Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00149-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2020-00149-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00149-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2020-00149-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
11 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: CLAUDIA XIMENA BOHORQUEZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL Y OTROS
Tema: Secuestro perpetrado por las FARC. Omisión en el deber de
seguridad y protección. Consideraciones generales sobre la
responsabilidad del Estado. Consideraciones generales sobre
la responsabilidad del Estado por omisión en el deber de
seguridad y protección. Hecho de un tercero. Remisión a la
JEP. Condena en costas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 10 de diciembre de 2017, en el municipio de Ocaña, miembros de las FARC
secuestraron a Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez
Galvis. Después de una negociación directa por parte de las familias de las víctimas
con los secuestradores, el 21 de diciembre de 2017, fue liberado Jesús Salvador
Bohórquez Duarte. Luego, el 12 de enero de 2018 fue liberado Leonardo Ramón
Bohórquez Galvis.
Los demandantes consideran que la Nación – Presidencia de la República -
Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional y el municipio de Ocaña
son patrimonialmente responsables por el secuestro de Jesús Salvador Bohórquez
2
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis, toda vez que omitieron sus deberes
de brindar seguridad y protección a las víctimas.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 1º de julio de 20201, Jesús Salvador Bohórquez Duarte, Carmen Ilva Galvis
Gerardino, Leonardo Ramón Bohórquez Galvis, Jesús Alveiro Bohórquez Galvis y
Claudia Ximena Bohórquez Galvis mediante apoderado judicial y en ejercicio del
medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la
Nación – Presidencia de la República - Ministerio de Defensa – Policía Nacional –
Ejército Nacional y el municipio de Ocaña, para que se les declarara
patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios causados con ocasión del
secuestro de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez
Galvis.
Como pretensiones de la demanda, los accionantes solicitan condenar a las
entidades demandadas a pagar por perjuicios morales, a cada uno, la suma
equivalente a 50 SMLMV a Jesús Salvador Bohórquez, Leonardo Ramón
Bohórquez Galvis y Carmen Ilva Galvis Gerardino, 32.5 SMLMV a Jesús Alveiro
Bohórquez Galvis y Claudia Ximena Bohórquez Galvis; por concepto de “daño a
derechos constitucionalmente amparados” 100 SMLMV a Jesús Salvador
Bohórquez y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis; a título de daño a la salud, 100
SMLMV a Jesús Salvador Bohórquez y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis; y, por
daño emergente, la suma de $1.630.565.880 a Carmen Ilva Galvis Gerardino. Por
último, como medidas de reparación no pecuniarias, solicitaron “decretar las
medidas que considere necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos
probado”.
1 Índice 1. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”.
3
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que a las 4:00 am del 10
de diciembre de 2017, Jesús Salvador Bohórquez Duarte y su hijo Leonardo Ramón
Bohórquez Galvis residentes en el municipio de Ocaña (Norte de Santander), se
dirigían en un campero de propiedad del primero a las “fincas ganaderas” ubicadas
en zona rural de Aguachica (Cesar) también propiedad del señor Bohórquez Duarte.
Destaca que aproximadamente a las 5:00 am, cuando hacían el recorrido habitual
para ir a las fincas, se encontraron con un retén en el que hacían presencia unas
personas con indumentaria “de la fuerza pública”, con gorras, pasamontañas y
armas de fuego que los detuvieron, le solicitaron descender del vehículo, los
vendaron, los golpearon y los hicieron subir a una camioneta “de placas
venezolanas”.
Aduce que en esas condiciones iniciaron un trayecto hacía el municipio de
Convención “posteriormente encontraron un retén del ejército, situación que el
señor Jesús Salvador pudo advertir porque su vendaje dejaba un espacio para ver.
Al evidenciar a los miembros de la fuerza pública, el señor Jesús Salvador
Bohórquez golpeó fuertemente el vidrio de la camioneta, recibiendo como
consecuencia unos golpes propinados con las armas que portaban los
secuestradores y una amenaza de muerte. Su acto fue en vano puesto que los
militares no atendieron al llamado de ayuda dejando continuar a los delincuentes
sin problema alguno”.
Señala que luego de un largo recorrido en el vehículo, pasaron la noche en “un
laboratorio de procesamiento de cocaína”, luego, aproximadamente a las 5:00 am
del día siguiente, los secuestradores dirigieron a las víctimas a un cambuche y
finalmente a una finca donde permanecieron en cautiverio.
Manifiesta que a las 7:00 am del 11 de diciembre de 2017, Jesús Alveiro Bohórquez
Galvis se enteró del secuestro de su padre y hermano, respectivamente, por lo que
informó al grupo Gaula de la Policía Nacional y denunció los hechos ante la Fiscalía
General de la Nación. Sin embargo, “no obtuvo mayor colaboración ni ayuda por
parte de las fuerzas estatales, se escudaron en tecnicismos como conflictos en
4
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
materia de jurisdicción y competencia, para así no lidiar con la responsabilidad ni
tener que desplegar acciones ante la grave situación de la que estaba siendo
víctimas (sic) la familia Bohórquez.
Relata que el 14 de diciembre de 2017, Jesús Alveiro Bohórquez Galvis recibió una
llamada de una persona que se identificó como “alias comandante Albeiro del frente
primero de las Farc” y quien le solicitó el pago de $3.000.000.000 por la liberación
de sus familiares, Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez
Galvis. Frente al particular, indicó que “los funcionarios públicos” le recomendaron
al señor Jesús Alveiro Bohórquez Galvis continuar negociando con el grupo delictivo
porque no era posible realizar una “intervención”.
Refiere que en virtud de las negociaciones, el 21 de diciembre de 2017 Jesús
Salvador Bohórquez Duarte fue liberado. No obstante, su hijo Leonardo Ramón
Bohórquez Galvis siguió en cautiverio siendo víctima de acciones y tratos crueles
por parte de las FARC, quienes en un video enviado a la familia del secuestrado
simularon cortarle un dedo de la mano izquierda para presionar el pago de la
extorsión y la liberación.
Con fundamento en las presiones ejercidas por los secuestradores, la parte
demandante afirma que tuvo que vender un predio por la suma de $1.142.634.141
para pagar por la liberación de Leonardo Ramón Bohórquez Galvis, quien
finalmente fue liberado por sus captores el “11 de enero de 2018”.
Los demandantes consideran que la Nación – Presidencia de la República -
Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional y el municipio de Ocaña
son patrimonialmente responsables por el secuestro de Jesús Salvador Bohórquez
Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis, toda vez que omitieron sus deberes
de brindar seguridad y protección a las víctimas. De hecho, textualmente refieren
que “es evidente que el Estado no cumple con dicho fines, pues al ‘permitir’ que
existan grupos armados al margen de la Ley, fuertemente constituidos, que operan
en determinadas zonas del país conocidas por las autoridades, demuestra que no
existe una integridad en el territorio, a lo que debe añadirse que la constancia en los
5
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
ilícitos que estos grupos cometen en contra de la población civil dan cuenta que las
autoridades públicas no están cumpliendo con su labor de proteger a las personas
residentes en el territorio”.
2. Contestaciones
El 19 de noviembre de 20202-3, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió
la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al ministerio público.
2.1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE-4
argumentó que “no es la autoridad llamada a resarcir los presuntos perjuicios
alegados” en la demanda, pues entre sus funciones legales no está la de “intervenir
en asuntos como el planteado”, toda vez que no tuvo injerencia por acción u omisión
en los hechos planteados en el libelo introductorio. Por ello, propuso las
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y hecho de un tercero.
2.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional5 manifestó que no estaba
llamada a responder patrimonialmente por los daños y perjuicios alegados en la
demanda, en tanto no tuvo ninguna injerencia en el secuestro de Jesús Salvador
Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis, de hecho, refirió que sus
obligaciones eran de medio y no de resultado. Destacó que quedó demostrado que
fueron las FARC los que perpetraron el secuestro, por lo que se configuró la causal
eximente de responsabilidad del hecho de un tercero. Finalmente, propuso las
excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, hecho de
un tercero, tasación excesiva de perjuicios extrapatrimoniales, daño no imputable al
Estado y ausencia de material probatorio.
2 Archivo “020ED_Cuaderno P_15AUTOADMITEDEMANDAP.pdf”, expediente digital, Samai.
3 Archivo “008ED_Cuaderno P_3AUTOQUERESUELVEPDF.pdf”, expediente digital, Samai.
Mediante auto del 19 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la
demanda. Posteriormente, a través de memorial del 26 de agosto de 2020, la parte demandante
subsanó la demanda, ver archivo “010ED_Cuaderno P_5RECIBEMEMORIALES_00.pdf”,
expediente digital, Samai.
4 Archivo “029ED_Cuaderno P_24_RECIBEMEMORIALES_.pdf”, expediente digital, Samai.
5 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 12.
6
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
2.3. La Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el municipio de Ocaña
no contestaron la demanda6.
3. De las excepciones previas
3.1. Mediante auto del 28 de febrero de 20027, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió “Declarar probada” la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva propuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República -DAPRE- y, en consecuencia, ordenó “desvincular” a dicha entidad
del proceso de reparación directa.
4. Audiencia inicial
El 26 de octubre de 20228 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó la
audiencia inicial, en la que declaró saneado el proceso, decretó pruebas y fijó el
objeto del litigio.
Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar “1. Si La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional,
la Policía Nacional y el municipio de Ocaña (Norte de Santander) omitieron algún
deber funcional que produjera el secuestro de los señores Leonardo Bohórquez
Galvis y Jesús Salvador Bohórquez Duarte, así como el acompañamiento a sus
familiares para la liberación. 2. La causación de los perjuicios pretendidos por los
demandantes.”
5. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 13 de febrero de 20239 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
6 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 22.
7 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 17.
8 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 34.
9 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 48.
7
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
5.1. La parte demandante10 y La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional11, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación
de esta, respectivamente.
5.2. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional12, alegó de conclusión y
solicitó negar las pretensiones de la demanda por ausencia de prueba que le
permita endilgar algún tipo de responsabilidad. Al respecto, sostuvo que la parte
demandante nunca puso en conocimiento amenazas o alguna situación de riesgo
que activara el deber de protección. Finalmente, sostuvo que el secuestro de las
víctimas fue perpetrado por las FARC y por ello se configuró la causal eximente de
responsabilidad del hecho de un tercero.
5.3. El municipio de Ocaña13 solicitó negar las pretensiones de la demanda, pues
quedó demostrado que las víctimas no solicitaron protección ni pusieron en
conocimiento de las autoridades alguna situación de amenaza o peligro contra sus
vidas. Por último, sostuvo que se configuró el hecho de un tercero como causal
eximente de responsabilidad.
6. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 23 de mayo de 202414 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que las entidades
demandadas no omitieron ningún deber que ocasionara el secuestro de Jesús
Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis, pues no se
demostró que con antelación al hecho delictivo informaron o alertaron a las
autoridades de una situación de amenaza o peligro contra su integridad.
10 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 54.
11 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 52.
12 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 53.
13 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 55.
14 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 59.
8
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
Textualmente, el a quo sostuvo: “Las pruebas recaudadas son insuficientes para
establecer que las demandadas tenían conocimiento de la materialización de la
amenaza que llevó al secuestro de los señores Bohórquez Galvis y Bohórquez
Duarte y que no hubiesen desplegado las actuaciones tendientes a preservar su
integridad física o evitar la consumación del delito del que fueron víctimas. En
efecto, debe tenerse en cuenta que, en relación con la responsabilidad del Estado
por la alegada omisión de los deberes de seguridad, la jurisprudencia ha señalado
que se trata de una obligación de medios y no de resultados, la cual debe estudiarse
a partir de las circunstancias particulares del caso concreto.”
En la parte resolutiva el Tribunal condenó a la parte demandante a pagar 1 SMLMV
a favor de los accionados, por concepto de agencias en derecho.
7. Recurso de apelación
El 7 de junio de 202415, la parte demandante interpuso recurso de apelación que
fue concedido el 11 de “mayo” de 202416 y admitido el 26 de julio de 202417.
7.1. El extremo activo18 argumentó que en el caso bajo examen se reclama un daño
antijurídico derivado de una “privación injusta de la libertad” y en ese escenario
debía darse aplicación a la “carga dinámica de la prueba”, por lo que debió el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretar pruebas de oficio para establecer
la verdad de lo ocurrido, esto es, la falla del servicio de las demandadas que
derivaron en el secuestro de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón
Bohórquez Galvis.
Adicionalmente, la parte accionante afirmó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca realizó una deficiente valoración probatoria, comoquiera que el
material suasorio daba cuenta que el municipio de Ocaña -donde residían las
15 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índices 62 y 63.
16 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índices 64. Se deja constancia que el auto
que concedió el recurso de apelación quedó mal fechado, pues dice mes de mayo y en la actuación
de Samai se advierte que la actuación fue el 11 de junio de 2024.
17 Samai, expediente digital, índice 4.
18 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índices 62 y 63.
9
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
víctimas- era zona de presencia de grupos al margen de la ley, y por lo tanto existía
un “riesgo potencial” para la familia demandante de ser víctima de los actores
ilegales, en tanto en el pasado habían sido víctima de otro secuestro.
Finalmente, destacó que las pruebas acreditaron que las autoridades demandadas
no realizaron un acompañamiento efectivo a los familiares de las víctimas durante
el secuestro, pues la familia se vio obligada a negociar directamente con las FARC
para lograr la libertad de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón
Bohórquez Galvis.
8. Alegatos de conclusión en segunda instancia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202119 y habida cuenta que no se
decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral
6° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
19 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.
10
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor20 de la demanda, supera la
exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta
Corporación21.
2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14022 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño atribuido por hechos imputables a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional, y al municipio de
Ocaña.
3. Vigencia de la acción
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
20 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta
o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin
que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean
los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se
acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor (…)”.
21 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de $581’741.040 por daño emergente
y para el año 2020 cuando se presentó la demanda, 500 SMLMV equivalían a $438.901.000.
22 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño
sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de
inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública
o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades
públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas,
teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
11
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto
se trata de un presupuesto procesal23.
Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general24, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción25, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
23 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
24 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
25 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
12
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure26 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia27, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prescribe que el medio de control de reparación directa deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente
26 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
27 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
13
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.
Ahora bien, con ocasión de la pandemia del Covid-19, el Ministerio de Salud y
Protección Social a través de la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, declaró
la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. En consonancia, el Gobierno
Nacional expidió los Decretos No. 417 del 17 de marzo de 2020 y 637 de 6 de mayo
de 2020, a través de los cuales declaró el Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica en todo el territorio nacional por un término de 30 días calendario, con el
fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar los efectos de la crisis acaecida
como consecuencia de la pandemia del Covid-19.
Asimismo, a través del Decreto Legislativo No. 564 de 15 de abril de 2020, fueron
adoptadas medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de
justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Para
el efecto, se hicieron las siguientes precisiones respecto de la suspensión de términos
de prescripción y caducidad:
“Artículo 1. Suspensión términos de prescripción y caducidad. Los términos de
prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para
derechos, acciones, medios control o presentar demandas ante la Judicial o ante los
tribunales arbitrales, sean de meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16
marzo 2020 hasta el día que Consejo Superior de la Judicatura disponga la
reanudación los términos judiciales.
El conteo los términos prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil
siguiente a la fecha en que cese la suspensión términos judiciales ordenada por
Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión
de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir prescripción
o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, interesado tendrá un
mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar
oportunamente la actuación correspondiente.
Parágrafo. La suspensión de términos de prescripción y caducidad no es aplicable
en materia penal.”28 (Se resalta).
28 El artículo en cita fue declarado exequible, salvo la expresión “y caducidad” prevista en el parágrafo
de su artículo 1º, que fue declarada inexequible” por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante
14
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdos PCSJA20 No.
11517 de 15 de marzo29, 11518 de 16 de marzo30, 11519 de 16 de marzo31, 11521 de
19 de marzo32, 11526 de 20 de marzo33, 11527 de 22 de marzo34, 11528 de 22 de
marzo35, 11529 de 25 de marzo36, 11532 de 11 de abril37, 11546 de 25 de abril38,
sentencia C-213 de 1º de julio de 2020. En la sentencia se hicieron las siguientes precisiones respecto
a la finalidad del decreto: “Así, en términos generales, este decreto legislativo busca salvaguardar los
derechos de los usuarios del sistema judicial para la protección de sus derechos y mecanismos de
acceso a la administración de justicia, particularmente, en lo relativo al conteo de los términos de
prescripción y caducidad, ante la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior
de la Judicatura. Con tal propósito, este decreto legislativo instituye, en términos generales, las
siguientes medidas:(i) suspensión de términos de prescripción y caducidad previstos en cualquier
norma sustancial o procesal; (ii) el conteo de su reanudación cuando el plazo para interrumpir la
prescripción o hacer inoperante la caducidad fuera inferior a treinta (30) días; (iii) aclaración que la
suspensión de términos prevista en el decreto no es aplicable en materia penal; y, (iv) suspensión de
términos procesales para el desistimiento tácito y los términos de duración del proceso, así como su
reanudación. (…) Respecto a la ampliación del término para interrumpir la prescripción o hacer
inoperante la caducidad, una vez se levante la suspensión de términos judiciales, esta Sala considera
que se trata de una medida anticipativa que responde a la necesidad de evitar la afluencia masiva de
los usuarios en las sedes judiciales, una vez se levante la suspensión de términos, pues de acuerdo
con la experiencia generada en otras oportunidades de suspensión de términos, por ejemplo en épocas
de paro judicial, cuando se han cerrado los despachos judiciales, una vez fueron restablecidos los
servicios, acudió a las sedes judiciales un gran número de personas que durante el cierre, no pudieron
realizar actuaciones ante dichos despachos. Ahora bien, en caso de no adoptar medidas que prevengan
tal situación, la afluencia masiva aumentaría el riesgo de contagio con el virus en cuestión,
considerando que el mismo se encuentra aún en circulación en el territorio nacional y no existe, por el
momento, una vacuna que lo prevenga. Por consiguiente, responde al criterio de necesidad fáctica la
medida según la cual, cuando el plazo restante para interrumpir la prescripción o para hacer inoperante
la caducidad, al momento de decretarse la suspensión de términos judiciales por parte del CSJ, sea
inferior a 30 días, los usuarios no tendrán que concurrir precipitadamente en una única fecha, sino que
podrán hacerlo en cualquier día del mes subsiguiente al levantamiento de términos judiciales, lo que
favorece el distanciamiento social, que deberá practicarse para evitar el contagio del virus”.
29 “Por el cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública”.
30 “Por el cual se complementan las medidas transitorias de salubridad pública adoptadas mediante el
Acuerdo 11517 de 2020”.
31 “Por el cual se suspenden los términos de la revisión de tutelas en la Corte Constitucional”.
32 “Por medio del cual se prorroga la medida de suspensión de términos adoptada mediante los
acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518 y PCSJA20-11519 del mes de marzo del año 2020 y se
adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública”.
33 “Por medio del cual se prorroga la medida de suspensión de términos adoptada mediante el Acuerdo
PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020 y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad
pública”.
34 “Por el cual se establece una excepción a la suspensión de términos en la Corte Constitucional”.
35 “Por medio del cual se suspenden términos de actuaciones administrativas en la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y direcciones seccionales de administración judicial”.
36 “Por el cual se establece una excepción a la suspensión de términos en el Consejo de Estado y en
los tribunales administrativos”.
37 “Por medio del cual se prorrogan las medidas de suspensión de términos, se amplían sus
excepciones y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública”.
38 “Por medio del cual se prorrogan las medidas de suspensión de términos, se amplían sus
excepciones y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor”.
15
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
11549 de 7 de mayo39 y 11556 de 22 de mayo de 202040, suspendió los términos
judiciales a partir del 16 de marzo del mismo año por motivos de salubridad pública y
fuerza mayor con ocasión de la pandemia Covid-19.
Finalmente, esa misma Corporación por medio del Acuerdo PSCJA20 No. 11567 de
5 de junio41 y 11581 de 27 de junio de 202042, levantó la suspensión de los términos
judiciales y administrativos en todo el país a partir del 1º de julio de 2020.
Es decir, que el término de caducidad se mantuvo suspendido43, desde el 16 de marzo
hasta el 30 de junio de 2020, y se reanudó a partir del 1º de julio del mismo año,
precisando que en aquellos eventos en los que el plazo que restaba para “interrumpir
la prescripción o hacer inoperante la caducidad” fuera inferior a 30 días, la norma
contempló un plazo adicional consistente en conceder al interesado un mes contado
a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar la actuación
correspondiente.
Bajo el anterior contexto, se advierte que el derecho de acción frente al secuestro de
Jesús Salvador Bohórquez Duarte se ejerció en tiempo, toda vez que: i) el 21 de
diciembre de 2017 el señor Bohórquez Duarte fue liberado (hecho probado 7.1.4); ii)
el 13 de diciembre de 201944 (faltando 9 días para que expirara el plazo para
demandar) se presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 136
Judicial II para Asuntos Administrativos, la cual se declaró fallida el 12 de marzo de
202045; iii) el término de caducidad se suspendió por un lapso adicional de tres (3)
meses desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, de conformidad con lo
39 8 “Por medio del cual se prorroga la suspensión de términos, se amplían sus excepciones y se
adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor”
40 “Por medio del cual se prorroga la suspensión de términos, se amplían sus excepciones y se adoptan
otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor”.
41 “Por medio del cual se adoptan medidas para el levantamiento de los términos judiciales y se dictan
otras disposiciones por motivos de salubridad pública y fuerza mayor”.
42 “Por el cual se dictan disposiciones especiales sobre el levantamiento de términos previsto en el
Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020”.
43 Lo anterior, atendiendo a que tal como lo ha señalado la doctrina: “en el evento de la suspensión [,]
el término que había corrido mantiene sus efectos, pero se suspende su cómputo para reanudarlo
posteriormente en lo que faltó”. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso: Parte
General, Dupre Editores, Bogotá D.C., 2016, Pág. 484.
44 Archivo “6RECIBEMEMORIALES_DEMANDAYANEXOS_COMPRESSED.PDF”, páginas 67 a 68,
expediente digital, gestión en otros despachos. Samai.
45 Ibídem.
16
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001; y, iv) la demanda se presentó el 1°
de julio de 2020, esto es, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la
ley procesal vigente para presentarla de forma oportuna.
Asimismo, se tiene que el derecho de acción frente al secuestro de Leonardo Ramón
Bohórquez Galvis se ejerció en tiempo, toda vez que: i) el 12 de enero de 2018 el
señor Bohórquez Galvis fue liberado (hecho probado 7.1.5); ii) el 13 de diciembre de
201946 (faltando 31 días para que expirara el plazo para demandar) se presentó
solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 136 Judicial II para Asuntos
Administrativos, la cual se declaró fallida el 12 de marzo de 2020 47; iii) el término de
caducidad se suspendió por un lapso adicional de tres (3) meses desde el 16 de marzo
hasta el 30 de junio de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ley 640 de 2001; y, iv) la demanda se presentó el 1° de julio de 2020, esto es, antes
del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente para
presentarla de forma oportuna.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis48.
4.1. Jesús Salvador Bohórquez Duarte (víctima), Leonardo Ramón Bohórquez Galvis
(víctima), Carmen Ilva Galvis Gerardino (madre de Leonardo Ramón Bohórquez
Galvis), Jesús Alveiro Bohórquez Galvis y Claudia Ximena Bohórquez Galvis (hijos de
Jesús Salvador Bohórquez Duarte y hermanos de Leonardo Ramón Bohórquez
Galvis), están legitimados en la causa por activa, pues los dos primeros fueron
46 Archivo “6RECIBEMEMORIALES_DEMANDAYANEXOS_COMPRESSED.PDF”, páginas 67 a 68,
expediente digital, gestión en otros despachos. Samai.
47 Ibídem.
48 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
17
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
víctimas de secuestro y los demás conformaban su núcleo familiar, según dan cuenta
la copia de sus correspondientes registros civiles de nacimiento49.
En relación con Carmen Ilva Galvis Gerardino quien acudió al proceso en calidad
de cónyuge de Jesús Salvador Bohórquez Duarte, se observa que para acreditar su
parentesco allegó una partida eclesiástica de matrimonio50. No obstante, es preciso
advertir que esta carece de valor probatorio, pues de conformidad con lo establecido
en la Ley 92 de 1938, las partidas eclesiásticas son documentos idóneos para
acreditar situaciones del estado civil de las personas ocurridas durante su vigencia,
la cual se extendió hasta la entrada en vigencia del artículo 105 del Decreto 1260
del 5 de agosto de 1970 y, dado que el matrimonio fue celebrado el 1 de enero de
1981, se concluye que el documento aportado no resulta válido para acreditar la
calidad de cónyuge, dado que el matrimonio no se celebró en vigencia de la Ley 92
de 193851. Tampoco reposan testimonios que permitan acreditar que la señora
Galvis Gerardino haya tenido una relación afectiva con la víctima directa.52
Con fundamento en lo anterior, en la parte resolutiva de esta sentencia se declarará
la falta de legitimación en la causa por activa de Carmen Ilva Galvis Gerardino en
calidad de cónyuge de Jesús Salvador Bohórquez Duarte.
4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y está debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de conformidad con
los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, toda vez que según lo
49 Archivo “8RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS3A16_COMPRESSED.PDF” páginas 26 a 33,
expediente digital, gestión en otros despachos. Samai.
50 Archivo “8RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS3A16_COMPRESSED.PDF” página 24, expediente
digital, gestión en otros despachos. Samai.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de febrero de 2009,
expediente 18106.
52 Al respecto, ver sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de julio de 2021, expediente 53593A.
18
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
dispuesto en los artículos 253 y 21854 de la Constitución Política, es la entidad a
quien corresponde controlar el orden público, así como brindar protección a los
ciudadanos. Además, por ser una de las entidades a quien se le atribuye la
causación del daño antijurídico alegado en la demanda.
4.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y está debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de conformidad con
los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, toda vez que según lo
dispuesto en los artículos 255 y 21756 de la Constitución Política, es la entidad a
quien corresponde la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del
territorio nacional y del orden constitucional. Además, por ser una de las entidades
a las que se le atribuye la causación del daño antijurídico alegado en la demanda,
toda vez que las víctimas manifestaron que el día de su secuestro pasaron por un
retén del Ejército Nacional sin que estos detuvieran el vehículo en el que eran
transportados por los delincuentes.
4.4. El municipio de Ocaña está legitimado en la causa por activa porque se le atribuye
la causación del daño antijurídico alegado en la demanda, pues, según lo narrado en
53 Artículo 2º: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
54 Artículo 218: “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo
de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio
de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestaciones y disciplinario”.
55 Artículo 2º: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
56 Artículo 217: “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas
por el Ejercito, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial
la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
constitucional.”
19
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
el escrito introductorio, dicho ente territorial permitió que en su jurisdicción operaran
grupos al margen de la ley, los cuales perpetraron el secuestro de Jesús Salvador
Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se reúnen los presupuestos
para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, por una omisión en el deber
de protección y seguridad.
6. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y la imputación de responsabilidad
por omisión en el deber de seguridad y protección, así como sobre el hecho
exclusivo y determinante de un tercero.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199157 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el
deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere
de otro componente necesario e indispensable para establecer el deber de
responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su
57 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
20
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación,
que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se
hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han
desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y
aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio,
con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros58.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
6.2. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado por
omisión en el deber de seguridad y protección
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º constitucional son fines
esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general,
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución y en la ley y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo; en cuyo efecto se han instituido las autoridades de la República para proteger
a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, así como para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado59.
Entonces, el Estado tiene el deber de proteger el derecho fundamental a la vida de
todas las personas, su integridad psicofísica y sus bienes patrimoniales, de donde
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
59 “Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”
21
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
surge lo que la Corte Constitucional ha denominado la “manifestación expresa del
derecho fundamental a la seguridad personal, entendida como una obligación de
medio y no de resultado, por virtud del cual son llamadas las diferentes autoridades
públicas a establecer los mecanismos de amparo que dentro de los conceptos de
razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes a fin de evitar la lesión o
amenaza de sus derechos”60.
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha definido la noción de “seguridad”
desde tres dimensiones: (i) como un valor constitucional consagrado en el
preámbulo y en el artículo 2º Superior; (ii) como un derecho colectivo y (iii) como un
derecho fundamental individual que, pese a no estar nominado en la Constitución,
proviene de la interpretación sistemática de lo dispuesto en el Preámbulo y en la
carta de garantías concertada especialmente en los artículos 2, 11, 12, 17, 18, 19,
20, 21, 28, 34, 44 y 7361 superiores, así como del bloque de constitucionalidad62,
frente al cual debe advertirse que tanto la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 194863, como la Convención Americana64 y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos65 contemplan el derecho a la seguridad personal.
60 Corte Constitucional, sentencia T-224 del 2 de abril de 2014. Concordante con las sentencias: T-
184 de 2013, T-078 de 2013, T-719 de 2013, T-234 de 2012, T-585A de 2011.
61 “Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte, Artículo 12. Nadie será
sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Artículo 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus
formas, Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus
convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia, Artículo
19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión
y a difundirla en forma individual o colectiva. (…), Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad
de expresar y difundir su pensamiento (…), Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra (…),
Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia (…), Artículo
34. Se prohíben penas de destierro y confiscación. (…), Artículo 44. Son derechos fundamentales
de los niños: (…), Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su
libertad e independencia profesional”
62 Ibidem.
63 La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aceptada como costumbre
internacional desde la década de los sesenta, establece en su artículo 3 que “todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
64 La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, incorporada al
ordenamiento colombiano mediante la Ley 16 de 1972, establece en su artículo 7: “1. Toda persona
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales...”.
65 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley 74 de 1968, dispone
en su artículo 9: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales…”.
22
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
Ahora, el derecho fundamental a la seguridad personal ha sido definido como “aquel
que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las
autoridades, cuandoquiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no
tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de
peligro implícitos en la vida en sociedad”66. De manera que los individuos pueden
exigir medidas específicas de protección de parte de las autoridades, con el objetivo
de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios e inaceptables
contra su vida, bienes o integridad personal que las autoridades pueden conjurar o
mitigar.
Sin embargo, y sumado a las nociones definidas por la Corte Constitucional, no
puede perderse de vista el deber correlativo de seguridad y protección de las
personas en cabeza de las autoridades, en cuyos fundamentos y limites ha
evolucionado la jurisprudencia del Consejo de Estado desde antes de 1991, puesto
que la Constitución anterior ya establecía la obligación de las autoridades de
proteger a las personas67.
Así, en una primera etapa se planteó la posibilidad de endilgar responsabilidad a las
autoridades por su abstención o inercia, aunque para establecer la falla del servicio
66 Sentencia T-339 de 2010. En este caso un ciudadano interpuso acción de tutela contra el Ministerio
del Interior, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida y a la
igualdad, presuntamente vulnerados por la actitud omisiva de la entidad demandada, puesto que su
esquema de seguridad no funcionaba en condiciones óptimas. Esta corporación tuteló el derecho a
la seguridad personal y ordenó a la accionada que equipara a los dos escoltas y pusiera a su
disposición un carro que le permitiera desplazarse con seguridad, advirtiendo que dichos
mecanismos debían tomarse hasta que el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos
determinará si el actor debía estar o no cobijado por tales mecanismos. Adicionalmente, pidió al
accionante que presentare solicitud de protección ante el Programa de Protección de Derechos
Humanos del Ministerio en mención, para que fuera el Comité de Reglamentación y Evaluación de
Riesgos el que determinará si tenía derecho a ser beneficiario de tales medidas.
67 Artículo 19, Constitución de 1886: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto
recíproco de los derechos naturales previniendo y castigando los delitos”. Reformado por el artículo
9° del Acto Legislativo N° 1 de 1936 y pasó a ser el artículo 16: “Las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y
bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares
(…)”.
23
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
se exigió acreditar que la víctima había solicitado protección68; ante lo cual también
se consideró que el Estado no asume una obligación de resultado69.
Posteriormente se hizo exigible la intervención de las autoridades cuando el Estado
se encuentre en la posibilidad de proteger a la víctima, aunque ésta expresamente
no lo hubiera solicitado, pues ante un ambiente de zozobra, confusión, inestabilidad,
peligro o de la especial condición intuito personae de la víctima, las autoridades
debían estar en alerta continua y permanente y no actuar como sujetos pasivos que
demandan la petición de protección del miembro de la comunidad que la necesita70.
En precedentes más recientes, se sostuvo que la responsabilidad del Estado por
falta de protección exige “(…) previo requerimiento a la autoridad, pero en relación
con ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de
las circunstancias particulares del caso. Es más, ni siquiera se precisa de un
requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha
autoridad”71; y seguidamente se incluyó el conocimiento de la Policía Nacional de
las amenazas derivadas de las “alteraciones de orden público debido a los actos de
violencia” de grupos armados insurgentes72, pues lo que interesa es el elemento
cognitivo en cabeza de las fuerzas del Estado73.
Asimismo, recientemente la Corte Constitucional sostuvo que para evaluar en qué
circunstancias el Estado debe brindar medidas de protección especial habrá de
distinguirse entre el concepto de riesgo y el de amenaza, entendido el primero como
una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño se produzca y, el segundo,
como la existencia de hechos reales que implican la alteración del uso pacífico del
derecho atacado y hacen suponer que la vida o integridad de la persona corre
68 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 16 de julio de 1980. Rad.:10134.
69 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 17 de febrero de 1983, Rad.: 5737.
70 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 12 de julio de 1988.
71 Consejo de Estado, Sentencia de 26 de enero de 2006.
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 19 de julio de 2007.
73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 25 de agosto de 2010.
24
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
peligro74, Así, ante un nivel de amenaza extrema75 nace la obligación del Estado de
adoptar medidas específicas para salvaguardar el derecho fundamental a la
seguridad personal del individuo76, quien podrá exigir que las autoridades le brinden
protección especial.
En síntesis, la seguridad personal configura un derecho de raigambre fundamental
correlativo al deber de las autoridades de salvaguardar y proteger dicho derecho,
no como una obligación de resultado, sino bajo el compromiso de “utilizar todos los
medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de
las personas sea una realidad, de manera que no puede conformarse con una
simple defensa formal de los mismos”77.
74 Corte Constitucional, sentencia T-339 de 2010.
75 La sentencia T-234 de 2012 estableció dicho parámetro en los siguientes términos: “1) Nivel de
riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño a la vida o a la integridad personal
se produzca. Este nivel se divide en dos categorías: a) riesgo mínimo: …y; b) riesgo ordinario… En
este nivel de la escala, los ciudadanos deben soportar los riesgos que son inherentes a la existencia
humana y a la vida en sociedad. / Cuando una persona pertenece a este nivel, no está facultada
para exigir del Estado medidas de protección especial, pues su derecho a la seguridad personal no
está siendo afectado, en la medida en la que el riesgo de daño no es una lesión pero sí, en el mejor
de los casos, un riesgo de lesión. / 2) Nivel de amenaza: existen hechos reales que, de por sí,
implican la alteración del uso pacífico del derecho a la tranquilidad y que hacen suponer que la
integridad o la libertad de la persona corren verdadero peligro. En efecto, la amenaza de daño
conlleva el inicio de la alteración y la merma del goce pacífico de los derechos fundamentales, debido
al miedo razonable que produce visualizar el inicio de la destrucción definitiva del derecho. Por eso,
a partir de este nivel, el riesgo se convierte en amenaza. Dependiendo de su intensidad, este nivel
se divide en dos categorías: / a) amenaza ordinaria: (…). / b) amenaza extrema: una persona se
encuentra en este nivel cuando está sometida a una amenaza que cumple con todas las
características señaladas anteriormente y además, el derecho que está en peligro es el de la vida o
la integridad personal. De allí que, en este nivel, el individuo pueda exigir la protección directa de sus
derechos a la vida y a la integridad personal y, en consecuencia, no tendrá que invocar el derecho a
la seguridad como título jurídico para exigir protección por parte de las autoridades. / Por lo tanto, en
el nivel de amenaza extrema, no sólo el derecho a la seguridad personal está siendo violado sino
que, además, también se presenta la amenaza cierta que muestra la inminencia del inicio de la lesión
consumada de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal. De allí que, cuando
la persona esté en este nivel, tiene el derecho a que el Estado le brinde protección especializada.”
76 Corte Constitucional, sentencia T-234 de 2012. Correspondió a la Corte determinar si la Fiscalía
General de la Nación y el Ministerio del Interior vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a
la integridad, a la libertad, a la seguridad personal y al acceso a la justicia de una persona, quien en
su condición de defensora de derechos humanos, víctima de violencia sexual, desplazamiento
forzado y constantes amenazas e intimidaciones, no había sido destinataria de ningún tipo de medida
de protección, bajo la consideración de que el riesgo al que estaba expuesta era de naturaleza
ordinaria. Este tribunal amparó sus derechos y, entre otras medidas, ordenó a las entidades
accionadas que, conjuntamente, valoraran de manera objetiva y razonada la situación de la
accionante, incluyendo las variables que fueran necesarias; al Ministerio del Interior, por intermedio
de la UNP, que dispusiera y materializara las medidas de protección que necesitaba en su condición
de defensora de derechos humanos, las cuales debían ser dispensadas de manera inmediata e
ininterrumpida, mientras se definiera el esquema de seguridad que requería de acuerdo con su
situación.
77 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 6 de marzo de 2008, Rad.:14443.
25
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
Igualmente, debe concluirse que el juicio de imputación de los daños antijurídicos
derivados de la omisión en el deber de seguridad y protección personal encuentra
su mayor desarrollo en la aplicación de los criterios de imputación por falla en el
servicio, aunque cabe advertir lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección en la
sentencia de unificación de 19 de abril de 2012, según la cual, al no existir
consagración constitucional de algún régimen de responsabilidad en especial,
corresponde al juez determinar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que
los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la
motivación de la sentencia78.
No obstante, frente al deber de seguridad y protección se reitera la atribución
jurídica por falla en la prestación del servicio en donde es determinante la omisión
de las autoridades públicas en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento
jurídico les impone, frente a lo cual la Corporación ha señalado que es necesario
cotejar el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para
el órgano administrativo implicado, versus el grado de cumplimiento u observancia
del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto79, por supuesto,
cuando las personas: (i) han solicitado protección especial, con justificación en las
especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona 80; (ii) no han
solicitado dicha protección pero es evidente que la necesitaba, en consideración a
que existían pruebas o indicios conocidos que permitían asegurar que se
78 Expediente 21.515. “En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa
que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún
régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto,
la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den
sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a
la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar
la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal,
sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al
juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo
título de imputación. En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en
consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que
la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la
responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia.”.
79 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad.: 27434; Sentencia
del 22 de abril de 2009, Rad.: 16192; Sentencia del 9 de junio de 2010, Rad.: 18375; Sentencia del
30 de enero de 2013, Rad.: 27040.
80 Consejo de Estado, Sentencia del 16 de julio de 1980, Rad 10134; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Sentencia del 17 de febrero de 1983, Rad. 5737.
26
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida o sus
bienes81; o (iii) cuando las autoridades dejan a la población a merced de los grupos
de delincuencia, sin brindarles ninguna protección, teniendo conocimiento de que
los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados
al margen de la ley82.
6.3. Hecho exclusivo y determinante de un tercero
El hecho de un tercero supone la actuación exclusiva y determinante de una
persona ajena al juicio de responsabilidad en la realización del injusto 83. Esta
Sección84 ha señalado que el hecho exclusivo y determinante del tercero se
configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es
completamente ajena al servicio y que éste último no se encuentra vinculado en
manera alguna con aquél.
Asimismo, esta Corporación85 ha determinado que para la prosperidad de esta
causal exonerativa de responsabilidad deben reunirse tres requisitos, a saber: i) que
el hecho del tercero sea la causa exclusiva y adecuada del daño, motivo por el cual
la entidad tiene que probar que no hay ningún vínculo causal entre la conducta del
demandado y el daño producido; ii) que el hecho del tercero sea ajeno al servicio,
es decir, que el tercero no esté vinculado a la persona de derecho público
demandada ni realice actividades vinculadas al servicio público; y iii) que el hecho
del tercero sea imprevisible e irresistible para la entidad.
Adicionalmente, sobre la revisión del actuar del tercero en la producción del daño,
esta Sección ha precisado que no se requiere que el tercero haya actuado con
culpa, porque la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Empero, para
81 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de octubre de 1997, Rad. 10958.
82 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de julio de 1998, Rad. 17004.
83 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de octubre de 2020, Rad. 49574.
84 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010, Rad. 17179.
85 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de mayo de 2019, Rad.:
46858; Subsección C. Sentencia del 11 de marzo de 2019, Rad.: 43512; Subsección B. Sentencia
del 21 de noviembre de 2018, Rad.: 40350; Subsección C. Sentencia del 28 de enero de 2015, Rad.
39012, Subsección A. Sentencia de 13 de febrero de 2013, Rad.: 18148.
27
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
que excluya la responsabilidad de las entidades demandadas, debe haber
constituido la causa determinante86.
7. Caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 23 de mayo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda, la parte demandante manifestó que el daño antijurídico
deriva de una “privación injusta de la libertad” y en ese escenario debía darse
aplicación a la “carga dinámica de la prueba”, por lo que el A quo debió decretar
pruebas de oficio para establecer la verdad de lo ocurrido. Adicionalmente, la
accionante afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó una
deficiente valoración probatoria, comoquiera que el material suasorio daba cuenta
que el municipio de Ocaña era zona de presencia de grupos al margen de la ley, y
por lo tanto existía un “riesgo potencial” para la familia demandante de ser blanco
de los actores ilegales, en tanto en el pasado habían sido víctima de otro secuestro.
Finalmente, destacó que las autoridades demandadas no realizaron un
acompañamiento efectivo a los familiares de las víctimas durante el secuestro, pues
estos se vieron obligados a negociar directamente con las FARC para lograr la
libertad de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis.
En este sentido, y comoquiera que solo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra el fallo proferido el 23 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
32887 del Código General del Proceso, exclusivamente habrá lugar a analizar
aquellos aspectos frente a los que la parte actora manifestó su inconformidad en la
86 Ibídem.
87 Artículo 328. “Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
(…)
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella (…)”.
28
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
alzada88. En vista de lo expuesto, la Sala analizará si en el presente caso se reúnen
los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, por una
omisión en el deber de protección y seguridad.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo.
7.1. Hechos probados
Antes de enunciar los hechos demostrados, debe advertirse que si bien con la
demanda se aportaron las declaraciones extraprocesales89 rendidas por Joan
Elisardo Antonio Navarro Duarte90, Manuel Ortiz, Claudia Ximena Bohórquez Galvis,
Jesús Salvador Bohórquez Duarte, Carmen Ilva Galvis, Leonardo Ramón
Bohórquez Galvis, Jesús Alveiro Bohórquez Galvis, en la Notaría Segunda del
Círculo de Ocaña, referente a los hechos de la demanda, lo cierto es que este tipo
de declaración, al ser sumaria, requiere de ratificación judicial, de conformidad con
lo dispuesto el artículo 222 del CGP. Por lo anterior, las referidas declaraciones
extra procesales no podrán ser valoradas en esta instancia, toda vez que no
cumplen con los requisitos de la prueba testimonial por cuanto no fueron rendidas
con audiencia de la parte contraria y no fueron ratificadas en el plenario en los
términos de la norma citada.
Por otro lado, es menester poner de presente que los recortes91 de prensa serán
valorados según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso
88 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el
trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
89 Archivo “8RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS3A16_COMPRESSED.PDF”, páginas 35 y 45 a 59,
expediente digital, gestión en otros despachos. Samai.
90 Archivo “7RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS1Y2_COMPRESSED.PDF”, página 53, expediente
digital, gestión en otros despachos. Samai.
91 Archivo “8RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS3A16_COMPRESSED.PDF”, página 17, expediente
digital, gestión en otros despachos. Samai.
29
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, servirán solo como
indicador para la Sala, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso, podrá llegar a constatar la certeza
de los hechos92.
De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso,
se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Está probado que el 10 de diciembre de 2017, Jesús Salvador Bohórquez
Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis fueron secuestrados por las Farc en
el municipio de Ocaña (Norte de Santander), según da cuenta copia del formato
único de noticia criminal presentado ante la Fiscalía General de la Nación93 y del
formato de declaración rendido por Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo
Ramón Bohórquez Galvis ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral de Víctimas94-95.
7.1.2. Está acreditado que el 11 de diciembre de 2017, el diario El Pilón publicó una
noticia titulada “Avanza búsqueda de padre e hijo que estarían secuestrados en el
Catatumbo”. De ello, da cuenta copia de la referida nota de prensa96, de cuyo
contenido se extrae lo siguiente:
“El comerciante Jesús Salvador Bohórquez Duarte, de 70 años, secuestrado el
pasado sábado en compañía de su hijo Leonardo, de 32 años, en el municipio de
Ocaña, Norte de Santander, afronta su segundo cautiverio, según revelaron las
autoridades ayer.”
7.1.3. Esta probado que mediante oficio del 30 de mayo de 2018 de la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, se hizo contar que entre los
92 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo
de 2012, Rad.: 11001031500020110137800
93 Archivo “7RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS1Y2_COMPRESSED.PDF”, páginas 17 a 21,
expediente digital, gestión en otros despachos. Samai.
94 Archivo “7RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS1Y2_COMPRESSED.PDF”, páginas 22 a 28,
expediente digital, gestión en otros despachos. Samai.
95 Archivo “7RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS1Y2_COMPRESSED.PDF”, páginas 29 a 35,
expediente digital, gestión en otros despachos. Samai.
96 Archivo “8RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS3A16_COMPRESSED.PDF”, páginas 17 a 19,
expediente digital, gestión en otros despachos. Samai.
30
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
años 2013 a 2018 se presentaron 15 secuestros en el municipio de Ocaña (Norte
de Santander), según da cuenta copia del mencionado oficio97.
7.1.4. Está demostrado que el 29 de mayo de 2019, Jesús Salvador Bohórquez
Duarte solicitó a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral de Víctimas ser reconocido e incluido en el registro único de víctimas porque
el 10 de diciembre de 2017 fue secuestrado por las Farc y su familia pagó por su
liberación. En esa solicitud, además, el señor Bohórquez Duarte declaró que fue
liberado el 21 de diciembre de 2017. De ello, da cuenta copia de la referida
solicitud98 de cuyo contenido se destaca lo siguiente:
“Yo dure retenido durante 10 días, en este tiempo nadie se acercó a decirnos nada
ni porque estábamos retenidos ni cuánto tiempo duraríamos. Sabemos que fue un
secuestro extorsivo porque a mi hijo Jesús Albeiro le llamaron y se identificaron
como miembros de la Guerrilla de la FARC-EP y le dijeron para nuestra liberación
se tenía que pagar un rescate por la liberación de nosotros. No sé con precisión
cuanto fue lo que tuvo mi hijo que pagar, pero mi liberación se día el dio el día
21 de diciembre de 2017. El día de mi liberación me saca en una moto, me vendan
los ojos, me ponen una gorra, me andan como dos horas en la moto y me meten en
un monte hasta esperar el carro que iba a llegar por mí”. Se resalta
7.1.5. Está demostrado que el 29 de mayo de 2019, Leonardo Ramón Bohórquez
Galvis solicitó a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral de Víctimas ser reconocido e incluido en el registro único de víctimas porque
el 10 de diciembre de 2017 fue secuestrado por las Farc. En esa solicitud, además,
el señor Bohórquez Galvis declaró que fue liberado el 12 de enero de 2018. De ello,
da cuenta copia de la referida solicitud99 de cuyo contenido se destaca lo siguiente:
“Yo Leonardo Ramón Bohórquez Galvis (…) vengo a rendir una declaración por
secuestro el 10 de diciembre como a las 4:00 am yo salí en compañía de mi padre
para la finca de nuestra propiedad que está ubicada en el departamento del Cesar.
En la vía de rio de oro después de la ‘y’ nos pasa una camioneta tipo jeep
venezolana como unos dos kilómetros más adelante se nos cruza y nos paran en
un retén falso que habían puesto, en ese momento se nos acerca un tipo con
prendas de la policía y nos dice que nos bajemos porque nosotros llevábamos
97 Archivo “8RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS3A16_COMPRESSED.PDF”, página 16, expediente
digital, gestión en otros despachos. Samai.
98 Archivo “7RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS1Y2_COMPRESSED.PDF”, páginas 22 a 28,
expediente digital, gestión en otros despachos. Samai.
99 Archivo “7RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS1Y2_COMPRESSED.PDF”, páginas 29 a 35,
expediente digital, gestión en otros despachos. Samai.
31
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
contrabando nos dicen que nos bajemos y nos meten en la camioneta venezolana
y de allí nos dirigen hacia la vía de convención, en el trascurso del camino la
camioneta se daña, nos bajan y nos hacen caminar come 40 minutos buscando la
montaña, eran más o menos como las 6:00 am, llegamos a una parte de la montaña
y nos tienen todo el día escondidos hasta las 7:00 pm luego de eso nos bajan de la
montaña hacia una carretera destapada, de allí esperamos como media hora y nos
recoge una camioneta y de allí nos llevan hacia un lugar desconocido no sabía nada
hacia donde nos llevaban porque nos cubrieron las cabezas, nos y decían (sic) que
no habláramos y que no nos moviéramos porque si hacíamos algo nos moríamos
todos. Duramos como una hora andando hasta cuando llegamos al sitio en donde
nos dejaron eso era parte alta de la montaña y de allí bajamos a otra parte que
pareciera como si fuera un laboratorio en esa parte nos quedamos en la noche y
nos llevaron comida y nos dicen que tenemos que esperar porque el comandante
tenía que hablar con nosotros. Al otro día caminamos como media hora hasta una
parte como un cafetal y de esa parte nos llevan al lugar en donde permanecí 32 días
hasta que produjo la liberación, primero liberan a mi padre el 21 de diciembre y
a mí me liberan el 12 de enero.”
7.1.6. Consta que mediante oficio No. 10913 del 4 de junio de 2019, la Secretaría
de Gobierno del municipio de Ocaña, a solicitud de los demandantes, informó que
dicha entidad territorial como medidas preventivas de secuestros y extorsiones tiene
implementado desde el año 2016 el “plan integral de seguridad y convivencia
ciudadana (PISCC)”, dentro del cual se establecen estrategias, líneas de acción,
programas y proyectos para dar solución a la problemática de la violencia y
delincuencia, la cual se desarrolla a través de la interacción entre autoridades
civiles, fuerza pública, Fiscalía General de la Nación, ICBF, comisarías de familia,
entre otros. Asimismo, indicó que tuvo conocimiento del secuestro de Jesús
Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis el 10 de
diciembre de 2017, por lo que al día siguiente de esos hechos se convocó un
consejo de seguridad, en el que participó el Secretario de Gobierno del municipio
de Ocaña, el defensor del pueblo, el comandante del Gaula, la Procuraduría
Provincial, entre otras autoridades. De ello, da cuenta copia del mencionado oficio,
en cuyo cuerpo se citó el contenido del mencionado consejo de seguridad100, del
cual se destaca lo siguiente:
“(…) EL Dr. Juan Pablo Bacca Manzano da un saludo de bienvenida e instala el
Consejo de seguridad que se realiza con el fin de articular temas y
responsabilidades que a cada dependencia le corresponde. Este espacio se da en
aras de garantizar la seguridad y convivencia en el municipio. Inicialmente se da a
100 Archivo “8RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS3A16_COMPRESSED.PDF”, páginas 2 a 6,
expediente digital, gestión en otros despachos. Samai.
32
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
conocer la preocupación e indignación por el secuestro de los ocañeros Jesús y
Leonardo Bohórquez, pues se ha trabajado en la seguridad y a pesar de los
esfuerzos y las articulaciones que se han realizado ocurren estas situaciones, las
recomendaciones de los puestos de control en las entradas y salidas del municipio
a esto se suma el apoyo del GAULA ELITE que coincidencialmente tres días antes
del secuestro de los señores, los uniformados los notifican de vacaciones, se
esperaba que por parte de la Policía y el Ejército del Cesar y de Norte de Santander
se estuviera prestando más acompañamiento en la vía entre Ocaña y Aguachica,
en este tramo si se tenían antecedentes de explosivos más no de secuestros en los
últimos años, así mismo pide que el ministerio Publio coadyuve a impulsar a nivel
nacional la situación que se está presentando en el municipio. El Dr. Juan Pablo
Manzano opina que sería prudente verificar los celulares de las víctimas, es posible
que el GPS, indique la ruta de escape.
Ct. Juan D Acosta Pedreros, GAULA Policía Nacional, interviene informando la
información que se tiene hasta el momento. A las 7:00 am un taxista informa a la
estación de policía de Ocaña que hay una camioneta abandonada en el sector entre
Ocaña y Rio de Oro, al llegar a verificar la información la policía de rio de oro estaba
en el lugar, se realiza la inspección del vehículo y el sargento desde el cesar
empieza a desplegar las unidades de inteligencia y nosotros las unidades de acá de
Ocaña, se informó inmediatamente al ejército para empezar a realizar controles y
movimiento de tropas, se emprende a (sic) revisión del recorrido por medio de las
cámaras y se constata que los señores Bohórquez salen de su vivienda a las 4:03
am. Luego se verifica en la cámara de la estación de servicio Rio de oro que pasa
el vehículo a las 4:49 am, lo que indica que estuvo por un lapso de tiempo de 46 min
en la ciudad, la duda que existe y es la que se está esclareciendo es si en esos 40
min fueron abordados dentro de la ciudad o el secuestro se realizó en carretera, El
Dr. Nelson Arévalo defensor del pueblo, manifiesta la preocupación por el lapso de
tiempo transcurrido y en 5 horas no se definía la jurisdicción a quien correspondía
el caso, El My. William Moyano, comandante de distrito 2 policía Ocaña, manifiesta
que la importancia del caso no es si fue en el Cesar o en Norte de Santander, acá
se debe es velar por la integridad de dos personas que están pasando por el flagelo
del secuestro, El Capitán Acosta, argumenta que el tiempo perdido no fue por definir
jurisdicción, porque la reacción se realizó con inmediatez coordinado con el ejército
una vez informado los hechos, el retraso de la denuncia fue porque la familia decide
pasar el caso a Gaula Ejército, después que ya lo tenía el Gaula policía, La Dra.
Diana Carolina Martínez, Personera Municipal, manifiesta que siendo una familia
con antecedentes de secuestro, es posible que los delincuentes hallan venido
realizando seguimiento, informa que en visita a los familiares, le manifestaron que
pedían que el tema sea lo más considerado posible, en pro de que las victimas
salgan ilesos, es posible que el secuestro sea extorsivo y se esté tratando con
delincuencia común, seguidamente toma la palabra la Dra. Margarita Eslava
Procuradora Provincia, menciona que por medio radial se escuchó que a los señores
Bohórquez se le tenía que suministrar un medicamento, se debe realizar
seguimiento en las farmacias quien compre esos medicamentos, también se debe
revisar las cámaras de la noche anterior de las personas que rodearon la vivienda,
porque esto tuvo que ser programado. Seguidamente toma la palabra El Coronel
Muñoz comandante BISAN, informa que el caso se está llevando con fiscalía de
Cúcuta, se han realizado una serte de investigaciones que van por buen camino se
pudo evidenciar que una vez sale la camioneta de las victimas detrás iba otro
vehículo, donde la información hubiese sido oportuna se realizaba el plan candado
y podría ser posible evitar el secuestro, el coronel pide que el puesto de control de
policía debe estar constante en el sector de la andina porque en esta ocasión se le
llevaron por la vía a Rio de Oro, en estos momentos pide que se apoye a la familia,
33
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
seguidamente toma la palabra La Dra. Ariacna Lara, representante fiscalía,
manifiesta que inmediatamente se conoció el secuestro, tomo el caso un funcionario
del CTI en coordinación con el fiscal delegado solo para temas de secuestros el Dr.
Jesus Santly el cual tiene toda la movilidad en el departamento”.
7.1.7. Se demostró que mediante oficio del 8 de junio de 2019, el departamento de
Policía de Norte de Santander, en respuesta a una petición elevada por la parte
demandante, informó que en caso de secuestros, las unidades del Gaula adelantan
actividades dentro de los actos urgentes, aplica el decálogo de actuación y realiza
un acompañamiento a la familia de la víctima. Por último, respecto al secuestro de
la familia Bohórquez, indicó que recepcionó la denuncia, se adelantaron actividades
de policía judicial y se capturaron dos personas. De ello, da cuenta copia del
mencionado oficio101.
7.1.8. Consta que a través de oficio 082323 del 20 de agosto de 2019, el grupo
Gaula de Norte de Santander informó a la parte actora, que en ese departamento
se encontraba “el grupo de acción unificado por la liberta personal (Gaula) de la
Policía Nacional, el cual también hace presencia en el municipio de Ocaña para
“adelantar bajo la dirección del fiscal delegado” las investigaciones por los delitos
de secuestro y extorsión. Asimismo, indicó que las víctimas de cualquier delito
cuentan con las garantías de atención integral por parte de la Fiscalía General de la
Nación. Por último, refirió que conoció del secuestro de “Zenaida María Riaño
Lemus” por denuncia que interpuso “Darío Alfonso Riaño Lemus”. De ello, da cuenta
copia del mencionado oficio102.
7.1.9. Demostrado quedó que en indeterminada fecha, la Unidad Nacional de
Protección rindió concepto de “inactivación definitiva orden de trabajo”, en el sentido
de no “continuar con la evaluación de riesgo al señor Jesús Salvador Bohórquez
Duarte”, por considerar que este no hace parte “de la población objeto, de
101 Archivo “8RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS3A16_COMPRESSED.PDF”, páginas 21 a 22,
expediente digital, gestión en otros despachos. Samai.
102 Archivo “8RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS3A16_COMPRESSED.PDF”, páginas 10 a 13,
expediente digital, gestión en otros despachos. Samai.
34
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
conformidad con el numeral 2 del artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015”,
según da cuenta copia del referido concepto103.
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace
necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y
ii) su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño antijurídico como
elemento esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de
toda utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar
responsabilidad patrimonial de la Administración104-105.
103 Archivo “96_RECIBEMEMORIALES_CONTESTAR_ONEDRIVE20221118.zip”, documento
denominado “CONCEPTO INACTIVACIÓN DEFINITIVA OT 343071 JESUS SALVADOR
BOHORQUEZ DUARTE.docx”, expediente digital, gestión en otros despachos. Samai.
104 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
105 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias,
cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado,
y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente:
“La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de
un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en
su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
35
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
7.2.1. El daño antijurídico
Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que
no está amparada por la ley o el derecho106, que contraría el orden legal107 o que
está desprovista de una causa que la justifique108, resultado que se produce sin
derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar
una situación reconocida o protegida109, violando de manera directa el principio
alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro
sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula más simplificada,
se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de
soportar, descripción que, aunque ilustra en términos generales el fenómeno lesivo
indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.
En el sub examine se tiene que el daño alegado en la demanda consiste en el
secuestro de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez
Galvis, perpetrado el 10 de diciembre de 2017 por grupos al margen de la ley,
durante el desplazamiento de las víctimas por una carretera hacía sus fincas
(hechos probados 7.1.1, 7.1.4, 7.1.5 y 7.1.6). Este daño tiene el carácter de
antijurídico, pues se trata de la afectación de un interés legítimo protegido por el
ordenamiento jurídico (artículos 13 y 28 Superiores), cuya lesión no encuentra
justificación legal.
7.2.2. La imputación
Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico acreditado en el plenario,
es menester determinar si éste le es atribuible fáctica y jurídicamente a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional y al municipio de
106 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
107 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
108 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
109 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
36
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
Ocaña.
En este sentido, de los medios probatorios arrimados al proceso se encuentra
acreditado que el 10 de diciembre de 2017 Jesús Salvador Bohórquez Duarte y
Leonardo Ramón Bohórquez Galvis fueron secuestrados en el municipio de Ocaña
-Norte de Santander- por las FARC, durante el desplazamiento que las víctimas
hacían por una carretera para dirigirse a sus fincas ubicadas en el municipio de
Aguachica -Cesar- (hechos probados 7.1.1, 7.1.4, 7.1.5 y 7.1.6).
En ese orden, demostrado está que con ocasión del secuestro de Jesús Salvador
Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis, el 11 de diciembre de
2017 se llevó a cabo un consejo de seguridad en el municipio de Ocaña en el que
participaron el Secretario de Gobierno de esa municipalidad, el defensor del pueblo,
el comandante del Gaula, la Procuraduría Provincial, entre otras autoridades con el
fin de tomar medidas frente al flagelo del secuestro (hecho probado 7.1.6).
Asimismo, está probado que luego de que los familiares de las víctimas realizaran
negociaciones con el grupo armado secuestrador y pagaran una suma de dinero
por su liberación, Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez
Galvis fueron liberados el 21 de diciembre de 2017 y el 12 de enero de 2018,
respectivamente (hechos probados 7.1.4 y 7.1.5).
De igual manera, está probado que entre los años 2013 a 2018, se presentaron 15
secuestros en el municipio de Ocaña (hecho probado 7.1.3) y que el 29 de mayo de
2019, Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis
solicitaron a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral de Víctimas ser incluidos en el registro único de víctimas por el secuestro
que sufrieron el 10 de diciembre de 2017 (hechos probados 7.1.4 y 7.1.5).
Por último, se probó que el departamento de Policía de Norte de Santander informó
al apoderado de las víctimas, que en caso de secuestros, las unidades del Gaula
adelantan actividades dentro de los actos urgentes, aplica el decálogo de actuación
y realiza un acompañamiento a la familia de la víctima. De hecho, respecto al
37
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
secuestro de la familia Bohórquez, indicó que recepcionó la denuncia, se
adelantaron actividades de policía judicial y se capturaron dos personas (hecho
probado 7.1.7).
Ahora bien, debe recordarse que de conformidad con reiterada jurisprudencia de
esta Corporación, un daño es imputable al Estado por omisión en el deber de
seguridad y protección cuando: i) la persona solicita protección especial, con
justificación de las particulares condiciones de riesgo en que se encuentra110; o ii)
es evidente que esta se necesita, en consideración a pruebas que permiten inferir
que la persona se encuentra amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra
su vida o sus bienes111; o iii) las autoridades dejan a la población a merced de los
grupos de delincuencia, sin brindarles ninguna protección, a pesar de tener
conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos
por grupos organizados al margen de la ley112.
En este orden de ideas, en el sub examine no se evidencia que el daño sea
imputable al Ejército Nacional, a la Policía Nacional ni al municipio de Ocaña, pues
no hay pruebas que den cuenta que el secuestro de Jesús Salvador Bohórquez
Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis se realizó por agentes del Estado o
con la complicidad de aquellos, o que estas entidades tenían un deber especial de
protección frente a los demandantes y sus bienes porque así lo solicitaron
previamente, o porque existían pruebas que daban cuenta que las víctimas se
encontraban amenazados o expuestos a sufrir graves riesgos contra su vida o sus
bienes, o porque las autoridades los dejaron a merced de los grupos de delincuencia
a pesar de tener conocimiento de amenazas reiteradas en contra de la población
civil.
De hecho, para la Sala no están llamados a prosperar los argumentos del recurso
de apelación que apuntan a la responsabilidad de las demandadas porque en el
municipio de Ocaña había presencia de grupos al margen de la ley y eso era una
110 Consejo de Estado, sentencia de 16 de julio de 1980, Rad 10134; Consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencia de 17 de febrero de 1983, Rad. 5737.
111 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 30 de octubre de 1997, Rad. 10958.
112 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 1998, Rad. 17004.
38
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
situación de “riesgo potencial” para los demandantes, toda vez que el Estado no es
un asegurador universal y por ende solo se le puede imputar responsabilidad
cuando está suficientemente acreditado que con sus actos u omisiones generó el
daño antijurídico reclamado y, en el caso de autos, no está probado que las víctimas
hubiesen puesto en conocimiento de las autoridades (Policía, Ejército y municipio
de Ocaña) amenazas en su contra que ameritaran prestarles el servicio de
seguridad y protección. Razón por la cual, en el caso concreto, no se les podía exigir
a las entidades públicas accionadas determinada acción, en tanto estas no conocían
una situación de peligro o amenaza concreta contra Jesús Salvador Bohórquez
Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis.
Sobre el particular, esto es, sobre el elemento cognitivo por parte de las autoridades
de una amenaza concreta en contra de las víctimas, esta Subsección113 ha
sostenido lo siguiente:
“(…) Con todo, se evidencia que no hay prueba que dé cuenta que la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional omitieron sus deberes
de protección y cuidado frente a la víctima o el municipio, porque nunca tuvieron
conocimiento de una situación de riesgo en contra de los pobladores de El Cármen
de Bolívar (Bolívar), no era evidente que la necesitaran, ni existían amenazas
concretas de grupos al margen de la ley hacia la población civil o la víctima que
permitieran inferir que el día o en una fecha cercana a esta y en el lugar en el que
detonó el artefacto explosivo se iba a realizar un acto terrorista.
En suma, en el sub lite quedó probado que el artefacto que ocasionó el daño a los
demandantes fue detonado por las FARC (hechos probados 7.1.1 y 7.1.2.), que en
estos hechos no intervino la Administración por acción u omisión y que la activación
del explosivo fue un hecho imprevisible, irresistible y externo a ésta, dado el
elemento sorpresa por medio del cual se realizó el acto destructivo y dada la
ausencia de conocimiento de las autoridades acerca de la existencia previa de una
amenaza cierta, concreta y vigente, pues tales atentados terroristas justamente se
amparan en el elemento sorpresa.”114
Por otro lado, no es aceptable el argumento del recurso de apelación que indica que
el juez del caso debió decretar las pruebas de oficio necesarias para “establecer la
verdad de lo ocurrido”, pues según lo dispuesto en el artículo 167 del CGP, es a la
113 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia del 19 de abril de 2023, Exp.: 65546.
114 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia del 22 de mayo de 2024, Exp.: 50581.
39
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
parte demandante a quien le corresponde probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Justamente, frente a
la potestad de decreto oficioso de las pruebas, la Corte Constitucional en la SU-768
de 2014, sostuvo que “el funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente: (i)
cuando a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba
que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer
espacios oscuros de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero
a seguir; o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad
puede apartar su decisión del sendero de la justicia material; (iv) cuidándose, en
todo caso, de no promover con ello la negligencia o mala fe de las partes. […]”115.
De conformidad con lo anterior, aunque el juez posee claras facultades oficiosas
para decretar pruebas y con ello auscultar algunos vacíos que en materia probatoria
pudo dejar una deficiente concepción de la prueba por el extremo procesal
interesado y de esta manera buscar la verdad material, dichas facultades no pueden
esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria de las partes desequilibrando la
relación jurídico procesal entre ambos extremos procesales, pues al juez
corresponde guardar la debida neutralidad dentro del proceso, salvo condiciones
excepcionales que le exijan hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia
probatoria.
Debe recordarse que la ley establece la carga de la prueba en quien alega la
circunstancia específica y advierte la posibilidad de variarla o suplirla en
determinadas hipótesis que para el caso en concreto no se cumplían, pues no se
observa un punto oscuro que ameritara la actuación oficiosa del juez.
Ahora bien, sostiene la parte demandante en el recurso de apelación que, las
autoridades accionadas no prestaron un debido acompañamiento a los familiares
de las victimas durante el secuestro y por ello aquellos se vieron en la necesidad de
negociar directamente con las FARC para obtener la liberación de Jesús Salvador
Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis. Sin embargo, en el
115 Corte Constitucional, sentencia SU 768 de 16 de octubre de 2014.
40
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
expediente no reposa ningún medio probatorio que acredite tal afirmación, por el
contrario, según la respuesta ofrecida por la Secretaría de Gobierno de Ocaña al
apoderado de la parte demandante, dicha entidad territorial como medidas
preventivas de secuestros y extorsiones tiene implementado desde el año 2016 el
“plan integral de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC)”, dentro del cual se
establecen estrategias, líneas de acción, programas y proyectos para dar solución
a la problemática de la violencia y delincuencia, la cual se desarrolla a través de la
interacción entre autoridades civiles, fuerza pública, Fiscalía General de la Nación,
ICBF, comisarías de familia, entre otros. Asimismo, indicó que tuvo conocimiento
del secuestro de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez
Galvis el 10 de diciembre de 2017, por lo que al día siguiente de esos hechos se
convocó un consejo de seguridad, en el que participó el Secretario de Gobierno, el
defensor del pueblo, el comandante del Gaula, la Procuraduría Provincial, entre
otras autoridades (hecho probado 7.1.6). Finalmente, quedó probado que con
ocasión del secuestro de la familia Bohórquez, la Policía de Santander efectuó la
captura de dos personas (hecho probado 7.1.7).
De conformidad con todo lo expuesto, para la Sala el material probatorio obrante en
el plenario no es suficiente para acreditar el dicho de la demanda, en cuanto no se
demostró que contra Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón
Bohórquez Galvis existía, previo a la ocurrencia de los hechos, un riesgo o amenaza
sobre su integridad personal o bienes, por lo que es dable concluir que las entidades
demandadas no ocasionaron el daño antijurídico que se reclama, ni omitieron sus
deberes de protección y cuidado frente a las víctimas, porque nunca tuvieron
conocimiento de una situación de riesgo en su contra y tampoco era evidente que
la necesitaran en razón de la especial condición intuito personae de los
secuestrados.
Corolario de lo anterior, las probanzas allegadas no permitieron establecer que el
secuestro de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez
Galvis se produjo como consecuencia de una situación especial ignorada por las
demandadas y, menos aún, que aquellos hubieran recibido amenazas contra su
vida o integridad física o que se hallaban en riesgo de muerte, ni que estas
41
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
circunstancias fueran de conocimiento de la Policía Nacional, del Ejército Nacional
ni del municipio de Ocaña, por lo que no fue posible establecer que los miembros
del Estado tenían el deber positivo de prever el resultado dañoso.
Por el contrario, en el sub lite se evidencia que el secuestro de Jesús Salvador
Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis se produjo por el actuar de
miembros de grupos armados al margen de la ley y que en estos hechos no intervino
la Administración por acción u omisión, y que fue externa, imprevisible e irresistible
a ésta, dada la ausencia de conocimiento en cabeza de las autoridades y el
elemento sorpresa por medio del cual se realizó el acto delictivo.
En conclusión, se advierte que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
• Policía Nacional y el municipio de Ocaña no son patrimonialmente responsables
por el secuestro de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón
Bohórquez Galvis, por omisión en el deber de seguridad y protección.
Dicho de otra manera, se evidencia que el daño es imputable al hecho exclusivo de
un tercero, por lo cual en la parte resolutiva la Sala confirmará la sentencia del 23
de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el daño antijurídico fue
imputable exclusivamente al hecho de un tercero.
8. Otras consideraciones
Ahora bien, como en el presente caso quedó acreditado que los hechos aquí
debatidos corresponden a aquellos suscitados dentro del marco del conflicto
armado interno de conocimiento de la Justicia Especial para la Paz – J.E.P., en la
parte resolutiva de la sentencia la Sala remitirá copia de esta providencia al
mencionado Tribunal para lo de su competencia, en aras de aportar al Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.
Debe recordarse que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
Construcción de una Paz Estable y Duradera carece de valor normativo en sí
42
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
mismo, en los estrictos términos que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-
332 de 2017, pero su carácter vinculante y sus efectos jurídicos no dependen
exclusivamente de su implementación normativa frente a las partes que lo
suscribieron.
No en vano el Acuerdo Final para la Paz se suscribió “[…] por el Gobierno Nacional
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-
EP), como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios
de Ginebra de 1949, para efectos de su vigencia internacional”.
Además, el mismo Acuerdo señala que las partes que lo suscribieron “se han ceñido
al espíritu y alcances de las normas de la Constitución Nacional, de los principios
del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del
Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo mandado por el
Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos proferidos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y
demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y
pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos”.
En otras palabras, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y Construcción
de una Paz Estable y Duradera tiene efectos jurídicos y resulta vinculante para las
partes que lo suscribieron y, por lo tanto, es posible hacerlo exigible frente a ellas,
en los mismos términos en los que se firmó.
Justamente, por ello en este caso se remitirá copia de la providencia a la JEP, para
que de acuerdo con su competencia se logre aportar al Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, en tanto en este proceso únicamente
se valoró la responsabilidad del Estado derivada del secuestro de Jesús Salvador
Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis, pero escapa al
enjuiciamiento para reclamar la responsabilidad que asiste por la comisión de delitos
que pudo cometer el directo perpetrador.
43
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
9. Condena en costas
Se procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme
a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del Código
General del Proceso, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto
es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y
agencias en derecho que deben ser “[…] tasadas y liquidadas con criterios objetivos
y verificables en el expediente”.
Precisamente, frente a las reglas para la imposición de la condena, la norma
procesal general establece que ésta procede en contra de la parte vencida o contra
quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y, que “[…] solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”.
En virtud de lo anterior, la Sala en la parte resolutiva condenará en costas en
segunda instancia a la demandante, toda vez que el recurso de apelación que
interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada
el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando
en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en
cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas
en el proceso.
En lo relativo a las agencias en derecho116, entendidas como “la porción de las
costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se
evidencia que en atención a lo previsto en el numeral 8º del artículo 365 del Código
General del Proceso y tomando en consideración que las entidades demandadas
no desplegaron actuación en segunda instancia, no se impondrá una orden para
que proceda su pago, pues, no existe una causación material que así las sustente.
116 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
44
Radicado: 25000233600020200014901 (71520)
Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: REMITIR copia de la presente providencia a la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP), para lo de su competencia.
TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.
CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Aclaración de voto
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.