Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00589-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00589-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2019-00589-03
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
27 de febrero de 2026
Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Controversias contractuales - CPACA
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
Demandados: Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de
Minería.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 4 de julio de 2024 por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se
negaron las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para conocer el recurso de apelación de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 150 de la ley 1437 del 2011, en adelante CPACA. El
Tribunal Administrativo de Cundinamarca era competente para conocer el
proceso en primera instancia, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 152 del
mismo código.
SÍNTESIS1
El concesionario interpuso demanda de controversias contractuales con el
propósito de obtener la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de concesión
minera HIQL-01 fundado en la violación del principio de planeación y desviación
de poder, pues considera que la entidad concedente incumplió con el deber de
información en la etapa precontractual. Subsidiariamente, solicitó declarar la
nulidad de algunas cláusulas del contrato, su inviabilidad técnica y financiera,
incumplimientos contractuales y la nulidad parcial de actos administrativos
contractuales relacionados con la renuncia y la terminación del contrato. En
consecuencia, solicitó condenar a las demandadas a la indemnización de los
perjuicios que dijo haber sufrido. La Sala confirmará la sentencia de primera
instancia en relación con las pretensiones de nulidad del contrato de concesión
HIQL – 01 de 2008; confirmará la negativa de declaratoria de su incumplimiento;
declarará, de oficio, la nulidad parcial del acto administrativo demandado en
1 Temas: Nulidad contractual absoluta; incumplimiento contractual en concesiones mineras;
nulidad de oficio de actos administrativos; nulidad por falta de competencia de la autoridad
minera; silencio administrativo positivo en renuncia contractual; reversión de bienes en contratos
de concesión minera.
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Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
cuanto admitió la renuncia al contrato de concesión y declaró su terminación sin
competencia; y accederá a la pretensión de liquidación judicial del contrato.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda
1. El 14 de agosto de 2019, Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A (en
adelante “los demandantes” o “el concesionario”), presentaron demanda de
controversias contractuales contra el Ministerio de Minas y Energía (en
adelante, “MME”) y la Agencia Nacional de Minería (en adelante, “ANM”). En la
demanda se pretende, principalmente, que se declare la nulidad del contrato de
concesión HIQL – 01 de 2008; y, de manera subsidiaria, se solicita la
declaratoria de nulidad de algunas cláusulas del contrato, la declaratoria de
incumplimiento, así como la nulidad de dos artículos de la resolución que aceptó
la renuncia al contrato de concesión minera.
2. Las pretensiones de la demanda fueron las siguientes:
Pretensiones principales
Pretensión primera principal. Que se declare que el contrato HIQL-01 es nulo
absolutamente por causa ilícita, por desviación de poder.
Pretensión segunda principal. Que se declare que el contrato HIQL-01 es nulo
absolutamente por objeto ilícito, por violación directa al principio de planeación
administrativa.
Pretensiones subsidiarias
Pretensión Primera Subsidiaria. Que se declare que las cláusulas 2 y 7 i) del
contrato HIQL-01 son nulas por constituir una condonación del dolo futuro.
Pretensión Segunda Subsidiaria. Que se declare que los párrafos segundo y
tercero del parágrafo tercero de la cláusula décimo novena (sic) del contrato
HIQL-01, son nulos por causa ilícita, al estar falsamente motivados, en virtud de
la declaratoria de inexequibilidad del literal g) del artículo 430 CST.
Pretensión Tercera Subsidiaria. Que se declare que la ejecución del contrato
HIQL-01 era inviable técnica y financieramente.
Pretensión Cuarta Subsidiaria. Que se declare que el MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGÍA incumplió la ley y sus deberes legales de transparencia causando
grave perjuicio al concesionario bajo el contrato HIQL-01 al no revelar la
totalidad de la información relevante para la presentación de la oferta, la
suscripción del contrato y su posterior ejecución.
Pretensión Quinta Subsidiaria. Que se declare que, a partir de la renuncia del
contrato HIQL-01 no se generaron obligaciones adicionales para los
concesionarios.
Pretensión Sexta Subsidiaria. Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA incumplió el contrato HIQL-01 al desconocer los efectos del silencio
administrativo positivo protocolizado mediante escritura pública 0701 del 5 de
mayo de 2016 otorgada en la notaría 35 de Bogotá y allegada el 12 de mayo de
2016 ante la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA.
Pretensión Séptima Subsidiaria. Que se declare la nulidad de los artículos
cuarto y octavo de la resolución 731 de 12 de julio de 2017, confirmados
mediante la Resolución 1138 del 1 de noviembre de 2017 ambas dictadas por
la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, actos contractuales proferidos durante
la ejecución del contrato HIQL-01.
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Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
Pretensión Octava Subsidiaria. Que se declare que la AGENCIA NACIONAL
DE MINERÍA incumplió el contrato HIQL-01 al no reconocer los efectos de la
fuerza mayor y exigir al concesionario el cumplimiento de las obligaciones
improcedentes de las cuales estaba exonerado.
Pretensión Novena Subsidiaria. Que se liquide judicialmente el contrato HIQL-
01.
Pretensiones Consecuenciales de Condena
Pretensión Primera de Condena. Que se condene al MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA y a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA a reembolsar y/o apagar
a favor del señor ALEJANDRO MONTAÑA PRADILLA y la sociedad SALCOL
S.A., una suma no inferior a TRES MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS Y UN PESOS ($3,064,231,971) por concepto de daño
emergente.
Pretensión Segunda de Condena. Que se condene al MINSITERIO DE MINAS
Y ENERGIA y a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA a reembolsar y/o apagar
a favor del señor ALEJANDRO MONTAÑA PRADILLA y la sociedad SALCOL
S.A., una suma no inferior a VEINTICINCO MIL CIENT TREINTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA
Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS., ($25.135.342.739,66)
por concepto de lucro cesante.
Pretensión Tercera de Condena. Que se condene al MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA y a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA al pago de las costas
del proceso, incluidas las agencias en derecho, en favor de ALEJANDRO
MONTAÑA PRADILLA y la sociedad SALCOL S.A.
Pretensión Cuarta de Condena. Que se condene a pago de intereses de mora,
a la máxima tasa legal permitida, desde la fecha de la sentencia ejecutoriada
que así lo ordene, hasta la fecha efectiva de pago de las condenas económicas
anteriores2.
3. La demanda se basó, en síntesis, en las siguientes afirmaciones:
3.1. El 6 de febrero de 2008 el MME publicó el aviso de licitación pública No MME-
001 de 2008, que tenía como objeto la entrega en concesión de “una o más áreas
mineras de sal o la totalidad de las mismas ubicadas en ZIPAQUIRÁ,
NEMOCON, UPÍN Y GALERAZAMBA”. Los demandantes participaron para la
adjudicación del área UPÍN.
3.2. En los documentos de la referida licitación se señalaba que la concesión de
la mina UPÍN tenía particularidades especiales, “por el hecho de ser un negocio
en marcha y encontrarse en fase de explotación” y que contaba con “5.5 millones
de toneladas de sal gema”3 de “reservas básicas”4, sin especificar si dichas
reservas eran de toda la zona concesionada, o solo del pozo 4 que, para la fecha,
era el único que se encontraba en producción. Durante el proceso de selección
el MME no advirtió acerca de la existencia de subsidencias, grietas o colapsos
previos en la mina de sal de UPÍN.
2 Folios 2 y siguientes del cuaderno principal.
3 Folio 8 del cuaderno principal.
4 Estudios previos de la licitación pública no. 01 de 2008, correspondiente al anexo 10 de la
demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
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3.3. Conbase en los datos entregados en los documentos de la licitación,
Alejandro Montaña Pradilla presentó propuesta para que le fuera adjudicada la
zona minera de UPÍN.
3.4. El 21 de julio de 2008, el MME adjudicó a Alejandro Montaña Pradilla la
concesión minera del área correspondiente a la mina de sal de UPÍN. El 5 de
agosto de 2008 se suscribió contrato de concesión HIQL-01 de 2008 por el
término de 30 años y fue inscrito en el Registro Minero Nacional el 16 de
septiembre de 2008.
3.5. En el parágrafo tercero de la cláusula decimonovena del contrato se
estableció que “conforme con lo dispuesto por el artículo 430 del C.S.T. [literal g]
la explotación, elaboración y distribución de sal constituyen un servicio público
que no puede ser interrumpido”, de modo que la renuncia del concesionario a la
explotación de minas de sal no podía ser efectiva hasta tanto “el Estado
seleccione los concesionarios sustituto (sic) por el procedimiento legal vigente al
momento de presentarse la situación (…), hecho que deberá producirse en un
término no mayor a un año, contado a partir de la aceptación de la renuncia”.
3.6. En el mismo parágrafo se estableció que, en el interregno entre la aprobación
de la renuncia y la entrega de la concesión, el concesionario estaría obligado a
“continuar las actividades de explotación y todas las obligaciones estipuladas en
el contrato para el efecto y en particular con el pago de las contraprestaciones
debidas”.
3.7. El literal g) del artículo 430 del C. S. T.5 fue declarado inexequible mediante la
sentencia C-691 del 9 de julio de 2008, antes de la suscripción del contrato de
concesión.
3.8. El 22 de abril de 2010, la ANM aceptó la cesión del 90% de la concesión
minera realizada por Alejandro Montaña Pradilla a favor de la sociedad SALCOL
S.A.
3.9. El 29 de agosto de 2012 el pozo productor número 4 de la mina de sal de
UPÍN colapsó, lo que afectó la continuidad de la ejecución del área concesionada.
3.10. En razón a la situación presentada en la mina, SALCOL solicitó a la ANM la
suspensión de las obligaciones del contrato de concesión por fuerza mayor, la
cual fue aceptada el 21 de marzo de 2013, por el término de un año, que se
computaba entre el 29 de agosto de 2012 y el 28 de agosto de 2013.
5 El tenor literal g) del artículo 430 del C. S. T. era el siguiente: “ARTICULO 430. PROHIBICION
DE HUELGA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS. De conformidad con la Constitución Nacional,
está prohibida la huelga en los servicios públicos. Para este efecto se considera como servicio
público, toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en
forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el
Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas. Constituyen, por tanto, servicio
público, entre otras, las siguientes actividades: (…) g) Las de explotación, elaboración y
distribución de sal”.
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3.11. El concesionario realizó estudios técnicos, en los cuales se concluyó que el
colapso se debió al movimiento de tierras por actividades antrópicas, como la
perforación de pozos, construcción de túneles, galerías o lumbreras, lo que
generó hundimientos y subsidencias del terreno. Con fundamento en estos
estudios, la ANM prorrogó la suspensión del contrato de concesión desde el 29
de agosto de 2013, hasta el 28 de agosto de 2016.
3.12. El 17 de marzo de 2016, el concesionario presentó ante la ANM renuncia al
contrato con base en el artículo 108 del Código de Minas, la cual tuvo como
fundamento la inviabilidad técnica y financiera de continuar con la ejecución.
Vencidos los 30 días para que la ANM resolviera sobre la renuncia sin que se
obtuviese la respuesta, el 5 de mayo de 2016 el concesionario protocolizó el
silencio administrativo positivo; la escritura pública fue radicada ante la ANM el
12 de mayo de 2016.
3.13. Posteriormente, el 25 de octubre del 2016, el señor Montaña Pradilla solicitó
la suspensión de las contraprestaciones económicas que debía pagar a la ANM,
derivadas del contrato, hasta la fecha de entrega de la concesión. Mediante
resolución 000190 del 29 de marzo de 2017 la ANM negó dicha solicitud al
considerar que se había fundado en el artículo 54 del Código de Minas y no en
el artículo 52 y que el colapso del pozo 4 para tal fecha ya no era un hecho
imprevisible, lo que descartaba la fuerza mayor.
3.14. Pese a que había operado el silencio administrativo positivo, la ANM
mediante resolución VSC 000731 del 12 de julio de 2017 declaró viable la
renuncia presentada y la terminación del contrato. Asimismo, declaró los valores
que consideraba que eran adeudados por el concesionario, los cuales ascendían
a un total de doscientos cuarenta y dos millones doscientos ochenta y un mil
sesenta y dos pesos ($242.281.072), correspondientes a las prestaciones de las
anualidades 2016 y 2017. Igualmente, en la resolución se ordenó la reversión de
la planta de evaporación cerrada que, en consideración de la ANM, sustituyó el
horno No. 5 de la mina de sal.
3.15. El concesionario presentó recurso de reposición contra la resolución VSC
000731. Solicitó que se revocara la liquidación de las contraprestaciones a su
cargo, pues correspondían a periodos en los que ya había operado el silencio
positivo a la renuncia del contrato. Asimismo, pidió revocar la orden de reversión
de la planta de evaporización cerrada, instalada por el concesionario, porque no
formaba parte de la infraestructura que debía revertir. El recurso fue resuelto
mediante la resolución 1138 del 1 de noviembre de 2017, que confirmó la decisión
en todas sus partes.
3.16. La falta de información suficiente en el proceso de licitación constituyó una
violación al principio de planeación que estructura las causales de objeto ilícito y
desviación de poder y, por ende, la nulidad absoluta del contrato. Afirmó que en
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el proceso de selección el MME ocultó un informe de gestión elaborado por el
Instituto de Fomento industrial “Concesión de Salinas” (en adelante I.F.I.) en el
año 2007, en el que se señalaba la existencia de problemas en la mina, los
cuales, de ser conocidos por los oferentes, hubiesen cambiado sustancialmente
la decisión de presentar oferta.
3.17. Como fundamento de la pretensión subsidiaria de incumplimiento, se indica
que la no entrega de información completa constituyó un incumplimiento del
contrato por parte de la entidad pública concedente, por cuanto, de haberse
entregado -incluido el informe de gestión del año 2007 elaborado por I.F.I.-, se
hubiese conocido la posibilidad de colapso de la mina, pues en el informe se
advertía que el pozo 4 no estaba en condiciones de ser explotado sin
adecuaciones. Además, en los documentos previos se indicaba que la mina
contaba con reservas básicas de 5.5 millones de toneladas, lo cual, hacía viable
el contrato; sin embargo, el pozo 4, que era el único explotable, solo tenía 27.502
toneladas de reservas ciertas, lo que no permitía la ejecución en las condiciones
ofrecidas. De manera que, el contrato era inviable técnica y financieramente, pero
ello no pudo ser constatado oportunamente debido a las falencias de la
información entregada en la etapa previa, lo que es un incumplimiento de las
demandadas.
3.18. La solicitud de nulidad parcial de los artículos cuarto y octavo de la
resolución VSC 000731, confirmados en la resolución VSC 001138 de 2017,
relativos a las contraprestaciones a cargo del concesionario y a la reversión de
la planta de evaporación, se funda en la infracción del artículo 108 de la Ley 685
de 2001, pues se impusieron obligaciones económicas adicionales al
concesionario, causadas al parecer en los años 2016 y 2017, cuando para tales
anualidades no podría derivarse obligaciones a su cargo, debido a la renuncia
presentada en marzo de 2016, año en el cual el contrato se encontraba
suspendido por fuerza mayor y, en tal medida, ninguna obligación podría
causarse.
B. Contestaciones de la demanda
4. El
MME se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos.
4.1. El proceso de licitación adelantado para la concesión de la mina de sal de
UPÍN contaba con los estudios técnicos para la realización de la oferta, en los
cuales era claro que la mina había sido explotada previamente, por lo que podía
tener situaciones de inestabilidad y subsidencias, las cuales, además, son
propias de la zona.
4.2. El
contrato de concesión minera se ejecuta por cuenta y riesgo del
concesionario, por lo cual, era su deber estructurar la propuesta a partir de los
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documentos entregados, los cuales tienen el carácter de informativos, y no
eliminan las responsabilidades propias del contratista.
4.3. Adicionalmente, junto con su contestación, el MME solicitó el llamamiento en
garantía del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, por ser el sustituto
procesal del Instituto de Fomento Industrial -IFI- y de la banca de inversión Equity
Investment S.A.S., por ser la empresa asesora en el proceso de licitación del área
minera de Upín6.
5. La
ANM se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos:
5.1. La demanda está sustentada en una obligación de saneamiento por vicios
redhibitorios u ocultos en la estabilidad de la mina, los cuales no son propios del
contrato de concesión.
5.2. No se configura causal alguna de nulidad absoluta del contrato, especialmente
porque, contrario a lo afirmado en la demanda, el concesionario conoció las
condiciones de la mina desde el proceso de selección, de manera que no es
cierto que se hubiera obviado información durante el proceso de selección.
5.3. La cláusula 19 del contrato no se hallaba viciada de nulidad, de modo que
continuó produciendo efectos hasta la notificación de la resolución VSC 001138
de 2017, con la cual se admitió la renuncia al contrato.
5.4. No existió silencio administrativo positivo, dado que, para la fecha en la que
el concesionario presentó su renuncia, no se encontraba a paz y salvo por todo
concepto, lo que impedía que la renuncia fuera eficaz.
5.5. Las resoluciones VSC 000731 y VSC 001138 de 2017 no están viciadas de
nulidad y, en todo caso, al momento de fallar el juez solo debe pronunciarse
respecto de los cargos de nulidad, el concepto de violación y las normas
transgredidas, que indica el actor en la demanda.
6. Respecto del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, mediante auto del
01 de febrero de 2022, el Tribunal declaró no contestado el llamamiento
formulado a esta entidad.
7. Por su parte, Equity Investments S.A.S. contestó el llamamiento, afirmando que
cumplió sus obligaciones contractuales de asesoría al MME respecto de la
viabilidad financiera de la mina entregada en concesión. También indicó que
ninguno de los hechos o pretensiones de la demanda imputan incumplimiento a
Equity Investments, en tanto que la demanda busca la nulidad e incumplimiento
del contrato en su ejecución, y no hubo participación de Equity Investments en
tales etapas.
6 Ambos llamamientos fueron admitidos mediante auto del 19 de noviembre de 2020.
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C. Sentencia recurrida
8. En sentencia del 4 de julio de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
8.1. Estudióla caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del contrato,
respecto de la cual señaló que el contrato de concesión minera recae sobre un
bien público (el subsuelo), el cual es de naturaleza inalienable, imprescriptible e
inembargable, por lo cual, las acciones que los involucran no caducan, lo cual es
predicable de la presentada en el caso concreto.
8.2. Señaló que no se configuraba la causal de nulidad alegada por cuanto en el
proceso se acreditó que la parte demandante tuvo a su alcance la información
necesaria para establecer la viabilidad técnica y financiera de la explotación del
área. En dicho sentido, concluyó que la violación al principio de planeación no es
causal de nulidad de los contratos estatales y que, en todo caso, no hubo vicio
alguno, ni ausencia de información, para elaborar la oferta, al tiempo que destacó,
que la ausencia del informe de gestión de octubre de 2007 del I.F.I., dentro de la
etapa precontractual, no era relevante para preparar la oferta.
8.3. Envirtud de la naturaleza del contrato celebrado, determinó que el
concesionario debía asumir el riesgo inherente a la concesión, y con la
suscripción del contrato aceptó las obligaciones derivadas de la ejecución
contractual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código de
Minas.
8.4. Finalmente, afirmó que la parte demandante no desvirtuó la manera en que
se calcularon, por la autoridad minera, las contraprestaciones a su cargo al
momento de su renuncia; además no puede considerarse que existió silencio
administrativo positivo, pues la simple afirmación del concesionario de estar a
paz y salvo en sus obligaciones no era suficiente para estarlo.
D. Recurso de apelación
9. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia y solicitó que se
accediera a sus pretensiones. En su recurso presentó los siguientes reparos:
9.1. La información no revelada durante el proceso de licitación sí era relevante y
determinante para contratar, por lo cual al haberse ocultado se desconocieron los
principios de la función administrativa, en especial, la planeación contractual, lo
que constituye una causal de nulidad absoluta del contrato.
9.2. Pese a que el tribunal reconoce que en el proceso licitatorio se ocultó el
informe de gestión de I.F.I. Concesión de Salinas del año 2007, la decisión de
negar las pretensiones desconoce que la información allí contenida era esencial
para presentar la oferta, puesto que ahí se acreditaban las complejas situaciones
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
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por las que pasaba el pozo 4, que a la postre colapsó impidiendo la continuidad
de la ejecución del contrato. Ello es un grave incumplimiento de las obligaciones
de las entidades demandadas, en tanto que, pese a conocer que era inviable
financiera y técnicamente, celebraron el contrato.
9.3. El Tribunal no tuvo en cuenta que las reservas básicas de sal informadas en
el proceso de licitación eran inferiores a las existentes, lo que implicó que el
contratista no contara con la información necesaria para su oferta. Esta situación
configura un grave incumplimiento a la planeación del contrato, que fue celebrado
pese a no ser viable financiera y técnicamente, lo que constituye una nulidad
absoluta o, en su defecto, un incumplimiento contractual.
9.4. La sentencia incurrió en un yerro al considerar que no existió silencio
administrativo positivo. Por el contrario, en la liquidación realizada por la ANM es
claro que los conceptos que se cobran son posteriores a la fecha en la que se
solicitó la renuncia, lo que indica que no es cierto que existieran pagos
pendientes, previos a la solicitud de renuncia, por lo cual, sí concurren los
elementos del supuesto de hecho del silencio positivo. En consecuencia,
tampoco podían causarse obligaciones a partir de la renuncia, y las que fueron
incluidas en el acto administrativo de terminación no eran exigibles, pues para los
años 2016 y 2017, ya había operado el silencio positivo que generaba la
aceptación de la renuncia.
9.5. La planta de evaporización cerrada no debía ser objeto de reversión, en tanto
que nunca entró en operación, y tampoco fue amortizado el valor invertido en
ella, por lo que la decisión de ordenar que fuera revertida a la ANM es nula.
II. CONSIDERACIONES
E. Asuntos procesales
Acerca de la caducidad de las pretensiones de nulidad
10. En la demanda y en la apelación el actor solicitó la declaración de la nulidad
absoluta del contrato, o en subsidio, la declaratoria de incumplimiento contractual
del MME por omitir incluir información en la etapa precontractual. Si bien en la
pretensión subsidiaria primera de la demanda también se había solicitado la
nulidad de las cláusulas 2 y 7 del contrato de concesión7, el reproche de la
7 “CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO: En desarrollo
del presente contrato el CONCESIONARIO asume las obligaciones propias de la concesión
minera ordinaria y las especiales derivadas del concepto de la entrega de un área minera en fase
de explotación: (…)
i) Asumir la total responsabilidad por la estabilidad de las obras mineras y de infraestructura
preexistentes y sobre las que construya durante el término de la concesión; en consecuencia
realizará los programas de mantenimiento preventivo y correctivo pertinentes.
Asumir la responsabilidad del mantenimiento y control del área minera, de conformidad con lo
establecido en la normatividad minera y ambiental vigente” (negrilla original).
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
apelación estuvo dirigido a la consecución de las pretensiones cuarta y tercera
subsidiarias, relacionadas con el incumplimiento contractual. Por tal razón, en
esta instancia solo se examinará lo relativo a las pretensiones primera y segunda
principales de la demanda, relacionadas con la nulidad absoluta de todo el
contrato, y no las relativas a la nulidad de las cláusulas 2 y 7 del contrato, en
tanto que ellas fueron denegadas en primera instancia y no hubo un reproche
concreto en contra de tal decisión.
11. Ahora bien, respecto de la caducidad de las pretensiones de nulidad la
sentencia de primer grado consideró que la norma aplicable era el artículo 136
del Decreto 01 de 1984, Código de lo Contencioso Administrativo en adelante
CCA. Al respecto, se recuerda que, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153
de 18878, los términos que hubieran empezado a correr se rigen por la norma
vigente en el momento en que inició su cómputo. Por ello, la norma aplicable para
el conteo de la caducidad del medio de control será la que estaba vigente en el
momento en que inició a computarse el término para acudir al juez contencioso
administrativo.
12. En tal sentido, teniendo en cuenta que el contrato fue perfeccionado el 16 de
septiembre de 20089, fecha en la que fue inscrito en el Registro Minero
Nacional10, la norma vigente para el conteo de la caducidad el CCA. Esta norma
disponía, en su artículo 136, que el término para demandar la nulidad absoluta
de un contrato era de dos años a partir de su perfeccionamiento, o el término de
vigencia del contrato, sin que “en ningún caso exceda” de cinco años 11. No se
pierde de vista que el parágrafo primero del artículo 136 del CCA12 establece que
8 Ley 153 de 1887, artículo 40: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los
juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de
formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.
9 Anexos 20, 23 y 24 de la demanda, contenidos en el medio magnético almacenado en el folio 9
del cuaderno 2.
10 Recuérdese que el artículo 50 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, regula las solemnidades
requeridas para la formación de este tipo de contratos y preceptúa que “debe estar contenido en
documento redactado en idioma castellano y estar a su vez suscrito por las partes. Para su
perfeccionamiento y su prueba sólo necesitará inscribirse en el Registro Minero Nacional”.
11 CCA, Artículo 136. Caducidad de las acciones. “(…) 10. En las relativas a contratos, el término
de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los
motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. En los siguientes contratos, el
término de caducidad se contará así: (…)
e) La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes contratantes, por el Ministerio
Público o cualquier persona interesada, dentro de los dos (2) años siguientes a su
perfeccionamiento. Si el término de vigencia del contrato fuere superior a dos (2) años, el término
de caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco (5) años,
contados a partir de su perfeccionamiento”.
12 Artículo 136. “Caducidad de las acciones. (…).
Parágrafo 1. Cuando el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e
inenajenables la acción no caducará”.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
en los casos en que “el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales
imprescriptibles e inenajenables” la acción no estará sometida a caducidad.
13. Concretamente, el Tribunal adoptó la postura interpretativa según la cual, a
pesar de que el litigio tiene como eje la discusión en torno de unos pretendidos
incumplimientos y unas eventuales nulidades del contrato de concesión minera13,
como el bien concedido es un bien imprescriptible e inajenable del Estado, debe
aplicarse la excepción a la caducidad contemplada en el parágrafo 1 del artículo
136 del CCA. Es decir, se consideró que el objeto del litigio era un bien
imprescriptible e inajenable, por lo cual entiende que la acción respecto de tales
bienes no caduca.
14. A pesar del hondo calado de las críticas que razonablemente pueden
formularse a esta interpretación14, la Sala, en esta oportunidad, acogerá la línea
de pensamiento del Tribunal debido a que en algunos pronunciamientos
anteriores de esta subsección se ha considerado que los litigios sobre actos o
contratos surgidos a partir de un bien imprescriptible o inajenable del Estado,
“como ocurre con los contratos de concesión minera”, no prescriben15.
15. Debido a la posición interpretativa escogida en el presente litigio respecto de
la caducidad, le corresponde a la Sala estudiar de fondo las pretensiones
respecto de la nulidad absoluta del contrato objeto del presente litigio.
16. Por otra parte, la pretensión segunda subsidiaria de la demanda solicitó la
declaratoria de nulidad de los párrafos segundo y tercero y del parágrafo tercero
de la cláusula decimonovena16. Al respecto, el escrito de apelación insistió en la
13 Recuérdese que, en materia del contrato de concesión minera, el objeto del contrato se refiere,
principalmente, al “derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal”, tal como lo define
el artículo 14 de la Ley 685 de 2001.
14 “Además, la naturaleza de imprescriptible, inalienable e inembargable que caracteriza los
bienes públicos (artículos 63, 72, 75 constitucionales y 674, 2518, 2519 del Código Civil) aducida
por el apelante, guarda relación con los principios y valores de la prevalencia del interés general
y en este sentido, buscan impedir que aquellos bienes integrantes patrimonio del Estado, la
Unión, la Nación, o simplemente la colectividad, no puedan ser objeto de adquisición del dominio
bajo ninguno de los modos que el ordenamiento jurídico prevé, circunstancia ajena al objeto y al
ámbito de decisión en el presente proceso, que concierne exclusivamente a definir la
responsabilidad contractual del comodatario, y que no desdice ni desconoce la imperatividad de
las normas procesales de orden público y obligatorio cumplimiento como las que determinan los
plazos preclusivos de acceso a la jurisdicción, mismas que se aplican en función del principio de
seguridad jurídica tendiente a garantizar la normalidad del tráfico jurídico entre los sujetos de
derecho”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 28 de junio de 2024,
expediente 05001-23-33-000-2015-02453-01 (68433), C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de agosto de 2020, C. P.
Alberto Montaña Plata, rad. 25000-23-36-000-2013-01639-01 (58710).
16 “CLAUSULA DECIMA NOVENA.- TERMINACIÓN: Esta concesión podrá darse por terminada
en los siguientes casos: (…).
Parágrafo Tercero: En el evento de presentarse la renuncia al contrato de concesión antes del
vencimiento del período inicial de los treinta (30) años o de su prórroga, la aprobación de la
renuncia por parte de la Autoridad Minera, se hará atendiendo lo dispuesto en el artículo 108 de
la Ley 685 de 2001, actual Código de Minas. Sin embargo, teniendo en cuenta que conforme a lo
dispuesto por el artículo 430 del C.S.T., la explotación, elaboración y distribución de la sal
constituyen un servicio público que no puede ser interrumpido, el recibo de la concesión solo se
hará efectivo cuando el Estado seleccione el concesionario sustituto por el procedimiento legal
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
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nulidad del parágrafo tercero de la cláusula decimonovena, con base en que, al
haber ocurrido el silencio administrativo positivo, las obligaciones derivadas de
esa cláusula no se habrían causado. Lo anterior significa que la apelación no
reprochó concretamente las razones por las cuales la primera instancia denegó
tal pretensión subsidiaria, por lo cual la sala no se pronunciará respecto de tal
pretensión, ni de los argumentos planteados por apelante en su alzada.
Acerca de las pretensiones de incumplimiento y nulidad de actos
contractuales
17. En relación con las pretensiones de incumplimiento del contrato y nulidad de
los actos contractuales, la norma aplicable es el CPACA, debido al ámbito
temporal en el que se fundan los actos demandados y las pretensiones. La
caducidad, en este caso, por tratarse de un contrato liquidable17, se debe
computar de conformidad con las reglas del literal j del numeral 2 del artículo 164
del CPACA18.
vigente al momento de presentarse la situación o si el Estado decide clausurar definitivamente la
salina, hecho que deberá producirse en un término no mayor a un año, contado a partir de la
aceptación de la renuncia.
Durante el tiempo que transcurra entre la aprobación de la renuncia y la entrega de la concesión,
el concesionario se obliga a continuar con las actividades de explotación y todas las obligaciones
estipuladas en el contrato para el efecto y en particular con el pago de las contraprestaciones
debidas de conformidad con lo establecido en la Cláusula Séptima de este contrato.
Si bien la aceptación de la renuncia no se encuentra condicionada en ningún sentido, el
concesionario, al momento de presentarla, deberá informar las razones que le impidan continuar
con la concesión, dado que dichas razones pueden ser relevantes para la selección del
concesionario sustituto” (negrilla original).
17 La Ley 685 de 2001 no establece regulación alguna sobre la liquidación de los contratos de
concesión minera y en virtud de lo establecido en el artículo 53 ibidem, no resultan aplicables las
reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En consecuencia, la
liquidación de los contratos de concesión minera, estarán sujetos a lo que se pacte en el
respectivo negocio jurídico. En el caso sub lite, las partes acordaron la liquidación del contrato en
la cláusula vigesimotercera (cfr. pie de página 26, ut Recuérdese que, de acuerdo con el análisis
hecho en líneas previas, la planta de evaporación que remplazó al horno 5, es un activo que debe
revertirse al proyecto. Como consecuencia de ello, y de la liquidación del saldo a favor del
contratista, procederá la Sala declarar el contrato HIQL-01-Upin liquidado en tales términos.).
18 Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. “La demanda deberá ser presentada:
(…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…)
j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a
partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de
fundamento. Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para
demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su
perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras
este se encuentre vigente. En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:
i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse
el objeto del contrato; ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la
terminación del contrato por cualquier causa; iii) En los que requieran de liquidación y esta sea
efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta; iv) En
los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde
el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe; v) En los que requieran
de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración
unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento
del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4)
meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del
acuerdo que la disponga”.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
18. En este caso, como se detallará más adelante, el contrato terminó el 5 de
mayo de 2016 debido al silencio administrativo positivo; posteriormente, y en
virtud de la disposición contractual contenida en la cláusula decimonovena del
contrato19, la ejecución contractual finalizó el 5 de mayo del 2017. A esta fecha
deben adicionarse los seis meses para la liquidación del contrato, establecidos
en la cláusula vigesimotercera del negocio analizado20, es decir que la fecha
máxima para la liquidación era el 6 de noviembre del 2017. Por ello, la caducidad
debe computarse entre el 7 de noviembre del 2017, y el 7 de noviembre del 2019.
Teniendo en cuenta lo anterior, la demanda interpuesta el 14 de agosto del 2019
se presentó dentro del término legal.
19. Particularmente, respecto de las pretensiones relacionadas con los artículos
cuarto y octavo de la Resolución ANM VSC 000731 del 12 de julio del 201721,
confirmada mediante la Resolución VSC 001138 del 01 de noviembre del 201722,
se anticipa que la Sala las desestimará, pero declarará de oficio la nulidad de las
disposiciones contenidas en dichos actos referidas a la terminación del contrato
(artículos primero y segundo), debido a los graves defectos de competencia
hallados en relación con su expedición, tal como se precisará en apartados
posteriores.
F. Sentido de la decisión
20. La Sala modificará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones en su totalidad y, en su lugar: (i) confirmará la negativa respecto de
las pretensiones de nulidad absoluta del contrato; (ii) confirmará la negativa de
declaratoria de incumplimiento; (iii) confirmará la negativa de las pretensiones
relacionadas con la reversión de la planta de evaporización cerrada; (iv)
declarará, de oficio, la nulidad parcial del acto administrativo que admitió la
renuncia de la concesión y del acto que confirmó tal decisión, por falta
competencia para adoptar tales decisiones; (v) denegará la pretensión de
declaración de nulidad de los artículos cuarto y octavo de la Resolución ANM
VSC 000731 del 12 de julio del 2017; y (vi) liquidará el contrato.
19 Para el efecto, el aparte relevante de la cláusula decimonovena del contrato indica: “En el
evento de presentarse la renuncia al contrato de concesión antes del vencimiento del periodo
inicial (…), el recibo de la concesión solo se hará efectivo cuando el Estado seleccione el
concesionario sustituto por el procedimiento legal vigente al momento de presentarse la situación
o si el Estado decide clausurar definitivamente la salina, hecho que deberá producirse en un
término no mayor a un año, contado a partir de la aceptación de la renuncia”. (Se subraya). Anexo
20 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
20 El aparte relevante de la cláusula vigesimotercera del contrato indica: “Una vez finalizada la
ejecución del contrato por cualquier causa, su liquidación se producirá dentro de los seis (6)
meses siguientes (…). Anexo 20 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado
en el folio 9 del cuaderno 2.
21 Anexo 31 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del
cuaderno 2.
22 Anexo 40 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del
cuaderno 2.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
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Análisis de la pretendida nulidad absoluta del contrato de concesión minera
21. La sentencia de primer grado llevó a cabo un análisis de la pretendida nulidad
por causa ilícita, por desviación de poder, y nulidad por objeto ilícito, por violación
del denominado principio de planeación, tal como fue solicitado en las
pretensiones primera y segunda principales23. Tanto la causa ilícita como el
objeto ilícito se fundaron en la falta de inclusión de un documento en la etapa
precontractual, lo que, según el actor, habría modificado las condiciones técnicas
y financieras para presentar la oferta y habría determinado la inviabilidad de la
operación por falencias estructurales en el Pozo 4.
22. Concretamente el Tribunal consideró que “las causales de nulidad son
taxativas y de interpretación restrictiva, de modo que no se puede invalidar un
negocio jurídico por una interpretación posterior del cumplimiento o no de un
deber o principio”24. Así, consideró que no hubo vicio alguno con para declarar la
nulidad, pues luego de analizar la disponibilidad de la información concluyó que
el contenido del documento que la administración omitió incluir en la etapa
precontractual “no era determinante para conocer las particularidades de la zona
a concesionar ni la posibilidad de subsidencias (…) máxime porque en el caso
del pozo N° 4, la explotación se realizaba a través de disolución in situ, con la
consecuente inestabilidad del terreno”25. Asimismo, concluyó que, si bien el
análisis financiero presentado a los oferentes no contenía el análisis del riesgo,
la información disponible permitía a los interesados “tomar determinaciones
sobre la viabilidad, o no realizar la inversión”26.
23. Frente a lo anterior, el reproche del actor, en sede de apelación, se basa en
que el demandante no contó con la información necesaria para presentar su
oferta, en que el documento omitido en la etapa precontractual sí era
determinante para que el oferente decidiera sobre su participación y que el
negocio era financieramente inviable. Por tales razones, insiste en que debe
declararse la nulidad absoluta del contrato, de conformidad con las pretensiones
primera y segunda de la demanda.
24. En ese sentido, esta Sala analizará si hubo desviación de poder, que
justifique la nulidad por causa ilícita, o afrenta al principio de planeación, que
motive la nulidad por objeto ilícito. Recuérdese que esta Corporación ha señalado
que la desviación de poder es un vicio que se presenta cuando una “autoridad
toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que
23 Sentencia de primera instancia, página 26, ítem 447 del proceso de primera instancia en Samai.
24 Sentencia de primera instancia, página 28, ítem 447 del proceso de primera instancia en Samai.
25 Sentencia de primera instancia, página 35, ítem 447 del proceso de primera instancia en Samai.
26 Sentencia de primera instancia, página 28, ítem 447 del proceso de primera instancia en Samai.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
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obedece a un propósito particular, personal o arbitrario”27. Particularmente, esta
corporación ha señalado que:
Demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la
convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la
finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la
norma. Cuando se invoca este vicio, necesariamente, la prueba ha de
encontrarse en circunstancias anteriores a la determinación que se acusa, pues
se trata de establecer, precisamente, la intención del funcionario que expide el
acto, que es previa a la toma de la decisión28.
25. En ese orden de ideas, esta Sala encuentra que en el acervo probatorio no
hay prueba alguna orientada a demostrar que la administración, concretamente
el MME, hubiese expedido los actos administrativos que dieron lugar a la licitación
con un propósito arbitrario o distinto del demarcado por el orden público. Así, no
se encuentra que la resolución 180555 del 2008, que dio apertura a la licitación
pública 001-200829, haya sido emitida en contra de la normativa vigente ni que
en los actos administrativos posteriores, o en la firma del contrato HIQL-01-Upin,
se haya actuado con desviación de poder.
26. Ahora bien, teniendo en cuenta que la motivación de la desviación de poder y
de la afrenta al deber de planeación alegada por el apelante radica en la falta de
inclusión de un documento en la etapa precontractual, en los siguientes apartes
se analizará si tal omisión tiene la entidad suficiente para viciar absolutamente de
nulidad el contrato.
27. En referencia al deber de planeación, se debe recordar que desde el artículo
209 de la Constitución política establece que uno de los principios con base en
los cuales debe desarrollarse la función administrativa es el de economía 30. En
desarrollo de lo anterior, los estatutos de procedimiento administrativo (CCA31 y
CPACA32) han dispuesto que las actuaciones administrativas deben
desarrollarse en observancia de los principios constitucionales, y han replicado
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 7 de marzo de 2013, rad. 13001-23-31-000-2007-00052-01 (2010512), C. P.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia del 22 de
febrero del 2018, rad. 25000-23-25-000-2008-00942-01 (163517), C. P. Rafael Francisco Suárez
Vargas
29 Disponible en el detalle del proceso licitatorio 01-2008 en:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=08-1-29927, enlace
referido en la demanda y también contenida en el expediente administrativo aportado por la ANM,
almacenado en el medio magnético contenido a folio 151 del cuaderno 1.
30 Constitución Política, Artículo 209: “La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones”.
31 CCA, Artículo 3: “Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios
de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción (…)”.
32 CPACA, Artículo 3: “todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados
en la constitución política, en la parte primera de este código y en las leyes especiales”
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
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el principio de economía como uno de los derroteros de la actuación
administrativa.
28. Concretamente, la jurisprudencia de esta corporación ha explicado que el
contenido del principio de economía, en el marco de la función administrativa, se
relaciona con la agilidad en la toma de decisiones en los procedimientos de
selección contractual, busca la celeridad de la actuación administrativa y la
reducción de gastos económicos y trámites dispendiosos33. Particularmente, en
materia de contratación estatal, ha señalado que una de las manifestaciones
esenciales del principio de economía yace en el deber de planeación, con base
en el cual la administración debe “asegurar que todo proyecto esté precedido de
los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su
viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del
objeto por contratar”34.
29. Recientemente se ha puesto de presente que el deber de planeación está
conjuntamente a cargo de las entidades estatales y de los oferentes en los
procesos de selección y se lo “ha equiparado con actuar conforme a la buena fe
objetiva, de acuerdo con los postulados de la lealtad y la corrección, lo cual
implica la exigencia de informar las falencias o errores evidenciados a la
entidad”35.
30. Así, para la Sala es claro que, si bien el Estado, en el marco de sus relaciones
contractuales y particularmente en los procedimientos de selección, asume
deberes de información sustentados en los principios de transparencia, buena fe
y planeación —lo que implica comunicar a los interesados las circunstancias
relevantes que puedan incidir en el cumplimiento de los fines del contrato—, ello
no exonera a los particulares de sus propias cargas y obligaciones negociales.
31. En efecto, debe recordarse que del principio general de buena fe se derivan
diversos deberes para la etapa precontractual, entre otros, el deber de
información36, que atañe a todas las partes de la relación contractual en
formación. El paradigma del deber de información tiene su aposento en el ámbito
de la contratación estatal, en donde la información resulta relevante para la
determinación acerca de la participación, las condiciones de la oferta y la decisión
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3
de diciembre de 2007, rad. 1100-103-26-000-2005-000-50-01 (31447), C. P. Ruth Stella Correa
Palacio.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B
sentencia del 28 de mayo de 2012, rad. 07001-23-31-000-1999-00546-01 (21489), C. P. Ruth
Stella Correa Palacio.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 4 de junio de 2024, rad. 25000-23-36-000-2018-00308-02 (69775), C. P. Fernando
Alexei Pardo Flórez.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 2 de septiembre de 2013, radicado 25000-23-26-000-1999-00330-01(23827), C. P.
Hernán Andrade Rincón.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
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final de con quién se contratará. Por ello, la información que las partes deben
brindar debe ser precisa, veraz, autentica y completa37.
32. Sin embargo, no debe dejarse de lado que el deber de obrar de buena fe hace
referencia a la denominada ‘buena fe objetiva’38, esto es, una conducta activa y
diligente de todas las partes, que no solo deben conformarse con la información
provista por su contraparte, sino que, tienen a su cargo el deber de auto
informarse de manera suficiente, de todo aquello que atañe al negocio a celebrar,
sus derechos y obligaciones39.
33. Así, los proponentes, en su condición de expertos y profesionales en las
materias propias del negocio jurídico a celebrar, están llamados a desplegar una
diligencia calificada en la verificación y análisis de la información disponible
durante la etapa precontractual. No resulta admisible invocar la omisión estatal
como argumento para relevarse de esta carga, pues no corresponde al principio
de buena fe ni a la planeación contractual convertir tales deberes en un régimen
de protección excesiva a favor del contratista. Tal como lo ha precisado la
Corporación, “no se puede confundir el principio de buena fe y de planeación con
un proteccionismo a favor del contratista”40.
34. Ahora bien, respecto de la vulneración al deber de planeación como causal
de nulidad por objeto ilícito, debe recordarse que:
El papel basilar de los principios, y de la planeación contractual en particular,
sirvió de sustento para que una providencia del Consejo de Estado afirmara que
“la elusión de este mandato comporta[ba] una transgresión al orden legal que
conduc[ía] a la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto”. Esto es, en
esa ocasión se concluyó que el incumplimiento de la planeación contractual
configuraba la causal de nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito.
26. No obstante, debe tenerse en cuenta que la posición enarbolada en la
referida providencia (que sirvió de fundamento a la Sentencia de primera
instancia) fue pronto morigerada y abandonada, resultado de una sentencia de
tutela en la cual, esta misma Corporación concluyó que existía una
“interpretación errónea del principio […] cuando se dice que su inobservancia
es, indefectiblemente, causal de nulidad absoluta del contrato, por objeto ilícito”.
La tutela, tras retomar la importancia capital del principio de planeación y de
reafirmar que es un mandato “inherente a la actividad administrativa contractual
y de ineludible acatamiento”, dejó sin efectos una providencia en la que se
habían retomado los argumentos expuestos en la Sentencia de 24 de abril 2013,
y ordenó a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
decidir nuevamente el caso, “bajo el entendido de que el desconocimiento del
principio de planeación no genera nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 19 de noviembre de 2012, radicado 25000-23-26-000-1998-00324-01(22043), C. P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 18836, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 19 de noviembre de 2012, radicado 25000-23-26-000-1998-00324-01(22043), C. P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 11 de mayo de 2022, rad. 05001233100020070327901 (56449). C. P. José Roberto
Sáchica Méndez.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
27. Los antecedentes jurisprudenciales referidos son representativos para el
caso sometido a estudio de la Sala, habida cuenta de que el demandante
pretendió, precisamente, que se declarara la nulidad absoluta del contrato por
la inobservancia del principio de planeación; pretensión principal frente a la que
se advierte que la ilicitud del objeto contractual no se configura por la no
atención de este principio, tal y como lo resolvió el Consejo de Estado en la
referida Sentencia de 21 de agosto de 2014. En ese sentido, la inobservancia
del principio de planeación no es una causal de nulidad de los contratos
estatales porque la ley no lo estableció, comoquiera que es al legislador a quien
le corresponde definir las causas que hacen nulo un negocio jurídico”41.
(subrayado propio).
35. De acuerdo con lo anterior, al no estar consagrada a nivel legal la afrenta al
deber de planeación como una causal de nulidad del contrato, la pretensión
principal segunda no está llamada a prosperar.
36. Lo anterior no significa que la omisión de información en la etapa
precontractual sea superflua, o que la falta de inclusión de un documento -en este
caso, por parte del MME- no merezca un severo reproche; sin embargo, en el
caso sub examine resulta necesario estudiar la incidencia de la omisión de la
información en la decisión de presentar oferta, en su estructuración y en la
viabilidad del negocio a contratar, para adoptar un pronunciamiento respecto de
las nulidades solicitadas, por lo cual, a continuación se llevarán a cabo los análisis
pertinentes, al propio tiempo que, conjuntamente, se estudiarán los reproches
relativos a los pretendidos incumplimientos del contrato, en tanto que ellos
también se fundamentan en la omisión de la información en la etapa
precontractual, para, posteriormente, decidir concretamente respecto de las
pretensiones de nulidad absoluta del contrato.
La información que se aduce como no entregada, o entregada erradamente,
en la etapa previa del contrato, no constituye un incumplimiento contractual
de las demandadas
37. La parte demandante señala que el Tribunal no tuvo en cuenta que la
información contenida en el informe elaborado por I.F.I. en el año 2007, sobre la
mina de sal de UPÍN y el estado del pozo 4, evidenciaba que el contrato de
concesión era inviable técnicamente por la inestabilidad de la mina. En el mismo
sentido, indica que la inexactitud en la cantidad de reservas básicas de sal gema,
estimada en 5.5. millones de toneladas42, hacía inviable financieramente la
explotación concesionada, en tanto que la cantidad real a explotar era
sustancialmente inferior.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección B,
sentencia del 8 de septiembre de 2021, radicado 25000-23-36-000-2015-02527-01(61583), C. P.
Alberto Montaña Plata.
42 En lo pertinente, el contenido del informe es el siguiente: "Estudios previos de la licitación
pública no. 01 de 2008, correspondiente al anexo 10 de la demanda, contenido en el medio
magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
38. En su escrito de apelación, el demandante afirma que la sentencia de primer
grado no motivó la negativa de acceder a las pretensiones tercera y cuarta
subsidiarias, relacionadas con la inviabilidad técnica y financiera del contrato y el
incumplimiento de la demandada por no revelar la totalidad de la información.
Sobre este aspecto, indicó que el concesionario no contó con toda la información
necesaria para presentar su oferta y que la falta de información, o la información
imprecisa, llevó al fracaso de la operación. Respecto de las pretensiones sexta y
octava subsidiarias, relativas al silencio administrativo positivo y a la
improcedencia de cobros luego de evidenciada la fuerza mayor, el reproche del
apelante se orientó a refutar los argumentos que negaban la procedencia del acto
ficto y la consecuente liquidación unilateral del contrato, mas no a la atribución
de incumplimiento al contratante.
39. Dado que algunos fundamentos de la impugnación relacionados con las
pretensiones de nulidad del contrato fueron empleados, también, para sustentar
las pretensiones de incumplimiento, la Sala examinará lo relacionado con la
información imprecisa o no entregada en la etapa precontractual, los testimonios
y las experticias aportadas al proceso, exclusivamente en relación con el alegado
incumplimiento contractual invocado por el actor en su demanda, teniendo en
cuenta, además, que parte de sus inconformidades con la sentencia de primer
grado se fundan en una insuficiente motivación para negar la prosperidad de las
pretensiones tercera y cuarta de la demanda.
40. No se discute que el informe I.F.I. del año 2007, sobre el estado de la mina
de sal de UPÍN, no formó parte de la información puesta a disposición de los
oferentes en el proceso de licitación. Sin embargo, lo cierto es que no se acreditó
que la ausencia del informe mencionado tuviera la entidad suficiente para incidir
de manera relevante en la formación de la voluntad del proponente de presentar
su oferta, ni para condicionar decisiones sustanciales en la ejecución del
contrato, como se expondrá a continuación.
41. El “Informe de Gestión octubre 2007” del IFI concesión Salinas43 presenta la
gestión administrativa desarrollada entre septiembre y octubre del 200744
respecto de varias concesiones de salinas en el país. Así pues, respecto del
denominado “centro de producción de Upín” el informe presenta principalmente
tres apartados, referidos, en su orden, a la producción, infraestructura técnica e
infraestructura de apoyo45. Del referido informe se desprende que, entre enero y
septiembre del 2007, el centro de producción de Upín produjo 6,4 millones de
toneladas de sal46. En él también se indicaron las características técnicas del
pozo 447. Se debe resaltar que en este informe no se presenta información
43 Anexo 47 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del
cuaderno 2.
44 Introducción del informe de gestión, ídem, página 5,
45 Ídem, página 2.
46 Ídem, página 28.
47 Ídem, página 29 y 30: “Este pozo se puso en prueba el día 21 de Enero de 2007, se instalaron
aproximadamente 350m de tubería de 2” de manguera de polivinilo, desde la quebrada Ortéz
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
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histórica respecto de la producción minera en el área de Upín, ni se hace un
recuento de los sucesos relativos a los distintos pozos del área.
42. Del análisis del informe en mención se desprende que el pozo 4: (i) no contaba
con instrumentos técnicos de medición; (ii) presentaba indicios de posibles daños
tanto en la tubería de inyección como en la de salida; (iii) la presión de salida del
pozo era baja, o no era registrada por el manómetro, debido a que la tubería de
8” no fue correctamente cementada. Las “dificultades complejas” referidas en el
informe se circunscriben a aspectos técnicos de su equipamiento y su
construcción. Sin embargo, tales observaciones no permiten concluir que el pozo
4 era improductivo, que la producción de sal en el centro de producción de Upín
era inviable o que la falta de solución de tales “dificultades” condujera a la
inestabilidad estructural o al derrumbe del pozo 4.
43. En ese sentido, si bien el informe recomendaba solucionar prontamente las
dificultades técnicas, no se puede deducir razonablemente que la información
contenida en él permitiera concluir que la actividad minera en el área
concesionada de Upín resultara inviable o que el pozo 4 indefectiblemente
colapsaría por causa de las dificultades técnicas, como lo pretende el apelante.
44. Por otra parte, en su escrito de apelación el recurrente manifestó que el
Tribunal no tuvo en cuenta que en el proceso de licitación “se informó falsamente
sobre la ausencia de trabajos previos de minería en el área de Upín”, ni tampoco
valoró dos testimonios practicados, a partir de los cuales se podría concluir que
entre 1980 y el 2007 se llevaron a cabo trabajos en varios pozos, que todos ellos
hasta el pozo; en este sitio se recoge el agua en tanques de aproximadamente 500 litros y por
medio de una bomba DIESEL de XX Hp se le inyecta agua fresca al pozo y por diferencia de
presión retorna la salmuera.
Esta salmuera es almacenada en un tanque de 20,1m3; el tanque de salmuera es descargado 2
veces durante 8 horas, es decir, se descargan aproximadamente 40m3 diarios de salmuera con
una densidad de 22° Br, esta salmuera es distribuida para la producción de sal en los diferentes
hornos de producción.
El pozo en este momento no tiene instalado un contador volumétrico que nos indique los metros
cúbicos inyectados, tampoco tiene un contador volumétrico que nos indique los metros cúbicos
producidos por el pozo, tampoco se conocen la cantidad de insolubles que tiene la salmuera
producida.
Con los análisis observados de presiones, podemos hacer las siguientes conclusiones:
PRESIÓN DE INYECCIÓN: Esta presión está demasiado baja para un pozo de 320m; pudiéndose
presentar dos aspectos: a) Que la tubería de inyección se fracturó aproximadamente a los 160m,
es decir en el límite de contacto entre la sal y el estéril. b) Estrangulamiento de la tubería por
daño en una de las uniones.
PRESIÓN DE SALIDA: La presión de salida no registra en el manómetro por las siguientes
circunstancias
a) El manómetro está dañado. b) No hay presión porque toda la presión se fuga por fuera de la
tubería de 8” que no quedó cementada, de acuerdo con el informe, solamente se utilizaron 13.5m3
de cemento, lo que nos indica que la cementación no cumplió con las especificaciones que
requería el pozo, es decir, se necesitaría aproximadamente 53 m3 de cemento de 5.000 PSI,
inyectado a una presión de 500 PSI.
a) El manómetro instalado para el espacio anular está dañado. b) No existe espacio anular
porque el agua está lixiviando el techo de la sal.
Lo anterior implica como es obvio que el pozo tiene dificultades complejas que provienen de su
construcción, efectuada a finales y principios de 2007 y que deben ser solucionados lo antes
posible con el fin de contar con este (sic) herramienta, indispensable para la producción y
operación del centro”.
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colapsaron y que los riesgos de subsidencias en el área minera implicaban “una
situación de gravedad extrema que hacía totalmente inviable la operación”.
44.1. De antemano se debe indicar que, para la Sala no es de recibo la
aseveración acerca de que los documentos licitatorios entregaron información
falsa acerca de las actividades mineras en el área, pues, como se detallará
adelante, en varios apartados de la documentación precontractual se puso de
presente que las actividades mineras se llevaban a cabo mediante la disolución
de sal y que en el área a conceder se desarrollaba un negocio en marcha.
44.2. Ahora bien, el testigo Carrillo Caballero, quien afirmó ser ingeniero de
petróleos y haber asesorado al concesionario “para la puesta en marcha de las
salinas de Upín” desde el año 2008, debido a su experiencia laboral en tal área
minera entre los años 1973 y 2006, testificó que él participó en el comité técnico
que presentó la “conveniencia y oportunidad” de la creación del pozo 4. Indicó
que junto con otros ingenieros propusieron el área donde se ubicaría el pozo 4,
para alejarse de los “problemas existentes en el área minera, como era el
hundimiento, a raíz de la errada ubicación de la minería”. Respecto del derrumbe
del pozo 4 en el año 2014, refirió las conclusiones a las que llegó el informe
elaborado por el constructor pozo y las afectaciones de las subsidencias, desde
su construcción, que contribuirían posteriormente con su colapso48.
44.3. Concretamente, respecto de la pregunta formulada por la apoderada de la
parte demandante, relacionada con el colapso previo de los pozos 2, 3, 8 y el
túnel que existía allí, el testigo relató que desde su vinculación en 1973 conoció
de primera mano los detalles de la construcción y decaimiento de los pozos 2 y
3; también manifestó conocer indirectamente la construcción del pozo 8 y que,
posteriormente, en la década de los noventas, él operó ese pozo y otro
yacimiento en el área de Upín49.
48 Audiencia del 28 de febrero de 2023, minuto 43 y siguientes, índice 233 de la primera instancia
en Samai: “las actividades para construir el pozo no tuvieron dificultades (…). Se hizo lo que debía
hacerse (…). Lo que realmente (sic) demostrado que haya ocasionado el cizallamiento de la
tubería (…), [es] que durante la etapa de perforación del pozo (…) ocurrió un desgarramiento de
la superficie del terreno cercano al pozo, (…) que, aunque se alejó el pozo de la zona minada,
que con toda seguridad estaba hundiéndose, esta separación que hubo en el terreno indicaba
que la consecuencia del fenómeno de subsidencia había llegado al pozo. Esta separación del
terreno lo que propició fue una descompensación en las presiones que debía resistir el
revestimiento exterior con el fin de proteger la estabilidad del pozo (…). La firma constructora se
presenta en agosto del 2012, hace la visita técnica y produce un informe en el cual disiente con
el informe del 2007, cuando entregó la obra, y manifiesta que había ocurrido la separación del
terreno durante la perforación, es decir, en el informe que la empresa contratista rindió en enero
del 2007 cuando terminó la obra, no indicó que hubiera ocurrido este fenómeno geológico, pero
en su informe de 2012 dice que aquí hubo un agrietamiento de la plataforma del pozo que la
atravesó toda, lo documentó con unas fotografías (…). El agrietamiento de por sí era un factor
desencadenante de la rotura de la tubería”.
49 Audiencia del 28 de febrero de 2023, minuto 43 y siguientes, índice 233 de la primera instancia
en Samai: “Yo me vinculo en marzo de 1973, y parte de mi vinculación se debe a que en ese
momento se estaba desarrollando la etapa exploratoria del yacimiento (…). Ya en ese momento
la mina tenía un problema, y era que no había explotación con explosivos, sino que solo se
aprovechaba la salmuera que estaba generándose (…). En el 73 (…) se empiezan a tomar
decisiones para proceder a usar la disolución in situ en Upin y el primer pozo que se construye
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Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
44.4. Particularmente se resalta el conocimiento que este testigo, que fue asesor
del concesionario desde el inicio de su operación en el área minera, pues indicó
que todas las experiencias anteriores de extracción de sal mediante disolución in
situ habían sido relativamente efímeras “por la presencia de las subsidencias en
el área minera” y que, debido a que entre 1975 y el 2008 se extrajeron miles de
toneladas de sal, habían desaparecido alrededor de ciento cincuenta mil metros
cúbicos de material en el yacimiento, “por eso el terreno descendió a ocupar ese
espacio”50.
44.5. Por su parte, el testigo Bermúdez Urrea, quien manifestó haber sido operario
del pozo 4 y supervisor de producción del área minera de Upín entre los años
1993 y 2014, relató haber trabajado con el demandante y no tener conocimiento
respecto de las causas del colapso del pozo 4 en el año 2012 51. Ante las
preguntas de la apoderada de la parte demandante respecto de la del pozo 8,
relató que fue construido en 1990 por ingenieros militares, que en esa época
estaba a cargo del IFI y fue operado entre junio y octubre de 1993 por una
empresa privada52.
es el pozo 2, se construye el pozo 3. El pozo 2 fue muy efímero, porque se desconocía como se
habían ramificado las cavidades subterráneas, debido a la disolución (…). El pozo 3 se hace a
continuación, fue el que más estuvo operando, operó por ahí unos tres años y también llegó el
momento en que no pudo rebozar la salmuera por comunicación en el subsuelo con la minería
antigua. (…) En el año 80, (…) se intenta (…) propiciar una minería subterránea con explosivos.
La acometemos, pero por efectos de la gravedad, la salmuera que está arriba corriendo por todas
las galerías se proyecta al nuevo nivel y nos impide avanzar. Entonces decidimos aprovechar y
extraer esa salmuera de ese nivel inferior para la producción, porque era una salmuera de una
óptima calidad. (…) este pozo extractor dura unos 3 años, hasta que la subsidencia guillotina la
tubería y no puede seguir funcionando. (…) En 1990 contratan a los ingenieros militares para
hacer el pozo número 8. Yo no tuve participación en eso. (...) ese pozo construido en 1990 por
los ingenieros militares el IFI no lo opera, nosotros como empresa particular de los extrabajadores
nos ganamos la licitación y nos ganamos el área el 5 de junio de 1993. Ya en esa época la
salmuera natural estaba declinando y entonces ya estando el pozo 8 construido decidimos
operarlo (…). Empezamos a operar el pozo por ahí a finales de junio de 1993. Este pozo no nos
duró sino 4 meses. En octubre de 1993 observamos que la salmuera que reboza viene de color
rojizo, con muchos sólidos y una densidad por debajo de la saturación. Para mí, (…) como
gerente, determino, que ese pozo no estaba colapsado y que era imposible rehabilitarlo. Ese pozo
no duró sino 5 años. Todas las experiencias que se tuvieron en el área con la disolución in situ
fracasaron tempranamente o fueron muy efímeras por la presencia de las subsidencias en el área
minera, que entre otras cosas no se estudió no se monitoreó como debió ser, no se estableció
como propagaba, cómo progresaba (…) entre 1975 y julio del 2008 en la mina se produjeron
trescientas cincuenta mil toneladas de cloruro de sodio, que si uno saca el volumen de eso nos
da ciento cincuenta mil metros cúbicos de yacimiento que en ese lapso de 30 años
desaparecieron del subsuelo y que por eso el terreno descendió a ocupar ese espacio”.
50 Ídem.
51 Audiencia del 28 de febrero de 2023, minuto 18 y siguientes.
52 Audiencia del 28 de febrero de 2023, minuto 18 y siguientes: “el pozo numero 8 lo construyeron
en el año de 1990 (…) el pozo vino a construirlo una brigada de ingenieros militares. (…) yo no
era supervisor en ese entonces, pero yo me enteré que lo hicieron los militares. (…). El IFI lo dejó
como reserva (…), quedó en stand by. Pero en 1993, en junio, cuando ya le entregaron la
contratación a Sales del Llano, (…) yo en ese entonces era vicepresidente de la junta directiva
de sales del Llano (…) y comenzamos la operación del pozo en ese mes de junio, haciendo todas
las adecuaciones (…) y en octubre colapsó el pozo (…) pero no conozco por qué colapsaría. (…)
El pozo numero 4 estaba 150 metros más abajito [del pozo 8]. (…)”.
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44.6. De los anteriores testimonios se puede concluir que el fenómeno de las
subsidencias y la existencia de pozos anteriores que habían colapsado era
conocido por los trabajadores que operaban en el área minera de Upín, que
algunos de esos trabajadores continuaron prestando servicios en la operación
del a cargo demandante y de quienes este recibió asesoría. Sin embargo, de los
relatos de los testigos no se puede concluir, como lo pretende el actor, que las
subsidencias en el área minera implicaran una situación de inusitada gravedad
que hiciera inviable la operación, pues, los testimonios indican que las
subsidencias eran conocidas, que la extracción de salmuera contribuía al
hundimiento del terreno y que el área minera de Upín venía siendo productiva
desde varias décadas atrás.
45. Ahora bien, contrario a lo afirmado por el actor, la información presentada en
el proceso licitatorio permitía conocer la situación geológica y la viabilidad de la
actividad minera en la zona en concesión, así como los riesgos que se asumirían.
Al respecto, en el pliego de condiciones se puso de presente que:
Teniendo en cuenta que las áreas Mineras de Sal de NEMOCON, ZIPAQUIRA,
UPIN Y GALERAZAMBA vienen siendo explotadas, todos los bienes inmuebles
que se definirán como parte de la concesión y las obras realizadas en ellos, tanto
a nivel de superficie como en el subsuelo, serán recibidos por el concesionario
en el estado en que se encuentren al momento de su entrega, asumiendo sobre
los mismos, tanto la responsabilidad por la explotación futura, como la que pueda
sobrevenir como consecuencia de las obras mineras preexistentes, por lo que es
obligación de los interesados en la licitación, prever los riesgos que tales bienes
y obras pueden acarrear durante la vigencia del contrato de concesión53.
46. Particularmente, en la minuta del contrato incluida en el pliego de condiciones,
se indicó, como una de las obligaciones a cargo del concesionario:
i) Asumir la total responsabilidad por la estabilidad de las obras mineras y de
infraestructura preexistentes y sobre las que construya durante el término de la
concesión; en consecuencia realizará los programas de mantenimiento
preventivo y correctivo pertinentes. Asumir la responsabilidad del mantenimiento
y control del área minera, de conformidad con lo establecido en la normatividad
minera y ambiental vigente54.
47. En relación con el contenido y alcance de la información aportada durante el
proceso de selección, en la parte primera del anexo del pliego de condiciones se
describió el área Minera de Upín y se indicó:
Reiterando lo dicho en el Numeral 1.3 de este pliego, la documentación sobre el
área minera contenida en esta primera parte del Anexo Upín (U1), es de carácter
informativa, en consecuencia su uso por parte de los Proponentes o del
concesionario y las decisiones que tomen con base en ella, son de su exclusiva
responsabilidad y exoneran de ésta al Estado.
53 Página 10 del Pliego de condiciones Licitación Pública 01 de 2008, correspondiente al anexo
12 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
54 Página 85 del Pliego de condiciones Licitación Pública 01 de 2008, correspondiente al anexo
12 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
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U1-1. ANTECEDENTES
(…)
A mediados de Noviembre de 2006 se perforó un pozo de prospección (PU-4),
que fue declarado como pozo productivo y llamado pozo No 4. Actualmente se
encuentra dispuesto para tal fin (es decir para realizar la explotación de salmuera
por disolución in-situ), su construcción fue definida por el IFI Concesión de
Salinas con base en la información que dicha entidad posee sobre el área minera.
U1-3. INFORMACIÓN GEOLÓGICA E HIDROLÓGICA GENERAL
(…)
Las precipitaciones que se dan en las estribaciones de la cordillera oriental y el
piedemonte llanero son provocadas por procesos conectivos y orográficos
(IGAG, 1983). Estas características sumadas a las pendientes fuertes y la
deforestación progresiva de las cuencas, determinan las condiciones de
inestabilidad con un predominio de movimientos en masa y carcavamiento.
(…)
U1-4. RESERVAS
El Valor de reservas que se consigna a continuación es de carácter informativo,
en consecuencia su uso por parte de los Proponentes o del concesionario y las
decisiones que tomen con base en ella, son de su exclusiva responsabilidad y
exoneran de ésta al Estado.
Aunque la minería subterránea data del año 1914, solo hasta el año de 1970 se
realizaron los trabajos respectivos a este yacimiento, iniciados en 1970 por el
Departamento de Minería del Instituto de Fomento Industrial bajo la dirección
técnica del geólogo Giancarlo Rezoni, realizándose la geología de superficie
complementada con la perforación de varios pozos verticales con recuperación
de núcleos de del depósito en el área de interés que relacionamos a continuación:
En el año 1990, se realizaron estudios de prospección geofísica con geoeléctrica
para determinar las reservas de mineral. Estos trabajos adicionales y el estudio
geológico anterior determinaron unas reservas básicas indicadas de 5,5 millones
de toneladas de sal gema con un tenor promedio del 85% de cloruro de sodio.
U1-5. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES MINERAS – PRODUCCIONES
(…)
Para efectos de operatividad del pozo No 4, es necesario construir infraestructura
en superficie como: línea eléctrica, electro bomba y tuberías de inyección y
producción, entre otras. Es bueno aclarar que las decisiones que tome el
Concesionario acerca de la operación del mismo, son de su exclusiva
responsabilidad.
En el cuarto de datos del Ministerio de Minas y Energía se puede consultar
información sobre el Pozo No 4.
U1-5.2. Aspectos Generales de Producción de Sal
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
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Según informes del IFI – Concesión de Salinas, la producción histórica de sal
industrial del Centro de Upín, desde 1975 hasta julio de 2007, ha sido la siguiente:
(…)
U1-5.4.1. Explotación
La carencia de estudios geológicos preliminares para establecer la minería a
principios de 1900, originó que esta se ubicara a un nivel de explotación no
adecuado (en la cresta del anticlinal) ocasionando la intrusión de aguas
meteóricas que desde ese entonces han venido lixiviando el mineral, apareciendo
en la superficie como aguas de salmuera.
La extracción del mineral del subsuelo ha pasado por diferentes etapas, desde la
minería a cielo abierto, cuando los antiguos explotadores acometían los
afloramientos de sal gema en el lecho del río, hasta galerías subterráneas
construidas en dos niveles que permitieron el arranque de la sal gema con
explosivos, para luego ser disuelta en tanques ubicados en superficie, para lixiviar
el cloruro de sodio y separarlo de fracción de minerales insolubles (rute) en agua
que conforman la roca.
El método de explotación empleado hace aproximadamente 20 años fue el de
cámaras y pilares, y durante la década de los 80, se trabajó con cámaras largas
(minería tradicional y uso de explosivos).
A partir de los primeros años de la década de los 80 se presentaron filtraciones
que fueron inundando la mina, obligando al abandono de este método de
explotación.
En la actualidad, las cámaras de la mina se encuentran inundadas y por el antiguo
túnel de ingreso fluye salmuera saturada con las siguientes especificaciones:
densidad 1.23 gr/cm3, y concentración de 0.268 - 0.270 Ton/m3 de NaCl, que es
la materia prima para el proceso de producción. Esta salmuera se obtiene por el
proceso de lixiviación natural que se viene presentando en toda el área, sin que
a la fecha se pueda determinar la afectación que puede presentar esta disolución
en todo el depósito. Sin embargo, periódicamente se efectúan estudios de
subsidencias sobre el sector de la mina (Datos que pueden ser consultados en el
cuarto de datos del Ministerio de Minas y Energía).
Es decir, entre los años 1980 y 2007 no se adelantaron trabajos mineros y solo
se han venido aprovechando las fuentes saladas que abandonan el yacimiento
salino después de disolver el mineral.
Del antiguo túnel salían aproximadamente entre 120 y 150 m³/día, sin embargo,
en los últimos años la producción de salmuera ha venido mermando a valores
entre 65-75 m³/día (Julio de 2007).
Esta disminución en el flujo de salmuera probablemente es ocasionada por la
gran cantidad de rute asentado durante los años de lixiviación del depósito salino
o la influencia de las aguas de infiltración en los períodos de lluvia y/o verano que
afectan el caudal y la concentración de sal en la salmuera.
(…)
25
Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
La documentación que reposa en el cuarto de datos es de carácter informativo,
en consecuencia su uso por parte de los Proponentes o del concesionario y las
decisiones que tomen con base en ella, son de su exclusiva responsabilidad y
exoneran de éstas al Estado”55 (subrayado propio).
48. De lo anterior, se puede colegir que el concesionario contaba con información
relevante sobre las condiciones geológicas del área a concesionar y el riesgo que
asumiría en relación con las características del área de explotación, sin perjuicio
del especial conocimiento que le es exigible para acometer una actividad como
la que era objeto del contrato celebrado, respecto de la cual debía contar con la
suficiente y comprobada experticia y capacidad técnica.
49. De acuerdo con las reglas del proceso de selección y de la información que
de él formó parte, correspondía al concesionario, al iniciar la ejecución del
contrato, realizar todas las adecuaciones, mantenimientos y reparaciones
necesarias para continuar con la operación, teniendo en cuenta, en todo caso,
las implicaciones evidentes que ello supone y las condiciones de explotación
previa de que era objeto la mina, respecto de lo cual contaba con la información
provista en la etapa previa y la experiencia propia de los trabajadores y asesores
contratados, que, como los testigos presentados al proceso, conocían con cierto
detalle los antecedentes del área minera.
50. Adicional a la información conocida en la etapa precontractual, el
concesionario tuvo al menos cuatro años para conocer el estado del pozo 4 y
decidir si era necesario o no llevar a cabo modificaciones o reparaciones en su
infraestructura.
51. En el expediente no se acredita que durante el periodo de operación a cargo
del demandante se hubieren efectuado reparaciones tendentes a mitigar o
superar dificultades técnicas derivadas de las condiciones de explotación previa
del pozo, el cual, sin embargo, fue productivo en tal periodo. En todo caso, como
se verá más adelante, la causa probable del colapso del pozo puede atribuirse a
razones telúricas y no a las falencias técnicas de su construcción, como se
advierte en el informe técnico GSC-I-061 del 14 de septiembre de 201256.
55 Página 164 y siguientes del Pliego de condiciones Licitación Pública 01 de 2008,
correspondiente al anexo 12 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el
folio 9 del cuaderno 2.
56 El informe técnico GSC-I-061 de la interventoría del contrato, hecho a partir de la visita técnica
de los días 12 al 14 de Septiembre de 2012, para evaluar el colapso del pozo 4, concluyó lo
siguiente: “(…) Es evidente, la ocurrencia de un el movimiento del terreno o de la montaña donde
está ubicado el pozo No. 4, lo cual ocasionó el corte del juego de tuberías concéntricas del pozo
de producción, por el cizallamiento producido por desplazamiento de las capas estratigráficas de
esta zona a través de una superficie de fallo o una discontinuidad estructural. La superficie de
cizallamiento fue ubicada aproximadamente a 156 metros de profundidad, según lo indica la
rotura de las tuberías del pozo a esa profundidad (longitud de tubería recuperada del casing de
producción)”. Anexo 27 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio
9 del cuaderno 2.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
El colapso del pozo 4 no es atribuible a las demandadas
52. El apelante reprocha que el Tribunal no tomó en consideración los peritajes e
informes técnicos aportados, y sugiere que, de haberse valorado tales pruebas
por el a quo con mayor rigor, se habrían concedido las pretensiones tercera y
cuarta. El razonamiento del apelante es el siguiente: (i) el pozo 4 tuvo falencias
en su construcción, (ii) la administración conocía tales falencias y las ocultó al
omitir incluir el Informe IFI del 2007, (iii) las falencias llevaron al colapso del pozo
y a la inviabilidad de la explotación minera, lo cual constituye un incumplimiento
a las obligaciones y deberes contractuales por parte de la administración. Tal
razonamiento se sustenta en algunos apartes que extrae de los informes y
peritajes allegados con la demanda.
53. En primer lugar, afirma el apelante que, al momento de colapsar el pozo 4, el
concesionario contó con los servicios del constructor del pozo, producto de lo
cual se obtuvo el informe técnico de septiembre de 2012. A partir de este informe,
afirma que el pozo tenía falencias desde su construcción, que fueron conocidas
y ocultadas por la administración, y son causa de su colapso. No obstante,
contrario a lo afirmado por el apelante, al revisar el informe técnico se encontró
lo siguiente:
4. ESTADO ACTUAL DEL POZO.
En visita realizada el día 06 de septiembre pasado se pudo conocer lo siguiente.
El Pozo comenzó a tener problemas en abril de 2011 cuando presento (sic)
daño (ruptura) por corrosión del tubing de 2" causando una disminución en la
concentración de la salmuera debido a la mezcla del agua de inyección con la
salmuera. La tubería se cambio (sic) y el Pozo siguió trabajando normalmente.
En el mes de junio de 2012 nuevamente la salmuera disminuyó de manera
progresiva su concentración de cloruro de sodio, en este momento se dedujo
que la tubería hubiese fallado nuevamente efecto que fue comprobado luego de
extraer el tubing de 2”.
Según información recibida por parte de los técnicos en el área, iniciaron a sacar
la sarta de tubing de 2” de los cuales fueron recuperadas 24 juntas de 6 metros
y 3 metros de la junta numero 25 la cual mostro (sic) en ese punto un corte tipo
cizalla producido por desplazamiento de las capas en esta zona. Procedieron a
retirar el casing de producción de 6 pulgadas de los cuales recuperaron 22
juntas de 6 metros de longitud, la junta 23 se desprendió de la rosca. En el tubo
22 se evidencia una deformación.
ANALISIS DEL EVENTO
Por la forma como se presenta la ruptura del tubing de 2”, la deformación y
atrapamiento y posterior desprendimiento de la tubería de producción de 6 ” se
puede suponer que se presenta un plano de falla en el contacto entre la
arcillolita roja y el shale negro carbonoso a los 147 metros de profundidad
aproximadamente.
Es evidente el movimiento del terreno o de la montaña donde se ubico (sic) el
pozo, hoy la plataforma de perforación presenta un escalón de
aproximadamente 0 ,6 0 metros que no existía cuando se estaba perforando.
(Ver foto y esquema)
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
Plataforma donde se ubico (sic) el taladro de perforación que evidencia escalón
por desplazamiento de falla (no estaba presente cuando se perforó el pozo).
(…)
5. CONCLUSIONES.
1. la construcción del Pozo No 4 para producción de salmuera en predios de
Sales del Llano en Restrepo Meta fue perforado siguiendo las recomendaciones
conocidas para este tipo de obra. Los trabajos se iniciaron el día 16 de
noviembre de 2006 y finalizaron el día 21 de enero de 2007.
(…)
3. Durante la perforación del pozo se evidencio (sic) un agrietamiento del
terreno que atravesó la locación, evento al cual no se le dio mayor importancia.
(…)
12. Es posible que la zona presente movimiento / la montaña presenta el
fenómeno de reptación. En la visita se pudo observar que la plataforma donde
se ubico (sic) el taladro, hay un escalón de aproximadamente 0,60 metros que
no existía cuando se realizaron los trabajos”57. (subrayado propio).
57 Página 6 y siguientes del informe de gestión rendido por el constructor del pozo 4,
correspondiente al anexo 47 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el
folio 9 del cuaderno 2.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
54. De lo referido, no se puede concluir que el pozo 4 tenía fallas desde el
momento de su construcción, pues se siguieron los procedimientos técnicos para
su construcción. En todo caso, si se aceptara que el pozo 4 tuvo fallas en su
construcción, según el informe técnico en comento, la causa de su colapso pudo
tener origen en movimientos naturales de la montaña. Respecto del
agrietamiento del terreno, el concesionario debió conocer tal situación, o bien al
momento de llevar a cabo las visitas en la etapa precontractual, o bien durante la
explotación de la concesión.
55. En segundo lugar, de la experticia aportada con la demanda58, el apelante
pretende concluir que, teniendo en cuenta las supuestas falencias en la
construcción del pozo 4, la administración se equivocó al declarar el pozo 4 como
productivo, pues afirma que la explotación del pozo era inviable, lo cual debió ser
puesto en consideración del concesionario en la etapa precontractual. Al
respecto, el apelante alude a la falta de inclusión informe del IFI del 2007, como
la causa que le impidió al concesionario conocer las supuestas falencias en la
construcción del pozo 4. Sin embargo, de la recomendación del informe acerca
de solucionar las dificultades técnicas del pozo, no se puede concluir que haya
sido una equivocación declararlo como productivo, ni que la producción fuese
inviable debido a tales dificultades técnicas.
56. Para dar mayor peso a su argumentación, el apelante refiere la conclusión
preliminar de la pericia, según la cual, con base en el informe IFI del 2007 y en
los informes del constructor del pozo, las “circunstancias adversas” de la
construcción y operación del pozo “comprometían la vida útil de la explotación y
hasta la estabilidad del yacimiento”. Adicionalmente, como tales circunstancias
“no fueron objeto de divulgación por parte de MINMINAS en el Pliego de
Condiciones y tampoco pudieron ser analizados en las Audiencia de
identificación y Asignación de Riesgos”, la conclusión apunta a señalar la
responsabilidad de la administración59.
57. El peritaje en comento fue sometido a contradicción en la audiencia de
pruebas del 13 de marzo de 2023. En la sentencia de primera instancia, el
Tribunal tomó en consideración lo expresado en el peritaje en relación con la
viabilidad técnica de la operación minera, los antecedentes del área minera de
Upín, lo concerniente a las causas de las subsidencias en el área y las
aseveraciones del perito en la audiencia de pruebas. Particularmente, el Tribunal
resaltó las aseveraciones consistentes en que, de una parte, no hay completa
certeza de que, de haber conocido la información respecto de la inestabilidad, el
colapso de otros pozos y la grieta del pozo 4, el concesionario hubiera modificado
58 Correspondiente al anexo 13 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en
el folio 9 del cuaderno 2. Este peritaje fue elaborado por Luis Ernesto Restrepo Molina, quien
indició profesional Ingeniero de Petróleos, Magister en Ingeniería-Ingeniería Geotecnia y
Especialista en Hidrogeología; la experticia no fue objeto de aclaración, complementación u
objeción.
59 Página 44 del peritaje, correspondiente al anexo 13 de la demanda, contenido en el medio
magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
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su propuesta, y de otra, que el método de extracción genera, per se, inestabilidad
en el terreno60.
58. Luego de valorar la experticia, junto con los testimonios practicados, el
Tribunal concluyó que, en lo referente a la información no aportada en la etapa
precontractual y la posibilidad de haber previsto el colapso del pozo 4, el informe
del IFI del 2007 “no era determinante para conocer las particularidades de la zona
a concesionar ni la posibilidad de subsidencias (…), máxime porque en el caso
del pozo 4, la explotación se realizaba a través de disolución in situ, con la
consecuente inestabilidad del terreno”61. Adicionalmente, contrastando las
afirmaciones del experto y los testigos frente al pliego de condiciones, el Tribunal
concluyó que los oferentes conocían los antecedentes históricos de la
explotación, sus datos técnicos desde 1975, los métodos de explotación
empleados y la existencia de otros pozos en el área minera concedida, por lo
cual, “el concesionario sí contaba con información relevante para estructurar su
propuesta y, en todo caso, habría podido solicitar información adicional que
considerara relevante, máxime porque se le entregaría la totalidad del área de
concesión”62.
59. Para la Sala, además de los documentos que ya se han puesto de presente,
resultan de gran relevancia las conclusiones del perito y sus afirmaciones ante la
confrontación en audiencia. Por ello, a continuación, se analizan algunos apartes
de su intervención.
60. En la audiencia de pruebas del 13 de marzo de 202363, la Magistrada del
Tribunal le puso al perito de presente la última de las conclusiones del informe
pericial, la cual indica que:
La ausencia del conocimiento espacio – tiempo de los cambios
geomorfológicos que indicaran lo que realmente venía ocurriendo en los
terrenos encima de la zona minada, sin el ejercicio predictivo y preventivo
indispensables y necesarios, llevan a concluir que ese desconocimiento
imposibilitó considerar y evaluar el nivel de riesgo de colapso del nuevo frente
minero instalado con el pozo productor de salmuera No. 4. El problema o riesgo
se materializó, finalmente, en agosto de 2012 con el colapso del Pozo No. 4.
61. Alrespecto, la Magistrada le preguntó “¿cómo ese ejercicio predictivo y
preventivo puede conllevar a calcular lo que usted considera un nivel de certeza?”
60 “[C]onocer la inestabilidad y el colapso de los pozos anteriores, así como la grieta existente en
el pozo N°4 y la fractura de la tubería, habría permitido al proponente ver los riesgos de la
explotación de este yacimiento y de pronto hubiera pensado con mayor claridad los aspectos
técnicos, ambientales y geológicos de la zona. (…) [L]a resistencia y consolidación de los
materiales, en un área con un yacimiento de sal que se disuelve con el agua genera vacíos en el
subsuelo, lo que provoca una inestabilidad de las laderas en la parte superficial que fue lo que
pasó en el pozo N° 4”. Página 33 de la sentencia de primera instancia, correspondiente al índice
SAMAI 447 del trámite en primera instancia.
61 Página 35 de la sentencia de primera instancia, correspondiente al índice SAMAI 447 del trámite
en primera instancia.
62 Idem.
63 Minuto 17:27 de la audiencia de pruebas del 13 de marzo de 2023, índice 457 del expediente
de primera instancia de SAMAI.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
El perito respondió que, “de pronto”, de haber conocido la información que el
demandante afirmó desconocer, hubiera podido “ver los riesgos de la explotación
minera en ese yacimiento”. También afirmó que, si el demandante hubiera
conocido que la tubería de inyección y producción del pozo 4 presentaba
fracturas, habría tenido más claridad de “los problemas ambientales y
geotécnicos que existían en esa zona”. Asimismo, sostuvo que “de los ocho
pozos (…) todos colapsaron, o sea, es una zona muy inestable”64 (se subraya).
62. La Magistrada también le puso de presente al perito la cuarta conclusión del
dictamen, según la cual, “se hacía imposible a los oferentes conocer la dimensión
del riesgo geotécnico del área, manifestado como subsidencias. La falta de un
análisis de riesgo geotécnico y ambiental llevó a los oferentes a una
incertidumbre técnica importante sobre la viabilidad futura de la explotación”.
63. Al respecto, la Magistrada le preguntó65 si en su concepto “¿había
imposibilidad para el Estado de advertir las circunstancias que podían
presentarse, pero no así para el oferente?”, pero el perito solicitó aclaración de
la pregunta, la cual fue reformulada así: “¿esa situación imposible de prever
aplica a los oferentes de la misma manera que al Estado, en su conocimiento
técnico?”. Al respecto, el perito respondió que el fenómeno de las subsidencias
“se presenta siempre, pero es un proceso que se ha acelerado por la intervención
del hombre en la zona”; también puso de presente que el método de explotación
implica de suyo que se “acelera el proceso de daño en el subsuelo”66.
64 La transcripción de la respuesta es la siguiente: “El hecho de conocer la inestabilidad que existía
en el área, como el colapso de unos pozos que se habían perforado previamente (…) el hecho
de desconocer que en la plataforma del pozo cuatro, que era el pozo objeto de la licitación, existió
una grieta inicialmente, y después esa grieta se manifestó en un escalón, un hundimiento, de
pronto hubieran llevado al proponente a ver los riesgos que existían al explotar la mina en ese
yacimiento. También hay informes, como el informe de gestión, en donde menciona que en el
pozo cuatro la tubería de inyección y producción colapsó, o sea, se fracturó. Entonces, supongo
que, si el proponente se hubiera dado cuenta de estos riesgos ambientales y geotécnicos, de
pronto hubiera pensado con mucha más claridad los problemas ambientales y geotécnicos que
existían en esa zona. De los ocho pozos, según la información que presenta el ministerio en el
proceso licitatorio, todos colapsaron, o sea, es una zona muy inestable, por un lado, además de
que las reservas en el proceso licitatorio no fueron muy claras, no indicaban a qué área se referían
y señalaban que eran 5,5 millones de toneladas de sal gema. Eso llega a prevenir, de pronto para
entrar en el negocio que de pronto no hubiera resultado rentable, como no resultó rentable en
años posteriores”.
65 Minuto 21:00 de la audiencia de pruebas del 13 de marzo de 2023, índice 457 del expediente
de primera instancia de SAMAI.
66 La transcripción de la respuesta es la siguiente: “La zona presenta unas condiciones
especiales, que es un fenómeno de subsidencia, que está relacionado con las rocas y el agua
que se infiltra, que va disolviendo la sal. Este fenómeno se presenta siempre, pero es un proceso
que se ha acelerado por la intervención del hombre en la zona, en donde ha construido túneles y
pozos. La conclusión de que ha sido un fenómeno adverso (…) es que los pozos colapsaron y
han existido hundimientos en la zona. (…) El hombre acelera el proceso. Esto lleva a mostrar de
que el hecho de explotar la sal con la disolución in sito, o sea inyectando agua y disolviendo la
sal en el subsuelo sin prevenir muchos efectos adversos acelera el proceso de daño en el
subsuelo. Prueba de lo anterior es que el ministerio, en un documento que encontré, le solicita a
la firma Equity Investment (…), que presente los riesgos y contingencias que se pueden presentar
en el área minera. O sea que, entiendo, que ya el Ministerio conocía los problemas y no se aclaró
en el proceso licitatorio”.
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64. La apoderada del MME67 formuló la siguiente pregunta al perito: “En los
riesgos ambientales, como los que usted comentó que eran difícil de prever (…)
¿cómo se garantiza el acceso a la información o cómo se le garantiza la certeza
a un concesionario?”. Ante esta pregunta, el perito respondió que el MME no dio
a conocer el colapso de otros pozos en el área minera y reiteró que la acción
antrópica acelera el riesgo de colapso; concluyó afirmando que “el oferente debía
conocer esa situación para saber en qué área se iba a meter y en qué área iba a
licitar”68.
65. El apoderado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado formuló
la siguiente pregunta: “¿En qué consiste el riesgo geotécnico en la explotación
de un yacimiento minero?”69. El perito respondió que la forma de extracción
“genera vacíos en el subsuelo y lo que hace es inestabilizar las laderas (…) Eso,
en mi concepto, ha acelerado el proceso de inestabilidad y de colapso de los
pozos que se han perforado en las salinas de Upín”. También puso de presente
el plano de hundimientos en la zona de Upín de 1989 y 1992 y afirmó que había
evidencias de hundimientos en la superficie y en el subsuelo de los pozos70.
66. Elapoderado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 71,
también formuló esta pregunta: “¿Encontró usted, en toda la información que tuvo
a disposición (…) la existencia de algún estudio de mecánica de rocas?”. Al
respecto el perito respondió: “(…) Están los que realizó el INGEOMINAS para el
área externa del yacimiento Úpin, y los que yo realicé [en el 2015] para el área
del yacimiento de Upín”.
67 Minuto 25:52 de la audiencia de pruebas del 13 de marzo de 2023, índice 457 del expediente
de primera instancia de SAMAI.
68 La transcripción de la respuesta es la siguiente: “Hay riesgos geológicos y ambientales que
muchas veces presentan dificultades para prever. Pero también hay consecuencias, como el
colapso de los pozos, que lo conocía el ministerio y, según entiendo, de los documentos
analizados, esos colapsos de los pozos no se los dio a conocer a los oferentes, como los pozos
dos, tres ocho y el pozo cuatro. Entonces, sí hay un riesgo que ha sido acelerado por la acción
antrópica del hombre y que se manifiesta con unos daños de unos pozos, el oferente debía
conocer esa situación para saber en qué área se iba a meter y en qué área iba a licitar”.
69 Minuto 33:46 de la audiencia de pruebas del 13 de marzo de 2023, índice 457 del expediente
de primera instancia de SAMAI.
70 La transcripción de la respuesta es la siguiente: “El riesgo de la geotecnia tiene que ver con los
procesos de resistencia y consolidación de los materiales. Si en un área existe un yacimiento,
que es la sal, que se disuelve con el agua, eso genera vacíos en el subsuelo y lo que hace es
inestabilizar las laderas, no solo en la parte superficial, el cual se manifestó en el pozo cuatro, en
donde un informe de la empresa constructora informa que se presentó un agrietamiento en la
plataforma del pozo, en superficie. En el subsuelo, cuando se disuelve un material se crea un
vacío. Quiero mencionar que la tierra es estable geológica y geotécnicamente. Si nosotros
formamos una caverna en el subsuelo, el material que está arriba trata de hundirse, porque la
resistencia del material inferior, del material en el subsuelo, es inferior al superior. Entonces ese
es otro de los riesgos que se presentan. Eso, en mi concepto, ha acelerado el proceso de
inestabilidad y de colapso de los pozos que se han perforado en las salinas de Upín. Y también
eso está documentado, existe un plano de hundimientos hecho para las salinas de Upín, en dónde
se muestra en plantas, años 89 y 92, unas zonas de hundimiento en el bloque sur. Entonces hay
evidencias de que había hundimientos en superficie, en el subsuelo, y los pozos que han sufrido
hundimiento se muestran fotográficamente en el peritaje técnico (…)”.
71 Minuto 38:56 de la audiencia de pruebas del 13 de marzo de 2023, índice 457 del expediente
de primera instancia de SAMAI.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
67. Elapoderado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 72,
formuló una pregunta final: “¿esos documentos que usted revisó existían antes
de la apertura del proceso licitatorio?”. Ante esto respondió que el informe en
donde se mencionan los problemas del pozo cuatro no fue aportado a la licitación,
pero que conoció todos los demás documentos que le suministraron73.
68. Terminadas las preguntas de las partes procesales, la Magistrada del Tribunal
le pidió al perito agregar o aclarar algo sobre su experticia. Este recalcó que, si
bien la consultora Equity había hecho un cálculo de reservas estimadas de sal
para el área minera de Upín, el cálculo que él hizo para la producción del pozo 4
era sustancialmente inferior, por lo cual consideraba que la producción “no podía
ser viable para treinta años”74.
69. Del análisis de la experticia y las respuestas del perito al interrogatorio, esta
Sala concluye preliminarmente que: (i) el área minera de Upín era una zona
geológicamente inestable, como se desprende de la respuesta del perito
contenida en el párrafo 61 de esta decisión; (ii) que dicha inestabilidad se ha
acelerado por la actividad minera, como se desprende de la respuesta del perito
contenida en los párrafos 63 y 64 de esta decisión; (iii) que en la etapa
precontractual hubo documentación suficiente para conocer las condiciones
técnicas y geológicas del área minera, como se desprende de la respuesta del
perito contenidas en los párrafos 63, 65, 65 y 66 de esta decisión; (iv) que la
razón de que el cálculo de reservas de sal hecho por el perito difiera del
presentado por la consultora Equity radica en que aquél se basó en la producción
del pozo 4, mientras que la consultora estimó las reservas de toda el área minera
de Upín, como se colige de la respuesta del perito contenida en el párrafo 68 de
esta decisión.
70. En ese orden de ideas, de acuerdo con el contenido de los documentos que
ya se han puesto de presente, esto es, los estudios previos75, el pliego de
condiciones76, la minuta del contrato, el peritaje técnico77 y su confrontación en
72 Minuto 43:06 de la audiencia de pruebas del 13 de marzo de 2023, índice 457 del expediente
de primera instancia de SAMAI.
73 La transcripción de la respuesta es la siguiente: “Yo analicé unos documentos, que fueron
aportados por Salcol, unos documentos que estaban en el archivo central del ministerio de minas
y unos documentos aportados por el perito. Lo que tengo referencia es que el informe de gestión
en donde se habla del pozo cuatro, en donde el ministerio dice que hay que arreglar el problema
del pozo cuatro, no estaba presente en el proceso de la licitación”.
74 La transcripción de la respuesta es la siguiente: “Quiero recalcar que en los documentos
analizados, Equity presenta unas reservas para explotar por Salcol, por el proponente del área
de Upín, de dos mil doscientos o dos mil toneladas de sal. Según los cálculos que yo realicé, las
reservas explotables para el sitio del pozo cuatro, apenas alcanzo a definir que fueron catorce mil
toneladas de cloruro de sodio. O sea, una diferencia grandísima. Esto muestra que con esta
cantidad tan pequeña de sal el proceso no podía ser viable para treinta años, como lo definía
equity para el proceso licitatorio”.
75 Estudios previos de la licitación pública no. 01 de 2008, correspondiente al anexo 10 de la
demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
76 Pliego de condiciones Licitación Pública 01 de 2008, correspondiente al anexo 12 de la
demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
77 Peritaje técnico, correspondiente al anexo 13 de la demanda, contenido en el medio magnético
almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
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audiencia, el informe técnico de la interventoría del contrato78, el informe de
gestión rendido por el constructor del pozo ante su colapso79, más los
documentos que el MME puso a disposición de los proponentes en el proceso
licitatorio, particularmente los planos de control de subsidencia en la superficie80
y los informes sobre las zonas de inestabilidad a lo largo del valle del río Upín, la
Sala concuerda con las conclusiones a las que arribó el Tribunal y que lo llevaron
a negar la prosperidad de las pretensiones de la demanda.
71. En ese sentido, la Sala destaca que de la experticia y su confrontación no se
puede concluir que el contenido del informe IFI del 2007 fuera de tal entidad que,
de haberlo conocido el concesionario, entonces proponente, hubiese modificado
su oferta o su decisión de presentarla. Asimismo, de las afirmaciones del perito
tampoco se puede concluir que la información acerca de las condiciones
geológicas del área minera de Upín estuviera exclusivamente contenida en el
informe IFI del 2007, o que la ausencia de este documento en la etapa
precontractual haya privado al demandante de la posibilidad de conocer las
subsidencias del área. Tampoco se puede concluir que la causa del colapso del
pozo 4 obedezca a falencias en su construcción, sino que, según el dicho del
perito, la inestabilidad propia del área más la intervención humana por la
extracción de sal, son los más probables factores causantes del colapso del pozo.
72. Así, de la valoración conjunta de la experticia y las pruebas aportadas, no se
puede arribar a las conclusiones pretendidas por el demandante y, por lo tanto,
el razonamiento del apelante carece de sustento probatorio suficiente. Al
contrario, del acervo probatorio analizado se colige que, al momento de presentar
su propuesta, el concesionario conocía, o debía conocer, los fenómenos de
hundimientos del terreno, en tanto que los documentos puestos a su disposición81
en la etapa licitatoria así lo advertían y porque el método de extracción implicaba,
en sí mismo, la posibilidad de hundimiento. De modo que para la Sala resulta
evidente que el informe IFI del 2007 no era el único medio para conocer tal
información.
73. Del mismo modo, tanto por la explotación objeto del contrato de concesión,
como por las demás obligaciones a cargo del concesionario, es claro que el
fenómeno de hundimiento del área fue o debió ser conocido por el concesionario.
Concretamente, la Sala se remite a la cláusula séptima del contrato, de la cual
se derivan las obligaciones, para el concesionario, de “tomar todas las medidas
necesarias para lograr el adecuado funcionamiento del centro de producción” y
78 El informe técnico GSC-I-061 de la interventoría del contrato, hecho a partir de la visita técnica
de los días 12 al 14 de septiembre de 2012. al anexo 28 de la demanda, contenido en el medio
magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2
79 Informe de gestión rendido por el constructor del pozo 4, correspondiente al anexo 47 de la
demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
80 Localización de hundimientos y zonas de deslizamiento en las salinas de Upín, anexo 57 de la
demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
81 Dentro de los cuales se pueden mencionar, los estudios previos, el pliego de condiciones, los
planos de control de subsidencia en la superficie y los informes sobre las zonas de inestabilidad
a lo largo del valle del río Upín.
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de desarrollar las gestiones necesarias para la “estabilidad de las estructuras:
monitoreo y control de subsidencia, convergencias y grietas”, dentro del primer
año de ejecución. En ese sentido, además, corría por cuenta del concesionario
llevar a cabo las actividades que, de acuerdo con el conocimiento que debía tener
sobre el estado de las subsidencias, supusieran garantizar las condiciones de
explotación del área concesionada.
74. Con todo, respecto de la pretendida responsabilidad contractual de las
demandadas, no es posible considerar que el colapso del pozo 4 en el año 2012,
esto es, cuatro años después de iniciada la ejecución del contrato, pueda
imputarse a la condición constructiva anterior o a la acción u omisión de la
administración. Además, es pertinente recalcar que, al asumir la explotación de
la mina, el concesionario debía tomar medidas sobre el pozo, lo que implicaba,
inclusive, buscar las soluciones a este tipo de problemas, pues no puede
perderse de vista que la concesión minera es por cuenta y riesgo del
concesionario, tal como quedó establecido en el contrato82, en el pliego de
condiciones, en la audiencia de identificación de riesgos83, y como lo indica el
artículo 42 del Código de Minas:
El contrato de concesión minera es el que se celebra entre el Estado y un
particular para efectuar, por cuenta y riesgo de este, los estudios, trabajos y
obras de exploración de minerales de propiedad estatal que puedan
encontrarse dentro de una zona determinada y para explotarlos en los términos
y condiciones establecidos en este Código. Este contrato es distinto al de obra
pública y al de concesión de servicio público. El contrato de concesión
comprende dentro de su objeto las fases de exploración técnica, explotación
económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del concesionario y
el cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes. (Subrayado
propio).
75. Adicionalmente, se encuentra acreditado que el demandante conocía o debía
conocer, desde la etapa precontractual, las particularidades propias de la mina,
derivadas de su condición de negocio en fase de explotación. En efecto, estaba
informado de que en el área minera de Upín se desarrollaba la explotación de sal
desde tiempo atrás, del método de extracción empleado y de los riesgos
asociados a fenómenos de subsidencia o movimientos telúricos, aspectos que
fueron expresamente señalados en los estudios previos84, en el pliego de
condiciones de la licitación y que, de haberlo considerado necesario, pudo haber
indagado con mayor profundidad.
82 La cláusula primera del contrato HIQL-01-UPIN dispuso: “OBJETO: Por el presente contrato,
LA CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO, bajo la figura de la concesión, el derecho a
explotar, por cuenta y riesgo de éste, el Área Minera de Sal de UPIN y una vez explotada, a
aprovecharse económicamente de ella, haciendo uso de los bienes productivos de propiedad
estatal que se encuentran al servicio de dicha explotación, bajo las condiciones especiales que
se establecen en este contrato. Y a su vez el CONCESIONARIO se obliga a pagar las
contraprestaciones y asumir el pago de las obligaciones contenidas en el presente contrato”.
(Subrayado propio).
83 Acta de audiencia de presentación e identificación de riesgos, correspondiente al anexo 15 de
la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
84 Estudios previos de la licitación pública no. 01 de 2008, correspondiente al anexo 10 de la
demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
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El informe dejado de entregar no impidió que el concesionario tuviera
elementos suficientes para decidir sobre su participación y las condiciones
de su oferta
76. Ahora bien, teniendo en cuenta que la segunda parte del reproche del
apelante se basa en que el Tribunal no valoró adecuadamente las pruebas que
sustentan el argumento de que la información relativa al cálculo de las reservas
de sal fue imprecisa y que ello comportaba la inviabilidad financiera del proyecto,
la Sala procederá a evaluar el acervo probatorio sobre el particular y lo
confrontará con las consideraciones de la sentencia de primera instancia y los
cargos formulados en la apelación sobre este particular. Al respecto, se
identificaron los siguientes documentos en el acervo probatorio:
1. Estudios previos de la licitación pública no. 01 de 200885, decretado como
prueba mediante auto proferido en la audiencia inicial del 31 de agosto de
2021.
2. Evaluación financiera de la explotación de las Minas de Sal de Zipaquirá,
Nemocón, Upín y Galerazamba, elaborado por Equity Investment en
febrero del 200586, decretado como prueba mediante auto proferido en la
audiencia inicial del 31 de agosto de 2021.
3. Peritaje financiero aportado por el actor junto con la demanda87, decretado
como prueba mediante auto proferido en la audiencia inicial del 31 de
agosto de 2021.
4. Informe técnico de la Subdirección Administrativa y Financiera del
Ministerio de Minas y Energía, para contradecir el peritaje financiero
aportado por el demandante88, decretado como prueba mediante auto
proferido en la audiencia inicial del 31 de agosto de 2021.
77. En relación con la información de las reservas básicas de sal gema, el
reproche del apelante se sustenta en que la información puesta a disposición de
los oferentes era imprecisa y estaba desactualizada, de modo que el
concesionario no pudo llevar a cabo los cálculos financieros precisos. En este
punto, la discusión gira en torno de los estudios realizados por la consultora
Equity Investment, contratada por el MME en el año 2007 con el propósito de
evaluar, entre otros puntos, la viabilidad financiera del centro minero de Upín,
pues con base en este informe se estructuró el pliego de condiciones de la
licitación.
85 Correspondiente al anexo 10 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en
el folio 9 del cuaderno 2.
86 Correspondiente al anexo 11 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en
el folio 9 del cuaderno 2.
87 Correspondiente al anexo 17 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en
el folio 9 del cuaderno 2.
88 Aportado el 20 de febrero del 2020 por el Ministerio de Minas y Energía. Folio 95 y siguientes
del cuaderno principal.
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78. Al respecto, el estudio de la consultora Equity Investment, que fue conocido
por el concesionario, afirmó que:
La capacidad de producción de Upín ha variado entre 7.000 y 10.000 toneladas
al año. La extracción se realiza a través de un yacimiento natural que, por medio
del Río Upín genera Salmuera. No obstante, en los últimos años el caudal del
río ha disminuido reduciendo igualmente la producción de sal. Hace 20 años el
caudal diario de salmuera llegaba a 160 mtrs3, el promedio actual es de 75
mtrs3.
Para la proyección se estimó una producción anual de 7.020 toneladas año
incluyendo la venta de sal industrial y sal mineralizada, cerca de 2000 tons.
Menos que en la valoración realizada en 2004.
El precio promedio proyectado para el 2005 es de COL$ 296.800 por tonelada,
superior a los Col$268.797, utilizados en la valoración anterior. Este precio se
incrementó anualmente con la inflación proyectada.
(…)
En términos constantes los ingresos estimados para la venta de sal en Upín se
estimaron en COL$2.604 millones constantes. Incluye la venta de 7.020
toneladas a un precio promedio de COL$296.800.
El precio de venta se incrementó de acuerdo con la inflación proyectada del 6%
y las cantidades se mantuvieron constantes89.
79. Por su parte, en los estudios previos y en el pliego de condiciones se tomaron
como referencia de las reservas estimadas los datos arrojados en los estudios de
prospección geofísica del año 1990, que proyectaban las reservas básicas en 5,5
millones de toneladas90, y se indicó con que tal estimación era “de carácter
informativo, en consecuencia, su uso por parte de los Proponentes o del
concesionario y las decisiones que tomen con base en ella, son de su exclusiva
responsabilidad y exoneran al Estado”91 (se destaca).
80. Con base en ello, el peritaje financiero aportado por el demandante concluyó
que, si bien el estudio de la consultora contratada por el MME era acertado “en
la metodología utilizada”92, el experto tenía algunas discrepancias en cuanto a
las variables utilizadas. En síntesis, el desacuerdo del perito con el estudio en
comento se concentró en los siguientes aspectos: i) ausencia de mención de la
tasa de rentabilidad esperada; ii) fundamentos para fijar el plazo de la concesión
en 24 años, sin indicar si habría saldos residuales; iii) falta de una razón por la
cual el volumen de sal para calcular la rentabilidad se estabilizaría en 7.020
toneladas; iv) ajuste del precio por la inflación; v) ausencia de indicación de
costos para tratar la salmuera; v) falta de discriminación de los costos de
transporte y empaque en el costo de producción; vi) carencias en los gastos
operacionales, de utilidad operacional o EBIT; vii) impuestos, depreciaciones,
89 Página 43 y siguientes del informe de evaluación financiera, correspondiente al anexo 11 de la
demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
90 Página 164 y siguientes del Pliego de condiciones Licitación Pública 01 de 2008,
correspondiente al anexo 12 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el
folio 9 del cuaderno 2.
91 Página 167 del Pliego de condiciones Licitación Pública 01 de 2008, correspondiente al anexo
12 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
92 Página 11 del peritaje financiero, correspondiente al anexo 17 de la demanda, contenido en el
medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
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cambios en el capital de trabajo, CAPEX, flujo de caja operativo, análisis de
escenarios de riesgo y cálculo de TIR.
81. Con base en lo anterior, la experticia financiera del demandante concluyó que
el informe de la consultora contratada por el MME es:
(…) incompleto e inconcluso en cuanto al atractivo de una posible concesión
para el área salinera de Upín, por cuanto no muestran el retorno esperado para
quien acceda y obtenga la concesión, ni manejan escenarios diferentes al de
las toneladas producidas.
Con la información incluida es imposible realizar un análisis financiero completo
de la concesión, por cuanto no se calcula con un nivel de detalle suficiente el
flujo de caja generado, no hay una justificación clara de las inversiones a
realizar, y no hay un análisis de riesgo completo.
Dentro de los informes los temas que generan riesgo, como el de la subsidencia,
si bien se mencionan, no se incluyen en ningún cálculo o informe. Esto muestra
la falta de un análisis de riesgo detallado, variable fundamental en la evaluación
de proyectos de inversión, todo lo cual a mi juicio constituye un error grave de
metodología empleada93.
82. Frente a lo anterior, el informe financiero aportado por el MME manifestó que
“sí existió un informe completo y concluso” y refirió como sustento las fuentes en
las que se basó el informe de Equity Investment, consistentes en due diligence
de carácter financiero, técnico y operativo hechos respecto de la operación del
concesionario que operaba el área minera en el 200594, así como análisis de los
activos y valoraciones económicas desarrolladas por Equity Investment con base
en los datos recabados. También señaló que en los años inmediatamente
anteriores a la concesión otorgada al demandante las ventas de sal venían en
aumento95, lo cual es un factor indicativo de la viabilidad financiera del negocio.
83. Al respecto, en la sentencia impugnada se citaron las conclusiones del estudio
y se parafrasearon las respuestas del perito frente a la contradicción del
dictamen. Particularmente, tuvo en cuenta las afirmaciones consistentes en que
“parte de la información disponible sí puede ser parámetro para los cálculos, pero
la ausencia de los márgenes dificulta la determinación de la rentabilidad
financiera para el inversionista”, y que la información sobre ratios financieros
disponible era suficiente para tomar decisiones, por lo cual concluyó que, a pesar
de que la información carecía de análisis de riesgos, “permitía a los futuros
inversionistas tomar determinaciones sobre la viabilidad, o no realizar la
inversión”96.
84. En relación con lo anterior, es pertinente analizar varias de las respuestas del
perito ante la contradicción a la que fue sometido su dictamen, en audiencia del
93 Página 11 y siguientes del peritaje financiero, correspondiente al anexo 17 de la demanda,
contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
94 Páginas 3 y siguientes del informe financiero, correspondientes a los folios 96 y siguientes del
cuaderno principal
95 Páginas 9 y 10 del informe financiero, correspondientes a los folios 99 y siguientes del
cuaderno principal
96 Página 37 y siguientes de la sentencia de primera instancia, correspondiente al índice SAMAI
447 del trámite en primera instancia.
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13 de marzo de 2013. Así, la apoderada del MME97 le formuló esta pregunta: “¿Si
la información financiera no es tan detallada, como se evidencia en el peritaje,
estas [la documentación puesta a disposición en la licitación] son suficientes
como partidas globales y se pueden tomar decisiones e indicadores
financieros?”. El perito respondió que una parte de la información era suficiente,
principalmente respecto del cálculo de la “relación del costo como porcentaje de
las ventas”, pero que faltaba información, sobre variaciones en los márgenes98.
85. Seguidamente se preguntó99 si, con la información entregada por la empresa
Equity se podrían tomar decisiones financieras, ante lo cual respondió que:
“eventualmente sí, cualquier información que uno pueda tener de ratios
financieros, uno puede con eso mirar si produce más o produce menos. Y claro
que siempre, cualquier información de números financieros sirve para tomar
decisión. Eso sin duda alguna”.
86. La última pregunta formulada por la apoderada del MME puso de manifiesto
que la información elaborada por Equity se basaba en los datos reportados por
Sales del Llano, empresa que explotaba el área minera de Upín antes de la
concesión otorgada en 2008100. En ese contexto, la apoderada interrogó al perito
sobre la razón por la cual, en su experticia, afirmaba que la inversión no resultaba
atractiva, considerando que el concesionario anterior, Sales del Llano, había
informado que la mina era productiva. El perito respondió que el análisis de
sensibilidad le había arrojado esos datos, con base en la diferencia entre la
cantidad de sal estimada en la etapa precontractual y la cantidad real101, que, en
su entendimiento, era la producida por el pozo 4.
97 Minuto 1:06:12 de la audiencia de pruebas del 13 de marzo de 2023, índice 457 del expediente
de primera instancia en SAMAI.
98 La transcripción de la respuesta es la siguiente: “Con alguna parte de la información sí. Con la
información que faltaba no. Por ejemplo, en la relación de costo como porcentaje de ventas sí se
puede calcular, pero eso lo que genera es un margen, así el costo no necesariamente sea todo
variable. Y ahí puede haber cambios, o razones financieras que uno pueda mirar: ante mayor
producción menor costo unitario, si hay mucha incidencia de fijos. Pero uno sí tiene que mirar,
por ejemplo, los márgenes, porque el margen tarde o temprano es el que va a pagar la inversión.
Lo que sobre de la operación es lo que paga la rentabilidad financiera esperada por los que
invierten”.
99 Minuto 1:07:40 de la audiencia de pruebas del 13 de marzo de 2023, índice 457 del expediente
de primera instancia en SAMAI
100 Minuto 1:08:12 de la audiencia de pruebas del 13 de marzo de 2023, índice 457 del expediente
de primera instancia en SAMAI.
101 La transcripción de la respuesta es la siguiente: “(…) dentro de mi análisis, ¿por qué pongo
que no es atractivo, a pesar de que esos números puedan estar? Perdóneme por lo que le voy a
decir, pero muchas veces el papel aguanta todo y por eso la importancia de los análisis de
sensibilidad. ¿A qué voy con esto? Cuando yo miro los números de Equity aparece un numero
de toneladas que nunca se dio. Entonces, si yo vendo mucho con un margen, cualquier negocio
es viable, pero en la realidad vaya y mire. Y lo que me llamó la atención es que en los números
que recibí, del número de toneladas reales, contra el número de toneladas planteadas, pues las
diferencias eran muy grandes. Entonces si yo dejo de recibir tres mil toneladas, con el margen,
pues no gano, porque en el fondo es un precio por una cantidad, pues puede que el número
presentado inicialmente sea positivo, pero en la realidad no (…)”.
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87. Por su parte, la apoderada de la ANM102, formuló la siguiente pregunta: “en
atención a la información que usted analizó ¿considera suficiente que, de haberla
analizado bajo esta perspectiva del análisis sensible, se hubiese podido llegar a
la conclusión, de manera previa, de la presunta improcedencia económica que
usted concluye?”. Ante esto el perito respondió que se debía ser muy cuidadoso
en el análisis de los datos disponibles y las condiciones para que el negocio sea
viable, pero recalcó que el informe de Equity contaba con datos que mostraban
la viabilidad del negocio en un escenario concreto103.
88. El apoderado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le
preguntó al perito si, para concluir —como lo hizo en su experticia— que el
contrato era financieramente inviable, resultaba necesario considerar si el
contrato contemplaba una garantía de rentabilidad104. El perito respondió que,
conforme a los datos disponibles, al multiplicar las cantidades y restar los costos,
con la realidad existente en ese momento, el proyecto no era viable,
independientemente de lo ocurrido posteriormente. Acto seguido, el apoderado
le inquirió si, en su práctica profesional, dicha circunstancia debe advertirse antes
de presentar la oferta o después de la celebración del contrato, ante lo cual el
perito indicó que este tipo de riesgos deben ser identificados y valorados en los
análisis previos a la oferta, pues corresponde al interesado conocer su impacto y
exigir que se le presenten.
89. Finalmente, el apoderado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado105 preguntó al perito si “este contratista, con la información disponible al
momento de presentar la oferta ¿podía saber si ese negocio era viable o no
desde el punto de vista económico? Ante lo cual respondió que había vacíos en
la información, que faltaba, o era cuestionable, para evaluar riesgos financieros,
y que los resultados, de acuerdo con los datos, eran negativos, de modo que, en
su opinión “si uno ve que un negocio no es viable uno no se mete (…) y en esos
escenarios uno decide si entra o no entra y cómo entra”106.
102 Minuto 1:10:50 de la audiencia de pruebas del 13 de marzo de 2023, índice 457 del expediente
de primera instancia en SAMAI.
103 La transcripción de la respuesta es la siguiente: “Financieramente los resultados vienen de un
resultado de viabilidad operativa, y de viabilidad comercial y de viabilidad técnica. El financiero lo
que hace es resumirlo y tratar de centralizar y de dar un resultado. Yo creo que el soporte técnico
del informe inicial de Equity tiene una serie de datos que justifican un numero de toneladas y un
precio que bajo ese escenario puede que sea viable, pero se tienen que dar muchas cosas.
Entonces yo creo que a partir de eso uno tiene que ser muy cuidadoso, porque si uno se guía por
un informe en el cual todo es positivo pues entra y pierde. Sin embargo, deberían esos mismos
documentos mostrar matrices de riesgos muy bien estructuradas”.
104 Minuto 1:19:40 de la audiencia de pruebas del 13 de marzo de 2023, índice 457 del expediente
de primera instancia en SAMAI.
105 Minuto 1:21:50 de la audiencia de pruebas del 13 de marzo de 2023, índice 457 del expediente
de primera instancia en SAMAI.
106 La transcripción de la respuesta es la siguiente: “Con la información que yo tuve era muy
cuestionable, porque había mucha información que hacía falta en varios de los informes que se
les entregaron. No tenía los análisis de sensibilidad porque si uno ve que un negocio no es viable
uno no se mete (…). Sin embargo, yo creo que la información disponible para mirar este tipo de
riesgos no estaba. Inclusive, yo tomé una tasa menor a la que se debía tomar, pensando en
momentos diferentes del tiempo y seguía siendo un resultado negativo, porque, obviamente, esto
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90. De lo anterior, la Sala puede concluir que: (i) si bien es posible formular
reparos a la documentación financiera puesta a disposición en la etapa
precontractual, ella resultaba suficiente para que los interesados examinaran el
estado del negocio, los márgenes de utilidad, la relación entre los costos de
producción y las ventas, los vacíos en la información y sus eventuales
implicaciones en la viabilidad, como se deriva de las respuestas del perito
contenidas en los párrafos 84, 85 y 87 de esta providencia; (ii) que la información
financiera puesta a disposición de los oferentes resultaba suficiente para decidir
sobre su participación en el negocio, como se deriva de las respuestas del perito
contenidas en los párrafos 82, 84, 85 de esta providencia; (iii) que la discrepancia
entre las cantidades de sal proyectadas en los documentos precontractuales y la
cantidad de sal producida se debe a que la explotación del concesionario se limitó
al pozo 4, como se desprende de la respuesta del perito contenida en el párrafo
86 de esta providencia; (iv) que la información financiera provista por la
consultoría de Equity contemplaba la viabilidad financiera de la explotación
minera en tanto se mantuvieran las condiciones previstas en tal estudio, como se
deriva de la respuesta del perito contenida en el párrafo 87 de esta decisión; y (v)
que al interesado en el negocio le correspondía conocer, analizar y, en caso de
requerirlo, exigir la información financiera necesaria para precaver los eventuales
riesgos financieros, como se desprende de la respuesta del perito contenida en
los párrafos 88 y 89 de esta decisión.
91. De acuerdo con lo anterior, una vez valorados el informe presentado por
Equity107, el pliego de condiciones108, el peritaje financiero109, el informe
financiero rendido por el MME y las respuestas del perito, esta Sala concluye que,
si bien la falta de inclusión de información por parte de la Administración Pública
no escapa de reproche, a pesar de las observaciones cualitativas que se puedan
formular respecto de los detalles de la información que sí fue suministrada en el
proceso de licitación, los elementos contenidos en ella —el precio promedio de
la sal, la estimación futura de la producción con base en los datos disponibles, la
proyección del precio y la utilidad esperada, incluyendo una previsión de la
inflación—, así como las eventuales carencias, resultaban suficientes para que
el oferente elaborara sus propios cálculos de utilidad, previsiones financieras,
análisis de riesgos y demás consideraciones necesarias para decidir sobre la
conveniencia del negocio, así como para estructurar y presentar su oferta.
92. En ese sentido, se observa que el proponente, y luego concesionario, contaba
con la carga de diligencia de llevar a cabo las valoraciones financiera y de riesgos
con la información provista por la administración, con el informe de la consultora
es un análisis post, sin embargo, en los escenarios, esos escenarios deben estar y en esos
escenarios uno decide si entra o no entra y cómo entra, qué es lo que le llama a uno la atención”.
107 Página 43 y siguientes del informe de evaluación financiera, correspondiente al anexo 11 de
la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
108 Pliego de condiciones Licitación Pública 01 de 2008, correspondiente al anexo 12 de la
demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
109 Página 11 y siguientes del peritaje financiero, correspondiente al anexo 17 de la demanda,
contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
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Equity, con la información presentada por el concesionario anterior (teniendo en
cuenta que era “un negocio en marcha”) y con la información histórica de
producción, entre otros datos disponibles en ese momento, para concluir si el
negocio le resultaba rentable o provechoso, si presentaría una oferta y si asumiría
los riesgos propios de la actividad minera. Por tal razón, no resultan de recibo las
alegaciones del actor referidas a que las eventuales carencias en la información
suministrada en la etapa precontractual le causaron perjuicios financieros que no
pudo prever por no contar con información suficiente y que sería atribuible un
incumplimiento contractual a la demanda por estos aspectos.
Acerca de la viabilidad financiera del negocio
93. Esta Sala destaca que no existe, dentro de las pruebas aportadas al plenario,
evidencia alguna que permita advertir que el concesionario, desde el inicio del
contrato y hasta el colapso del pozo 4, lapso dentro del que se explotó el área
objeto de concesión, hubiese manifestado pérdidas o quebrantos que permitieran
advertir afectaciones al equilibrio económico del contrato o que permitieran
anticipar la frustración en las finalidades del negocio. No obstante, resulta
evidente que el escenario financiero fue distinto desde la ocurrencia del derrumbe
del pozo 4 en agosto del 2012, pues, tal evento fortuito, sí afectó sustancialmente
la estabilidad financiera del contrato, como se verá más adelante.
94. Ahora bien, respecto de las discrepancias entre las reservas de sal
proyectadas y las efectivamente accesibles al concesionario, no se acreditó que
las diferencias entre las cantidades indicadas en los estudios previos y las
estimaciones de reservas probables elaboradas por el peritaje técnico aportado
por la parte demandante110 implicaran una modificación en las condiciones
financieras del contrato. Cabe precisar que la información contenida en los
documentos previos sobre reservas estimadas se refería a toda el área minera
de Upín, mientras que las estimaciones del peritaje —que el demandante afirma
son sustancialmente inferiores— se circunscriben únicamente al pozo 4111.
95. Asimismo, no debe olvidarse que el artículo 56 de la Ley 685 del 2001, Código
de Minas, establece que la administración no será responsable por la
discrepancia entre la cantidad proyectada de minerales a explotar y la cantidad
de minerales efectivamente encontrada. En efecto, en la citada norma se
dispone:
Artículo 56. Saneamiento. El Estado no adquiere por virtud del contrato de
concesión obligación de saneamiento. En consecuencia, el concesionario no
podrá reclamar pago, reembolso o perjuicio alguno por no encontrar en el área
contratada los minerales a explotar, en cantidad o calidad que los haga
comercialmente aprovechables o haber sido privado de su derecho a explorar o
explotar. Tan solo será responsable en el caso en que terceros, con base en
110 Anexo 13 de la demanda, sometido a contradicción en audiencia del 13 de marzo de 2023,
índice 366 SAMAI.
111 Página 17 y siguientes del peritaje técnico, correspondiente al anexo 13 de la demanda,
contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
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títulos mineros inscritos en el Registro Minero con anterioridad a la celebración
del contrato, lo priven de toda o parte del área contratada.
96. En concordancia con lo anterior, en el pliego de condiciones se advirtió que
“la documentación sobre las áreas mineras que se entregarán en concesión,
relacionada en los anexos referidos es de carácter informativo, en consecuencia,
su uso por parte de los Proponentes o del concesionario y las decisiones que
tomen con base en ella, son de su exclusiva responsabilidad y exoneran de ésta
al Estado”112. En todo caso, dentro de la información puesta a disposición en la
etapa precontractual, la Sala encontró la existencia de documentos técnicos con
los datos históricos de producción de sal113, antecedentes de los años previos, y
estimaciones probables sobre el volumen de sal probable del área de Upín, todo
lo cual evidencia la existencia de información relevante y suficiente para que el
proponente valorara los márgenes de producción, de utilidad y los riesgos
respecto de las reservas probables del mineral.
97. Por otra parte, se destaca que en la comunicación del concesionario que puso
en conocimiento de la ANM el colapso del pozo 4 y solicitó la suspensión del
contrato, así como en la solicitud de renuncia al contrato de concesión, el
sustento principal fue que la circunstancia del colapso del pozo 4 había sido
ocasionada por movimientos tectónicos propios de las condiciones geológicas de
la zona y que, al no contar con ese pozo, se alteraba el equilibrio económico del
contrato114.
98. Frente a dicha solicitud, la ANM se pronunció, en el sentido de verificar la
ocurrencia de un evento imprevisible e irresistible, que configuró una fuerza
mayor115.
99. Ahora bien, en la solicitud de renuncia, el concesionario puso de presente que
solamente con la explotación de tal pozo se lograba el equilibrio económico del
contrato. También refirió la necesidad de acometer nuevas inversiones para
definir nuevas áreas de explotación y para aprovechar más eficientemente la
producción116.
112 Página 9 del Pliego de condiciones Licitación Pública 01 de 2008, correspondiente al anexo
12 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
113 Página 6 y siguientes del informe de gestión rendido por el constructor del pozo 4,
correspondiente al anexo 47 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el
folio 9 del cuaderno 2.
114 El aparte relevante de la comunicación precisa: “A raíz de un movimiento tectónico producido
por la inestabilidad geológica de la zona, el pozo número 4 (único en funcionamiento en la mina)
sufrió una ruptura en sus tuberías. Por esta razón, la producción de salmuera saturada necesaria
para el funcionamiento de la mina ha cesado e imposibilita la producción de sal en los términos
propuestos en la ecuación económica utilizada para el cálculo de la concesión”. Comunicación
del 29 de agosto de 2012, con radicado 2012-261-026610-2, correspondiente al anexo 26 de la
demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
115 Resolución ANM VSC-292 del 21 de marzo de 2013, correspondiente al anexo 29 de la
demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
116 El texto de la comunicación de renuncia es el siguiente: “Las razones que sustentan nuestra
renuncia al contrato son las siguientes: 1. Desde el punto de vista técnico, encontramos: 1.1. Que
el único frente minero instalado que se podía explotar para lograr el equilibrio económico de la
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100. En conclusión, del análisis del material probatorio se puede colegir que,
antes del colapso del pozo 4, el concesionario contó con información suficiente y
relevante para considerar la viabilidad financiera y técnica sin que la información
puesta a consideración lo indujera en error para efectos de sus valoraciones
como experto. Tampoco resulta evidente la inviabilidad del proyecto en los
términos planteados por el impugnante, razón por la cual no puede despacharse
como favorable la pretensión tercera subsidiaria. En el mismo sentido, no se halla
en el expediente prueba alguna que permita imputar a los demandados el colapso
del pozo 4, o que, por acto u omisión suyos, coetáneos a la ejecución contractual,
se haya hecho inviable financieramente la explotación minera. Por ello, no puede
considerarse que haya existido incumplimiento contractual atribuible a la
administración y, por lo mismo, no concurren los elementos necesarios para
declarar de la responsabilidad contractual de los demandados.
101. Al respecto, es importante reiterar que el contrato de concesión minera se
ejecuta “por cuenta y riesgo” del concesionario (Ley 685 de 2001, artículo 45)117
y que en su ejecución el Estado no adquiere obligaciones de saneamiento y, por
lo mismo, en los términos del artículo 56 ibídem, el concesionario no podrá
reclamar pago, reembolso o perjuicio alguno por no encontrar en el área
contratada los minerales a explotar, en la cantidad o la calidad suficiente para su
aprovechamiento:
El Estado no adquiere por virtud del contrato de concesión obligación de
saneamiento. En consecuencia, el concesionario no podrá reclamar pago,
reembolso o perjuicio alguno por no encontrar en el área contratada los
minerales a explotar, en cantidad o calidad que los haga comercialmente
aprovechables o haber sido privado de su derecho a explorar o explotar. Tan
solo será responsable en el caso en que terceros, con base en títulos mineros
inscritos en el Registro Minero con anterioridad a la celebración del contrato, lo
priven de toda o parte del área contratada.
102. En razón de todo lo expuesto, la Sala denegará las pretensiones tercera
subsidiaria y cuarta subsidiaria, las cuales perseguían la declaración de
inviabilidad técnica y financiera del contrato, y la responsabilidad contractual del
MME.
operación, entregado al recibir la Mina de Sal de Upin, se colapsó el 1° de agosto de 2012, a tan
solo 47 meses de iniciada la concesión. A partir de entonces el aprovechamiento de la mina ha
sido deficitario, creándose la necesidad de buscar la posibilidad de montar otro frente minero
realizando los estudios y trabajos pertinentes con el propósito de
117 Ley 685 de 2001, artículo 45. Definición. “El contrato de concesión minera es el que se celebra
entre el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de este, los estudios, trabajos y
obras de exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una
zona determinada y para explotarlos en los términos y condiciones establecidos en este Código.
Este contrato es distinto al de obra pública y al de concesión de servicio público. El contrato de
concesión comprende dentro de su objeto las fases de exploración técnica, explotación
económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del concesionario y el cierre o
abandono de los trabajos y obras correspondientes”.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
Conclusión del análisis respecto de la nulidad absoluta del contrato
103. Una vez analizada la incidencia de la omisión de la inclusión del informe
elaborado por I.F.I. en octubre del 2007 en la etapa precontractual de la licitación
que concluyó con la firma del contrato HIQL-01-Upin y de la viabilidad del negocio
minero entregado en concesión, esta Sala concluye que no se configuran las
nulidades por objeto ilícito ni por causa ilícita pretendidas por el actor, por las
siguientes razones.
104. En primer lugar, no se demostró la ocurrencia de desviación de poder, ni que
la falta de inclusión del referido documento tuviese la entidad suficiente para
impedir que el concesionario conociera el estado técnico y financiero del área
minera a conceder, o del negocio minero en marcha que le fue entregado, por lo
cual no se puede concluir que la omisión de tal documento en la etapa
precontractual hubiese modificado las condiciones de la oferta presentada o la
decisión misma de presentar una oferta.
105. En segundo lugar, no se demostró que la ausencia de inclusión del
documento comentado haya constituido una absoluta violación al deber de
planeación, pues si bien es reprochable la falta de inclusión de toda la información
en el proceso licitatorio, no es menos cierto que la información contenida en tal
archivo no resultaba determinante para la decisión del aspirante a concesionario,
que en la etapa precontractual hubo otros medios para conocer la información
contenida en tal archivo y que sobre el actor pesaba también la carga de
diligencia, de informarse de manera suficiente y solicitar adiciones o aclaraciones
en la información presentada por la administración.
106. En ese sentido, no se demostró que el actor hubiese hecho solicitud alguna
en la etapa precontractual, ni que, ya en la etapa contractual, haya puesto de
presente, o haya hecho esfuerzos por verificar o remediar, falencia alguna en el
estado técnico del pozo 4 o de la marcha del negocio, antes de la ocurrencia del
colapso del pozo 4 en agosto del 2012, lo cual también pone de presente las
faltas del actor respecto del deber de planeación y de las cargas derivadas del
principio de buena fe.
107. En todo caso, como se anticipó, la afrenta al deber de planeación no es
causal de nulidad absoluta del contrato al no haber sido consagrada como tal por
el legislador.
108.En razón de todo lo anterior serán denegadas las pretensiones primera y
segunda principales, en relación con la nulidad absoluta del contrato por objeto y
causa ilícitos.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
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Del silencio administrativo positivo en la Ley 685 de 2001
109. La sentencia de primera instancia negó la nulidad de los actos
administrativos demandados118 en relación con las sumas liquidadas por parte de
la ANM y a cargo del concesionario, porque consideró que no había operado el
silencio administrativo positivo en la medida que al momento de presentar la
renuncia no se cumplía con el requisito de estar a paz y salvo con sus
obligaciones.
110. Al respecto, la apelación indica que tal consideración no es acertada, pues
las sumas que se liquidaron no correspondían a obligaciones pendientes a la
fecha de la renuncia (17 de marzo de 2016), sino a prestaciones de los años 2016
y 2017. Estas prestaciones no eran exigibles, en consideración de la parte actora,
pues el contrato estaba suspendido entre enero y agosto de 2016119, y se
presentó renuncia desde marzo de 2016.
111. No obstante lo anterior, la Sala considera preciso atender los efectos que se
derivan de la existencia del silencio administrativo positivo respecto de la
renuncia presentada el 17 de marzo de 2016 por el concesionario, pues la
existencia o no del acto ficto tiene una incidencia determinante en la competencia
de la entidad para la expedición de los actos administrativos demandados en el
sub lite.
112. El silencio administrativo es una institución del procedimiento administrativo
fundada en la garantía del derecho fundamental de petición (artículo 23 C. P.)120
y, en consecuencia, pretende salvaguardo de la relación, generalmente
asimétrica, que existe entre la administración y los administrados. En esencia,
con este instituto se asigna una consecuencia jurídica a la inactividad o
morosidad del Estado y con ello, se procura una definición a las situaciones
jurídicas particulares. Se trata, por lo mismo, de un mecanismo que pretende
ofrecer seguridad jurídica a las relaciones de la administración pública, pues
impide su indefinición en el tiempo.
113. Esta figura administrativa impone una ficción legal definitoria de situaciones
jurídicas ante la omisión del Estado en atender su resolución oportuna. En estas
condiciones el ordenamiento jurídico, ante el transcurso de un plazo, sin que la
administración resuelva una petición ante ella formulada, entiende que se ha
negado o accedido a la petición, según el caso. Existen, por lo mismo, dos clases
de silencio administrativo: el negativo y el positivo. En el primero, se asume que
el Estado ha negado la petición y en el otro que la ha admitido.
118 Resolución ANM VSC 000731 del 12 de julio de 2017 y resolución ANM VSC 001138 del 12
de julio del 2017.
119 Resoluciones ANM VSC 000292 del 21 de marzo de 2013 y VSC 000713 del 21 de septiembre
de 2015.
120 Constitución Política, artículo 23. “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales”.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
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114. El silencio administrativo positivo solo opera de manera excepcional, pues
requiere de previsión legal específica (CPACA, artículo 84121) y “[s]u finalidad es
agilizar la actividad administrativa bajo criterios de celeridad y eficiencia.
Constituye no sólo una garantía para los particulares, sino una verdadera sanción
para la administración morosa”122.
115. Para la configuración del silencio administrativo positivo se requiere,
entonces, (i) que el ordenamiento jurídico haya establecido expresamente un
término perentorio dentro del cual la autoridad administrativa debe emitir una
decisión respecto de la petición o recurso interpuesto; (ii) que la disposición
normativa prevea de manera explícita que la inobservancia de dicho término
conlleva la configuración de un acto administrativo ficto, favorable a lo solicitado;
y (iii) que la autoridad competente, al estar obligada a resolver, haya omitido
pronunciarse dentro del plazo legalmente previsto.
116. El artículo 108 de la Ley 685 de 2001, establece:
Artículo 108. Renuncia. El concesionario podrá renunciar libremente a la
concesión y retirar todos los bienes e instalaciones que hubiere construido o
instalado, para la ejecución del contrato y el ejercicio de las servidumbres. Se
exceptúan los bienes e instalaciones destinadas a conservar o manejar
adecuadamente los frentes de explotación y al ejercicio de las servidumbres y
a las obras de prevención, mitigación, corrección, compensación, manejo y
sustitución ambiental. Para la viabilidad de la renuncia será requisito estar a paz
y salvo con las obligaciones exigibles al tiempo de solicitarla. La autoridad
minera dispondrá de un término de treinta (30) días para pronunciarse sobre la
renuncia planteada por el concesionario, término que al vencerse dará lugar al
silencio administrativo positivo. De la renuncia se dará aviso a la autoridad
ambiental.
116.1. De la disposición transcrita se resalta la consagración expresa del silencio
administrativo positivo, cuya operatividad se supedita al cumplimiento de dos
condiciones concurrentes: (i) la presentación por parte del concesionario de la
manifestación unilateral de renuncia al contrato de concesión minera; y (ii) la
omisión de la autoridad minera en emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud
dentro del término perentorio de treinta (30) días contados a partir de su
radicación. La inobservancia de este plazo legal para atender la manifestación
del concesionario genera, por ministerio de la ley, la configuración de un acto
administrativo ficto presunto, favorable a lo solicitado, con los efectos jurídicos
propios de la aceptación de la renuncia. Se trata, como se indicó previamente,
de una sanción a la omisión de los deberes funcionales de la autoridad minera
con consecuencias relevantes en relación con el contrato de concesión, pues
121 CPACA, Artículo 84. Silencio positivo. “Solamente en los casos expresamente previstos en
disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. Los
términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a
partir del día en que se presentó la petición o recurso. El acto positivo presunto podrá ser objeto
de revocación directa en los términos de este Código”.
122 Corte Constitucional, sentencia C-328 del 27 de noviembre de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
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determina su finalización y evita una indefinición de los derechos del
concesionario.
116.2. Ante la falta de regulación de un procedimiento para la efectividad del acto
ficto producto de la omisión de la autoridad minera, serán aplicables las normas
del procedimiento administrativo general previsto en el CPACA (artículos 83 y
siguientes123) y en cuanto a su efectividad, el artículo 87.5 ibídem dispone que el
acto quedará en firme “[d]esde el día siguiente al de la protocolización a que alude
el artículo 85 para el silencio administrativo positivo”.
117.La Sala considera que, en materia minera, la procedencia del silencio
administrativo positivo no tiene como requisito la demostración, por parte del
concesionario, de encontrarse a paz y salvo con las obligaciones exigibles al
tiempo de solicitar la renuncia124, por las siguientes razones.
118. En primer lugar, tal como se dejó indicado en precedencia, el artículo 108
de la Ley 685 de 2001 solo dispone para la configuración del silencio
administrativo que se haya presentado la petición y que no haya sido resuelta
dentro de los treinta (30) días siguientes. La norma no establece como condición
para la configuración del silencio administrativo que el concesionario se
encuentre a paz y salvo. Esta exigencia se impone, únicamente, para efectos de
la solicitud de renuncia, en el sentido de que el interesado debe aportar las
pruebas que le permitan a la autoridad minera verificar su situación y, fundada
en tal evidencia, tomar una decisión sobre el particular. Por lo mismo, la
obligación de acreditar un paz y salvo no constituye un presupuesto para la
configuración del silencio administrativo positivo, sino un requisito probatorio
vinculado al análisis de la renuncia que debe adelantar la administración125.
118.1. Permitir que luego de transcurrido el plazo de treinta (30) días la autoridad
minera pueda expedir un acto administrativo negando la solicitud de renuncia,
123 Particularmente, el artículo 85 dispone: Procedimiento para invocar el silencio administrativo
positivo. “la persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que
establecen el beneficio del silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia de
que trata el artículo 15, junto con una declaración jurada de no haberle sido notificada la decisión
dentro del término previsto. La escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos
legales de la decisión favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades
reconocerla así. Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este artículo
se entenderá que ellos carecen de valor económico”.
124 La sala no pierde de vista la posición contraria, contenida en la sentencia de Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31
de julio de 2024, C. P. María Adriana Marín, rad. 05001-23-33-000-2016-00553 (66241).
125 La Sala no deja de lado que al momento de solicitar la renuncia al contrato, el concesionario
se limitó a afirmar que se hallaba a paz y salvo con sus obligaciones contractuales. La veracidad
de esta afirmación se corroboró con el pronunciamiento de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial La macarena -Cormacarena-, contenido en la resolución
PS-GJ 1.2.6.17.3364 (anexo 41 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado
en el folio 9 del cuaderno 2), del cual se desprende que al momento de solicitar la renuncia, el
concesionario no explotaba el yacimiento “La Mana” y que había cumplido con su obligación
ambiental de evitar la contaminación del río Upín. Por su parte la ANM no desvirtuó las
afirmaciones del actor ni aportó prueba alguna que permitiera evidenciar que para el momento de
la solicitud de renuncia el concesionario adeudara obligación alguna a la administración.
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por encontrar que el concesionario no se encontraba a paz y salvo, implicaría una
interpretación que desnaturaliza los efectos del silencio administrativo positivo.
118.2. Ello, porque si la administración conserva la facultad de expedir un acto
posterior negando la renuncia, el silencio administrativo no habría producido
efecto alguno. Así, por lo tanto, si la administración encuentra que el
concesionario no se encontraba al día en sus obligaciones luego de producido el
acto ficto, tendrá la carga de demandarlo conforme a lo previsto en el CPACA,
en especial el artículo 97126, relativo a los actos administrativos de carácter
particular y concreto. Con este entendimiento la Sala acoge el criterio
hermenéutico del efecto útil de la norma, privilegiando la interpretación que
otorga plenos efectos a la disposición y no aquella que los restringe, en
detrimento de los derechos e intereses de los administrados.
118.3. En segundo lugar, para la procedencia del silencio administrativo previsto
en el artículo 108 de la Ley 685 de 2001 no resulta necesario acudir a la
jurisprudencia de la Corporación sobre el silencio administrativo en materia de
contratos estatales regidos por la Ley 80 de 1993, pues el silencio administrativo
regulado en el artículo 25 de dicho cuerpo normativo127 goza de un marco de
acción específico y cuenta con unas condiciones de procedencia también
determinadas. Además, la Sala observa que en el ámbito minero existe una
disposición especial de aplicación preferente —artículo 108 del Código de
Minas—. Por otra parte, el artículo 53 de la Ley 685 de 2001128 dispone que las
normas de esta ley se aplican de manera prevalente respecto de las contenidas
en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en asuntos
relativos a la suscripción, perfeccionamiento, validez, ejecución y terminación de
la concesión minera, por lo que resultaría impertinente la aplicación de las reglas
del silencio administrativo previsto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 a
asuntos como los que son objeto del presente litigio.
126 CPACA. Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. “Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya
creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un
derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito
del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es
contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo (…)”.
127 Ley 80 de 1993. Artículo 25. Del Principio de Economía. “En virtud de este principio: 16. En
las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no
se pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es
favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo. Pero el
funcionario o funcionarios competentes para dar respuesta serán responsables en los términos
de esta Ley”.
128 Ley 685 de 2001, Artículo 53. Leyes de Contratación Estatal. “Las disposiciones generales
sobre contratos estatales y las relativas a procedimientos precontractuales no serán aplicables a
la formulación y trámite de las propuestas de concesión minera, ni a la suscripción,
perfeccionamiento, validez, ejecución y terminación de ésta, salvo las referentes a la capacidad
legal a que se refiere el artículo 17 del presente Código. En todas estas materias se estará a las
disposiciones de este Código y a las de otros cuerpos de normas a las que el mismo haga
remisión directa y expresa”.
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119. De las pruebas aportadas al proceso, la Sala advierte que el 17 de marzo
de 2016 la demandante presentó ante la ANM renuncia al contrato con base en
el artículo 108 del Código de Minas, en la que indicó:
Por lo anterior, renunciamos a la misma y dejamos constancia que al momento
de esta renuncia nos encontramos a paz y salvo con todas nuestras
obligaciones derivadas de la Concesión.
Es importante recordar que la Concesión se encuentra suspendida desde el 29
de agosto de 2012 y que las obligaciones que no son objeto de esta suspensión
establecidas en la Cláusula Séptima del contrato, se encuentran cumplidas y en
ejecución como se puede evidenciar en el párrafo anterior129.
119.1. Ante el silencio de la ANM dentro de los 30 días que impone la ley para el
pronunciamiento respecto de la renuncia, el concesionario protocolizó el silencio
administrativo mediante escritura pública130, de conformidad con lo establecido
por el artículo 85 de CPACA.
119.2. Respecto de la renuncia, la ANM se pronunció hasta el 12 de julio de
2017131, más de un año después de haber operado el silencio administrativo
positivo, mediante la resolución demandada en el presente proceso, a pesar la
existencia del acto ficto que surgió a la vida jurídica producto de su omisión.
Declaratoria de oficio de nulidades de actos administrativos por falta de
competencia
120. Lo antes advertido, permite concluir a la Sala que las resoluciones VSC 000731 de
12 de julio de 2017 y VSC 001138 del 1 de noviembre de 2017 expedidas por la ANM,
en las cuales se adoptan decisiones sobre la renuncia al contrato de concesión y la
terminación del contrato, fueron proferidas, en estos aspectos, sin competencia de la
entidad, pues el silencio administrativo ya había operado y, por lo tanto, resulta menester
declarar de oficio su nulidad.
120.1. En efecto, la Sala encuentra que las resoluciones VSC 000731 del 12 de
julio de 2017 y VSC 001138 del 01 de noviembre de 2017, son contrarias al
ordenamiento jurídico, al haber sido proferidas en abierta contradicción con los
principios que deben regir las actuaciones administrativas132, particularmente, en
129 Comunicación del 17 de marzo del 2016, con radicado 20165510092302, correspondiente al
anexo 33 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno
2.
130 Escritura Pública 0701 del 5 de mayo de 2016, otorgada en la Notaria 35 de Bogotá,
correspondiente al anexo 34 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el
folio 9 del cuaderno 2.
131 Resolución ANM VSC 000731 del 12 de julio de 2017, correspondiente al anexo 37 de la
demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2.
132 Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
Artículo 3. Principios. “Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados
en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. Las
actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 1. En virtud del principio
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relación con el debido proceso133 y el principio de legalidad134, en cuanto refieren
a las competencias de las autoridades públicas.
120.2. Alrespecto, esta Corporación ha señalado que ante una abierta
contrariedad entre un acto administrativo y el ordenamiento jurídico resulta
procedente su expulsión del ordenamiento jurídico, mediante declaratoria de
nulidad del acto, así:
Uno de los elementos definitorios del Estado moderno es la sujeción de sus
autoridades al principio de legalidad. (…) De este modo, el principio
constitucional de legalidad exige que la actuación de las diferentes autoridades
públicas tenga una cobertura normativa suficiente o, lo que es lo mismo, esté
basada en una norma habilitante de competencia, que confiera el poder
suficiente para adoptar una determinada decisión. (…) Precisamente, al no ser
la competencia un elemento accidental o superfluo de los actos administrativos,
su inobservancia afecta la validez de la decisión y en ese sentido constituye
causal de nulidad de los actos administrativos (artículo 137 CPACA). (…) [L]a
competencia administrativa debe ser expresa y suficiente en sus diferentes
componentes -funcional, territorial y temporal-, que las autoridades no pueden
auto-atribuírsela y que tampoco les será lícito asumir aquella que corresponda
a otra entidad. Como se ha visto, una decisión adoptada sin competencia atenta
directamente contra el principio constitucional de legalidad y permite activar los
mecanismos existentes para su expulsión del ordenamiento jurídico135.
120.3. En el mismo sentido, en otros pronunciamientos136 la Sala ha declarado la
nulidad de actos administrativos por falta de competencia al momento de su
expedición, así:
“Toda vez que la parte actora solicitó, entre otras, la nulidad de los actos
administrativos por medio de los cuales la entidad pública demandada liquidó
unilateralmente el contrato, para la Sala resulta importante examinar el tema
relacionado con la competencia ratio temporis de la entidad para el ejercicio de
esta potestad. Lo anterior en razón a que: primero, la naturaleza de orden
público propia de las normas que regulan y determinan la competencia, sea ésta
de carácter jurisdiccional o administrativa, exige un control de aquellos eventos
en los cuales éstas se transgreden, así este aspecto no se constituya como
pretensión, comoquiera que la incompetencia se erige en la más grave de las
distintas formas o clases de ilegalidad; (…). Con base en lo expuesto y
considerando la naturaleza de orden público, propia de las normas que regulan
del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las
normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena
garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción”. (subrayado propio)
133 Constitución Política, artículo 29: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas (…)”.
134 Constitución Política de Colombia, Artículo 6: “Los particulares sólo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma
causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”; Artículo 121: “Ninguna
autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la
ley”; Artículo 123: “(…) Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad;
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento (…)”.
135 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, providencia del 19 de agosto de 2016,
rad. 11001-03-06-000-2016-00128-00(2307), C. P. Germán Alberto Bula Escobar.
136 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11
de mayo de 1999, exp. 10196, C. P. Ricardo Hoyos; y, Consejo de Estado, Sala Plena de la
Sección Tercera, sentencia del 12 de julio del 2012, exp. 850012331000199500174 01 (15024),
C. P. Danilo Rojas Betancourth.
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Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
y atribuyen competencia y los postulados del principio de legalidad, se concluye
que en aquellos casos en los cuales el juez advierta falta de competencia en
determinado caso, debe abordar oficiosamente su estudio, debido a que ésta
constituye una grave causal de ilegalidad”137. (subrayado propio).
120.4. Ahora bien, en punto de la competencia para la expedición de actos
administrativos, esta Corporación ha indicado:
La competencia, entendida como un elemento de validez de los actos
administrativos, (…) no es intrínseco a la estructura y contenido de la decisión, sí
lo es frente a la limitación de las potestades de cualquier autoridad para definir
determinada situación jurídica. Lo anterior significa que la competencia se
acompasa a lo que resultaría ser el marco de acción de las entidades públicas,
el cual previamente debe estar definido por la Ley, ello con el fin de que estas
puedan reglamentar, ejecutar o concretar los postulados de las normas
superiores con estricta sujeción de las facultades, funciones y capacidades que
cada una tiene en virtud de su propia naturaleza y conforme a las condiciones de
su creación. (…) [E]l mentado factor de validez necesariamente se relaciona con
el principio de legalidad, en tanto el hecho de delimitar qué autoridad debe
resolver un asunto específico (…) [L]a falta de competencia de una entidad para
proferir una decisión puntual, debe ser la primera causal de estudio en un juicio
de legalidad138. (subrayado propio).
120.5. Más concretamente, esta corporación ha afirmado que la falta de
competencia “se materializa cuando el autor profiere un acto pese a que no tenía
el poder legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma sin estar
facultado legalmente para ello”139.
120.6. Así pues, al revisar las resoluciones VSC 000731 del 12 de julio de 2017 y
VSC 001138 del 01 de noviembre de proferidas por la ANM y en las que se
pronunció respecto de la renuncia y la terminación del contrato de concesión
HIQL-01-UPIN, esta Sala encontró que, para el momento de su expedición, la
autoridad minera había perdido competencia para adoptar tales decisiones, en la
medida en que el contrato terminó el 5 de mayo del 2016, una vez configurado el
acto positivo ficto de la administración.
137 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15
de abril de 2010, rad. 76001233100019950179101 (18292), C.P. Mauricio Fajardo.
138 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del
22 de julio de 2021, C. P. William Hernández Gómez, rad. 23001-23-33-000-2013-00163-
02(478918), en la que se afirmó que la “‘competencia es la facultad o el poder jurídico que tiene
una autoridad para ejercer determinar función’, razón por la cual la doctrina ha entendido que la
incompetencia o falta de competencia se materializa cuando el autor profiere un acto pese que a
no tenía el poder legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma si estar facultado
legalmente para ello. En otras palabras, dicho reproche se configura cuando el acto es proferido
por fuera de las competencias legales y constitucionales atribuidas al servidor público o la
Corporación respectiva, esto es, por fuera de las “atribuciones que el ordenamiento jurídico ha
otorgado”.
139 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 21
de junio de 2018, exp. 73001-23-31-000-2011-00512-01. C. P. Alberto Yepes Barreiro,
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120.7. En ese sentido, al estar parcialmente sustentadas ambas resoluciones en
las facultades propias de la autoridad concedente140, esto es, en las facultades
normativas propias de la autoridad minera141, en la delegación hecha por el
MME142, y en el contrato de concesión HIQL-01-UPIN143, la competencia
administrativa para adoptar disposiciones respecto de la admisión de la renuncia
y la declaración de terminación del contrato había desaparecido por causa del
silencio administrativo positivo y, por lo mismo, se reitera, es necesario su
declaratoria de nulidad.
140 Al respecto, se remite a los siguientes artículos de la Ley 685 de 2001, Código de Minas:
Artículo 45. Definición. “El contrato de concesión minera es el que se celebra entre el estado y un
particular para efectuar, por cuenta y riesgo de este, los estudios, trabajos y obras de exploración
de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una zona determinada para
explotarlos en los términos y condiciones establecidos en este código (…)”; Artículo 51. Cláusulas
exorbitantes. “El contrato de concesión minera, con excepción de lo previsto sobre la declaración
de su caducidad, no podrá ser modificado, terminado o interpretado unilateralmente por parte de
la entidad pública concedente. Para cuales quiera de estas actuaciones se deberá recurrir al juez
competente o al empleo de árbitros o peritos”. (subrayado propio).
141 Al respecto, se remite a los siguientes artículos del decreto 4134 de 2011, “Por el cual se crea
la Agencia Nacional de Minería, ANM, se determina su objetivo y estructura orgánica”: Artículo 3.
Objeto. El objeto de la Agencia Nacional de Minería, ANM, es administrar integralmente los
recursos minerales de propiedad del Estado, promover el aprovechamiento óptimo y sostenible
de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y en coordinación con las
autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo mismo que hacer seguimiento a los
títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada esta función por el Ministerio
de Minas y Energía de conformidad con la ley”; Artículo 4. Funciones. “Son funciones de la
Agencia Nacional de Minería, ANM las siguientes: 1. Ejercer las funciones de autoridad minera o
concedente en el territorio nacional. 2. Administrar los recursos minerales del Estado y conceder
derechos para su exploración y explotación 3. Promover, celebrar, administrar y hacer
seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos mineros para la exploración y
explotación de minerales de propiedad del Estado cuando le sea delegada esta función por el
Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley. (…) 7. Mantener actualizada la
información relacionada con la actividad minera. 8. Liquidar, recaudar, administrar y transferir las
regalías y cualquier otra contraprestación derivada de la explotación de minerales, en los términos
señalados en la ley. (…) 11. Administrar y disponer de los bienes muebles e inmuebles que pasen
al Estado por finalización de los contratos de concesión y demás títulos mineros en que aplique
cláusula de reversión”. (subrayado propio).
142 Para el efecto, se remite a los siguientes artículos de la resolución 180876 de 2012, del
Ministerio de Minas y Energía: Artículo 2. “Delegar en la Agencia Nacional de Minería (ANM), la
función de fiscalización, seguimiento y control de los títulos mineros para la exploración y
explotación de yacimientos minerales en el territorio nacional excepto en la jurisdicción y
competencia que por delegación se ha efectuado en los Gobernadores de Antioquia, Bolívar,
Boyacá, Caldas, Cesar y Norte de Santander. La función que se delega también comprende la
fiscalización, seguimiento y control de los títulos de Reconocimiento de Propiedad Privada y de
Autorizaciones Temporales”; Artículo 5. “Corresponderá a la Agencia Nacional de Minería en
virtud de la delegación que en este acto se establece y a partir de su inicio: a) La fiscalización,
seguimiento y control de las obligaciones a cargo de los titulares mineros; la terminación,
cancelación, caducidad y reversión, devolución de áreas y cesión de derechos en relación con
estos; así como todos los trámites que impliquen su modificación o que sean consecuencia de
los mismos, dentro de los cuales se encuentran entre otros, la integración de áreas, la integración
de operaciones y las concesiones concurrentes; (…); f) La liquidación de los contratos mineros
una vez se caduquen o se terminen, así como también el recibo de las áreas otorgadas en dicho
contrato minero; g) Las demás que se desprendan de la función de fiscalización, seguimiento y
control de los títulos mineros. (subrayado propio).
143 “CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. – LIQUIDACIÓN. Una vez finalizada la ejecución del
contrato por cualquier causa, su liquidación se producirá dentro de los seis (6) meses siguientes,
término que podrá prorrogarse hasta por tres (3) meses más. Para este efecto las partes
suscribirán un Acta en la cual deberá constar detalladamente la liquidación definitiva del mismo y
el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de EL CONCESIONARIO”. (subrayado propio).
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121. La Sala precisa que la declaratoria de oficio por falta de competencia se
limita a los artículos primero144 y segundo145 de la resolución ANM VSC 000731
del 12 de julio de 2017 y respecto del artículo primero146 de la resolución ANM
VSC 001138 del 01 de noviembre de 2017, en cuanto refiera a los dos artículos
previamente indicados.
122. La nulidad por falta de competencia no se extenderá a las demás
determinaciones adoptadas, específicamente respecto de aquellas relacionadas
con los efectos de la terminación del contrato, pues tales disposiciones que bien
podía adoptar la entidad como consecuencia de la aceptación (ficta) de la
renuncia presentada. Tampoco se extenderá la nulidad a las disposiciones
referidas a la reversión de los activos al área minera de Upín, como se verá más
adelante.
123. Al respecto, la Sala observa que el 25 de octubre del 2016, el concesionario
solicitó a la ANM la suspensión de las contraprestaciones económicas derivadas
del contrato; sin embargo, mediante la resolución ANM VSC 000190 del 29 de
marzo de 2017147 la entidad negó dicha solicitud. Lo anterior comporta la mayor
relevancia ante las pretensiones anulatorias de la demandante, pues el acto
administrativo mediante el que se negó la solicitud de suspensión goza de plena
eficacia y presunción de legalidad. En este sentido, la autoridad minera contaba
con legitimidad para el cobro de las contraprestaciones objeto del artículo cuarto
de la Resolución VSC 000731 y dado que la resolución VSC 000190 del 29 de
marzo de 2017 no es objeto de demanda en el presente trámite, no es posible
acceder a la pretensión séptima subsidiaria, en cuanto guarda relación con el
artículo cuarto de la Resolución VSC 000731.
124. Adicionalmente, si bien la ANM adoptó determinaciones posteriores a la
terminación del contrato por ocurrencia del silencio administrativo positivo, ello
no implicó un incumplimiento contractual, como lo pretende el actor en la
pretensión sexta subsidiaria, en la medida que tales decisiones son consecuencia
de la terminación y fueron adoptadas en ejercicio de las facultades normativas
atribuidas a la ANM, por lo cual la Sala denegará tal pretensión.
La planta de evaporización cerrada sí es un bien que debe revertirse
125. En su recurso de apelación la parte actora argumenta que la planta de
evaporización cerrada no debía revertirse porque no entró en funcionamiento y,
por lo tanto, no fue amortizada en su totalidad, por lo cual afirma que es nula la
144 “Artículo primero. – Declarar viable la solicitud de renuncia radicada por la Sociedad SALCOL
S.A. y Alejandro Montaña Pradilla en calidad de titulares del contrato de concesión No HIQL-01-
UPIN, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo”.
145 “Artículo segundo. – Declarar la terminación del Contrato de Concesión No HIQL-01-UPIN,
suscrito entre la sociedad SALCOL S.A. y ALEJANDRO MONTAÑA PRADILLA, identificados con
NIT No 900.248.846-4 y C.C. 80.419.668 de Bogotá D.C”.
146 “Artículo primero. – Confirmar en todas sus partes la Resolución VSC No 000731 del 12 de
julio de 2017, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.
147 Anexo 36 de la demanda contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del
cuaderno 2.
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decisión de la ANM de ordenar su reversión. Respecto de las demás
disposiciones referidas a la reversión de otros bienes al área minera, no se
formuló reparo alguno en la demanda ni en la apelación, por tal razón, la Sala
solo se ocupará de examinar la reversión de la planta de evaporización cerrada,
contenida en el artículo octavo de la resolución ANM VSC 000731 del 12 de julio
de 2017.
126. Adicionalmente, la Sala debe señalar que para la resolución de este cargo
de la apelación solamente se tendrán en cuenta los argumentos expuestos en la
demanda en cuanto a normas violadas y el concepto de la violación, en tanto que
el actor incluyó nuevos ataques en el recurso de alzada, en particular los
conceptos relativos a la falta de amortización y a su falta de entrada en
funcionamiento, sin que este sea el escenario para completar, corregir o mejorar
las falencias argumentativas de la demanda, so pena de afectarse
sustancialmente el principio de congruencia y, consecuentemente, el derecho de
defensa y contradicción. En efecto, de considerarse tales nuevos aspectos se
admitiría una variación de la causa petendi en un momento procesal inoportuno
y decidir sobre ello comprometería las competencias asignadas al juez de
segunda instancia148.
127. Así pues, en su escrito de demanda, el actor solicitó la nulidad del artículo
octavo de la Resolución ANM VSC 000731 de 2017, aduciendo que esta
disposición transgredía el artículo 108 del Código de Minas, al exigir el
cumplimiento de obligaciones causadas luego de la ocurrencia del silencio
administrativo positivo y en contravía del reconocimiento de la suspensión de las
obligaciones a causa de la fuerza mayor que significó el colapso del pozo 4.
128. A pesar de tales argumentos, la reversión de la planta de evaporación no
fue una obligación surgida durante la suspensión de las obligaciones producto
del colapso del pozo 4. La fuerza mayor ocurrida en nada atañe al bien respecto
de cuya reversión se discute y no exonera al concesionario del cumplimiento de
sus obligaciones legales y contractuales de revertirlo. En el mismo sentido, la
obligación de reversión no se originó en un momento posterior a la operatividad
del silencio administrativo positivo, sino que es una obligación contractual que
surgió antes de la ocurrencia de la fuerza mayor.
129.En relación con la obligación de reversión de los bienes, la cláusula vigésima
segunda del contrato de concesión establecía:
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- REVERSIÓN y OBLIGACIONES EN
CASO DE TERMINACIÓN En todos los casos de terminación del contrato,
ocurrida en cualquier tiempo, el CONCESIONARIO deberá revertir los bienes
muebles e inmuebles que haya recibido del Estado al iniciar la concesión o
durante el transcurso de la misma.
148 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 17 de octubre de 2025, radicado 66001-23-33-000-2017-00397-01 (65348). C. P.
Diego Enrique Franco Victoria.
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Dichos bienes serán revertidos en funcionamiento, en el estado en que fueron
recibidos, salvo el deterioro normal por el uso responsable que el concesionario
haga de ellos. En el evento que el concesionario adquiera o construya nuevos
bienes en sustitución de los recibidos, por el vencimiento de su vida útil, por el
cambio de tecnología, por cambio del sistema de explotación, por
modernización de la infraestructura productiva o por cualquier otra causa, tales
bienes revertirán a la autoridad minera concedente de manera gratuita al final
de la concesión. En todos los casos de sustitución de bienes, el Concesionario
debe informar por escrito a la autoridad minera concedente y a la interventoría,
previo o al momento que haga la sustitución.
La reversión también operará para los estudios técnicos y demás información
recibida por el concesionario, relacionada con el área minera,
comprometiéndose a hacer entrega de ella a la Autoridad Minera, incluida la
producida durante la concesión.
Lo anterior sin perjuicio del deber que tiene el concesionario de revertir los
demás bienes que haya adquirido durante la concesión, circunscrita ésta
medida a los inmuebles e instalaciones fijas y permanentes, construidas y
destinadas por EL CONCESIONARIO en forma exclusiva al transporte y al
embarque de los minerales provenientes del área contratada y de aquellas que
se encuentren incorporadas a los yacimientos y accesos y que no puedan
retirarse sin detrimento del mismo y de los frentes de trabajo. Esta reversión
operará sólo en los casos en que las características y dimensiones de los
mencionados bienes, a juicio de LA CONCEDENTE, los hagan aptos como
infraestructura destinada a un servicio público de transporte o embarque o darse
al uso de la comunidad149. (Negrilla original, subrayado propio).
130. De conformidad con la cláusula, para que un bien sea objeto de reversión,
se requiere que el nuevo bien se incorpore al proyecto en remplazo o sustitución
de alguno de los bienes recibidos por el concesionario como parte del área
minera en concesión. En su recurso la parte demandante acepta que la planta de
evaporización era “un proyecto del concesionario”150, que no entró en operación;
no obstante, de la revisión del expediente administrativo aportado por la ANM, se
puede constatar que, desde mayo del 2010,
Mediante radicado No. 2010-412-012380-2, la empresa SALCOL S.A. titular del
Contrato HIQL-01-Upin, presentó el documento técnico denominado
Actualización al Programa de Trabajos y Obras, el cual tiene por objeto poner
en conocimiento del Instituto [Ingeominas] las características de la reconversión
industrial de la planta de beneficio de la sal explotada en este yacimiento151.
131. En tal sentido, la propuesta del concesionario de actualizar el equipamiento
de la mina estaba en conocimiento de la administración, que, mediante resolución
098 del 22 de abril de 2010 y Auto No. SFOM- 0037 del 12 de mayo de 2010152,
expedidos por el Instituto Colombiano de Geología y Minería -Ingeominas-,
dispuso la aprobación de la sustitución del horno 5, por la planta de evaporación.
149 Anexo 20 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del
cuaderno 2.
150 Folio 32 de la apelación, índice 449 de SAMAI.
151 Prueba 6.1.1 de la contestación de la demanda de la ANM, contenida en la página 18 y
siguientes del archivo “UPIN_PRINCIPAL_5”, almacenado en el medio magnético incluido en el
folio 151 del cuaderno principal.
152 Idem.
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132. Adicionalmente, se pudo corroborar que el horno 5 “fue demolido para
aprovechar la locación y la cobertura”153 para la construcción de la planta de
evaporación, y que la administración hizo seguimiento periódico del avance de la
construcción de la planta de evaporación, tal como lo demuestran los informes
SFOM -1-524- MINA del 28 de noviembre de 2011154, GSC -1-061 del 18 de
octubre del 2012155, y el informe del 28 de mayo del 2014156, fecha para la cual
ya se había construido la planta de evaporación.
133. En ese orden de ideas, es evidente que, con base en el inciso segundo de
la cláusula vigésima segunda del contrato y en la actuación administrativa
referida, al término del contrato, la planta de evaporización debía ser revertida a
la autoridad minera como sustituta del horno 5, que formaba parte de los activos
que recibió el concesionario al inicio del contrato157 y que fue demolido para
construir, en su remplazo, la planta de evaporización.
134. Por lo demás, se reitera, los argumentos expuestos en la demanda no
resultan suficientes para enervar la obligación de reversión a cargo del
concesionario, en la medida en que la suspensión de las obligaciones del contrato
derivadas de una fuerza mayor no gozan de la virtualidad para desdecir de los
pactos contractuales relativos a la reversión de bienes de las concesiones.
135. De acuerdo con lo anterior, se denegará la pretensión séptima subsidiaria,
en cuanto solicitaba la nulidad del artículo octavo de la resolución ANM VSC
000731 del 12 de julio de 2017, que dispuso la reversión de la planta de
evaporación cerrada, y la pretensión octava subsidiaria que solicitaba la
declaratoria de incumplimiento de la ANM por exigir el cumplimiento de
obligaciones de manera posterior a la ocurrencia de la fuerza mayor.
Liquidación del contrato No HIQL-21-UPIN
136. Como se anunció, en la Resolución ANM VSC 000731 del 12 de julio de 2017 no
se halla contenida una liquidación del contrato, basta con hacer una lectura detallada y
contextual de tal disposición para confirmarlo. En este artículo se dispuso.
ARTICULO CUARTO. – Declarar que la sociedad SALCOL S.A. y
ALEJANDRO MONTAÑA PADILLA en calidad de titulares del contrato de
153 Prueba 6.1.1 de la contestación de la demanda de la ANM, contenida en la página 112 del
archivo “UPIN_PRINCIPAL_6”, almacenado en el medio magnético incluido en el folio 151 del
cuaderno principal.
154 Prueba 6.1.1 de la contestación de la demanda de la ANM, contenida en la página 16 y
siguientes del archivo “UPIN_PRINCIPAL_6”, almacenado en el medio magnético incluido en el
folio 151 del cuaderno principal.
155 Prueba 6.1.1 de la contestación de la demanda de la ANM, contenida en la página 110 y
siguientes del archivo “UPIN_PRINCIPAL_6”, almacenado en el medio magnético incluido en el
folio 151 del cuaderno principal.
156 Prueba 6.1.1 de la contestación de la demanda de la ANM, contenida en la página 5 y
siguientes del archivo “UPIN_PRINCIPAL_11”, almacenado en el medio magnético incluido en el
folio 151 del cuaderno principal.
157 Prueba 6.1.1 de la contestación de la demanda de la ANM, contenida en la página 156 y 157
del archivo “UPIN_PRINCIPAL_3”, almacenado en el medio magnético incluido en el folio 151 del
cuaderno principal.
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Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
concesión No HIQL-21-UPIN, adeuda a la fecha a la Agencia Nacional de
Minería, por concepto de pago fijo anual de la vigencia 2016, la suma de NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($9.329.976,58), por
concepto de pago fijo anual vigencia 2017, la suma de CIENTO SETENTA Y
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTI
OCHO PESOS ($172.380.828), por concepto de inversión en obras de
desarrollo regional vigencia 2016, la suma de TRES MILLONES CIENTO
NUEVEMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y
SIETE CENTAVOS ($3.109.991,77), por concepto de inversión en obras de
desarrollo regional vigencia 2017, la suma de CINCUENTA Y SIETE
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SEIS PESOS ($57.460.276), de conformidad a lo establecido en el concepto
técnico GRCE No 003 del 07 de abril de 2017 y el numeral 2.5 del concepto
técnico VSC No 000131 del 07 de abril del 2017. Lo anterior, sin perjuicio de los
intereses que se causen hasta la fecha efectiva de su pago; así mismo se
informa que en caso de pago incompleto de la deuda, el valor cancelado se
imputará primero a intereses y sobre el saldo del mismo se seguirán generando
más intereses (negrilla original).
137. Tal como se lee, en la disposición transcrita la ANM declara que el concesionario
le adeuda unas sumas dinerarias, más no expresa que tales sumas correspondan a la
liquidación del contrato. De hecho, no habría podido la ANM llevar a cabo una liquidación
del contrato en la Resolución ANM VSC 000731 del 12 de julio de 2017, en la medida
que el reglamento contractual contempló que la liquidación únicamente podría hacerse
de mutuo acuerdo, dentro de los seis meses posteriores a la terminación:
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. – LIQUIDACIÓN. Una vez finalizada la
ejecución del contrato por cualquier causa, su liquidación se producirá dentro
de los seis (6) meses siguientes, término que podrá prorrogarse hasta por tres
(3) meses más. Para este efecto las partes suscribirán un Acta en la cual deberá
constar detalladamente la liquidación definitiva del mismo y el cumplimiento de
todas las obligaciones a cargo de EL CONCESIONARIO. (Se subraya).
138. En tal sentido, en la Resolución ANM VSC 000731 del 12 de julio de 2017 la ANM
reconoció que las sumas contenidas en el artículo no son una liquidación, al expresar en
el artículo decimotercero que, posteriormente, debían las partes suscribir el acta de
liquidación correspondiente:
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. – Una vez ejecutoriado y en firme el presente
acto administrativo, ordénese la suscripción de un acta que contenga la
liquidación del contrato según lo establecido en la Cláusula Vigésima Tercera
del Contrato de Concesión No HIQL-01-UPIN, previo recibo del área objeto del
contrato.
139. Así, debe entenderse que el artículo 4 de la resolución en comento simplemente
pone de presente que el concesionario adeuda unas sumas dinerarias a la ANM, sin que
ello consista en una liquidación del contrato. Debido a que en el acervo probatorio no se
evidenció liquidación alguna del contrato, al constatar que se encuentra sin liquidación y
al ser ello pretendido por el actor, la Sala concederá la pretensión novena subsidiaria,
consistente en la liquidación judicial del contrato bajo estudio.
140. Ahora bien, a pesar de que la nulidad por falta de competencia no se extiende a la
determinación del artículo 4 de la resolución ANM VSC 000731 del 12 de julio de 2017,
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
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la Sala examinará los argumentos del cargo formulado en la apelación, en contra del
artículo 4 de la Resolución ANM VSC 000731 del 12 de julio de 2017, en aras de contar
con elementos de juicio suficiente para llevar a cabo la liquidación judicial.
140.1. El reproche de la parte demandante frente a esta disposición consiste en que, en
su consideración, los valores liquidados en los actos administrativos demandados
corresponden a fechas en las que el contrato estaba suspendido (enero a marzo de
2016)158, o en las que ya había operado el silencio administrativo positivo para la
renuncia (marzo de 2016 a diciembre de 2017), por lo que los valores liquidados por la
ANM no eran exigibles al concesionario.
140.2. No obstante, debe tenerse en cuenta que la cláusula decimonovena del contrato
HIQL-01-Upin, en su parágrafo tercero establece algunas reglas respecto del evento de
terminación del contrato por renuncia del concesionario, así:
Parágrafo Tercero: En el evento de presentarse la renuncia al contrato de
concesión antes del vencimiento del periodo inicial de los treinta (30) años o de
su prórroga, la aprobación de la renuncia por parte de la Autoridad Minera, se
hará atendiendo lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 685 de 2001, actual
Código de Minas. Sin embargo, teniendo en cuenta que conforme a lo dispuesto
por el artículo 430 del C-S-T-. la explotación, elaboración y distribución de la sal
constituyen un servicio público que no puede ser interrumpido, el recibo de la
concesión solo se hará efectivo cuando el Estado seleccione el concesionario
sustituto por el procedimiento legal vigente al momento de presentarse la
situación o si el Estado decide clausurar definitivamente la salina, hecho que
deberá producirse en un término no mayor a un año, contado a partir de la
aceptación de la renuncia.
Durante el tiempo que transcurra entre la aprobación de la renuncia y la entrega
de la concesión, el concesionario se obliga a continuar con las actividades de
explotación y todas las obligaciones estipuladas en el contrato para el efecto y
en particular con el pago de las contraprestaciones debidas de conformidad con
lo establecido en la Cláusula Séptima de este contrato.
Si bien la aceptación de la renuncia no se encuentra condicionada en ningún
sentido, el concesionario, al momento de presentarla, deberá informar las
razones que le impiden continuar con la concesión, dado que dichas razones
pueden ser relevantes para la selección del concesionario sustituto (Se
destaca).
140.3. A pesar de que la norma del Código Sustantivo del Trabajo159 -CST- fue declarada
inexequible en una fecha cercana a la suscripción del contrato, la disposición contractual
transcrita no perdió validez ni aplicabilidad, pues ella no dependía directamente de la
158 Debido al derrumbe del pozo 4, la ANM, mediante resoluciones VSC-292 del 21 de marzo de
2013 (correspondiente al anexo 29 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado
en el folio 9 del cuaderno 2) y VSC-713 del 21 de septiembre de 2015 (correspondiente al anexo
31 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del cuaderno 2),
decidió suspender las principales obligaciones del contrato durante el periodo comprendido entre
el 29 de agosto del 2012 y el 28 de agosto del 2016. La suspensión no comprendía la obligación
ambiental de evitar que el afluente de salmuera “La Mana” contaminara el río Upín, ni la obligación
de pagar las regalías que se produjeran como resultado del aprovechamiento de tal afluente de
salmuera.
159 Código Sustantivo del Trabajo, Artículo 430, “De conformidad con la Constitución Nacional,
está prohibida la huelga en los servicios públicos (…) Constituyen, por tanto, servicio público,
entre otras, las siguientes actividades: g) Las de explotación, elaboración y distribución de sal”.
Esta norma fue declarada inexequible por la sentencia de la Corte Constitucional, C-691-08 de 9
de julio de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
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norma excluida del ordenamiento y, en todo caso, goza de la vinculatoriedad que el
acuerdo común de ambas partes le da al contrato (pacta sunt servanda160).
140.4. Así, las reglas derivadas de la disposición contractual transcrita se orientan a que,
entre el momento de la terminación del contrato por renuncia del concesionario y el
momento de la restitución del área minera en concesión, el contratista siga desarrollando
la explotación minera y cumpliendo con las obligaciones contractuales correspondientes,
pues interesa a la administración que los recursos minerales concedidos sean
aprovechados al máximo.
140.5. Si bien en este caso el efecto de la renuncia se dio por virtud del silencio
administrativo positivo contemplado en la ley, ello no le resta efecto y validez al contenido
de la disposición contractual. Así, a pesar de la terminación del contrato, el concesionario
debía cumplir con las obligaciones principales del contrato, esto es, el pago de las
contraprestaciones económicas en favor de la administración, hasta el momento de la
restitución del área en concesión al concedente o en el término máximo de un año,
periodo en el cual la administración debía seleccionar otro concesionario o clausurar las
actividades mineras.
140.6. De acuerdo con lo anterior, debe precisarse que, si bien las obligaciones principales
del contrato se hallaban suspendidas entre el 29 agosto de 2012 y el 28 de agosto de
2016, por virtud de lo previsto en la cláusula 19 antes referida y de la indubitada legalidad
de la resolución ANM VSC 000190 del 29 de marzo de 2017, antes referida (ver párrafo
103 anterior), tales obligaciones fueron nuevamente exigibles entre el 29 de agosto de
2016 y el 5 de mayo de 2017, fechas comprendidas entre el levantamiento de la
suspensión de las obligaciones y el término de un año para la restitución del área minera
a la administración. Vale aclarar que esta última fecha se toma ante la ausencia de otra
prueba sobre la fecha cierta de restitución y ante los indicios probatorios de que la
restitución se dio en un momento posterior, debido a la renuencia de la ANM en recibir161.
141. Por lo anterior, y en tanto que no obra prueba en el expediente acerca de otras
sumas dinerarias pendientes por pagar, la Sala procederá a liquidar el contrato de
conformidad con lo probado. Para ello, resulta útil tomar en cuenta los cálculos llevados
a cabo en Resolución ANM VSC 000731 del 12 de julio de 2017, los cuales deben
ajustarse de acuerdo con lo expresado en inmediata precedencia.
141.1. Así, al verificar tales cálculos, se encontró que en ellos se contempla un saldo a
favor del concesionario referido en el concepto técnico 003 del 07 de abril de 2017162, el
160 Código Civil, Artículo 1602: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los
contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.
161 Al respecto, el expediente administrativo adjunto a la contestación de la demanda de la ANM,
contenido en el medio magnético obrante en el folio 151 del cuaderno principal y los anexos 24 y
51 de la demanda, disponibles en el medio magnético contenido en almacenado en el folio 9 del
cuaderno 2, ponen de presente que el concesionario se hallaba presto a la entrega, pero la ANM,
a través de varias comunicaciones seguía exigiendo el cumplimiento de diversas obligaciones,
que se hallaban cumplidas, retrasando así el recibo del área concesionada y omitiendo
seleccionar otro contratista o clausurar la extracción minera.
162 “(…) se le genera al titular un saldo a favor en la obligación de pago fijo anual correspondiente
a los días de dicha anualidad en que estuvo suspendido el contrato, esto es en el período de
suspensión comprendido entre el 29 de Agosto de 2012 y el 31 de enero de 2013. (…) Se
evidencia el pago anticipado el cual genera un saldo a favor en la obligación del pago de esta
contraprestación, correspondiente a los días de dicha anualidad en que estuvo suspendido el
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
cual corresponde al pago anticipado e incausado de la obligación de pago fijo anual y al
pago por obras en beneficio del municipio de Restrepo respecto del periodo de
suspensión del contrato entre agosto del 2012 y enero del 2013. No obstante, se
corrobora que en tales los cálculos se resta el valor adeudado en favor del concesionario
sin llevar a cabo la actualización monetaria correspondiente, por lo cual la Sala llevará a
cabo dicha corrección y, posteriormente, hará la compensación con las sumas
monetarias que el concesionario adeuda a la ANM.
141.2. La liquidación de los saldos a favor del concesionario es la siguiente:
Cálculo del saldo a favor del concesionario por pago fijo anual vigencia
2012
Fecha de inicio de suspensión vigencia 2012 29 de agosto de 2012
Fecha final de anualidad - enero del año siguiente 31 de enero de 2013
Número de días 155
(número de días / 365 días) x 100 = 42,47%
Contraprestación pago fijo anual vigencia 2012 $141.037.258,00
Porcentaje de fracción vigencia 2012 42,47%
Saldo a favor del concesionario por anualidad $59.892.545,68
pagada en el año 2012
Cálculo del saldo a favor de concesionario por pago de inversión en obras
de beneficio común vigencia 2012
Fecha de inicio de suspensión vigencia 2012 29 de agosto de 2012
Fecha final de anualidad - enero del año siguiente 31 de enero de 2013
Número de días 155
(número de días / 365 días) x 100 = 42,47%
Contraprestación pago anual vigencia 2012 $47.012.429,00
Porcentaje de fracción vigencia 2012 42,47%
Saldo a favor del concesionario por anualidad $19.916.182,68
pagada en el año 2012
141.3. Parala actualización monetaria de los saldos a favor del concesionario, se
empleará la siguiente fórmula:
Valor indexado = valor por indexar x (IPC final / IPC inicial)
141.4. Los componentes de la formula se explican así:
Valor indexado: es el resultado final de la operación, equivalente al valor
presente del valor por indexar.
Valor por indexar: es la suma dineraria que resulta necesario traer a valor
presente.
contrato, esto es en el período de suspensión comprendido entre el 29 de agosto de 2012 y el 31
de enero de 2013”. Anexo 37 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en
el folio 9 del cuaderno 2.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
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IPC final: corresponde al Índice de Precios al Consumidor, expresado en
series de empalme, del último mes a actualizar.
IPC inicial: corresponde al Índice de Precios al Consumidor, expresado
en series de empalme, del primer mes a actualizar.
141.5. Ahora bien, para llevar a cabo la actualización de los saldos a favor del actor, se
tomará como base el Índice de Precios al Consumidor -IPC- del mes de agosto del 2012,
desde el cual inició la suspensión de las obligaciones, y como fecha final se tomará el
mes de enero del 2026, con su correspondiente IPC163, así:
Sumas por indexar: $59.892.545,68 y $19.916.182,68.
IPC inicial: 77,73.
IPC final: 154,07.
Valor indexado = $59.892.545,68 x (154,07 / 77,73)
Valor indexado = $59.892.545,68 x (1,98)
Valor indexado = $118.587.240,45
Valor indexado = $19.916.182,68 x (154,07 / 77,73)
Valor indexado = $19.916.182,68 x (1,98)
Valor indexado = $39.434.041,71
141.6. De acuerdo con lo anterior, el saldo por pago fijo anual a favor del concesionario,
actualizado a enero del 2026, es de $118.587.240,45 pesos. El saldo por el pago por
obras en beneficio del municipio de Restrepo a favor del concesionario, actualizado a
enero del 2026, es de $39.434.041,71
141.7. Ahora bien, el cálculo del pago fijo anual y el pago por obras en beneficio común
del Municipio de Restrepo para la vigencia 2016, adeudados por el concesionario a la
ANM, que se hará con base en la información provista por los informes técnicos de
interventoría164, es el siguiente:
Cálculo del pago fijo anual vigencia 2016
Fecha levantamiento de la suspensión 29 de agosto de 2016
Fecha final de vigencia 2016 - enero del año 31 de enero de 2017
siguiente
Número de días 156
(número de días / 365 días) x 100 = 42,7%
Contraprestación pago fijo anual vigencia 2016 $163.007.875
Porcentaje de fracción vigencia 2016 42,7%
Saldo adeudado por el concesionario por pago $69.604.362,62
fijo anual 2016
163 Los índices de precios al consumidor mensuales, expresados en series de empalme,
elaborados por el DANE, se pueden consultar aquí:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica#indices-y-ponderaciones
164 Anexo 37 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del
cuaderno 2.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
Cálculo del pago de inversión en obras de beneficio común vigencia 2016
Fecha levantamiento de la suspensión 29 de agosto de 2016
Fecha final de vigencia 2016 - enero del año 31 de enero de 2017
siguiente
Número de días 156
(número de días / 365 días) x 100 = 42,7%
Contraprestación pago fijo anual vigencia 2016 $54.335.958
Porcentaje de fracción vigencia 2016 42,7%
Saldo adeudado por el concesionario por pago $23.201.454,06
fijo anual 2016
141.8. Para la actualización monetaria de los anteriores saldos, se tomará como base el
IPC del mes de agosto del 2016, desde que se hicieron exigibles tales obligaciones, y
como fecha final se tomará el mes de enero del 2026, con su correspondiente IPC.
Sumas por indexar: $69.604.362,62 y $19.916.182,68.
IPC inicial: 92,73.
IPC final: 154,07.
Valor indexado = $69.604.362,62 x (154,07 / 92,73)
Valor indexado = $69.604.362,62 x (1,66)
Valor indexado = $115.543.241,95
Valor indexado = $23.201.454,06 x (154,07 / 92,73)
Valor indexado = $23.201.454,06 x (1,66)
Valor indexado = $38.514.413,74
141.9. De acuerdo con lo anterior, el saldo por pago fijo anual a favor de la ANM para el
periodo 2016, actualizado a enero de 2026, es de $115.543.241,95. El saldo por pago
por obras de beneficio del Municipio de Restrepo para el 2016, actualizado a enero de
2026, es de $38.514.413,74.
141.10. Advierte la sala que los cálculos respecto del pago fijo anual y el pago por obras
en beneficio común del Municipio de Restrepo para la vigencia 2017 deben ajustarse
hasta la fecha establecida contractualmente para el término máximo de la restitución del
área minera a la ANM, es decir, el 5 de mayo del 2017, lo cual se hará con base en la
información provista por los informes técnicos de interventoría165, así:
Cálculo del pago fijo anual vigencia 2017
Fecha inicio de anualidad 1 de febrero de 2017
Fecha contractual de restitución 5 de mayo de 2017
Número de días 96
(número de días / 365 días) x 100 = 26,30%
165 Anexo 37 de la demanda, contenido en el medio magnético almacenado en el folio 9 del
cuaderno 2.
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
Contraprestación pago fijo anual vigencia 2017 $172.380.828,00
Porcentaje de fracción vigencia 2017 26,30%
Saldo a adeudado por el concesionario por pago $45.336.157,76
fijo anual 2017
Cálculo del pago de inversión en obras de beneficio común vigencia 2017
Fecha inicio de anualidad 1 de febrero de 2017
Fecha contractual de restitución 5 de mayo de 2017
Número de días 96
(número de días / 365 días) x 100 = 26,30%
Contraprestación pago anual vigencia 2017 $57.460.276,00
Porcentaje de fracción vigencia 2017 26,30%
Saldo a adeudado por pago por obras de $15.112.052,58
beneficio común vigencia 2017
141.11. Para la actualización monetaria de los anteriores saldos, se tomará como base
IPC del mes de febrero del 2017, desde que se hizo exigible tales obligaciones, y como
fecha final se tomará el mes de enero del 2026, con su correspondiente IPC.
Sumas por indexar: $45.336.157,76 y $15.112.052,58
IPC inicial: 95,01.
IPC final: 154,07.
Valor indexado = $45.336.157,76 x (154,07 / 95,01)
Valor indexado = $45.336.157,76 x (1,62)
Valor indexado = $73.444.575,57
Valor indexado = $15.112.052,58x (154,07 / 95,01)
Valor indexado = $15.112.052,58 x (1,62)
Valor indexado = $24.481.525,18
141.12.De acuerdo con lo anterior, el saldo por pago fijo anual a favor de la ANM para el
periodo 2017, actualizado a enero del 2026, es de $73.444.575,57. El saldo por pago
por obras de beneficio del Municipio de Restrepo para el 2017, actualizado a enero de
2026, es de $24.481.525,18.
141.13. En síntesis, las sumas adeudadas por la ANM en favor del concesionario,
actualizadas a enero del 2026, son las siguientes:
Pago fijo anual 2012 $118.587.240,45
Pago por obras de beneficio común $39.434.041,71
2012
141.14.Por su parte, las sumas adeudadas por el concesionario a la ANM, actualizadas
a enero del 2026, son las siguientes:
Pago fijo anual vigencia 2016 $115.543.241,95
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
Pago por obras de beneficio común $38.514.413,74
vigencia 2016
Pago fijo anual vigencia 2017 $73.444.575,57
Pago por obras de beneficio común $24.481.525,18
vigencia 2017
141.15. En ese sentido, el demandante adeuda, en total, las siguientes sumas a la AMM:
Pago fijo anual total $188.987.817,52
Pago por obras de beneficio común $62.995.938,92
total
141.16. Frente a lo anterior, debe operar la compensación respecto de los saldos a favor
del actor, así:
Total adeudado
Pago fijo anual total $188.987.817,52 -
$70.400.577,07
$118.587.240,45
Pago por obras de $62.995.938,92 -
$23.561.897,21
beneficio común total $39.434.041,71
142. En ese orden de ideas, la liquidación final del contrato arroja un balance general
en favor de la ANM. En ese sentido, el actor adeuda a la ANM, con valor actualizado a
enero del 2026, la suma de $70.400.577,07 de pesos por concepto del pago fijo anual
total y $23.561.897,21de pesos por el pago por obras en beneficio común del Municipio
de Restrepo. De modo que el total adeudado por el actor a la ANM es de $93.962.474,28.
143. Finalmente, recuérdese que, de acuerdo con el análisis hecho en líneas previas, la
planta de evaporación que remplazó al horno 5, es un activo que debe revertirse al
proyecto. Como consecuencia de ello, y de la liquidación aquí elaborada, que
corresponde a todos los conceptos relacionados con el contrato, procederá la Sala a
declarar el contrato HIQL-01-Upin liquidado en tales términos.
G. Condena en costas
144. Debido a que el recurso de apelación prosperó parcialmente, al declararse la
ocurrencia del silencio administrativo positivo que puso fin al contrato y al concederse la
liquidación judicial del contrato, de conformidad con lo ordenado en el artículo 188 del
CPACA y en el 365 del CGP, no se condenará en costas de esta instancia.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley:
RESUELVE
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Expediente: 25000-23-36-000-2019-00589-03 (71667)
Demandantes: Alejandro Montaña Pradilla y SALCOL S.A
PRIMERO: MODÍFICASE el segundo punto de la sentencia proferida el 4 de julio
de 2024 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, el cual quedará así:
SEGUNDO: DENIÉGANSE pretensiones primera principal, segunda principal,
primera subsidiaria, segunda subsidiaria, tercera subsidiaria, cuarta subsidiaria,
quinta subsidiaria, sexta subsidiaria, séptima subsidiaria, octava subsidiaria y
las pretensiones de condena de la demanda, de conformidad con las razones
expuestas.
SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad de los artículos primero y segundo de la
Resolución ANM VSC 000731 del 12 de julio de 2017 y del artículo primero de la
Resolución ANM VSC 001138 del 1 de noviembre de 2017, de conformidad con
las razones expuestas.
TERCERO: DECLÁRESE liquidado el contrato HIQL-01-Upin en los términos
expuestos en la parte motiva de la sentencia. En ese sentido, DECLÁRESE que
el actor adeuda a la ANM, la suma de $70.400.577,07 de pesos por concepto del
pago fijo anual total y $23.561.897,21 de pesos por el pago por obras en beneficio
común del Municipio de Restrepo.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Salvamento parcial de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto
66
Sigue leyendo
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