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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00148-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00148-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de mayo de 2023, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la señora Martha Ángela Garzón García, para lo cual se fija por concepto de agencias en derecho la suma de un (1) SMLMV, a favor de la Superintendencia de Sociedades. El Tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2021-00148-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2021-00148-01 (70.545)
Demandante: Martha Angela Garzón García
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

Temas: LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR ACTIVA / consiste en la titularidad
del derecho subjetivo o el interés legítimo que se invoca y se pretende proteger frente a la
parte demandada / INTERÉS LEGÍTIMO - se traduce en el motivo o causa privada que
determina la necesidad de demandar / CARACTERÍSTICAS / CONCRETO – Que exista para
el caso particular y con referencia a una determinada relación sustancial / SERIO – En la
medida en que la sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral para el
demandante / ACTUAL - porque el interés debe existir para el momento de la demanda y
principalmente cuando se define el litigio / PAGO POR SUBROGACIÓN – Transmite los
derechos del acreedor a un tercero que le paga / SUBROGACIÓN Y CESIÓN DE
ACREENCIAS EN EL TRÁMITE DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL - traspasan al nuevo
acreedor todos los derechos, acciones, privilegios y accesorios en los términos del
artículo 1670 del Código Civil. Además, el adquirente de la respectiva acreencia será titular
también de los votos correspondientes a ella.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
negó las pretensiones de la demanda.

Se pretende la reparación del daño patrimonial ocasionado por el error jurisdiccional
en el que incurrió la Supersociedades en el marco del proceso de reorganización y
posterior liquidación de una sociedad comercial, al darle un alcance errado a un
contrato de renta fija mensual que conllevó a que se graduara su crédito como de
cuarta clase y no como gasto de administración.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión proferida el 25 de mayo de 2023, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, negó las
pretensiones de la demanda instaurada el 8 de febrero de 20191 por la señora Martha
Ángela Garzón García, contra la Superintendencia de Sociedades, con el fin de que
se le declarara responsable por el no pago de su acreencia representada en la renta
de su vehículo, dado el error jurisdiccional en que incurrió al graduar y calificar su
crédito como de cuarta clase dentro del proceso judicial de reorganización de la
sociedad Transporte Zonal Integrado –en adelante Tranzit S.A.S.–.

1
SAMAI: Expediente digital, “ED_2REPARTOYRADICACION_(pdf)NroActua 2” y
“ED_7REPARTOYRADICACION_(pdf)NroActua 22”

1

Radicación: 25000-23-36-000-2021-00148-01 (70.545)
Demandante: Martha Angela Garzón García
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

2.Con fundamento en lo anterior, solicitó el reconocimiento de perjuicios morales 2,
daño a la vida relación3 y materiales -en la modalidad de lucro cesante-; por este último
concepto pidió la suma de $746’033.6694.

3.Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se pronunció el Tribunal a
quo fueron los siguientes:

4. La señora Martha Angela Garzón García, era propietaria de un vehículo vinculado
a la empresa de transporte público colectivo urbano COMNALMICROS S.A., en la
ciudad de Bogotá. Con ocasión del proceso de reestructuración y organización del
transporte público en esa ciudad -Plan Maestro de Movilidad y Sistema Integrado de
Transporte Público SITP- el Distrito publicó la licitación TMSA-LP04 de 2009, para la
adjudicación de 13 contratos de concesión, cuyo objeto era la explotación preferencial
y no exclusiva de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros.

5. Adujo que en el pliego de condiciones de la referida licitación pública se estableció
que los oferentes debían vincular al mayor número de propietarios de transporte
público colectivo, a quienes les garantizarían una renta mensual hasta el final de la
concesión, que se pagaría a partir de que el propietario hiciera entrega material del
vehículo.

6. La sociedad Tranzit S.A.S. suscribió con Transmilenio S.A. el contrato de concesión
S.I.T.P No. 11 de 2010 para la zona de Usme, y en el marco de ese contrato se vinculó
el vehículo de la demandante.

7. Mediante las Circulares 017 de 2013 y 06 de 2014, Transmilenio S.A. precisó que
la manera de contratar con los pequeños propietarios y las empresas operadoras era
por medio de la “renta” y la “venta”. Frente a lo último indicó que el propietario
entregaba su vehículo y la empresa le pagaba el precio, mientras que en el primero,
el propietario entregaba en administración el vehículo a la concesionaria y ésta le
pagaba una renta fija mensual; en este último escenario, Transmilenio S.A. autorizó
el traspaso de los vehículos a los concesionarios a cambio del pago de una renta hasta
que finalizara la concesión, a lo que se le denominó “contrato de compraventa de
vehículo automotor con renta fija mensual”.

8. En 2017, Tranzit S.A.S. solicitó ante la Supersociedades someterse a un proceso
de reorganización, y mediante auto 400-005940 de ese año se dio apertura al
procedimiento. Por medio de escrito del 20 de septiembre de 2017, la promotora del
proceso indicó que la demandante era acreedora de las rentas causadas y no
pagadas, por tanto, lo adeudado no hacía parte del giro ordinario de los negocios de
la concesionaria. Con base en ello, en la audiencia de objeciones y aprobación de la
graduación y calificación de las obligaciones, llevada cabo el 23 de mayo de 2018, el
juez de la reestructuración determinó que los contratos de compraventa de vehículos

2
Solicitó el equivalente a 60 SMLMV.
3
Por este concepto pidió el equivalente a 40 SMLMV.
4
“Rentas dejadas de percibir por cuenta de las erradas decisiones adoptadas por la Superintendencia”.

2

Radicación: 25000-23-36-000-2021-00148-01 (70.545)
Demandante: Martha Angela Garzón García
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

automotores en la modalidad de renta fija eran contratos de venta que se regían por
las normas del Código de Comercio y, en esa medida, eran parte del grupo cuatro en
la prelación de créditos.

9. Según la demandante, conforme a las consideraciones hechas por Transmilenio
S.A. en comunicado del 5 de mayo de 2017, en su calidad de ente gestor del SITP y
concedente, las obligaciones económicas derivadas de la vinculación de los pequeños
propietarios rentistas al Sistema hacían parte del giro ordinario de los negocios de
Tranzit S.A.S. y, como consecuencia, debían ser pagados por ella a pesar de
encontrarse en proceso de reorganización. Con fundamento en lo anterior, sostuvo
que el juez concursal incurrió en un error judicial -decisión del 23 de mayo de 2018-,
ya que desnaturalizó el contrato suscrito por la actora y le otorgó unos efectos no
previstos en la ley, lo que generó la afectación patrimonial cuya indemnización
solicita5.

La defensa

10. En su contestación, la Supersociedades se opuso a las pretensiones, para lo cual

señaló que la señora Martha Angela Garzón se encontraba reconocida como
acreedora dentro del proceso adelantado contra Tranzit S.A.S. -en liquidación por
adjudicación-, trámite en el que esta sociedad estaba llamada a satisfacer las
acreencias según la calificación y graduación de los créditos reconocidos, pues con el
proyecto de adjudicación se buscaba cubrir las sumas adeudadas correspondientes a
los gastos de cierre, liquidación, insolutos de la reorganización y acreencias hasta el
cuarto grado, por lo cual, y salvo las variaciones que por efecto del mismo proceso se
presentaran en la adjudicación, se estimaba que la actora tenía vocación de pago.
Además, formuló las siguientes excepciones:

(i) Culpa de la víctima, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley
270 de 1996, en tanto que el artículo 67 ibidem establece como presupuesto del
error judicial haber agotado los recursos de ley y, en el sub examine la
demandante no interpuso recurso alguno contra las decisiones por medio de las
cuales se aprobaron los contratos de compraventa suscritos por Tranzit S.A.S. y
se resolvieron las objeciones propuestas. Agregó que el argumento esgrimido en
el marco del proceso de liquidación y, reiterado en esta demanda, según el cual
lo adeudado a la señora Martha Angela Garzón devenía del giro ordinario de los
negocios de la sociedad, carecía de fundamento, toda vez que confundía ese
término con los gastos de administración.

(ii) Hecho de un tercero, por cuanto los perjuicios reclamados -de estar probados-
son atribuibles a Tranzit S.A.S., puesto que una de sus obligaciones era el aporte
de los vehículos a través del mecanismo de democratización previsto en el pliego
de condiciones y, en esa medida, lo sucedido al interior del contrato de concesión
y su repercusión frente a terceros constituía un aspecto ajeno a la
Supersociedades, por lo que no tenía el deber jurídico de responder.

5
SAMAI: Expediente digital “ED_2REPARTOYRADICACION_(pdf)NroActua2”.

3

Radicación: 25000-23-36-000-2021-00148-01 (70.545)
Demandante: Martha Angela Garzón García
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

(iii) Excepción genérica6.

11. Agotada la audiencia inicial y concluida la fase probatoria7, al alegar de conclusión,

la parte actora aseguró que la decisión atacada desconoció la política pública de la
reorganización del transporte y la forma de contratación en las políticas de movilidad
de la ciudad, al considerar que los rentistas eran simples acreedores de renta y hacían
parte de la prelación de créditos en el cuarto lugar, cuando lo cierto era que el pago
de tales rentas debió tratarse como un gasto de administración y, por tanto, debieron
ser canceladas por la operadora aun encontrándose en reorganización y/o liquidación.
Además, sostuvo que el Distrito y Transmilenio expresamente reconocieron que se
había fallado en la implementación del SITP en Bogotá, motivo por el cual habían
tratado de minimizar los perjuicios ocasionados a terceros a través de resoluciones de
postulación y pagos indemnizatorios a los pequeños propietarios y rentistas, por lo
que a la fecha habían “indemnizado a más de tres mil propietarios de vehículos de la
ciudad, incluidos mis prohijados”8.

12. Por su parte, la Supersociedades sostuvo que sus actuaciones no fueron contrarias

a la Constitución ni a la ley, en tanto que realizó una interpretación acorde con la
normativa que rige los trámites concursales, y si la decisión que atacaba la
demandante lesionó sus intereses, no por ello podía calificarse de irregular, ya que se
dio prevalencia a la voluntad declarada en el contrato, pues a pesar de que se incluyó
la expresión renta fija mensual, por su contexto era claro que se trataba de un precio
pagado por cuotas o instalamentos y, por tanto, esa acreencia quedó sujeta a las
reglas civiles de la prelación de créditos9. El Ministerio Público guardó silencio10.

La decisión impugnada

13. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las

6
SAMAI: Expediente digital: “ED_15_RECIBEMEMORIALES_(pdf)NroActua2”.
7
Llevada a cabo el 3 de marzo de 2023, oportunidad en la cual se decretaron las siguientes pruebas:
documentales: 1. Certificado Único de Propiedad -CUP- 2. certificaciones expedidas por la operadora TRANZIT
S.A.S, de lo adeudado a los pequeños propietarios de vehículos. 3. Decretos Distritales 319 de 2006 y 309 de
2009. 4. Circulares Informativas 002 de 2012 y 06 de 2014. 5. Auto de la Supersociedades por medio del cual
admitió a la empresa TRANZIT S.A.S. en proceso de reestructuración. 6. Acta de objeciones y aprobación de la
calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto. 7. Oficio por medio del cual Transmilenio
S.A. manifestó estar desacuerdo con lo establecido por la promotora del proceso de reorganización. 8. Informe de
la interventoría. 9. Solicitud apertura proceso de reorganización. Auto de13 de marzo de 2017, por medio del cual
se admitió el proceso de reorganización a la Sociedad TRANZIT S.A.S. 10. Oficio 2017-01-347337 del 5 de mayo
de 2017, contiene el proyecto de graduación y calificación de acreencias y derecho de voto. 11. Oficio 2017-01-
304274 del 30 de mayo de 2017, por medio del cual Promotora allegó proyecto de graduación y calificación de
acreencias y derecho de voto. 12. Auto 400-001048 del 21 de agosto de 2018 (r. 2018-01-295734) – audiencia de
resolución de objeciones. 13. Auto 400-006824 (r.2018-01-249419) del 16 de mayo de 2018 - decreta pruebas. 14.
Pronunciamiento de Transmilenio del 17 de mayo de 2019. 15. Auto 400-005399 del 27 de junio de 2019 (r. 2019-
01-257223), por medio del cual se da por terminada la reorganización y ordena liquidación por adjudicación. 16.
Auto 400-010500 (r.2017-01-341501) - requiere al auxiliar de la justicia. 17. Auto 400-011817 del 9 septiembre de
2021 - Aprueba Inventario Adicional. 18. Laudo 4971 del 30 de noviembre de 2008, Transporte Zonal Integrado
S.A.S. - TRANZIT S.A.S. VS. Transmilenio S.A. 19. Resolución No. 657 del 15 de julio de 2019, mediante la cual
decretó la terminación unilateral del Contrato de Concesión No. 011 del 16 de noviembre de 2010. 20. Link para
acceder al expediente judicial de la sociedad TRANZIT S.A.S. Oficios o requerimientos: 1. A Transmilenio S.A.,
para que allegue el reporte de los rentistas que se encuentran en la base de datos de TRANZIT S.A.S. y los
informes del acompañamiento realizado a TRANZIT S.A.S. 2. A la Promotora nombrada por la Supersociedades
para que allegue la ley o decreto en que se apoyó para negar el pago de rentas (SAMAI: Expediente digital:
“ED_19_AUDIENCIA_2500023(pdf)NroActua2”).
8
SAMAI: Expediente digital: “ED_20_RECIBEMEMORIALES_(pdf)NroActua2”.
9
SAMAI: Expediente digital: “ED_21_RECIBEMEMORIALES_(pdf)NroActua 2”.
10
SAMAI: Expediente digital: “ED_22_ALDESPACHOPARAFAL(pdf) NroActua 2”.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2021-00148-01 (70.545)
Demandante: Martha Angela Garzón García
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

pretensiones de la demanda. Consideró que no se acreditó un daño antijurídico, por
cuanto el contrato de renta que invocaba la accionante como desconocido por la
Supersociedades no difería para efectos de la calificación en el orden de prelación de
su crédito con el contrato de venta propiamente dicho, dado que ambos se
correspondían con acreencias de cuarto grado, pues el crédito derivado de un contrato
de renta no encuadraba dentro de los órdenes primero a tercero de la prelación de
créditos -artículos 2495, 2497 y 2499 del Código Civil-, de modo que las obligaciones
derivadas del contrato de venta del vehículo al igual que el de renta hacían parte de
las acreencias de cuarta clase y, en esa medida, ningún daño se derivó de la decisión
adoptada el 23 de mayo de 2018 por la Supersociedades.

14. Agregó que en cualquier caso, la demandante contaba con la posibilidad de obtener

el pago de su acreencia en el marco del proceso de liquidación por adjudicación y,
que de agotarse la masa liquidatoria sin hacer efectivo el pago de su crédito, dicho
daño no era pasible de calificarse como antijurídico, en la medida en que era una
carga legal que estaba llamada a soportar11.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

15. La parte demandante solicitó revocar la decisión anterior, para lo cual sostuvo que

el a quo incurrió en una indebida valoración probatoria frente al daño antijurídico,
puesto que no abordó a profundidad el análisis de: (i) la política pública de movilidad
de Bogotá y la manera de vincular a los propietarios de vehículos pertenecientes al
antiguo transporte público colectivo al SITP, contenidas en los Decretos 319 de 2006,
309 de 2009, 351 del 2017, 068 del 2019, Acuerdos 575 del 2014, 645 de 2016, la
licitación pública TMSALP-04 de 2009 y Circulares 06 de 2014 y 017 del 2013; (ii) la
comunicación emitida por Transmilenio S.A. del 5 de mayo del 2017 en la que
manifiesta su desacuerdo con la postura adoptada por la promotora de Tranzit S.A.S.
y el juez concursal, quienes dieron aplicación a la ley mercantil y calificaron a la actora
como acreedora de renta, con lo que desconocieron la real voluntad de las partes; (iii)
la diferencia entre rentista y acreedor de renta y, (iv) desconocimiento de los
“precedentes” en los que se fundamentaron las promotoras de las demás
concesionarias que también entraron en proceso de reorganización.

16. Adicionalmente, señaló que el Tribunal no efectuó el estudio detallado de las
pruebas aportadas por la Supersociedades, pues aseguró que la actora contaba con
la posibilidad de obtener el pago de su acreencia en el marco del proceso liquidatorio;
sin embargo, en el acuerdo de liquidación y el acta de adjudicación del 4 de octubre
de 2022, no figuraba como beneficiaria, lo que dejaba sin soporte la hipótesis del
juzgador de primera instancia respecto de la no configuración del daño antijurídico 12.

17. Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr

traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del

11
SAMAI: Expediente digital, “ED_23_SENTENCIAQUENIEGA (pdf)NroActua2”.
12
SAMAI: Expediente digital, “ED_026_RECIBEMEMORIALES (pdf)NroActua 2”.

5

Radicación: 25000-23-36-000-2021-00148-01 (70.545)
Demandante: Martha Angela Garzón García
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

artículo 247 de la Ley 1437 de 201113. El Ministerio Público guardó silencio14.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

18.
Previo a analizar si en el caso concreto se configuró un error judicial generador del
daño antijurídico cuya indemnización se solicita, la Sala determinará si la señora
Martha Ángela Garzón García se encuentra legitimada materialmente en la causa por
activa, en tanto ello constituye un presupuesto necesario para poder estudiar de fondo
en asunto y su ausencia enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las
súplicas del libelo petitorio.

Legitimación en la causa por activa de la señora Martha Ángela Garzón García

19. De conformidad con el principio del interés jurídico para obrar o pedir y la
legitimación en la causa (legitimatio ad causum), quien formula peticiones en el
proceso debe tener interés legítimo, serio y actual en la declaración que se persigue,
por cuanto existen solicitudes que sólo corresponde hacerlas a ciertas personas y
frente o contra otras determinadas.

20. La legitimación material en la causa por activa consiste en la titularidad del derecho

subjetivo o el interés legítimo que se invoca y se pretende proteger frente a la parte
demandada15. Dicho interés se traduce en el motivo o causa privada que determina la
necesidad de demandar, que además de la relevancia jurídico sustancial, debe ser
concreto, o sea existir para el caso particular y con referencia a una determinada
relación sustancial; serio, en tanto la sentencia favorable confiera un beneficio
económico o moral para el demandante; y actual, porque el interés debe existir para
el momento de la demanda y principalmente cuando se define el litigio.

21. En ese contexto, está legitimada materialmente en la causa por activa la persona

que de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en
el proceso y formular las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo
de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto

13
Modificada por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Dado que el recurso de apelación se interpuso el 19 de
julio de 2023, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones del CPACA con las reformas introducidas
por la Ley 2080 de 2021; ello, en atención a lo previsto en el artículo 86 de la misma norma. Artículo 247. “Trámite
del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera
instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
“(…) “5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar
traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10)
días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso” (negrilla fuera
del texto).
14
SAMAI: índice 11.
15
“En los procesos civiles, laborales y contencioso-administrativos, esa condición o cualidad que constituye la
legitimación en la causa, se refiere a la relación sustancial que se pretende que existe entre las partes del proceso
y el interés sustancial en litigio o que es el objeto de la decisión reclamada. Se puede tener la legitimación en la
causa, pero no el derecho sustancial pretendido.
“Creemos que se precisa mejor la naturaleza de esa condición o calidad o idoneidad; así en los procesos
contenciosos, la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad
con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho
o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda…” DEVIS ECHANDÍA, Hernando. COMPENDIO DE
DERECHO PROCESAL – TEORÍA GENENERAL DEL PROCESO, Tomo I. Decimotercera edición. Biblioteca
jurídica Diké. Bogotá. 1994. Pág.269 y 270.

6

Radicación: 25000-23-36-000-2021-00148-01 (70.545)
Demandante: Martha Angela Garzón García
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

de que aquélla exista. Se trata de un elemento de mérito de la litis y no un presupuesto
procesal16, de manera que su ausencia constituye motivo para decidir la demanda
adversamente frente al demandante, por carecer de la titularidad del derecho que
reclama17. Por tanto, únicamente es predicable respecto de quienes participaron
realmente en los hechos que han dado lugar al ejercicio de la acción,
independientemente de que éstas no hayan demandado.

22. En suma, el análisis sobre la legitimación material en la causa por activa supone la

verificación de que quien demanda tenga la titularidad para reclamar el interés jurídico
que se debate en el proceso y, por lo tanto, sin importar si son o no procedentes las
pretensiones elevadas –lo que supondrá efectuar un análisis de fondo de la
controversia a la luz del derecho sustancial– sí sea el llamado a discutir su procedencia
dentro del trámite judicial, en tanto que constituye condición anterior y necesaria para
dictar sentencia de mérito favorable a ella.

23. De conformidad con los hechos narrados en la demanda, el daño que alega la parte

accionante se concretó con la decisión adoptada el 23 de mayo de 2018 por el juez
concursal, mediante la cual se resolvieron las objeciones a las determinaciones del
promotor del proceso y se aprobó la graduación y calificación de los créditos, pues la
obligación a cargo de Tranzit S.A.S., derivada del pago de la renta de su vehículo,
debió calificarse como un gasto de administración y no como una acreencia de cuarta
clase. Así se desprende de la causa petendi en que se fundamentó, la cual es del
siguiente tenor literal (incluye errores):

“1. Que se DECLARE al Estado: NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES, administrativamente responsable de los perjuicios materiales y
morales causados a los demandantes por error judicial por indebida
interpretación judicial y vulneración al principio de confianza legítima, creando
con ello una imposibilidad jurídica constitutiva y creadora del rompimiento del
principio de igualdad de todos frente a las cargas públicas que ameritan la
indemnización de los perjuicios materiales y morales causados, por no estar
obligados a soportar las consecuencias dañinas respecto de tal omisión por parte de
la Nación - Superintendencia de Sociedades.

“2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene al Estado:
NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, a pagar a título de perjuicios,
causados a todos y cada uno de mis representados18, percibidos en sus patrimonios

16
“La legitimación en la causa es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, en cuanto concierne
con una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos
indispensables para la integración y desarrollo válido de éste, motivo por el cual su ausencia desemboca
irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o
porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo” (se destaca). CSJ SC, 14 de marzo de 2002, radicado:
6139).
17
“El acceso a la administración de justicia como garantía de orden superior (artículo 229 de la Constitución
Política), para su plena realización, requiere que quien reclama la protección de un derecho sea su titular, ya
sea que se pida a título personal o por sus representantes, pues, no se trata de una facultad ilimitada. Ese
condicionamiento, precisamente, es el que legitima para accionar y, de faltar, el resultado solo puede ser
adverso, sin siquiera analizar a profundidad los puntos en discusión” (se resalta). CSJ SC14658, 23 de
octubre de 2015, radicado: 2010-00490-01; en ese mismo sentido: CSJ SC, 1º de julio de 2008, radicado: 2001-
06291-01.
18
Se precisa que la demanda inicial fue presentada por varios acreedores dentro del proceso de liquidación judicial;
sin embargo, mediante auto del 19 de diciembre del 2019, el magistrado a quien le correspondió el conocimiento
del asunto ordenó, entre otras cosas: “TERCERO: Por Secretaría, realícese el desglose de los documentos vistos

7

Radicación: 25000-23-36-000-2021-00148-01 (70.545)
Demandante: Martha Angela Garzón García
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

por el no pago de las rentas y expropiación de que fueron objeto por la pérdida
a favor de tercero, de sus vehículos, daños reconocidos y certificados por la
empresa operadora TRANZIT S.A.S., así

a. LUCRO CESANTE FUTURO:

NOMBRE CÉDULA PLACA SALDO CAPITAL
POR PAGAR
(…)12 MARTHA ANGELA GARZÓN (…) VFD768 $746.013.669

“Sumas estas, que corresponden a las sumas que dejarán de recibir por cuenta
de las erradas decisiones adoptadas por la SUPERINTENDENCIA demandada,
según certificación anexa.

“b. Las anteriores sumas, deberán ser canceladas debidamente indexadas al
momento de su pago.

“3. PERJUICIOS MORALES DIRECTOS. Mis mandantes han sufrido innumerables
perjuicios de este tipo, ya que la manutención personal y de sus respectivas familias
quedó imprevistamente cercenada, y ellos, imperan sentimientos de dolor, pesar,
tristeza, congoja, resentimiento pues que de ninguna manera veían venir, una
situación injusta, como la expuesta, que merced a unas reglas legales, abruptamente
les expropió el bien o bienes que proveían su mínimo vital. Tales perjuicios se
estiman, de acuerdo a reglas que ordinariamente ha dispuesto el Honorable Consejo
de Estado, en 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de
mis poderdantes… Es decir, la suma de cuarenta y nueve millones seiscientos
ochenta y seis mil novecientos sesenta pesos moneda corriente $ 49.686.960.

“4. DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN. Mis poderdante (sic) han sido afectados de
manera negativa sobre su vida exterior, concretamente su actividad comercial como
transportadores, viéndose perturbados en sus derechos fundamentales como al
trabajo, libertad de escoger profesión u oficio o propiedad privada, tales perjuicios se
estiman… en 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, (…) Es decir, la suma
de treinta y tres millones ciento veinticuatro mil seiscientos cuarenta pesos Moneda
Corriente ($33.124.640)” (negrilla añadida).

24. En este punto, se precisa que si bien en la fijación del litigio 19 y en la sentencia de

primera instancia20 la magistrada sustanciadora del proceso hizo referencia a la

a folios 22 a 28, 30 a 32, 37 a 60 del cuaderno principal además se deberá tomar copia de la demanda (fs. 1 a 18
c.1) y de las pruebas comunes a los demandantes vista a folios 33 a 36 del cuaderno principal y folios 1 a 119 del
cuaderno de pruebas, relacionadas con las pretensiones de… Martha Ángela Garzón… y junto con una copia de
esta providencia, se realice la radicación de los diferentes procesos para que sean del conocimiento de la Sección
Tercera de este Tribunal” y “CUARTO: Por Secretaría, realizar la respectiva distribución en reparto de los procesos
de… Martha Ángela Garzón… se les asigne nuevos radicados, carátulas y foliaturas a lo desglosado. Para todos
los efectos se tendrá como fecha de presentación de las demandas el 8 de febrero del 2019”. SAMAI: Expediente
digital: “ED_6REPARTOYRADICACION_(pdf) NroActua2”.
19
“La controversia se suscita en tesis de la activa, porque la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, le infligió
a la señora MARTHA ANGELA GARZÓN GARCÍA, en su condición de propietaria del vehículo de placa VFD
771, se encontraba vinculada al Sistema Integrado de Transporte Público, mediante contrato de compraventa de
vehículo automotor de servicio público con modalidad de pago de renta fija mensual, por un lapso de 24 años,
daño antijurídico, del que derivó perjuicios materiales, a la salud (vida de relación) y morales, por indebida
interpretación judicial y vulneración al principio de confianza legítima, dentro del proceso de reorganización por
insolvencia al que sucedió, liquidación por adjudicación de la CONCESIONARIA TRANZIT S.A.S., en marco de
Ley 1116 del 2006. Advertido que desconoció que el contrato de concesión firmado con el Sistema Integrado de
Transporte Público con TRANZIT SAS, establecía garantía de protección para el cumplimiento de pago de rentas,
conforme al pliego de condiciones de la licitación TMSA- 04-LP -2009, y arbitrariamente darle un tratamiento
diferente, a la señora MARTHA ANGELA GARZÓN GARCÍA, en su condición de pequeño propietario y cambiar
su condición de propietario vinculado en venta por renta, a contrato de venta, clasificándola en la graduación de
créditos del grupo cuatro (4) de acreedores”. (se destaca).
20
“(…) TRANZIT SAS. y TRANSMILENIO celebraron el Contrato de Concesión No. 011 de 2010, en marco del
cual, la señora MARTHA ANGELA GARZÓN GARCÍA, en su condición de propietaria del vehículo de placa

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Radicación: 25000-23-36-000-2021-00148-01 (70.545)
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Medio de control: Reparación directa

acreencia derivada del contrato de compraventa de renta fija mensual sobre el
vehículo de placa VFD771, lo cierto es que conforme se extrae de las pretensiones de
la demanda21, específicamente, de la pretensión de lucro cesante y la certificación que
se anexa como prueba de esa acreencia, la misma deviene del vehículo identificado
con placa VDF768, pues así lo certificó la jefe de contabilidad de Tranzit S.A.S. el 7
de noviembre de 2018, conforme se lee a continuación:

25.
En el recurso de apelación, la demandante adujo que el a quo aseguró que contaba
con la posibilidad de obtener el pago de su acreencia en el marco del proceso
liquidatorio, sin advertir que en providencia del 4 de octubre de 2022, por medio de la
cual se emitió el acuerdo de liquidación y el acta de adjudicación, ella no figuraba
como acreedora ni beneficiaria de dicha adjudicación, por lo que la tesis planteada por
el Tribunal no correspondía con la realidad probatoria.

26. Sobre el particular, cabe señalar que, de acuerdo con los elementos de convicción

allegados al proceso, se acreditó que en el marco de la ley que determina el régimen
de insolvencia empresarial en Colombia -Ley 1116 de 2006-, la Supersociedades
mediante auto 400-005940 del 13 de marzo de 2017 admitió a la sociedad Tranzit
S.A.S. para someterse al proceso de reorganización22 -capítulo II de la mencionada
ley- y, como consecuencia, le ordenó abstenerse de realizar sin autorización
enajenaciones que no estuvieran comprendidas en el giro ordinario de sus negocios;

VFD 771, se vinculó al Sistema Integrado de Transporte Público, a través de la mencionada Concesionaria y
mediante contrato de compraventa de vehículo automotor de servicio público con modalidad de pago de renta fija
mensual, por un lapso de 24 años, establecida en la preforma 6B de la LP No. TMSALP004 del 2009” y “El 13 de
mayo de 2020, el Liquidador de TRANZIT SAS, presentó proyecto de graduación y calificación de créditos, que
incluyó la acreencia de la señora MARTHA ANGELA GARZÓN, respecto del vehículo de Placa VFD771, a
quien reconocieron los siguientes créditos a su favor [hace relación a la deuda de 746.013.669]”.
21
En la demanda no se identifica el vehículo de propiedad de la señora Garzón García que fue vinculado al SITP,
pues al tratarse de unos hechos que involucraban a múltiples demandantes no se hizo relación detallada de cada
uno de ellos.
22
Visible en SAMAI: Expediente digital, “ED_18_RECIBEMEMORIALES_(pdf)NroActua2”. Link expediente
https://supersociedades365-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/enviosaj_supersociedades_gov_co/EtGXXUboAE1Hr79oJDEbBGYBjh1_mhGW
dJCMNR-jfTgAtw?e=F9pbTm

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Radicación: 25000-23-36-000-2021-00148-01 (70.545)
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además, se designó al promotor del proceso, a quien Tranzit S.A.S. debía entregar
una actualización de los inventarios de activos y pasivos, incluyendo las acreencias
causadas entre la fecha de la solicitud de reestructuración y hasta antes de la admisión
del proceso, soportados en la situación financiera y el estado de resultados de la
empresa.

27. A través de memorial radicado el 17 de mayo de 2017 (rad. 2017-01-278739), la

señora Martha Ángela Garzón García otorgó poder al abogado Esteban Puyo Posada
para que la representara en el referido proceso y, a través de proveído del 19 del
mismo mes y año (rad. 2017-01-286478), el juez de la reestructuración lo reconoció
como su apoderado23.

28. Por medio de escritos del 30 de mayo de 2017 (rad. 2017-01-304274) y del 5 de

julio de 2017 (rad. 2017-01-347337), la promotora de Tranzit S.A.S. allegó al proceso
el proyecto de graduación y calificación de acreencias y derecho de voto, en el cual
aparece relacionada la aquí demandante. Se corrió traslado de ese documento del 12
al 18 de julio de 2017, término dentro del cual se presentaron varias objeciones, entre
ellas, por el apoderado de la señora Garzón García24. En esta objeción se mencionó
por el citado apoderado que se debía modificar dicha calificación y, en su lugar,
autorizar a la concursada a efectuar los pagos relacionados con las rentas de los
buses vinculados al SITP por corresponder a pagos necesarios para la ejecución del
objeto social de Tranzit S.A.S., que hacían parte del giro ordinario de sus negocios.

29. En la audiencia del 23 de mayo de 2018, registrada en el acta 400-001048 (rad.

2018-01-295734-000), el juez concursal desestimó la objeción propuesta por el
apoderado de la aquí demandante y aprobó el proyecto de graduación y calificación
de créditos, así como el de la determinación de derechos de voto presentados por la
promotora. Contra esa decisión, el apoderado de la señora Martha Ángela Garzón y
otros presentaron recursos de reposición, en el que se solicitó la exclusión de
determinados créditos reconocidos dentro del proyecto, para que en su lugar se
ordenara a la deudora continuar con el pago de los cánones mensuales a favor de los
pequeños propietarios de vehículos destinados al transporte público, pues esas
deudas correspondían al giro ordinario de los negocios de Tranzit S.A.S. y se
originaban en contratos de tracto sucesivo atípicos e innominados, constitutivos de
renta y no de compraventas25.

30. En esa misma audiencia, el juez resolvió el recurso interpuesto, en el sentido de

confirmar la decisión de calificar a los recurrentes como acreedores rentistas y graduar
su crédito como de cuarta clase. Al respecto, en resumen, señaló:

“Esta Superintendencia no es el juez del contrato de concesión ni de la licitación
pública que antecedió al contrato de concesión, ni relaciones derivadas del contrato
de concesión y distintas de los créditos que están involucrados en el presente
proceso, que se dieron entre Transmilenio S.A., y Tranzit S.A.S, en esta medida mal
puede este Despacho realizar pronunciamientos que desborden estos límites…

23
SAMAI: Expediente digital, “ED_18_RECIBEMEMORIALES_(pdf)NroActua2”.
24
SAMAI: Expediente digital, “ED_18_RECIBEMEMORIALES_(pdf)NroActua2”.
25
SAMAI: Expediente digital, “ED_18_RECIBEMEMORIALES_(pdf)NroActua2”.

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Demandado: Superintendencia de Sociedades
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“Tampoco se desconoce que la crisis sobre la cual se está pronunciando es un
fenómeno que está involucrado en una actividad donde hay una multiplicidad de
intereses, incluidos intereses públicos y actividades en las que se desarrollan
políticas públicas, pero tampoco puede desconocerse que el mismo procedimiento
concursal, es una política pública y que en estos también hay involucrado un interés
general (…)

“En el presente caso se presentaron una serie de personas estaban vinculadas a
través de dos modalidades distintas de contratos… en uno de ellos se estableció que
los pagos periódicos eran a título de renta, como un canon por el uso y el control de
los autobuses que entraban a ser parte de la flota de la deudora, y en otros se dio
como contraprestación por la transferencia del derecho de propiedad; tan es así que
las demás condiciones de los contratos de compraventa apuntaban a que
efectivamente había una transferencia del derecho, pues se entregaron
materialmente los vehículos y se inscribieron los cambios de la titularidad en el
Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT, y con ello se cumplió con los requisitos
de tradición que establece la Ley 962 (Código Nacional de Tránsito)(…)

“No encuentra el Despacho acertadas las consideraciones acerca del giro ordinario
de los negocios que uno de los recurrentes planteó. Si bien es cierto que una empresa
dentro de su objeto social tiene ciertas actividades que corresponden a actividades
ordinarias o usuales o a su giro ordinario, no puede extraerse de allí que toda la
actividad que quepa dentro del giro ordinario de los negocios sea por sí misma un
gasto de administración. Incluso si el objeto social fuera la compra y venta de
mercaderías, no podría entenderse que los pagos que se deban hacer con ocasión
de contratos de compraventa celebrados se refieran necesariamente a prestaciones
que se causen con posterioridad a la admisión. Confundir el concepto de giro
ordinario de los negocios con gastos de administración, es confundir operaciones
sustanciales y momentos de causación distintos con un ámbito procesal en el que no
necesariamente se acompasa…”26.

31. Adicionalmente, el operador judicial le otorgó a la sociedad en concurso un término

de 4 meses para presentar y celebrar el acuerdo de reorganización -artículo 31 de la
Ley 1116 de 2006-. A través de autos 400-001105 del 20 de febrero de 2019 y 400-
002576 del 1° de abril de 2019, el juez del concurso ordenó la suspensión del proceso,
conforme a lo solicitado por Tranzit S.A.S. Por medio de memorial 2019-01-199701
del 15 de mayo de 2019, se solicitó por tercera vez la suspensión del proceso, petición
que fue negada en auto 400-004336 del 24 de mayo de 201927.

32. Mediante auto del 27 de junio de 2019 (rad. 2019-01-257223)28, el juez ordenó,

entre otras cosas: (i) decretar la terminación del proceso de reorganización de la
sociedad Tranzit S.A.S.; (ii) la celebración del acuerdo de adjudicación de los bienes
de la mentada sociedad y, como consecuencia de ello, quedaba en estado de
liquidación por adjudicación; (iii) suspender los efectos de la liquidación por
adjudicación respecto de los contratos necesarios para continuar con la ejecución del
contrato de concesión No. 11 de 2010 -numeral 3 del artículo 38 y numerales 4 y 5 del
artículo 50 de la Ley 1116 de 2006-; (iv) designó al liquidador y le ordenó la
elaboración del nuevo proyecto de graduación y calificación de créditos y derechos de
voto, con el fin de que emitiera el auto reconociéndolos -de no haber objeciones- o,

26
SAMAI: Expediente digital, “ED_18_RECIBEMEMORIALES_(pdf)NroActua2”. Radicación: 2018-01-295734-
000.
27
SAMAI: Expediente digital, “ED_18_RECIBEMEMORIALES_(pdf)NroActua2”.
28
SAMAI: Expediente digital, “ED_18_RECIBEMEMORIALES_(pdf)NroActua2”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2021-00148-01 (70.545)
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Medio de control: Reparación directa

de haber objeciones, proceder de igual manera a lo establecido en el proceso de
reorganización.

33. A través de memorial del 13 de mayo de 2020 (rad. 2020-01-172896)29, el liquidador

allegó al proceso: (i) la relación de los gastos insolutos de la liquidación; (ii) la
calificación de créditos ajustada; (iii) el resumen de cesiones de créditos reportadas
por Transmilenio S.A.; (iv) el resumen de procesos judiciales en curso y finalizados. A
dicho memorial se anexó una tabla de Excel (rad. 2020-01-172896-ACC.XLS)30 en la
que se relacionaron los derechos de voto, el número de obligación y el saldo por pagar,
el resumen del proyecto de graduación y calificación de los créditos y los gastos de
administración en la reorganización y en la liquidación. En lo tocante a la señora
Martha Ángela Garzón se relacionó la siguiente información:

“DERECHOS DE VOTO
CLASE DE NOMBRE O SALDO POR SALDO CAPITAL DERECHO % DE
GRADUACIÓN RAZÓN PAGAR CAPITAL INDEXADO DE VOTOS VOTOS
SOCIAL REDONDEADO VENCIDO
REDONDEAD
O
E Garzón 746.013.669 746.013.669 784.232.200 $784.232.200 0,281%
Martha
Angela

“RESUMEN GRADUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS

CLASE NOMBRE O RAZÓN No. DE OBLIGACIÓN SALDO DE CAPITAL
SOCIAL POR PAGAR
Cuarta clase Garzón Martha Angela 001-N05-00000801-00 $373.006.834,50
Cuarta clase Garzón Martha Angela 001-N05-00000801-00 $373.006.834,50
Cuarta clase Total Garzón Martha $746.013.669”
Angela

34. Por medio de memorial del 26 de octubre de 2020 31, la Subgerente Jurídica de

Transmilenio S.A. aportó al proceso la “Notificación contratos de cesión de créditos en
el marco del Decreto 068 de 2019, modificatorio del Decreto 351 de 201732”, obrando
de conformidad con las atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo
78 del Acuerdo del Distrito de Bogotá 645 de 201633, los numerales 7 y 9 del artículo

29
SAMAI: Expediente digital, “ED_18_RECIBEMEMORIALES_(pdf)NroActua2”.
30
Ibidem.
31
SAMAI: Expediente digital, “ED_18_RECIBEMEMORIALES_(pdf)NroActua2”. Radicado: 2020-01-564836-000.
32
Que tuvo por objeto: “Reglamentar las condiciones bajo las cuales el Distrito Capital ejercerá la autorización
prevista en el artículo 78 del Acuerdo Distrital No. 645 de 2016 Plan Distrital de Desarrollo- "por el cual se expide
Plan Distrital de Desarrollo, Bogotá Mejor para Todos: 2016-2020", y establecer el régimen de transición respecto
de los propietarios vinculados que se presentaron al procedimiento del Decreto Distrital 580 de 2014, cuyas
postulaciones fueron aprobadas”.
33
“Artículo 78. Sostenibilidad, cobertura y garantía de prestación del servicio de transporte público
masivo. Reglamentado por el Decreto 351 de 2017. Con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del
servicio de transporte público derivado de la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público, se
autoriza al Gobierno Distrital para poder asumir las obligaciones de renta o compraventa de los vehículos
vinculados al Sistema Integrado de Transporte Público, en favor de los propietarios de vehículos del
Transporte Público Colectivo. Para tal fin, se podrán destinar recursos del presupuesto general del Distrito, o de
otras fuentes de financiación, y se podrán canalizar, entre otros, a través del Fondo Cuenta de Reorganización del
Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros en el Distrito Capital.
“Lo anterior, previa reglamentación que expida el Gobierno Distrital, restringiendo los beneficiarios de estos
pagos exclusivamente a los propietarios de los vehículos vinculados al Sistema Integrado de Transporte
Público que entreguen o hubieren entregado al Sistema Integrado de Transporte Público sus vehículos
que tengan origen en el Transporte Público Colectivo”.

12

Radicación: 25000-23-36-000-2021-00148-01 (70.545)
Demandante: Martha Angela Garzón García
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

13 del Decreto Distrital 351 de 201734 y la delegación contenida en el literal a) del
artículo 21 de la Resolución 405 de 2017, proferida por Transmilenio S.A. 35,
documento en el que se relacionaron los acreedores cedentes, la placa del vehículo
del que se derivaba la acreencia reconocida dentro del proceso de liquidación de
Tranzit S.A.S. y la resolución por medio de la cual se autorizó el desembolso “por los
Acuerdos de Voluntades suscritos entre Bogotá D.C. y los Propietarios – Beneficiarios
en el marco de lo autorizado por el Concejo de Bogotá en el artículo 78 del Acuerdo
No. 645 de 2016”.

35. Respecto de la acreencia derivada del vehículo con placa VFD768, que es la que

interesa para resolver el caso, se reportaron los siguientes datos:

PLACA RESOLUCIÓN POSTULANTE
“(…)
VFD768 Resolución 091 de 2020 Inversora Tres Gutiérrez S.A.S.

36. Como soporte de lo anterior, se anexaron los correspondientes contratos de cesión

celebrados entre Bogotá D.C. -a través de Transmilenio S.A.- y los propietarios de los
vehículos en su momento vinculados al SITP a través de Tranzit S.A.S., quienes
fueron reconocidos como acreedores de dicha empresa en el proceso de liquidación
judicial que adelanta la Supersociedades. En el archivo que contiene los documentos
relacionados con la acreencia derivada del vehículo identificado con placa VDF67836,
se observa la siguiente información:

● El 11 de junio de 2013, Tranzit S.A.S. e Inversora Tres Gutiérrez Ltda. suscribieron
el contrato CTV-0195 de “COMPRAVENTA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR DE
SERVICIO PÚBLICO CON MODALIDAD DE PAGO DE RENTA FIJA MENSUAL”,
cuyo objeto consistió en que el vendedor (inversora) transfería la propiedad del
vehículo identificado con placa única VFD768, número de motor 760193, marca
Chevrolet NPR, modelo 2010, tipo bus, afiliado a la empresa COMNALMICROS S.A.
al comprador (Tranzit) y, a cambio, éste pagaría al vendedor “como pago por la
transferencia del derecho de dominio sobre el vehículo”, el valor de una renta mensual,
que fue establecida en la proforma 6B de la licitación pública del SITP por la suma de
$2’216.581, libre de impuestos y de cualquier gravamen. “Este valor será efectivo 30
días posteriores a la entrega material del vehículo al concesionario, por el término de
duración de la concesión. (Fecha entrega del vehículo el 11/06/2013). Este valor será

34
“Artículo 13. Asignación de competencias a TRANSMILENIO S.A.: De conformidad con el objeto y el Capítulo I
del presente Decreto, TRANSMILENIO S.A. ejercerá las siguientes competencias:
“(…)
“7. Celebrar, en nombre del Distrito Capital, los negocios jurídicos necesarios para asumir las obligaciones que
conlleven al cumplimiento del objeto del presente Decreto.
“(…)
“9. Remitir al administrador del Fondo Cuenta de Reorganización del Transporte Público Colectivo Urbano de
Pasajeros en el Distrito Capital los expedientes con la documentación. una vez sean agotados, en caso de ser
necesario, los diferentes requisitos de publicidad exigidos por la ley”.
35
“ARTÍCULO 21. — DELEGACIÓN. A partir de la expedición de la presente resolución delégase en:
a) El Subgerente Jurídico la suscripción de los actos jurídicos que celebre la entidad y que permitan garantizar el
cumplimiento de lo autorizado en el artículo 78 del Acuerdo Distrital 645 de 2016 y lo dispuesto en el numeral 7 del
artículo 13 del Decreto Distrital 351 de 2017…”.
36
SAMAI: Expediente digital, “ED_18_RECIBEMEMORIALES_(pdf)NroActua2”. Radicado: 2020-01-564836-ABH.

13

Radicación: 25000-23-36-000-2021-00148-01 (70.545)
Demandante: Martha Angela Garzón García
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

indexado de acuerdo al (sic) IPC, a partir del año 2010”37.

● Ese mismo día -11 de junio de 2013-, la señora Martha Ángela Garzón García
(compradora) y la Inversora Tres Gutiérrez Ltda. (vendedor) suscribieron un contrato
de “venta del derecho de renta fija”, sobre el vehículo identificado con el certificado
único de propiedad No. 05437, placa única VFD768, número de motor 760193, marca
Chevrolet NPR, modelo 2010, tipo bus, el cual tuvo por objeto que el comprador
adquiriera “la renta fija (título ejecutivo) que se genere con ocasión del vehículo
relacionado en el presente documento…” y, por su parte, el vendedor “hace entrega
de todos los derechos y obligaciones que se generen a EL COMPRADOR del vehículo
a que se refiere el presente documento, especialmente el que tiene que ver con Renta
Fija mensual a partir del día 11 de Junio de 2013, para lo cual las partes han fijado
libremente el siguiente (sic) DOSCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($230.834:051)”38.

● Con ocasión de lo previsto en el artículo 78 del Acuerdo 645 de 2016, que autorizó
al Gobierno Distrital de Bogotá a asumir las obligaciones de los vehículos vinculados
al SITP, en favor de los propietarios y rentistas del Transporte Público Colectivo y lo
dispuesto en el Decreto reglamentario 351 de 2017, el 26 de junio de 2019, la señora
Martha Ángela Garzón García presentó la solicitud para acogerse a dicho
reconocimiento39, en la que consignó:

“(…) manifiesto que fui citado de manera oportuna por TRANSMILENIO S.A. para la
presentación de la presente Carta de Postulación. En este sentido; la siguiente
información consigna lo relativo al vehículo proveniente del TPC y vinculado al SITP:

PLACA VFD768

37
SAMAI: Expediente digital, “ED_18_RECIBEMEMORIALES_(pdf)NroActua2”. Radicado: 2020-01-564836-ABH,
páginas 12 a 15.
38
Ibidem, página 11.
39
Ibidem, páginas 1 a 10. Decreto 351 de 2017. “Artículo 4. Requisitos para la presentación de solicitudes. Los
beneficiarios a que hace referencia el presente capítulo deberán acreditar la totalidad de los siguientes requisitos:1.
Figurar en la base de datos administrada por TRANSMILENIO S.A. como vehículo vinculado. 2. Manifestar por
escrito y de manera expresa su voluntad de aceptar el desembolso en las condiciones previstas en el presente
Decreto. 3. Haber suscrito la proforma 6B en cualquiera de las modalidades previstas. 4. No ser accionista de los
concesionarios del SITP. 5. Acreditar el hecho de no haber recibido el pago total por concepto de la venta o renta
del vehículo vinculado al SITP por concesiones no vigentes, en los casos que proceda. 6. Manifestar que no tiene
ningún proceso vigente en contra del Distrito y sus entidades descentralizadas en el que persiga reclamar el
derecho derivado de la Proforma 6B. En caso de tenerlo expresar la intención de desistir de sus pretensiones
dentro del mismo. 7. En caso de entrega del vehículo al Sistema, acreditar la misma o el traspaso legal de la
propiedad del vehículo a un Concesionario del SITP. 8. El solicitante deberá ser reconocido como acreedor, en
relación con obligaciones derivadas de la Proforma 6B, en los procesos de liquidación judicial que adelante la
Superintendencia de Sociedades, cuando sea procedente”.
Artículo 5. “Criterios para el reconocimiento. De conformidad con la disponibilidad de recursos, los siguientes
grupos de propietarios podrán ser beneficiarios: 1. Propietarios vinculados al SITP a través de concesiones no
vigentes, cuyas postulaciones fueron aprobadas en el marco del procedimiento adoptado en el Decreto
Distrital 580 de 2014 y que a la fecha no han recibido el pago total por este concepto. 2. Propietarios vinculados al
SITP por conducto de concesiones no vigentes, cuyos vehículos fueron entregados y el traspaso de la propiedad
fue formalizado ante la autoridad competente a favor de algún Concesionario del SITP. 3. Propietarios Vinculados
al SITP por conducto de concesiones no vigentes, cuyos vehículos fueron entregados y el traspaso de la propiedad
no fue formalizado ante la autoridad competente a favor de algún Concesionario del SITP. 4. Propietarios
Vinculados al SITP por conducto de concesiones no vigentes, cuyos vehículos perdieron o perderán vida útil hasta
el 31 de diciembre de 2031. 5. Propietarios vinculados al SITP por conducto de concesiones que se encuentran en
ejecución, cuyas postulaciones fueron aprobadas en el marco del procedimiento adoptado en el Decreto
Distrital 580 de 2014 y que a la fecha no han recibido el pago total por este concepto y que se requieren para la
prestación eficiente del servicio de transporte público bajo el esquema del SITP”.

14

Radicación: 25000-23-36-000-2021-00148-01 (70.545)
Demandante: Martha Angela Garzón García
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

MODALIDAD DE VINCULACIÓN RENTA (X) -%
VENTA ( )

PROPIETARIO ACTUAL DEL Tranzit
VEHÍCULO

CHATARRIZACIÓN SI ( ) – NO (X)

TIENE ALGUNA ACCIÓN DE SI (X) – NO ( )
GRUPO O PROCESO JUDICIAL
CON EL DISTRITO

En caso afirmativo, manifestar su SI (X) – NO ( )
intención de desistir de la misma.

37. A esa solicitud se adjuntaron, entre otros documentos, la certificación expedida el

4 de julio de 2019 por el liquidador del proceso de Tranzit S.A.S. y la contadora de
esta sociedad, en la que se indicó:

38. Encontrándose en trámite dicha solicitud, el 17 de septiembre de 2019, la señora

Garzón García (cedente), en calidad de acreedora de la obligación derivada del
vehículo VFD768, suscribió un contrato de cesión del crédito con la empresa Inversora
Tres Gutiérrez (cesionario), que se rigió por las siguientes cláusulas:

“PRIMERO. OBJETO que por medio de este instrumento y en aplicación de los
artículos 1959 y siguientes del código civil EL CEDENTE transfiere a título de venta
al CESIONARIO, el crédito presentado para su reconocimiento dentro del
proceso de liquidación judicial que adelanta la sociedad TRANZIT EN
LIQUIDACIÓN JUDICIAL y que se encuentra radicado en la Superintendencia
de Sociedades.

SEGUNDO. EXISTENCIA DEL CRÉDITO. El cedente no responde por el resultado
de reconocimiento y pago del crédito dentro de dicho proceso, el cedente garantiza

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Medio de control: Reparación directa

que el crédito tiene prestación dentro del proceso concursal liquidatorio en las normas
y términos previstos en el numeral 5 art 48 ley 1116 de 2006.

“TERCERO. EFECTOS Que el crédito del cual aquí se dispone recae sobre todo
el crédito y traspasa al CESIONARIO como nuevo acreedor todos los derechos,
acciones, privilegios, y accesorios en los términos del artículo 1670 del Código
Civil, así como la titularidad de los derechos de votos que correspondan a la
acreencia, de conformidad con los dispuestos en el artículo 28 de la ley 1116 de
2016.

“CUARTO. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES: El cedente responde al
cesionario de la existencia del proceso y declara no haber enajenado antes el
derecho objeto de la cesión”40 (destaca la Sala).

39. Una vez realizada la referida cesión del crédito e informada a la Supersociedades

y al liquidador del proceso41, el representante legal de Inversora Tres Gutiérrez S.A.S.
presentó ante Transmilenio S.A. y el Distrito Capital de Bogotá la solicitud para la
subrogación legal del crédito derivado del vehículo VFD768, calificado y graduado
dentro del proceso de liquidación por adjudicación de Tranzit S.A.S., en los términos
previstos en el Decreto Distrital 351 de 2017, modificado por el Decreto 068 de 201942,
para lo cual adjuntó la copia del contrato de cesión celebrado con la señora Martha
Ángela Garzón y la copia de la radicación de la autorización de dicha cesión en el
proceso de liquidación.

40. Posteriormente, a través del “Acuerdo de voluntades No. 867”, suscrito el 1° de

noviembre de 2019 entre el representante legal de Inversora Tres Gutiérrez S.A.S. y
el Distrito Capital de Bogotá se formalizó la adjudicación de las obligaciones de renta
del vehículo identificado con placa VFD768 al Distrito, generadas en el marco del
contrato de concesión No. 11 de 201043. Se destacan las siguientes cláusulas de ese
acuerdo (se transcribe de manera literal):

40
SAMAI: Expediente digital, “ED_18_RECIBEMEMORIALES_(pdf)NroActua2”. Radicado: 2020-01-564836-ABH,
páginas 30 y 31.
41
Al día siguiente, el 18 de septiembre de 2019, la señora Martha Ángela Garzón, presentó un memorial en el
proceso de liquidación en el que manifestó que autorizaba la cesión del crédito derivado de la renta del vehículo
VFD768 a favor de Inversiones Tres Gutiérrez S.A.S. (ibidem, páginas 32 y 33). En el asunto bajo análisis, no se
observa que una vez notificada tal cesión al liquidador del proceso, haya realizado alguna objeción; en cambio, a
partir de ese momento los actos procesales proferidos por la Supersociedades y en las actuaciones realizadas por
el liquidador siempre se tuvo al cesionario -Inversiones Tres Gutiérrez S.A.S- como acreedor de la obligación
derivada del contrato de compraventa de renta fija mensual sobre el vehículo de placa VFD77; actos que permiten
inferir razonablemente que hubo aceptación de la cesión del crédito, en los términos del artículo 1962 del Código
Civil.
42
Decreto 351 de 2017. “Artículo 7.- Subrogación legal del crédito calificado y graduado. Con el pago que
asuma el Distrito Capital en favor de cada propietario proveniente del Transporte Público Colectivo (TPC), cuyo
crédito sea o haya sido calificado y graduado en el marco del proceso concursal, se entenderá que opera la
subrogación legal contemplada en el artículo 28 de la Ley 1116 de 2006”.
43
Decreto 351 de 2017. “Artículo 6.- Formalización de la obligación a cargo del distrito. Para el cumplimiento
de lo dispuesto en el presente Decreto, la obligación será formalizada con la suscripción de un documento
contentivo del negocio jurídico entre los beneficiarios y TRANSMILENIO S.A. en nombre del Distrito Capital, previa
verificación de los requisitos señalados en el artículo 5 y la disponibilidad de recursos, en el cual cada propietario
manifestará expresamente que acepta el desembolso de los recursos con cargo al Fondo Cuenta de
Reorganización del Transporte Público Colectivo Urbano de Pasajeros en el Distrito Capital y como consecuencia
de ello se entiende desvinculado del Sistema y a paz y salvo por todo concepto respecto de éste.
“Parágrafo. Para el desembolso que asuma el Distrito Capital en el marco del artículo 78 del Acuerdo Distrital 645
de 2016 a favor del beneficiario se deberá acreditar que no tiene procesos judiciales en curso en contra de la
Administración Distrital, o de cualquier de sus entidades descentralizadas, en los que persiga o reclame el derecho
contenido en la proforma 6B mediante declaración que se entenderá rendida bajo juramento o, en los casos que
proceda, con la presentación de copia de la providencia ejecutoriada que acepte el desistimiento proferida por la
autoridad judicial correspondiente”.

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Demandante: Martha Angela Garzón García
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

“CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - En el marco de lo autorizado por el Concejo de
Bogotá en el artículo 78 del Acuerdo Distrital No. 645 de 2016, de lo reglamentado por
el Alcalde Mayor en el Decreto Distrital No. 351 de 2017, modificado por el Decreto
068 de 2019, y de lo dispuesto en las Resoluciones internas de TRANSMILENIO S.A.
No. 405 de 2017 y No. 082 de 2019, el DISTRITO CAPITAL asume la obligación de
desembolso a favor de EL PROPIETARIO/BENEFICIARIO del monto señalado en la
cláusula tercera del presente Acuerdo de Voluntades, previo cumplimiento a lo
dispuesto en las cláusulas siguientes.
“(…)

“CLÁUSULA TERCERA: MONTO DEL DESEMBOLSO A CARGO DEL DISTRITO
CAPITAL. - El valor total del desembolso a cargo del DISTRITO CAPITAL asciende a
la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS MONEDA LEGAL
COLOMBIANA ($294’381.807), equivalente a lo dispuesto por la Subgerencia
Económica de TRASMILENIO S.A. en memorando 2019-80300-CI23525 para el
vehículo de placas VFD768, la tipología BUS y el modelo 2010.
“(…)

“CLÁUSULA OCTAVA: TRANSACCIÓN. - EL PROPIETARIO/BENEFICIARIO
manifiesta no tener ningún proceso judicial vigente en contra del Distrito Capital y/o
sus entidades descentralizadas en el que persigan reclamar el derecho derivado de la
Proforma 6B suscrita con el concesionario/empresa TRANZIT S.A.S., a través de la
cual se vinculó el vehículo de placas VFD768 al SITP. Igualmente, que renuncian a
toda reclamación por cuenta de saldos adeudados, intereses legales, moratorios o de
cualquier tipo que se desprendan del derecho derivado de la Proforma 6B suscrita con
el concesionario/empresa TRANZIT S.A.S. a través de la cual se vinculó al SITP.

“CLÁUSULA NOVENA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PRESENTE
ACUERDO DE VOLUNTADES. - Hace parte del presente Acuerdo de Voluntades: 1.
Acuerdo Distrital No. 645 de 2016; 2. Decreto Distrital No. 351 de 2017; modificado por
el Decreto 068 de 2019 3. Resolución No. 405 de 2017 de TRANSMILENIO S.A.; 4.
Resolución No. 082 de 2019 de TRANSMILENIO S. A 5. Resolución de nombramiento
No. 064 del 9 de marzo de 2017 y Acta de Posesión No. 010 del 24 de marzo de 2017;
6. Acta de la Junta Directiva de 11 de agosto de 2017; 7. Publicación en el diario EL
PUBLIMETRO del día 2 de agosto de 2019 y 7 de octubre de 2019; 8. Resolución No.
1026 de 2019; 9. Antecedentes administrativos de la solicitud presentada por EL
PROPIETARIO BENEFICIARIO, así como los documentos y actos expedidos durante
el trámite y estudio por parte de TRANSMILENIO S.A. 10. Proyecto de Graduación y
Calificación de Créditos de TRANZIT S.A.S. 11. Carta con radicado 2019ER24752 de
TRANSMILENIO S.A del liquidador 12. Anexo 1- Subrogación y cesión de crédito
reconocido en proceso de liquidación por adjudicación”44.

41. En el anexo 1, “Subrogación y cesión de crédito reconocido en proceso de
liquidación por adjudicación de Tranzit S.A.S.”, se acordó que William Alexander
Garzón, en calidad de representante legal de Inversora Tres Gutiérrez S.A.S.,
acreedora rentista reconocida en el proceso de liquidación por adjudicación de Tranzit
S.A.S. cedía al cesionario Transmilenio S.A. “los derechos, privilegios y accesorios
sobre el crédito que le corresponde en el proceso de liquidación… derivado del
vehículo de placas VFD768” y, como consecuencia, el cesionario debía adelantar la
notificación de esa cesión ante el juez del concurso y el agente liquidador
correspondiente, obligación que se cumplió mediante el memorial del 26 de octubre

44
SAMAI: Expediente digital, “ED_18_RECIBEMEMORIALES_(pdf)NroActua2”. Radicado: 2020-01-564836-ABH,
páginas 59 a 68.

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de 2020, previamente referido -párrafo 33-.

42. En estas condiciones probatorias, resulta notorio que la señora Martha Ángela
Garzón García carece de un interés concreto, serio y actual para reclamar los
perjuicios cuya indemnización solicita en la demanda, en tanto que en el trámite del
proceso judicial de liquidación por adjudicación de la sociedad Tranzit S.A.S., ella, en
calidad de acreedora rentista de la mentada empresa concursada y, en ejercicio de la
autonomía de la voluntad privada, decidió ceder su crédito a título de venta a la
sociedad Inversora Tres Gutiérrez S.A.S.

43. Así, conforme los efectos legales de ese negocio jurídico -art. 1959 y s.s. del Código

Civil- y lo pactado en su cláusula tercera, la cesión recayó sobre el 100% del crédito,
es decir, las obligaciones No. 001-N05-00000801-00 de cuarta clase por valor total de
$746’013.669 y “traspasa al cesionario como nuevo acreedor todos los derechos,
acciones, privilegios, y accesorios en los términos del artículo 1670 del Código Civil45,
así como la titularidad de los derechos de votos que correspondan a la acreencia, de
conformidad con los dispuestos en el artículo 28 de la ley 1116 de 201646” (se resalta).

44. Si bien en el contrato no se estipuló el precio que pagó la sociedad Inversora Tres

Gutiérrez S.A.S. como contraprestación por la cesión del mencionado derecho
personal, lo cierto es que allí se plasmó que por medio de ese instrumento el cedente
[Martha Ángela Garzón] transfería a título de venta “el crédito presentado para su
reconocimiento dentro del proceso de liquidación judicial que adelantaba la sociedad
Tranzit S.A.S.” y, por tanto, se trató de una cesión a título oneroso, que implicó que
aquella sociedad se subrogara en los derechos de la aquí demandante -a quien se le
reconoció inicialmente la acreencia derivada del vehículo con placa VFD768-47. De
esta manera, al reclamarse la afectación de un derecho de naturaleza personal, cuyo
beneficiario inicial -quien aquí demanda- lo cedió, ningún interés legítimo le asiste en
la relación jurídica sustancial debatida y, por tanto, la señora Martha Garzón García
carece de legitimación material en la causa por activa.

45. En ese orden de ideas, a partir del 17 de septiembre de 2019, que la demandante

de manera libre y voluntaria cedió su derecho de crédito, dejó de ser titular del mismo
y se sustrajo de cualquier interés jurídico y económico derivado de las decisiones
adoptadas en el proceso liquidatario de Tranzit S.A.S., pues perdió la calidad de
acreedora y, por consiguiente, la titularidad del derecho subjetivo que invocó en la
demanda, ya que lo transfirió a la sociedad Tres Gutiérrez S.A.S., sin que se advierta
un derecho distinto a la acreencia derivada de la renta del vehículo de placa VFD768.

45
“ARTICULO 1670. EFECTOS DE LA SUBROGACION. La subrogación, tanto legal como convencional,
traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y privilegios, prendas* e hipotecas del antiguo, así contra
el deudor principal, como contra cualesquiera terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda (…)”.
46
“ARTÍCULO 28. SUBROGACIÓN Y CESIÓN DE ACREENCIAS. La subrogación legal o cesión de créditos
traspasan al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios y accesorios en los términos del
artículo 1670 del Código Civil. El adquirente de la respectiva acreencia será titular también de los votos
correspondientes a ella”.
47
“ARTICULO 1666. DEFINICION DE PAGO POR SUBROGACION>. La subrogación es la transmisión de los
derechos del acreedor a un tercero, que le paga”.

18

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46. En este punto, se precisa que la cesión del derecho personal efectuada por la

accionante comprende el reclamo de los perjuicios inmateriales solicitados en la
demanda –morales y daño a la vida relación–, pues tal como se extrae del petitum,
son consecuenciales a la supuesta pérdida patrimonial derivada del error judicial en
que incurrió el juez del concurso al momento de graduar su crédito; por manera que
si no está acreditada la legitimación material en la causa por activa para solicitar la
responsabilidad patrimonial de la Supersociedades por el referido error, tampoco lo
está para reclamar los perjuicios derivados del mismo, más aun cuando no se trata de
derechos personalísimos e intransferibles.

47. De hecho, la sociedad Inversora Tres Gutiérrez S.A.S. como nueva titular del
crédito objeto de la litis, el 18 de septiembre de 2019, se acogió a la reglamentación
del Gobierno Distrital para el reconocimiento de una contraprestación a favor de los
propietarios o rentistas provenientes del Transporte Público Colectivo -TPC-
autorizada por el Concejo de Bogotá en el Artículo 78 del Acuerdo Distrital 645 de
2016 y, en el marco de esa normativa, el 1° de noviembre de 2019 suscribió el acuerdo
de voluntades No. 867, por medio del cual el Distrito se subrogó en sus derechos y
obligaciones derivados de la acreencia de renta del vehículo VFD768, en virtud del
cual recibió la suma de $294’381.80748, lo que corrobora que para esa época la señora
Garzón García ya no era titular de ningún derecho crediticio dentro del proceso de
liquidación judicial de Tranzit S.A.S. y, por tal razón es que en el auto del 4 de octubre
de 2022, por medio de la cual se expidió el acuerdo de liquidación y el acta de
adjudicación, no fue relacionada como acreedora beneficiaria.

48. Así las cosas, se concluye que la cesión onerosa del crédito a un tercero implicó

que la actora -otrora propietaria del vehículo y rentista por venta al concesionario-,
perdiera el interés jurídico en las pretensiones que formula y, por tanto, al no ostentar
la titularidad del derecho que reclama, carece de la legitimación material en la causa
por activa para obtener una decisión de mérito.

48
Páginas 99 a 101. Decreto 351 de 2017. “Artículo 10.- Modificado por el art. 6, Decreto 068 de 2019. <El nuevo
texto es el siguiente> Liquidación del desembolso. El desembolso a cargo del Distrito autorizado por el artículo
78 del Acuerdo Distrital 645 de 2016, se regirá por el valor del vehículo que según el modelo y tipología se
encuentra contenido en la Tabla de Valores - Proforma 8 de la Licitación Pública del SITP indexados a 31 de
diciembre de 2016 para la modalidad de venta, la cual será publicada por TRANSMILENIO S.A, con posterioridad
a la firma del presente Decreto.
PARÁGRAFO 1. En el caso de los propietarios vinculados al SITP mediante concesiones que se terminen de
manera anticipada con posterioridad al 1 de enero de 20] 8 y en el caso de aquellos propietarios vinculados al SITP
que hayan operado en el SITP Provisional, el valor del desembolso se regirá por lo mencionado en el presente
artículo ajustado con base en la relación entre el periodo en días remanente de la concesión y el periodo en días
total de la misma, de acuerdo con las siguientes reglas:
“(…)
“2. El valor del desembolso para aquellos propietarios de vehículos vinculados a concesiones no vigentes bajo la
modalidad de renta, que entregaron su vehículo y que no recibieron el pago total de dicha renta, se calculará de
acuerdo con la siguiente fórmula:
Donde:
P = Valor del desembolso.
VV = Valor de Venta definido en la proforma 8 indexada al 31 de diciembre de 2016.
TI = Fecha de iniciación de la operación de la concesión a la que se vinculó el propietario.
TA = Fecha de aprobación de la solicitud.
TF = Fecha esperada de terminación de la concesión.
FM = Número de meses de renta no pagadas.
IC = Incentivo al cumplimiento, que tomará el valor de cero punto quince (0.15) si el propietario postula su vehículo
dentro de los 30 días calendario siguientes al vencimiento de su vida útil o de la solicitud de postulación por parte
de TRANSMILENIO S.A. Si el propietario postula su vehículo con posterioridad a los 30 días calendario siguientes
al vencimiento de su vida útil o de la solicitud de postulación por parte de TRANSMILENIO S.A. IC tomará el valor
de cero (0)”.

19

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Demandante: Martha Angela Garzón García
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

49. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión objeto de impugnación,

que negó las pretensiones de la demanda.

La condena en costas de segunda instancia

50. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 49, en la sentencia se dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el
procedimiento civil hoy Código General del Proceso.

51. El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte

vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El artículo
361 ibidem establece que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas
y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. El
pleito de la referencia corresponde a una controversia de reparación directa con
cuantía que implicó que la entidad demandada tuviera que designar abogados que
ejercieran la defensa judicial de sus intereses, gestión que genera agencias en
derecho incluso por la sola vigilancia del proceso y aún en el evento de que se tratara
de apoderados vinculados a su planta de personal50.

52. Así las cosas, se fija como agencias en derecho para la segunda instancia el valor

equivalente a un (1) SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia, a cargo de
la parte demandante (recurrente), suma que se reconocerá en favor de la
Supersociedades. Esta determinación se efectúa de conformidad con lo previsto en el
Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura51, norma vigente en materia de tarifas de agencias en derecho para
la fecha en que se presentó la demanda.

53. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera concentrada

por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del Código General

49
Que resulta aplicable en razón a la fecha de interposición del recurso de apelación -19 de julio de 2023-.
50
Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho se pueden
consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021,
exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico;
del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023, exp.
69.319, auto de 9 de abril de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021, C.P:
José Roberto Sáchica Méndez, exp. 65.193. De acuerdo con lo consignado en los numerales 3 y 4 del artículo
366 del CGP, la fijación de agencias en derecho no se afecta en el evento en el que la parte haya litigado, incluso,
a nombre propio -sin apoderado judicial-, pues aún en ese caso tiene derecho a que se fije el monto de las
agencias para retribuir su actuación. Por lo anterior, si la parte que actuó a nombre propio tiene derecho a que
se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de honorarios de un apoderado
judicial que lo representara, igual razonamiento debe hacerse extensivo a los eventos en los que un sujeto
procesal actúa a través de un profesional del derecho que hace parte de su planta de personal, pues el hecho
de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias en derecho
como componente de la condena en costas. Al respecto, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2023, exp. 68.199.
51
“ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro
del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”. “(…) “ARTÍCULO 5º. Tarifas.
Las tarifas de agencias en derecho son: (…) “En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.

20

Radicación: 25000-23-36-000-2021-00148-01 (70.545)
Demandante: Martha Angela Garzón García
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

del Proceso52.

IV. PARTE RESOLUTIVA

54. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de mayo de 2023, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la señora Martha Ángela
Garzón García, para lo cual se fija por concepto de agencias en derecho la suma de
un (1) SMLMV, a favor de la Superintendencia de Sociedades. El Tribunal a quo
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del
Proceso.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

52
A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le
ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas (…)”.

21

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