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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-02453-01

Fecha
28 de junio de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-02453-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de marzo de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la caducidad de la acción. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandada y FIJAR como agencias en derecho a favor de la parte demandada, la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($10’829.440) M/cte. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2015-02453-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

28 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Expediente: 05001-23-33-000-2015-02453-01 (68433)
Demandante: Municipio de Medellín
Demandada: Denominación Misión Panamericana de Colombia
Medio de control: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

Temas: JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMO JUEZ NATURAL DEL
CONTRATO ESTATAL / la jurisdicción se extiende a todos los contratos estatales, al margen
de que se trate de contratos regidos por el derecho privado / VIGENCIA DE LAS LEYES
PROCESALES FRENTE A LA EXIGIBILIDAD DE LOS REMEDIOS CONTRACTUALES / Se
entienden integradas a los contratos las leyes vigentes al momento de su surgimiento, salvo
las que reglamentan la ritualidad del acceso a la administración de justicia, que serán las
vigentes para el momento del reclamo / PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
CONTRACTUAL - ARTÍCULO 55 DE LEY 80 DE 1993 / Aplica para las acciones de carácter
civil, penal y disciplinario impetradas contra los intervinientes en la actividad contractual del
Estado, por la infracción de las normas previstas en el Estatuto General de la Contratación
Pública y normas concordantes, más no por la falta de cumplimiento de las obligaciones
previstas en los contratos estatales. / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES/ cauce procesal definido por la ley para los pleitos como el sub judice, en
los que se reclama el incumplimiento de las obligaciones convenidas en un negocio jurídico.

Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia que declaró la caducidad de la acción.

La controversia versa en torno a la terminación de dos contratos de comodato y la
consecuencial restitución de los inmuebles entregados.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión adoptada el 3 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que declaró la caducidad de la acción de la demanda
presentada1 por el municipio de Medellín en contra de

1 El 5 de agosto de 2015, folio 29 C1.

1

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02453-01 (68433)
Demandante: Municipio de Medellín
Demandado: Denominación Misión Panamericana de Colombia
Referencia: Controversia contractual

2. Denominación Misión Panamericana de Colombia, cuyas pretensiones, hechos
principales y fundamentos se enuncian a continuación.

Hechos

3. El municipio de Medellín suscribió con Denominación Misión Panamericana de
Colombia dos contratos de comodato, por 20 años cada uno, sobre dos bienes
inmuebles de su propiedad, a saber: (i) contrato 70 del 30 de septiembre de 1991, por
medio del cual entregaba un lote de terreno ubicado en la calle 76B entre carreras 84
y 85A; y (ii) contrato 54 del 20 de octubre de 1992, por el que entregaba un lote de
terreno ubicado entre las carreras 80 y 83 con calle 79; ambos inmuebles debían ser
destinados para uso educativo prescolar. En los contratos se dispuso que toda mejora
que ejecutara el comodatario sería de propiedad del municipio comodante.

4. El plazo convenido venció el 30 de septiembre de 2011 para el contrato 70 de 1991,
y el 20 de octubre para el contrato 54 de 1992; sin embargo, llegadas las fechas,
Denominación Misión Panamericana de Colombia, quien construyó allí el jardín
infantil y el colegio Denominación Misión Panamericana Colombo Sueco, no restituyó
los inmuebles, pese a que era esa su obligación, de acuerdo con la naturaleza de los
negocios jurídicos celebrados.

Pretensiones

5. El municipio de Medellín solicitó (i) declarar terminados los contratos de comodato
70 del 30 de septiembre de 1991 y 54 del 20 de octubre de 1992; (ii) como
consecuencia de lo anterior, ordenar a Denominación Misión Panamericana de
Colombia restituir los inmuebles con sus mejoras; además, (iii) declarar que el
municipio de Medellín no está obligado a pagar las expensas de conservación de que
trata el artículo 965 del Código Civil; y (iv) condenar en costas a Denominación Misión
Panamericana de Colombia2.

Contestación de la demanda

6.Denominación Misión Panamericana de Colombia omitió pronunciarse en la
oportunidad legal correspondiente.

Alegatos en primera instancia

7. Agotado el período probatorio3, la parte demandante reiteró lo expuesto en la
2 Folio 25 C1.
3 El Tribunal tuvo como pruebas las copias de los contratos 70 de 1991 y 54 de 1992, los certificados de Libertad

y Tradición de los inmuebles identificados con las matrículas 5257729 y 5257730, el informe técnico de estudio

2

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02453-01 (68433)
Demandante: Municipio de Medellín
Demandado: Denominación Misión Panamericana de Colombia
Referencia: Controversia contractual

demanda, agregando que Denominación Misión Panamericana de Colombia
reconoció extraprocesalmente la falta de restitución de los inmuebles y la inexistencia
de contrato que la justificara. La parte demandada alegó que en su momento se
llevaron a cabo tratativas para alcanzar un nuevo contrato de comodato, pero la falta
de acuerdo sobre la titularidad de las mejoras construidas frustró su resultado, no
obstante, en la medida en que ya Denominación Misión Panamericana de Colombia
renunció a las mejoras, las pretensiones del municipio carecían de causa4. El
Ministerio Público solicitó acceder a las pretensiones, pero junto con medidas que
garanticen la protección del derecho fundamental de los niños inscritos en los colegios
que funcionan en los inmuebles.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, después de hacer un recuento de la
naturaleza, alcances y características del contrato de comodato sobre bienes fiscales,
declaró la caducidad del medio de control.

9. Expuso que las reglas de caducidad aplicables al contrato de comodato 70 de 1991
eran las dispuestas en el Código Contencioso Administrativo, pues el plazo del
comodato terminó el 30 de septiembre de 2011, cuando ese cuerpo normativo estaba
vigente, mientras que para el contrato de comodato 54 del 20 de octubre de 1992,
eran las previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en tanto el término del comodato venció el 20 de octubre de 2012.

10. Explicó que aun cuando eran contratos que por su naturaleza contenían
obligaciones de ejecución continuada o sucesiva y que debían someterse a
liquidación, la gratuidad pactada en su clausulado los relegaba de satisfacer ese
requisito, especialmente cuando también se dejó claro en su contenido que los
elementos patrimoniales accesorios como las obras de conservación y uso de los
inmuebles estaban a cargo del comodatario, y las mejoras construidas eran de

de inmuebles de la Unidad de Administración de Bienes Inmuebles de Medellín, las comunicaciones cruzadas
entre el municipio y Denominación Misión Panamericana de Colombia, la certificación de existencia y
representación legal de Denominación Misión Panamericana de Colombia expedida por el Ministerio del Interior,
certificados catastrales de los inmuebles identificados con las matrículas 5257729 y 5257730, la sentencia
condenatoria del 19 de diciembre de 2012 expedida en el trámite de una acción popular que deprecaba la
protección al derecho a la educación de los menores estudiantes de los colegios construidos en los lotes
entregados en comodato, la sentencia del 9 de agosto de 2013 por la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia
revocó esta última y las declaraciones testimoniales del señor Bedoya Cardona en calidad de integrante de la
Unidad de Administración de Bienes Inmuebles de Medellín.
4
“la causa de la presente controversia contractual, ya no existe, pues tal como lo acepta la apoderada del
Municipio y el testigo, Denominación Misión Panamericana ha renunciado expresamente a las mejoras que ha
construido en los inmuebles dados en comodato por el Municipio de Medellín. Ha habido varios acercamientos
entre las dos entidades para suscribir de nuevo los contratos de comodato. Segundo que Denominación Misión
Panamericana de Colombia ha cumplido eficientemente con sus obligaciones derivadas de los contratos de
comodato y ha superado las expectativas que el Municipio tenía en ellos al conceder en comodato los lotes objeto
del presente proceso”.

3

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02453-01 (68433)
Demandante: Municipio de Medellín
Demandado: Denominación Misión Panamericana de Colombia
Referencia: Controversia contractual

propiedad del comodante, luego no había razón para un cruce de cuentas como
condición a tener en cuenta en el análisis del ejercicio oportuno de la acción.

11. Puso de presente que como los contratos de comodato terminaron por extinción

del plazo en las fechas indicadas y no fueron objeto de prórroga automática o
posteriormente convenida, el término de caducidad de 2 años, común a los dos
Códigos (CCA y CPACA), venció el 29 de septiembre de 2013 para el contrato 70 de
1991 y el 19 de octubre de 2014 para el contrato 54 de 1992; como la demanda se
presentó el 5 de agosto de 2015, el ejercicio del medio de control fue extemporáneo
para ambos casos. Condenó en costas al municipio de Medellín.

El recurso de apelación5

12. El municipio de Medellín solicitó la revocatoria del fallo de instancia y solicitó decidir

de fondo el asunto, aduciendo que las reglas de la caducidad del CCA y del CPACA
no son aplicables a las controversias de restitución de bienes inmuebles, comoquiera
que no regulan ese tipo de proceso especial no contractual que se rige por el artículo
385 del CGP y que, al tratarse de un bien fiscal que se caracteriza por su carácter
imprescriptible, inalienable e inembargable, es aplicable la tesis expuesta en
sentencia del 29 de agosto de 2013 por el Consejo de Estado 6, teniendo que
evaluarse el ejercicio oportuno de la acción en función del artículo 55 de la Ley 80 de
1993, que dispone un término de prescripción de 20 años.

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

13. Corresponde a la Sala establecer las normas aplicables en el caso concreto para

efectos de establecer el cómputo de la caducidad de la acción, y si con fundamento
en sus reglas, la demanda fue presentada oportunamente.

La naturaleza y el régimen jurídico de los contratos 70 de 1991 y 54 de 1992

14.De conformidad con los documentos allegados, los contratos 70 del 30 de
septiembre de 1991 y 54 del 20 de octubre de 1992, son auténticos contratos de

5 Admitido mediante auto del 29 de junio de 2022. Como el recurso se interpuso el 11 de marzo de 2022, le son

aplicables las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. En aplicación del artículo 247 de la Ley 1437
de 2011, en tanto no se decretaron pruebas en esta instancia, se prescinde de la presentación de alegatos de
conclusión.
6 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SECCIÓN TERCERA / SUBSECCIÓN B / Consejero

ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO/Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013) /
Radicación número: 25000-23-26-000-1998-02194-01(22988) / Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONAUTICA CIVIL/Demandado: HANGAR AEROTECNICO LTDA/Referencia: ACCION DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACION SENTENCIA).

4

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02453-01 (68433)
Demandante: Municipio de Medellín
Demandado: Denominación Misión Panamericana de Colombia
Referencia: Controversia contractual

comodato en los términos de los artículos 2200 y siguientes del Código Civil7,
negocios jurídicos donde se traslada el uso y disfrute de un bien de manera gratuita,
con el consecuente derecho del comodatario que lo recibe de percibir los frutos
naturales o civiles que se produzcan, con el compromiso de restituirlo al comodante
al finalizar su uso o en el plazo y forma convenida.

15. El comodato es un contrato tipificado en la legislación civil que tiene por
características el ser real (art. 1500 C.C.), bilateral (art. 1496 C.C.), principal (art. 1499
C.C.), nominado, intuitu personae y gratuito (art. 1497 C.C.), a partir del cual surgen
las siguientes obligaciones principales a cargo de quien recibe el bien en calidad de
comodatario: (i) usar la cosa únicamente para el uso convenido o para el uso ordinario
propio de su clase, so pena de reparar los perjuicios causados y restituir el bien de
forma inmediata (art. 2202 del C.C.); (ii) emplear el mayor cuidado en la conservación
de la cosa (arts. 2203 y 2204 del C.C.); (iii) responder del caso fortuito cuando empleó
la cosa en un uso indebido o demoró su restitución (art. 2203 del C.C.); y, (iv) restituir
la cosa en el tiempo convenido o, a falta de convención, después de su uso, sin
perjuicio de que ésta pueda exigirse antes de tiempo si muere el comodatario, o le
sobreviene al comodante una obligación imprevista y urgente de la cosa (art. 2205
del C.C.).

16. Atendiendo las características antes anotadas, el objeto de las obligaciones
principales de los contratos reseñados recayó sobre unos bienes inmuebles cuya
relación se hallaba consignada en la cláusula primera, los cuales entregó el municipio
de Medellín –comodante–, a la Denominación Misión Panamericana de Colombia –
comodatario–, a título de préstamo de uso y en forma gratuita (cláusula novena) por
el término de 20 años contados a partir de la fecha de entrega de los bienes (cláusula
cuarta), al cabo de los cuales el comodatario debía retornar o restituir los bienes al
comodante (cláusula décima tercera).

17. Por otra parte, aunque en estos contratos de comodato es parte una entidad
pública, no son de aquellos negocios jurídicos enlistados en el artículo 16 del Decreto-
Ley 222 de 1983, norma vigente al momento de su celebración (años 1991 y 1992) y
que consagraba los contratos administrativos del Estado, de manera que reiterando
la postura de esta Corporación8, se trata de contratos de derecho privado de la

7 Artículo 2200.- Concepto. – “El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a

la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma
especie después de terminar el uso. Este contrato no se perfecciona sino con la tradición de la cosa”.
8
“En el asunto sub – lite, el contrato de Comodato celebrado entre el Municipio de Valledupar y la Empresa
Asociativa de Trabajo Comunitario –EATCOM-, es indiscutiblemente de derecho privado de la administración, en
la medida en que no se halla enunciado en el listado de la norma contenida por el artículo 16 del Decreto 222 de
1983, no está regulado por las disposiciones del artículo 80 ibídem y se halla desprovisto de la cláusula de
caducidad, por consiguiente, se rige en los aspectos de orden sustancial por las normas civiles contenidas en el
Título XXIX del Código Civil y su juzgamiento, inicialmente, correspondía a la jurisdicción ordinaria, según lo
preceptuaba el artículo 17 del Decreto Ley 222 de 1983”, CONSEJO DE ESTADO / SALA DE LO CONTENCIOSO

5

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02453-01 (68433)
Demandante: Municipio de Medellín
Demandado: Denominación Misión Panamericana de Colombia
Referencia: Controversia contractual

administración en los términos del inciso segundo del artículo 16 ibidem 9, que en lo
no regulado por la Ley 9 de 1989 y el Decreto 777 de 1992, se rigen en los aspectos
de orden sustancial por las normas de derecho privado contenidas en el Título XXIX
del Código Civil, sin ser de aquellos de forzosa liquidación10, trámite que tampoco fue
acordado bajo el clausulado de los negocios jurídicos en ejercicio de la autonomía de
la voluntad.

El régimen procesal aplicable

18. Las controversias provenientes de contratos de derecho privado de la
administración como aquellos de comodato que ocupan el sub judice, eran de
competencia de la jurisdicción ordinaria según lo preceptuaba el artículo 17 del
Decreto Ley 222 de 198311; no obstante, insistiendo en lo ya expuesto por esta
Corporación, con la entrada en vigencia de los artículos 32 y 75 de la Ley 80 de 199312
la jurisdicción de lo contencioso administrativo se arrogó tal competencia, al definir el
contrato estatal como categoría general omnicomprensiva de todos los negocios
jurídicos en los que una entidad estatal es parte, salvo taxativas excepciones, al
margen de que se encuentren sometidos a las reglas del derecho privado o no, y al
establecer al juez de lo contencioso administrativo como el juez natural del contrato
estatal.

19. La Ley 153 de 188713 señala en su artículo 38 que “en todo contrato se entenderán

incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”, pero es clara en definir
en el numeral 2 de dicha norma que ello no incluye las leyes procesales
“concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del
contrato”, las cuales, conforme con el artículo 40 Ídem, “prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir”, sin perjuicio de que “los
términos que hubieren comenzado a correr” se sigan rigiendo por aquellas leyes

ADMINISTRATIVO / SECCIÓN TERCERA/SUBSECCIÓN A / Consejera ponente: GLADYS AGUDELO
ORDÓÑEZ (E) / Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil once (2011) /Radicación número: 20001-23-31-
000-1997-03550-01(15686) /Actor: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO COMUNITARIO –EATCOM /
Demandado: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.
9 “Son contratos de derecho privado de la administración los demás, a menos que ley especial disponga en sentido

contrario, y en sus efectos estarán sujetos a las normas civiles, comerciales y laborales, según la naturaleza de
los mismos, salvo en lo concerniente a la caducidad”.
10 Los contratos 70 del 30 de septiembre de 1991 y 54 del 20 de octubre de 1992 se suscribieron en vigencia del

Decreto Ley 222 de 1983, en los términos del artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y al no incurrir en uno de los
supuestos de los descritos en el artículo 287 Idem., no requieren liquidación.
11
“ARTICULO 17. DE LA JURISDICCIÓN COMPETENTE. La calificación de contratos administrativos determina
que los litigios que de ellos surjan son del conocimiento de la justicia contencioso administrativa; los que se
susciten con ocasión de los contratos de derecho privado, serán de conocimiento de la justicia ordinaria”.
12 “ARTÍCULO 75. DEL JUEZ COMPETENTE. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez

competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución
o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa (…).”
13 Relativa a las reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes, Parte Primera.

6

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02453-01 (68433)
Demandante: Municipio de Medellín
Demandado: Denominación Misión Panamericana de Colombia
Referencia: Controversia contractual

vigentes para cuando el respectivo término hubiera iniciado14.

20. Teniendo como marco lo expuesto, las reglas procesales aplicables a la presente

controversia son aquellas vigentes para el momento de presentación del reclamo
judicial por el incumplimiento de Denominación Misión Panamericana de Colombia de
reintegrar los lotes recibidos en comodato, las que para el caso sub judice
corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), teniendo en cuenta que
el municipio de Medellín radicó la demanda el 5 de agosto de 201515, esto es, con
posterioridad al 1 de julio de 2012 cuando entró en vigor esa codificación.

El término de prescripción previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993

21. Advierte la Sala que no pueden confundirse las reglas de oportunidad del ejercicio

oportuno del reclamo judicial en materia contractual (caducidad) con las disposiciones
relativas a la prescripción de “las acciones de responsabilidad contractual” de las
entidades, servidores públicos, contratistas, consultores, interventores y asesores a
las que refiere el artículo 5516 de la Ley 80 de 1993, aplicable a los eventos descritos
en el artículo 5217 Idem.

22. Las disposiciones antes indicadas responden al principio de responsabilidad del

artículo 26 Idem18, que impone deberes de seriedad, respeto y acatamiento de los

14 “La Sala ha precisado que, aunque el numeral 1. del artículo 38 de la Ley 153 de 1887 no incluyó la referencia

específica a los aspectos relacionados con i) los términos que hubieren empezado a correr y ii) las actuaciones y
diligencias ya iniciadas, ello encuentra explicación en cuanto a que, el propósito general del artículo 38 es regular
la aplicación de las normas sustanciales en materia contractual ante el tránsito de legislación y sólo por excepción
se ocupó de los asuntos procesales respectivos, mientras que, por el contrario, el propósito general del artículo
40 sí es, precisamente, el de ocuparse de señalar las reglas aplicables en asuntos procesales en caso de conflicto
de leyes en el tiempo y al mismo se debe acudir cuando se trata de entender en su integridad el alcance de la
excepción consagrada en el numeral 1. del citado artículo 38 cuyo contenido, en modo alguno pretendió consagrar
reglas diferentes, especiales u opuestas a las del aludido artículo 40 para los casos de reclamar en juicio derechos
derivados de los contratos”. CONSEJO DE ESTADO / SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO /
SECCIÓN TERCERA/SUBSECCIÓN A / Consejera ponente: GLADYS AGUDELO ORDÓÑEZ (E) / Bogotá, D. C.,
nueve (9) de febrero de dos mil once (2011) /Radicación número: 20001-23-31-000-1997-03550-01(15686) /Actor:
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO COMUNITARIO –EATCOM / Demandado: MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR.
15 Folio 29 C1.
16 “De la Prescripción de las Acciones de Responsabilidad Contractual La acción civil derivada de las

acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte
(20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años.
La acción penal prescribirá en veinte (20) años”.
17 “De la Responsabilidad de los Contratistas Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones

y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley. Los consorcios y uniones temporales
responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7o. de esta Ley”.
18 Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los
daños que se causen por razón de ellas.

7

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02453-01 (68433)
Demandante: Municipio de Medellín
Demandado: Denominación Misión Panamericana de Colombia
Referencia: Controversia contractual

lineamientos imperativos y de obligatorio cumplimiento que reglan la contratación
estatal y que resultan exigibles sin reparos a todos los actores que intervienen en el
ejercicio de la actividad contractual del Estado, incluyendo por supuesto a los
contratistas y, en este sentido, se integran al sistema de control que previó el
legislador para sancionar las conductas que a la luz del Estatuto General de la
Contratación Pública y sus normas complementarias resultan prohibidas, y que
aparejan para el infractor el deber de responder patrimonial, penal y
disciplinariamente por su infracción, tal como la exposición de motivos del trámite
legislativo del citado artículo 55 lo expresó con claridad:

“X. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

Como se ha expresado a lo largo de la presente exposición, el proyecto en estudio se
inspira en la necesidad de imprimir eficiencia, autonomía y agilidad a la actuación
contractual de la administración, eliminando trámites, procedimientos y requisitos
innecesarios que han terminado por entrabar y encarecer enormemente una actividad
necesaria para el logro de los fines estatales a que alude el artículo 2°. de la
Constitución de 1991.

Esta orientación supone, como se ha explicado, un cambio en la concepción de la
conducta y de las facultades de los sujetos que intervienen en la contratación,
eliminando la presunción de mala fe que parece informar al estatuto vigente.

Se trata de procurar a dichos sujetos, en el marco de unos principios explícitamente
señalados, un campo de acción tan amplio y flexible como lo requiere el cumplimiento
de los cometidos estatales que directa o indirectamente se les ha encomendado.

Esa mayor autonomía y agilidad de la actuación de los sujetos que intervienen en la
contratación exige, correlativamente, un régimen de responsabilidad adecuado a esas
finalidades.

El tratamiento de la responsabilidad contractual en el estatuto vigente gira
fundamentalmente en torno de la conducta del servidor público y en relación con
hechos vinculados exclusivamente a la celebración del contrato (pretermisión de

3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin
haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños,
estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de
referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o
decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos.
4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes
ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.
5o. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será
del jefe o representante de la entidad estatal quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la
entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y
vigilancia de la misma.
6o. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de
contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.
7o. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones,
o por haber suministrado información falsa.
8o. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto contratado”.

8

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02453-01 (68433)
Demandante: Municipio de Medellín
Demandado: Denominación Misión Panamericana de Colombia
Referencia: Controversia contractual

requisitos o formalidades y contravención de prohibiciones artículos 13 y 290 Decreto
222 de 1983).

El proyecto introduce una modificación sustancial en la materia en cuanto que, en
primer término, contempla expresamente tanto la responsabilidad de las entidades
públicas (Art. 44), como la que se atribuye al servidor público, a los consultores,
interventores, asesores, particulares y a los consorcios (artículos 45, 48 y 49).

En segundo lugar, no restringe la fuente de la responsabilidad a situaciones irregulares
vinculadas a la celebración del contrato, puesto que la extiende, en general, a los
hechos u omisiones que se produzcan en desarrollo de la actuación contractual. Es
decir que el ámbito de la responsabilidad se amplía tanto por razón de los sujetos como
de sus fuentes, manteniendo, respecto de todas las personas diferentes de la entidad
pública, el criterio de la culpa grave o dolo como elemento esencial de su configuración.

De allí que, como se indicó al tratar genéricamente del principio de la responsabilidad,
diversas conductas del servidor público o de los demás sujetos que intervienen en la
contratación, son susceptibles de generar responsabilidad civil, penal o disciplinaria”.

23. Aunque la denominación descriptiva de “responsabilidad contractual” que ofrece el

artículo 50 citado puede prestarse para equívocos, la Sala aclarara que el citado
artículo refiere a la responsabilidad personal por la pretermisión de requisitos o
formalidades y contravención de prohibiciones, y para el caso específico del
contratista, por hechos u omisiones que habiendo sido cometidos con dolo o culpa
grave y con ocasión de su intervención en la contratación, causen un daño 19 y
supongan una infracción a las disposiciones del Estatuto General de la Contratación
Estatal y sus normas complementarias.

24. Se trata pues de un marco normativo de responsabilidad por infracción de la ley,

mas no por el incumplimiento de un contrato estatal, cuyas controversias se gobiernan
por las leyes procesales vigentes al momento de la reclamación judicial, en los
taxativos términos de la Ley 153 de 188720.

25. La Sala no desconoce que durante el tránsito de legislación entre lo dispuesto en

el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 y la entrada en vigencia de las modificaciones que
introdujo la Ley 446 de 1998 a las reglas que regulaban la caducidad de la acción en
el Código de Contencioso Administrativo (CCA), la jurisprudencia del Consejo de
Estado sostuvo que el término para el oportuno ejercicio del derecho de acción era

19 Exposición de motivos de la Ley 80 de 1993, Capítulo X. Responsabilidad contractual.
20
Sobre este particular, la Corte Constitucional en sentencia C-574 de 1998 explicó que “El artículo 55 de la ley
80 de 1993 reguló la prescripción de la acción civil por responsabilidad contractual contra las entidades estatales,
los servidores públicos, los contratistas, consultores, interventores y asesores externos por las conductas y
omisiones que les sean imputables en el proceso de contratación y que ocasionen perjuicios. Dicha acción, por
su naturaleza estrictamente civil, esto es, sustentada en normas de derecho privado, es diferente a las acciones
contractuales, fundadas en normas de derecho público a que se refiere el art. 87 del C.C.A, que tenían un término
de caducidad especial en la norma acusada”.

9

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02453-01 (68433)
Demandante: Municipio de Medellín
Demandado: Denominación Misión Panamericana de Colombia
Referencia: Controversia contractual

de 2 años, cuando la demanda se fundaba en hechos que se suscitaron en vigencia
de la primera norma pero con antelación a la segunda, y cuyas pretensiones se
dirigieran contra conductas jurídicas (hecho del príncipe) o no imputables a las partes
contratantes (hechos imprevisibles) y la validez de los actos jurídicos contractuales,
al tenor de la preceptiva consagrado en el artículo 136 del CCA, mientras que lo
relativo a conductas antijurídicas contractuales, resultaba aplicable el término de 20
años consagrado en el artículo 55 de la Ley 80 de 199321.

26. Posteriormente, salvo en lo relacionado con la nulidad del contrato, la Ley 446 de
1998 unificó el término de caducidad contractual en dos años, contados a partir de
distintos momentos según los supuestos que esa misma norma previó para estos
casos22 al modificar las normas del CCA, aspecto que se mantuvo posteriormente con
la expedición del CPACA, por lo que la regla jurisprudencial antes indicada, resulta
inaplicable a hechos suscitados con posterioridad a la vigencia de la Ley 446 de 1998.

Naturaleza de la controversia en el caso concreto

27. La Sala anticipa que la acción incoada es la de controversias contractuales,
comoquiera que todas las pretensiones expuestas en la demanda tienen sustento en
lo pactado por las partes bajo los contratos de comodato 70 del 30 de septiembre de
1991 y 54 del 20 de octubre de 1992, de modo que es el procedimiento ordinario
previsto en los artículos 141 del CPACA así como las reglas de caducidad allí
dispuestas y en el CCA las aplicables al caso sub judice, como se explicará, aun
cuando la eventual prosperidad de una de las pretensiones del demandante dé lugar
a la restitución del inmueble dado en comodato, que como se indicó, corresponde a
una obligación esencial a cargo del comodatario.

28. En este sentido, se observa que las pretensiones traídas a juicio por el demandante

son de la siguiente literalidad (se transcribe incluyendo posibles errores del texto
original):

“PRIMERA: DECLARAR la Terminación de los siguientes contratos de comodato:

A. Comodato No. 070 del 30 de septiembre de 1991, constituido sobre el bien fiscal, lote
de terreno ubicado en la calle 76 B entre carreras 84 y 85 A, el cual es de propiedad
del Municipio de Medellín según escritura pública No. 3375 de diciembre de 1977
Notaria 10 del Círculo de Medellín; y matricula inmobiliaria 5257729, donde funciona
el JARDÍN INFANTIL del COLEGIO DENOMINACIÓN MISIÓN PANAMERICANA

21 Esta posición estaba sustentada en que el texto original del CCA no regulaba en su totalidad todas las posibles

pretensiones que se podían originar con motivo de las controversias contractuales, aspecto que fue superado con
las modificaciones introducidas por la Ley 446 de 1998.
22 En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Sección Tercera

de esta Corporación: auto del 9 de marzo de 2000 (Exp. 17333), auto del 19 de febrero de 2004 (Exp. 24427),
sentencia del 4 de diciembre de 2006 (Exp. 15239), auto del 14 de agosto de 2013 (Exp. 45191), entre otras.

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-02453-01 (68433)
Demandante: Municipio de Medellín
Demandado: Denominación Misión Panamericana de Colombia
Referencia: Controversia contractual

COLOMBO SUECO, actualizada su nomenclatura por La Oficina de Catastro según
Resolución no. 8589 de 2008, siendo la dirección actual calle 78 B no. 84-41.

B. Comodato no. 054 del 20 de octubre de 1992 constituido sobre un bien fiscal lote de
terreno ubicado en la carrera 80 y 83 con calle 79 según escritura pública 1747 del 30
de septiembre de 1992 del Municipio de Medellín, matricula inmobiliaria 5257730,
donde funciona el COLEGIO DENOMINACIÓN MISIÓN PANAMERICANA
COLOMBO SUECO, actualizada su nomenclatura por La Oficina de Catastro según
Resolución no. 8589 de 2008, siendo la dirección actual cra 83 no. 78-30.

Los lotes descritos fueron desenglobados mediante escritura pública 2843 del 20 de
octubre de 2006 de la Notaria 21 del Círculo de Medellín.

SEGUNDA: ORDENAR que como consecuencia de la anterior declaración, al
representante legal de Denominación Misión Panamericana de Colombia a restituir los
bienes inmuebles fiscales entregados en comodato donde funciona el Colegio
Panamericano Colombo Sueco y su Jardín Infantil.

TERCERA: ORDENAR la práctica de la diligencia de entrega de los bienes a favor del
Municipio de Medellín, de conformidad con el artículo 337 del C de P C, comisionando al
funcionario responsable para efectuarla. (Inspector de Policía Urbana competente)

CUARTA: Que se DECLARE que el demandante no está obligado a indemnizar las
expensas necesarias referidas en el art. 965 del Código Civil por tratarse de mero tenedor
de los bienes inmuebles fiscales, y que se dé cumplimiento a la sentencia, en los términos
del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.

29. Del petitum del municipio actor se logra colegir que todas las pretensiones que trae

a juicio se insertan en los alcances de lo pactado con Denominación Misión
Panamericana de Colombia en los contratos 70 de 1991 y 54 de 1992; la primera
pretensión busca que se declaren terminados ambos contratos por extinción del plazo
en ellos pactado; la segunda y tercera, consecuenciales a la primera, procuran que
se hagan cumplir los efectos extintivos de aquel plazo contractual y por ende que se
obligue a Denominación Misión Panamericana de Colombia a devolver los inmuebles
por medio de diligencia judicial, como obligación expresa a cargo del comodatario a
la finalización del comodato; y, la cuarta pretensión, procura que se libere al municipio
de Medellín de las obligaciones de pagar las expensas de conservación de los
inmuebles según lo pactado en los negocio jurídicos.

30. Con este panorama, resulta indiscutible que el reclamo traído a juicio por el actor
es una auténtica controversia contractual, dado que su fuente, sus alcances y las
declaraciones perseguidas tienen su fundamento en las obligaciones derivadas de los
negocios jurídicos, sin que el eventual resultado restitutivo de los bienes fundante de
la segunda y tercera pretensión, de carácter consecuencial, desconozca la naturaleza
del pleito como pretende hacer ver el censor en sede de apelación, en tanto resulta
evidente que sus pretensiones buscan hacer valer los efectos jurídicos convenidos

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-02453-01 (68433)
Demandante: Municipio de Medellín
Demandado: Denominación Misión Panamericana de Colombia
Referencia: Controversia contractual

en los contratos que motivan la controversia.

31. Además, la naturaleza de imprescriptible, inalienable e inembargable que
caracteriza los bienes públicos (artículos 63, 72, 75 constitucionales y 674, 2518, 2519
del Código Civil) aducida por el apelante, guarda relación con los principios y valores
de la prevalencia del interés general y en este sentido, buscan impedir que aquellos
bienes integrantes patrimonio del Estado, la Unión, la Nación, o simplemente la
colectividad, no puedan ser objeto de adquisición del dominio bajo ninguno de los
modos que el ordenamiento jurídico prevé23, circunstancia ajena al objeto y al ámbito
de decisión en el presente proceso, que concierne exclusivamente a definir la
responsabilidad contractual del comodatario, y que no desdice ni desconoce la
imperatividad de las normas procesales de orden público y obligatorio cumplimiento
como las que determinan los plazos preclusivos de acceso a la jurisdicción, mismas
que se aplican en función del principio de seguridad jurídica tendiente a garantizar la
normalidad del tráfico jurídico entre los sujetos de derecho.

32. En consecuencia, los argumentos del apelante que indicaban una controversia
especial con un trámite diferenciado y especial reglado por normas de oportunidad
distintas a las dispuestas en el CCA y el CPACA resultan infundados, pues como en
la demanda se pretende declarar terminados los contratos celebrados entre las partes
del proceso, definir la inexistencia de pagar expensas a cargo de la entidad
comodante y ordenar al comodatario la restitución de los predios entregados, cuya
exigibilidad tiene origen en los aludidos negocios jurídico, la Sala concluye que el
medio de control corresponde al de controversias contractuales.

33. Adicionalmente, la Sala advierte que los hechos que suscitan la controversia son
posteriores a la vigencia de la Ley 446 de 1998, por cuanto la terminación del contrato,
la obligación de restituir en los términos y el eventual pago de expensas por
conservación conforme a lo indicado en la demanda y lo acordado en los negocios
jurídicos, datan de los años 2011 y 2012, cuando venció el plazo de 20 años acordado
bajo los contratos 70 del 30 de septiembre de 1991 y 54 del 20 de octubre de 1992,
respectivamente; en esa medida, en el caso concreto tampoco resultan aplicables las
reglas previstas por la jurisprudencia de esta Corporación para el tránsito de
legislación entre lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 y la entrada en
vigencia de las modificaciones que introdujo la Ley 446 de 1998.

El cómputo de la oportunidad de la demanda en el caso concreto

34. En concordancia con la definida naturaleza del pleito en función de las
23 Cfr. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/SALA DE CASACIÓN Y SERVICIO CIVIL/ Magistrado ponente:
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE/ SC3793-2021/RADICACIÓN 15455318900120110002501/ Bogotá D.C.
primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

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Referencia: Controversia contractual

pretensiones de la demanda, el cauce procesal que gobierna el asunto es el definido
en el CPACA para el medio de control de controversias contractuales (artículo 14124)
y las reglas de oportunidad de la demanda son las contenidas en su artículo 164 y las
previstas en el artículo 136 del CCA, dependiendo de la vigencia de las normas antes
indicadas para el momento en que el término de caducidad hubiese empezado a
correr, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

35. Como se indicó, la terminación del contrato de comodato 070 del 30 de septiembre

de 1991 por vencimiento del plazo ocurrió el 30 de septiembre de 2011, mientras que
en el contrato 054 del 20 de octubre de 1992 el plazo venció el día 20 de octubre de
2012, momentos en que además se hizo exigible la obligación del comodatario de
restituir el bien objeto del comodato y la del comodante de recibirlo. Por tanto, el plazo
contractual del primer negocio jurídico venció cuando aún se encontraba vigente el
artículo 136 del CCA subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, en cuyo
numeral 10, literal b), se estableció que las acciones relativas a los contratos que no
requieren liquidación, como los objeto de estudio, debían ser interpuestas a más
tardar dentro de los dos (2) años contabilizados desde la terminación del contrato por
cualquier causa. En lo que refiere al contrato 054 del 20 de octubre de 1992, el plazo
feneció el 20 de octubre de 2012, y, por lo tanto, le es aplicable el literal j) - ii del
numeral 2° del artículo 164 del CPACA, norma que en cualquier caso reiteró el término
de caducidad de dos (2) años, contados en los contratos “que no requieran de
liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier
causa”.

36. Visto lo anterior, como el contrato de comodato 070 del 30 de septiembre de 1991

terminó por vencimiento del plazo pactado el 30 de septiembre de 2011, la demanda
debía ser interpuesta, para considerarse oportuna, a más tardar el 1 de octubre de
2013 conforme a lo establecido en el artículo 136 del CCA; en lo referente al contrato
054 del 20 de octubre de 1992, como su plazo venció el día 20 de octubre de 2012,
el término para la presentación de la demanda se extendió hasta el 21 de octubre de
2014 en los términos del artículo 164 del CPACA; no obstante, según se evidencia en
el expediente, la demanda fue presentada el 5 de agosto de 2015, momento para el
cual ya había operado la caducidad respecto de ambos negocios jurídicos, aun sin
tener en cuenta el trámite de conciliación extrajudicial que en el presente caso no se
agotó, al no ser obligatorio en los términos del inciso segundo del artículo 613 del
CGP, comoquiera que es una entidad pública la parte demandante.

24
“Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su
existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de
los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan
otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando
esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los
dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del
término establecido por la ley”.

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Demandante: Municipio de Medellín
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37.En consecuencia, sin existir ningún otro argumento de disenso que permita a la
Sala evaluar la decisión del Tribunal de Administrativo de Antioquia que declaró la
caducidad de la acción, la Sala la confirmará.

Costas

38. En consideración a que este proceso se rige por el artículo 188 del CPACA, en

armonía con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en
costas a la parte actora en la medida en que se confirmará la sentencia de primera
instancia y en tanto dicha condena no requiere de la apreciación o calificación de una
conducta temeraria, sino de la verificación objetiva de quién resultó vencido, conforme
con el numeral 1 Ídem.

39. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone
el artículo 366 del Código General del Proceso.

40. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que estas se regirán

por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
vigente para la fecha en que se presentó la demanda25. De conformidad con su
artículo tercero, en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos,
debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión
realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y demás
circunstancias relevantes.

41. En este caso, la Sala advierte que, la demandante no fue condenada a pagar por

agencias en derecho en primera instancia, suerte que no corrió en esta instancia en
la que todos los cargos alegados en la apelación resultaron infundados.

42. En lo que tiene que ver con el valor de las agencias en derecho en segunda

instancia, éstas pueden ser hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia, dependiendo de la gestión procesal ejecutada por el
apoderado de la parte, según disponen los artículos 3 y 6 del aludido Acuerdo. En
este caso existió gestión procesal del apoderado de la demandada en esta instancia
y en tal virtud, las agencias en derecho se fijan en diez millones ochocientos
veintinueve mil cuatrocientos cuarenta pesos ($10’829.440), teniendo en cuenta la

25 Que fija, en su numeral 3.3.1. que las agencias de derecho podrán ser fijadas en hasta el 5% de las pretensiones

reconocidas o negadas en la sentencia. Este Acuerdo es aplicable a este caso pese a la derogatoria que hizo de
él el Acuerdo 10554 de 2016 que fue expedido con ocasión de la entrada en vigencia del CGP. El Acuerdo 10554
estableció en su artículo 7º que “se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los
comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los
contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003”.

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Referencia: Controversia contractual

relación porcentual del 1% del valor de las pretensiones económicas del
demandante26.

III. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de marzo de 2022 dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que declaró la caducidad de la acción.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandada y FIJAR como agencias
en derecho a favor de la parte demandada, la suma de DIEZ MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
($10’829.440) M/cte. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal
a quo.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
(aclaración de voto) (salvamento de voto)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento
en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al
aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que,
con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el
sistema SAMAI.

26 La cuantía se fijó en $1.082’944.000, valor de la sumatoria del avalúo catastral de los inmuebles entregados en

comodato, folio 34 c. 1.

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