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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00364-01

Fecha
19 de febrero de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00364-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones señaladas en la presente providencia SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. TERCERO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho por la segunda instancia, la suma de 1 SMLMV a cargo de la parte demandante y a favor de la Nación – Rama Judicial. CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2018-00364-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

19 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000233600020180036401 (66549)
Demandante: PEDRO JOSÉ DE LA VEGA CASTILLO
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Tema: Error jurisdiccional. Notificación por conducta concluyente. La
providencia acusada no incurrió en el defecto alegado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 30 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante oficio del 14 de junio de 2011, la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional negó a Pedro José De la Vega Castillo el pago de la prima de actividad y
del subsidio familiar, argumentando que el cargo que ocupaba no formaba parte del
personal civil de la entidad. Ese mismo día, el apoderado del funcionario recibió
copia de la decisión y plasmó su rúbrica en el documento. A pesar de que el oficio
referido no informó sobre la posibilidad de interponer recursos, el 16 de noviembre
de 2011, el apoderado del demandante apeló la decisión; solicitud que fue
despachada desfavorablemente por la Dirección Nacional de la Policía Nacional,
mediante Resolución del 5 de abril de 2012, al estimar que la alzada se había
interpuesto de forma extemporánea.

En vista de ello, el 12 de septiembre siguiente, el señor De la Vega Castillo presentó
demanda contra la Policía Nacional, pretendiendo la nulidad del oficio del 14 de
junio de 2011 y de la Resolución del 5 de abril de 2012 y el consecuente pago de la
prima de actividad y del subsidio familiar. No obstante, en audiencia inicial del 17 de

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Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

marzo de 2016, el Juzgado 14 Administrativo de Bogotá declaró la caducidad del
medio de control, al constatar que la demanda se había presentado fuera del
término fijado en la ley procesal; decisión que fue confirmada posteriormente,
mediante proveído del 26 de mayo de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.

El demandante considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió
en un error jurisdiccional en la providencia del 26 de mayo de 2016: i) porque
desconoció normas procesales sobre la obligación de la Administración de informar
acerca de los recursos procedentes en vía gubernativa y sobre la notificación
personal de actos administrativos; y ii) porque se apartó del precedente judicial que
fijaba la posibilidad de demandar en cualquier tiempo el pago de prestaciones
periódicas.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 8 de mayo de 20181, Pedro José De la Vega Castillo, mediante apoderado judicial
y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda en
contra de la Nación - Rama Judicial por los perjuicios ocasionados por el error
jurisdiccional en que habría incurrido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en la providencia del 26 de mayo de 2016.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad
demandada a pagar, por daño emergente y lucro cesante, las sumas que resulten
probadas dentro del proceso.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 27 de diciembre
de 1995, Pedro José De la Vega Castillo fue vinculado al cargo de profesional
especializado, código 3010, grado 20, de la planta de personal de la Policía
Nacional.

1 Fl. 19, C.1.

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Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

Manifiesta que el 10 de mayo de 2011, Pedro José De la Vega Castillo, mediante
apoderado judicial, solicitó a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional el pago
de la prima de actividad y el subsidio familiar a partir de su vinculación laboral.

Aduce que, mediante oficio del 14 de junio de 2011, la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional negó a De la Vega Castillo el pago requerido, argumentando que
el cargo que ocupaba no formaba parte del personal civil de la entidad. Ese mismo
día, el apoderado del funcionario recibió copia de la decisión y plasmó su rúbrica en
el documento.

Afirma que, a pesar de que el oficio referido no informó sobre la posibilidad de
interponer recursos, el 16 de noviembre de 2011, el apoderado del demandante
apeló la decisión; solicitud que fue despachada desfavorablemente por la Dirección
Nacional de la Policía Nacional, mediante Resolución del 5 de abril de 2012, al
estimar que la alzada se había interpuesto extemporáneamente.

Arguye que el 12 de septiembre siguiente, el señor De la Vega Castillo presentó
demanda contra la Policía Nacional, pretendiendo la nulidad del oficio del 14 de
junio de 2011 y de la Resolución del 5 de abril de 2012, así como el pago de la prima
de actividad y del subsidio familiar.

Esgrime que, en audiencia inicial del 17 de marzo de 2016, el Juzgado 14
Administrativo de Bogotá declaró la caducidad del medio de control, al constatar
que la demanda se presentó el 12 de septiembre de 2012, después de que había
vencido el término preclusivo de los 4 meses contra el oficio del 14 de junio de 2011,
contado a partir del día siguiente al de su notificación por conducta concluyente,
surtida ese mismo día; decisión que fue confirmada posteriormente, mediante
proveído del 26 de mayo de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

El demandante considera que el auto del 26 de mayo de 2016, proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en un error jurisdiccional por

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Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

cuanto: i) desconoció lo dispuesto en los artículos 442, 473 y 484 del Código
Contencioso Administrativo (en adelante CCA), vigentes para el momento de la
expedición el oficio del 14 de junio de 2011, pues la Administración no le informó
sobre la procedencia de los recursos de reposición y apelación contra lo decidido,
ni lo citó para notificarse personalmente de ese acto administrativo, por lo que, a su
juicio, solo podía tenerse por notificado cuando elevó el recurso de apelación; y ii)
se apartó del precedente judicial fijado por la Sección Segunda del Consejo de
Estado5, que fijaba la posibilidad de demandar en cualquier tiempo el pago de la
prima de actividad y el subsidio familiar por tener, a su parecer, el carácter de
prestaciones periódicas.

Textualmente solicita en la demanda: “declarar que la demandada es responsable
de los perjuicios causados a los demandantes (sic), como consecuencia del error
judicial […] en auto de fecha 26 de mayo de 2016. Error en el cómputo del término
de caducidad […] no fueron señalados los recursos procedentes ni el término para
interponerlos ni la autoridad ante quién elevarlos […] tampoco se envió correo
certificado a la dirección denunciada, ni se fijó edicto al no haber comparecido el
interesado […]. El tribunal omitió aplicar el art. 44 y siguientes del CCA […]. Al tenor
del art. 48 ibídem, sin estos requisitos no puede tenerse por notificado un acto de
carácter particular, y por lo tanto no produce efectos […]. Entonces no podría
hablarse de notificación hasta que el mismo interesado hiciera uso de los recursos,
o demandara el acto […] Como el recurso de […] apelación fue radicado el 16 de
noviembre de 2011, lo cual podría considerarse como notificación por conducta

2 “Artículo 44. Las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se
notificarán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado […]. Si no hay otro medio
más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación personal se le enviará por correo
certificado una citación a la dirección que aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la
actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La
constancia del envío se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días
siguientes a la expedición del acto […]. Al hacer la notificación personal se entregará al notificado
copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita […].”
3 “Artículo 47. En el texto de toda notificación o publicación se indicarán los recursos que legalmente

proceden contra las decisiones de que se trate, las autoridades ante quienes deben interponerse, y
los plazos para hacerlo.”
4 “Artículo 48. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni

producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente
enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales […].”
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de

octubre de 2008, Rad.: 0363-08.

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Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

concluyente […]. Adicionalmente, desconoce el hecho de que, en el momento de
elevar los recursos o las peticiones, el demandante estaba vinculado como
funcionario y por lo tanto los haberes reclamados eran prestaciones periódicas de
término indefinido […] según la jurisprudencia del Consejo de Estado”.

2. Contestación

El 18 de junio de 20186 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

2.1. La Nación - Rama Judicial7 argumentó que la decisión adoptada en la
providencia del 26 de mayo de 2016 estuvo soportada en las disposiciones formales
que regían para la declaratoria de la excepción de caducidad del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, así como en la jurisprudencia vigente y
aplicable para la época de los hechos.

3. Audiencia inicial

El 10 de julio de 20198 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la
audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las
excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Respecto del objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar si la Nación
– Rama Judicial incurrió en un error jurisdiccional por cuanto “1. Aplicó una norma
inexistente que cambió los parámetros de la notificación legal, al suplir la falta de
requisitos de notificación del acto con el solo conocimiento del contenido del acto
por el interesado. 2. Desconoció los recursos y mecanismos previstos por la ley para
atacar los actos de la administración, puesto que, si bien el acto no mencionó los
recursos procedentes, el interesado tenía derecho a interponer el recurso de
reposición y eventualmente el de apelación. 3. Desconoció que al momento de
elevar los recursos o las peticiones, el demandante estaba vinculado como

6 Fl. 21 a 23, C.1.
7 Fl 33 a 43, C.1.
8 Fl. 55 a 57, C. 1.

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Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

funcionario, y por tanto, los haberes reclamados eran prestaciones periódicas de
término indefinido, que no admitían caducidad, de manera que se podían demandar
en cualquier tiempo”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 5 de agosto de 20199 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte demandante10 y la Nación - Rama Judicial11 reiteraron lo expuesto en
la demanda y en la contestación de esta, respectivamente.

4.2. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 30 de julio de 202012 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la providencia
del 26 de mayo de 2016, acusada por el demandante de contener un error
jurisdiccional, se dictó con fundamento en las pruebas válida y oportunamente
aportadas al proceso, que daban cuenta que el oficio del 14 de junio de 2011 se
notificó el mismo día de su expedición, cuando su apodero judicial recibió una copia
de la decisión y plasmó su firma en el documento. Asimismo, estimó que, si bien la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional no dio al demandante la oportunidad de
interponer los recursos procedentes, lo cierto es que este no impugnó la decisión
en sede administrativa, ni presentó demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo dentro de los términos perentorios establecidos en la Ley.

De otro lado, el a quo no estudió el desconocimiento del precedente judicial respecto
de la posibilidad para demandar en cualquier tiempo el pago de la prima de actividad

9 Fl. 168, C.1.
10 Fl. 173 a 208, C.1.
11 Fl. 164 a 172, C.1.
12 SAMAI, índice 3, archivo 11.

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Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

y el subsidio familiar, ya que ese argumento nunca fue esgrimido en el escrito del
recurso de apelación del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Al efecto, manifestó en la sentencia: “[e]n relación con la notificación del acto
administrativo […] que resolvió la solicitud, tiene firma del recibido, con fecha del 14
de junio de 2011, por parte del apoderado del demandante […] por lo que es claro
que, en ese momento, la parte interesada conoció el contenido y alcance del acto
administrativo […]. En relación con los recursos contra el acto administrativo […] se
debía dar aplicación al artículo 135 del CCA […] en virtud del cual, si la autoridad
no da la oportunidad de interponer los recursos procedentes, el afectado puede
acudir directamente a la jurisdicción […] lo anterior […] le otorgaba la posibilidad de
hacerlo sin la obligación de impugnar el acto ante la administración, sin embargo, si
decidía continuar la reclamación ante la Policía Nacional, nada se lo impedía,
siempre y cuando, utilizara en tiempo los recursos legales […]. En relación con las
prestaciones periódicas […] no puede alegar que la autoridad judicial en segunda
instancia desconoció la condición de prestación periódica de la prima de actividad
económica y subsidio familiar, cuando no fue motivo de apelación […].

En la parte resolutiva el a quo condenó en costas a la parte demandante, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18813 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).

6. Recurso de apelación

El 14 de agosto de 202014 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 7 de septiembre de 202015 y admitido el 12 de marzo de 202116.

13 “Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal”.
14 SAMAI, índice 3, archivos 14 y 15.
15 SAMAI, índice 3, archivo 16.
16 Fl. 239, C.1.

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6.1. El recurrente17 argumentó que la copia del oficio del 14 de junio de 2011, que
recibió por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, no equivalía a
ser notificado personalmente, como que tampoco se le informó sobre los recursos
que procedían en vía administrativa contra el oficio referido, conforme a lo
establecido en los artículos 44 y 47 del CCA. De otro lado, señaló que el a quo no
debió desconocer que los haberes reclamados tenían la calidad de prestaciones
periódicas, por lo que eran demandables en cualquier tiempo.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 23 de abril de 202118 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1. La parte demandante19 y Rama Judicial20 reiteraron los argumentos expuestos
en el recurso de apelación y en la contestación de la demanda, respectivamente.

7.2. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia del 30 de julio de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73
de la Ley 270 de 1996.

17 SAMAI, índice 3, archivos 14 y 15.
18 Fl. 241, C.1.
19 SAMAI, índice 12.
20 SAMAI, índice 13.

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Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14021 del CPACA.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la
administración de justicia.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto
se trata de un presupuesto procesal22.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la

21 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona

interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre
otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa
imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de
la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una
de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
22 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.

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Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

protección del interés general23, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción24, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna

23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
24 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.

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Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure25 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia26, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 164 del CPACA, señala que la pretensión de reparación directa deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.

La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que
cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad
empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la
providencia judicial que contiene el aludido yerro27.

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
dentro del término de dos (2) años para el vencimiento del medio de control,

25 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9

de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205.

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Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

teniendo en cuenta: i) que la providencia del 26 de mayo de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual se acusa de contener un error
jurisdiccional, quedó ejecutoriada el 7 de junio de 2016, esto es, tres días después
de notificada por estado28, de conformidad con lo establecido en el artículo 302 del
Código General del Proceso29 (en adelante CGP), por remisión del artículo 306 del
CPACA; ii) que el demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 18
de septiembre de 201730, la cual se declaró fallida el 14 de noviembre de 201731; y
iii) que la demanda se presentó el 8 de mayo de 201832.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis33.

4.1. Pedro José De la Vega Castillo está legitimado en la causa por activa, pues era
demandante en el proceso donde se profirió la providencia del 26 de mayo de 2016,
la cual acusa de incurrir en un error jurisdiccional. De esta información da cuenta
copia auténtica del proceso del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el número de radicado 2013-004340134.

4.2. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente
representada por la Rama Judicial, dado que el Tribunal Administrativo

28 Obra notificación por estado de la providencia del 26 de mayo de 2016, la cual se notificó el 31 de

mayo de 2016 (Fl. 150, C. 2.).
29 Artículo 302 del C.G.P. “[…] Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas

tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la
providencia que resuelva los interpuestos”.
30 Fl. 1, C.2.
31 Fl. 1, C.2.
32 Fl. 19, C.1.
33 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa

corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
34 C.3.

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Radicado: 25000233600020180036401 (66549)
Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

Cundinamarca profirió la providencia del 26 de mayo de 2016, la cual es objeto de
reproche.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la providencia del 26 de mayo de 2016,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un error
jurisdiccional.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y el régimen de responsabilidad del
Estado por error jurisdiccional.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199135 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento; es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que
contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique,
violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta
contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que aunque ilustra en
términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.

35 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

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Radicado: 25000233600020180036401 (66549)
Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros36.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional

En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad
del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de
sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65
dispuso lo siguiente:

“Artículo 65. De la Responsabilidad del Estado. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales.”

La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente
responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes
eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error
jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad37.

En cuanto a la modalidad de responsabilidad por la actuación judicial, derivada del
error judicial, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 lo definió como aquel “cometido

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
37 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.

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Radicado: 25000233600020180036401 (66549)
Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”
En otras palabras, esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros
emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos
transitoriamente de la función de impartir justicia en un proceso determinado, que
se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se
interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo38 y que
causa un daño antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado
conforme al ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría
causado la afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de
responsabilidad.

El error judicial entonces, puede entenderse como “todo acto judicial ejecutado por
el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la
causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al
que naturalmente debió llegar.”39. Es por ello que la decisión que se reputa errada
puede considerarse como un verdadero “acto ilícito contrario a la ley, sea por acción
u omisión, en el curso del proceso sometido a su jurisdicción.”40

Por otra parte, el legislador en el artículo 67 de la ley 270 de 1996 dispuso una serie
de requisitos para la procedencia de esta fuente de responsabilidad, a saber: (i) que
el afectado haya interpuesto los recursos de ley contra la providencia que se reputa
contener el error y; (ii) que dicha decisión judicial haya cobrado firmeza. Lo anterior
se traduce en que la persona que persiga la responsabilidad del Estado con
fundamento en ese título de atribución, para poder reclamar la responsabilidad
producto de una decisión judicial errónea, debe haber presentado oportunamente
los recursos ordinarios41 procedentes para controvertir la providencia a la que se le
atribuye el error y debe haber certeza de que la manifestación judicial acusada es

38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia del 22 de

noviembre de 2001. Rad.: 13164.
39 Felix A. Trigo Represas – Marcelo J. Lopez Mesa, Responsabiliad del Estado, Tratado de

Responsabilidad Civil, Tomo IV, Ed. La Lñy Buenos Aires, República Argentina, 2008, pg 170.
40 Ibídem
41 En sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33.733, la Sección Tercera de esta Corporación

manifestó que debía entenderse que los recursos de ley que menciona el artículo 67 de la Ley 270
de 1996 son los medios ordinarios de impugnación y no los recursos extraordinarios.

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Radicado: 25000233600020180036401 (66549)
Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

inmodificable por haber cobrado firmeza, pues, en caso de no haberse controvertido
aquella, el daño se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la propia
víctima42 que ahora busca el resarcimiento de los efectos patrimoniales nocivos que
la disposición del juez le pudo haber causado o, podría considerarse que el daño
que pudo haber producido es apenas eventual.

Así las cosas, la ley prevé que cuando tales decisiones implican resultados sin razón
legalmente válida, la misma no esté soportada en pruebas debidamente
recaudadas, se aleje de los cánones procesales, sea el resultado o se dicte bajo el
amparo de una violación al debido proceso o signifique una vía de hecho y que
aquella no pueda además ser corregida por los medios y recursos ordinarios
idóneos en el proceso, se califiquen de error judicial y se ordene la indemnización
de los perjuicios que tal equívoco causó, cuando adicionalmente se encuentren
acreditados en el proceso todos los demás elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado.

Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia
judicial, pues este debe surgir de una conducta carente de fundamento objetivo,
debe significar la vulneración de derechos o intereses subjetivos y ser contraria al
ordenamiento jurídico.

Es por ello que el error jurisdiccional contenido en la providencia debe ser
determinante para el proceso y para los intereses de las partes y nunca podrá
convertirse en una instancia adicional del proceso43, por lo que el juez deberá
verificar si la decisión controvertida se encuentra jurídicamente motivada y
probatoriamente sustentada, para luego, en virtud de lo preceptuado en el artículo
90 constitucional y en la Ley 270 de 1996, determinar si el Estado está obligado a
responder patrimonialmente por el daño antijurídico que la decisión de uno de sus
jueces causó, previa comprobación de los demás elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado. No se trata pues, el juicio que busca

42 Artículo 70, Ley 270 de 1996.
43Cfr. Tolivar Alas. Leopoldo. La responsabilidad patrimonial del Estado– juez. Tomás Quintana
López [Director]. La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y
ámbitos sectoriales. Valencia: Tirant lo Blanch. 2009. P.524.

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Radicado: 25000233600020180036401 (66549)
Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

declarar la existencia de responsabilidad de los administradores de justicia por las
decisiones erróneas que estos dicten en desarrollo de sus atribuciones judiciales,
de una tercera instancia del juicio en el cual se dictó la decisión lesiva, ni de evitar
que la misma cobre firmeza, destruir su fuerza obligatoria para sus destinatarios,
así como tampoco de levantar el estado de cosa juzgada sobre el proceso en la cual
se produjo, ni de sustituir la decisión errónea por una más acertada, pues en el
sistema legal colombiano para ello existen otros mecanismos judiciales apropiados.
En cambio, se trata, como se deduce del texto legal que define la figura, de verificar
si la providencia reputada de contener el error produjo consecuencias patrimoniales
adversas para los destinatarios de esa decisión judicial y que no les corresponde
asumir, así como hacer la imputación de tales daños a la administración de justicia
bajo cuyo amparo y en ejercicio de las potestades estatales se dictó la decisión
errada.

De igual manera, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación44, este
error puede ser de carácter fáctico o sustantivo, esto es, puede enmarcarse en una
equivocación entre la realidad procesal y la decisión judicial, o residir en la
aplicación distorsionada del derecho. Es así que se puede presentar, entre otros
casos, cuando la autoridad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales: i) no valoró
un hecho debidamente probado, que era fundamental para adoptar una decisión de
fondo; ii) consideró que un hecho era fundamental, cuando realmente no lo era; iii)
no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar
el caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que
era falso; v) aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto; vi) dejó de
aplicar una norma que era necesaria para solucionar la litis; vii) aplicó una norma
inexistente o derogada45 o; viii) actuó sin competencia.

Asimismo, y en punto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error
jurisdiccional, es dable aclarar que este es un título de atribución de responsabilidad
de carácter subjetivo que impone la carga a la parte demandante de indicar en que

44 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 27 de abril de 2006, Rad.: 14837, del 23

de abril de 2008, Rad.: 16271, del 21 de noviembre de 2017, Rad.: 39515.
45 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27

de abril de 2006. Rad.: 14837.

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Radicado: 25000233600020180036401 (66549)
Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

consiste el aludido yerro y demostrar, además del error jurisdiccional, el daño y la
imputación fáctica y jurídica frente al Estado, ante lo cual, la parte demandada, para
eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional,
una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los
elementos que componen el juicio de responsabilidad patrimonial.

7. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 30 de julio de
2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de
la demanda, la parte demandante argumentó que la copia del oficio del 14 de junio
de 2011, que recibió por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, no
equivalía a la notificación personal al igual que tampoco se le informó sobre los
recursos que procedían en vía administrativa contra el oficio referido, conforme a lo
establecido en los artículos 44 y 47 del CCA. De otro lado, señaló que el a quo no
debió desconocer que los haberes reclamados tenían la calidad de prestaciones
periódicas, por lo que eran demandables en cualquier tiempo.

En este sentido y comoquiera que sólo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra el fallo proferido el 30 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del CGP, se
resolverá el asunto sub lite en aquello que se reprocha como desfavorable en el
recurso46. Por ello, a continuación, se analizará si la Nación - Rama Judicial es
patrimonialmente responsable por emitir una providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 26 de mayo de 2016 a la que se le atribuye
contener o ser fruto de un error jurisdiccional.

46 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el
trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia”.

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Radicado: 25000233600020180036401 (66549)
Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

7.1.1. Se probó que el 27 de diciembre de 1995, Pedro José De la Vega Castillo fue
vinculado al cargo de profesional especializado, código 3010, grado 20, de la planta
de personal de la Policía Nacional, según da cuenta copia simple de la certificación
laboral del 19 de septiembre de 2007, expedida por la Secretaría General del
Comisionado Nacional para la Policía Nacional47.

7.1.2. Se probó que el 10 de mayo de 2011, Pedro José De la Vega Castillo,
mediante apoderado judicial, solicitó a la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional el pago de la prima de actividad y el subsidio familiar a partir de su
vinculación laboral, según da cuenta copia auténtica del oficio del 14 de junio de
2011, mediante el cual la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional negó el pago
de las prestaciones sociales referidas48.

7.1.3. Se demostró que, mediante oficio del 14 de junio de 2011, la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional negó a Pedro José De la Vega Castillo el pago de la
prima de actividad y del subsidio familiar, argumentando que el cargo que ocupaba
no formaba parte del personal civil de la entidad. Dicho acto administrativo no
mencionó al peticionario la posibilidad de interponer los recursos, según da cuenta
copia auténtica de ese oficio49.

7.1.4. Se acreditó que el 14 de junio de 2011, el apoderado de Pedro José De la
Vega Castillo recibió copia de la decisión y plasmó su rúbrica en el documento,
según da cuenta rúbrica del profesional del derecho con sus correspondientes
números de cédula y de tarjeta profesional50.

47 Fl. 114 a 1119, C. 3.
48 Fl. 9, C. 3.
49 Fl. 9 a 17, C. 3.
50 Fl. 282, C. 3.

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Radicado: 25000233600020180036401 (66549)
Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

7.1.5. Se probó que el 16 de noviembre de 2011, Pedro José De la Vega Castillo
presentó recurso de apelación contra el oficio del 14 de junio de 2011, según da
cuenta copia auténtica de la Resolución del 5 de abril de 2012, mediante la cual la
Dirección Nacional de la Policía Nacional rechazó el recurso de alzada por
extemporáneo 51.

7.1.6. Se demostró que, mediante Resolución del 5 de abril de 2012, la Dirección
Nacional de la Policía Nacional rechazó el recurso de apelación por extemporáneo,
al constatar que Pedro José De la Vega Castillo no lo interpuso dentro de los cinco
días siguientes a la notificación personal, en los términos del artículo 51 del CCA,
según da cuenta copia auténtica de la Resolución de esa fecha52.

7.1.7. Se acreditó que, en vista de ello, el 12 de septiembre de 2012, Pedro José
De la Vega Castillo presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad del oficio del 14 de junio de
2011 y de la Resolución del 5 de abril de 2012, así como el pago de la prima de
actividad y el subsidio familiar, según da cuenta original del escrito de la demanda53.

7.1.8. Se probó que en audiencia inicial del 17 de marzo de 2016, el Juzgado 14
Administrativo de Bogotá declaró la caducidad del medio de control, al constatar
que había operado el fenómeno preclusivo, porque la demanda se presentó el 12
de septiembre de 2012, después de que había vencido el término de los 4 meses
para controvertir el oficio del 14 de junio de 2011, notificación por conducta
concluyente ese mismo día, cuando el apoderado judicial del demandante recibió
una copia de la decisión. De esta información da cuenta copia auténtica del
proveído. El fundamento de la decisión fue el siguiente:

“el Despacho considera que el acto administrativo susceptible de control judicial no
es otro que el oficio […] del 14 de junio de 2011, en tanto que las demás resoluciones
no definieron de fondo la situación particular del señor Pedro José De la Vega, sino
que fueron consistentes y acertados en declarar la extemporaneidad de los recursos

51 Fl. 31, C. 3.
52 Fl. 42 a 44, C. 3.
53 Fl. 1 a 24, C.2.

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Radicado: 25000233600020180036401 (66549)
Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

presentados. En efecto, el oficio […] fue notificado al apoderado del demandante el
día 14 de junio de 2011. Llama la atención del Despacho el hecho de que el
apoderado de la parte demandante fue quien puso la nota de recibido en el oficio
[…] y sólo hasta que transcurrió un tiempo mayor a los 5 meses formuló los recursos
[…]. Recordemos que en los términos del artículo 135 del derogado CCA y aplicable
para el momento que se expidió el Oficio 1156 del 14 de junio de 2011, ´si las
autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los
recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los
correspondientes actos". [L]a oportunidad para presentar demanda […] y solicitar el
control de legalidad […] feneció el 15 de octubre de 2011 y de conformidad con el
acta individual de reparto otorgada […] la demanda fue presentada el 12 de
septiembre de 2012, es decir, por fuera del término de 4 meses […].”

7.1.9. Se acreditó que el 17 de marzo de 2019, Pedro José De la Vega Castillo
interpuso recurso de apelación contra la decisión adoptada en audiencia inicial por
el Juzgado 14 Administrativo de Bogotá, al estimar que la Dirección de Sanidad
Militar desconoció normas procesales sobre la obligación de la Administración de
informar acerca de los recursos procedentes en vía gubernativa y sobre la
notificación personal de actos administrativos, pues no informó de los recursos
procedentes contra el oficio 14 de junio de 2011, ni recibió citación para notificarse
personalmente del mismo, según da cuenta transcripción del recurso de apelación
referido en la providencia del 26 de mayo de 2016, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión del 17 de marzo de 2019. En
la providencia se refirió lo siguiente:

“el oficio […] de 14 de junio de 2011, que resolvió la petición realizada por el actor
el 19 de abril de2011, no da al interesado los recursos de ley, ni tampoco indica ante
qué entidades procede, ni los términos que se tiene para interponerlos, sin embargo,
aduce que los artículos 44 y siguientes del ´Código Contencioso Administrativo´
ordenan que en el texto de toda notificación debe manifestarse este tipo de
previsiones, pues sin el lleno de estos requisitos no es viable entender que haya
sido legal la notificación que alega la entidad no puede hablarse de ésta a menos
que el interesado demuestre que conoce el acto administrativo o cuando interponga
los recursos […].”

7.1.10. Consta que, mediante providencia del 26 de mayo de 2016, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión del 17 de marzo de 2019,
según da cuenta copia simple de la providencia54. La providencia expone
textualmente lo siguiente:

54 Fl. 148 a 150, C. 2.

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Radicado: 25000233600020180036401 (66549)
Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

“la administración dio una respuesta, aunque sea negativa, a la petición del actor, y
la misma no fue susceptible de ningún recurso (así lo decidió la administración al no
indicar recurso alguno en el escrito), de igual manera […] el apoderado del
demandante (Es de resaltar que aunque no se encuentra el nombre del apoderado
solo su firma, se plasma con total claridad el número de cédula de ciudadanía y el
número de tarjeta profesional, los que coinciden con los del señor Darío Caro
Meléndez apoderado del señor Pedro José de la Vega Castillo, por lo que no hay
lugar a equívocos con la notificación) dio recibido del oficio […] el 14 de junio de
2011, es decir, ese mismo día tuvo conocimiento de lo plasmado en dicho acto, por
lo que no le asiste razón al afirmar que no conocía el contenido del mismo y que fue
indebidamente notificado […] pues como ya se dijo, no es obligatorio que los actos
administrativos tengan que ser impugnados para que cobren firmeza, solo si se
estipula que cabe algún recurso contra ellos, es que se debe agotar dicha etapa.
Ahora bien, revisado el expediente, se puede evidenciar que el oficio […] de 14 de
junio de 2011, se notificó el mismo día […], el 31 de julio de 2012, presentó solicitud
de audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 142 Judicial Il en
asuntos administrativos […] la cual se celebró el 30 de agosto del mismo año,
empero esta no interrumpió el término de dicho fenómeno, comoquiera que se
solicitó al haber pasado más de 4 meses […].”

7.2. Ausencia de error jurisdiccional

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento; es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que
contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique,
violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta
contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que aunque ilustra en
términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado en el libelo introductorio
consiste en la merma patrimonial sufrida por el demandante, porque la providencia
del 26 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– que se acusa de incurrir en error jurisdiccional - declaró la caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que pudiera obtener,
mediante sentencia de fondo, el pago de la prima de actividad y el subsidio familiar
“a que tenía derecho”.

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Radicado: 25000233600020180036401 (66549)
Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

Ahora bien, según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, para que sea procedente
reclamar indemnización de perjuicios por un error jurisdiccional, el afectado deberá
haber interpuesto los recursos de ley contra dicha providencia y ésta deberá
encontrarse en firme55.

Bajo el anterior contexto, se observa que en el sub lite se cumplen los presupuestos
para estudiar la eventual configuración de un error jurisdiccional frente a la
providencia del 26 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, pues ésta se encontraba en firme y frente a ella no procedían
recursos ordinarios, por tratarse de un auto de segunda instancia (hecho probado
7.1.10.).

Es importante precisar que, para el asunto bajo estudio, la normativa aplicable al
procedimiento administrativo está contenida en el CCA, mientras que la normativa
aplicable al procedimiento contencioso administrativo corresponde al CPACA, de
acuerdo con el régimen de transición y vigencia establecido en el artículo 308
ibídem56.

Entonces, frente al primer error alegado, consistente en que la providencia del 26
de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
desconoció lo dispuesto en los artículos 4457, 4758 y 4859 del CCA, pues la Policía

55 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 2012, Rad.: 22581.
56 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)

de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia […]. En efecto la demanda del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se presentó el 12 de septiembre de 2012, en vigencia del CPCA.
57 “Artículo 44. Las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se

notificarán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado […]. Si no hay otro medio
más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación personal se le enviará por correo
certificado una citación a la dirección que aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la
actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La
constancia del envío se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días
siguientes a la expedición del acto […]. Al hacer la notificación personal se entregará al notificado
copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita […].”
58 “Artículo 47. En el texto de toda notificación o publicación se indicarán los recursos que legalmente

proceden contra las decisiones de que se trate, las autoridades ante quienes deben interponerse, y
los plazos para hacerlo.”
59 “Artículo 48. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni

producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente
enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales […].”

24

Radicado: 25000233600020180036401 (66549)
Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

Nacional no le informó sobre la procedencia de los recursos de reposición y
apelación contra lo decidido, ni lo citó para notificarse personalmente de ese acto
administrativo, por lo que, a su juicio, solo podía tenerse por notificado cuando elevó
el recurso de apelación; se tiene que el auto objeto de reproche, precisó lo siguiente:

“la administración dio una respuesta, aunque sea negativa, a la petición del actor, y
la misma no fue susceptible de ningún recurso (así lo decidió la administración al no
indicar recurso alguno en el escrito) de igual manera […] el apoderado del
demandante (Es de resaltar que aunque no se encuentra el nombre del apoderado
solo su firma, se plasma con total claridad el número de cédula de ciudadanía y el
número de tarjeta profesional, los que coinciden con los del señor Darío Caro
Meléndez apoderado del señor Pedro José de la Vega Castillo, por lo que no hay
lugar a equívocos con la notificación) dio recibido del oficio […] el 14 de junio de
2011, es decir, ese mismo día tuvo conocimiento de lo plasmado en dicho acto, por
lo que no le asiste razón al afirmar que no conocía el contenido del mismo y que fue
indebidamente notificado […] pues como ya se dijo, no es obligatorio que los actos
administrativos tengan que ser impugnados para que cobren firmeza, solo si se
estipula que cabe algún recurso contra ellos, es que se debe agotar dicha etapa […].
Ahora bien, revisado el expediente, se puede evidenciar que el oficio […] de 14 de
junio de 2011, se notificó el mismo día […], el 31 de julio de 2012, presentó solicitud
de audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 142 Judicial Il en
asuntos administrativos […] la cual se celebró el 30 de agosto del mismo año,
empero esta no interrumpió el término de dicho fenómeno, comoquiera que se
solicitó al haber pasado más de 4 meses […].”

De lo expuesto, la Sala observa que la providencia acusada encontró acreditado
que el oficio del 14 de junio de 2011, expedido por la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional omitió informar cuáles eran los recursos procedentes contra el
mismo.

Al efecto, se tiene que el numeral 2° del artículo 161 del CPACA dispone que “la
presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en
los siguientes casos: […] 2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo
particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la
ley fueren obligatorios […]. Si las autoridades administrativas no hubieran dado
oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al
que se refiere este numeral”.

Luego, según lo reseñado, resulta claro que Pedro José De la Vega Castillo
podía acudir directamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

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Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

pretendiendo la nulidad del oficio del 14 de junio de 2011, así como el pago de la
prima de actividad y el subsidio familiar, pues no se había dado la oportunidad de
presentar recursos en contra de dicho acto.

En ese orden de ideas, se advierte que la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional desconoció lo establecido en el artículo 47 del CCA, en el sentido de que
“[e]n el texto de toda notificación o publicación se indicarán los recursos que
legalmente proceden contra las decisiones de que se trate”. Sin embargo, también
se observa que esta circunstancia no le permitía al demandante considerarse
notificado al elevar el recurso de apelación, como alega equivocadamente en el
cargo (hecho probado 7.1.5.), pues ello tan solo lo facultaba para acudir
directamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a controvertir el
acto.

De otro lado, se advierte que la providencia acusada señaló que la demanda del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no se presentó dentro
de los 4 meses siguientes a la notificación por conducta concluyente del oficio del
14 de junio de 2011, efectuada ese mismo día, cuando el apoderado judicial de
Pedro José De la Vega Castillo recibió copia de la decisión y plasmó su rúbrica en
el documento.

En este sentido, es preciso manifestar que, dada la naturaleza particular del oficio
del 14 de junio de 2011, este sólo producía efectos a través de su notificación
personal o, en su defecto, por medio de la notificación por aviso, tal y como lo
preceptuaban los artículos 44 y 45 del CCA, a menos que se produjera la notificación
por conducta concluyente a que se refiere el artículo 48 ibídem, el cual señala “[s]in
el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá
efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por
suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales
[…]” (resaltado fuera de texto).

Al efecto, la providencia objeto de estudio encontró acreditado que el 14 de junio de
2011 el apoderado judicial de Pedro José De la Vega Castillo Castillo recibió copia

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Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

del oficio de esa fecha y plasmó su rúbrica en el documento, por lo que en ese
momento el demandante tuvo conocimiento de la decisión y, en consecuencia, se
entendía notificado por conducta concluyente (hecho probado 7.1.3).

De hecho, el Consejo de Estado60 ha señalado que en la notificación de los actos
administrativos por conducta concluyente “se busca sanear o convalidar la falta o
irregularidad en que pudo incurrir la administración al publicitar los actos
administrativos y se configura en tanto la parte interesada manifieste por algún
medio que conoce la decisión de la administración y conviene en ella aceptándola
u oponiéndose mediante la interposición de los recursos respectivos o de la
demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa”.

Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional61 ha aclarado el alcance de esta forma
de notificación, destacando la importancia de conocer el contenido de la decisión,
así: “cuando el peticionario está en desacuerdo con el contenido de la decisión
administrativa y no ejerce los recursos gubernativos oportunos, para que opere la
notificación por conducta concluyente, se deben cumplir los siguientes requisitos: i)
existencia de un comportamiento del sujeto afectado por el acto; ii) que se surta al
interior del proceso y; iii) que se pueda deducir inequívocamente el conocimiento
del acto”. En efecto, en el presente asunto, el cumplimiento de los anteriores
requisitos señalados por la Corte Constitucional, están acreditados porque i) el
apoderado de Pedro José De la Vega Castillo recibió copia del oficio del 14 de junio
de 2011 y plasmó su rúbrica en el documento; (hecho probado 7.1.4.); ii) la
actuación anterior se surtió dentro del proceso administrativo en el cual el
demandante pretendía el pago de la prima de actividad y el subsidio familiar (hechos
probados 7.1.2. a 7.1.4.); y iii) el demandante recibió a través de su apoderado
judicial una copia del documento que tenía la decisión, lo que permitía inferir
razonablemente que conoció de la misma.

60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 9 de

julio de 2014, Rad.: 29741. En este sentido ver también, Sección Tercera, sentencia del 18 de enero
de 2012, rad.: 42109 y Sección Cuarta, sentencia de 5 de septiembre de 2013, Rad.: 2013.-00082-
01.
61 Corte Constitucional, sentencia T-201 de 2010.

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Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

Entonces, es de advertir que Pedro José De la Vega Castillo no podía entenderse
por notificado el 16 de noviembre de 2011, cuando presentó recurso de apelación
contra el oficio del 14 de junio de 2011 (hecho probado 7.1.5), en tanto para
entonces se encontraba debidamente enterado del asunto, al haber sido notificado
por conducta concluyente.

Así pues, se advierte que no se configuró el error jurisdiccional alegado, toda vez
que Pedro José De la Vega Castillo no podía tenerse por notificado cuando elevó el
recurso de apelación, pues, si bien la Dirección de Sanidad Militar de la Policía
Nacional no le informó sobre la procedencia de los recursos de reposición y
apelación contra el oficio del 14 de junio de 2011, ni lo citó para notificarse del
mismo, con lo cual desconoció lo dispuesto en los artículos 44 y 47 del CCA, lo
cierto que el demandante conoció ese mismo día de la decisión, según lo previsto
en el artículo 48 ibídem y, en tal medida, podía, dentro de los términos establecidos
en la Ley, interponer los recursos en vía administrativa o acudir directamente ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

Ahora, en relación con el segundo yerro alegado por el demandante, esto es, que
la providencia acusada desconoció el precedente judicial fijado por la Sección
Segunda del Consejo de Estado62, respecto de la posibilidad para demandar en
cualquier tiempo el pago de la prima de actividad y el subsidio familiar por tener, a
su parecer, el carácter de prestaciones periódicas; se advierte que éste argumento
nunca fue esgrimido en el recurso de apelación del proceso del medio de control de
nulidad y restablecimiento. En efecto, Pedro José De la Vega Castillo, en ese
recurso de alzada, señaló “el oficio […] de 14 de junio de 2011, que resolvió la
petición realizada por el actor el 19 de abril de2011, no da al interesado los recursos
de ley, ni tampoco indica ante qué entidades procede, ni los términos que se tiene
para interponerlos, sin embargo, aduce que los artículos 44 y siguientes del ´Código
Contencioso Administrativo´ ordenan que en el texto de toda notificación debe
manifestarse este tipo de previsiones, pues sin el lleno de estos requisitos no es

62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de

octubre de 2008, Rad.: 0363-08.

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Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

viable entender que haya sido legal la notificación que alega la entidad no puede
hablarse de ésta a menos que el interesado demuestre que conoce el acto
administrativo o cuando interponga los recursos […].” (hecho probado 7.1.9.).

A estos efectos, debe ponerse de presente que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del CGP63, “[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, por lo tanto,
en el caso de autos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no podía estudiar
argumentos distintos a los expuestos por el accionante en el recurso de apelación.

Por lo anterior, el error alegado no tiene vocación de prosperar, pues se advierte
que lo que pretende el demandante, a través de éste es incluir nuevos argumentos
a aquellos que tuvo la oportunidad de estudiar el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y
que no esgrimió de forma oportuna.

Entonces, lo que se observa es que el demandante pretende utilizar como tercera
instancia el medio de control de reparación directa sin el debido uso que se le debe
dar cuando se demanda al Estado por error jurisdiccional, pues busca controvertir
nuevamente la decisión del 26 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que fue adversa a sus intereses.

En este sentido, esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita
ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene -ni puede tener- la vocación
de constituirse en una instancia adicional, a las tramitadas dentro del cauce
procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio

63 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el
trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia”.

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Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como
presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a la providencia
judiciales a las cuales se le endilga la producción del daño antijurídico64.

En consecuencia, en la parte resolutiva de este proveído la Sala confirmará la
providencia del 30 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, pues se advierte que la
providencia del 26 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no ocurrió en un error jurisdiccional.

8. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de

64 Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de esta Subsección:

Sentencia del 17 de noviembre de 2011, Rad.: 250002326000 1997 05238 01 (22982); Sentencia
del 6 de junio de 2012, Rad.: 250002326000 1997 15324 01 (24.690); Sentencia del 27 de junio de
2013, Rad.: 250002326000 2001 02345 01 (28.189); Sentencia del 29 de enero de 2014, Rad.:
250002326000 2000 02527 01 (28.215); Sentencia del 12 de febrero de 2014, Rad.: 250002326000
2001 00349 02 (28.428); Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad: 250002326000 2001 02368 01
(29.540); Sentencia del 1° de octubre de 2014, Rad: 250002326000 2000 01292 01 (27.862);
Sentencia del 12 de febrero de 2015, Rad: 250002326000 2000 02235 02 (28.482); Sentencia del
23 de octubre de 2017, Rad.: 25000-23-26-000-2009-01042-01(49493).

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Radicado: 25000233600020180036401 (66549)
Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, la Sala en la parte
resolutiva condenará en costas a la parte actora, toda vez que el recurso de
apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera
concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del
Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es
decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan
efectivamente probadas en el proceso.

En relación con las agencias en derecho65 en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora66. A su turno, el Acuerdo 10554 de 201667
proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determina
que, en los procesos declarativos en general en segunda instancia, podrán fijarse
entre 1 a 6 SMLMV68.

En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por la parte demandada
en segunda instancia comprendió la presentación de un escrito de alegatos de
conclusión, en la oportunidad procesal correspondiente, habrá lugar al pago de las
agencias en derecho a cargo del extremo activo, las cuales se fijan en derecho en
1 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

65 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
66 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
67 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
68 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general. En

única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre
el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda
se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo
pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto. En
aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”.

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Radicado: 25000233600020180036401 (66549)
Demandante: Pedro José De la Vega Castillo

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de julio de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones señaladas en la presente providencia

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

TERCERO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho por la
segunda instancia, la suma de 1 SMLMV a cargo de la parte demandante y a favor
de la Nación – Rama Judicial.

CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRÍQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado

VF

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