Ficha de la providencia
Sentencia SC3793-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil
Ficha de la providencia
Sentencia SC3793-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil
Sentencia SC3793-2021
Magistrado ponente: Octavio Augusto Tejeiro Duque
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC3793-2021
Radicación nº 15455 31 89 001 2011 00025 01
Aprobada en sala de veintiséis de noviembre de dos mil veinte.
Bogotá, D.C. primero (1º) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 16 de diciembre de 2015, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso de pertenencia de Parroquia San Joaquín de Miraflores contra personas indeterminadas.
I. ANTECEDENTES
1.- La accionante pidió declarar que adquirió por prescripción extraordinaria tres inmuebles urbanos, junto con las edificaciones en ellos construidas, ubicados en el municipio de Miraflores - Boyacá, en su orden, en la Calle 3 Nros. 6-53 y 7-10-25; Calle 4 Nro. 12-79 y en la Calle 3 Nro. 2-175-185.
2.- La causa petendi se sintetiza así:
Desde hace más de 100 años y hasta la fecha de presentación de la demanda, la Parroquia de San Juan de Miraflores, a través de sus diferentes párrocos, ha ejercido posesión sobre los mencionados inmuebles, de manera quieta, pacífica, pública, real y efectiva, en forma permanente, sin interrupción, violencia, ni clandestinidad, y con la explotación económica del suelo.
El primero y el tercero, en las labores propias de los servicios religiosos, mantenimiento y arreglo del templo y de sus instalaciones adyacentes, y el segundo, en las actividades del cementerio, incluyendo «construcción de bóvedas, venta y arriendo de lotes y bóvedas para la inhumación de restos humanos, construyendo mejoras, pagando servicios públicos, y todas aquellas actividades tendientes a mantener y conservar el inmueble como también pago de impuestos».
Según lo indica el Registrador de Instrumentos Públicos de Miraflores no hay titulares de derechos reales inscritos sobre los predios, por lo que la demanda se dirige contra personas indeterminadas (fls. 31 – 36, c.1).
3.- Admitida la demanda y cumplido el emplazamiento a personas indeterminadas, acudieron al juicio:
3.1.- El Municipio de Miraflores, se opuso a las pretensiones y como excepción de fondo alegó: «los bienes que pretende usucapir la parte actora son bienes fiscales [adjudicables], específicamente bienes baldíos y por tanto son inalienables, imprescriptibles e inembargables (…) son de propiedad de la Nación y no pueden ser adquiridos a través de la prescripción» (fls. 47 – 53, c.1).
3.2.- El personero del Municipio de Miraflores, en representación de los intereses de la comunidad, se opuso a las pretensiones, aduciendo que los bienes pretendidos son imprescriptibles, y excepcionó «Temeridad y mala fe», «Pleito pendiente», «Falta de causa por activa», y la «Genérica». (fls.162- 167, c.1).
3.3.- El apoderado judicial de un grupo de 155 personas y de las Juntas de Acción Comunal de la Vereda Miraflores y del Barrio Santa Bárbara, se opuso y como excepciones de mérito, alegó: «Imprescriptibilidad de los bienes donde se localizan la iglesia principal de Miraflores, el cementerio municipal y la capilla de Santa Bárbara»; los inmuebles pretendidos «ostentan la calidad de bienes baldíos y son por tanto de propiedad del Municipio de Miraflores»; «Imposibilidad de prescribir predios sobre los cuales se ha reconocido el dominio y propiedad a otra persona o entidad»; «Ausencia de posesión sobre los bienes por parte de la parroquia San Joaquín de Miraflores y existencia únicamente de ocupación de predios baldíos de propiedad del Municipio de Miraflores»; «Confesión por parte del demandante de no detentar la posesión por haber efectuado venta de lotes y bóvedas en el cementerio»; «Imprescriptibilidad», dada la declaratoria de dichos bienes como «patrimonio urbano cultural, arquitectónico e histórico de Miraflores»; «Imprescriptibilidad del cementerio (…) por estar fuera del comercio humano»; de llegar a concederse lo pretendido, se vulneraría «el derecho fundamental de todos los ciudadanos de Miraflores a la libertad de cultos y el derecho fundamental de conservar el objeto material depositario de su evocación simbólica con sus muertos y el culto», así como «el derecho fundamental de todos los ciudadanos de Miraflores a la libertad de cultos» y «a lo contemplado en el artículo 17 de la ley 133 de 1994»; «Ausencia de tenencia de los bienes a usucapir con ánimo de señor y dueño por parte de la Parroquia San Joaquín de Miraflores», y la «Genérica». (fls. 468-546, c.2).
3.4.- El curador ad litem de las personas indeterminadas manifestó atenerse a lo que resulte probado. (fl. 934- 935, ib.).
4.- El Juzgado de primera instancia declaró imprósperas las excepciones alegadas por los intervinientes y accedió a todas las súplicas de la demanda (fls. 1450 a 1486, c. 3).
5.- Al resolver la alzada interpuesta por el Personero de Miraflores, el Tribunal reformó la sentencia impugnada, en el sentido de negar las pretensiones frente al predio del cementerio y confirmarla en todo lo demás (fls. 26- 49, c. 6).
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
Por encontrar reunidos los elementos necesarios para que prosperen las pretensiones frente a los predios donde se encuentran el templo parroquial y la Capilla de Santa Bárbara, se confirma la decisión de acceder a la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio sobre ellos.
En relación con el ubicado en la calle 4 N° 12-79, donde está situado el cementerio, con la prueba testimonial se probó el primer requisito para usucapir, es decir, la posesión ejercida por la demandante. También se cumple el consistente en la identidad de la cosa objeto de prescripción, acreditado con la diligencia de inspección judicial y el dictamen pericial. En cuanto a la prescriptibilidad de ese bien, se tiene:
Una reseña de normas jurídicas desde la Ley 15 de 1853, deja ver cómo en un comienzo el cementerio que era un asunto religioso comienza a tomar otras direcciones y se ubica en la planeación de las ciudades y la salud pública. Por la importancia que reviste ese lugar en el desarrollo de los centros urbanos, está permeado por las lógicas político-administrativas que regulan todos los equipamientos colectivos, ejemplo de ello es la Ley 9° de 1979 por medio de la cual se dictan las disposiciones sanitarias para el aseguramiento del bienestar y la salud humana, que consagra los parámetros de la licencia de funcionamiento de un cementerio.
Se trata de un «espacio público que debe ser destinado al uso público», conforme al artículo 1° de la Constitución Política, que establece que Colombia es un Estado Social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas y en la prevalencia del interés general; en consonancia el artículo 82 ibídem, conforme al cual es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, a fin de asegurar el acceso de todas las personas, al disfrute y utilización de los espacios públicos.
El artículo 5 de la Ley 9° de 1989, amplió la definición de espacio público, como «el conjunto de inmuebles y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por los límites de los intereses individuales de los habitantes», se colige que la vocación de los bienes de uso público es la utilización y el disfrute colectivo en forma libre, de ahí se deriva su carácter inalienable, imprescriptible e inembargable que el artículo 63 de la Constitución les otorga.
En este caso, con los testimonios se probó que el camposanto de Miraflores está destinado a «la inhumación de cadáveres, que constituye un uso público, al respecto el artículo 2 de la Resolución 1447 de 2009, dispone: “cementerio: Lugar destinado para recibir y alojar los cadáveres, restos y órganos y/o partes humanas, ya sea en bóvedas, sepulturas o tumba, osarios y cenizarios es un espacio para que la comunidad rinda homenaje a la memoria de los seres queridos”».
Igualmente, aunque se demostró que el demandante como administrador, ha dispuesto el alquiler y venta de derechos, «no es menos cierto que se trata de un bien de uso público, habida cuenta que es el único cementerio que existe en el lugar y no puede entregarse a un particular, por ser imprescriptible, inalienable e inembargable, de acuerdo a las definiciones previamente relacionadas».
El acto por el que se concede a una persona una parcela para que levante allí un sepulcro, no es sino una concesión regida por el derecho administrativo, en consecuencia, se encuentran fuera del comercio en virtud de su destino a un servicio público y no son susceptibles de relaciones y situaciones jurídicas del derecho privado.
En conclusión, como el predio donde está situado el cementerio es imprescriptible, se reformará el numeral segundo de la providencia atacada, en el sentido de negar las pretensiones frente a éste.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Con soporte en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, que corresponde al ordinal 1° del artículo 336 del Código General del Proceso, en un solo cargo se acusó la sentencia de ser directamente violatoria, por falta de aplicación, de los artículos 672, 676, 762, 2518, 2531, 2532, 2534 del Código Civil, así corno del numeral 1° del 407 del Código de Procedimiento Civil, en vigor cuando se presentó la demanda (hoy ord. 10 art. 375 C. G. P.); infringir el artículo XXVII del artículo 1° de la Ley 20 de 1974, los artículos 6° literal C, ordinales 2 y 3 y el artículo 17, incluyendo el parágrafo, de la ley 133 de 1994 y quebrantar, por interpretación indebida, los artículos 537, 538 y 539 de la Ley 9 de 1979; 5° de la Ley 9 de 1989; 1°, 63 y 82 de la Constitución Política.
En sustento, se expuso:
deducir, como desacertadamente lo infiere el Tribunal, que en el régimen colombiano es inadmisible la apropiación privada de los cementerios porque son bienes de uso público y, por ende, están fuera del comercio. En el ordenamiento patrio, es posible que los particulares, con mayor razón si se trata de Iglesias o confesiones religiosas, puedan adquirir, fundar o transmitir derechos reales sobre los camposantos.
Del texto del artículo 672 del Código Civil se colige, de una parte, que desde la promulgación del Código le es permitido a los particulares fundar en terrenos de su propiedad capillas y cementerios; de otra, que su uso y goce es transferible a terceros sin reticencias de ninguna especie; y, que una vez erigidas, esas construcciones pueden transmitirse a quienes adquieran los predios en las que se hallan por causa de muerte o por un acto entre vivos, por lo que no hay forma de inferir que están fuera del comercio o que su propiedad pasa ulteriormente al Estado o que, dado su original carácter, su uso particular se trueque en un uso público.
De otro lado, la Ley 20 de 1974, aprobatoria del concordato con la Santa Sede, prescribe en el artículo XXVII, de su artículo 10, que «El Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que estarán sometidos a la vigilancia oficial en lo referente a higiene y orden público» (…) «En los cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia podrá ejercer su ministerio en la inhumación de los católicos»; ese precepto reconoce a la Iglesia el derecho a poseer y administrar sus propios cementerios, supeditada a las reglamentaciones sanitarias. No puede predicarse que, una vez adaptado un predio para tal fin dado el servicio público que le es inherente, pierda su carácter de bien privado, pues la afectación de esos bienes a la prestación de ese servicio público no implica su expropiación ipso iure o el abandono del animus dominical.
Igualmente, se desconoció el artículo 6° de la Ley 133 de 1994 que regula la libertad religiosa y de cultos, así como su artículo 17, a tono con el cual, «En todos los municipios del país existirá un cementerio dependiente de la autoridad civil. Las autoridades municipales adoptarán las medidas necesarias para cumplir con este precepto en las localidades que carezcan de un cementerio civil, dentro del año siguiente a la fecha de promulgación de la presente Ley». Y agrega en su parágrafo, «En los municipios donde exista un solo cementerio y este dependa de una Iglesia o confesión religiosa, ella separará un lugar para dar digna sepultura en las mismas condiciones que los cementerios dependientes de la autoridad civil, hasta tanto se de cumplimiento a lo dispuesto en la primera parte de este artículo».
Se colige que nuestro ordenamiento distingue entre los cementerios públicos y los privados. Los primeros, pueden concebirse, en línea de principio, como bienes de dominio público adscritos a un servicio público, mientras los segundos son aquellos cuyo titular es una persona jurídica de Derecho privado. Entre estos últimos se cuentan los cementerios de las confesiones religiosas, los cuales, además de obedecer al libre ejercicio de cultos, implican una manifestación del derecho de propiedad.
Otro desatino en que incurrió el fallador al denegar la usucapión, estribó en considerar que por ser el predio pretendido el único cementerio de la localidad era un bien de uso público imprescriptible e inembargable, sin tener en cuenta que el incumplimiento del término concedido en el artículo 17 de la Ley 133 de 1994 por parte del municipio, no puede despuntar en el cercenamiento de los derechos reconocidos a la Iglesia, ni mucho menos en un acto de expropiación de lo adquirido por prescripción.
Tampoco es acertado aseverar que el uso común de un bien por los habitantes de un lugar convierta, fatal e irremediablemente, un predio privado en un bien público. Al respecto es oportuno distinguir entre los bienes públicos de uso público de aquellos bienes privados que sus propietarios permiten usar a una determinada colectividad.
De conformidad con el artículo 674 del Código Civil, los bienes de la «Unión» pueden ser 1) los de uso público, como las calles, plazas, puentes y caminos; y, 2) los denominados fiscales, es decir, aquellos que no están afectados a la prestación de un servicio público, pero forman parte del patrimonio estatal por mandato constitucional, o porque han
sido adquiridos por las entidades territoriales o de derecho público, con el ánimo de atender las finalidades que les corresponden. En este caso, su uso es restringido comoquiera que no corresponde a la comunidad.
No es dable concluir que cuando un particular dispone que un bien suyo pueda ser usado limitadamente por algún sector de la colectividad, bajo su administración, custodia, conservación, aquel se convierta ipso facto, en un bien de uso público, pues lo que dispone de manera tajante el artículo 676 del Código Civil, es lo contrario, esto es que esos no son bienes «de la Unión». Los bienes de los particulares que prestan un servicio público no pasan al dominio público, son suyos, no puede decirse que por ese mero hecho se tornan imprescriptibles.
La Ley 9 de 1979, por medio de la cual se adoptaron algunas medidas sanitarias, en ninguna de sus reglas alude a que, si se trata de un camposanto operado por un particular, los bienes afectados a la prestación de ese servicio pasen a ser del Estado. Esos preceptos regulan lo relativo a la prestación del servicio, pero no modifican la naturaleza jurídica de los bienes muebles e inmuebles de los que se valga el particular que lo preste.
Vulneró, igualmente el sentenciador, por errónea interpretación, los artículos 82 de la Constitución y 5° de la Ley 9 de 1989, relativos a la protección del espacio público, porque entendió, de un lado, que ese concepto alude a los bienes de uso público; y, de otro, que los bienes que conforman el espacio público son todos públicos.
Esas inferencias son desacertadas, en primer lugar, porque el concepto de espacio público atiende a criterios urbanísticos y políticos que lo tornan polisémico y ha venido cambiando con el tiempo para atender nuevas y crecientes necesidades mediante «equipamientos civiles» que comprenden institutos de enseñanza, bibliotecas, parques, teatros, cafés, centros comerciales. No obstante, esos bienes y elementos arquitectónicos, aun cuando integrantes del espacio público, no pueden entenderse como bienes públicos, pues es evidente, como de manera inequívoca lo señalan distintas normas del ordenamiento, que elementos de propiedad privada, sin perder nunca esa condición, integran por igual, junto con bienes públicos, ese espacio.
A tono con el artículo 5° de la Ley 9 de 1989, el espacio público se conforma por igual con bienes públicos y elementos arquitectónicos privados, sin que por ello pierdan su condición, lo que se refuerza con el artículo 3° del Decreto 1504 de 1998, y ninguno de esos preceptos prescribe que todos los bienes y elementos urbanísticos que conformen el espacio público sean bienes públicos y, menos aún, que tengan la condición de imprescriptibles, inembargables e inalienables.
El desacierto jurídico emerge de inferir que todos los cementerios son bienes de uso público y de allí la imprescriptibilidad de uno de los bienes pretendido por la demandante. Por el contrario, conforme a las normas examinadas, le es dado a un particular fundar cementerios en predios de su propiedad, sin perder esta condición, con mayor razón si se trata de la Iglesia Católica.
Si el fallador no hubiese incurrido en tal yerro jurídico, habría concedido la usucapión respecto del inmueble que corresponde a un cementerio de la Parroquia, toda vez que asentó de manera expresa que se hallaban reunidos todos los requisitos necesarios para hacer obrar la prescripción adquisitiva, exceptuando el relativo a que estuviese en el comercio y fuese susceptible de ser adquirido por ese modo.
IV. CONSIDERACIONES
1.- Este recurso se rige por el Código General del Proceso dado que fue interpuesto después del 1° de enero de 2016, cuando éste entró a regir en pleno (arts. 624 y 625, núm. 5º), según lo dispuesto en el Acuerdo PSAA15-10392 de 2015, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Además, conforme a lo acontecido en el curso de las instancias ordinarias, el objeto de estudio se circunscribirá a la negativa de las aspiraciones de la accionante frente a uno de los predios, como quiera que lo concedido respecto de los otros dos resulta por fuera de discusión en esta sede.
2.- El análisis del cargo permitirá concluir que los inmuebles destinados como cementerios pueden ser de propiedad privada cuando se construyen en suelo propio al no existir ningún fundamento jurídico para deducir lo contrario, sin embargo, si una edificación de esa naturaleza se erige en un terreno ajeno, la viabilidad de su adquisición por el modo de prescripción precisa determinar si aquel es de carácter público o privado, pues en el primer evento el carácter imprescriptible es incuestionable conforme a normas de orden constitucional y legal que así lo imponen.
3.- De los bienes imprescriptibles.
Requisitos sine qua non de la prosperidad de la prescripción adquisitiva de dominio atañe, precisamente, a que el bien sobre el cual recae sea susceptible de adquirir por ese modo, es decir, que no sea imprescriptible, carácter que en el ordenamiento jurídico colombiano solo puede devenir de un precepto constitucional o legal.
El artículo 2518 del Código Civil, señala que «[s]e gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído con las condiciones legales”, y conforme al canon 63 de la Carta Política, «[l]os bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables». Igualmente, al tenor de los artículos 72 y 75 ibidem, también tienen el carácter de imprescriptibles «el patrimonio cultural de la Nación», «el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional», así como «el espectro electromagnético».
En suma, los bienes imprescriptibles son los mencionados en la Constitución y aquellos que determine el legislador en uso de su potestad, como lo ha hecho, verbi gratia, en el artículo 2519 del Código Civil que dispone, «[L]os bienes de uso público no se prescriben en ningún caso»; en el numeral 4 del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual «[l]a declaración de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público» y en la Ley 1183 de 2008 «Por medio de la cual se asignan unas funciones a los Notarios», en cuyo artículo 17 corregido por el 1° del Decreto 1604 de 2017, dispuso que «[n]o podrán ser objeto de posesión ni prescripción los bienes de uso público, ni los fiscales, ni los parques naturales, ni los que se encuentren dentro de las reservas forestales, ecológicas o en zonas no urbanizables, ni los que pertenezcan a las comunidades indígenas o negritudes señalados por la Constitución Política y en general los que la ley declara como imprescriptibles (…)».
Desde esta perspectiva, es claro que la imprescriptibilidad de los bienes inmuebles es una connotación que solo puede ser atribuida por la Constitución y la ley, y guarda relación con la naturaleza jurídica de aquellos; la preservación de caros principios y valores relacionados con la prevalencia del interés general sobre el particular, la defensa del patrimonio y del interés público, la salvaguarda del derecho colectivo al medio ambiente, la protección de suelos reconocidos como propiedad ancestral de grupos étnicos o de comunidades especialmente protegidas, etc.
Entonces, al existir reserva constitucional y legal frente a la definición de los bienes que no pueden ser adquiridos por el modo de la prescripción, la interpretación judicial en esa materia está restringida a casos que realmente resulten oscuros o susciten duda mirados desde la posible inclusión del bien reclamado en uno de los casos exceptuados.
4.- Imprescriptibilidad de los bienes de uso público, fiscales y baldíos.
4.1.- Establecer el alcance de los artículos 63 de la Constitución y 2519 del Código Civil que declaran imprescriptibles «los bienes de uso público», exige tener claridad acerca del concepto y características de los denominados bienes de dominio público.
Punto de partida para ese efecto, es el artículo 102 de la Carta Política, a cuyo tenor: «El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la nación», así como la clasificación efectuada en el artículo 674 del Código Civil, conforme al cual, el uso de los denominados «bienes de la Unión», pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes «de uso público o bienes públicos del territorio» y si uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman «bienes fiscales».
Como puede apreciarse, tanto los bienes de uso público como los fiscales hacen parte del patrimonio del Estado, y se diferencian, en esencia, por su destinación y régimen, en la medida que los primeros están a disposición de toda la comunidad, son inalienables, imprescriptibles e inembargables y se rigen por el derecho público, mientras los segundos no están al servicio de la comunidad, pueden utilizarse para realizar los fines del Estado, y su titular los administra como si fuera un particular; pero tienen en común que unos y otros están destinados al cumplimiento de los fines del Estado.
Sobre el alcance del artículo 102 de la Carta Política, la Corte Constitucional en C-255 de 2012, acotó que esa norma se proyecta en dos dimensiones:
De un lado, es un reconocimiento genérico del concepto tradicional de “dominio eminente”, como expresión de la soberanía del Estado y de su capacidad para regular el derecho de propiedad -público y privado- e imponer las cargas y restricciones que considere necesarias para el cumplimiento de sus fines, naturalmente dentro de los límites que la propia Constitución ha impuesto.
De otro lado, consagra el derecho de propiedad sobre los bienes públicos que forman parte del territorio, lo cual es “expresión de una característica patrimonial específica que se radica en cabeza de la persona jurídica de derecho público por excelencia en nuestro ordenamiento constitucional como es la Nación”. Desde esta perspectiva, la jurisprudencia ha explicado, según los lineamientos de la legislación civil, que la denominación genérica adoptada en el artículo 102 de la Carta Política comprende (i) los bienes de uso público y (ii) los bienes fiscales.
Particularmente, frente a los bienes de uso público, en CSJ SC1727-2016, la Sala precisó que en la actualidad, su definición,
(…) va más allá de la tradicional clasificación que se hacía de las cosas a partir de la titularidad que el Estado o los particulares ejercen sobre ellas, para incluir también elementos que conciernen a la afectación o destinación de los bienes según las necesidades y fines del Estado Social de Derecho y de la función social que cumple la propiedad. A tal respecto, la Corte Constitucional explica:
Existe un tercer grupo de propiedad, normalmente estatal y excepcionalmente privada, que se distingue no por su titularidad sino por su afectación al dominio público, por motivos de interés general (art. 1º C.P.), relacionados con la riqueza cultural nacional, el uso público y el espacio público.
Los bienes que deben comprenderse en el dominio público se determinan no sólo por las leyes que califican una cosa o un bien como de dominio público; además es necesario que concurra el elemento del destino o de la afectación del bien a una finalidad pública; es decir, a un uso o a un servicio público o al fomento de la riqueza nacional, variedades de la afectación que, a su vez, determinan la clasificación de los bienes de dominio público. (Sentencia T-292 de 1993)
Los bienes públicos (de propiedad pública, fiscales, de uso público o afectados a uso público), están desligados del derecho que rige la propiedad privada, y en cuanto tales comparten la peculiaridad de que son inembargables, imprescriptibles e inalienables. (Subraya intencional).
4.2.- Inicialmente el Código Civil solo le confirió carácter de imprescriptibles a los bienes de uso público (art. 2519) no obstante, esa misma característica respecto de los bienes fiscales fue introducida por el artículo 413 del Decreto 1400 de 1970 o Código de Procedimiento Civil, numeral 4°: «[n]o procede la declaración de pertenencia si antes de consumarse la prescripción estaba en curso un proceso de división del bien común, ni respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público» (Subraya intencional).
La avenencia de dicha norma con el marco constitucional fue revisada por esta Corporación en sentencias de 6 de mayo y 16 de noviembre de 1978, última en la que se concluyó, que los bienes de uso público y bienes fiscales conforman el dominio público, pertenecen al patrimonio del Estado y se diferencian en cuanto a su destinación y régimen, en tanto, unos y otros «tienen objetivos idénticos, en función de servicio público, concepto equivalente pero no igual al de ‘función social’, que se refiere exclusivamente al dominio privado»; así mismo, la Corte estimó que si ambas clases de bienes tienen un régimen de derecho público, aunque tengan modos especiales de administración no se ve por qué «estén unos amparados con el privilegio estatal de imprescriptibilidad y otros no, siendo unos mismos su dueño e igual su destinación final, que es el del servicio de los habitantes del país. Su afectación, así no sea inmediata sino potencial al servicio público, debe excluirse de la acción de pertenencia, para hacer prevalecer el interés público o social sobre el particular”.
Posteriormente, con ocasión de las modificaciones introducidas a ese estatuto por el Decreto 2282 de 1989, (num. 210, art. 1°), la declaración de pertenencia pasó al artículo 407 y en su numeral 4° se plasmó que aquella «no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público». La Corte Constitucional en C-530 de 1996 declaró exequible ese segmento de la norma, en síntesis, porque, si los bienes fiscales en general están destinados a garantizar la prestación de los servicios públicos y le pertenecen a la comunidad, merecen un tratamiento especial que los proteja, de manera que no se quebranta la igualdad, porque «quien posee un bien fiscal, sin ser su dueño, no está en la misma situación en que estaría si el bien fuera de propiedad de un particular. En el primer caso su interés particular se enfrenta a los intereses generales, a los intereses de la comunidad; en el segundo, el conflicto de intereses se da entre dos particulares».
Esta Sala en SC 12 feb. 2001, exp. 5597, reiterada en SC 31 jul. 2002, exp. 5812, puntualizó,
(…) hoy en día, los bienes que pertenecen al patrimonio de las entidades de derecho público no pueden ganarse por el modo de la prescripción adquisitiva de dominio, no porque estén fuera del comercio o sean inalienables, como si ocurre con los de uso público, sino porque la norma citada (art. 407 del C. de P.C., se agrega) niega esa tutela jurídica, por ser ‘propiedad de las entidades de derecho público’, como en efecto el mismo artículo lo distingue (ordinal 4°), sin duda alguna guiado por razones de alto contenido moral, colocando así un dique de protección al patrimonio del Estado, que por negligencia de los funcionarios encargados de la salvaguardia, estaba siendo esquilmado, a través de fraudulentos procesos de pertenencia.
4.3.- El artículo 675 del Código Civil al referirse a los baldíos dispone que «[s]on bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño», siendo aquellos catalogados como «fiscales adjudicables», dado que «la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley» (C-595/95).
El atributo de su imprescriptibilidad deviene de normas como el artículo 3º de la Ley 48 de 1882, conforme al cual, «Las tierras baldías se reputan bienes de uso público, y su propiedad no se prescribe contra la Nación, en ningún caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2519 del Código Civil»; el 61 de la Ley 110 de 1912 -Código Fiscal-, a cuyo tenor, «El dominio de los baldíos no puede adquirirse por prescripción», y del canon 65 de la Ley 160 de 1994, «La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las entidades públicas en las que delegue esta facultad. Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa», preceptos normativos cuya exequibilidad fue declarada por la Corte Constitucional en C-595 de 1995.
Es claro, entonces, que los terrenos baldíos, a diferencia de lo que ocurre en general con los inmuebles de propiedad de los particulares, no pueden adquirirse por prescripción, sino por la ocupación y posterior adjudicación al ocupante, siempre que se satisfagan los requisitos establecidos en la ley.
Por lo que atañe a la situación de los inmuebles que carecen de antecedentes registrales pretendidos en usucapión, la Sala en sede constitucional, en STC12570-2019, reiterada, entre otras, en STC3003-2020, precisó, que
(…) el mismo sistema jurídico ha reconocido la existencia de dos presunciones, una de bien privado y otra de bien baldío, que pareciesen generar un conflicto normativo. No obstante, cuando se analizan de forma sistemática permiten entrever la interpretación adecuada ante la cual debe ceder nuestro sistema jurídico.
En tal sentido, los artículos 1 y 2 de la Ley 200 de 1936 no entran en contradicción directa con las referidas normas del Código Civil, el Código Fiscal, el Código General del Proceso, la Ley 160 de 1994 y la Constitución Nacional, ya que al leerse en conjunto se descubre que el conflicto entre estas es apenas aparente. Lo anterior, debido a que la presunción de bien privado se da ante la explotación económica que realiza un poseedor, y, como se observó, en lo que se refiere a los bienes baldíos no se puede generar la figura de la posesión sino de la mera ocupación.
Por lo anterior, no se puede concluir que una norma implique la derogatoria de la otra o su inaplicación, sino que se debe comprender que regulan situaciones jurídicas diferentes y que deben ser usadas por el operador jurídico según el caso. Es por ello que el legislador, de forma adecuada, previó cualquiera de estas situaciones en el Código General del Proceso, brindándole al juez que conoce del proceso de pertenencia las herramientas interpretativas para resolver el aparente conflicto normativo, así como las herramientas probatorias para llevar a una buena valoración de la situación fáctica. Reconociendo, sin lugar a dudas, que en todos los casos en los que no exista propietario registrado en la matrícula de un bien inmueble, debe presumirse que este es un bien baldío.
En conclusión, el juez debe llevar a cabo una interpretación armónica y sistemática de las diferentes normas existentes en torno a tan específico asunto, tales como los artículos 1º de la Ley 200 de 1936; 65 de la Ley 160 de 1994, 675 del Código Civil, y 63 de la Constitución Política, sin desconocer que existe una presunción iuris tantum en relación con la naturaleza de bien baldío, ante la ausencia de propietario privado registrado, pues tal desconocimiento lo puede llevar a incurrir en un defecto sustantivo por aplicar una regla de manera manifiestamente errada, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable (CC T-548/16 y T-488/14).
5.- Régimen Jurídico acerca de la propiedad de los cementerios.
A tono con el artículo 672 del Código Civil, «El uso y goce de las capillas y cementerios situados en posesiones de particulares y accesorios a ellas, pasarán junto con ellas y junto con los ornamentos, vasos y demás objetos pertenecientes a dichas capillas o cementerios, a las personas que sucesivamente adquieran las posesiones en que están situados, a menos de disponerse otra cosa por testamento o por acto entre vivos», norma de la cual se infiere que los particulares pueden ser titulares de derechos respecto de los cementerios, susceptibles de transferencia a otras personas por acto entre vivos o por causa de muerte, pero esa propiedad está limitada al uso y goce de dichos bienes.
Tampoco llama a duda que en el actual régimen jurídico los cementerios pueden ser de propiedad de particulares. Al efecto, la Ley 133 de 1994 por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política, en su artículo 6° prevé que la libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción, entre otros, los derechos de toda persona:
(…) c) De recibir sepultura digna y observar los preceptos y ritos de la religión del difunto en todo lo relativo a las costumbres funerarias con sujeción a los deseos que hubiere expresado el difunto en vida, o en su defecto expresare su familia. Para este efecto, se procederá de la siguiente manera:
1. Podrán celebrarse los ritos de cada una de las Iglesias o confesiones religiosas en los cementerios dependientes de la autoridad civil o de propiedad de los particulares.
2. Se observarán los preceptos y los ritos que determinen cada una de las Iglesias o confesiones religiosas con personería jurídica en los cementerios que sean de su propiedad.
3. Se conservará la destinación específica de los lugares de culto existentes en los cementerios dependientes de la autoridad civil o de los particulares, sin perjuicio de que haya nuevas instalaciones de otros cultos. (Subraya intencional).
Además, en su canon 17 dispone que en todos los municipios del país «existirá un cementerio dependiente de la autoridad civil. Las autoridades municipales adoptarán las medidas necesarias para cumplir con este precepto en las localidades que carezcan de un cementerio civil, dentro del año siguiente a la fecha de promulgación de la presente Ley».
6.- El artículo 676 del Código Civil refiere que no constituyen «bienes de la Unión» las obras realizadas por los particulares en terrenos propios con tolerancia de su utilización por parte de la comunidad. Sobre el alcance de esta disposición, la Corte en SC 29 jul. 1999 exp. 5074, puntualizó,
(…) aun cuando, en sentido estricto, los bienes de uso público se caracterizan porque pertenecen a una entidad de derecho público que los asigna al uso común, nada se opone a que los particulares destinen, también, al uso general, bienes que les pertenecen, o que construyan en ellos obras enderezadas a tal finalidad, todo ello, claro está, sin menoscabo de su derecho de dominio o de la posesión que sobre los mismos ejercen, y sin que, obviamente, ese acto de desprendimiento constituya venero que permita consolidar algún derecho para quienes se sirven de ellos.
“Luego, ha dicho la Corte, los puentes y caminos así como las demás obras, (calzadas, canales, etc.), que se construyan por los particulares a sus expensas y en terrenos de su propiedad, no pasan al dominio de la Nación por el solo hecho de que sus dueños permitan que los habitantes de un territorio puedan libremente transitar, pasear, estacionarse o reunirse en esos sitios. Son éstos actos de mera facultad que de acuerdo con el artículo 2520 del C.C., no confieren posesión ni dan lugar a prescripción alguna.
“Por tanto, la sola destinación o afectación de un inmueble de propiedad particular a servicio público, no es ni puede ser título suficiente en favor de la Nación y menos aún de los particulares, que al gozar y usar de tal servicio no ejercitan acto alguno de posesión material.
“Dicho en otros términos, lo que da a un bien el carácter de bien de la Unión de uso público o de bien público del territorio -para emplear una cualquiera de las expresiones de que se vale el inciso 2º del art. 674 del mismo C.C.-, no es solamente su afectación a un servicio público. Es necesario, además, que esa afectación o destinación, decretada por la autoridad, esté respaldada por un título de dominio sobre tal bien y a favor de la Nación misma. Lo contrario constituiría el más franco y absoluto desconocimiento del derecho de propiedad” (G.J. LXXIV, pág. 797).
7.- En el caso examinado, la premisa en la que se edificó el fallo del Tribunal, en términos generales, se concretó en que los cementerios por sus características y función dentro de la colectividad, son «espacio público que debe ser destinado al uso público», inferencia afianzada en los artículos 1° y 82 de la Constitución, y 5° de la Ley 9° de 1989, que amplió la definición de espacio público al «conjunto de inmuebles y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes», de allí, al amparo del artículo 63 de la Carta Política, dedujo la imprescriptibilidad del Cementerio de Miraflores, por tratarse de «un bien que por su uso es determinado de uso público», dado que es el único que existe en el lugar «y no puede entregarse a un particular, por ser imprescriptible, inalienable e inembargable, de acuerdo a las definiciones previamente relacionadas».
Como puede apreciarse, el sentenciador infirió la imprescriptibilidad del inmueble en mención por considerarlo un «bien de uso público», por «destinación» a un servicio en beneficio de la colectividad del municipio de Miraflores; no obstante, se echa de menos un análisis puntual referente a si la titularidad de dicho bien la ostentaba una entidad pública, o si, por el contrario, estaba en la esfera del dominio particular. Esta definición era de capital importancia, comoquiera que, en el primer evento, con independencia de la destinación del predio, el mismo era de carácter imprescriptible al tenor de la normatividad reseñada en precedencia, en otras palabras, el criterio aplicado solo cobraba relevancia para evaluar la viabilidad de ese modo de adquisición, si se hubiera acreditado que el inmueble era de propiedad privada.
Al respecto, basta señalar que como anexo de la demanda se allegó certificado emitido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Seccional Miraflores – Boyacá (fl. 8, c. 1), en el cual el registrador hizo constar:
Que revisado índice de antiguo sistema de matrícula de propiedad inmueble correspondiente al municipio de Miraflores llevados durante la vigencia de la Ley 40/32, en el periodo comprendido entre el primero de septiembre de 1934 al 31 de diciembre de 1971, así como en los libros auxiliares de propietarios, índice de inmuebles e índice de propietarios, que para el efecto lleva esta Oficina; NO CONSTAN TITULARES DE DERECHO REAL SUJETO A REGISTRO Y NO APARECE NINGUNO COMO TAL en relación con el predio urbano, ubicado en la Calle 4 No. 12 – 79 del municipio de Miraflores Departamento de Boyacá, cuyos linderos generales suministrados por el interesado (…).
De ese documento se extrae que el lote de terreno objeto de las pretensiones, nunca ha salido del ámbito de propiedad del Estado, por ello, al tenor de la presunción consagrada en el artículo 2° de la Ley 200 de 1936, su naturaleza jurídica es de bien baldío, por lo mismo, imprescriptible al tenor de lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con los artículos 3º de la Ley 48 de 1882, 61 de la Ley 110 de 1912 y 65 de la Ley 160 de 1994.
En tal virtud, innecesaria resultaba la hermenéutica dispensada por el ad quem para arribar a su inferencia, dado que el estudio de los casos de bienes de uso público por destinación, para efectos de deducir su imprescriptibilidad, solo se justifica respecto de aquellos de carácter privado en los cuales la duda o la ambigüedad den paso a la interpretación, pues, se itera, esa característica resulta inherente a los bienes catalogados como de dominio público en todas sus modalidades, entre ellas los baldíos.
En el panorama descrito, aunque no admite discusión que, al tamiz de lo dispuesto en la Ley 133 de 1994 los cementerios pueden ser de propiedad pública o privada, y es cierto que por virtud de la Ley 20 de 1974 aprobatoria del Concordato celebrado entre la República de Colombia y la Santa Sede, «El Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que estarán sometidos a la vigencia oficial en lo referente a higiene y orden público (…). En los cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia podrá ejercer su ministerio en la inhumación de los católicos» (art. XXVII), no puede soslayarse que cuando éstos no se erigen en un terreno propio, sino sobre uno ajeno, al momento de definir la viabilidad de adquirir ese inmueble por prescripción es determinante establecer su naturaleza, lo que necesariamente involucra definir si es de dominio público o privado.
En el panorama descrito, resulta intrascendente el yerro jurídico en que incurrió el tribunal al darle tratamiento de bien de uso público por destinación al predio pretendido por la casacionista, por cuanto, de acuerdo con las apreciaciones que preceden, en este caso el criterio aplicado era innecesario para deducir su imprescriptibilidad. De modo que si la Corte tuviera que emitir sentencia de reemplazo llegaría a la misma conclusión, porque en todo caso la exclusión devendría de la calidad de baldío que por expresa disposición normativa no puede ser adquirido por prescripción.
En la misma dirección, ningún desafuero por indebida aplicación del artículo 676 del Código Civil podría endilgarse al fallo confutado, por cuanto no se trata de un evento en que una persona haya dispuesto de un bien propio permitiendo su utilización por un sector de la colectividad, al punto que ni siquiera se acreditó que el predio sobre el cual se erigió el cementerio de Miraflores en algún momento hubiera salido del dominio público para radicarse en cabeza de un particular.
En síntesis, el ataque no tiene éxito.
8.- Pese a la improsperidad del recurso de casación no se impondrá condena en costas, porque no existe constancia de que se hayan causado, dado que el Personero de Miraflores quien en su momento fungió como único apelante actuó a nombre de los intereses generales de la comunidad.
V.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2015 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso de pertenencia de Parroquia San Joaquín de Miraflores contra personas indeterminadas.
Sin condena en costas.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de origen.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
Con salvamento de voto
ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Con salvamento de voto
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n.° 15455-31-89-001-2011-00025-01
Con el debido respeto a la Sala procedo a presentar mi salvamento de voto correspondiente, frente a la sentencia que se abstuvo de casar la del 16 de diciembre de 2015, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso de pertenencia de la Parroquia San Joaquín de Miraflores contra personas indeterminadas.
El petitum y la causa petendi
Declarar la prescripción extraordinaria para tres inmuebles urbanos, en el municipio de Miraflores - Boyacá, entre ellos el del cementerio parroquial de la Iglesia Católica de Miraflores. Como causa petendi se alegó posesión de la Iglesia por más de 100 años y hasta la fecha de presentación de la demanda. Existió y existe explotación económica en las labores propias de los servicios religiosos, mantenimiento y arreglo del templo, “(…) construcción de bóvedas, venta y arriendo de lotes y bóvedas para la inhumación de restos humanos, construyendo mejoras, pagando servicios públicos, y todas aquellas actividades tendientes a mantener y conservar el inmueble como también pago de impuestos». Se comprobó, según el Registrador de la localidad, la ausencia de titulares de derechos reales inscritos sobre los predios de la pretensión.
Hubo oposición del municipio pidiendo la imprescriptibilidad por tratarse de baldíos de la Nación.
2. Las decisiones de instancia. El Juzgado de primer grado declaró imprósperas las excepciones alegadas por los intervinientes y accedió a todas las súplicas de la demanda (fls. 1450 a 1486, c. 3). El Tribunal, al resolver la alzada interpuesta por el Personero de Miraflores, reformó la sentencia impugnada, en el sentido de negar las pretensiones frente al predio del cementerio y la confirmó en todo lo demás, entre otras razones, bajo la singular tesis de que es un «espacio público que debe ser destinado al uso público», conforme al artículo 1° de la Constitución Política.
3. La demanda de casación expuso un único cargo. Señala que la sentencia dejó de aplicar los artículos 672, 676, 762, 2518, 2531, 2532, 2534 del Código Civil, así como el numeral 1° del 407 del Código de Procedimiento Civil, en vigor cuando se presentó la demanda (hoy ord. 10 art. 375 C. G. P.); infringió el artículo XXVII del artículo 1° de la Ley 20 de 1974, los artículos 6° literal C, ordinales 2 y 3 y el artículo 17, incluyendo el parágrafo, de la Ley 133 de 1994 y quebrantó, por interpretación indebida, los artículos 537, 538 y 539 de la Ley 9 de 1979; 5° de la Ley 9 de 1989; 1°, 63 y 82 de la Constitución Política.
4. La sentencia de la Corte. No casó, negó la declaración de dominio. Procede a analizar el requisito de prescriptibilidad en la cosa pretendida. Tajantemente afirma: “(…) los inmuebles destinados como camposanto no pueden ser de propiedad privada cuando se construyen en suelo (…) de carácter público (…) de acuerdo a expresas normas de orden constitucional o legal que así lo prescriben”, de tal manera que como el concerniente a la acción demandada, lo fue, no podía casarse, para acceder a la súplica y confirmar el fallo de primer grado.
Se hinca en los arts. 63 y 75 de la Carta, el último en cuanto alude al “(…) patrimonio cultural de la Nación», «el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional». Añade las premisas legales 2519, la regla 4 del art. 407 del C. de P. C., la Ley 1183 de 2008, luego el artículo 17 corregido por el 1° del Decreto 1604 de 2017, en cuanto dispone que «[n]o podrán ser objeto de posesión ni prescripción los bienes de uso público, ni los fiscales, ni los parques naturales, ni los que se encuentren dentro de las reservas forestales, ecológicas o en zonas no urbanizables, ni los que pertenezcan a las comunidades indígenas o negritudes señalados por la Constitución Política y en general los que la ley declara como imprescriptibles (…)».
Para persistir retoma el art. 102 de la Carta Política, el 674 del C.C. 674 del Código Civil, conforme al cual, el uso de los denominados «bienes de la Unión» pertenecen a la República. Si su uso es para todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes «de uso público o bienes públicos del territorio» y si uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman «bienes fiscales». También se funda en la naturaleza baldía de ciertos bienes, los cuales, expone, no pueden adquirirse por prescripción, sino por la ocupación y posterior adjudicación al ocupante. Reitera, esta última tesis acudiendo a varios antecedentes, afirmando que en “(…) casos en los que no exista propietario registrado en la matrícula de un bien inmueble, debe presumirse que este es un bien baldío”.
Aclara que los cementerios pueden ser de propiedad de particulares como se deduce de la Ley 133 de 1994 en concordancia con el art. 19 de la Carta, pero también pueden ser públicos. Extrajo, entonces, del certificado aportado por el Registrador de Instrumentos Públicos Seccional Miraflores – Boyacá que “(…) el lote de terreno objeto de las pretensiones, nunca ha salido del ámbito de propiedad del Estado, por ello, al tenor de la presunción consagrada en el artículo 2° de la Ley 200 de 1936, su naturaleza jurídica es de bien baldío, por lo mismo, imprescriptible al tenor de lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con los artículos 3º de la Ley 48 de 1882, 61 de la Ley 110 de 1912 y 65 de la Ley 160 de 1994”. En tal virtud, concluyó:
“(…) [A]l tamiz de lo dispuesto en la Ley 133 de 1994 los cementerios pueden ser de propiedad pública o privada, y es cierto que por virtud de la Ley 20 de 1974 aprobatoria del Concordato celebrado entre la República de Colombia y la Santa Sede, «El Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que estarán sometidos a la vigencia oficial en lo referente a higiene y orden público (…). En los cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia podrá ejercer su ministerio en la inhumación de los católicos» (art. XXVII), no puede soslayarse que cuando éstos no se erigen en un terreno propio, sino sobre uno ajeno, al momento de definir la viabilidad de adquirir ese inmueble por prescripción es determinante establecer su naturaleza, lo que necesariamente involucra definir si es de propiedad pública o privada”.
5. Razones del disenso.
5.1. No es posible deducir, como desacertadamente lo infiere la Sala, que en el régimen colombiano no sean susceptibles de apropiación por parte de una parroquia católica, sus cementerios, por el modo de la prescripción cuando se poseen con ánimo de señorío y dóminus. Las parroquias, las diócesis, las arquidiócesis son entidades con capacidad legal y constitucional en el derecho colombiano para ser titulares de derechos, y sus bienes y derechos autorizados por ley. En ese sentido, la propiedad y la posesión como derechos subjetivos tienen protección especial, no solamente desde la perspectiva del Derecho nacional sino también en la órbita del Derecho Internacional Público.
La sentencia infringe la ley y la Constitución, así como el Derecho Internacional Público al arrebatarle a la parte actora una posesión sobre un camposanto, respecto del cual, hace más de una centuria viene ejerciendo en forma quieta, tranquila y pacífica su posesión. Por supuesto, la sentencia acepta la existencia y apropiación por particulares de cementerios de acuerdo a la Ley 133 de 1994, pero al escrutar el problema jurídico en el caso concreto concluye irregularmente, que el de esta ocasión, el poseído por un ente eclesial no es bien privado, sino baldío.
¿Cuál mi motivo, para señalar que lo arrebata?
Estriba en que de tajo le desconoce la posesión material a la Iglesia Católica, a través de la Parroquia, bajo la tesis de que ese bien es del Estado, por consiguiente, automáticamente la expropia de lo que ha poseído sin oposición de nadie, ni del Alcalde de la localidad, ni de sus habitantes por más de cien años, para inferir, esto no es de la Iglesia, sino del Estado, aplicándole erróneamente una presunción de la Ley 200 de 1936, que ni siquiera estaba vigente para cuando inició la posesión de la Iglesia. Bastaba una vista histórica para demostrar los derechos de aquella Parroquia, porque esta fue creada el 16 de diciembre de 1743 y reconocida el 29 de diciembre de 1777, según los mismos archivos del municipio y de la propia Iglesia. Y en esa época eminentemente dogmática y católica, ¿acaso los fallecidos desaparecían o eran dejados al aire libre para que las aves de rapiña los devoraran? Esto se recuerda porque allí fue la cuna de un Presidente (Santos Acosta Castillo), de un gran pensador (Ezequiel Rojas) y de otros personajes ilustres; pero también para señalar que esa posesión sobre el cementerio es recia y vigorosa como ninguna, con siglos de actos de dominio en manos de la Iglesia sobre esa heredad.
Hago esta remembranza histórica para demostrar la sinrazón de la sentencia porque la Parroquia existe desde 1743 y la historia del registro inmobiliario en ese municipio data apenas de 1934, según la certificación utilizada como prueba por la Sala de la Corte y el Tribunal de Tunja para expropiar de la posesión y propiedad del cementerio a la Parroquia de Miraflores.
Desconoce, adicionalmente la titularidad de la Iglesia, cuyos derechos se hallan amparados por el derecho público, históricamente, ignorando que las Iglesias o confesiones religiosas como la católica, pueden adquirir, fundar o transmitir derechos reales sobre los camposantos.
Igualmente, se infringe el artículo 6° de la Ley 133 de 1994 que regula la libertad religiosa y de cultos, así como su artículo 17, a tono con el cual, «En todos los municipios del país existirá un cementerio dependiente de la autoridad civil. Las autoridades municipales adoptarán las medidas necesarias para cumplir con este precepto en las localidades que carezcan de un cementerio civil, dentro del año siguiente a la fecha de promulgación de la presente Ley». Y agrega en su parágrafo: «En los municipios donde exista un solo cementerio y este dependa de una Iglesia o confesión religiosa, ella separará un lugar para dar digna sepultura en las mismas condiciones que los cementerios dependientes de la autoridad civil, hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en la primera parte de este artículo».
La decisión desconoce, del mismo modo, que la Ley 20 de 1974, aprobatoria del concordato con la Santa Sede, prescribe en el artículo XXVII: «El Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que estarán sometidos a la vigilancia oficial en lo referente a higiene y orden público» (…) «En los cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia podrá ejercer su ministerio en la inhumación de los católicos». Este precepto reconoce a la Iglesia el derecho a poseer y administrar sus propios cementerios, supeditada a las reglamentaciones sanitarias.
No puede predicarse que, una vez adaptado un predio para tal fin dado el servicio público que le es inherente, pierda su carácter de bien privado, pues la afectación de esos bienes a la prestación de ese servicio público no implica su expropiación ipso iure o el abandono del animus dominical.
La Ley 9 de 1979, por medio de la cual se adoptaron algunas medidas sanitarias, en ninguna de sus reglas muta el camposanto operado por un particular, ni los bienes afectados a la prestación de ese servicio a favor del Estado, ni modifica la naturaleza jurídica de los bienes muebles e inmuebles de los que se valga el particular para el ejercicio de ese servicio.
Y, como adelante, lo explico ampliamente, la sentencia no solo infringe las normas que protegen el patrimonio de la Iglesia Católica, desde la estructura concordataria, sino que también interpreta equívocamente las normas relativas a los baldíos a partir de la existencia de una prueba totalmente equívoca, como la certificación dimanante del Registrador de Instrumentos Públicos de la población de Miraflores – Boyacá.
5.2. El patrimonio de la Iglesia católica y su intangibilidad frente a las disposiciones internacionales
Un aspecto notable para separarme de la posición mayoritaria estriba en el hecho de que Colombia suscribió un tratado con el Estado del Vaticano denominado Concordato, cuya última reforma concordataria, fue promulgada por la Ley 20 de 1974, aprobatoria del Concordato y el Protocolo final, suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973, entre el Nuncio Apostólico, Monseñor Angelo Palmas y el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Vásquez Carrizosa, y cuyo canje de notas se produjo el 2 de julio de 1975, veintiún años, antes de la Constitución de 1991 y, si bien es cierto, fue demandado ulteriormente a la expedición de la nueva Carta, ante los jueces constitucionales colombianos, solo algunas de las disposiciones fueron declaradas inexequibles, permaneciendo indemnes las relativas a la protección del patrimonio de la Iglesia Católica como institución jurídico - religiosa.
En efecto, mediante sentencia C-027 del 5 de febrero de 1993 con ponencia del Dr. Simón Rodríguez Rodríguez, se declararon exequibles los arts: I a V, VII (y el Protocolo final en relación con él), X, XVIII, XIX, XXIII a XXVII a XXXII; del mismo modo, se declararon inexequibles los Arts: VI, IX (y el Protocolo final relacionado con él), XI a XIII, XVI, XVII, XX, XXII y el Protocolo final en relación al art. VIII. Además, se declararon parcialmente exequibles los arts: VIII (reserva de jurisdicción matrimonial eclesiástica), XIV, XV, XIX (reserva de jurisdicción penal eclesiástica sobre los obispos) y XXVI.
Las disposiciones relativas a la protección de los bienes de la Iglesia Católica se hallan vigentes, pues lo declarado inexequible nada tiene que ver con las prerrogativas de sus bienes o de su patrimonio. Sobre el particular, debe recordarse que el concordato es un tratado internacional entre el Estado del Vaticano y la República de Colombia como dos sujetos de derechos internacionales de naturaleza pública, con categoría de Estados. De la jurisdicción del Estado del Vaticano, forman parte las arquidiócesis, las diócesis y las parroquias que, como tales, políticamente son su extensión y, por lo tanto, el patrimonio que las parroquias ostentan, tienen una naturaleza jurídica especial, frente a las cuales el Estado Colombiano, convino respetar sus bienes, propiedades y derechos, de donde se infiere que sus bienes son intocables. En este sentido, la sentencia que desestima el recurso de casación desconoce la preeminencia de los bienes de la Iglesia Católica y la obligación del Estado de respetar su patrimonio.
Precisamente en una decisión reciente, determinó la Corte Constitucional, al paso que discutía y avalaba la inembargabilidad de bienes religiosos, previstas en el art. 594 del C. G. del P., que el Concordato, en su condición de tratado de derecho público internacional, conserva su validez y eficacia. Además, dejó claro que, entre las confesiones religiosas, la Iglesia Católica es la única que tiene capacidad jurídica de suscribir un tratado de derecho internacional con el Estado colombiano, de tal modo que con las otras confesiones suscribe convenios. La Corte, asienta puntualmente: “Solo la Iglesia Católica tiene la capacidad jurídica de suscribir un tratado de derecho internacional con el Estado colombiano”. Allí adoctrinó:
“Como se indicó (apartado 8.1.1.), en la actualidad menos del 1% de las 12 Iglesias legalmente constituidas y reconocidas en Colombia tienen la posibilidad real de cumplir con alguno de los requisitos establecido en la norma para evitar el embargo de los bienes destinados al culto religioso, porque: i) el Concordato solo regula las relaciones del Estado con la Iglesia Católica, ii) Solo la Iglesia Católica tiene la capacidad jurídica de suscribir un tratado de derecho internacional con el Estado colombiano, iii) Solo 13 Iglesias cristianas no católicas han logrado suscribir un Convenio de Derecho Público Interno, pues, aun cuando las Iglesias interesadas cumplan con los requisitos formales para ello (f.j. 62), es potestativo del Estado decidir si suscribe o no el convenio, lo que en gran medida depende de las valoraciones de conveniencia que al respecto efectúe el Ministerio del Interior”.
Esa tesis luego la ratificó, días después, en la sentencia C-416 de 2019, cuando volvía al análisis del art. 594 numeral 10 con relación a la inembargabilidad de “(…) 10. Los bienes destinados al culto religioso de cualquier confesión o Iglesia que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano”. En este otro fallo justamente reiteró las ratios decidendi del aludido 346 de 2019:
“En él estudió los requisitos establecidos en el numeral 10 del artículo 564 de 2012 para acceder al beneficio de la inembargabilidad de los bienes destinados al culto religioso, encontró que: (i) todas las entidades religiosas jurídicamente constituidas se encuentran en plano de igualdad en cuanto a la protección de los bienes destinados al culto religioso; (ii) sin embargo, no toda entidad religiosa puede cumplir las condiciones exigidas por la norma, pues como explicó el concordato es un requisito que solo cumple la Iglesia Católica, el tratado de derecho internacional es un requisito que está limitado a Estados y organizaciones internacionales y la celebración de un convenio de derecho público interno requiere, entre otros, que el convenio supere el control previo de legalidad del Consejo de Estado y que el Estado colombiano decida suscribirlo; (iii) las Iglesias tienen derecho a decidir autónomamente su relación con el Estado; y (iv) al privilegiar a algunas entidades religiosas que son las únicas que pueden suscribir concordatos y tratados internacionales, se altera el principio de neutralidad del Estado en materia religiosa”.
Lo trasuntado lo traigo a consideración en este salvamento para señalar que la decisión mayoritaria desdeñó analizar esta circunstancia especial. Muy por el contrario, cercena de tajo los derechos subjetivos de la Iglesia como posibilidad de obtener el título de propiedad sobre un cementerio, bien o posesión perteneciente a la parroquia, como ente protegido por el Derecho Internacional, pero al mismo tiempo, se lo expropia para dejarlo en manos del Estado colombiano al calificarlo irregularmente como bien baldío, desconociendo las disposiciones de un tratado internacional público, como lo es, el Concordato, regulado por el Tratado de Viena, el cual no es simple convenio. En síntesis, por vía de la exacción, sin fórmula de juicio, como resultado de que la parroquia utiliza la tutela judicial efectiva, le confisca el cementerio, tornando en patrimonio suyo, al declararlo baldío, ese bien que históricamente ha sido reconocido por propios y extraños de propiedad y posesión de la Parroquia.
Volviendo al punto de la validez del Concordato como tratado internacional y al control que ejecutó la Corte Constitucional, aunque no declaró inexequibles las disposiciones que protegen el patrimonio de la Iglesia Católica, señalo algunas precisiones con respecto a él.
La primera, tocante con la validez del Concordato como tratado y su intangibilidad frente al ordenamiento interno. La Corte Constitucional con relación a este tratado del 74, tenía enorme atajo en el precepto 241 de la Carta que la autoriza en el núm. 10 para decidir “(…) definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben” por cuanto para tal fin, según la misma disposición el Gobierno Nacional, debe remitir dicha preceptiva a la Corte “(…) dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley”, que de hallarlo constitucional “(…) podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados”. Por consiguiente, si ese control es automático y previo, por ejecutarse antes del canje de notas o de ratificaciones, no podía aplicarle ese control a un tratado anterior a la Constitución de 1991, aprobado por la Ley 20 de 1974 y con canje de notas debidamente materializado. Ese acto, entonces no podía ser juzgado, por haber escapado al control interno y a su competencia, trascendiendo al orden internacional como verdadero Tratado, y el único juez o procedimiento para aniquilarlo, conforme al Derecho de los Tratados, era el previsto por el Tratado de Viena.
Segunda precisión. En un análisis hipotético que desconozca la existencia de una norma propia y especial, para efectos del control constitucional previo y automático de los Tratados como la prevista en el núm. 10 analizado de la regla 241 y admitiendo la plausibilidad de la otra regla, allí prevista en el núm. 4 del mismo artículo, para efectos de aceptar la acción pública de inconstitucionalidad, debe tenerse en cuenta que el año ya había expirado para su ejercicio, en los términos del núm. 3 del art. 242 ejúsdem, el cual prescribe: “Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contando desde la publicación del respectivo acto”. Aquí vale la pena señalar, que, en mi criterio, la acción o demanda ciudadana contra este tipo de leyes, sea por vicios de fondo (materiales) o de forma, es admisible sin lugar a dudas, pero dentro del término previsto en el numeral citado, y no únicamente por vicios de forma, pero, en todo caso, antes de la ratificación de notas.
Fenecidos esos términos y posibilidades, no hay duda, el único paso para debatir su eficacia, es la previsión del artículo 46 de la Convención de Viena, de que vengo hablando, para demandar la nulidad del Tratado por vicio manifiesto de competencia, ante jueces internacionales. Pero también podría acudirse al art. 65 de la misma Convención, por nulidad o terminación del Tratado, siguiendo el retiro de una parte o la suspensión de la aplicación del mismo.
Por otro lado, el artículo 26 de la citada Convención señala "todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe", a la sazón el art. 27 dispone: "una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado". En consecuencia, lo pertinente era la denuncia, pero el cambio legislativo y constitucional operado en Colombia no podía afectar el Tratado. La denuncia igualmente abría sendero bajo el principio rebus sic stantibus, pero no puede sostenerse, el principio, según el cual, es inexistente la cláusula, "Pacta sunt servanda". La solución la brindaba el mismo Derecho de los Tratados, en diferentes disposiciones, incluyendo la nulidad de la regla 53; por tanto, la Corte Constitucional en la sentencia que declaró inexequibles ciertos preceptos, desconoció el ordenamiento internacional público.
Una tercera precisión se refiere, al hecho de que la Corte Constitucional debió enfrentar en la sentencia C-027 del 5 de febrero de 1993, la doble cosa juzgada frente al Tratado, porque ya se había juzgado en un juicio inicial, en el proceso 1489, el cual concluyó con la sentencia número 11 de 12 de febrero de 1987, en donde se declaró exequible la ley acusada, en cuanto no adolecía de vicios en su formación. Luego, hubo un nuevo proceso constitucional decidido en la sentencia No. 8, en el expediente número 1879, aprobada por acta 6 el 22 de febrero de 1989 con ponencia del Magistrado, Jaime Sanín Greiffenstein, donde igualmente salió indemne; sin embargo, al margen de todo acometió el estudio, siendo deleznable ese antecedente C-027.
Con todo, es necesario recordar, el fallo C-027 del 5 de febrero de 1993, atrás analizado, dejó indemnes todas las disposiciones relativas a los bienes, pues no fueron declaradas inexequibles, manteniendo en pie las siguientes reglas atañederas en lo pertinente a este juicio de pertenencia. En efecto, declaró plenamente exequible al
"Artículo XXIII. La Iglesia Católica y las demás personas jurídicas de que trata el artículo IV del presente Concordato tienen la facultad de adquirir, poseer, enajenar y administrar libremente bienes muebles e inmuebles en la forma establecida por la legislación colombiana para todos los ciudadanos, y sus propiedades, fundaciones y derechos serán no menos inviolables que los pertenecientes a las demás personas naturales y jurídicas".
Al juzgar la exequibilidad de este precepto, el cual fue acusado, consideró la Corte: “El artículo XXIII, establece el libre manejo de la propiedad de bienes muebles e inmuebles por parte de la Iglesia Católica y esto debe ser así porque como persona jurídica, es sujeto con capacidad plena para adquirir derechos y contraer obligaciones, actuaciones que al tenor del artículo comentado, deben sujetarse en toda su extensión a los parámetros existentes sobre la materia en la legislación colombiana”.
La sentencia determina cuáles entidades pertenecen a esta religión con personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, “(…) siempre y cuando el procedimiento para su obtención esté conforme con los ordenamientos que al respecto establecen las leyes canónicas”, y finalmente para declarar exequible el precepto, expresa: “Se observa como lo dice el artículo XXIII que la Iglesia y las demás personas jurídicas tienen la facultad de adquirir, poseer, enajenar y administrar libremente bienes muebles e inmuebles, ordenamiento que está en todo conforme con el artículo 73 del Código Civil el cual señala que "Las personas son naturales o jurídicas", especie dentro del cual se encuentran tanto la Iglesia Católica y todas las entidades a las cuales se refiere el artículo IV del Concordato y que define el artículo 633 de la siguiente manera: "Se llama persona jurídica, una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente"; luego hay que concluir que el artículo XXIII está en un todo de acuerdo con las normas que rigen la materia en Colombia, especialmente con los preceptos constitucionales y los artículos pertinentes del Código Civil ya comentados. Es por lo tanto constitucional la norma XXIII del Concordato”.
Y, concretamente, en relación con los camposantos, los demandantes acusan que los cementerios católicos quebrantan la paz religiosa. Señalan que se han constituido en transgresores por la prohibición de enterrar cadáveres de personas de distinta fe a la católica.
Precisamente el art. XXVII, del concordato, dispone:
"Artículo XXVII. El Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que estarán sometidos a la vigilancia oficial en lo referente a higiene y orden público.
En los cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia podrá ejercer su ministerio en la inhumación de los católicos".
Para dejar en pie el precepto y responder la queja constitucional, al declararlo constitucional, expone:
“El Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que estarán sometidos a la vigilancia oficial en lo referente a higiene y orden público.
“En los cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia podrá ejercer su ministerio en la inhumación de los católicos. Esta norma consagra la propiedad privada sobre los cementerios y faculta a la Iglesia para poseerlos y administrarlos por su propia cuenta, con el control del Estado, en lo referente a la higiene y el orden público.
“Por otro lado, el mismo artículo dice que si los cementerios dependen de la autoridad civil, la Iglesia puede también ejercer su ministerio en la inhumación de los católicos. De lo anterior se colige, que respecto de los cementerios de propiedad de la Iglesia Católica, ellos los poseen y administran y en relación con los otros que no les pertenecen, están autorizados para utilizarlos y es deber del Estado, brindarles su colaboración en este sentido”.
Luego hace las siguientes precisiones:
“La Carta Política de 1991 en su artículo 49 previene que "La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado". Quiere esto decir que los cementerios por más que pertenezcan a dueños particulares -que puede ser la Iglesia Católica o cualquier otra religión - por la función que cumplen prestan un servicio público y por ello han de estar al acceso de la comunidad, sin distinciones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, obviamente sufragando los deudos los derechos correspondientes. Aceptar lo contrario, sería además, atentar contra la dignidad humana -prolíficamente protegida en la Constitución- porque habiendo llegado la persona al final de su vida, aspira como mínimo a un entierro digno, que lo tiene en los sitios reservados a tal fin, como son los cementerios. Piénsese en un lugar apartado del país en el que exista un solo cementerio y se le niegue a alguien su inhumación en él”.
En conclusión de lo analizado, se pone al descubierto que la sentencia frente a la cual disido por no haber declarado la prescripción del cementerio, no solamente desconoce el Concordato como Tratado internacional, sino también la propia doctrina inserta en la sentencia de la Corte Constitucional, C-027 del 5 de febrero de 1993 con ponencia del Dr. Simón Rodríguez Rodríguez, que declaró inexequibles algunos preceptos, pero que dejó en pie la protección de los bienes de la Iglesia Católica, incluyendo explícitamente la posibilidad de adquirir cementerios.
5.3 La sentencia incurre en yerro de apreciación probatoria con relación al certificado del Registrador de Miraflores, – Boyacá (fl. 8, c. 1), en el cual hizo constar:
“Que revisado el índice de antiguo sistema de matrícula de propiedad inmueble correspondiente al municipio de Miraflores llevados durante la vigencia de la Ley 40/32, en el periodo comprendido entre el primero de septiembre de 1934 al 31 de diciembre de 1971, así como en los libros auxiliares de propietarios, índice de inmuebles e índice de propietarios, que para el efecto lleva esta Oficina; NO CONSTAN TITULARES DE DERECHO REAL SUJETO A REGISTRO Y NO APARECE NINGUNO COMO TAL en relación con el predio urbano, ubicado en la Calle 4 No. 12 – 79 del municipio de Miraflores Departamento de Boyacá, cuyos linderos generales suministrados por el interesado (…).
En efecto, de este documento extrajo erradamente que el lote de terreno objeto de las pretensiones, nunca ha salido del ámbito de propiedad del Estado, por ello, al tenor de la presunción consagrada en el artículo 2° de la Ley 200 de 1936, su naturaleza jurídica es de bien baldío, por lo mismo, imprescriptible al tenor de lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con los artículos 3º de la Ley 48 de 1882, 61 de la Ley 110 de 1912 y 65 de la Ley 160 de 1994.
5.3.1. Disiento de la decisión adoptada en la determinación objeto de este pronunciamiento, pues, como lo he manifestado en oportunidades anteriores y, contrario a cuanto la Sala ha venido sosteniendo reiterativamente, la sola circunstancia de que un determinado bien carezca de antecedentes registrales no implica, necesariamente, que se trate de un bien baldío y, por ende, sea imprescriptible.
En este punto se desconoce por la Corte la caótica historia registral del país, y el gravamen lo pone a caminar sobre los hombros del justiciable, con absoluta injusticia. En efecto, las primigenias normas relacionadas con el registro público inmobiliario se adoptaron en la colonia y durante la incipiente República, como las Reales Cédulas de 9 de marzo de 1778 y 16 de abril de 1783, así como la Ley de 1 de junio de 1844 expedida por el Congreso de la Nueva Granada. Ahí no aparecía todo el inventario de bienes registrados del país y sería un absurdo que así fuera. Luego con el Código Civil de Cundinamarca de 1859, acogido por los demás Estados del país con la Ley 84 de 1873, y luego como legislación permanente mediante la Ley 57 de 1887, se adoptó el primer código registral vernáculo. Dicho plexo, en el título LXIII, consagraba varias disposiciones “(…) sobre los documentos públicos escritos”, determinando, entre otros asuntos, la forma de llevarse a cabo el registro en los libros de inscripción. El registrador debía llevar tres libros: uno para inscribir los títulos que trasladaban, modificaban o imponían una limitación al dominio de bienes inmuebles; el segundo para la inscripción de títulos que no afectaran la situación jurídica de las heredades, y el último para anotar gravámenes, tales como las hipotecas. Luego, con la Ley 57 de 1887 se introdujo el libro de causas mortuorias, autos de embargo y demandas civiles, y posteriormente se establecieron los libros de registro de documentos privados y de contratos de prenda.
Por complejo, era ineficaz para conocer la realidad jurídica de un predio, porque los usuarios debían examinar todos y cada uno de esos seis libros. Por fortuna la Ley 40 de 1932 estableció un sistema de matrícula inmobiliaria paralelo con el régimen previsto por el Código Civil, específicamente, en sus otrora vigentes cánones 2637 a 2682. Esa Ley 40 adoptó un libro que llevara doble página, dividida en seis columnas, en las cuales se inscribían todos los derechos reales y situaciones jurídicas que afectaran al fundo matriculado, pero persistió una duplicidad normativa.
Luego, con el Decreto 1250 de 1970 se introdujeron, entre otros avances, (i) la unificación registral, determinando la existencia de un solo folio real para cada inmueble, (ii) la calificación legal antes de llevar a cabo la inscripción de un título, y (iii) el principio de publicidad, bajo el cual se garantizaba, no solo el acceso al archivo, sino dotar a dicha información con efectos vinculantes respecto a terceros. Finalmente, este sistema fue derogado por la Ley 1579 de 2012, hoy imperante, introduciendo la utilización de medios magnéticos y digitales a fin de garantizar su calidad, seguridad, celeridad y eficacia.
Ello significa que la historia registral de nuestro país es artesanal, desorganizada, insegura y parcial, no recoge toda la memoria de la propiedad, y si se hace, por ejemplo, un inventario de cuántos municipios existen y cuántos tienen notaría y oficinas de registro, la sorpresa será mayúscula ante el menor número de notarías y oficinas de registro en la inmensa zona de la ruralidad, municipios y ciudades intermedias nuevas. Hay cientos de municipios que nunca han tenido notaría y mucho menos oficinas de registro y la circulación de la propiedad inmobiliaria desafiaba por su informalidad la propiedad formal y la actividad de registro a cargo del Estado. Esta circunstancia sumada al carácter artesanal de la actividad de registro según se ha descrito, su duplicidad, la pluralidad de libros, en fin, muestra como la exigencia registral invierte la carga de la prueba.
De tal modo que el registro inmobiliario no cumple los principios que lo guían: la “fe pública registral”, también llamado de “legitimidad”, según el cual, los asientos en él efectuados se presumen veraces, al punto que “(…) el derecho real inscrito existe y pertenece a su titular en la forma [allí] determinada”; y de otro, el de “legalidad”, en cuanto los títulos materia de inscripción se someten a una calificación previa para determinar “(…) si cumple con los recaudos jurídicos necesarios para proceder a su [registro]”. No hay entonces, exactitud e integridad, de tal modo que los certificados que expide la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos reflejan apenas una realidad jurídica parcial de un fundo y, en esta hipótesis, si es factible escapar a los efectos vinculantes, y a la presunción de conocimiento general que conlleva un registro público.
Todas esas problemáticas provoca que la frontera entre baldíos, parques naturales nacionales y sus zonas amortiguadoras, áreas de patrimonio cultural arqueológico y/o de conservación ambiental (reservas forestales y humedales), los territorios étnicos y tierras privadas, sea nebulosa, situación idéntica presentada entre las heredades detentadas por poseedores y propietarios, ocasionando disputas en la clarificación y colindancias.
Si aquella zona, Miraflores, está poblada desde antiguo, y quienes primero la ocuparon fueron los españoles y la Iglesia Católica, mucho antes de nacer el Estado Colombiano; ¿Acaso, no es contradicción enorme, no reconocer el señorío y el dominio que la parroquia erigida hace más de doscientos años, ejerce sobre el cementerio y con muchos años de anticipación a las leyes de propiedad nacionales? La Parroquia nació en 1774 antes que el municipio y las leyes de Registro y con antelación a la República, ¿por qué esquilmarle sus derechos con leyes posteriores?
5.3.2. Aceptar la postura sugerida por la mayoría desconoce numerosos preceptos legales que avalan la pretensión de la parte demandante en el asunto cuestionado.
Según el canon 762 del Código Civil, “(…) [l]a posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño (…)”; por tanto, quien detenta esta calidad se reputa propietario mientras “otra persona no justifique serlo”, y, por consiguiente, quien así posea desplegará todas las prerrogativas y obligaciones propias de ese señorío.
La anterior, es la más importante y cardinal presunción, que por centurias han plasmado las Codificaciones Civiles, conjugando las tesis de Savigny y de Ihering, para tener por propietario al poseedor mientras otra persona no justifique serlo.
Así se dejó definido en el canon 700 del Estatuto Sustantivo Chileno de 1855, elaborado por Andrés Bello con sustento en las normas análogas implementadas en Francia y España; el cual sirvió de antecedente y sostén al Código Colombiano sancionado en 1873, así como a las legislaciones emitidas sobre la materia en Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá.
Por tanto, es un precepto con validez no sólo en el ordenamiento colombiano, sino también en el latinoamericano y en el Derecho continental europeo. Se trata de una presunción iuris tantum que exalta la posesión en el ordenamiento civil y, de consiguiente, la imposibilidad de desconocerla, hasta tanto no se desvertebren los fundamentos fácticos que la edifican.
En un pronunciamiento de la Corte de 1937, esta Sala especializada adoctrinó:
“(…) La presunción consagrada por el art. 762, en su inc. 2º, del C.C., tanto favorece al poseedor demandado como al poseedor demandante. Establece en términos generales, no sólo para efectos del juicio reivindicatorio sino también para todos los de la posesión, que el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. La posesión es un hecho que proporciona ventajas jurídicas. Ordinariamente no se hace resaltar sino los que aprovechan al poseedor demandado, como la de no sufrir el peso de la prueba y como la de estar en vía de hacerse dueño por prescripción. Pero también están las que protegen al poseedor demandante; como la misma usucapión; como la de iniciar acciones posesorias, como la de promover, si es regular, la publiciana, etc. El molestado en la posesión de la cosa o el despojado de ella, tiene en la presunción del art. 762 un medio fácil de que se respete su derecho. No necesita probar dominio sino posesión. Protegiéndose esta se protege su propiedad presunta (…)” (subrayas ex texto).
Súmese, en los artículos 1° y 2° de la Ley 200 de 1936, se postula que: “(…) presume que no son baldíos, sino de propiedad privada (…)” los inmuebles rurales poseídos por particulares, cuando aquéllos son explotados económicamente “(…) por medios positivos propios del dueño, como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación (…)”. Y, en sentido contrario, también se consignó otra presunción, suponiendo baldíos aquellos terrenos agrarios que no son objeto de aprovechamiento “en [es]a forma”, precisamente como compendio de lo consagrado en el artículo 675 del Código Civil: “(…) Son bienes de la Unión las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño (…)”.
Sin duda, las presunciones mencionadas emergen relevantes para el entendimiento del concepto de baldío, pues si el particular lo fructifica a través de actos propios de dueño, a guisa de ejemplo, las plantaciones y sementeras, debe entenderse como propiedad privada; y si el Estado discute esa calidad debe comprobar lo contrario, es decir, la falta de disfrute de la heredad y, por tanto, conserva la condición de bien inculto baldío.
En efecto, la presunción relacionada con los predios rurales que no se reputan baldíos, obliga al Estado a demostrar lo contrario, esto es, que no se dan las circunstancias que la ley exige para tener en cuenta que un fundo es de esa naturaleza. Entonces, un terreno, que no sea de los clasificados como reservados, que sea ocupado con la incorporación de actividades económicas de explotación como destaca la ley, se debe respetar.
Por sabido se tiene que un terreno baldío es del Estado y es imprescriptible como el ordenamiento jurídico nacional lo ha consagrado desde 1882, en la Ley 48, artículo 3: “(…) Las tierras baldías se reputan de uso público y su propiedad no prescribe contra la Nación (…)”; pasando por el Código Fiscal (Ley 110 de 1912) que dispuso en el artículo 61: “(…) El dominio de los baldíos no puede adquirirse por prescripción (…)”. Además, la Ley 160 de 1994, artículo 65, impuso la regla de que la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo pueden adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado; y, al mismo tiempo, los ocupantes meramente precarios de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa.
Con una rotunda reiteración en el derogado Código de Procedimiento Civil, artículo 407, incorporado con idéntica redacción en el canon 375, numeral 4, de la Ley 1564 de 2012, se consigna: “(…) La declaración de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de entidades de derecho público (…)”.
Para sostener la imprescriptibilidad de un terreno baldío se debe partir del supuesto, que ostenta esa calidad, por cuanto, si no es así, se ha de presumir que, si es usufructuado por un sujeto de derecho privado, se trata de un predio privado susceptible de prescribirse en los términos que la ley establece.
De vieja data esta Sala ha conceptuado en casación al respecto:
“(…) [E]l requisito [para] ser prescriptible el objeto materia de pertenencia, es, el de no tratarse de bienes de uso público ni pertenecer ellos a entidades de derecho público (Art. 407 núm. 4, C. de P.C.), no significa sin embargo que, frente a la prescripción extraordinaria y respecto de fundos rurales, el actor esté en la obligación de demostrar que el bien no es baldío, por haber salido del patrimonio del Estado [e] ingresado al de los particulares, pues esa exigencia no la impone el legislador, que por el contrario consagra el principio de prueba de dominio en su favor, al disponer [ello] en el artículo 1 de la Ley 200 de 1936 (…)”.
“(…) [N]o es válido sostener que, ante la ausencia de derechos reales en el certificado de registro inmobiliario correspondiente, éste tenga que considerarse baldío, ni tampoco que si la Ley autoriza en esas condiciones el inicio del proceso de pertenencia es para que (…) se acredite por el actor [el cumplimiento de] las condiciones de los artículos 3 y 4 de la Ley 200 de 1936 (…)”.
5.3.3. No puede invertirse, como lo hace la sentencia erróneamente la carga de la prueba en contra de quien no es el encargado de la función de registro inmobiliario cómo lo es el ciudadano para inferir, que ese aspecto formal, y sin estar inscrito el dominio del Estado, por la inversión de la presunción, es baldío y, en consecuencia, despojar de su derecho al poseedor del predio por centurias.
Adviértase, la certificación del registrador es erróneamente interpretada:
“Que revisado el índice de antiguo sistema de matrícula de propiedad inmueble correspondiente al municipio de Miraflores llevados durante la vigencia de la Ley 40/32, en el periodo comprendido entre el primero de septiembre de 1934 al 31 de diciembre de 1971, así como en los libros auxiliares de propietarios, índice de inmuebles e índice de propietarios, que para el efecto lleva esta Oficina; NO CONSTAN TITULARES DE DERECHO REAL SUJETO A REGISTRO Y NO APARECE NINGUNO COMO TAL en relación con el predio urbano, ubicado en la Calle 4 No. 12 – 79 del municipio de Miraflores Departamento de Boyacá, cuyos linderos generales suministrados por el interesado (…)”.
La Sala bajo un criterio absolutista y dogmático es terminante en inferir de ese elemento de convicción que no existen titulares de derechos reales sujetos a registro, sin embargo, la atestación del documento se refiere únicamente al período de vigencia de la Ley 40 de 1932, de los años 1934 a 31 de diciembre de 1971 y a los libros auxiliares de propietarios del índice de inmuebles y propietarios. Pero si la parroquia fue creada según las informaciones el 15 de enero de 1745, sobre un inmueble de propiedad de la Congregación de los Franciscanos, y en otra, según el archivo del mismo municipio el 16 de diciembre de 1743 y, se reconoció el 29 de diciembre de 1777; pero, además se sabe, que la Orden Monástica de la Cartuja era la propietaria, y debió reconstruir las instalaciones religiosas ante un voraz incendio, muchos años antes de erigirse la parroquia; no podía entonces la Sala inferir aquélla errónea tesis de la ausencia de titulares del derecho real de dominio sobre la heredad del cementerio. ¿Dónde está en relación con ese predio la información de las Reales Cédulas de 9 de marzo de 1778 y 16 de abril de 1783, así como de la Ley de 1 de junio de 1844 expedida por el Congreso de la Nueva Granada?, ¿Dónde está la información de bienes registrados prevista por el Código Civil de Cundinamarca de 1859, acogido por los demás Estados del país con la Ley 84 de 1873, y luego como legislación permanente mediante la Ley 57 de 1887, cuando se adoptó el primer código registral vernáculo?, ¿Dónde está la información de los tres libros que debía llevar el Registrador: uno para inscribir los títulos que trasladaban, modificaban o imponían una limitación al dominio de bienes inmuebles; el segundo para la inscripción de títulos que no afectaran la situación jurídica de las heredades, y el último para anotar gravámenes, tales como las hipotecas?, ¿Dónde está la información exigida por la Ley 57 de 1887 que introdujo el libro de causas mortuorias, autos de embargo y demandas civiles, o de los libros de registro de documentos privados y de contratos de prenda?. Tampoco está la información de los Archivos históricos, menos la del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ni de los archivos eclesiásticos. En fin, la conclusión a partir de una información minúscula y parcial para una heredad con historia de más cuatro siglos es insuficiente y corta para colegir que se trataba de baldío.
Debe precisarse que el certificado expedido por el registrador de instrumentos públicos es exigido en los juicios de pertenencia con la única finalidad de “(…) identificar los legítimos contradictores de la pretensión, que no son otras personas que en él figuren como titulares de derechos reales, pero en manera alguna [sirve para] demostrar que el bien es de propiedad privada (…)”.
Por tanto, en caso de no constar en ese documento inscrito ningún particular titular del derecho de dominio, no se colige la calidad de baldío de un predio, sino que, para formar adecuadamente el contradictorio, se dirige la demanda en contra de personas indeterminadas.
Sobre el particular, la Corte Constitucional expresó:
“(…) El certificado expedido por el registrador de instrumentos públicos, de que trata el numeral 5o. del artículo 407 del C.P.C., demandado, constituye un documento público (C.P.C., art. 262-2) que cumple con varios propósitos, pues no sólo facilita la determinación de la competencia funcional y territorial judicial para la autoridad que conocerá del proceso -juez civil del circuito del lugar donde se encuentre ubicado el inmueble (C.P.C., art. 16-5)-, sino que también permite integrar el legítimo opositor, por cuanto precisa contra quien deberá dirigirse el libelo de demanda (…)”.
“(…) Así se tiene que, el sujeto pasivo de la demanda de declaración de pertenencia estará conformado por la persona o personas que aparezcan en el aludido certificado como titulares de derechos reales principales sujetos a registro -propiedad, uso, usufructo o habitación- sobre el bien en litigio, a quienes se les notificará del auto admisorio de la demanda, permitiéndoles iniciar la correspondiente defensa de sus derechos. Si en ese documento no se señala a nadie con tal calidad, porque no hay inscrito o no se ha registrado el bien, se daría lugar al certificado negativo, obligando dirigir la demanda contra personas indeterminadas (…)”.
“(…) Puede suceder que en relación con el bien exista total certeza por parte del Registrador sobre la ausencia de registro de dichos derechos reales en cabeza de alguna persona y en ese orden de ideas no tenga ninguna dificultad para expedir el certificado negativo respectivo donde conste que "no aparece ninguna" persona como titular "de derechos reales sujetos a registro". Caso en el cual podrá admitirse la demanda en contra de personas indeterminadas y darse curso a la actuación en los términos señalados en el Código de Procedimiento Civil (…)” (subrayas fuera de texto).
En un reciente fallo conceptuó acerca de la pertinencia de ese elemento demostrativo:
“(…) La exigencia de aportar el folio de matrícula inmobiliaria para acreditar la propiedad sobre los predios sobre los cuales se reclamaba no implic[a] una actuación arbitraria o caprichosa por parte de la autoridad judicial accionada. Antes bien, con ella se da cumplimiento a las disposiciones del Código Civil que disciplinan la transmisión de dominio sobre los bienes raíces, la cual requiere el otorgamiento de escritura pública y su correspondiente inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos. Por tratarse de una solemnidad exigida por la ley, la constancia de la inscripción en el registro como prueba de la tradición de bienes inmuebles no admite ser suplida por testimonios u otros medios probatorios (…)”.
Ahora, retornando a la doctrina constitucional inmersa en la Sentencia C-275 de 2006, atrás citada, suponer la calidad de baldío solamente por la ausencia de registro o por la carencia de titulares de derechos reales inscritos en el mismo, implica desconocer la existencia de fundos o terrenos urbanos históricamente poseídos, carentes de formalización legal, postura desconocedora de las prerrogativas de quienes detentan de hecho la propiedad de un determinado bien.
Avalar lo aducido en el fallo del cual se disiente, equivale a revertir injustificadamente la carga de la prueba, para favorecer a una entidad territorial, al propio Estado.
El hecho de que supuestamente no aparezca anotado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del lugar de ubicación, un predio con el nombre de persona como propietaria, no puede constituir indicio suficiente para pensar que se trata de un bien baldío y, por tanto imprescriptible, ni puede apreciarse que deriva inferencia que lleve a esa conclusión.
5.3.4. Fulgura de las disquisiciones precedentes el error de la sentencia. Debió casarse, sin embargo, no se casó para declarar el dominio y, por el contrario, se concluye que sobre el suelo donde se halla el cementerio es bien baldío, con fundamento en el precedente de la Corte Constitucional expuesto en la sentencia T-488 de 2014, en el cual, una de sus Salas de revisión de tutelas, con salvamento de voto, en un caso de similar acontecer fáctico, equivocadamente omitió aplicar la presunción de propiedad privada fijada en la Ley 200 de 1936, sustentando tal yerro solamente en que en el certificado expedido por el registrador de instrumentos públicos del inmueble reclamado “no figuraba persona alguna como titular de derechos reales”.
Las presunciones ampliamente debatidas en este escrito, se hallan previstas en los artículos 1° modificado por el 2° de la Ley 4 de 1973, 2° y 3° de la Ley 200 de 1936, consistentes: la primera, en que “(…) se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares, entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica (…)” (art. 1); y, la segunda, “(…) presum[ir] baldíos los predios rústicos no poseídos en [esa] forma (…)”, han sido desarrolladas por la doctrina de esta Corte, siguiendo las tesis de R. Von Ihering, en las sentencias siguientes: Cas. del 24 de julio de 1937, XLV, 329; Sent. S. de n. G., del 9 de marzo de 1939, XLVII, 798; Cas. del 18 de mayo de 1940, XLIX, 311. La del art. 1 de la Ley 200 de 1936, modificado por el 2 de la Ley 4 de 1973: “(…) Se trata de una presunción a favor de los particulares y en contra de la Nación con que el art. 1 reformó la presunción tradicional de dominio establecida por los arts. 675 del C.C. y 44 del C. F. (…)” (Sent. 22 de junio de 1956, LXXXIIII, 74; 31 de julio de 1962, XCIX, 172).
Las dos, complementarias entre sí, hallan asiento sólido en la propia ley y en la doctrina jurisprudencial de esta Corte; pero cuando la decisión de tutela T-488 de 2014 encuentra defecto fáctico en el proceder del juez de la pertenencia porque en el predio “Lindanal” “(…) no figuraba persona alguna como titular de derechos reales (…)” y, al mismo tiempo, el prescribiente reconoció “(…) que la demanda se propuso contra personas indeterminadas (…)”, y pese a ello el juez consideró que “(…) el bien objeto de la demanda es inmueble que “puede ser objeto de apropiación privada” (…)” y, como secuela, surgían “(…) indicios suficientes para pensar razonablemente que el predio en discusión podía tratarse de un bien baldío y en esa medida no susceptible de apropiación por prescripción (…)” y, de consiguiente, se incurría en desconocimiento del precedente y en defecto orgánico por incompetencia, infringe rectamente y, de tajo, tanto las presunciones citadas e instaladas en el ordenamiento patrio desde 1936, que han servido de apoyo a innumerables decisiones políticas para la reforma agraria del país y a repetidas sentencias judiciales.
Asimismo, desecha la doctrina probable de esta Corte, luego memorada en las sentencias de casación del 16 de diciembre de 1997, expediente 4837; del 28 de agosto de 2000, exp. 5448, reiterando la del 9 de marzo de 1939, G. J. XLVII, p. 798; según las cuales, se presume “(…) que no son baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares (…)” (art. 1 de la Ley 200 de 1936, modificado por el 2 de la Ley 4 de 1973), cuando hay explotación económica del suelo con actos positivos propios de dueño; y por supuesto, a la sentencia C-383 de 2000 de la propia Corte Constitucional, cuando juzgó la exequibilidad de la regla 407 del entonces vigentes Código de Procedimiento Civil sobre la posibilidad de demandar a indeterminados con apoyo en certificado registral negativo, en el imperio del Código procesal de 1970.
Bajo el entendimiento de la sentencia T-488 de 2014, por vía de la revisión eventual de una acción constitucional “interpartes” y resuelta por una Sala de decisión, donde uno de los integrantes salvó voto parcialmente, adviértase, no solo se descartan las reglas 1, 2 y 3 de la Ley de Tierras del treinta y seis, como se viene discurriendo; también resultan quebrantados, por integrar conceptualmente el mismo plexo normativo, el art. 12 ejúsdem, modificado por el art. 4 de la Ley 4 de 1973, y de contera, los arts. 51 y 52 de la Ley 9 de 1989. El art. 12 por medio del cual se estableció “(…) una prescripción adquisitiva del dominio en favor de quien, creyendo de buena fe que se trata de tierras baldías, posea en los términos del artículo 1 de esta Ley, durante cinco (5) años continuos, terrenos de propiedad privada no explotados por su dueño en la época de la ocupación, ni comprendidos dentro de las reservas de la explotación, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo artículo (…)”; prescripción que cubre exclusivamente “(…) el terreno aprovechado o cultivado con trabajos agrícolas, industriales o pecuarios y que se haya poseído quieta y pacíficamente durante los cinco (5) años continuos y se suspende en favor de los absolutamente incapaces y de los menores adultos (…)” (ejúsdem). El 51 de la Ley 9 de 1989, en cuanto reduce la prescripción extraordinaria y ordinaria de dominio para viviendas de interés social a los términos de 5 y 3 años, respectivamente; preceptiva última que morigera la obligación de presentar el certificado del registrador.
Del mismo modo, desconocería la Ley 1561 de 2012, derogatoria de la Ley 1182 de 2008, cuyo propósito ha sido, según el Congreso colombiano, el de promover el acceso a la propiedad mediante un proceso especial, que fija competencia en los jueces municipales, no en el Incoder en Liquidación, hoy Agencia Nacional de Tierras, para “(…) otorgar título de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, y para sanear títulos que conlleven la llamada falsa tradición, con el fin de garantizar seguridad jurídica en los derechos sobre inmuebles, propiciar el desarrollo sostenible y prevenir el despojo o abandono forzado de inmuebles (…)” (art. 1).
La Ley 1561 de 2012 autoriza al juez a otorgar título de propiedad a “(…) [q]uien tenga título registrado a su nombre con inscripción que conlleve la llamada falsa tradición, tales como la enajenación de cosa ajena o la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, de conformidad con lo dispuesto en la ley registral, lo saneará, siempre y cuando cumpla los requisitos previstos en esta ley (…)” (subrayas de la Sala, art. 2 de la misma Ley). Y dentro de los anexos de la demanda, deberá adjuntarse según el art. 11, si la pretensión es titular la posesión, “(…) certificado de tradición y libertad o certificado de que no existen o no se encontraron titulares de derechos reales principales sobre el inmueble (…)”.
Si bien el artículo 48 de la Ley 160 de 1994 determina el procedimiento de clarificación de la propiedad de predios rurales a cargo del Incoder en Liquidación, el mismo no puede imponerse como paso previo o prerrequisito al juicio de pertenencia o de cualquiera de los asuntos previstos para usucapir. Tampoco ese precepto 48, ni otros, han abolido del ordenamiento las presunciones contenidas en el Código Civil, y en los cánones 1º y 2º de la Ley 200 de 1936, estudiadas en precedencia.
Si un juicio se halla con efectos de cosa juzgada bajo los cánones del C. P. C. o de las disposiciones agrarias contempladas en el Decreto 2303 de 1989 o de una diferente, tampoco puede removerse tan caro instituto por esta vía para decirse que debe aplicarse con efectos retroactivos, la ahora benéfica disposición del C. G. del P., que impone la citación del Incoder en Liquidación, hoy Agencia Nacional de Tierras y de otras entidades, para esa clase de litigios.
No obstante, corresponde al juez ser extremadamente cauto al declarar el dominio, tomando las medidas pertinentes para prevenir el fraude o la apropiación indebida de los bienes fiscales, como el caso de los baldíos.
Claro, en este escenario que se plantea a los jueces, es bienvenido el precepto 375 del C. G. del P., numeral 6°, en concordancia con el canon 48 de la Ley 160 de 1994, porque contribuye a solucionar hacia el futuro, problemas de diferente orden, que no es del caso abordar, en relación con la concentración o redistribución de la tierra en pocas o muchas manos, la productividad de las mismas, clarificación de tradiciones entre los intereses del Estado respecto de los particulares para reputarlos o no como bienes de dominio privado, los fundos reservados y los destinados para cualquier servicio o uso público, así como la delimitación y clarificación de las tierras de resguardo o las adjudicadas a las comunidades negras, vigencia de las presunciones, deberes judiciales, protección ambiental; incidencia de la minería, parques, reservas naturales; en fin, en cuestiones como la actualmente planteada a esta Corte.
Sin duda, la concurrencia del Estado con adecuada y técnica defensa de éste permitirá zanjar equitativamente las múltiples controversias que, sobre la naturaleza y finalidad del suelo desde el punto de vista constitucional, demandan una lectura dinámica en consonancia con los principios, valores y derechos constitucionales frente a la propiedad territorial.
Pero, itérese, es sólo a partir de la vigencia del C. G. del P., que se obliga al juez del proceso declarativo según la regla 375 numeral 6, citar a esas entidades públicas, en el caso de pertenencia de inmuebles.
5.3.5. Atañedero a la concentración de la tierra, es inminente la necesidad de mano dura contra el latifundio, y contra los propietarios destructores de la naturaleza.
Según datos de OXFAM, la concentración de la tierra en Colombia muestra:
“El 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana. El 19 % de tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas.
“El 0,1 % de las fincas que superan las 2000 hectáreas ocupan el 60 % de la tierra.
“En 1960 el 29 % de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas, en el 2002 la cifra subió a 46% y en 2017 el número escaló al 66 %.
“El 42,7 % de los propietarios de los predios más grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos.
“Las mujeres solo tienen titularidad sobre el 26 % de las tierras.
“De los 111,5 millones de hectáreas censadas, 43 millones (38,6 %) tienen uso agropecuario, mientras que 63,2 millones (56,7 %) se mantienen con superficies de bosques naturales.
“De las 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4 están dedicadas a la ganadería y solo 8,6 a la agricultura. La situación debería ser inversa, pues se recomienda que 15 millones de hectáreas deberían utilizarse para ganadería, pero se usan más del doble. Por su parte, 22 millones son aptas para cultivar, pero el país está lejos de llegar a esa cifra.
“Los predios de más de 1000 hectáreas dedican 87 % del terreno a ganadería y solo el 13 % agricultura. En los predios más pequeños, es decir, los menores a 5 hectáreas, el 55 % del predio se dedica a ganadería y el 45 % a agricultura. A pesar de que la situación es menos dramática en este último sector, la tendencia a la ganadería siempre es más alta que otras formas de explotación de la tierra.
“Los monocultivos predominan. Por ejemplo, el 30 % de las áreas sembradas en el departamento del Meta corresponde a palma aceitera.
“Un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar”.
Estas son cifras espeluznantes y, realizado un ejercicio comparativo con la región, las estadísticas hacen más patente la injusticia y las brechas de nuestro sistema:
Nótese, el anterior es el porcentaje de tierra que maneja el 1 % de las fincas más grandes. Fuente: Oxfam.
Como en líneas anteriores se señaló, no se desconocen los problemas de concentración de la tierra ni de miseria creciente en nuestro país, lastre que ha posibilitado el nacimiento de grupos guerrilleros y paramilitares y mafias criminales. El Acuerdo de Paz, Gobierno – FARC EP –, reconoce la desigualdad y de la concentración de la tierra, en manos de unos pocos, aparejada esa situación a problemas de desarrollo integral del campo, propiedad privada, competitividad, productividad, deforestación y contaminación, etc.; pero el problema central es la desigualdad, sumado a los conflictos rurales de apropiación y despojo de tierras, como a la usurpación de los baldíos y creciente destrucción del ecosistema.
En consecuencia, se hace necesaria la redistribución de la tierra, camino en el cual, el Acuerdo de Paz, Punto Uno, apenas es un proyecto. El Decreto 902 de 2017, es un paliativo y tiene muchas falencias, es extractivista pues busca desarrollar la minería, habilitando tierras para su desarrollo, por encima de la agricultura, esta, base de la alimentación. En efecto, torna inadjudicables tierras utilizadas en la explotación de recursos naturales o proyectos minero energéticos o de hidrocarburos, sectores que genera menos empleos y representa grandes y gravísimos impactos ambientales; en general, subyace la posibilidad de entregar tierras a quien no es campesino o trabajador del campo, en beneficio de empresarios no defensores ni protectores de los recursos ni del ecosistema.
La Ley Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social), a cargo de la Upara (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria), también envuelve la posibilidad de conceder beneficios a personas no destinatarias de la reforma Agraria requerida.
El observatorio Rural de la Universidad de la Salle, señala que el 45% del área agropecuaria se utiliza para ganadería extensiva con baja productividad, mientras que el 75 % de los campesinos carecen de tierra suficiente y productiva.
Pero el otro problema grave, tiene que ver con destrucción desaforada y despiadada de los bosques, de las zonas de reserva, de las fuentes hídricas y de la galopante contaminación de ríos, afluentes y cuencas hidrográficas, atentando contra la vida de las personas, de las generaciones presentes y de las futuras, desconociendo de tajo los principios del Estado de Derecho Ambiental.
Grosso modo, es un cuadro patético, de modo que lo expuesto, implica también que el juez, ante la inepcia del Estado, en su decisión impida la concentración de la tierra, luche contra el latifundio, proteja al campesino y al pequeño propietario. Al mismo tiempo que pondere la productividad del pequeño propietario y poseedor.
Cuando se trate de latifundios o de zonas de reserva que se pretenda usucapir, el juez debe ser un instructor exigente, debe hacer un control legal, constitucional y convencional riguroso, debe agotar los medios probatorios con profundidad para impedir la concentración de la tierra y su adquisición por usurpadores, falsos poseedores, invasores crematísticos, adulteradores del registro inmobiliario. Pero, jamás puede volver el derecho y la Constitución contra el pequeño propietario, contra el campesino o el indígena, contra los minifundistas, desconociéndole su posesión y el trabajo que ejecutan como fuente de riqueza y de realización humana y con mayor razón cuando racionalmente protegen el ecosistema, cuando se trata de sus derechos agrarios fundantes de los elementos mínimos de su subsistencia y de su familia; y ejercen un comportamiento ajustado a derecho.
Y mucho menos, puede volver la ley, en casos como el presente contra una parroquia arrebatándole la porción de tierra que ocupa el cementerio porque ese no es latifundio, ni baldío.
En todo caso, y en todo tipo de propiedad o de posesión debe resguardar sin cuartel las zonas de reserva, impedir su prescripción, luchar contra su destrucción, no otorgar títulos de dominio iusprivatistas para páramos, zonas de reserva forestal, bosques, rondas y nacimientos de los ríos, quebradas y afluentes, mucho menos a ejecutores de proyectos agroindustriales que destruyan el ecosistema, que contaminan ríos y océanos y envenenan vidas; tampoco a depredadores de LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA y los de las FUTURAS GENERACIONES, luchando también contra el cambio climático.
La regla 48 de la Ley 160 de 1994, recientemente reglamentada por el Ministerio de Agricultura a través del Decreto Nº1071 de 2015, es un instrumento de indiscutible valor para el Incoder en Liquidación, hoy Agencia Nacional de Tierras, pues estatuye los procedimientos administrativos de clarificación de la propiedad, y de deslinde y recuperación de baldíos. Ese trámite no ha sido parte ni es exigencia de los procesos a cargo de los jueces, y de ningún modo extingue la posibilidad de reclamar la usucapión de inmuebles agrarios.
Nótese, el objeto de la Ley 160 de 1994 fue el de “(…) crea[r] el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, (…) establece[r] un subsidio para la adquisición de tierras, (…) [y] reforma[r] el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (…)”, y de su contenido no brota derogación ni modificación, expresa o tácita, explícita o implícita, de la filosofía establecida en la Ley 200 de 1936, ni mucho menos, de la más que centenaria presunción contenida en el inciso 2º del canon 762 del Código Civil, como en su oportunidad si lo hizo la inexequible Ley 1152 de 2007, en relación con las premisas debatidas aquí de la Ley 200. Aquélla regla 48, establece unos procedimientos gubernativos a cargo del Incoder en Liquidación, hoy Agencia Nacional de Tierras, para clarificar la propiedad, incluyendo la forma de acreditar el derecho, determinar las pertenecientes al Estado y a los particulares, así como la ocupación indebida de baldíos y, en ella, limita la competencia a la titulación de los bienes adjudicables; entre otros, los baldíos, clasificación dentro de la que no caben los que no son baldíos por estar cobijados por la presunción de propiedad prevista en la Ley 200 de 1936.
No sobra agregar, que, por la misma senda, y según las determinaciones tomadas en esa acción, se repudiaría la historia registral del país, que se caracteriza por ser incompleta y anacrónica. Un registro imparcial e integral no puede imponerse exclusivamente a los particulares; pero, finalmente, esa decisión, traduce la confusión entre la prueba con el mismo derecho de propiedad.
La Corte Constitucional ha expedido numerosa jurisprudencia sobre el tema agrario, tales como las sentencias SU-235 y SU-426 de 2016, en las cuales se puso de relieve el problema de acceso a la tierra por parte de la población campesina víctima, así como las dificultades que trae consigo la recuperación de terrenos irregularmente apropiados por particulares, o por criminales y grupos al margen de la Ley, todo ello, debido a la equivocada, contradictoria e incompleta política estatal de repartición de bienes.
En esas providencias es loable el esfuerzo de la Corte Constitucional para formular solución a tan crítico asunto, propendiendo por la adopción de medidas eficaces y prontas para librar los baldíos de la tenencia indebida por parte de terceros o de avivatos de los bienes públicos. Sin embargo, esos pronunciamientos tienen un fundamento fáctico diferente a la problemática del sublite. Además, esta disidencia jamás ha negado la existencia de los bienes baldíos, los cuales hacen parte del patrimonio público y requieren de un control estatal estricto.
Asimismo, ese alto Tribunal expidió los fallos T-548 y T-549 de 2016, en los cuales, reiteró la postura edificada en la providencia T-488 de 2014 ya citada. En la sentencia T-549 de 2016, esa Corporación, como algo novedoso en su línea tutelar, reconoció expresamente que en nuestro sistema jurídico coexistían las dos presunciones, aparentemente contradictorias entre sí, “una de bien privado y otra de bien baldío”, la primera, contenida en el artículo 1º de la Ley 200 de 1936 y, la segunda, en los cánones 762 del Código Civil y 65 de la Ley 160 de 1994; sin embargo entendió que ese conflicto normativo “aparente” debía en todo caso resolverlo el Juez al momento de dirimir el respectivo juicio de pertenencia.
Empero, esas determinaciones transitan por la desafortunada senda trazada por la providencia T-488 de 2014, sin añadirle nuevos elementos, salvo la admisión de la existencia y vigencia de las presunciones de la Ley 200 de 1936.
Es de advertir que la propia Corte Constitucional se contradice, pues, luego de ventilar la vigencia de esas presunciones, a renglón seguido infiere que “en todos los casos en donde no exista propietario registrado en la matrícula de un bien inmueble, debe presumirse que este es un bien baldío”.
Esa conclusión invade no solo la esfera decisional del juez al momento de zanjar un conflicto de usucapión, sino que le impone al prescribiente la obligación de demostrar el carácter privado de su fundo, invirtiendo irrazonablemente la presunción en contra del usuario de la administración de justicia, del poseedor y del ciudadano.
Además, desconoce que las fuentes históricas de información oficiales previstas para la indagación de la propiedad y las sucesivas transferencias desde el dominio regalista español no resultan confiables, incluso para el propio Estado, pues los datos oficiales de catastro y registro, además de insuficientes, escuetos y caóticos, siguen hoy sin modernizarse ni depurarse. Esta negligencia es endémica y no puede trasladarse al ciudadano como si éste fuera el responsable de la omisión histórica del estamento oficial.
Debe recordarse, las autoridades públicas, por tener la responsabilidad de administrar el catastro y el registro de los baldíos de la Nación, así como de las tierras privadas, étnicas y las áreas protegidas, deben generar una confianza legítima y seguridad jurídica para los destinatarios de tales datos y, en general, para todos los asociados, derechos que no pueden quebrantarse prima facie por la negligencia del Estado en el ejercicio de dicha tarea.
Se vislumbra que en aquellas memoradas decisiones, el Máximo Tribunal Constitucional procura desconocer la facultad legalmente atribuida a los jueces naturales del derecho real de dominio de decidir juicios de pertenencia cuando no hay titular inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble cuyas declaratorias de pertenencia se reclaman, pretiriendo la numerosa normatividad y doctrina judicial, incluso, la dictada por el propio juez constitucional, con efectos erga omnes, no interpartes, con carácter imperativo por tratarse de providencias proferidas en acciones constitucionales de inexequibilidad, tal como se evidencia en la supra citada sentencia C-275 de 2006, según la cual:
“(…) Puede suceder que en relación con el bien exista total certeza por parte del Registrador sobre la ausencia de registro de (…) derechos reales en cabeza de alguna persona y en ese orden de ideas no tenga ninguna dificultad para expedir el certificado negativo respectivo donde conste que "no aparece ninguna" persona como titular "de derechos reales sujetos a registro". Caso en el cual podrá admitirse la demanda en contra de personas indeterminadas y darse curso a la actuación en los términos señalados en el Código de Procedimiento Civil (…)” (subrayas fuera de texto).
Sin lugar a dudas, la situación expuesta constituye una afrenta a los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, menoscabando los principios de legalidad y de seguridad jurídica, así como el imperativo supralegal según el cual: “(…) Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley (…)”; postura en contravía de los artículos 29, 228, 229 y 230 de la Constitución Política y 8, 9 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En el caso de la prescripción del cementerio por parte de una parroquia con una historia consolidada de siglos, tanto el Tribunal Superior de Tunja, como la propia Corte Suprema de Justicia, infringen derechamente las disposiciones concordatarias al declarar baldío una bien de una las Parroquias con una historia de siglos, respecto de un cementerio suyo, pues, siendo del patrimonio eclesial, lo transforman en bien del Estado, sin fórmula de juicio, porque éste no es el tipo de proceso expropiatorio; y del mismo modo, incurren en una alteración de la institución de los baldíos, todo ello a causa de errores jurídicos y probatorios.
En los anteriores términos, dejo consignado el anunciado salvamento.
Fecha, ut supra.
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
Radicación n.° 15455-31-89-001-2011-00025-01
Con el mayor respeto me permito disentir parcialmente de la posición mayoritaria de la Sala, por cuanto se abstuvo de hacer uso de la casación oficiosa consagrada en el inciso final del artículo 336 del Código General del Proceso, a pesar de que se hallaba comprometido ostensiblemente el patrimonio público del Estado, como explicará a continuación.
1. Naturaleza del recurso de casación.
1.1. El nacimiento de la casación estuvo mediado por su consideración como un instrumento excepcional, destinado a operar en los casos en que fuere necesaria la protección del derecho objetivo ante su desconocimiento por los operadores de justicia.
Así se previó en el decreto de 27 de noviembre de 1790 de la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, considerada la primera regulación sobre la materia, en el cual se estableció como función nuclear del tribunal de casación la anulación de «los procedimientos en los que hayan sido olvidadas las solemnidades legales y toda sentencia que contenga una contravención adversa al texto de la Ley» (negrilla fuera de texto).
Por contera, este remedio quedó proscrito «para la defensa del derecho de las partes», al punto que «éstas ni siquiera disponían propiamente de la facultad de acudir a dicho instituto, sino que eran utilizadas por el Tribunal de Cassation como medios de información de las contravenciones a la ley, pero nunca pensando en los intereses privados de los ciudadanos».
Excepcionalidad adecuada para satisfacer su misión histórica, como mecanismo de control de la actividad jurisdiccional, como lo advierte la doctrina especializada: «La razón que movió a crear la Corte de Casación no fue la de asegurar una unidad de jurisprudencia, puesto que no había unidad de legislación, sino la de asegurar la supremacía del poder legislativo sobre el judicial. Se afirmaba solamente que el poder legislativo correspondía al pueblo, en su asamblea, pero se temían las resistencias de los tribunales».
Aunque con posterioridad se remozó por los principios de cosa juzgada y confianza legítima, los cuales reclaman fallos intangibles e inmodificables después de agotados los grados jurisdiccionales, salvo situaciones límite en que se subvierta la integridad del orden jurídico, donde el balance entre «justicia en los pronunciamientos» y «la necesidad de firmeza de las decisiones judiciales» deba resolverse en favor de aquélla.
1.2. Sin embargo, la casación evolucionó para dar cabida a nuevas finalidades, con el consecuente aumento de los motivos que podrían dar lugar a la anulación de los veredictos censurados.
En un primer momento, esta impugnación fue utilizada para lograr la estandarización de la jurisprudencia, labor históricamente necesaria por «la unificación de la legislación nacional con el Código Civil», móvil «cuya importancia fue creciendo a medida que se le fue reconociendo una función creadora en la vida del Derecho».
Con posterioridad la casación sirvió para discutir aspectos fácticos de la controversia, ora por errores en la aplicación de las normas que gobiernan la aducción y valoración de los medios suasorios, o por pretermisión, suposición o tergiversación de las probanzas que integran la foliatura; ampliación que significó la tutela de fines privados, claro está, bajo estrictas premisas de excepcionalidad.
1.3. Frente a estas nuevas posibilidades el principio dispositivo encontró especial resonancia, como forma de acotar la procedencia de la casación y evitar su utilización como una instancia adicional en el interior de los procesos.
Total que el sistema dispositivo, «en sentido amplio[,] pretende dejar en manos de los particulares toda la tarea de iniciación, determinación del contenido y objeto e impulsión del proceso, además de la aportación de pruebas», de suerte que «el juez, aparece sin fuerza externa, como observador de tan singular combate».
En materia casacional el mencionado principio se tradujo en «la limitación de la actividad jurisdiccional del Tribunal de Casación… puesto que… tiene que ceñirse a los lindes que, tanto en las causales invocadas, como en los aspectos jurídicos alegados como fundamento de la censura, esgrima el recurrente en su demanda, sin que le sea permisible, sin rebasar sus poderes jurisdiccionales, examinar de oficio los demás aspectos que, no obstante contenerlos la sentencia, no han sido denunciados como motivo de ataque»; en suma, al juez «le está vedado revisar la sentencia recurrida por causales no invocadas, ni por fundamentos que la impugnación no trae, ni por errores que el recurrente no ha denunciado; y, en fin, que en su misión no le es dado alterar o modificar los hechos que como causa petendi de su específica y determinada pretensión impugnativa precisa y concreta el censor en su demanda».
1.4. En nuestro sistema procesal se asumieron como propios los anteriores lineamientos, incluso desde la admisibilidad de la casación en el numeral 1° del artículo 151 de la Constitución Política de 1886, en el cual se estableció que la Corte Suprema de Justicia actuaría como juez extraordinario encargado de conocer estos asuntos.
En desarrollo, la ley 169 de 1896 dispuso que «[c]on el fin principal de uniformar la jurisprudencia, y con el de enmendar los agravios inferidos a las partes, se concede recurso de casación para ante la Corte Suprema de Justicia» (artículo 1°), en los casos en que la sentencia sea «violatoria de ley sustantiva, ya sea directa la violación, ya sea efecto de una interpretación errónea de la misma ley, ya de indebida aplicación de esta al caso del pleito», o por «error de derecho o de error de hecho, siempre que este último aparezca de un modo evidente en los autos» (numeral 1° del artículo 2°).
Directriz reiterada en el Código Judicial -ley 105 de 17 de octubre de 1931-, el cual prescribió que la Sala de Casación Civil conocería «de los recursos de casación» (artículo 32), «[c]on el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional» (artículo 519), en los casos en que la sentencia confutada sea «violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, o aplicación indebida o interpretación errónea» (numeral 1° del artículo 520), así como otros yerros procesales expresamente previstos por el legislador.
Se limitaron, además de las providencias impugnables, los motivos de advenimiento, en un claro reconocimiento de su carácter excepcional y sometimiento al principio dispositivo, en el sentido de que la Corte no puede «investiga[r] si en la sentencia recurrida hay errores distintos a los acusados, porque el remedio extraordinario de la casación -y eso nadie lo ignora- es de carácter estricto y taxativo» (SC, 18 ab. 1932, GJ 1879, tomo XXXIX).
De allí que se insistiera en que «[n]o es, en efecto, la casación grado ulterior en el desarrollo del proceso, sino recurso extraordinario» (SC, 27 feb. 1958, GJ 2192-2193); naturaleza que «se expresa, en otras formas, en el establecimiento de una serie de requisitos para su procedencia, con el fin de evitar que sea utilizado como una instancia adicional para reabrir la controversia de una manera panorámica… Postura explicable por cuanto los litigios, salvo situaciones extraordinarias, encuentran su punto final en el fallo proferido por el superior, el cual llega revestido de la doble presunción de legalidad y acierto, que impide a cualquier otra autoridad judicial modificarlo o adicionarlo, salvo que se trate de recursos excepcionales (SC5340, 7 dic. 2018, rad. n.° 2003-00833-01)» (SC003, 18 en. 2021, rad. n.° 2010-00682-01).
De forma extensa, la Corte ha asegurado:
La casación fue concebida como un remedio excepcional caracterizado por unos estrictos requisitos para su procedencia, en puntos tales como la legitimación, causales, providencias susceptibles de censura, requisitos del escrito de sustentación, entre otros.
Así lo ha puesto de presente la Corporación en sus decisiones: ‘La naturaleza extraordinaria del recurso de casación se expresa, en otras formas, en el establecimiento de una serie de requisitos para su procedencia, con el fin de evitar que sea utilizado como una instancia adicional para reabrir la controversia de una manera panorámica. De allí que los artículos 365, 366, 368 y 374 del Código de Procedimiento Civil acoten, entre otros, los fines de la casación, las sentencias susceptibles de ser recurridas, las causales de procedencia y la libertad en la formulación de los cargos, como forma de salvaguardar su naturaleza. Postura explicable por cuanto los litigios, salvo situaciones extraordinarias, encuentran su punto final en el fallo proferido por el superior, el cual llega revestido de la doble presunción de legalidad y acierto, que impide a cualquier otra autoridad judicial modificarlo o adicionarlo, salvo que se trate de recursos excepcionales (SC5340, 7 dic. 2018, rad. n.° 2003-00833-01)’ (SC003, 18 en. 2021, rad. n.° 2010-00682-01).
Conceptualización que se mantuvo vigente en el Código General del Proceso, en el que se previó como fin de la casación «defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico» (artículo 333), con férreas restricciones formales y sustanciales para la viabilidad del remedio extraordinario, así como requisitos técnicos para su adecuada sustentación, como se estableció en los cánones 333, 334, 336, 338, 344, 346 y 347.
2. Redimensión contemporánea de la casación.
2.1. El reconocimiento del debido proceso como un derecho humano, con fuente en los cánones 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, avivó la idea de que el proceso civil debe responder no sólo a los postulados de una justicia eminentemente rogada o dispositiva, sino que en ciertos casos deben rebasarse los linderos trazados por los sujetos procesales como garantía de la justicia en el caso concreto.
Total, por mandato convencional, el proceso debe contribuir al logro de un paradigma de justicia en un momento histórico determinado, cuya realización impone que el juicio deje de estar exclusivamente en manos de las partes para permitir que el fallador, dentro de sus atribuciones, favorezca la consecución de este objetivo.
El debido proceso actual, por tanto, clama porque en el interior del litigio se tenga en consideración que «es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia… El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales».
Dentro de este contexto se abrió paso la oficiosidad judicial, con el fin de dotar al aparato judicial de herramientas para acercar la decisión final a la realidad material. Esto por cuanto, «[d]esde que el juez es el director del proceso, lógicamente debe estar dotado de una serie de poderes para que pueda precisamente ejercer esa función, de gran magnitud en el Proceso Civil contemporáneo. Estos poderes los establecen el Código colombiano y varios códigos modernos, como el argentino y los de varias provincias de la República Argentina, los de algunos países centroamericanos, que se organizan para que esa actividad permanente del juez en la dirección del proceso cumpla su objetivo, llegue a la meta, de manera que esa función básica del Estado, cual es la jurisdiccional, se cumpla satisfactoriamente».
Y es que, un implacable sometimiento al principio dispositivo, conduce a «una situación del juez realmente humillante, pues la configuración de este tipo de proceso puede llevarlo, y casi siempre lo lleva, a fallar como ‘verdad’ -probada procesalmente, verdad formal- lo que en realidad no es tal; por ello Guasp ha resaltado la ‘inminencia de un ritualismo incompatible con la mejora de la institución procesal que exige ir continuamente eliminando las llamadas verdades formales para dejar paso a la única verdad que existe, la que concuerda con la realidad’».
Dicho en palabras de la Corte Constitucional, «[c]uando la base teórica que soportaba el modelo dispositivo hizo crisis (liberalismo clásico, igualdad formal, individualismo), fue objeto de severas críticas y se pasó a concebir el proceso como un instrumento de naturaleza ‘pública’. Se reinterpretó la función del juez como ‘longa manus del Estado’, encargado de velar por la protección de los derechos, en especial ante ‘la creciente necesidad de dirección y control por parte del tribunal sobre el procedimiento y la exigencia de suplementar las iniciativas probatorias de las partes cuando no son suficientes para probar los hechos en disputa’» (C-086/16).
2.2. La casación se vio estremecida por estas ideas, pues si bien en sus inicios la oficiosidad hizo parte de aquélla, lo cierto es que con el advenimiento del principio dispositivo parecía alzarse una contradicción irresoluble.
2.2.1. Rememórense las palabras de Piero Calamandrei, quien aseguró, «por ejemplo, que el Trib. de casación tuviese la facultad de llevar a cabo una inquisición, una verificación periódica sobre todas las sentencias en dernier resort emitidas por la autoridad judicial…, podría parecer el que respondiese mejor al concepto originario del instituto», para cuya implementación bastaba que se le ocurriera «a los reformadores, los cuales, acaso pensando que también para el órgano de casación que tenía el nombre y la apariencia de un tribunal, debía valer la regla judicial ne procedat judex ex officio, no le dejaron la iniciativa de su función».
La oficiosidad, entonces, era vista como una forma de garantizar el control judicial, pues el mismo no podía quedar al vaivén de los sujetos procesales, sino en las del órgano de cierre. Sin embargo, esto cedió por fuerza del reconocimiento del principio dispositivo que se consideró ínsito al proceso civil, el cual sirvió para coartar las atribuciones de los sentenciadores con el fin de garantizar la prevalencia de los intereses individuales.
2.2.2. Sin embargo, una vez asentida la intervención judicial oficiosa por fuerza de la publicitación del proceso, con expresiones concretas en materia de impulso del proceso, trámite probatorio y contenido de la sentencia, se bosquejó su ensanchamiento a la senda extraordinaria, de lo cual dieron cuenta diversos sistemas jurídicos.
Así, en el concierto internacional, se vislumbraron tres (3) respuestas:
(i) otorgar a órganos estatales, diferentes a los sujetos procesales, la titularidad de la pretensión impugnaticia;
(ii) implementar mecanismos especiales de unificación jurisprudencial, al servicio del sistema judicial y sin efectos frente a casos concretos; y
(iii) permitir al tribunal de cierre que anule la sentencia criticada por motivos diferentes a los señalados en el escrito casacional.
A título de ejemplificación, en el caso italiano se otorgó al ministerio público «los mismos poderes que pertenecen a las partes» (artículo 72 del Código de Procedimiento Civil), incluyendo la facultad de deprecar al Tribunal de Casación que «emita en interés de la ley el principio del derecho a la que el juez de primera instancia debería haber[se] atenido» (artículo 363).
Trasluce que, con independencia de los litigantes, existe la posibilidad de que la entidad encargada de la defensa del interés general acuda al órgano de cierre para que éste corrija, en abstracto, los errores de juzgamiento en que haya incurrido el sentenciador de instancia, como garantía de la recta aplicación de la ley y estandarización de la jurisprudencia.
Por otro lado, países como España dieron vida a un recurso en interés de la ley, el cual puede promoverse por el ministerio público o el defensor público (artículo 491 del Código Procesal Civil) con la finalidad de proteger «la unidad de doctrina jurisprudencial, respecto de sentencias que resuelvan recursos extraordinarios por infracción de ley procesal cuando las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia sostuvieran criterios discrepantes sobre la interpretación de normas procesales» (artículo 490), aunque en este caso «[l]a sentencia que se dicte en los recursos en interés de la ley respetará, en todo caso, las situaciones jurídicas particulares derivadas de las sentencias alegadas y, cuando fuere estimatoria, fijará en el fallo la doctrina jurisprudencial» (artículo 493).
En la anterior hipótesis no existe propiamente una ampliación del remedio casacional, pero se salvaguarda su finalidad por medio de otros instrumentos que, sin afectar la determinación emitida en el juicio, permiten la unificación de la jurisprudencia.
Finalmente, en algunos ordenamientos se consagró la facultad para que el tribunal de cierre anule oficiosamente las providencias que lleguen a su conocimiento, cuando se vislumbren situaciones atentatorias del orden público. Verbi gracia, en el canon 252 del Código de Procedimiento Civil boliviano se consagró que «[e]l juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesen al orden público» (negrilla fuera de texto).
Idéntica orientación está contenida en el canon 775 del estatuto adjetivo chileno, a saber: «No obstante lo dispuesto en los artículos 769 y 774, pueden los tribunales, conociendo por vía de apelación, consulta o casación o en alguna incidencia, invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma, debiendo oír sobre este punto a los abogados que concurran a alegar en la vista de la causa e indicar a los mismos los posibles vicios sobre los cuales deberán alegar» (negrilla fuera de texto).
El Código de Procedimiento Civil venezolano tiene un precepto equivalente: «Podrá también la Corte Suprema de Justicia en su sentencia hacer pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que ella encontrare, aunque no se las haya denunciado» (negrilla fuera de texto, artículo 320).
Esta última figura, de reciente incorporación, es conocida como casación de oficio, y se define como la atribución otorgada a los tribunales de cierre para que invaliden, por su propia iniciativa, los veredictos que lleguen a su conocimiento, siempre que se vislumbre una situación que subvierta el orden jurídico; dicho de otra manera, es un poder reconocido a «los tribunales para declarar nulo lo obrado en un juicio seguido ante un tribunal inferior cuando conozca de dicho asunto por vía de apelación, consulta o casación o alguna incidencia, siempre que adolezca de vicios que habilitan para solicitar la casación en la forma de una sentencia».
Eventualidad que ha sido reclamada por diversos tribunales, como la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia ecuatoriana:
En definitiva, el recurso extraordinario debe operar de tal manera que sirva a las finalidades públicas y privadas. Con esto de ninguna manera se quiere decir que siempre ha de servir a unas y otras, ya que en ocasiones ocurre que la sentencia casada en su parte motiva o considerativa es errada, pero la resolutiva en cuanto acepta o rechaza la pretensión del actor está conforme a derecho, caso en el cual debe casarse parcialmente el fallo impugnado y corregir los errores en la fundamentación. Los partidarios de la teoría privatista del recurso ciertamente que condenarán este tipo de casación platónica por considerarla ajena al fin real del recurso, esto es, la reparación del agravio sufrido por el recurrente… Con el siguiente ejemplo se aclara el punto: si en el proceso de instancia se rechazó la pretensión del actor aduciendo existir ilegitimidad de personería (falta de legitimación ad processum) y el acto impugna en casación alegando que no existe tal vicio, el Tribunal de Casación deberá admitir su demanda y revocar el fallo de instancia, pero al examinar el proceso encuentra que ha habido falta de legítimo contradictor (falta de legitimatio ad causam), porque, por ejemplo, siendo un caso de litis consorcio necesario no intervinieron todas las personas que debían hacerlo, se deberá rechazar la pretensión y dictar una sentencia inhibitoria. En cierta forma, se podrá decir que se está ante una casación platónica (29 ab. 2008, resol. n.° 140-2008).
Incluso nuestra Corte Constitucional se refirió a esta institución en los siguientes términos:
Se trata de un instrumento de significativa relevancia que además de limitar la naturaleza marcadamente dispositiva que ha caracterizado el recurso de casación -con impactos negativos importantes en la prevalencia del derecho sustancial-, contribuye en plena armonía con los nuevos fines que lo inspiran, a promover el influjo directo de contenidos constitucionales en la comprensión e interpretación de los asuntos civiles, comerciales, agrarios y de familia. Tiene la Corte Suprema de Justicia, por expresa disposición del legislador procesal, el deber de transformar cualitativamente el significado del recurso. En el ámbito de sus atribuciones, la Corte Suprema debe asegurar que las normas de la Constitución adquieran real vigencia y efectividad en el derecho ordinario. Es a la luz de estas consideraciones que ese Tribunal deberá interpretar esta nueva institución. El legislador ya ha dado un paso, el siguiente le corresponde a la Corte (C-213/17).
2.2.3. La oficiosidad llegó a la casación sin borrar sus raíces, en particular su naturaleza extraordinaria y la estricta sujeción al principio dispositivo, por lo que debe hacerse una labor de compatibilización que permita su subsistencia conjunta.
Total que, «la asignación al juez de fuertes poderes en orden al control de la legalidad de los actos procesales y del andar procesal es perfectamente posible en un Estado democrático de Derecho garante de los derechos de los ciudadanos»; sin embargo, «La legitimidad de la relación derecho subjetivo-tutela jurisdiccional-poderes del juez, sólo puede cuestionarse cuando el Estado se adjudica para sí, en términos de monopolio, el control de todos los aspectos formales de la relación procesal, impidiendo que los litigantes puedan llevar el proceso a término».
Por tanto, acaece inevitable que, para evitar expropiar el litigio o desconocer el interés de los sujetos procesales, en desatención de la autonomía privada y de la libertad de administración de la propiedad privada, la oficiosidad en la casación debe restringirse a cuestiones superlativas.
De allí que, si bien como regla de principio «no se pueden examinar[se] de oficio defectos de la sentencia que no hayan sido denunciados formalmente por el recurrente, y decidir la nulidad del fallo por errores no invocados en la formalización», lo cierto es que «existiendo la casación de oficio, no sería factible el desistimiento del recurso ni la perención, como modos anormales de terminación del procedimiento; pues estos no podrían producir sus normales e inmediatos efectos, hasta que la Corte cumpla la ineludible función de revisar de oficio el expediente para verificar si, a pesar del desistimiento y de la perención, existen motivos para casar el fallo oficiosamente».
3. La casación de oficio en Colombia.
3.1. En nuestro país, el primer paso decidido para la oficiosidad en la casación civil se dio con el artículo 7° de la ley 1285 de 2009, modificatorio del canon 16 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia -LEAJ-, en el cual se estableció: «Las Salas de Casación Civil y Agraria Laboral y Penal, actuarán según su especialidad como Tribunal de Casación, pudiendo seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos» (negrilla fuera de texto).
La Corte Constitucional, a propósito del examen previo y forzoso de constitucionalidad de la ley 1285 de 2009, dijo sobre esta norma:
[E]l nuevo paradigma de la casación involucra una lectura de esa institución desde una óptica que comprenda (i) la unificación de la jurisprudencia, (ii) la garantía del principio de legalidad en una dimensión amplia, (iii) acompañada de la protección efectiva de los derechos constitucionales bajo el principio de la prevalencia del derecho sustancial [por tanto] En el asunto bajo examen, al atribuirse a las Salas de Casación de la Corte Suprema la facultad de seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento “para los fines de unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales fundamentales y control de legalidad de los fallos”, la Corte considera que los propósitos para los cuales se prevé la casación se ajustan al ordenamiento Superior, en la medida en que armonizan con los fines que por su naturaleza corresponden a esa institución»; sin embargo, «[e]n cuanto a la facultad de “selección de las sentencias objeto de su pronunciamiento”, la Corte considera que la norma es constitucional pero sólo de manera condicionada. En efecto, a juicio de la Corte, la norma es exequible en el entendido de que la decisión de no selección adoptada al momento de decidir sobre la admisión del recurso de casación, deberá ser motivada y tramitada conforme a las reglas y requisitos específicos que establezca la ley… De lo contrario podrían afectarse los derechos de acceso efectivo a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial y el debido proceso, en lo referente al deber de motivación de las decisiones judiciales (C-713/2008).
Frente al anterior contenido normativo se erigieron dos (2) interpretaciones antagónicas.
La primera, fundada en el tenor literal del mandato estatutario, abogó por que la Corte pudiera hacer uso de la selección positiva y la negativa, esto es, conocer de casos que no satisficieran las exigencias legales para admisión o desechar los que formalmente cumplieran los requisitos legales, respectivamente, siempre dentro del contexto de las causales señaladas por el legislador.
La segunda, centrada en la congestión judicial y el análisis de la sentencia del órgano constitucional, circunscribió la atribución de la Corporación a la mencionada selección negativa.
La Sala de Casación Civil, en un momento inicial, entendió que la selección concebida por el legislador lo fue únicamente para excluir algunos asuntos del examen de fondo de asuntos, sustentada en los siguientes razonamientos:
En orden a precisar las razones que debe considerar la Corte para seleccionar el escrito incoativo, basta acudir a la Ley 1285 de 22 de enero de 2009, reformatoria de la Ley 270 de 1996, pues allí aparecen nítidas las directrices determinantes de tal precisión; las mismas refulgen tangibles y concretas, vale decir: “(..) para los fines de unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos…”
En consecuencia, un primer criterio o pauta para proceder a dicha escogencia, tiene que ver con el propósito de unificar la jurisprudencia; y, en esa línea, de suyo emerge que si el tema vinculado a la inconformidad exteriorizada ha sido suficientemente consolidado por la jurisprudencia, ha habido un criterio constante e inmodificable sobre el particular e, igualmente, advierte la Sala que no se evidencian razones que conduzcan a su modificación, podrá abstenerse de seleccionar el asunto, exponiendo, desde luego, escuetamente, esa circunstancia.
Agregase que tal determinación, también surge procedente, cuando el error que se le enrostra al sentenciador resulta irrelevante o no es manifiesto o, lisa y llanamente, no pone en entredicho los derechos constitucionales de las partes, ni la legalidad de la decisión, hipótesis que habilitará a la Corte para abstenerse de seleccionar la demanda. Bastará que así lo diga en la motivación pertinente (AC, 12 may. 2009, rad. n.° 2001-00922-01).
Sin embargo, a través de la dinámica de las discusiones planteadas en la Sala se cambió de postura, para interpretar que el artículo 7° de la ley 1285 de 2009 servía para atenuar los rigores formales de la casación, permitiendo, asimismo, que escritos de sustentación que no llenaran todas las exigencias formales y técnicas pudieran ser examinadas de fondo, bien para unificar la jurisprudencia, ora para controlar la legalidad -en sentido amplio- de los fallos, o ya en procura de amparar los derechos constitucionales vulnerados con la sentencia.
3.2. La doble funcionalidad de la selección en el recurso de casación -negativa y positiva- fue ratificada, en cierta medida, por el Código General del Proceso.
Este estatuto denominó como selección, a secas, a la que hasta el momento se venía conociendo como negativa, anotando que se trata de una facultad o potestad de la que puede hacer uso la Sala para inadmitir demandas formalmente idóneas, de darse alguno de los siguientes eventos: (i) cuando exista identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la Corte, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar su sentido; (ii) cuando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garantías de las partes, ni comportan una lesión relevante del ordenamiento; y (iii) cuando no es evidente la trasgresión del ordenamiento jurídico en detrimento del recurrente (artículo 347).
Frente a la positiva, si bien el codificador no incluyó un desarrollo particular, lo cierto es que en el inciso final del artículo 336 incorporó expresamente la casación oficiosa, con causales que constituyen un desarrollo de aquélla. Y es que, sólo ante la posibilidad de que la Corte anule la sentencia motu proprio tiene sentido acudir a la selección positiva, pues de lo contrario escogería un asunto sin estar facultada para proferir un fallo de fondo; en otras palabras, sin la permisión de casar de oficio resultaría infructuoso elegir asuntos para un examen de fondo, porque en contextos dispositivos el quiebre de la sentencia del tribunal está supeditada a la prosperidad de los cargos propuestos por el impugnante.
Esto explica que la primera alusión a la selección positiva en la jurisprudencia de esta Colegiatura apareciera en el fallo de 5 de febrero de 2016 (SC1131, rad. n.° 2009-00443-01), después de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, facultad que se ejerció por primera vez dos (2) años más tarde, donde se dijo:
[F]rente a la facultad otorgada por el legislador estatutario en relación con la selección a secas (DRA: ‘acción y efecto de elegir a una o varias personas o cosas entre otras, separándolas de ellas y prefiriéndolas’) de sentencias objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal de casación, estableció la Corte Constitucional dos facultades de íntimo ligamen: las que ahora se han dado en denominar gráficamente como selección positiva y selección negativa de sentencias.
Tiene lugar la primera cuando la Corte, en uso de sus atribuciones derivadas directamente del comentado inciso segundo del artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, que modificó el séptimo de la Ley 270 de 1996, selecciona -utilizada esta palabra en el sentido propio, es decir, el de la definición antes transcrita- una sentencia para hacer un estudio exhaustivo y proferir una eventual decisión de fondo con miras al cumplimiento de los fines previstos en el comentado inciso y atinentes a la protección de derechos constitucionales, control de legalidad de los fallos y a la unificación de la jurisprudencia.
Por esta vía, es procedente interpretar que el inciso último del artículo 336 del CGP, atinente a las causales de casación, vino a constituir un desarrollo o reglamento de tal facultad, pues habilitó a la Corte para “casar la sentencia, aún de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público (sic), o atenta contra los derechos y garantías constitucionales”, lo que supone entonces que el Tribunal de Casación pueda dejar de lado aspectos formales que le llevarían a la inadmisión de la demanda de casación, por ejemplo, con miras a seleccionar, preferir o escoger la sentencia objeto de su pronunciamiento -forzosamente la que ya está siendo estudiada por la Corte en virtud del recurso de casación interpuesto- para los anotados fines.
Y tiene lugar la segunda, la denominada impropiamente como selección negativa, al tenor de lo decidido en la sentencia C-713-2008 de la Corte Constitucional, ‘previa tramitación conforme a las reglas y requisitos específicos que establezca la ley’ en decisión adoptada ‘al momento de decidir sobre la admisión del recurso de casación’, por supuesto motivada… (AC1226, 3 ab. 2018, rad. n.° 2015-00382-01).
Atribución de la cual se hizo uso en providencia del 10 de octubre de 2019, para viabilizar «un estudio de fondo de lo que los cargos y la sentencia abordan en punto a la paternidad de los hijos reconocidos voluntariamente a sabiendas de la inexistencia de parentesco de consanguinidad, en atención a los caros intereses (derechos fundamentales de filiación de las partes) en juego» (AC4419, rad. n.° 2019-03273-00).
Lo mismo se hizo en auto de 13 de diciembre de 2018, «con el fin de descartar [en el caso concreto] la configuración de situaciones que atenten contra el orden público o desatiendan el derecho de contradicción de la accionante» (AC5460, 13 dic. 2018, rad. n.° 2014-00085-01).
Recientemente la Sala repitió: «puede permitirse el estudio en casación de un asunto que, a pesar de no cumplir las condiciones técnicas para su estudio, encaje de forma evidente en alguno de los motivos establecidos en el último inciso del artículo 336 del Código General del Proceso, lo que constituye una selección positiva de oficio» (AC5612, 11 en. 2019, rad. n.° 2014-00645-01).
3.3. Para conciliar la oficiosidad con las finalidades clásicas de la casación, el nuevo estatuto procesal adicionó a los míticos roles de protección al orden jurídico y unificación de la jurisprudencia, los de «defender el ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida» (artículo 333).
Esta ampliación sirvió para acompasar el funcionamiento tradicional de la casación con los tiempos actuales, de los cuales debe dar cuenta la Corte Suprema de Justicia «como tribunal de casación» (numeral 1° del artículo 235 de la Constitución Política).
3.4. Es un punto común que la excepcionalidad de la casación se mantuvo en el Código General del Proceso, pues este estatuto preservó las restricciones en punto a las providencias recurribles (artículo 334), necesidad de un interés patrimonial para acceder a la misma (artículo 338), requisitos de oportunidad y legitimación para su interposición (artículo 337), causales de procedencia (artículo 336) y requerimientos del escrito de sustentación (artículo 344).
De allí que esta Corporación asegurara que, «para no alterar la naturaleza de la casación como remedio extraordinario, a la comentada facultad [oficiosa] solo puede acudirse excepcionalmente, y ante la inequívoca evidencia de la lesión que el fallo recurrido irroga al orden o el patrimonio público, los derechos o las garantías constitucionales» (negrilla fuera de texto, AC3057, 1° ag. 2019, rad. n.° 2015-00360-01).
Ya de antaño la jurisprudencia constitucional ha dicho que «el legislador, de manera progresiva, ha reconocido al juez ordinario un mayor rol dentro del proceso judicial, sin que tales facultades representen, por sí mismas, una visión autoritaria del sistema procesal colombiano. En esta dirección, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han sostenido el carácter mixto del actual procedimiento civil, en tanto las partes continúan manteniendo la obligación de iniciar el trámite judicial, allegar los medios de prueba relevantes para la concesión de las pretensiones y alegar los supuestos fácticos que demuestren su hipótesis jurídica; y el funcionario judicial, por su parte, tiene el deber de emplear todos los poderes que legalmente le fueron otorgados para lograr la tutela jurisdiccional efectiva» (T-074/18).
Deviene ineludible, entonces, que en el ejercicio de esta novel prerrogativa la Corte debe actuar con el mayor cuidado, sin incurrir en excesos o en un uso indiscriminado, so pena de trastornar el esquema procesal vigente.
3.5. Para lograr el equilibrio antes reclamado, la oficiosidad en la casación debe subordinarse a una estricta observancia de los motivos de procedencia, pues en ellos encuentra, no sólo su fuente, sino sus límites.
Éstos están contenidos en el artículo 336 de la codificación procesal vigente, a saber:
Causales de casación. Son causales del recurso extraordinario de casación: 1. La violación directa de una norma jurídica sustancial. 2. La violación indirecta de la ley sustancial… 3. No estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio. 4. Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación del apelante único. 5. Haberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad…
La Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, podrá casar la sentencia, aún de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales (negrilla fuera de texto).
Refulge del transcrito mandato legal que, además de las causales específicas, se requiere que el agravio cometido por el sentenciador sea trascendente, de suerte que la intervención excepcional devenga forzosa en garantía del orden institucional. Así se extrae de la locución ostensible, que significa «claro, manifiesto, patente», la cual fue empleada por el legislador como condición sine qua non para la viabilidad de la anulación oficiosa.
3.5.1. El primer motivo para la casación oficiosa es el desconocimiento del orden público, noción que, si bien es de difícil delimitación, lo cierto es que la jurisprudencia ha contribuido a su puntualización.
Famosa es la frase «[e]l orden público es un caballo difícil de domar; aun logrando montarlo, no sabe uno a dónde lo va a conducir. Puede alejar del buen derecho», con el fin de relievar su vaporosidad. De allí que sea la jurisprudencia, en los casos en que el legislador no lo haga expresamente, la encargada de definir las subreglas que permitan asir el orden público.
Situación explicable por cuanto, «[l]a noción social del orden público… es una noción eminentemente flexible, cuyas aplicaciones serán variables porque, si las necesidades sociales son siempre las mismas en sus principios, pueden ser esencialmente variables en su aplicación».
Para su determinación, en sentencia de 31 de mayo de 1938, la Sala aseguró que está contenido en principios y reglas «en cuyo mantenimiento tienen un interés considerable tanto el Estado como la sociedad» (GJ XLVI, n.° 1936).
Años más tarde dilucidó:
Las leyes de orden público, según el concepto de Beudant, son las que tienden a asegurar la organización que posee una sociedad para su normal y correcto funcionamiento, y tienen como característica predominante que interesan más a la comunidad que a los hombres individualmente considerados y se inspira más en el interés general que en el de los individuos…
Lejos de toda generalización absoluta, debe atenderse con presencia al fundamento y fin de cada norma para determinar su verdadero carácter según que se dirija y destine directa e inmediatamente al beneficio de un particular o a beneficiar en primer término la comunidad. De esta manera aparece muy calificado el carácter de orden público que corresponde a las leyes de derecho privado que rigen, por ejemplo, el estado y capacidad de las personas, base de la organización social; las que gobiernan la propiedad, especialmente la agraria por que conforman económicamente el Estado (negrilla fuera de texto, SC, 23 jun. 1940, GJ XLIX).
Después se asintió en que el orden público «exige la aplicación de ciertas normas de origen general que primando sobre el interés individual contemplan la seguridad y beneficio económico de la sociedad y de las naciones» (SC, 5 ab. 1940, GJ XLIX, n.° 1955-1956), que se expresa en «el conjunto de reglas que no puede ser alterado por el querer de los contratantes» (SC, 28 ag. 1945, GJ LIX, n.° 2022-2023).
En suma, son los «principios cardinales del derecho público colombiano [y las] normas de derecho privado promulgadas con finalidades que evidente y principalmente se encaminan a salvaguardar el orden social y jurídico del Estado» (negrilla fuera de texto, SC, 28 jul. 1998, exp. n.° 6583).
Dicho en breve, el orden público consulta «intereses de carácter general» (SC, 29 ab. 1969, GJ CXXX, n.° 2310-2311-2312), así como «los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jurídico nacional» (SC080, 5 nov. 1996; reiterada SC, 22 sep. 1999, exp. n.° 6702 y SC, 16 jul. 2001, exp. n.° 7528) y «los principios básicos… que inspiran las instituciones estatuidas en Colombia» (SC, 30 en. 2004, rad. n.° 2002-00008-01; reiterada SC077, 6 ag. 2004, rad. n.° 2001-00190-01 y SC, 28 may. 2010, rad. n.° 2008-00596-00), como sucede con las normas sobre sociedad conyugal (SC, 30 ab. 1970, GJ CXXXIV, n.° 2326-2327-2328), ritualidad procesal (SC, 20 en. 1972, GJ CXLII, n.° 2352), estado civil (SC, 17 may. 1978), presupuestos procesales (SC, 29 sep. 1980, GJ CLXVI, n.° 2407), competencia judicial (SC, 6 dic. 1982), nulidades sustanciales (SC, 23 ab. 1987, GJ CLXXXVIII, n.° 2427), plazos legales de prescripción (SC065, 4 mar. 1988, GJ CXCII, n.° 2431), intereses (SC, 2 feb. 2001, exp. n.° 5670), protección al consumidor (SC, 8 sep. 2011, rad. n.° 2000-04366-01), prohibición de abuso de posición dominante (idem), entre muchas otras materias.
De forma reciente se aseguró que «la jurisprudencia ha definido el orden público como ‘los principios esenciales del Estado’ o ‘los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jurídico nacional’ (CSJ, 27 jul. 2011, rad. n.° 2007-01956-00), esto es, ‘los principios y valores fundamentales del sistema u ordenamiento jurídico, su noción atañe al núcleo central, medular, básico, cardinal, primario e inmanente de intereses vitales para la persona, la existencia, preservación, armonía y progreso de la sociedad’ (CSJ, 8 nov. 2011, rad. n.° 2009-00219-00)» (SC2476, 9 jul. 2019, rad. n.° 2014-01635-00).
Ahora bien, con ocasión del voluminoso número de fallos de exequatur, la doctrina jurisprudencial diferenció entre el orden público local y el internacional, denotando que la primera es una noción asentada en los preceptos que amparan el interés general del sistema social nacional, mientras que la segunda se refiere a los principios básicos que explican las instituciones y el ordenamiento local:
Bien puede sostenerse, entonces, que si el papel que debe cumplir el ‘orden público’ es el de tutelar la organización central conforme a la cual se espera que funcionen las instituciones básicas de un país, las que por ende no pueden quedar al arbitrio de la voluntad privada ni menos todavía postergadas por la aplicación que del derecho extranjero hagan autoridades judiciales que no son las suyas, y si además el país en cuestión ha ratificado tratados o convenios en cuya virtud contrajo el solemne compromiso de aceptar la eficacia extraterritorial de decisiones particulares de esa naturaleza en la medida en que no sufra notorio menoscabo la unidad sistemática que preside aquella organización, no responde a la sana lógica permitir que las repudie a modo de regla general y sin antes ocuparse de dejar establecido, teniendo a la vista desde luego los pormenores que identifican a posteriori cada caso concreto, que es ostensible la existencia de una grave incompatibilidad entre el acto procesal para el que se solicita el ‘exequátur’ y los postulados considerados como esenciales en el orden jurídico del foro. En consecuencia y por eso hoy la Corte se ve en la necesidad de apartarse de los criterios por ella seguidos en algunas decisiones anteriores como la contenida en la sentencia de fecha diecisiete (17) de mayo de 1978 (G.J. Tomo CLVIII, págs. 76 a 80), el juez local no puede evaluar una sentencia extranjera teniendo en cuenta tan sólo disposiciones generales de la estirpe de las consagradas por los Arts. 19 y 20 del C. Civil, como si ellas constituyeran una pauta dogmática de ineludible observancia, para decretar automáticamente la evicción de dicho pronunciamiento jurisdiccional extranjero bajo el argumento abstracto de que todo cuanto atañe al estado civil de las personas y el régimen de la propiedad está regulada en Colombia por derecho imperativo que ‘(…) incide a la vez en normas de la jurisdicción nacional colombiana (…)’; el cometido encomendado al juez es de un aspecto mucho más amplio puesto que le compete verificar, en primer lugar, la compatibilidad con el ‘orden público’ de los efectos que habría de producir esa específica sentencia en el evento en que fuera a ser declarada aplicable, y en segundo lugar, medir con prudencia la intensidad de los lazos que unen a la situación litigiosa con el Estado de cuyo ‘orden público’ se trata, toda vez que si la posibilidad de conciliación se da o la conexión no es suficientemente caracterizada, la aludida evicción carece por entero de justificación (SC, 27 jul. 2011, rad. n.° 2007-01956-00).
También se dijo:
Ahora bien, es preciso aclarar que el concepto de ‘orden público internacional’ de un país no puede ser confundido con el de ‘orden público interno’ de ese Estado, noción que según se ha explicado en la doctrina nacional ‘se refiere a las leyes imperativas en el derecho privado, las cuales no pueden ser desconocidas o derogadas por convenciones entre particulares, como lo dice, impropiamente, el artículo 16 del Código Civil. Estas leyes imperativas o de orden público tienen validez permanente y se oponen a las meramente supletivas o interpretativas de la voluntad de las partes que sólo rigen a falta de estipulaciones de los contratantes que modifican sus previsiones’.
Ha distinguido la doctrina que existen dos tipos de normas imperativas, aquellas que se consideran de ‘orden público de dirección’ y las de ‘orden público de protección’. Mientras en las primeras, cuyo contenido puede ser político, económico o social, se condensan los principios fundamentales de las instituciones y la estructura básica del Estado o de la comunidad, las segundas fueron destinadas por el legislador a proteger un determinado sector, agremiación o grupo, y por ende, no representan los valores y principios fundamentales o esenciales del Estado, en los cuales se inspira su ordenamiento jurídico (SC877, 23 mar. 2018, rad. n.° 2017-00080-00).
Luego, como el orden público a que se refiere el inciso final del artículo 336 del Código General del Proceso es el nacional, se entiende por éste el conjunto de normas -instituciones, principios y reglas- que interesan a la sociedad en su conjunto, de allí que no puedan derogarse o modificarse por convenios particulares, ni ser renunciados por los interesados (cfr. SC003, 18 en. 2021, rad. n.° 2010-00682-01), siendo procedente la casación oficiosa cuando en el fallo de alzada la violación sea grave, huelga decirlo, «[g]rande, de mucha entidad o importancia».
Ahora bien, es cierto que expresiones como «visión de los intereses generales» o «aplicación de las necesidades sociales», comprenden «una idea general», sin «encerrar… definiciones absolutamente rigurosas», proceder explicable para garantizar «flexibilidad de aplicación», debido a que «[l]a noción de orden público es una de esas válvulas de escape, una de esas direcciones».
3.5.2. La afectación del patrimonio público es otro motivo que permite acudir a la casación oficiosa, entendida como el menoscabo, detrimento, pérdida o deterioro a los bienes o recursos públicos y demás intereses patrimoniales del Estado.
La Corte Constitucional, al adentrarse en esta noción, manifestó que, «el patrimonio público, en sentido amplio se entiende aquello que está destinado, de una u otra manera a la comunidad y que está integrado por los bienes y servicios que a ella se le deben como sujeto de derechos» (C-479/95).
Por la misma senda, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha señalado que «el “patrimonio público” versa sobre todos los bienes, derechos y obligaciones sobre los cuales el Estado es titular del dominio, titularidad que no en todos los casos se equipara con la del derecho civil -como sucede, por ejemplo, con los bienes de uso público en los que se manifiesta una interconexión con la comunidad en general antes que con el Estado como ente administrativo, legislador o judicial-» (Sección 3ª, Subsección A, 3 jul. 2020, rad. n.° 2016-00290-01(AP)).
Se trata, entonces, del conjunto de activos -recursos, bienes o derechos- de los cuales es titular (i) el estado (como abstracción) o (ii) cualquiera de las entidades que lo conforman (autoridades en sentido estricto), con independencia de la forma que revistan.
Su protección por vía casacional deviene como una consecuencia imperativa de su «mayor jerarquía, pues su vulneración redunda en la afectación de todos los asociados» (SC5568, 18 dic. 2019, rad. n.° 2011-00101-01), como a buen recaudo lo dijo esta Corporación, itérese, siempre que tal menoscabo sea evidente y notorio.
3.5.3. Por último, la casación oficiosa también procede en los eventos en que se vulneren, de forma ostensible, los derechos y garantías constitucionales de los intervinientes en el proceso.
Se trata de una aplicación concreta del valor normativo y preferente de los mandatos constitucionales, que encuentra asidero en el canon 4° de la Carta Fundamental, aunque acotada a la parte dogmática de este cuerpo normativo. Así lo reconoció esta Sala: «la Corte hoy tiene la facultad de casar de oficio el fallo impugnado… cuando a las partes del proceso sus derechos -sobre todo constitucionales fundamentales- le han sido conculcados» (negrilla fuera de texto, AC4862, 3 dic. 2018, rad. n.° 2015-00573-01).
Ya el máximo órgano constitucional fijó como derrotero que la casación «es una institución jurídica destinada a hacer efectivo el derecho material y las garantías fundamentales de las personas que intervienen en un proceso» (negrilla fuera de texto, C-998/04).
Ahora bien, para perfilar el contenido de esta causal se hace imperativo acudir a la sentencia de constitucionalidad que analizó la exequibilidad del artículo 16 de la LEAJ, pues este precepto introdujo un motivo de selección que es equivalente al que ahora se estudia, huelga recordarlo, la protección de los derechos constitucionales, frente al cual se afirmó:
[L]a casación apunta no sólo a la protección de derechos fundamentales, sino también a la salvaguarda de los demás derechos reconocidos en el ordenamiento constitucional, atendiendo criterios de justicia material según el principio de prevalencia del derecho sustancial en la administración de justicia. Recuérdese que ‘también la interpretación de las disposiciones procesales que regulan ese recurso debe interpretarse de conformidad con ese principio’ (Corte Constitucional, Sentencia C-668 de 2001, MP. Clara Inés Vargas Hernández)… (negrilla fuera de texto, C-713/08).
Luego, la Corte podrá anular a motu proprio un veredicto de alzada cuando advierta que en el fallo se desatendieron de forma patente los derechos reconocidos por la Constitución en favor de cualquier de los sujetos procesales, siempre que se trate de garantías con un contenido concreto y de aplicación directa, pues de requerirse de normas legales que les otorguen concreción serán estos últimos mandatos los inobservados y, por tanto, la intervención oficiosa quedará proscrita.
Esto debido a que el legislador fue perspicuo al exigir que la agresión reprensible oficiosamente debe estar referida a materias constitucionales, lo que descarta la posibilidad de acudir a este instituto cuando se encuentre de por medio un precepto legal o reglamentario.
4. El caso concreto.
4.1. El expediente da cuenta de los siguientes medios de prueba:
4.1.1 . Certificados especiales (num. 5, art. 407, C.P.C., hoy num. 5, art. 375, C.G.P.) expedidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos -Seccional Miraflores-, acreditan, en su orden, que en los registros de la entidad respecto de los predios urbanos ubicados en la calle 3 n.° 6-53 y calle 3 n.° 7-10-25 (sobre los cuales se levanta El Templo) y en la calle 3 n.° 2-175-185 (sobre el cual está construida la Capilla Santa Bárbara): «NO CONSTAN TITULARES DE DERECHO REAL SUJETO A REGISTRO Y NO APARECE NINGUNO COMO TAL» (folios 7 y 9 del cuaderno 1).
4.1.2. Certificados catastrales n.° 010000460003000 y 010000520001000 expedidos por el director territorial de Boyacá del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que no revelan antecedentes registrales de los fundos (folios 4 y 6 ibidem).
4.1.3. La solicitante, en el hecho quinto del libelo, manifestó que los inmuebles no tenían titulares de derechos reales inscritos por lo que dirigía sus pretensiones frente a personas indeterminadas (folio 33 ejusdem).
4.1.4. Copia auténtica del trámite surtido respecto de las solicitudes de adjudicación de baldíos elevadas por los párrocos de San Joaquín de Miraflores a la Alcaldía de esa localidad, entre otras, respecto de las heredades donde se levantan El Templo y la Capilla Santa Bárbara (folios 162-277 y 278-288 del mismo cuaderno).
4.1.5. El interrogatorio de parte absuelto por el presbítero representante de la parroquia demandante, quien ante la pregunta formulada acerca del adelantamiento de trámite administrativo para obtener la adjudicación de los predios materia del presente asunto, respondió: «es verdad se hizo la solicitud como representante de la parroquia San Joaquín de Miraflores pero por falta de la asesoría de un buen abogado y por ignorancia, fue que se hizo dicha petición, por lo cual en coordinación con el señor Obispo y con una buena asesoría decidimos realizar este proceso [refiriéndose a la pertenencia] a través del juzgado» (folios 1081-1085 del cuaderno 1).
Los elementos de juicio referidos a espacio permiten extraer, lo siguiente:
I) Los predios donde fueron construidos El Templo y la Capilla Santa Bárbara no cuentan con titulares de derecho de dominio registrados, al igual que carecen de folio de matrícula inmobiliaria.
II) La demanda de usucapión se formuló contra personas indeterminadas.
III) La peticionaria con anterioridad a incoar la pertenencia que aquí se trata, desdijo de su condición de poseedora y reconoció que los inmuebles sobre los cuales se erigen los oratorios son baldíos. Tal reconocimiento se produjo en dos oportunidades distintas a saber, el 22 de diciembre de 2003 y el 7 de septiembre de 2010, fechas en las que se procuró su adjudicación de parte del municipio de Miraflores.
Del anterior contexto, surge palmario que en el expediente no aparece acreditado a plenitud que los bienes raíces respecto de los cuales se declaró la usucapión tuvieran carácter privado, de acuerdo con la previsión del inciso segundo del numeral primero del artículo 48 de la ley 160 de 1994 y, por ende, fueran susceptibles de adquirirse por el modo de la prescripción; al contrario, el cardumen suasorio mostraba que sobre estos gravitaba la presunción de ser baldíos, creencia que no fue desvirtuada en manera alguna por la usucapiente.
Los actos propios de la actora reafirmaban la creencia que tenía sobre el carácter de baldíos de los inmuebles, así como desdecía de la condición de poseedora que proclamó en el juicio de pertenencia, calidad que constituye una exigencia imprescindible para usucapir.
Además, de cara a la jurisprudencia constitucional imperante en la Sala al momento de estudiar el asunto en casación, resultaba claro que la condición de predios privados de los fundos pretendidos en pertenencia estaba en entredicho, lo que forzaba a dilucidar su real carácter jurídico en orden a verificar si eran susceptibles de adquirirse por prescripción, para lo cual era preciso hacer uso de la facultad oficiosa para decretar pruebas que condujeran a establecer la naturaleza de los terrenos, e incluso vincular al trámite a la Agencia Nacional de Tierras (antes Incoder), en orden a que conceptuara sobre su condición jurídica.
Por lo tanto, como en el proceso no se acreditó a plenitud la condición de bienes privados y prescriptibles de los fundos objeto de usucapión, pues se hizo evidente la falta de propietarios registrados en los certificados catastrales y no se emprendió actividad alguna encaminada a desvirtuar la presunción de baldíos que gravitaba sobre los inmuebles donde se levantaron El Templo y la Capilla Santa Bárbara, esta era razón suficiente para estimar viable hacer uso de la casación oficiosa, en razón a que sin duda se debía proteger el patrimonio público, el cual con la decisión del Tribunal Superior de Tunja se ve notoriamente afectado.
4.2. En efecto, en el asunto objeto de decisión resultaba necesario casar parcial y oficiosamente la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, toda vez que se advierte menoscabo notorio y evidente del patrimonio público por la usucapión declarada frente a los predios en los que se levantaron El Templo y la Capilla Santa Bárbara en favor de la Parroquia San Joaquín del municipio de Miraflores, Boyacá.
Lo anterior, por cuanto sobre dichos fundos pesaba la presunción de baldíos por carecer de titulares del derecho real de dominio inscrito y no contar con registro inmobiliario. Esta creencia, que no fue alterada por la demandante en el decurso procesal, llevaba necesariamente al fallador a hacer uso de las facultades oficiosas de que disponía para clarificar la naturaleza jurídica de esos inmuebles, lo que incluía vincular a la Agencia Nacional de Tierras, entidad encargada de conceptuar sobre el carácter de tales predios.
Para concluir si era o no viable la pertenencia suplicada resultaba ineludible determinar si los bienes materia de usucapión eran susceptibles de adquirirse por prescripción, y como tal labor no fue acometida la Corte debía solventar esta materia con auxilio de la selección positiva del asunto.
4.3. El artículo 63 de la Constitución Política de 1991 prevé que son inalienables, imprescriptibles e inembargables «[l]os bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley» (negrilla fuera de texto).
En armonía con ese precepto constitucional la legislación colombiana en los artículos 3 de la ley 48 de 1882, 61 de la ley 110 de 1912 y 65 de la ley 160 de 1994, ha estatuido la imposibilidad jurídica de adquirir el dominio de inmuebles baldíos por el modo de la prescripción, por cuanto estos pertenecen a la Nación hasta tanto medie adjudicación, de modo que solo cuando esto último ocurre es dable considerar que en el adjudicatario se radicó la propiedad del bien raíz.
Asimismo, los artículos 675 del Código Civil y 44 de la ley 110 de 1912 de manera imperativa definen los baldíos como bienes de la Nación que carecen de otro dueño.
Destácase que dichas reglas fueron concebidas por el legislador con los objetivos de reglamentar de manera especial el modo de adquisición de los baldíos y procurar acatar la obligación que le asiste al Estado de resguardar los intereses generales y superiores de los asociados sobre la función social que debe cumplir la propiedad, buscando dar el uso o la destinación que corresponda a la tierra que carezca de otro dueño, atendiendo necesidades del conglomerado permitiendo acceder a la propiedad de la tierra «a quienes carecen de ella».
En adición, la regla 2519 del estatuto civil consagra que en ningún caso es dable la prescripción de bienes de uso público, norma acorde con lo que estipulaba el numeral cuarto del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 210, artículo 1 del decreto 2282 de 1989 (reproducido en idénticos términos por el numeral cuarto del artículo 375 del Código General del Proceso) a cuyo tenor no procede la declaración de pertenencia frente a «bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público», norma cuya exequibilidad fue declarada por la Corte Constitucional en sentencia C-530 de 1996.
4.3.1. Ahora, si bien los artículos 1 (mod. art. 2 ley 4/1973) y 2 de la ley 200 de 1936 establecen dos presunciones, una de bien privado y otra de bien baldío, que en principio, podía pensarse generaban colisión normativa con las demás normas que disciplinan la materia de baldíos; la Corte Constitucional en la sentencia T-548 de 2016 -resolviendo un caso de similares contornos al de ahora-, expresó inviable su interpretación literal, siendo forzosa una hermenéutica sistemática con vista en las demás normas previstas para proteger y fortalecer el régimen legal de los bienes baldíos (arts. 63 C.P., 65 ley 160 de 1994 y 675 C.C.), con el fin de lograr la prevalencia de los principios previstos en tal sentido en la Carta Política de 1991.
De allí que concluyó que en la interpretación de tales preceptos el funcionario no debe ignorar la presunción de derecho atañedera a la naturaleza de bien baldío, la cual refulge ante la falta de propietario privado inscrito, pues ese desconocimiento puede conducir a un error sustancial de la decisión por aplicar indebidamente una norma impertinente al caso.
4.3.2. Frente a las anotadas normas (arts. 1 y 2 ley 200 de 1936), es de recordar que esta Sala otrora privilegió la presunción de la explotación económica a favor del particular; y sacrificó la que beneficiaba al Estado, partiendo de que el fin que se busca con la ley 200 de 1936 es la explotación económica del predio y no su inactividad que no genera ganancia alguna, ni para el propio Estado, y sí se le garantiza el derecho que tiene el campesino de acceder a la tierra.
No obstante, en las sentencias de tutela STC11391-2017, STC15418-2017, STC21541-2017, STC943-2018, STC13881-2019, STC9771-2019 y STC10160-2020, entre muchas otras, que subsiguieron al pronunciamiento de la sentencia T-548 de 2016, esta Sala adoptó la hermenéutica establecida por la Corte Constitucional, a cuyo efecto señaló:
…no es que exista una interpretación errada, lo que aconteció fue que la Corte Constitucional acudiendo a la hermenéutica del balance o ponderación frente a un conflicto interpretativo de estas dos presunciones (una que beneficia al particular que explota el terreno del que se desconoce dueño, que puede consolidar el dominio a través del modo de la ocupación, siempre y cuando cumpla los presupuestos de los artículos 1º y 2º de la ley 200 de 1936; la otra señalada en el canon 48 de la ley 160 de 1994, prevé ante la inexistencia de propietario conocido se presume que es un bien baldío), mediante una interpretación, crea una jerarquía axiológica no dada por el legislador, derogando para el caso en particular la primera de aquellas presunciones y privilegiando la segunda.
2.3. Por su parte, esta Sala de Casación Civil, a través de la sentencia revocada por la Corte Constitucional, llegó a una conclusión diferente, privilegió la presunción de la explotación económica a favor del particular; y sacrificó la que beneficia al Estado, partiendo de la base que el fin que se busca con la ley 200 de 1936 es la explotación económica del predio y no su inactividad, que no genera ganancia alguna, ni para el propio Estado, y sí se le garantiza el derecho que tiene el campesino de acceder a la tierra.
2.4. Por lo tanto, se trata de dos interpretaciones diversas ante un conflicto -no de yerro alguno- ante lo cual la guardiana de la Constitución adoptó una decisión aplicando la interpretación de ponderación de intereses, sobre la cual la doctrina ha dilucidado.
2.5. En ese orden, teniendo en cuenta el mentado pronunciamiento de la Corte Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, así como por respeto a la institucionalidad en tratándose de precedentes, que deben observarse en virtud del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico, la presente providencia se edificara en la interpretación adoptada por esa Corporación.
Tal acogimiento va en concordancia con lo que ha venido señalando la doctrina especializada, según la cual «[u]na decisión de un tribunal o un juez, tomada después de un razonamiento sobre una cuestión de derecho planteada en un caso, y necesaria para el establecimiento del mismo, es una autoridad, o precedente obligatorio, para el mismo tribunal y para otros tribunales de igual... rango, en subsiguientes casos en que se plantee otra vez la misma cuestión; pero el grado de autoridad de dichos precedentes depende necesariamente de su acuerdo con el espíritu de los tiempos o el juicio de subsiguientes tribunales sobre su corrección como una proposición acerca del derecho existente o real».
4.3.3. La Corte Constitucional en la sentencia T-488 de 2014, reiterada en la citada T-548 de 2016 y SU-235 del mismo año, hizo un detallado recuento de la normatividad que reglamenta la imprescriptibilidad de los terrenos baldíos, respecto de la cual concluyó la procedencia del amparo superior para proteger los bienes cuya propiedad se presumía radicaba en el Estado, de cara a decisiones judiciales estimatorias de la usucapión incoada por particulares, a pesar de tratarse de bienes absolutamente imprescriptibles. Relievó que la única vía legal para obtener el dominio de bienes de tal condición jurídica era la adjudicación por parte del Estado, quien ha deferido esa facultad al Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras.
4.4. El anterior contexto normativo y jurisprudencial se hallaba vigente el 26 de noviembre de 2020, data en que el proyecto de sentencia casación fue sometido a discusión y aprobación de esta Corporación. Por tanto, obligaba la selección positiva de la decisión del fallador de último grado para examinar la pertenencia declarada frente a los inmuebles sobre los cuales se edificaron El Templo y la Capilla Santa Bárbara, en cuanto resultaba perentorio esclarecer la real naturaleza jurídica de estos fundos dado que ese aspecto arribó en total obscuridad a sede de apelación, pues no aparecían propietarios registrados en los respectivos certificados catastrales.
Fecha ut supra.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
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