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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00081-03

Fecha
26 de septiembre de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00081-03

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de abril de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la parte demandante en favor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia 52 Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho se pueden consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021, exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023, exp. 69.319, auto de 9 de abril de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 65.193. De acuerdo con lo consignado en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del CGP, la fijación de agencias en derecho no se afecta en el evento en el que la parte haya litigado, incluso, a nombre propio -sin apoderado judicial-, pues aun en ese caso tiene derecho a que se fije el monto de las agencias para retribuir su actuación. Por lo anterior, si la parte que actuó a nombre propio tiene derecho a que se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de honorarios de un apoderado judicial que lo representara, igual razonamiento debe hacerse extensivo a los eventos en los que un sujeto procesal actúa a través de un profesional del derecho que hace parte de su planta de personal, pues el hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias en derecho como componente de la condena en costas. Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2023, exp: 68.199. 53 “ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2019-00081-03

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

26 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)
Actor: Carbones de Río Negro Peña Liza Limitada.
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
Medio de control: Reparación directa

Temas: ELEMENTOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL
ESTADO / DAÑO – Detrimento sufrido por una persona como consecuencia de la lesión a
un derecho jurídicamente tutelado / ANTIJURIDICIDAD - No toda lesión a un derecho es
indemnizable, sobre todo si la misma es resultado de una actividad lícita. La afectación se
torna antijurídica cuando no exista un título legal conforme al ordenamiento jurídico que
justifique o legitime el menoscabo / CONFIANZA LEGÍTIMA / La declaratoria de
responsabilidad del Estado por la vulneración de este principio constitucional de cara a las
nociones del interés público, colectivo y social, así como a los fines del estado, es exigente
y trasciende más allá de la noción personal del individuo acerca de lo esperado /
PROPIEDAD PRIVADA, LIBERTAD ECONÓMICA Y DE EMPRESA - se trata de derechos
subjetivos a los que le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas que están
dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los que se
destacan el de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, proteger el medio
ambiente y velar por su conservación, y la promoción de la justicia y el interés general /
CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA – Es el principal instrumento que utiliza el Estado
para encauzar la iniciativa privada en la actividad minera y regula los derechos, deberes,
facultades y obligaciones emanados del desarrollo de dicha actividad - No existen derechos
adquiridos en el contrato de concesión minera, en tanto que los conferidos no son absolutos,
ya que pueden verse afectados durante su ejecución, por la prohibición de la actividad
respectiva, dada su sujeción al interés general / PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL
• Una interpretación acorde con la regla constitucional de prevalencia del interés general
permite afirmar que el legislador y las autoridades administrativas tienen la potestad de
prohibir una actividad que venían desarrollando con un particular, cuando ello se haga para
evitar un riesgo sobre un bien jurídico de mayor importancia.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

Se solicita la reparación de los perjuicios causados por la prohibición de las
actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en el
marco del contrato de concesión minera FKJ-081 de 2005, lo que tuvo por causa la
delimitación del Páramo de Guerrero.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1.
Corresponde a la proferida el 25 de abril de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual

1

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)
Actor: Carbones de Río Negro Peña Liza Ltda.
Demandado: La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
otros
Medio de control: Reparación directa

se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada el 8
de febrero de 20191, por la sociedad Carbones de Río Negro Peña Liza Limitada –
en adelante Carbo Río Ltda.–, contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Agencia Nacional de Minería –en adelante ANM–, la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca –en adelante CAR– y el Servicio Geológico
Colombiano, con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables, a título
de daño especial, por los efectos de la Resolución 1769 de 2016, expedida por la
primera de las entidades mencionadas y las demás decisiones que la desarrollaron,
por medio de las cuales se delimitó el Páramo de Guerrero y se prohibieron las
actividades de exploración y explotación minera, lo que conllevó a que se redujera
en una tercera parte el área explotable del yacimiento de carbón mineral dentro del
contrato de concesión No. FJK-081 suscrito el 9 de noviembre de 2005, en el que
fungía como concesionaria la sociedad actora. A título de indemnización solicitó la
suma de $11.700’000.000, por concepto de lo que dejaría de explotarse –
disminución de las reservas– en 16 años que quedaban de vigencia del citado
contrato2.

2.
Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que el Tribunal se
pronunció fueron los siguientes.

Hechos

3.
El 9 de noviembre de 2005, el Instituto Colombiano de Geología y Minería y
los señores José Alfonso Rincón Zamora, Guillermo Uriel Pérez Gómez, Jorge
Manzanera Neuman y José Joaquín Hernández Ojeda suscribieron el contrato de
concesión No. FJK-081 para la exploración y explotación de un yacimiento de
carbón mineral en el municipio de Pacho, Cundinamarca. A través de Resolución
del 1° de julio de 2009, la CAR otorgó licencia ambiental para explotar en el marco
de ese contrato un área de 155 hectáreas y 9.928,5 m2, con vigencia hasta el 21 de
febrero de 2036.

4.
Por medio de la Resolución SFOM 381 del 18 de diciembre de 2009,
Ingeominas declaró perfeccionada la cesión de los derechos y obligaciones que le
correspondían a los concesionarios en favor de Carbo Río Ltda. Posteriormente, el
Congreso de la República expidió la Ley 1753 de 2015, por medio de la cual adoptó
el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país” y, en el
parágrafo primero del artículo 173 de la mencionada ley se estableció que, al interior
del área delimitada como páramo, los contratos y licencias otorgadas con
anterioridad al 9 de febrero de 2010 para actividades de minería podían seguir
ejecutándose hasta su terminación sin posibilidad de prórroga.

1 Folio 1 y 21, C. Ppal.
2 Al respecto, se señaló en la demanda: “la reducción del área explotable implicó una evidente pérdida
económica para la sociedad demandante consistente en la drástica disminución de las reservas explotables, las
cuales pasaron de 9 millones de toneladas a 3’000.000 (sic) toneladas aproximadamente, de acuerdo con los
estimados existentes sobre el particular, con una pérdida inmediata del derecho a explotar seis millones de
toneladas.
“Teniendo en cuenta que el derecho a la explotación de cada tonelada in situ se negocia en el mercado
internacional al US$ 0,65, los 6 millones de toneladas que quedan inexplotadas alcanzan un valor de pérdida
de aproximadamente… $11.700’000.000 que dejaran de explotarse en los 16 años faltantes de explotación de
la mina que nos ocupa.” (folios 12 y 13, c. Ppal.).

2

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)
Actor: Carbones de Río Negro Peña Liza Ltda.
Demandado: La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
otros
Medio de control: Reparación directa

5.
Sin embargo, ese parágrafo fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional en sentencia C-035 de 2016 y, en virtud de ello, el Minambiente
expidió la Resolución 1769 del 28 de octubre del mismo año, por medio de la cual
delimitó el Páramo de Guerrero y prohibió las actividades de exploración y
explotación de recursos naturales no renovables dentro de su perímetro.

6.
La ANM mediante auto GSC-ZC 001737 notificado el 30 de enero de 2017,
le informó a la actora que el contrato de concesión minera No. FJK-081 de 2005 se
encontraba superpuesto parcialmente en un 66% con el Páramo de Guerrero y, por
tanto, le ordenó abstenerse de adelantar labores de explotación en esa área. El 10
de febrero de 2017, la CAR respondió una petición formulada por Carbo Río Ltda.,
en la que especificó que el área del polígono de la concesión que se encontraba
dentro del mismo era de 103,038 hectáreas y, por tanto, allí debía suspenderse toda
actividad minera, contara o no con licencia ambiental.

Fundamentos de derecho

7.
La parte actora manifestó que tales decisiones, aunque legales, conllevaron
a la reducción y limitación de las reservas explotables de la concesión, lo que
produjo un detrimento patrimonial derivado del desequilibrio del principio de
igualdad frente a las cargas públicas, la vulneración de sus derechos adquiridos y
la defraudación de la confianza legítima y, por ende, no pretendía la declaratoria de
nulidad de ninguno de estos actos administrativos, sino la reparación del daño
causado con sus efectos, pues no estaba en el deber jurídico de soportarlo3.

La defensa

8.
El Servicio Geológico Colombiano formuló la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva4, la cual se declaró probada por el Tribunal,
decisión que se confirmó en su momento por esta Subsección5.

9.
La CAR se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual propuso las
excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que la
prohibición de ejercer actividades mineras en los páramos delimitados por el
Minambiente provino de una orden contenida en un fallo proferido por la Corte
Constitucional y su actuación se limitó a dar respuesta a una petición elevada por la
sociedad actora; y, (ii) inexistencia de daño antijurídico, pues el dictamen pericial
aportado no probaba la pérdida económica alegada por la demandante6.

10.
La ANM igualmente se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual
señaló que no se configuraban los elementos para declarar la responsabilidad
patrimonial de esa entidad, por cuanto la decisión de delimitar el páramo de
Guerrero no provino de ella y de conformidad con el artículo 36 de la Ley 685 de
2001, en los contratos de concesión se entenderían excluidas o restringidas de

3 Folios 1 a 17, c. Ppal.
4 Folios 55 a 60, c. Ppal.
5 Mediante auto del 3 de diciembre de 2020, el Tribunal declaró probada la excepción de la falta de legitimación

en la causa por pasiva del Servicio Geológico Colombiano (SAMAI: Tribunal índice 24), decisión confirmada el
27 de agosto de 2021, por esta Subsección (folios 169 a 175, c. Ppal.).
6 Folios 79 a 96, c. Ppal.

3

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)
Actor: Carbones de Río Negro Peña Liza Ltda.
Demandado: La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
otros
Medio de control: Reparación directa

“pleno derecho” las zonas o trayectos en los que estuviera prohibida la actividad
minera, más aún cuando fuera en aras de proteger los recursos naturales y velar
por la conservación de un ambiente sano7.

11.
El Minambiente, en su defensa, formuló las excepciones que denominó: (i)
“habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente” y caducidad, dado
que los perjuicios reclamados provienen de la expedición de la Resolución 1769 de
2016 y, por tanto, el medio de control procedente era el de nulidad y restablecimiento
del derecho; (ii) pleito pendiente, ya que cursaban unos procesos de nulidad contra
la mentada resolución8; (iii) falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que
no era parte del contrato de concesión minera y su única relación con el proceso se
derivaba de la expedición de la Resolución 1769 de 2006, la cual gozaba de
presunción de legalidad; (iv) cobro de lo no debido, toda vez que el Ministerio no
estaba llamado a asumir condenas originadas en controversias sobre contratos en
los que no obraba como parte; (v) “ausencia de daño y responsabilidad causados a
la demandante por parte del Ministerio”, para lo cual hizo referencia a los
fundamentos constitucionales y legales para la delimitación y protección de los
páramos y sostuvo que conforme a los artículos 332 y 334 de la Constitución
Política, el Estado era el propietario de los recursos naturales no renovables y tenía
a cargo la obligación de intervenir a fin de preservar un ambiente sano y proteger
las riquezas naturales de la Nación9.

Alegatos de conclusión

12.
Concluido el debate probatorio10, en el término para alegar de conclusión, la
demandante reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial 11 . La ANM
sostuvo que la resolución a través de la cual se delimitó el Páramo de Guerrero y
se prohibió la actividad minera fue proferida diez años después del otorgamiento del
título FJK-081, y para el momento en que se otorgó no existía restricción o
prohibición que impidiera allí la explotación de recursos naturales no renovables12.
El Minambiente13 y la CAR14 indicaron que la jurisprudencia de las altas cortes había
sido pacífica en señalar que no existen derechos adquiridos derivados de los
contratos de concesión, en tanto que su vigencia no impedía al Estado limitar,
condicionar o prohibir la actividad objeto de la concesión, cuando con ello se
pretendiera proteger un bien jurídico de mayor importancia constitucional y, por
tanto, no existía un daño susceptible de indemnizarse.

7 Folios 113 a 122, c. Ppal.
8 Citó los expedientes: 2017-00220-00 y 2017-00116-00.
9 Folios 131 a 151, c. Ppal.
10 En la audiencia inicial llevada a cabo el 9 de agosto de 2022, el Tribunal decretó las siguientes pruebas:

Documentales: 1. Resolución 1769 de 2016. 2. Contrato FJK-081 de 2005 y otrosí. 3. Petición del 20 de febrero
de 2017, elevada por Carbo Río Ltda. 4. Comunicación 20172105205 del 10 de febrero de 2017. 5. Plano de
mina FJK-081. 6. Comunicación 2017220005711 de la ANM. 7. Cuadro informativo de la ANM. 8. Comunicación
20173320057901 de la ANM. 9. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad actora. 10.
Expediente de licencia ambiental No. 1123-384 (2025 folios). 11. Antecedentes administrativos. Testimonial:
Campo Elías Ballesteros. Dictamen: aportado con la demanda para probar la afectación económica por la
disminución de reservas de explotación (SAMAI: Tribunal, índice 70.
11 SAMAI: Tribunal, índice 92.
12 SAMAI: Tribunal, índice 93.
13 SAMAI: Tribunal, índice 86.
14 SAMAI: Tribunal, índice 87.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)
Actor: Carbones de Río Negro Peña Liza Ltda.
Demandado: La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
otros
Medio de control: Reparación directa

La decisión del tribunal

13.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A, negó las pretensiones de la demanda. Consideró que la prohibición de las
actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables al
interior del área de superposición con el Páramo de Guerrero antes de su
finalización, no implicó la causación de un daño antijurídico, ni se vulneraron
derechos adquiridos y tampoco se desconoció el principio de confianza legítima,
dado que tal determinación obedeció a la aplicación de preceptos constitucionales
y legales para materializar la protección del medio ambiente como bien jurídico
constitucional prevalente en relación con los derechos económicos de la sociedad
demandante.

14.
Señaló que la determinación de áreas protegidas y de exclusión de
actividades mineras estaba prevista en la legislación (art. 34 y 36 de la Ley 685 de
2001), de ahí que era una situación susceptible de ocurrir en el desarrollo del
contrato de concesión, en este caso, para evitar la producción de un daño al medio
ambiente, bien que prevalecía sobre la libertad y desarrollo económico de los
particulares. Agregó que el contrato de concesión FKJ-081 de 2005 se siguió
ejecutando en el área que no se superpone con el páramo, lo que permitía concluir
que la sociedad actora continuó desarrollando el objeto de la concesión en el
porcentaje restante y, por ende, no se acreditó que el daño alegado en la demanda
revistiera las características de cierto y antijurídico15.

II. RECURSO DE APELACIÓN

15.
Contra la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de apelación.
Como sustento de su inconformidad, sostuvo que el Tribunal se limitó a citar
jurisprudencia sobre la facultad del Estado para intervenir en las actividades
económicas de los particulares, cuando con ello se pretenda la defensa del bien
común y la prevalencia del interés general, y fundamentó su decisión de negar las
pretensiones, en la legalidad de los actos administrativos cuyos efectos generaron
la reducción del área concedida a la sociedad actora para la explotación de carbón,
a pesar de que en la demanda se aceptó y no hubo disenso frente a la legalidad de
aquellos, pues “simplemente pidió ser indemnizado por los perjuicios que estas
decisiones le causaron”.

16.
Afirmó que se trató de una decisión sin motivación e infundada en la que se
obvió analizar la causación del daño antijurídico alegado bajo supuestos similares
a los aplicados cuando se estudia la responsabilidad del Estado por trabajos
públicos u ocupaciones que, aunque lícitas, dan lugar a reparar los daños que
causen.

17.
Con fundamento en lo anterior, dijo que el a quo no tuvo en cuenta las
pretensiones formuladas, ni la sustentación legal de la demanda, ni la naturaleza

15 SAMAI: Tribunal, índice 99.

5

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)
Actor: Carbones de Río Negro Peña Liza Ltda.
Demandado: La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
otros
Medio de control: Reparación directa

indemnizatoria del medio de control ejercido, ya que resolvió el asunto como si se
tratara de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho16.

18.
Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del
artículo 247 de la Ley 1437 de 201117. El Ministerio Público guardó silencio18.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

19.
Sin que se observe causal de nulidad que impida dictar sentencia, y
analizados los presupuestos procesales correspondientes, procede la Sala a
resolver el recurso de apelación.

El objeto del recurso

20.
Se circunscribe a verificar (i) si la motivación del a quo fue incongruente con
los supuestos del medio de control de reparación directa y, (ii) si se encuentran
acreditados los elementos necesarios para declarar patrimonialmente responsable
al extremo pasivo de la litis.

Análisis propuesto por el Tribunal y medio de control procedente en el sub
examine

21.
En la demanda la parte actora fue enfática en indicar que lo pretendido no
era cuestionar la legalidad de las decisiones con las cuales se prohibieron las
actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables al
interior del Páramo de Guerrero, sino la reparación de los perjuicios ocasionados
con tales decisiones que, calificándolas como ajustadas al ordenamiento legal,
implicaron la reducción del área concesionada a la sociedad Carbo Río Ltda. para
la explotación de carbón y, por consiguiente, una afectación patrimonial y el
desconocimiento de los derechos adquiridos; de ahí que se le debiera indemnizar
con fundamento en el título de imputación de daño especial.

22.
Si bien en el recurso de alzada la apelante alega que el a quo no tuvo en
cuenta la naturaleza indemnizatoria del medio de control ejercido ni las pretensiones
formuladas, dado que resolvió el asunto como si se tratara de uno de nulidad y
restablecimiento del derecho y negó las pretensiones aludiendo a la legalidad de los
actos administrativos cuyos efectos causaron el daño que reclama, lo cierto es que
el análisis realizado en la sentencia objeto de impugnación no correspondió con uno

16 SAMAI: Tribunal, índice 102.
17 Modificada por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Dado que el recurso de apelación se interpuso el 2 de

mayo de 2024, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones del CPACA con las reformas
introducidas por la Ley 2080 de 2021; ello, en atención a lo previsto en el artículo 86 de la misma norma. Artículo
247. “Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias
proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
“(…)
“5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos
por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado
para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días
siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso” (negrilla fuera del
texto).
18 SAMAI: índice 15.

6

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)
Actor: Carbones de Río Negro Peña Liza Ltda.
Demandado: La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
otros
Medio de control: Reparación directa

de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que no se aplicó el término de
caducidad de cuatro (4) meses para su ejercicio y tampoco se realizó un examen
de legalidad de tales actos, sino que bajo los supuestos del medio de control de
reparación directa -procedente en el presente asunto- la Sala se refirió a la facultad
que tenía el Estado para limitar, condicionar o prohibir la exploración y explotación
de recursos naturales no renovables en áreas protegidas, con el fin de descartar la
antijuridicidad del daño invocado.

23.
Conforme lo evidencia el contenido del fallo apelado, se negaron las
pretensiones por estimar el a quo que no estaba acreditado un daño susceptible de
indemnización ni haberse demostrado la defraudación de la confianza legítima o el
desconocimiento a los derechos adquiridos, puesto que la normativa y
jurisprudencia en punto a este tema era contundente al señalar que la libertad
económica encontraba límites en el bien común y en la función social de la
propiedad y de la empresa, los cuales se materializaban a través del deber del
Estado de regular la economía y, en el caso particular, los deberes de conservar las
áreas de especial importancia ecológica; de modo que no es cierto que el a quo
desconociera las pretensiones formuladas en la demanda, ni el fundamento fáctico
y jurídico en que estaban soportadas, así como tampoco que obviara analizar la
existencia del daño, sino que encontró que el causado no era pasible de calificarse
como antijurídico, porque la sociedad afectada con tales decisiones estaba en la
obligación de soportarlo.

24.
En ese contexto, el debate en esta instancia se limita a establecer si el daño
alegado en la demanda, consistente en la reducción del área explotable dentro del
título minero FJK-081 como consecuencia de la delimitación del Páramo de
Guerrero, puede calificarse como un daño anormal o superior capaz de
comprometer la responsabilidad del Estado, el cual habría sido causado con ocasión
de una actividad legítima, esto es, la adopción de decisiones restrictivas con el fin
de prevenir y controlar los factores de deterioro medio ambiental.

Prueba del daño en el caso concreto

25.
La cláusula general de responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la
Constitución Política es el fundamento con el cual se resuelve todo debate acerca
de la obligación de reparar a cargo del Estado, cuyos elementos esenciales son el
daño, su antijuridicidad y su imputación.

26. El daño como primer elemento de la responsabilidad debe estar debidamente
estructurado. La noción de daño antijurídico impone considerar que no toda lesión
a un derecho es indemnizable, sobre todo si la misma es resultado de una actividad
lícita, pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños
que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen
obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad. En
ese sentido, la afectación se torna antijurídica cuando no exista un título legal
conforme al ordenamiento jurídico que justifique o legitime el menoscabo a un
derecho o interés tutelado y, en esa medida, se puede afirmar que la víctima no se
encontraba en el deber de soportarlo; de ahí que la antijuridicidad no dependa de la
licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.

7

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)
Actor: Carbones de Río Negro Peña Liza Ltda.
Demandado: La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
otros
Medio de control: Reparación directa

27. Bajo ese contexto, el demandante no solo debe acreditar el daño
efectivamente materializado, sino también que no está justificado por la ley o el
derecho, pues hay perjuicios que material o jurídicamente son el resultado del
devenir propio de las relaciones sociales, comunitarias, empresariales o de trabajo,
en las que los derechos, intereses y prerrogativas deben someterse a límites y
pueden resultar afectados. Por tanto, en aquellos casos en los cuales se está en
presencia de una falta de prueba respecto del daño antijurídico, dicha circunstancia
torna inocuo adelantar un análisis respecto del elemento de la imputación.

28. Asimismo, en oportunidades anteriores se ha discurrido sobre la
responsabilidad patrimonial del Estado por la defraudación de la confianza legítima,
señalando que los derechos adquiridos son el presupuesto de existencia del daño,
ya que su configuración depende de la lesión a un interés protegido ex ante por la
ley o amparado por el principio de la confianza legítima, de manera que se está ante
un deber de reparar cuando hay prueba de ello y resulte imputable a la
Administración.

29. Sin perjuicio de lo anterior, la declaratoria de responsabilidad del Estado por
la vulneración del principio constitucional de la confianza legítima de cara a las
nociones del interés público, colectivo y social, así como a los fines estatales, resulta
especialmente exigente y trasciende más allá de la noción personal del individuo
acerca de lo esperado, pues en sociedades actuales construidas sobre criterios
antropocéntricos es posible que el individualismo niegue la coexistencia con lo
público, lo social y lo colectivo, desconociendo que bajo la égida del artículo 1°
constitucional, cuando existe tensión entre el interés general y el particular siempre
prevalecerá el primero.

30. De conformidad con los medios de convicción allegados al proceso se
acreditó que el 9 de noviembre de 2005, el Instituto Colombiano de Geología y
Minería –Ingeominas– y los señores José Alfonso Rincón Zamora, Guillermo Uriel
Pérez Gómez, Jorge Manzanera Neuman y José Joaquín Hernández Ojeda
suscribieron el contrato de concesión FJK-081, para la exploración y explotación de
un yacimiento de carbón mineral ubicado en la vereda El Bosque del municipio de
Pacho, Cundinamarca, cuya área de explotación comprendía una extensión
superficiaria de 155 hectáreas y 9.928,5 M2 y se pactó un plazo de treinta (30) años
contados a partir de su inscripción en el Registro Minero Nacional19, lo cual ocurrió
el 22 de febrero de 200620.

31. A través de Resolución 1394 del 1º de julio de 2009, entre otras cosas, la
CAR otorgó licencia ambiental a los concesionarios del contrato FJK-081 del 9 de
noviembre de 2005 por el término de “la vida útil del proyecto”, es decir, hasta el 21
de febrero de 2036, para la explotación de un yacimiento de carbón ubicado en la

19 Contrato visible a folios 2 a 8, c. 3.
20 Folio 9, c. 3. En la cláusula primera del Otrosí No.1 del 22 de diciembre de 2007, se pactó: “Duración y etapas

del contrato. El presente contrato tendrá una duración de veintiocho (28) años, siete (7) meses y once (11) días
correspondidos entre el 10 de julio de 2007 (fecha en que se aprobó el PTO -Programa de Trabajos y Obras-)
y el 21de febrero de 2036, únicamente para etapa de explotación.
Parágrafo: la anterior modificación de las etapas contractuales no implica la modificación de la duración total
del contrato, la cual es de treinta (30) años”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)
Actor: Carbones de Río Negro Peña Liza Ltda.
Demandado: La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
otros
Medio de control: Reparación directa

jurisdicción del municipio de Pacho, cuyos volúmenes de explotación promedio eran
de 67.932 toneladas/año.

32. Los particulares previamente mencionados (concesionarios) mediante
escritura pública No. 0001196 del 16 de agosto de 2007, constituyeron la sociedad
Carbones de Río Negro Peña Liza Ltda. y, mediante escrito con radicado 2008-14-
1178 del 28 de febrero de 2008, solicitaron la cesión de los derechos y obligaciones
derivadas del contrato de concesión minera No. FJK-081 a favor de la referida
sociedad. A través de la Resolución SFOM 381 del 18 de diciembre de 200921, de
conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 685 de 2001, Ingeominas
declaró perfeccionada la cesión del 100% de los derechos que les correspondían a
los concesionarios en favor de Carbo Río Ltda. y, por tanto, a partir de la ejecutoria
de ese acto22, la referida sociedad quedó como concesionaria del título minero No.
FJK-081.

33. En el 2015, el Congreso de la República expidió la Ley 1753, por medio de
la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo
país”, y en el capítulo VI denominado “CRECIMIENTO VERDE”, artículo 173,
consagró que en las áreas delimitadas como páramos no se podían adelantar
actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no
renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. Además, otorgó al
Minambiente la competencia para delimitar las áreas de páramos al interior del área
de referencia “definida en la cartografía generada por el Instituto Alexander Von
Humboldt a escala 1:100.000 o 1:25.000, cuando esta última esté disponible”.

34. Sin perjuicio de lo anterior, en el parágrafo 1 de ese artículo se establecieron
previsiones dirigidas a precisar los efectos temporales de la prohibición, las
consecuencias del incumplimiento de los términos y condiciones bajo los cuales se
otorgaron las autorizaciones mineras o ambientales y la articulación institucional
para la sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias que se venían
realizando desde antes del 16 de junio de 2011 al interior del área de páramo
delimitada, con el fin de garantizar de manera gradual la aplicación de la
prohibición23.

21 Cd obrante a folio 130, archivo: CONCTO2018-001420_FJK-081_PRINCIPAL_2_6655181, páginas 47 a 51.
22 Quedó en firme el 25 de enero de 2010, de acuerdo con la constancia de ejecutoria proferida el 1 de febrero

de 2010 (Cd obrante a folio 130, archivo: CONCTO2018-001420_FJK-081_PRINCIPAL_2_6655181, página
61).
23 “PARÁGRAFO 1°. Al interior del área delimitada como páramo, las actividades para contrato y licencia

ambiental con el instrumento de control y manejo ambiental equivalente, que hayan sido otorgados con
anterioridad al 9 de febrero de 2010 para las actividades de minería, o con anterioridad al 16 de junio de 2011
para la actividad de hidrocarburos, respectivamente, podrán seguir ejecutándose hasta su terminación, sin
posibilidad de prórroga. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las Autoridades Ambientales
deberán revisar las Licencias Ambientales otorgadas antes de la entrada en vigencia de la prohibición, en las
áreas de páramo delimitadas y las mismas estarán sujetas a un control, seguimiento y revisión por parte de las
autoridades mineras, de hidrocarburos y ambientales, en el marco de sus competencias y aplicando las
directrices que para el efecto defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En todo caso, el incumplimiento de los términos y condiciones en los cuales se otorgaron las autorizaciones
mineras o ambientales, dará lugar a la caducidad del título minero de conformidad con lo dispuesto en el código
de minas o la revocatoria directa de la licencia ambiental sin el consentimiento del titular y no habrá lugar a
compensación alguna.
Si a pesar de la existencia de la licencia ambiental no es posible prevenir, mitigar, corregir o compensar los
posibles daños ambientales sobre el ecosistema de páramo, la actividad minera no podrá seguir
desarrollándose.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales,
en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y

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otros
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35. El anterior parágrafo fue objeto de demanda parcial de inconstitucionalidad.
A través de sentencia C-035 de 2016, la Corte Constitucional declaró inexequibles
los incisos primero, segundo y tercero del primer parágrafo del artículo 173 de la
Ley 1753 de 2015. Como sustento de esa decisión, en síntesis, señaló que permitir
transitoriamente las actividades de minería e hidrocarburos en áreas de especial
protección constitucional, cuando existía una situación de “déficit de protección”
jurídica y la disposición que permitía dichas actividades no ofrecía una garantía real
de protección, implicaba un sacrificio a los bienes jurídicamente protegidos, como
la calidad, continuidad y accesibilidad del agua, y los demás servicios ambientales
que prestaban los páramos, lo que resultaba desproporcionado frente a los
eventuales beneficios provenientes de la extracción de recursos naturales no
renovables y, por ende, tratándose de un ecosistema tan vulnerable, frágil y poco
adaptable como el de los páramos, su afectación tendía a ser de más largo plazo.

36. La Corte explicó que su decisión podía resultar ineficaz, toda vez que en el
inciso segundo del artículo 173 (que no fue demandado), el Congreso atribuyó al
Minambiente la función de adelantar el procedimiento para la delimitación de los
páramos, y en la realización de dicha función la entidad no quedó sujeta a los
criterios científicos establecidos en las áreas de referencia identificadas por el
Instituto Alexander Von Humboldt. Por ende, en virtud de la potestad con que
contaba ese Ministerio de apartarse de los criterios fijados por ese instituto sería
posible que no delimitara los páramos, o excluyera de la delimitación aquellas áreas
en las que se estuvieran desarrollando o se vayan a desarrollar actividades mineras
o de hidrocarburos24, por tal motivo, la Corte Constitucional prescribió que cuando
el Minambiente se apartara del área de referencia establecida por el Instituto
Humboldt en la delimitación de los páramos, debía fundamentar explícitamente su
decisión en un criterio científico que proporcionara un mayor grado de protección
del ecosistema de páramo.

37. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 173 ya citado, en armonía con
lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-035 de 2016 y en ejercicio
de la facultad conferida en el numeral 16 del artículo 2 del Decreto Ley 3570 de
201125, el Minambiente expidió la Resolución 1769 del 28 de octubre de 2016, por
medio de la cual resolvió, entre otras cosas, delimitar el Páramo de Guerrero y
prohibir en su área la exploración y/o explotación de recursos naturales no
renovables, para lo cual estableció funciones en cabeza de la Autoridad Nacional

reconversión de las actividades agropecuarias que se venían desarrollando con anterioridad al 16 de junio de
2011 y que se encuentren al interior del área de páramo delimitada, con el fin de garantizar de manera gradual
la aplicación de la prohibición”.
24 “Con ello se dejaría sin efectos la decisión de esta Corporación, pues podrían adelantarse dichas actividades

en áreas que científicamente han sido catalogadas como páramos, pero que el Ministerio ha excluido de las
áreas delimitadas como tales o ha dejado de delimitar, sin que exista una justificación de carácter científico-
ambiental”.
25 “ARTÍCULO
2°. Funciones. Además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo
59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cumplirá las
siguientes funciones:
“(…)
“16. Expedir los actos administrativos para la delimitación de los páramos”.

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de Licencias Ambientales o la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción en
el páramo26.

38. En Auto GSC-ZC 001737 del 29 de diciembre de 2016, la ANM ordenó a la
sociedad demandante suspender las labores de explotación adelantadas en el área
superpuesta del contrato de concesión FJK-081 de 2005 con el Páramo de
Guerrero27.

39. El 20 de enero de 2017, el gerente de Registro y Catastro Minero de la ANM
mediante oficio 20172200005711 informó a la actora sobre la delimitación del
Páramo de Guerrero de acuerdo con los polígonos correspondientes a las áreas de
referencia declaradas que de manera reciente habían sido enviadas por el
Minambiente y que fueron incorporadas al Catastro Minero Colombiano – CMC, las
cuales daban cuenta de la superposición parcial con el título minero del cual era
beneficiaria y, por tanto, se prohibió desarrollar actividades mineras en el área
superpuesta28.

26 Se transcribe en forma literal: “ARTÍCULO 1: DELIMITACIÓN: delimitar el Páramo Guerrero que se encuentra

en jurisdicciones de los municipios de Buenavista (Boyacá), Carmen de Carupa, Cogua, un Cucunubá,
Fúquene, Pacho, san cayetano Simijaca, Subachoque, Supatá, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Ubaté,
Zipaquirá (Cundinamarca), de conformidad con lo dispuesto en el presente acto administrativo, el cual está
constituido por una extensión de 43.228 hectáreas aproximadamente.
El ecosistema que mediante esta resolución se delimita como páramo corresponde en su integridad al área de
referencia 1.25.000, aportada por el instituto Alexander Von Humboldt y está representada cartográficamente
en el concepto técnico para la delimitación del páramo Guerrero, el cual hace parte integral de la presente
resolución.
PARÁGRAFO: Las coordenadas que corresponden a la delimitación del páramo Guerrero se encuentran en el
anexo uno de la presente resolución que hacen parte integral de la misma. El mapa contenido en el anexo 2
refleja la materialización cartográfica de la mencionada invitación y se encontrará disponible en formato
fotográfico shape. file (shp) en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“ARTÍCULO 2: PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
NATURALES NO RENOVABLES. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la ley 1753 de 2015
y en observancia de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-035 de 2016, al interior del área
el páramo delimitado en el precitado artículo está prohibido la exploración y/o explotación de recursos naturales
no renovables así como la construcción de refinerías de hidrocarburos, para lo cual la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales o la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción en el páramo y en ámbito de sus
competencias deben:
1. Realizar las acciones, a que haya lugar, con el fin de impedir la continuación de tales actividades.
2. Ordenar o imponer, según sea el caso, la ejecución de actividades de desmantelamiento, cierre, abandono y
restauración final de las áreas intervenidas que se localicen al interior del ecosistema de páramo delimitado en
el presente acto administrativo.
3. Garantizar que las acciones de desmantelamiento, cierre, abandono y restauración final de las áreas
intervenidas no pongan en peligro el flujo de los servicios ecosistémicos que presta el ecosistema de páramo
delimitado en el presente acto administrativo.
“ARTÍCULO 3: ZONIFICACIÓN Y RÉGIMEN DE USOS. Conforme a lo previsto por el parágrafo 3 del artículo
173 de la ley 1753 de 2015, dentro de los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la presente
resolución, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, debe unificar y determinar el régimen
de usos del área del páramo delimitada, de acuerdo con los lineamientos que para el efecto defina este
Ministerio.
“(…)
“ARTÍCULO 10: SEGUIMIENTO Y MONITOREO. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR, debe realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales y las demás establecidas en la
presente resolución. Esta labor deberá monitorear el estado y la funcionalidad del ecosistema y el impacto en
la gestión de conservación de dicha área.
“(…)
“ARTÍCULO 12. DETERMINANTE AMBIENTAL. Las decisiones establecidas en la presente resolución deben
ser incorporadas en el articulado, la cartografía y demás documentos que formen parte de planes de
ordenamiento territorial de los municipios localizados al interior del páramo…”.
27 Folios 31 y 32, c. 2. En los siguientes términos literales: “ORDENAR a la sociedad titular que suspenda las

labores de explotación adelantadas en el área del título minero, como quiera que el Contrato de Concesión No
FJK-081, se encuentra con 66.05% de superposición al Páramo de Guerrero y de acuerdo a (sic) lo señalado
por la corte constitucional en sentencia C-035 de 2016, ningún titular podrá adelantar actividades mineras dentro
de las áreas debilitadas como zonas de páramos. CONMINAR la beneficiaria del Contrato de Concesión No
FJK-081 para que se abstenga de adelantar actividades de explotación…”.
28 Folios 27 y 28, c. 2. Se transcribe de manera literal): “(…) De acuerdo con la función del grupo de Catastro y

Registro Minero de Administrar la información del catastro minero nacional y su correspondiente actualización,

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40. A la par de lo anterior, mediante informe técnico DESCA 0119 del 31 de enero
de 201729, “Seguimiento a Títulos y Solicitudes Mineras en Zonas de Importancia
Ambiental. Contrato de Concesión FJK-081”, elaborado por la Dirección de
Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la CAR, en el capítulo denominado
“RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES”, se indicó que al realizar la visita se
evidenciaron actividades mineras en el área del título No. FJK-081, las cuales
contaban con el correspondiente instrumento de control ambiental exigido en la
Resolución 1394 del 1º de julio de 2009; sin embargo, según la verificación de la
superposición con las zonas protegidas, “se traslapa en un 66% de su área con el
Páramo de Guerrero”, por lo que se le recomendó:

a) Informar a la ANM que el área del título minero FJK-081, se encuentra dentro del
área de importancia ambiental “páramo de Guerrero” en un 66%, con el fin de que se
realindere el polígono del título, “sin ser necesaria la suspensión de actividades de
explotación”, de tal manera que la zona de importancia ambiental quede por fuera del
referido título y, por ende, se informe a los titulares mineros y a la CAR de dicha
realineación del área del contrato de concesión minera objeto del informe.

b) Se recomienda modificar la Resolución 1394 del 1º de julio de 2009, en el sentido
de disminuir el área de licenciamiento en un 66% (103.96 hectáreas) de su totalidad,
debido a que ésta se encuentra ubicada dentro del área de importancia ambiental
Páramo de Guerrero.

41. A raíz de lo anterior, la sociedad actora elevó una petición ante la CAR, la
cual fue resuelta mediante oficio 20172105205 del 10 de febrero de 2017, por medio
del cual le informó que al realizar la verificación cartográfica del título minero FJK-
081 se encontró que el área concedida se encontraba parcialmente dentro del
polígono de delimitación del Páramo de Guerrero, así: 103,038 hectáreas dentro del
páramo y 52,955 por fuera, e hizo referencia a lo dispuesto en la sentencia C-035
de 2016 para instar a la sociedad concesionaria a suspender toda actividad minera
que estuviera desarrollando en el área superpuesta30.

42. A través de oficio 20173320057901 del 13 de marzo de 201731, el gerente de
Seguimiento y Control de la ANM respondió una petición elevada por Carbo Río
Ltda. en el que puso de presente la diferencia entre los polígonos de la delimitación

la Agencia Nacional de Minería en virtud del decreto 4134 de 2011, ha identificado que el contrato de concesión
minera en virtud del decreto 2655, identificado con el número FJK-081 del cual es esta titular, se encuentra
superpuesto parcialmente en un 66,00% con la de limitación a escala 1: 25.000 efectuada por el Ministerio De
Ambiente y Desarrollo Sostenible del páramo ZP – Guerrero.
“Así las cosas, el hecho que de conformidad con el artículo 173 de la ley 1753 de 2015, por la cual se expide el
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’, ‘En las áreas delimitadas como páramo no
se podrán adelantar actividades agropecuarias ni exploración y explotación de recursos naturales no
renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos’. Lo anterior implica que, en estas áreas no se pueden
desarrollar actividades mineras.
“De igual manera, resulta importante poner en conocimiento lo manifestado por la Honorable Corte
Constitucional, al momento de analizar el citado artículo…
“De otra parte, resulta relevante para su proyecto minero recordar lo establecido por el artículo 36 de la ley 685
de 2001, el cual determina: ‘En los contratos de concesión se entenderán excluidas o restringidas de pleno
derecho, las zonas, terrenos y trayectos en los cuales, de conformidad con los artículos anteriores, está
prohibida la actividad minera o se entenderá condicionada a la obtención de permisos o autorizaciones
especiales. Esta exclusión o restricción no requerirá ser declarada por autoridad alguna, ni de mención expresa
en los actos y contratos, ni de renuncia del proponente o concesionario a las mencionadas zonas y terrenos. Si
de hecho dichas zonas y terrenos…’”.
29 Cd obrante a folio 130, archivo: CONCTO2018-001420_FJK-081_PRINCIPAL_6_5419748.PDF, páginas 54

a 57.
30 Folio 29 y 30, c. 2.
31 Folios 33 y 34, c. 2.

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efectuada por la CAR mediante oficio 20172105205 del 10 de febrero de 2017 y la
reportada por el Catastro Minero Colombiano -CMC-, por lo que para conocer las
coordenadas exactas del área que se encontraba superpuesta con el páramo
mencionado, la interesada debía realizar una solicitud ante el Grupo de Evaluación
de Modificaciones a Títulos Mineros y cancelar el valor correspondiente al reporte
gráfico.

43. Adicionalmente, le informó que podía continuar con las actividades de
explotación minera, “siempre y cuando dicha área no corresponda a aquellas
excluidas de la minería” y que le correspondía determinar, conforme al artículo 82
del Código de Minas32, si el área resultante era adecuada para el desarrollo del
proyecto minero, dado que “existe la obligación para éste de devolver aquellas áreas
que no sean económicamente explotables o si en definitiva no son susceptibles de
un proyecto minero podrá optar por la renuncia de la concesión”. Agregó que de
conformidad con los artículos 34 y 36 de la legislación minera33, “las zonas de
páramo declaradas corresponden aquellas excluidas de la minería”.

44. De la misma manera, mediante oficio 20173320193611 del 18 de julio de
2017 la ANM respondió una petición presentada por la sociedad concesionaria, en
el que informó que, de conformidad con el artículo 36 del Código de Minas, se
encontraban excluidas de pleno derecho las actividades mineras en los títulos con
superposición a páramos, sin que dicha exclusión o restricción requiriera ser
declarada por ninguna autoridad, “ni mención expresa en los actos y contratos, ni
de renuncia por parte del proponente o del concesionario”, toda vez que la
consecuencia jurídica prevista en el citado artículo suponía un efecto cierto de pleno
derecho, de manera que no se requería pronunciamiento alguno de los extremos
contractuales ni del Estado como administrador del recurso minero, pues “por
ministerio de la Ley se entenderá que la actividad minera se encuentra prohibida en
tal zona”. Además, reiteró que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 82 ibidem,
le correspondía determinar al beneficiario minero si el área restante era adecuada
para el desarrollo de su proyecto34.

45. Los expedientes minero (ANM) 35 y ambiental (CAR) 36 revelan que para la
época en que se presentó la presente demanda, Carbo Río Ltda. continuaba con la
explotación del yacimiento de carbón mineral en el área no superpuesta con el
Páramo de Guerrero.

32 “Delimitación y devolución de áreas. Al finalizar el período de exploración se deberá presentar la delimitación

definitiva de la zona del área contratada que va a quedar vinculada a los trabajos y obras de explotación, más
las obras estrictamente necesarias para el beneficio, transporte interno, servicios de apoyo y obras de carácter
ambiental para lo cual se deberán tener en cuenta los valores, ubicación y cálculo de las reservas existentes al
igual que la producción esperada indicados en el Plan de Trabajos y Obras de explotación elaborado de acuerdo
con el artículo 84 de este Código. Con oportunidad de esta delimitación, el concesionario estará obligado a
devolver, en lotes contiguos o discontinuos, las partes del área que no serán ocupadas por los trabajos y obras
mencionados. El área retenida deberá estar constituida por una extensión continua. En todo caso, no se
permitirá retener áreas en el contrato de concesión que no sean económicamente explotables. El interesado,
por razones de seguridad, podrá establecer una franja de terreno circundante de los lugares en los que se
desarrollen los trabajos y de las zonas ocupadas por las instalaciones y obras”.
33 En concordancia con las Leyes 1450 de 2011 y 1753 de 2015.
34 Cd obrante a folio 130, archivo: CONCTO2018-001420_FJK-081_PRINCIPAL_6_5419748.PDF, págs. 8 y 9.
35 Cd obrante a folio 130.
36 Cuadernos 3 a 13.

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46. La evidencia probatoria recaudada da cuenta de que una vez publicada la
Resolución 1769 del 28 de octubre de 2016, expedida por el Minambiente, el área
entregada en concesión mediante contrato FJK-081 de 2005 a la sociedad Carbo
Río Ltda. –cesionaria de los derechos y obligaciones derivados de ese contrato a
partir del 25 de enero de 2010– se redujo en un 66% y, por ende, disminuyeron los
volúmenes o reservas de explotación de carbón mineral para los 19 años restantes
de vigencia del referido contrato de concesión minera, de ahí que el daño alegado
revista la calidad de cierto.

47. En cuanto a su antijuridicidad, se tiene que la parte actora reclama la
causación de un daño especial derivado de la lesión a sus “derechos adquiridos”
frente a la totalidad del área de explotación otorgada –155 hectáreas y 9.928,5 m2–
en el contrato de concesión minera FJK-081 de 2005.

48. El artículo 58 constitucional, modificado por el Acto Legislativo No. 1 de
1.999, que abolió la expropiación sin indemnización, fijó ciertos elementos
característicos de la propiedad privada y los demás derechos adquiridos en un
Estado Social de Derecho37, de los cuales se desprende que se trata de derechos
subjetivos a los que le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas que
están dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre
los que se destacan el de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios,
proteger el medio ambiente y velar por su conservación, y la promoción de la justicia
y el interés general38.

49.
En este sentido, la disposición de la Constitución de 1991, según la cual
Colombia es un Estado Social de Derecho en el que prevalece el interés general,
es un aspecto que sin duda se proyecta sobre el derecho a la propiedad privada, la
libertad económica y de empresa acentuando sus funciones sociales y ecológicas.

50. El artículo 333 Superior protege la iniciativa privada y la libertad de empresa,
pero las supedita a los límites del bien común. Asimismo, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 334 ibidem está a cargo del Estado dirigir la economía y, por tanto,
puede intervenir en la iniciativa de los particulares, cuando con ello pretenda mejorar
la calidad de vida, proteger el ambiente, lograr una distribución equitativa de las
cargas y beneficios del desarrollo, entre otros fines. En ese sentido, el modelo
económico concebido en la Constitución presupone que el Estado tiene la potestad

37 "Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes

civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de
una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del
afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa,
sujeta a posterior acción contencioso administrativa, incluso respecto del precio”.
38 Constitución Política, artículos 1 y 95. La función ecológica del derecho de dominio encuentra asidero en las

disposiciones contempladas en los artículos 58, 79 y 80 de la Constitución Política. Según el artículo 79
constitucional todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano y es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica. Dentro de las
atribuciones reconocidas para cumplir con dicha obligación constitucional, el artículo 80 confiere la posibilidad
de que se establezcan medidas de protección dirigidas a garantizar el desarrollo sostenible, la conservación,
restauración o sustitución de los recursos naturales, con el propósito de prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental que puedan causar daño a los ecosistemas de especial importancia ecológica.

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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)
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para intervenir el mercado y una de las formas en que dicha intervención se
manifiesta es a través de la limitación del desarrollo de ciertas actividades
económicas, pero tales restricciones para que sean legítimas deben respetar los
principios de solidaridad, razonabilidad y proporcionalidad39.

51.
En ese contexto, los habitantes del territorio nacional están obligados a
reconocer que en determinadas circunstancias, la adopción de medidas por parte
de la Administración que repercuten en beneficio de la sociedad en general, como
son aquellas relacionadas con la preservación de los recursos naturales y la
protección al medio ambiente, pueden proyectarse como elementos que
condicionan o limitan el ejercicio de sus derechos. Por tanto, los derechos
individuales soportan cargas y por su propia existencia, tienen límites, no solo a
partir del reconocimiento de los derechos de los demás, sino de la función que frente
a varios de ellos el constituyente y el legislador ha considerado necesario precisar.

52. Esta premisa tiene profundas raíces en el pacto político y social,
particularmente, en lo que respecta al derecho a la propiedad, ya que puede
evidenciarse la evolución de un concepto clásico individualista de este derecho -que
lo definía como un derecho absoluto-, y que progresivamente ha cedido a las
exigencias de justicia social y desarrollo económico sostenible, que le han imprimido
un carácter relativo, siendo ahora considerado como un derecho susceptible de
limitaciones o restricciones.

53. Por su parte, los artículos 80 y 332 de la Constitución Política establecen que
el Estado40 es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables y
que, en virtud de esa condición, debe planificar el manejo y aprovechamiento de
tales recursos, con el fin de garantizar su desarrollo sostenible, conservación,
restauración o sustitución.

54. Al legislador se le otorgó la competencia para establecer el régimen de
explotación de los recursos naturales no renovables (art. 360 ibidem)41, por lo que
la intervención estatal en este aspecto no solo es potestativa, sino obligatoria. El
principal instrumento que utiliza el Estado para encauzar la iniciativa privada en la
actividad minera y que regula los derechos, deberes, facultades y obligaciones
emanados del desarrollo de dicha actividad es el contrato de concesión para la
extracción de recursos naturales no renovables. El objeto de explotación que se
confiere en este tipo de contrato son bienes -recursos naturales no renovables- de

39“(…) dicha limitación no puede ser arbitraria, ya que la misma debe (i) respetar el núcleo esencial de la libertad

involucrada; (ii) obedecer al principio de solidaridad o a alguna de las finalidades expresamente señaladas en
la Constitución, y (iii) responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad”. Sentencia C-035 de 2016.
40 Estado entendido como el “conjunto de todas las autoridades públicas, a todos los colombianos y a todas las

entidades territoriales”, para evitar su centralización, y para que los beneficios que se deriven de su explotación
sean para todos los colombianos. Así se ha señalado en sentencias, C-580 de 1999, C-128 de 1998, C-402 de
1998, C-447 de 1998, C-299 de 1999 y C-251 de 2003.
41 “Artículo 360. La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una

contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se
pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables.
Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, fines, administración,
ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos
naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de
ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías”.

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Actor: Carbones de Río Negro Peña Liza Ltda.
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otros
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propiedad del Estado -dominio eminente42-, pero susceptibles de apropiación por
particulares, de ahí que genere la obligación y potestad estatal de ejercer control
sobre el desarrollo de la actividad para la utilización eficiente de los recursos, “su
preservación, disponibilidad y aprovechamiento”43.

55. En ese contexto, en el contrato de concesión el Estado le entrega al particular
una participación en la explotación del bien y, si bien dicha actividad económica se
encuentra respaldada y protegida por la Constitución, esta debe consultar al interés
general, de modo que el margen de la libertad de decisión de los particulares es
significativamente menor que para el desarrollo de otras actividades económicas.
En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha señalado
que “la sola existencia de un contrato de concesión no impide al Estado limitar,
condicionar o prohibir la actividad objeto de la concesión, cuando con ello se
pretenda proteger un bien jurídico de mayor importancia constitucional”44 y, en esa
medida, puede prohibir la extracción de un recurso de su propiedad, siempre que
con ello se persiga evitar o contener la afectación de bienes jurídicos de gran
relevancia o impacto para la sociedad en general.

56. De manera que una interpretación acorde con la regla constitucional de
prevalencia del interés general permite afirmar que el legislador y las autoridades
administrativas, bajo los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad,
que definen desde la Constitución la relación entre los territorios y el nivel central45,
tienen la potestad de prohibir una actividad que venían desarrollando con un
particular, cuando ello se haga para evitar un riesgo sobre un bien protegido y, el
hecho de que el Estado haya autorizado una actividad extractiva con su respectiva
licencia ambiental no es óbice para que posteriormente la prohíba, con el fin de
cumplir propósitos superiores, como ocurrió en este caso, para la protección del
medio ambiente.

42 “La Constitución establece límites a la propiedad privada sobre ciertos bienes. Así, frente a determinados

bienes, el ordenamiento puede establecer una reserva al dominio privado, pues la Carta establece que
determinados bienes son inembargables, imprescriptibles e inalienables (CP art. 63). Igualmente la Constitución
establece que los recursos no renovables o que se encuentren en el subsuelo son propiedad del Estado, sin
perjuicio de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes preexistentes (CP art. 322). Sin embargo, en la
medida en que la Constitución reconoce de manera genérica la propiedad privada (CP art. 58), se entiende que
en principio ésta puede recaer sobre los recursos naturales renovables, que no hayan sido sometidos por la ley
a la reserva de dominio privado previstas por la Carta (CP art. 63).
“De otro lado, para la Corte es claro que el artículo 102 de la Carta, que se encuentra precisamente en el capítulo
sobre el territorio, no está estableciendo una forma de propiedad patrimonial de la Nación sobre todo el territorio
colombiano, pues si así se interpretara esa disposición, no podría existir propiedad privada, ni propiedad
asociativa o solidaria sobre las tierras, cuando la Carta expresamente reconoce esa posibilidad para ese tipo
de bienes (…) la doctrina y la jurisprudencia han entendido que la norma según la cual el territorio pertenece a
la Nación consagra una figura diferente a la propiedad privada o pública, a saber, el llamado "dominio eminente
del Estado"[40], el cual comprende todas aquellas facultades inherentes a la soberanía que tiene el Estado
sobre su territorio y sobre los bienes en él contenidos, a fin de conservar el orden jurídico y cumplir las funciones
constitucionales que le han sido atribuidas. Esto significa que ese dominio eminente no es carácter económico,
como el derecho de propiedad, sino que tiene naturaleza jurídico-política, pues la Nación no es "dueña" del
territorio, en el sentido de ser su propietaria, sino que le "pertenece", por cuanto ejerce soberanía sobre estos
espacios físicos, ya que el territorio es el ámbito espacial de validez de las normas estatales. Por ende, el
dominio eminente sobre el territorio previsto por el artículo 102 es perfectamente compatible con el
reconocimiento de la propiedad privada sobre tierras o recursos naturales renovables”. Corte Constitucional,
sentencia C-126 de 1998.
43 Al respecto, ver sentencias C-250 de 1996, C-983 de 2010 y C-035 de 2016 de la Corte Constitucional.
44 Sentencias C-035 y C-389 de 2016, Corte Constitucional.
45 “ARTÍCULO
288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias
entre la Nación y las entidades territoriales.
Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”.

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57. La defensa o protección del medio ambiente constituye un objetivo de
principio dentro de la actual estructura del Estado Social de Derecho46 y como bien
jurídico constitucional presenta una triple dimensión: (i) es un principio, por lo que
le corresponde al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; (ii) es un
derecho constitucional (fundamental y colectivo) y, (iii) es una obligación en cabeza
de las autoridades, la sociedad y los particulares, que implica deberes calificados
de protección. En ese sentido, el artículo 80 Superior señala que el Estado debe
“prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados” y, a su vez, el numeral 8 del
artículo 95 ibidem establece como obligación de los ciudadanos, la de “proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano”.

58. En el sub-lite, la decisión que causó la reducción del área explotable dentro
del contrato de concesión minera FJK-081 de 2005, tuvo como origen la necesidad
de delimitar los páramos y la prohibición parcial o condicionada de ejercer
actividades de minería al interior de los mismos prevista en la Ley 1753 de 2015, la
cual fue objeto de análisis por la Corte Constitucional en la sentencia C-035 de
2016, encontrando que dicha restricción debía ser total y sin condicionamientos,
debido a la invaluable importancia de los páramos para la preservación de los ciclos
del agua, la mitigación del cambio climático y la absorción de carbono 47.

46 La Carta Política de 1991 reconoce que el ambiente sano constituye un interés superior. Por medio de

múltiples disposiciones, el constituyente primario incluyó un bloque de normas que configuran lo que se ha
denominado como “Constitución ecológica” o “Constitución verde”, en las que se consagran una serie de
principios, derechos y deberes enfocados hacia la protección del ambiente y dirigidos a garantizar un modelo
de desarrollo sostenible. En la sentencia T-411 de 1992, la Corte Constitucional realizó una exposición en la
que se sintetizaron las principales normas constitucionales sobre la materia, dentro de los que se
destacan: “Preámbulo (vida), 2º (fines esenciales del Estado: proteger la vida), 8º (obligación de proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación), 11 (inviolabilidad del derecho a la vida), 49 (atención de la salud
y del saneamiento ambiental), 58 (función ecológica de la propiedad), 67 (la educación para la protección del
ambiente), 78 (regulación de la producción y comercialización de bienes y servicios), 79 (derecho a un ambiente
sano y participación en las decisiones ambientales), 80 (planificación del manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales), 82 (deber de proteger los recursos culturales y naturales del país), 215 (emergencia por
perturbación o amenaza del orden ecológico), 226 (internacionalización de las relaciones ecológicas, 277-4
(defensa del ambiente como función del Procurador),300-2 (Asambleas Departamentales y medio ambiente),
301 (gestión administrativa y fiscal de los departamentos atendiendo a recursos naturales y a circunstancias
ecológicas), 310 (control de densidad en San Andrés y Providencia con el fin de preservar el ambiente y los
recursos naturales), 317 y 294 (contribución de valorización para conservación del ambiente y los recursos
naturales), 330-5 (Concejos de los territorios indígenas y preservación de los recursos naturales), 332 (dominio
del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables), 333 (limitaciones a la libertad económica
por razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal para la preservación de los recursos naturales y de
un ambiente sano), 339 (política ambiental en el plan nacional de desarrollo), 366 (solución de necesidades del
saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del Estado)”.
47 Al respecto, esa Corporación señaló: “171. Uno de los fines del Estado consiste, precisamente, en garantizar

que el desarrollo económico, y en particular la explotación de los recursos no renovables sea sostenible en el
tiempo. Este objetivo se concreta en el deber de proteger de manera efectiva determinadas áreas de especial
importancia ecológica. La determinación de cuáles son dichas áreas no es exclusivamente una tarea del
legislativo o del ejecutivo, en la medida en que la importancia de las mismas radique en la preservación de
recursos o servicios ambientales necesarios para garantizar derechos constitucionales, o proteger bienes
jurídicos de raigambre constitucional. En tales casos, los ecosistemas pueden ser objeto de una protección
constitucional directa, entre otras, por vía del control de constitucionalidad. Los páramos son ecosistemas objeto
de especial protección constitucional, en la medida en que en ellos viven especies animales y vegetales
endémicas, que son únicas de nuestro país (C.P. art. 79), porque tienen una capacidad especial para capturar
partículas de carbono y contribuir a desacelerar el calentamiento global, y especialmente, en la medida en que
cumplen un papel esencial como reguladores del ciclo hídrico, garantizando así la calidad, accesibilidad y
continuidad del agua para la mayoría (alrededor del 70%) de la población colombiana.
“172. Por otra parte… estos son ecosistemas especialmente vulnerables, frágiles, y con poca capacidad de
adaptación a los efectos de factores externos. El ‘metabolismo lento’ que caracteriza a estos ecosistemas,
consecuencia de las bajas temperaturas y de la escasez relativa de oxígeno hace que los elementos del
ecosistema sean frágiles, que los procesos de regeneración del ecosistema sean lentos y difíciles, y que en la

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59. En la misma línea, el Consejo de Estado en su jurisprudencia48 ha señalado
que no existen derechos adquiridos en el contrato de concesión minera, en tanto
que los conferidos no son absolutos, vale decir son precarios, ya que están sujetos
al cumplimiento de las normas constitucionales y legales y, por ende, los derechos
que de él deriva el contratista tienen inscrita la condición de que pueden verse
afectados o limitados durante su ejecución, en tanto que El Estado tiene la
obligación, entre otras, de proteger las riquezas naturales de la Nación y la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica, proteger la integridad del espacio público y velar por su destinación al
uso común —que prevalece sobre el interés particular—, aprovechar y preservar el
ambiente y los recursos naturales renovables y delimitar el alcance de la libertad
económica cuando lo exija el interés social y el ambiente. Bajo esos preceptos, el
Estado siempre tiene la potestad de intervenir en la explotación de los recursos
naturales no renovables, para garantizar, entre otros fines, la preservación de un
ambiente sano.

60. En suma, en asuntos mineros, las disposiciones expedidas por las
autoridades competentes —especialmente la autoridad ambiental— con
posterioridad al perfeccionamiento del contrato de concesión e, incluso, después
de otorgada la habilitación ambiental, son aptas para modificar el título de
explotación de bienes públicos “de propiedad estatal” frente a los que prevalece el
interés general.

61. Bajo estas premisas, la realización de los derechos e intereses generales y
colectivos se acompasa con la esfera de lo individual o de los derechos subjetivos,
de manera que a la vez que se protegen los valores esenciales que afectan a la
comunidad, los derechos individuales están llamados a realizarse en un perfecto
ejercicio sincrónico de intereses. En un Estado Social de Derecho, los derechos
tienen límites y cargas, y si ellos se activan, no son restricciones, sino formas de

mayoría de los casos los daños sufridos por el ecosistema resulten irreversibles. Adicionalmente, la naturaleza
geológicamente joven de estos ecosistemas, sumada al relativo aislamiento de factores externos de
perturbación en el que se han desarrollado, impiden que sus elementos se adapten fácilmente al cambio. Es
decir, también por su juventud y aislamiento se trata de ecosistemas de baja resiliencia.
“173. En ese orden de ideas, la combinación del valor estratégico y la vulnerabilidad, fragilidad y poca resiliencia
de los ecosistemas de páramo los hace objeto de especial protección constitucional. Sin embargo, como se
observa del análisis de las normas que establecen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, del recuento de
proyectos de ley archivados, y de la ineptitud de los mecanismos de protección establecidos en el artículo 173
del actual Plan Nacional de Desarrollo, los ecosistemas de páramo se encuentran en una situación de total
desprotección jurídica. Esta situación implica un riesgo alto para la provisión de agua potable en condiciones de
calidad, continuidad y acceso para toda la población, y a la captura de carbono para mitigar el calentamiento
global.
“174. Ahora bien, la pregunta que debe resolver la Corte es si resulta razonable permitir transitoriamente las
actividades de minería e hidrocarburos en áreas de especial protección constitucional, cuando existe una
situación de ‘déficit de protección’ jurídica, y la disposición que permite dichas actividades no ofrece una garantía
real de protección.
“175. Para la Corte, la respuesta al anterior interrogante debe responderse negativamente. El sacrificio a los
bienes jurídicamente protegidos, como la calidad, continuidad y accesibilidad del agua, y los demás servicios
ambientales que prestan los páramos resultan desproporcionados frente a los eventuales beneficios
provenientes de la extracción de recursos no renovables. Tratándose de un ecosistema tan vulnerable, frágil y
poco adaptable como el de los páramos, su afectación tiende a ser de más largo plazo, cuando no permanente”
(resalta la Sala).
48 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del

24 de abril de 2024, expediente: 57.563, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; del 19 de febrero de 2024,
expediente: 66.480 C.P. Nicolas Yepes Corrales, del 19 de julio de 2018, expediente: 55.991, C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico, entre otras.

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ejercicio, por lo que para efectos de acreditar la excepcionalidad de una carga
generadora de un daño y su antijuridicidad, en cada caso se deberá demostrar la
supresión o desaparición de un elemento que originariamente no estaba llamado a
desaparecer o estar condicionado por la función ecológica y social de la propiedad,
la libertad económica y de empresa.

62. Así, cuando se trata de situaciones particulares y concretas que nacen y se
desarrollan en el marco de relaciones que tienen un vínculo con la utilidad pública
o el interés social, surge un derecho que, si bien protege la posición o relación
jurídica, no resulta intangible. Ello ocurre en este caso, en el que el ejercicio del
derecho contractual a explotar recursos naturales no renovables de un yacimiento
de carbón se condiciona para alcanzar propósitos de mayor interés asociados a la
protección de bienes jurídicamente protegidos como la calidad, continuidad y
accesibilidad del agua y la captura de carbono para mitigar el calentamiento global,
encontrados en los páramos.

63. En estos casos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución,
a pesar de que existe un derecho, este no puede calificarse como adquirido, en
tanto deberá ceder frente a intereses superiores definidos en los artículos 1°
(interés general), 58 (interés público o social), 79 (protección del ambiente sano),
80 (manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 82 (interés común) y 95,
numeral 8 de la C.P. (proteger los recursos naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano). De aquí, que el Estado, entonces, por
intermedio de las autoridades competentes cuenta con la potestad de intervenir en
la libertad económica y de empresa para limitar, restringir o prohibir la explotación
de los recursos naturales, en aplicación del principio de precaución49 y dado el
inminente peligro de daño ambiental que implica la minería al interior de los
páramos50.

49 Ley 99 de 1993, artículo 1, numeral 6, que prevé: “Artículo 1. Principios Generales Ambientales. La política

ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales…
“6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación
científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución
conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del
medio ambiente”.
50 Al respecto, en la sentencia C-035 de 2016, se explicó: “(…) como se ha resaltado a lo largo de esta sentencia,

la evidencia empírica demuestra que los ecosistemas de páramo son especialmente vulnerables y
difícilmente se logran recuperar. Así, por ejemplo, aunque podría alegarse que la minería de socavón resulta
menos dañina para el suelo, el aire y la vegetación, lo cierto es que afecta de manera importante los flujos
subterráneos de agua, bloqueando el acceso de la población a dicho recurso. Una vez bloqueados los canales
subterráneos a través de los cuales fluye el agua del páramo al ecosistema de bosque y a los centros poblados,
resulta prácticamente imposible recuperarlos, lo cual, como ya se explicó, lleva a que los mismos fluyan por
la superficie de manera acelerada, dañando la capa vegetal del páramo que es especialmente frágil, y
facilitando la erosión.
“178. La segunda razón por la cual el carácter contingente de los daños producidos por las actividades mineras
y de hidrocarburos no resulta aceptable en el presente caso es el déficit de protección de los páramos en
nuestro sistema constitucional. En efecto, la Corte también pudo constatar que en la actualidad no existe un
sistema de protección especial de dichos ecosistemas. Sin duda las actividades mineras y de hidrocarburos
pueden llevarse a cabo de manera responsable, previniendo, mitigando y corrigiendo al máximo los daños
ambientales. Más aun, algunos particulares están en capacidad y tienen la voluntad de desarrollar estas
actividades con los más altos estándares ambientales. Sin embargo, al margen de las prácticas individuales
de los particulares, lo cierto es que en un ordenamiento jurídico deben existir garantías de protección
ambiental de carácter vinculante, tanto para las entidades como para los particulares, que sean
específicas para este tipo de ecosistema. Las facultades otorgadas a las autoridades ambientales, de
hidrocarburos y mineras para que ejerzan un ‘control, seguimiento y revisión’ de las licencias, ‘aplicando las
directrices que para el efecto defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible’ no constituyen una
garantía de protección ambiental con carácter vinculante” (negrilla añadida).

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64. En esas condiciones, la sociedad demandante no acreditó encontrarse en
una situación distinta de aquella que impone la función ecológica y social de la
propiedad y la facultad de intervención del Estado en la actividad económica de
extracción de recursos naturales no renovables, que resquebrajara de tal manera
el principio de igualdad o que le hubiera impuesto una carga excesiva; tampoco se
acreditaron los elementos de excepcionalidad y anormalidad de dicha situación,
puesto que las decisiones administrativas se profirieron con el fin de armonizar
bienes jurídicos y, en particular, la libertad económica con la protección del medio
ambiente, toda vez que el mismo texto constitucional contiene una regla de
prevalencia del interés general y, por ende, aun cuando el contrato FJK-081 y la
licencia ambiental otorgada mediante Resolución 1394 del 1º de julio de 2009
seguían vigentes a la luz de nuestro ordenamiento, perdieron parcialmente su
fundamento jurídico, ya que siguió ejerciendo la actividad minera en un 34% del
área inicialmente otorgada, de modo que si bien hubo una limitación de los
derechos de la beneficiaria del título, ello no implicó un vaciamiento del núcleo
esencial de su derecho.

65. Así las cosas, no se configuró un daño especial, superior al que normalmente

deben asumir los ciudadanos en razón de los poderes del Estado frente a la
adopción de medidas que repercuten en beneficio de la sociedad en general, como
las adoptadas mediante la Resolución 1769 de 2016 y los demás actos que
concretaron y/o desarrollaron dicha decisión.

66. Porconsiguiente, se impone confirmar la sentencia apelada que negó las
súplicas de la demanda.

Condena en costas en segunda instancia

67. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,

adicionado por la Ley 2080 de 202151, en la sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas en esta instancia, cuya liquidación y ejecución se regirán por el
procedimiento civil.

68. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar en costas

a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el
recurso. El artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho».

69. El numeral 8 del artículo 365 de la norma referida dispone que “solo habrá lugar

a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de
reparación directa con cuantía que implicó que las entidades demandadas tuvieran
que designar y sufragar abogados que ejercieran la defensa judicial de sus
intereses, gestión que genera agencias en derecho incluso por la sola vigilancia del

51 Que resulta aplicable debido a la fecha de interposición del recurso de apelación -2 de mayo de 2024-.

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proceso y aun en el evento de que se tratara de apoderados vinculados a su planta
de personal52.

70. Así las cosas, se fija, en esta instancia, como agencias en derecho, el valor

equivalente a cinco (5) SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia, a cargo
de la parte demandante (recurrente), suma que se reconocerá en partes iguales,
en favor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de
Minería y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Esta determinación
se efectúa de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de
agosto 5 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura 53, norma
vigente en materia de tarifas de agencias en derecho para la fecha en que se
presentó la demanda.

71. Anteesta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso54.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de abril de 2024, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la parte
demandante en favor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia

52 Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho se pueden

consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021,
exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico;
del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023, exp.
69.319, auto de 9 de abril de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021, C.P:
José Roberto Sáchica Méndez, exp: 65.193. De acuerdo con lo consignado en los numerales 3 y 4 del artículo
366 del CGP, la fijación de agencias en derecho no se afecta en el evento en el que la parte haya litigado,
incluso, a nombre propio -sin apoderado judicial-, pues aun en ese caso tiene derecho a que se fije el monto de
las agencias para retribuir su actuación. Por lo anterior, si la parte que actuó a nombre propio tiene derecho a
que se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de honorarios de un
apoderado judicial que lo representara, igual razonamiento debe hacerse extensivo a los eventos en los que un
sujeto procesal actúa a través de un profesional del derecho que hace parte de su planta de personal, pues el
hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias en
derecho como componente de la condena en costas. Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2023, exp: 68.199.
53 “ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta,

dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor
jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”. “(…) “ARTÍCULO 5º.
Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: (…) “En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
54 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que

haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas (…)”.

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Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Para
el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de cinco (5) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, suma que se reconocerá en partes iguales a las
demandadas. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital
que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.

VF

22

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