas por los jueces en las
tutelas que eran objeto de revisión.
2 PAR cuya finalidad, según se afirmó en la demanda, era: “…la administración y enajenación de los activos no
afectos a la prestación del servicio; la administración, conservación, custodia y transferencia de los archivos; la
atención de las obligaciones remanentes y contingentes, así como de los procesos judiciales, arbitrales o
reclamaciones en curso al momento de terminación de los procesos liquidatorios”.
3 Ruth Virginia Montero Ayazo, Harold Ernesto Acosta Moreno, Sonia Paulina Almeida Arellano, Wilmer Fernando
Álvarez Vergara, Bernardo Barbosa Suárez, Iris Isabel Barrios Salgado, Mireya Beltrán Rodríguez, Benjamín Antonio
Benedetty Galvis, César Hernán Bohórquez Mahecha, Luis Gabriel Cáceres Corredor, Martha Camacho Esteban,
Omar Eduardo Canchala Quiroz, Julieta Cárcamo Zea, José Armando Chávez Rocha, Jesús Mussoliny Chicaiza
Muñoz, Gustavo De Castro Palmarini, Hernán Díaz Mejía, Juan Escobar Torres, Irina Eunice Forestiery Hernández, Luis
Ángel Gallego Ramírez, José Armagot Garavito Vargas, Henry Garcés Oscar, William Gómez, Adriana María
Gutiérrez Agudelo, Rodolfo Rito Gutiérrez Fajardo, Gustavo Antonio Jurado, Cristina Lozano Bustos, Luis Arturo
Martínez Realpe, Carlos Samuel Meza Becerra, Enrique Olaya Molina Casanova, José Ignacio Murcia, Rodolfo
Nelson Negrete, Ricardo Alirio Patiño Morillo, José Antonio Revelo Concha, Carmenza Lucía Revelo Narváez, Jorge
Hugo Rivera Salgado, Edipza Maryori Romo Eraso, Wilson William Salazar Romero, José Alberto Sánchez Camacho,
Jorge Luis Simbaqueba Barrera, María Josefina Solarte Rosero, Carlos Arturo Soler Romero, Nancy del Socorro
Taborda Cortés, Luis Fernando Tello, Elena del Socorro Vega Altamiranda, César Ventura Castellanos Cáceres, Julia
Escilda Weber Angulo, Faunier Zapata.
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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)
Actor: PAR Telecom
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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8. 5) En la Sentencia SU-377/14, la Corte Constitucional: 1. Revocó en su
totalidad las sentencias proferidas en la acción de tutela T-2587255; 2.
declaró improcedente la acción en relación con la mayor parte de los
accionantes por incumplir el presupuesto de la inmediatez; 3. negó el
amparo solicitado por siete accionantes porque no se encontraban en el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (que era requisito para acceder
al PPA) y 4. declaró que había cosa juzgada en el caso de cinco
demandantes.
9. 6) En cumplimiento de los fallos de tutela revocados por la Corte
Constitucional, entre enero y mayo de 2010, el PAR Telecom realizó pagos
por operaciones bancarias a los accionantes por $531’151.373,65.
10. 7) Por las irregularidades sustanciales y procesales descritas en la
Sentencia SU-377/14, el PAR solicitó a la Corte que adicionara la sentencia
de unificación que, como lo había hecho en casos anteriores, ordenada de
manera expresa que se restituyeran las sumas pagadas en cumplimiento de
las sentencias de tutela revocadas. Sin embargo, la solicitud fue negada en
el Auto A503 de octubre de 2015.
11. En los fundamentos de derecho de la demanda, la parte actora
afirmó que el error judicial se materializó: 1. al conceder el amparo sin que
se cumpliera con el presupuesto de la inmediatez; 2. concederlo a personas
que no cumplían con los requisitos del PPA; 3. al violar el principio de
igualdad del PAR y 4. al desconocer la Corte Constitucional su propio
precedente, pues en el caso de la tutela T-2587255, omitió ordenar la
devolución de los dineros pagados con ocasión de las sentencias de tutela
de primera y segunda instancia, orden que sí había dado en casos similares.
1.2. Posición de la parte demandada
12. La Rama Judicial propuso las excepciones de “ausencia de causa
petendi” porque el PAR no argumentó debidamente la existencia del error
judicial; “culpa exclusiva de la víctima”, con fundamento en que la parte
demandante no agotó todos los mecanismos con los que contaba para
recomponer su patrimonio (acción de enriquecimiento sin causa). Por
último, alegó el “hecho de un tercero”, pues el daño sería imputable a la
conducta de quienes promovieron la acción de tutela4.
1.3. Trámite relevante en primera instancia
13. Por Auto de 23 de enero de 2019, el Tribunal negó el llamamiento en
garantía que hizo la Rama Judicial a los jueces que profirieron las decisiones
de tutela revocadas por la Corte Constitucional.
1.4. Sentencia de primera instancia
4 Índice 2 Samai, “5EDEXP TRIBUNAL_3CONTESTACIONESZIP(.zip) NroActua 2”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)
Actor: PAR Telecom
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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14. En sentencia anticipada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
negó las pretensiones de la demanda5. Consideró que, a pesar de que el
daño reclamado estaba acreditado, no se demostró su antijuridicidad ya
que las decisiones cuestionadas estaban respaldadas en el principio de
autonomía judicial y no contenían razonamientos manifiestamente
contrarios a la ley, sin que su revocatoria por parte de la Corte Constitucional
determinara que se hubiera incurrido en un error judicial. Al respecto, precisó
“que la simple revocatoria a decisión judicial, no constituye error judicial, y
que la estructuración de éste, impone a la activa, descorrer la presunción
de legalidad que ampara las providencias judiciales, evidenciando que
contiene vulneración grosera del ordenamiento”.
15. Agregó que la Corte Constitucional “no resolvió el fondo del asunto,
es decir, no estableció si los accionantes dentro de la acción de tutela
2587255 cumplían o no con los requisitos legales para ser beneficiados del
Plan de Pensión Anticipada – PPA(…); es decir, no emitió pronunciamiento
alguno respecto de posible irregularidades en dichos pronunciamientos que
constituyeran error judicial, pues por el contrario la revocatoria se limitó en
su interpretación del principio de inmediatez en el caso concreto”.
16. Por último, consideró que la Corte Constitucional no incurrió en un
error jurisdiccional al no ordenar la devolución de los dineros recibidos por
quienes promovieron las demandas de tutela, pues no era contrario a
derecho el argumento que expuso: que el PAR podía buscar la
recomposición de su patrimonio mediante el ejercicio de los instrumentos
legales, entre ellos, la acción de enriquecimiento sin causa.
1.5. Recurso de apelación
17. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia. Alegó: 1. Que
era equivocado sostener que, como la sentencia SU-377/14 no había
estudiado de fondo los derechos de los tutelantes de la acción 2587255,
entonces ello excluía la existencia de un error jurisdiccional. En criterio del
recurrente, esa apreciación era errada, “pues el error judicial no está
limitado a defectos sustanciales de la jurisdicción, sino a todas aquellas
decisiones de índole judicial que causan un daño antijurídico. Por lo anterior,
el hecho de que en sede de tutela se concedan pretensiones ignorando el
requisito de inmediatez es un error judicial, pues en una decisión del juez de
tutela que desconoce el claro precedente en cuanto la oportunidad para
presentar las acciones de tutela se refiere” -se resalta-. 2. La Corte
Constitucional, aunque tenía el deber de hacerlo, no explicó las razones que
la llevaron a desconocer precedentes invocados por el PAR, en los que esa
corporación había ordenado la restitución de las sumas recibidas con
ocasión de acciones de tutela revocadas relacionadas con hechos
similares.
5 Índice 49 Samai de la primera instancia.
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Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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18. La parte demandada se pronunció sobre el recurso de apelación y
contrastó los argumentos del recurrente con los de la sentencia apelada.
Solicitó tener en cuenta la posición que expuso en la contestación de la
demanda y en los alegatos de conclusión de la primera instancia.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisiones a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3.
Sobre la condena en costas.
2.1. Presupuestos procesales y decisiones a adoptar
19. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que
encuentra reunidos los presupuestos para dictar Sentencia, al ser la de
reparación directa la acción procedente para buscar la declaratoria de
responsabilidad por los daños causados por error jurisdiccional; además,
porque la acción se promovió de manera oportuna.
20. En este asunto todas las decisiones proferidas en el trámite de la
acción de tutela a la que se refieren los hechos de la demanda, fueron
suspendidas por la Corte Constitucional en el Auto 241 de 20106, suspensión
que se extendería hasta que se tomara una decisión de fondo dentro del
trámite de su revisión (en el que a esa acción le correspondió el radicado
“T-2587255”). En la Sentencia SU-377/14, la Corte revocó las sentencias de
primera y segunda instancia que eran objeto de análisis.
21. Era a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la Sentencia de
Unificación proferida el 12 de junio de 2014 (decisión que fue corregida y
aclarada en Auto de 503 de 22 de octubre de 2015, notificado, según lo
estableció el Tribunal, por estado el 3 de noviembre de 2015), que
empezaba el conteo de la caducidad. La demanda de reparación directa
debía radicarse, entonces, a más tardar el 4 de noviembre de 2017. La
promovida el 14 de diciembre de 2017, fue oportuna, si se tiene en cuenta
que el plazo de caducidad estuvo suspendido entre el 20 de octubre de
2017 y el 30 de noviembre del mismo año (por 41 días), de manera que el
plazo para demandar se extendió hasta el 15 de diciembre de 2017)7.
22. Decisiones a adoptar
23. En esta sentencia, la Sala revocará la decisión apelada y accederá
parcialmente a las pretensiones de la demanda por lo siguiente: 1) Existe
prueba del daño alegado; 2) en el estudio del error jurisdiccional se
6 En el resumen de las actuaciones adelantadas por la Corte Constitucional, contenido en la Sentencia de
Unificación, se lee: “En virtud del artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, y tras advertir que la medida a adoptar no implicaba de manera alguna prejuzgamiento o
anticipación del sentido de la sentencia definitiva, la Sala Plena de la Corporación profirió el Auto 241 de 2010, el
catorce (14) de julio de dos mil diez (2010), ordenando suspender las decisiones proferidas por los jueces de tutela
de los expedientes objeto de revisión que se enlistan a continuación: (…) T-2587255 (…)”.
7 Como consecuencia del trámite de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, el cual se
adelantó ante la Procuraduría General de la Nación (fl. 195, índice 2 Samai, “3EDEXP TRIBUNAL_5PRUEBASZIP(.zip)
NroActua 2”).
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Decisión: Revocar
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establecerá: 1. que ese daño es atribuible a la demandada en relación con
las acciones de tutela que fueron concedidas a pesar de no cumplir con el
presupuesto de la inmediatez; a propósito de las tutelas que fueron
revocadas por la Corte Constitucional por la existencia de cosa juzgada y
por incumplimiento de los requisitos para acceder al PPA, el recurrente no
elevó reparos concretos. 2. No se configuró un error jurisdiccional en el Auto
aclaratorio de la Sentencia de Unificación, cuando la Corte se negó a incluir
en esa sentencia una orden de restitución. 3) En la liquidación de perjuicios,
se reconocerá el valor actualizado de las sumas de dinero de las que existe
prueba de que fueron pagadas con ocasión de las sentencias de tutela que
no cumplían con el presupuesto de la inmediatez. La Sala se abstendrá de
reconocer los intereses en la forma solicitada en la demanda. 4) Por último,
se condenará en costas de ambas instancias a la parte demandada.
2.2. Análisis sustantivo
2.2.1. Existencia del daño
24. El objeto de la reparación directa es indemnizar un daño. En este
caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo por acreditado el
daño a partir de las pruebas incorporadas a la actuación, aspecto que no
fue materia de discusión. Sin embargo, de una revisión del expediente, la
Sala tiene por demostrado que:
25. 1) Con ocasión de una acción de tutela promovida por 48 ex
trabajadores de Telecom, el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba
(Bolívar), en Sentencia de 17 de noviembre de 2009, tuteló los derechos
fundamentales de los accionantes a “la igualdad, seguridad social y mínimo
vital”. Ordenó al PAR que, dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de
notificación del fallo: 1) les reconociera el derecho a la pensión anticipada
2) los incluyera en la nómina del PPA y 3) les pagara las mesadas dejadas
de percibir, indexadas desde la fecha de la desvinculación y hasta que se
les notificara el reconocimiento pensional. Además, 4) le ordenó realizar los
aportes de seguridad social causados entre el despido y hasta que se
incluyera a los accionantes en el PPA8.
26. 3) En Sentencia de 5 de febrero de 2010, el Juzgado Promiscuo de
Circuito de El Carmen de Bolívar confirmó esa sentencia, con excepción del
numeral tercero de su parte resolutiva, en el que se había ordenado el pago
de sumas concretas de dinero a favor de cada accionante a título de
mesadas dejadas de percibir. El juez de apelación revocó esa puntual
determinación, argumentando que no existía prueba en el proceso de las
operaciones matemáticas, ni de los soportes de las liquidaciones realizadas
por el Juzgado Promiscuo Municipal.
27. 4) Por último, se allegó prueba de que a los 48 accionantes les fueron
pagados, entre enero y mayo de 2010, la suma de $531’151.373,65. De ello
8 Folio 116 y siguientes, índice 2 Samai, “3EDEXP TRIBUNAL_5PRUEBASZIP(.zip) NroActua 2”.
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dan cuenta los comprobantes de transferencia realizados por el Banco de
Occidente y el Banco Agrario a la cuenta bancaria de cada uno de ellos9.
2.2.2. Análisis del error jurisdiccional en el caso concreto
28. Aunque está demostrado que las sentencias proferidas por los
Juzgados Promiscuo Municipal de Córdoba y Promiscuo del Circuito de El
Carmen de Bolívar, en las que se soportaron los pagos ya identificados,
fueron revocadas en su totalidad por la Corte Constitucional en Sentencia
de Unificación de 12 de junio de 2014, esta corporación ha reconocido que,
en los casos de decisiones que no adquieren firmeza, pero que surten
efectos inmediatos, los daños que eventualmente cause su cumplimiento,
como acá sucedió, deben ser examinados a partir de los presupuestos del
error judicial10.
29. En esta parte de la decisión la Sala expondrá: 1. las razones por las
que las decisiones proferidas por los juzgados promiscuos fueron
constitutivas de error judicial, al conceder tutelas sin el cumplimiento del
presupuesto de la inmediatez; 2. los motivos por los cuales no puede
predicarse un error judicial por parte de la Corte Constitucional, al no haber
ordenado en la Sentencia de Unificación que los beneficiarios de los pagos
restituyeran los valores recibidos.
30. Error jurisdiccional al conceder tutelas promovidas sin el cumplimiento
del requisito de inmediatez. Los fallos de tutela proferidos por los jueces
promiscuos de Córdoba y El Carmen de Bolívar, configuraron errores
jurisdiccionales porque las acciones de tutela eran, en la mayoría de los
casos, improcedentes. En respaldo de esa tesis, la Sala se referirá a la
Sentencia de Unificación proferida por la Corte Constitucional de 12 de junio
de 2014, que revisó los fallos acá cuestionados; enseguida, hará algunas
consideraciones puntuales sobre el error judicial en el que incurrieron esas
decisiones.
31. Sentencia SU-377/14 de la Corte Constitucional. A la acción de tutela
promovida por Ruth Virginia Montero Ayazo y otros, la Corte le asignó el
Radicado T-2587255. Probablemente con ocasión del considerable número
de tutelas que habían sido promovidas y concedidas contra el PAR Telecom
9 Mesada de enero de 2010 por $90’991.689,65; febrero por $105’912.076,00; marzo por $110’225.450,00; abril por
$110’055.162,00 y mayo por $113’966.996,00, para un total de $531’151.373,65 (fl. 165-181, índice 2 Samai “3EDEXP
TRIBUNAL_5PRUEBASZIP(.zip) NroActua 2”.)
10 En los casos en los que se alega un error jurisdiccional provocado por una decisión judicial que no cobra firmeza
porque es revocada, (como acá sucedió), esta corporación ha asumido dos posturas en las que, en todo caso,
se ha resuelto estudiar de fondo el respectivo asunto. “La primera, señala que, aunque no procede el estudio del
error judicial, por falta de un presupuesto, sí debe estudiarse si existió o no una falla en el servicio de administración
de justicia. La segunda, argumenta que, el hecho de que hubiera producido efectos y con ello un daño cierto,
constituye razón suficiente para estudiar el error judicial pues exigir la firmeza, por ejemplo, en las sentencias de
tutela que se ejecutaron sin cobrar firmeza contraría la finalidad de la disposición” (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de octubre de 2021, 25000- 2326-000-2009-00554-01
[48443]). Expuesto lo anterior, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (270 de 1996) estableció los títulos por
los cuales debe responder el Estado ante una acción de uno de sus agentes, por lo que la Sala se sujetará a ello
y estudiará si, en las decisiones judiciales cuestionadas por la parte demandante, se incurrió en error judicial.
Respecto de la falta de firmeza de la decisión, la Sala comparte lo ya expuesto por esta corporación, esto es: que
la interpretación de esa disposición no puede ser aquella en la que la ausencia de la firmeza formal impida el
estudio cuando una decisión se ha ejecutado, ha producido efectos y ha causado un daño cierto.
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Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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(comprometiendo en muchos de ellos cuantiosas sumas de dinero), por
afectaciones que la Corte agrupó en tres grandes grupos (fuero sindical,
reten social y Plan de Pensión Anticipada), en la Sentencia SU-377/14 la
Corte unificó “los criterios de procedencia que deben tener en cuenta los
jueces de la República, al resolver tutelas por derechos fundamentales
supuestamente conculcados en el desenvolvimiento de procesos de
liquidación de entidades públicas”.
32. Determinó que el estudio de la inmediatez seguía siendo una
constante, e ilustró su postura argumentando que una demanda
presentada con 2 o más años, salvo que se acreditara suficientemente el
motivo de la tardanza (lo que no ocurrió en la mayoría de los casos), no
cumplía con dicho presupuesto11. Identificó que la solicitud de amparo
dentro de la tutela T-2587255 buscaba el reconocimiento y pago de una
pensión anticipada y resolvió que: 1. La acción de tutela de la mayor parte
de accionantes (36 en total12), no cumplía con el presupuesto de la
inmediatez, por lo que la acción era improcedente. 2. En la acción
promovida por otros (5 demandantes13), había cosa juzgada y 3. en relación
con las situaciones de los restantes (7 accionantes14), la Corte concluyó que
la tutela debió negarse, porque ninguno cumplía los requisitos para acceder
al Plan de Pensión Anticipada.
33. El caso concreto. De la falta de verificación rigurosa del presupuesto
de la inmediatez, circunstancia concreta que el recurrente refirió como
constitutiva de un error jurisdiccional, da cuenta suficiente la decisión
proferida por la Corte Constitucional.
11 “…es en principio irrazonable dejar trascurrir un tiempo amplio (dos o más años) para reclamar prestaciones
patrimoniales. En estos casos se cumple con la inmediatez cuando la tardanza se justifique suficientemente. Es
decir, si por ejemplo el actor ha obrado con diligencia en la defensa de sus derechos, o ha estado sometido a
fuerza mayor, o si era desproporcionado en su caso adjudicarle la carga de acudir a un juez con prontitud, debido
a su estado de interdicción, incapacidad física, entre otros. En función de las condiciones de debilidad de algunos
sujetos, y del contexto en el cual se inscribe el problema, es posible adaptar estos principios con el fin de resolver
cuestiones de inmediatez en función de una solución constitucionalmente admisible del caso concreto”.
Y, para el caso concreto de quienes promovieron la acción por temas relacionados con el Plan de Pensión
Anticipada (entre ellos los de la acción T-2587255), la Corte afirmó: “En todos los casos de PPA, y no sólo en los que
se considerarán a continuación, se observa para empezar lo siguiente. El PPA fue ofrecido por TELECOM a sus
trabajadores a comienzos del primer semestre del año dos mil tres (2003). No obstante, las acciones de tutela con
esta pretensión se interpusieron en el segundo semestre del año dos mil nueve (2009). Trascurrieron entonces, entre
el ofrecimiento del Plan y el de la promoción de las tutelas, por lo menos seis (6) años. Estas personas fueron
ciertamente trabajadoras de una empresa que sólo se liquidó en enero de dos mil seis (2006), fecha en la cual
fueron desvinculados muchos de los actores. En algunas de las tutelas se alega que la inmediatez debe contarse
desde ese momento. Pero conviene precisar, primero, que no todos fueron desvinculados cuando se liquidó la
empresa, y que algunos lo fueron años antes (en 2003); y segundo, que incluso contando el tiempo desde esa
fecha, los actores tardaron cuando menos tres (3) años para presentar sus tutelas, y ese es un término prima
facie irrazonable para efectos de determinar su inmediatez. En efecto, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido
que no cumple con la inmediatez una tutela contra el PAR, en la cual se solicita inclusión en el PPA, cuando los
actores dejan trascurrir, sin justificación razonable, cerca de tres (3) años o más, contados desde su desvinculación,
para presentarla (p.ej. sentencia T-551 de 2009)…” -se resalta-.
12 Ruth Virginia Montero Ayazo, Wilmer Fernando Álvarez Vergara, Mireya Beltrán Rodríguez, Benjamín Antonio
Benedetty Galvis, César Hernán Bohórquez Mahecha, Luis Gabriel Cáceres Corredor, Julieta Cárcamo Zea, José
Armando Chávez Rocha, Jesús Mussoliny Chicaiza Muñoz, Gustavo De Castro Palmarini, Hernán Díaz Mejía, Juan
Escobar Torres, Irina Eunice Forestiery Hernández, Luis Ángel Gallego Ramírez, José Armagot Garavito Vargas, Henry
Garcés Oscar, William Gómez, Adriana María Gutiérrez Agudelo, Rodolfo Rito Gutiérrez Fajardo, Luis Arturo Martínez
Realpe, Enrique Olaya Molina Casanova, José Ignacio Murcia, Rodolfo Nelson Negrete (en cuyo caso también se
encontró que la tutela era improcedente por temeridad), Ricardo Alirio Patiño Morillo, Carmenza Lucía Revelo
Narváez, Jorge Hugo Rivera Salgado, Edipza Maryori Romo Eraso, Wilson William Salazar Romero, José Alberto
Sánchez Camacho, Jorge Luis Simbaqueba Barrera, María Josefina Solarte Rosero, Nancy del Socorro Taborda
Cortés, Elena del Socorro Vega Altamiranda, César Ventura Castellanos Cáceres, Julia Escilda Weber Angulo,
Faunier Zapata.
13 Harold Ernesto Acosta Moreno, Sonia Paulina Almeida Arellano, Bernardo Barbosa Suárez, Martha Camacho
Esteban y Carlos Samuel Mesa Becerra.
14 Ómar Eduardo Canchala Quiroz, Gustavo Antonio Jurado, Cristina Lozano Bustos, José Antonio Revelo Concha,
Carlos Arturo Soler Romero, Luis Fernando Tello, Iris Isabel Barrios Salgado.
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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)
Actor: PAR Telecom
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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34. En materia de error jurisdiccional, la Sala es consciente de que la
revocatoria de una decisión (para el caso: los fallos de tutela) no es
condición necesaria ni suficiente para que surja la obligación
indemnizatoria por error jurisdiccional. Sin embargo, en las decisiones que,
en este caso, fueron dejadas sin efectos, decisiones que, valga precisarlo,
fueron la causa adecuada del daño padecido por el PAR Telecom, los
juzgados Promiscuo Municipal de Córdoba y Promiscuo del Circuito de El
Carmen de Bolívar, desconocieron abiertamente el artículo 86 de la
Constitución Política y, de manera particular, el régimen que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional había decantado sobre los
presupuestos mínimos que debe cumplir la acción de tutela como
herramienta de protección de derechos fundamentales.
35. Basta considerar que, a pesar de que los hechos constitutivos de la
supuesta vulneración de garantías fundamentales habían ocurrido en 2003
(cuando se ofreció el Plan de Pensión Anticipada) o, como máximo, en el
año 2006 (año en el que se produjo la liquidación de Telecom), esos
juzgados:
36. 1) Tramitaron y decidieron favorablemente unas acciones de tutela
sin reparar razonadamente en el presupuesto de la inmediatez. La acción
fue promovida en el segundo semestre de 2009, y los jueces no verificaron si
la demora en el ejercicio de la acción estaba, de algún modo, justificada,
sobre todo cuando los accionantes no expusieron las razones por las cuales
activaron la acción constitucional con evidente tardanza.
37. 2) Concedieron el amparo en forma definitiva, sin ponderar la
existencia de otros medios de defensa judicial y su idoneidad para la
defensa efectiva de los derechos fundamentales supuestamente
vulnerados. El hecho de que la tutela se haya concedido como mecanismo
de protección definitivo (lo que se infiere fácilmente de las ordenes
impartidas en la parte resolutiva de la sentencia del Juzgado Promiscuo
Municipal de Córdoba/Bolívar) tuvo repercusiones inmediatas sobre el
patrimonio del PAR, sin que se hubiera acreditado fehacientemente la
existencia de un perjuicio irremediable, el cual debía quedar acreditado en
relación con cada uno de los 48 accionantes.
38. 3) A partir de los defectos identificados, si los juzgados hubieran
analizado cabalmente el cumplimiento del presupuesto de la inmediatez o
el de la subsidiariedad, sus decisiones, necesariamente, habrían tenido que
ser distintas y, consecuencialmente, no se habría causado un daño
patrimonial de considerables proporciones al Patrimonio Autónomo ahora
demandante.
39. 4) La falta de examen adecuado del principio de inmediatez en las
acciones de tutela constituye una violación flagrante del artículo 86 de la
Constitución y de la jurisprudencia constante de la Corte Constitucional, que
no puede ser considerada como aceptable dentro de la autonomía de
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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)
Actor: PAR Telecom
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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juicio para fallar las tutelas, ya que, es indiscutible, que la tutela es un medio
de defensa de derechos fundamentales frente a amenazas latentes o frente
a daños recientes, que implican que, por su actualidad, no son los
mecanismos ordinarios los adecuados para contener la vulneración o para
corregirla en situación de urgencia. Por ello, el desconocimiento del requisito
de inmediatez en la acción de tutela, constituye un error jurisdiccional grave
e injustificable.
40. 5) Por último, la Subsección pone de presente que ya ha tenido la
oportunidad de pronunciarse en controversias similares, en las que el PAR
Telecom ha demandado a la Rama Judicial a título de error judicial por
haber decidido favorablemente tutelas que no cumplían con el
presupuesto de la inmediatez, incluso, en casos en los que las decisiones
cuestionadas de error jurisdiccional no fueron seleccionadas por la Corte
Constitucional para revisión. En esos precedentes, esta corporación ha
encontrado responsable al Estado a título de error judicial, al comprobar 1.
que se adoptaron medidas cautelares de embargo improcedentes en el
trámite de esas tutelas, y 2. que, al decidir esas controversias se accedió a
los amparos solicitados no obstante que, mayoritariamente, no estaba
satisfecho el presupuesto de la inmediatez, como sucede en este caso15.
41. Con fundamento en todo lo anterior, la Sala concluye que las
providencias de 17 de noviembre de 2009 y 5 de febrero de 2010, incurrieron
en un error jurisdiccional. Por las razones expuestas, las demandas de tutela
a la que se refiere esta acción de reparación directa eran improcedentes
y, por lo mismo, a partir de la verificación del cumplimiento de presupuestos
elementales relacionados con la procedencia de esa acción constitucional,
no debió proferirse condena alguna contra el PAR Telecom.
42. Ausencia de error jurisdiccional en el Auto A-503 de Octubre 22 de
2015. El PAR Telecom alegó en la demanda que uno de los errores
jurisdiccionales estaba contenido en el Auto 503 de 22 de octubre de 2015,
por medio del cual la Corte Constitucional aclaró y complementó la
sentencia de unificación, providencia en la que se negó a incluir una orden
de restitución solicitada por el PAR. A juicio de este último, según lo alegó en
el recurso, la postura de la Corte configuró un error por desconocimiento de
sus precedentes, en concreto, porque no expuso las razones por las cuales
se apartó de ellos.
43. En un caso similar16, esta Subsección puso de presente que, el hecho
de que la Corte Constitucional al proferir ese Auto 503 de 2915, se hubiera
negado a incluir una orden en ese sentido, 1. no configuraba un daño
antijurídico y, además, 2. tampoco desconocía los precedentes contenidos
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 6 de
octubre de 2023, Rad. 23001-23-31-000-2011-00566-01 (64506) (aprobada con salvamento de voto del consejero
Martín Bermúdez Muños y aclaración de voto del magistrado Fredy Ibarra Martínez); Sentencia de 17 de junio de
2024, Rad. 23001-23-33-000-2016-00010-01 (70496) (aprobada con aclaraciones de voto de los consejero Martín
Bermúdez Muños y Fredy Ibarra Martínez).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 24 de octubre de 2023, Exp. 25000-23-
36-000-2017-02401-02 (67886), aprobada con aclaración de voto del magistrado Fredy Ibarra Martínez.
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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)
Actor: PAR Telecom
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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en las Sentencias T-134A/10 y T135A/10, que son los mismos que se invocaron
en la presente controversia. Por identidad de materia, la Subsección reitera
las conclusiones a las que, en su momento llegó, y a ellas se remite como
fundamento para resolver el punto de la apelación que es materia de
análisis17.
2.2.3. Liquidación de perjuicios
44. La Sala limitará la indemnización de perjuicios al reconocimiento
actualizado de las sumas de dinero perdidas por la parte actora con
ocasión de las sentencias de tutela que accedieron al reconocimiento de
amparos que no cumplían con el presupuesto de la inmediatez. Se recuerda
que de las 48 demandas, 36 fueron declaradas improcedentes por la Corte
Constitucional por no satisfacer ese presupuesto; sobre las tutelas que fueron
revocadas por la Corte Constitucional por la existencia de cosa juzgada y
por incumplimiento de los requisitos para acceder al PPA, el recurrente no
elevó reparos concretos, por lo que las sumas pagas en relación con estas
últimas, no harán parte de la indemnización (se descontarán), la cual
quedará limitada a $370’617.066 (en la demanda se reclamó el pago de
$531’151.373,65), según consta en el siguiente cuadro.
Valor pagado Enero Febrero Marzo Abril Mayo
$90’991.689,65 $105’912.076 $110’225.450 $110’055.162 $113’966.996
Valor a $29’652.464,26 $28’842.163 $33’155.537 $33’155.537 $35’728.606
descontar
Valor de la $61’339.225 $77’069.913 $77’069.913 $76’899.625 $78’238.390
indemnización
Valor total $370’617.066
17 “…para la Sala es evidente que la decisión cuestionada no privó al PAR de Telecom de la posibilidad de
recuperar total o parcialmente ese monto y, como consecuencia de ello, de la posibilidad de quedar en el mismo
estado en el que se encontraba antes de que se profiriera el fallo de tutela (en virtud del cual hizo unos pagos) a
la postre revocado.
La Corte Constitucional, en el Auto que es materia de análisis, no se pronunció, de manera definitiva, sobre el
reintegro de esas sumas, en el sentido de que, por ejemplo, el PAR no tuviera derecho a perseguirlo; tampoco
concluyó que el PAR no disponía de acciones para reclamar el reembolso de las sumas que pagó con
fundamento en sentencias de tutela que devinieron ineficaces.
Por el contrario, lo que estableció la Corte Constitucional fue que el PAR contaba con la posibilidad de buscar
dicho reintegro a través de los mecanismos que ofrece el ordenamiento jurídico, y al efecto mencionó: 1. la
institución del enriquecimiento sin causa y 2. sin nombrarla de manera expresa (aunque sí dio cuenta de sus
fundamentos “pagos con carencia de justificación legal y constitucional”), la posibilidad de activar una acción
por pago de lo no debido.
Como el Auto cuestionado, se insiste, no tuvo por objeto o como efecto el desembolso de las sumas (…), cuando
la Corte Constitucional estableció que, para el reintegro de esas sumas el PAR, podía activar los procedimientos
previstos por el ordenamiento jurídico, tal determinación, a juicio de la Sala, no le provocó a la parte actora un
daño consistente en la imposibilidad de recobrarlos, o lo que es lo mismo, una imposibilidad de ser puesta en el
estado en el que se encontraba antes de que se expidiera la sentencia de tutela que ordenó dichos pagos.
En cualquier caso, la Sala pone de presente que, contrario a lo que se afirmó en la demanda, el Auto de la Corte
que negó la adición no se separó de precedentes relacionados con tutelas promovidas contra el PAR de Telecom.
La Subsección señala que, tanto en las decisiones previas que aludió el demandante (Sentencia T-134A/10 y
T135A/10), como en la sentencia de Unificación SU-377 de 12 de junio de 2014, el sentido y los criterios utilizados en
la toma de las decisiones por parte de la Corte fue constante: mantuvo los fallos de tutela en los que se demostró
que el reconocimiento de un amparo constitucional era procedente, y revocó aquellos en los que la acción no
podía prosperar por distintas razones, como es el caso de la tutela T-2597351 (sobre la que versan los hechos de
esta demanda de reparación directa), en la que la Corte concluyó que el amparo era improcedente porque los
accionantes no habían conferido poder para que se promoviera esa acción en su nombre.
Adicionalmente, debe indicarse que las Sentencias T-134A/10 y T135A/10 en las que, según el actor, sí se dio la
orden de reintegro, no fueron adoptadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional sino por la Sala Sexta de
Revisión y la Sala Cuarta de Región respectivamente y, en esa medida, no constituía una decisión unificada de
esa Corporación.
Por lo expuesto, la Sala confinará la decisión de negar las pretensiones. Se establece que, cuando la Corte
Constitucional dispuso que la parte actora podía conseguir la restitución de las sumas pagadas como
consecuencia de un fallo de tutela, a la postre revocado, a través de los mecanismos que ofrece el ordenamiento
jurídico, no le causó un daño antijurídico a la parte demandante. Se insiste, que, en esa decisión no se definió
que la parte actora no hubiera tenido derecho a la recuperación de ese dinero” -se resalta-.
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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)
Actor: PAR Telecom
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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45. En la demanda se reclamó, además de la devolución actualizada de
esos valores, que sobre los mismos se reconociera los intereses bancarios
corrientes y de mora que generaban los anteriores dineros mientras estaban
en la cuenta de la demandante.
46. A este proceso no se allegó ninguna prueba de que los dineros que
utilizó la parte actora para acatar las decisiones de tutela produjeran
intereses convencionales en la cuantía reclamada, esto es, que causaran
rendimientos en porcentaje igual al del Interés Bancario Corriente; tampoco
se acreditó con qué periodicidad el supuesto interés era liquidado. La falta
de prueba de ese perjuicio (que corresponde a un lucro cesante), hacía
inviable cualquier tipo de reconocimiento.
47. Ahora, cuando en la demanda se reclamó el pago de intereses de
mora, no se indicó con fundamento en qué circunstancias se reclamaba su
pago, tampoco a cuánto ascendían. En estas materias no es aplicable el
artículo 1617 del Código Civil, pues, aunque esa disposición regula el pago
de intereses en caso de mora, lo hace en los supuestos en los que la causa
de pagarlos, el título, es un contrato. Las reglas previstas en esa norma, no
pueden aplicarse, de manera generalizada, en materia extracontractual.
48. Actualización de las sumas a las que se contrae la condena. Con la
precisión realizada en el numeral anterior, la Sala se limitará a traer a valor
presente el valor de las sumas en las que el patrimonio de la parte actora se
vio afectado, aplicando para el efecto la fórmula que usualmente utiliza
esta corporación18. El valor actual de la condena asciende a $768’880.089.
2.3. Sobre la condena en costas
49. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 4 del
artículo 365 del CGP, se condenará en costas de esta instancia a la parte
demandada, en la medida en que la sentencia es de carácter
revocatorio19. De acuerdo con el artículo 361 del CGP las costas se
conforman por la totalidad de expensas y gastos sufragados en el proceso
y por las agencias en derecho. La fijación del valor de las agencias en
derecho se hará de manera concentrada por el Tribunal de origen. De existir
costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se
18 VA=VH x IPC Final ÷ IPC inicial, donde:VA (valor actual) = VH (valor histórico [que es la suma a actualizar]) x
(IPC final [el más próximo a esta sentencia]) ÷ IPC inicial [el vigente al momento del fallo recurrido]. Para el caso
concreto:
1. VA= VH $ $61’339.225 x (IPC final [junio de 2025:150,30] ÷ IPC inicial [enero de 2010: 71,69]). La operación arroja:
$128’599.324.
2. VA= VH $ $77’069.913 x (IPC final [junio de 2025: 150,30] ÷ IPC inicial [febrero de 2010: 72,28]). La operación arroja:
$160’260.209.
3. VA= VH $ $77’069.913x (IPC final [junio de 2025: 150,30] ÷ IPC inicial [marzo de 2010: 72,46]). La operación arroja:
$159.862.102.
4. VA= VH $$76’899.625 x (IPC final [junio de 2025: 150,30] ÷ IPC inicial [abril de 2010: 72,79]). La operación arroja:
$158’785.735.
5. VA= VH $ $78’238.390x (IPC final [junio de 2025: 150,30] ÷ IPC inicial [mayo de 2010: 72,87]). La operación arroja:
$161’372.719.
19 Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 2 del
Acuerdo No. PSAA16-10554 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el
momento de prestación de la demanda. Respecto de su valor, el artículo 5 estableció que, para la segunda
instancia, pueden ser fijadas “Entre 1 y 6 S.M.L.M.V.”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)
Actor: PAR Telecom
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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procederán a liquidar por Secretaría de ese Tribunal en el caso de que se
hubieren causado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 24 de agosto de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Subsección C- y, en su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR no probada las excepciones propuestas por la parte
demandada.
TERCERO: CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagarle al Patrimonio
Autónomo de Remanentes -PAR- de Telecom y Teleasociadas en
Liquidación, por perjuicios materiales la suma de $768’880.089. Para los
efectos del pago de la condena, el valor de la misma al momento de esta
decisión asciende a ese monto.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: La sentencia se cumplirá conforme a lo previsto en los artículos 187
y 192 de la Ley 1437 de 2011.
SEXTO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino
a las partes con las precisiones del artículo 114 del Código General del
Proceso.
SÉPTIMO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte demandada.
OCTAVO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia,
DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
13 de 13
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