Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02401-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02401-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2017-02401-02
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
24 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 24 de octubre de 2023
Radicación: 25000-23-36-000-2017-02401-02 (67886)
Actor: PAR Telecom
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: acción de reparación directa – error judicial – ausencia de daño antijurídico
Síntesis del caso: dentro del trámite de una acción de tutela contra el Patrimonio Autónomo
de Remanentes de Telecom, se profirió sentencia adversa a este último y, con fundamento
en esa decisión, se realizaron unos pagos. La decisión que accedió al amparo fue revocada
en Sentencia de Unificación proferida por la Corte Constitucional, autoridad que no ordenó
que los accionantes reintegraran las sumas recibidas.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 8 julio de 2021, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera Subsección A-
negó las pretensiones de la demanda1.
La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en el artículo 150, en concordancia con el artículo 152 del
CPACA2.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión .
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. El auto que rechazó la demanda por
caducidad y su apelación 1.3. Posición de la parte demandada; 1.4. Sentencia de primera
instancia; 1.5. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 29 de diciembre de 20173, el Patrimonio Autónomo de Remanentes
1 La parte resolutiva del fallo dispuso:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante, a pagar por concepto de agencias en derecho en esta instancia,
un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a favor de la demandada…”.
2 Para que este asunto fuera de conocimiento de un Tribunal Administrativo en primera instancia, era necesario
que las pretensiones superaran los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (num. 6 artículo 152 CPACA, en
su versión vigente a la fecha de presentación de la demanda). Al momento de la presentación de la demanda,
ese monto equivalía a $368’858.500. La pretensión indemnizatoria por perjuicios materiales (sólo el daño emergente
indexado a la fecha de la presentación de la demanda: $425’.509.094,98), superaba esa cuantía. En
concordancia con lo anterior, el artículo 150 del CPACA, determina que el Consejo de Estado es competente
para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
3 Folio 2 y 22 vto. del cuaderno 1..
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-36-000-2017-02401-02 (67886)
Actor: PAR Telecom
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión que niega
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Telecom y Teleasociadas en Liquidación, en ejercicio de la acción de
reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial4
en la que solicitó:
“1. Que la Nación – Rama Judicial, sea declarada responsable por los daños sufridos
por la parte demandante fruto de error judicial cometido dentro de la acción de
tutela iniciada en el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería (Córdoba) y cuyo
trámite consta en el expediente con radicación 2301400300120090134400, que fuera
resuelta definitivamente mediante la sentencia SU-377 de 2014 y el Auto A-503 del 22
de octubre de 2015 de la Honorable Corte Constitucional”
2. Síntesis de los perjuicios reclamados:
-$319’925.394, como “dineros pagados [entre marzo, abril y mayo de 2010]
en cumplimiento de las ordenes de tutela de instancia y ante la negativa
de la Corte Constitucional para procurar su devolución” -se resalta-.
Perjuicios -La actualización de esa suma desde la fecha de desembolso hasta que
materiales la Rama Judicial realice su pago (actualización que a la fecha de
presentación de la demanda se estimó en “$425.509.094,98”).
“Los intereses bancarios corrientes y de mora que generaban los
anteriores dineros mientras estaban en poder de la demandante” desde
la fecha de desembolso hasta que la Rama Judicial realice su pago.
3. Como fundamentos de hecho5 relevantes que fundamentaron las
pretensiones, la parte actora afirmó:
4. 1) Se indicó que José Francisco Altuzarra Gallo y Otros, promovieron
una acción de tutela en la que alegaron que no habían sido incluidos en el
Plan de Pensión Anticipada, a pesar de que cumplían los requisitos;
solicitaron que se ordenara su inclusión en ese Plan y el pago de las mesadas
adeudadas.
5. 2) Por Sentencia de 23 de noviembre de 2009, el Juzgado Primero Civil
Municipal de Montería negó el amparo solicitado por no cumplir con el
presupuesto de la subsidiariedad. Esa decisión fue impugnada.
6. 3) El Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, en Sentencia de
26 de enero de 2010, revocó el fallo de primera instancia y le ordenó al PAR
incluir a algunos de los accionantes en el plan de pensión anticipada y
cancelarles las mesadas desde la fecha de la desvinculación hasta el día
en que les fuera reconocida la pensión definitiva. A los demás les negó el
amparo porque no cumplían con los requisitos para ser beneficiarios de esa
prestación6.
4 Folio 2 del cuaderno 1.
5 En la forma en que quedaron tras la reforma de la demanda (fl. 188-189 y 200-206).
6 En esta parte se indica el nombre de cada accionante, y si existe prueba de pagos realizados a su favor por el
PAR (y por cuántos meses) con ocasión de la acción de tutela proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Montería: Altuzarra Gallo José Francisco (3 meses); Arboleda Guarín Luis Fernando (no registra pagos); Arias
Núñez Uriel (3 meses); Arias Pérez Jesús Adolfo (3 meses); Aristizabal Jaramillo Luis Fernando (se le negó el amparo
y no registra pago); Avendaño Valenzuela Jorge Arecio (no registra pagos); Bernal Torres José Polidoro (se le negó
el amparo y no registra pagos); Bogotá Huérfano Victor Manuel (3 meses); Cañón Daza Siervo Alonso (no registra
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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02401-02 (67886)
Actor: PAR Telecom
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión que niega
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7. 4) La Corte Constitucional seleccionó ese fallo para revisión (bajo la
referencia T-2597351). Durante el trámite de la revisión, la Corte ordenó
(Auto 241 de 14 de julio de 2010) la suspensión de los efectos de todos los
fallos que serían materia de análisis; el apoderado del PAR7 le solicitó a esa
autoridad que, al momento de pronunciarse sobre dicha tutela, tuviera en
cuenta fallos de esa misma corporación (T-134A de 2010 y T135A de 2010),
que se pronunciarion sobre casos “…con las mismas falencias…” al presente
en los que, además de que se revocaron los amparos que habían sido
concedidos por los jueces de instancia, la Corte Constitucional les ordenó a
los tutelantes “la devolución de todos los valores que se hubieren erogado
como consecuencia de los fallos referidos”.
8. 6) En Sentencia SU-377 de 12 de junio de 2014, la Corte Constitucional,
a propósito del caso T-2597351 que hoy ocupa a la Sala, concluyó que había
falta de legitimación en la causa, pues quien se presentó como abogada
de los accionantes no había acreditado esa condición, ni allegó poderes
generales o especiales para promover la acción en su representación,
falencia que no fue subsanada.
9. 7) La ilegal orden de tutela del Juez del Circuito, que posteriormente
fue revocada por la Corte Constitucional, tuvo que ser cumplida por el PAR
en su momento, motivo por el cual pagó la suma de $319’925.394.
pagos); Casallas Moreno José Antonio (no registra pagos); Claviio Mantilla Raúl (3 meses); Córdoba Campo Calixto
Antonio (3 meses); Correa Villadiego Roberto de Jesús (3 meses); Cortés Triana Marco Antonio (3 meses); Corzo
Velandia Ulpiano (abril y mayo); Cuadrado Pérez Luz Amanda (3 meses); Espinosa Ocampo Luisa Fernanda (se le
negó el amparo y no registra pagos); Espinosa Rubio Guillermo Alfonso (3 meses); Espitia Llorente Antonio Manuel
(3 meses); Forero Medellín Alberto (se le negó el amparo y no registra pagos); Gómez González Blanca Cecilia (3
meses); González Hernández Javier (se le negó el amparo y no registra pagos); González Humberto (3 meses);
Grimaldo Carrascal Geny Madred (se le negó el amparo y no registra pagos); Guacaneme Martínez Fernando (3
meses); Guarín Castillo Melba (3 meses); Guifo Ríos Edgar Enrique (no registra pagos); Gutiérrez Fajardo Rodolfo
Rito (no registra pagos); Gutiérrez Peña Fernando (3 meses); Hernández Arenas Carlos Arturo (3 meses); Herrera
Torres Maribel (3 meses); López Millán Carlos (3 meses); Matiz Cruz Julio César (3 meses); Mendoza Dueñas Aida
Esperanza (3 meses); Montaño Castiblanco Pedro (se le negó el amparo y no registra pago); Mora Molina Yoni (3
meses); Moreno Castellanos José Gustavo (abril y mayo); Moreno Real Orlando (3 meses); Mosquera Hernández
Enrique (3 meses); Motta Moreno Elsy (se le negó el amparo y no registra pagos); Muñoz Palacios Myrian Cecilia(se
le negó el amparo y no registra pagos); Niño González Libardo (se le negó el amparo y no registra pagos): Ocampo
Quintero María Rocío (se le negó el amparo y no registra pagos); Ortega Pitalua José Miguel (no registra pagos);
Osorio Caycedo Ruby Liliana (3 meses); Osorio Londoño Lucy (se le negó el amparo y no registra pagos); Osorio
Zuluaga Álvaro Hernán (se le negó el amparo y no registra pagos); Otálora Sierra Luz Edit (3 meses); Palencia Pedro
Elías (3 meses); Palma Garzón Marlene (no registra pagos); Payán Garcés Rodrigo (mayo); Peña Garzón Gloria
Marlen (se le negó el amparo y no registra pagos); Pineda Montejo Martha Janeth (3 meses); Posso Bedoya Álvaro
Eugenio (3 meses); Quintero Pérez Alonso (3 meses); Reyes González Luis Severo (3 meses); Rincón Cadena Gloria
Yubi (3 meses); Robles Carlos Alberto (no registra pagos); Rodríguez Bobadilla José Hebert (se le negó el amparo y
no registra pago); Rodríguez López César (3 meses); Rojas Clavijo Leonel Mauricio (se le negó el amparo y no
registra pago); Rojas Galvis Luz Astrid (3 meses); Rojas Velandia Arnulfo Orlando (abril y mayo); Romero Acuña
Graciela (3 meses); Sánchez Díaz Rafael Antonio (3 meses); Sánchez Martínez Luz Amparo (abril y mayo); Sánchez
Vivas Alvaro Ignacio (abril y mayo); Torres Guarín Alvaro (3 meses); Valdez Orozco Jorge Luis (3 meses); Vargas
Mesa Plutarco (mayo); Vergel Arévalo Gustavo (3 meses); Yaguez Bueno Omar René (3 meses).
El listado de accionantes fue tomado del Anexo al Auto 241/10 de la Corte Constitucional, en el que se suspendió
hasta tanto se dictara sentencia el cumplimiento de las sentencias impartidas por distintos jueces, entre ellas, la
proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería el 26 de enero de 2010. La prueba de los pagos se
tomó de los comprobantes del Banco Agrario y del Banco de occidente que se aportaron con la demanda (fl.
134-135 [marzo]; 137-139 [abril]; 141-143 [mayo] del cuaderno 2).
7
El 30 de diciembre de 2005, el liquidador de Telecom en Liquidación y Teleasociadas en Liquidación (Fiduciaria
la Previsora), celebró un contrato de fiducia mercantil con el Consorcio Remanentes Telecom (conformado por
Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A.) para la constitución del “Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom
y Teleasociadas en Liquidación – PAR”7 (en adelante PAR).
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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02401-02 (67886)
Actor: PAR Telecom
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión que niega
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10. 8) El PAR solicitó a la Corte adicionar la Sentencia SU-377, para que
ordenara la devolución de los dineros pagados en cumplimiento de la
sentencia revocada. La solicitud fue negada por Auto A503 del 22 de
octubre de 2015, con el argumento de que esa restitución procedía a través
de otros instrumentos legales, como el enriquecimiento sin causa en la
medida en que dicho pago, por efecto de la revocatoria de la decisión que
lo había ordenado, carecía de justificación “…por lo que la restitución de
las cosas al estado inicial debe procurarse mediante los mecanismos
dispuestos por el ordenamiento jurídico para ello”.
11. En los fundamentos de derecho, la parte actora manifestó que el error
judicial en este caso se materializó en: 1. Haber concedido amparos de
tutela a quienes no habían conferido un poder con ese fin; 2. Haber
accedido a las pretensiones frente a personas que no cumplían los
presupuestos para una pensión del Plan Anticipado; 3. Haber desconocido
el principio de igualdad en relación con los derechos y medios de defensa
con que cuentan los demandados en proceso ordinarios (artículo 333 del
cgp8); y 4. Haber desconocido “…el principio de congruencia, en
consonancia con el desconocimiento y falta de valoración del precedente
jurisprudencial de la Corte”, al negarse a ordenar la devolución de los
dineros pagados bajo el argumento de que ese aspecto no hacía parte de
los extremos de la litis, no obstante que esa circunstancia sí había sido puesta
de presente9.
1.2. El Auto que rechazó la demanda por caducidad y su impugnación
12. Por Auto de 19 de abril de 2018, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rechazó la demanda por caducidad de la acción.
Consideró que el término debía contarse desde la fecha de la sentencia de
tutela proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería de 26
de enero de 2010 (por ser la constitutiva del presunto error judicial), y no
desde la fecha de las Sentencia de Unificación de la Corte Constitucional
(2014), o desde el Auto que se pronunció sobre la solicitud de adición (2015).
13. El Consejo de Estado, por Auto de 22 de noviembre de 2018, revocó
la anterior decisión. Consideró que “…el daño que invoca la parte actora
se causó efectivamente con el auto [A503 de 22 de octubre de 2015,
8 “El recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico,
lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los
derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los
agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida” -Resaltado del demandante-.
9 La parte actora precisó que, con esa negativa: 1. la Corte no procuró “…aproximar a las partes al punto más
cercano al estado de cosas previas a la existencia del daño o el proceso”; 2. Su decisión “…comporta una
dimensión adicional de error judicial, ya que ella representa un claro defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente”, pues las decisiones anteriores sentaban una regla predicable del problema jurídico del nuevo caso
nuevo, en la medida en que los hechos eran equiparables.
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Actor: PAR Telecom
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión que niega
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notificado el 3 de noviembre del mismo año], ya que solo hasta el 3 de
noviembre de 2015 el recurrente tuvo conocimiento y certeza sobre el daño
que se le ocasionó”10.
1.3. Posición de la parte demandanda
14. La Rama Judicial alegó como excepciones la “Ausencia de causa
petendi”, con respaldo en que el Auto A503 de 22 de octubre de 2015
estaba ajustado a derecho; “Culpa exclusiva de la víctima” porque el PAR
debió activar los mecanismos sugeridos por la Corte para la recuperación
del capital; y el “Hecho de un tercero”, con respaldo en que fueron los
accionantes los que propiciaron que se les entregaran dineros a los que no
tenían derecho11.
1.4. Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de
la demanda. Entendió que el Consejo de Estado, al resolver el recurso de
apelación contra el Auto que rechazó la demanda por caducidad,
estableció que el daño se “configuró” con el Auto A503 de 2015, por medio
del cual la Corte Constitucional no accedió a adicionar la Sentencia de
Unificación. Por lo anterior, centró el análisis del error judicial sólo en esta
última providencia12. Concluyó que no era constitutiva de error judicial por
las siguientes razones:
16. 1. La parte demandante pretendía reabrir el debate frente a los
mecanismos judiciales ordinarios con los que contaba para lograr el recobro
de los dineros cancelados por el PAR Telecom. Precisó que la decisión que
la Corte Constitucional tomó al respecto, no denotaba un actuar
“…arbitrario, reprochable, caprichoso o abiertamente ilegal porque el auto
A503 de 2015 expuso de manera coherente y suficiente que ante la
pretensión de devolución de lo pagado la decisión de revocatoria de las
ordenes de tutela aparejaba consigo el decaimiento de la justificación de
esas erogaciones”.
17. 2. Afirmó que no era posible sostener que, “…al no haberse aplicado
10 Agregó esta Corporación: “Siendo así, la fecha límite en la que el demandante podía acudir a la jurisdicción
concluyó el 12 de enero de 2018, toda vez que el término fue suspendido con la solicitud de conciliación
extrajudicial radicada el 20 de octubre de 2017 y declarada fallida el 7 de diciembre del mismo año, y como la
demanda se presentó el 19 de diciembre de 2017 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es claro que
lo fue dentro del término señalado para ello, como consecuencia no ha operado el fenómeno jurídico de la
caducidad” -se resalta-.
11 Folio 61-72 del cuaderno principal.
12 En sus términos: “…esta sala determinará si medió un error jurisdiccional con ocasión del proceso de tutela 2009-
01344, revisado bajo el radicado T-2597351, por no haberse accedido en auto A503 de 2015 a la devolución de los
dineros pagados en cumplimiento de un fallo previamente revocado…” -se resalta-.
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en la providencia censurada, el tratamiento de los efectos propios de la
casación a un escenario de un proceso constitucional, esta haya
desconocido los principios de igualdad y congruencia; mucho menos que
haya sido abiertamente ilegal”.
18. 3. Aunque la Corte en oportunidades anteriores había dispuesto la
orden de devolución de saldos pagados a favor de la parte actora, “…ello
se hizo en un contexto donde las acciones de tutela fueron presentadas con
un actuar temerario”.
1.5. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia
19. La parte demandante (en recurso de apelación interpuesto y
sustentado en julio de 2021), alegó que:
20. 1. Con la demanda de reparación directa no se buscó “…modificar
lo decidido por la Corte Constitucional, sino reparar las consecuencias
patrimoniales de sus decisiones, las cuales se critican por provocar un daño
antijuridico”. Precisó que “…el auto A-503 de 2015 constituye un error judicial
que fue identificado desde el libelo introductorio, cuya ocurrencia nunca
fue desvirtuada por la parte demandada, siendo esta la causa eficiente de
los perjuicios demostrados”.
21. 2. La Corte Constitucional no mencionó “…las razones por las que el
precedente no resultaba aplicable, como lo trató de hacer el Aquo en su
decisión, de la cual se debe recordar que no es una instancia adicional para
justificar la decisión judicial criticada”. En todo caso, precisó que “…la
temeridad o probidad de los actores de tutela no constituye un parámetro
para ordenar la devolución de dineros en una actuación judicial, sino la
legalidad de la orden que provocó dicha entrega…”.
22. 3. Solicitó que se accediera a todas las pretensiones de la demanda,
“…en virtud de que el error judicial primigenio que motiva la demanda es
en realidad un atentado al principio de seguridad jurídica, pues se refiere al
trámite de una actuación judicial después de los plazos previstos para su
inicio por el ordenamiento procesal en sede de tutela”.
23. El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia apelada,
pues el Auto A-503 de 2015 estaba ajustado a derecho.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales delimitación de la controversia y decisión a
adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3. Sobre la condena en costas.
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2.1. Presupuestos procesales, delimitación de la controversia y decisión a
adoptar
24. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que
encuentra reunidos los presupuestos para dictar Sentencia, al ser la de
reparación directa la acción procedente para buscar la declaratoria de
responsabilidad por los daños causados por error judicial; además, porque
la acción se promovió de manera oportuna13.
25. En la sentencia apelada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
determinó que la controversia se limitaba a establecer si el Auto A-503 de 22
de octubre de 2015 proferido por la Corte Constitucional era constitutivo de
error judicial. En consecuencia, no analizó la existencia de un error judicial
en la Sentencia proferida Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, de
26 de enero de 2010. La parte apelante no cuestionó esa decisión y por el
contrario, se enfocó en señalar por qué el Auto A-503 de 22 de octubre de
2015 sí incurrió en error judicial14. Por lo expuesto, la Sala se concentrará,
entonces, en el estudio del aludido Auto y en los reparos señalados en el
recurso de apelación.
26. En esta sentencia, la Sala confirmará la decisión apelada con
fundamento en que: la parte actora no experimentó un daño antijurídico
como consecuencia de que, en el Auto cuestionado, la Corte
Constitucional se hubiera abstenido de impartir una orden de reintegro a
favor del PAR sobre las sumas pagadas con ocasión de la sentencia de
tutela de 26 de enero de 2010 (revocada por la Sentencia SU377/14), pues
esa determinación no le impedía buscar esa restitución por otros medios. Se
confirmará asimismo el fallo apelado en lo que a la imposición de condena
en costas en primera instancia se refiere, pues tal aspecto no fue
cuestionado por el recurrente.
2.2. Análisis sustantivo
27. El daño experimentado por la parte actora con ocasión del Auto A-
503 de 22 de octubre de 2015, no consistió -así debe entenderse- en que,
13 Sobre el ejercicio oportuno de la acción, la Sala considera que no existe caducidad comoquiera que, mediante
el Auto A 503 de 22 de octubre de 2015, notificado el 3 de noviembre del mismo año, se negó la solicitud de
adición de la acción de tutela. El término de caducidad fue suspendido con la solicitud de conciliación
extrajudicial radicada el 20 de octubre de 2017 y declarada fallida el 7 de diciembre del mismo año (48 días). En
consecuencia, la fecha límite en la que el demandante podía acudir a la jurisdicción concluyó el 25 de enero de
2018. Toda vez que la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2017 no se configuró la caducidad.
14 El recurrente, como se indicó, se limitó a afirmar, de manera equivocada, que “el error judicial primigenio que
motiva la demanda es en realidad un atentado al principio de seguridad jurídica, pues se refiere al trámite de una
actuación judicial después de los plazos previstos para su inicio por el ordenamiento procesal en sede de tutela”
-se resalta-. La Sala precisa que, en este caso, el fallo de tutela revocado por la Corte Constitucional (radicado T-
2597351), no lo fue con fundamento en la aseveración que hizo el recurrente (al parecer, incumplimiento del
presupuesto de la inmediatez), sino porque no existía prueba de que quienes fungieron como accionantes
hubieran conferido poder.
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como consecuencia del mismo, hubiera tenido que hacer un desembolso
de sumas de dinero15. El daño, más bien, consistió en la imposibilidad de que
esas sumas se reintegraran al PAR, para que de ese modo quedara en un
estado similar al que tenía antes de que se profiriera la sentencia de tutela
posteriormente revocada.
28. Según se desprende de la demanda, la parte actora atribuyó esa
afectación a que la Corte Constitucional no ordenó (a pesar de la solicitud
previa al fallo que en ese sentido hizo el PAR, como de su solicitud de
complementación a la Sentencia de Unificación SU377/14), que los
accionantes restituyeran los valores que habían recibido, omisión que, a
juicio de la demandante, era constitutiva de error judicial.
29. A propósito de la solicitud de adición de la Sentencia de Unificación16,
la Corte Constitucional, en el Auto cuestionado, afirmó:
“La Sala Plena no dispuso la restitución de dineros a favor del PAR de TELECOM,
porque dicha entidad puede hacer uso de los instrumentos legales que tiene a
su disposición para lograr la devolución de lo pagado con fundamento en el
principio del enriquecimiento sin causa, en tanto la fuente de la obligación
desapareció. Bastaba con revocar todas las órdenes de las sentencias de
instancia para entender que los pagos efectuados en virtud de las mismas
carecen de justificación legal y constitucional, por lo que la restitución de las
cosas al estado inicial debe procurarse mediante los mecanismos dispuestos en
el ordenamiento jurídico para ello” -se resalta-.
30. Aunque existe prueba de que, en efecto, como consecuencia del
fallo de tutela de segunda instancia proferido el 26 de enero de 2010 por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, la parte actora realizó
transferencias en cuantía de $348.699.77217, para la Sala es evidente que la
decisión cuestionada no privó al PAR de Telecom de la posibilidad de
recuperar total o parcialmente ese monto y, como consecuencia de ello,
de la posibilidad de quedar en el mismo estado en el que se encontraba
antes de que se profiriera el fallo de tutela (en virtud del cual hizo unos
pagos) a la postre revocado.
15 El daño que consistiría en el desembolso de esas sumas, está directamente relacionado con la Sentencia de 26
de enero de 2010 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, la cual no fue materia de análisis
por parte del Tribunal Administrativo en la sentencia de primera instancia, aspecto que, como se indicó, no fue
materia de reparos concretos en el recurso de apelación.
16 En la solicitud de adición, en su momento el acá demandante planteó que, en la Sentencia SU-377/14, “se omitió
la orden consistente en la devolución al PAR de todos los valores que hubiese erogado como consecuencia de
los fallos revocados mediante la decisión de la referencia (incluyendo pagos de seguridad social). Tal cuestión
cuenta con especial relevancia respecto del pronunciamiento que corresponde a la Corte, en sede de revisión,
frente a las decisiones de instancia” (parte tomada del Auto 503/15, en consideración a que la parte actora no
allegó al proceso el escrito por medio del cual solicitó aclaración y adición de la Sentencia de Unificación [fl. 99
del cuaderno 2]).
17 Valor que resulta de la suma de todas las transferencias realizadas a beneficiarios del fallo de tutela de segunda
instancia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería, según documentos expedidos por el Banco
Agrario y el Banco de Occidente. Sin embargo, la pretensión de condena por dineros pagados se limitó a la suma
$319’925.394; allí olvidó sumarse una serie de transferencias realizadas en el mes de marzo de 2010 por $28’774378
(folio 134 del cuaderno 2).
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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02401-02 (67886)
Actor: PAR Telecom
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión que niega
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31. La Corte Constitucional, en el Auto que es materia de análisis, no se
pronunció, de manera definitiva, sobre el reintegro de esas sumas, en el
sentido de que, por ejemplo, el PAR no tuviera derecho a perseguirlo;
tampoco concluyó que el PAR no disponía de acciones para reclamar el
reembolso de las sumas que pagó con fundamento en sentencias de tutela
que devinieron ineficaces.
32. Por el contrario, lo que estableció la Corte Constitucional fue que el
PAR contaba con la posibilidad de buscar dicho reintegro a través de los
mecanismos que ofrece el ordenamiento jurídico, y al efecto mencionó: 1.
la institución del enriquecimiento sin causa y 2. sin nombrarla de manera
expresa (aunque sí dio cuenta de sus fundamentos “pagos con carencia de
justificación legal y constitucional”), la posibilidad de activar una acción por
pago de lo no debido18.
33. Como el Auto cuestionado, se insiste, no tuvo por objeto o como
efecto el desembolso de las sumas (situación cuya validez fue ajena al fallo
de primera instancia y al recurso de apelación), cuando la Corte
Constitucional estableció que, para el reintegro de esas sumas el PAR, podía
activar los procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico, tal
determinación, a juicio de la Sala, no le provocó a la parte actora un daño
consistente en la imposibilidad de recobrarlos, o lo que es lo mismo, una
imposibilidad de ser puesta en el estado en el que se encontraba antes de
que se expidiera la sentencia de tutela que ordenó dichos pagos.
34. En cualquier caso, la Sala pone de presente que, contrario a lo que se
afirmó en la demanda, el Auto de la Corte que negó la adición no se separó
de precedentes relacionados con tutelas promovidas contra el PAR de
Telecom. La Subsección señala que, tanto en las decisiones previas que
aludió el demandante (Sentencia T-134A/10 y T135A/1019), como en la
sentencia de Unificación SU-377 de 12 de junio de 2014, el sentido y los
criterios utilizados en la toma de las decisiones por parte de la Corte fue
constante: mantuvo los fallos de tutela en los que se demostró que el
reconocimiento de un amparo constitucional era procedente, y revocó
aquellos en los que la acción no podía prosperar por distintas razones, como
es el caso de la tutela T-2597351 (sobre la que versan los hechos de esta
demanda de reparación directa), en la que la Corte concluyó que el
amparo era improcedente porque los accionantes no habían conferido
poder para que se promoviera esa acción en su nombre.
18 El pago de lo no debido es una de las fuentes de obligaciones que, en nuestro ordenamiento, goza de
regulación expresa en el Código Civil (art. 2313 y ss). Dispone el Artículo 2313: “Si el que por error ha hecho un
pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado”.
19 Que revocaron sentencias de instancia por advertir temeridad, así como incumplimiento de los presupuestos de
subsidiariedad e inmediatez (fl. 50-76 del cuaderno 2).
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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02401-02 (67886)
Actor: PAR Telecom
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión que niega
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35. Adicionalmente, debe indicarse que las Sentencias T-134A/10 y
T135A/10 en las que, según el actor, sí se dio la orden de reintegro, no fueron
adoptadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional sino por la Sala Sexta
de Revisión y la Sala Cuarta de Región respectivamente y, en esa medida,
no constituía una decisión unificada de esa Corporación.
36. Por lo expuesto, la Sala confinará la decisión de negar las
pretensiones. Se establece que, cuando la Corte Constitucional dispuso que
la parte actora podía conseguir la restitución de las sumas pagadas como
consecuencia de un fallo de tutela, a la postre revocado, a través de los
mecanismos que ofrece el ordenamiento jurídico, no le causó un daño
antijurídico a la parte demandante. Se insiste, que, en esa decisión no se
definió que la parte actora no hubiera tenido derecho a la recuperación de
ese dinero.
2.3. Sobre la condena en costas
37. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del
artículo 365 del CGP, se condenará en costas de esta instancia a la parte
demandante20. De acuerdo con el artículo 361 del CGP las costas se
conforman por la totalidad de expensas y gastos sufragados en el proceso
y por las agencias en derecho. Respecto de las agencias, la Sala, en virtud
de que el apoderado judicial de la demandada no se pronunció frente al
recurso de apelación, considera razonable tasar las agencias en derecho
en 3 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. De existir costas en virtud
de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se procederán a
liquidar por Secretaría del tribunal de origen en el caso de que se hubieren
causado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 8 julio de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera Subsección A-.
20 Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo tercero
del Acuerdo No. 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el
momento de prestación de la demanda. Respecto de su valor, el numeral 3.1.3 del artículo 6 estableció que, para
la segunda instancia de procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pueden ser fijadas “Con
cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones, reconocidas o negada en la sentencia”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02401-02 (67886)
Actor: PAR Telecom
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión que niega
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SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante.
Por agencias en derecho, inclúyase la suma de 3 Salarios Mínimos Legales
Mensuales Vigentes (que a la fecha equivalen a $3’480.000) a favor de la
Rama Judicial. Las otras costas (expensas y gastos) serán liquidadas por la
Secretaría del tribunal de origen en el caso de que se hubieren causado.
TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.
CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia,
DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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