Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00571-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00571-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2021-00571-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 22 de mayo de 2026
Radicación: 25000-23-36-000-2021-00571-01 (73691)
Actor: Ecopetrol
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: Acción de reparación directa / Error jurisdiccional / no se configura cuando la
decisión cuestionada contiene una argumentación coherente y jurídicamente atendible.
Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad del Estado porque en el trámite de una
acción de reparación directa por los daños causados con la construcción de un oleoducto,
el fallo de segunda instancia se abstuvo de declarar probada la caducidad de la acción.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 12 de junio de 2025, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera
Subsección A- negó las pretensiones de la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 26 de noviembre de 2021, Ecopetrol S.A., en ejercicio de la acción
de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial,
en la que solicitó:
“PRIMERA: Se declare que la NACIÓN-RAMA JUDICIAL es patrimonial y
extracontractualmente responsable de todos los daños y perjuicios causados a ECOPETROL
S.A. con ocasión de la condena que erróneamente se le impuso mediante sentencia del
26 de julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca en el marco del
proceso judicial identificado con el número de radicado 81001-33-31-002-2010-00048-00,
demandantes: María Elda Bravo y otros, demandado: Ecopetrol S.A.”.
2. Síntesis de los perjuicios reclamados:
Perjuicios materiales
Daño emergente: $765.021.292, “por concepto de daño emergente derivado del pago
de la condena que se le impuso a [Ecopetrol] mediante la sentencia del 26 de julio de
2019”.
Lucro cesante: 6% anual liquidados sobre $765.021.292
3. Como hechos relevantes que fundamentaron esas pretensiones,
afirmó:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000 23 36 000 2021 00571 01 (73691)
Actor: Ecopetrol
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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4. 1) El 19 de diciembre de 2001 ante la jurisdicción ordinaria fue
radicada una demanda declarativa contra Ecopetrol, en la que se
pretendía la indemnización de los perjuicios por el taponamiento,
represamiento y el desborde de tres caños por la construcción del
oleoducto Caño Limón – Coveñas.
5. 2) En ese proceso, que terminó asignado a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, el Juzgado Primero Administrativo de Arauca
profirió sentencia de primera instancia el 30 de septiembre de 2016, en la
que negó las pretensiones de la demanda por falta de prueba de la relación
de causalidad.
6. 3) En sentencia de 26 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de
Arauca revocó el fallo de primera instancia y accedió parcialmente a las
pretensiones. En relación con la caducidad, manifestó que ese asunto había
sido abordado en el fallo de primera instancia que, en ese aspecto, no fue
objeto de reparos por parte de Ecopetrol, por lo que no había lugar a
pronunciarse sobre el ejercicio oportuno de la acción. Determinó que sí
existía relación de causalidad y condenó a Ecopetrol a la indemnización de
perjuicios.
7. En los fundamentos de derecho, la parte actora manifestó que la
sentencia de 26 de julio de 2019 incurrió en error jurisdiccional pues “soslayó
la configuración de la caducidad de la acción”, lo que le causó un daño
antijurídico.
1.2. Posición de la parte demandada y trámite relevante
8. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y, como
“razones de la defensa”, expuso que no había daño antijurídico porque la
caducidad había sido materia de decisión dentro del proceso antes de que
se profiriera sentencia de primera instancia. Agregó que, contra el fallo de
primera instancia, cuya parte resolutiva declaró de manera expresa no
probada la caducidad, Ecopetrol no interpuso recursos, de manera que el
Tribunal Administrativo de Arauca carecía de competencia para estudiarla,
lo que ponía en evidencia culpa exclusiva de la víctima.
9. Al no existir pruebas por practicar, por Auto de 3 de noviembre de
2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca adecuó el trámite para
sentencia anticipada. Las partes presentaron alegatos de conclusión en los
que reiteraron su posición general frente a la controversia.
1.3. Sentencia de primera instancia
10. Negó las pretensiones con fundamento en que no se configuró el error
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Radicación: 25000 23 36 000 2021 00571 01 (73691)
Actor: Ecopetrol
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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jurisdiccional alegado porque: 1. No se requería la declaratoria de
caducidad del artículo 136 del CCA por ser “inaplicable” al caso; 2. El
Tribunal sí realizó pronunciamiento expreso sobre la oportunidad procesal de
la demanda. 3. Por último, no podían derivarse efectos adversos para
Ecopetrol por no haber apelado el fallo de primera instancia dentro del
proceso del que se predica el error jurisdiccional, en la medida en que esa
decisión la favorecía.
11. Sobre lo primero, consideró que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Arauca “no fue arbitraria ni desconoció la ley, sino que
respondió a una interpretación razonada y conforme con el marco
normativo vigente al momento de radicación de la demanda (año 2001).
Para entonces, Ecopetrol S.A., aún conservaba la naturaleza jurídica de
empresa industrial y comercial del Estado y la competencia para conocer
este tipo de controversias fue en principio de la jurisdicción ordinaria, bajo
cuya regulación aplicaba el término de prescripción de 20 años del artículo
2536 del Código Civil”, de manera que, la presentación de la demanda
ante esa jurisdicción, no podía considerarse una equivocación.
12. Agregó que la tesis del fallo cuestionado por error jurisdiccional, “ya
había sido adoptada por el mismo Tribunal mediante auto del 5 de
septiembre de 2013, en el que revocó la decisión que inicialmente había
rechazado la demanda por caducidad, fundándose en una revisión integral
del tránsito legislativo (Ley 1107 de 2006, que modificó el artículo 82 del
CCA), la naturaleza jurídica de la entidad demandada y las circunstancias
procesales del caso”.
13. Sostuvo que, antes de la expedición de esa Ley, el CCA no incluía
dentro del ámbito de competencias los litigios derivados de las sociedades
de economía mixta como Ecopetrol, mucho menos cuando no estuviera
desempeñando funciones administrativas sino “actuando en el marco de
relaciones materiales de derecho privado, como lo es la construcción y
mantenimiento de un oleoducto”, de manera que la acción promovida en
2001 ante los jueces civiles “se regía por las disposiciones del derecho civil,
que fija un plazo de prescripción de 20 años” y, por ende, la acción no
estaba prescrita. Tal entendimiento, concluyó, tenía en consideración el
derecho de las víctimas a no verse perjudicadas por los cambios
interpretativos y legislativos que sobrevinieron, particularmente, con la Ley
1107 de 2006, pues, para la época (2001), era “válida la radicación de la
demanda en la jurisdicción ordinaria y por tanto las normas que regían la
misma”. En respaldo de ello, citó una sentencia del Consejo de Estado de 7
de mayo de 2015 (“11001-03-15-000-2014-02162- 01[AC]”).
14. Sobre lo segundo, manifestó que, contrario a lo sostenido por
Ecopetrol, “la sentencia del 26 de julio de 2019 no incurrió en omisión
respecto al estudio de la caducidad, por el contrario, la providencia
reafirmó los argumentos desarrollados previamente en el auto de [5 de
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Radicación: 25000 23 36 000 2021 00571 01 (73691)
Actor: Ecopetrol
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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septiembre de] 2013, sostuvo la inaplicabilidad del artículo 136 del CCA y
ratificó la aplicación del régimen de prescripción civil”.
15. Explicó que “el Tribunal Administrativo de Arauca señaló
expresamente que el término de veinte años del artículo 2536 del Código
Civil resultaba aplicable, en tanto la demanda fue presentada bajo el
entendimiento normativo y jurisprudencial anterior a la Ley 1107 de 2006, sin
que hubiere operado aún el fenómeno de prescripción de la acción judicial
ordinaria. En ese sentido, el fallo fue claro al descartar la caducidad,
asegurando el respeto al principio de seguridad jurídica y al derecho de
acceso a la justicia”.
1.4. Recurso de apelación
16. A juicio de la parte demandante, 1. “No es cierto que, para la fecha
de presentación de la demanda, las controversias similares a las del asunto
del proceso judicial 2010-00048, hubiesen sido de conocimiento de la
Jurisdicción Ordinaria, pues las mismas en realidad debían ser conocidas por
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con fundamento en la
normativa y en la jurisprudencia vigente para la época”.
17. Al respecto sostuvo que, para el año 2001, el Consejo de Estado “ya
había definido con completa claridad que esos casos particulares [daños
causados a terceros con ocasión de construcción y/o mantenimiento de la
infraestructura de Ecopetrol] eran de competencia exclusiva de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Indicó que, desde 1997
(sentencia de 6 de agosto, exp. 11097), estaba definido que el transporte
de hidrocarburos no se podía equiparar a una actividad industrial y/o
comercial, sino que tenía una connotación plenamente administrativa; esta
última determinaba que, el conocimiento de las controversias a que
eventualmente diera lugar recaía en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, postura que había sido reiterada en múltiples ocasiones.
18. 2. De otra parte, “en la sentencia impugnada se omitió tener en
cuenta el contenido de la providencia del 18 de febrero de 2012, por medio
de la cual se dirimió el conflicto negativo de competencia suscitado entre
las jurisdicciones respectivas, decisión en la que expresamente se señaló
que tanto antes como después de la Ley 1107 de 2006, la jurisdicción
competente para conocer el asunto del proceso 2010-00048 era la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
19. 3. Por último, argumentó que, a “diferencia de lo referido en la
sentencia impugnada, no existe fundamento constitucional, legal o
jurisprudencial que hubiese justificado que el Tribunal Administrativo de
Arauca pudiese inaplicar las normas que rigen el proceso de lo contencioso
administrativo y, en su lugar, acudir a disposiciones que realmente no eran
aplicables [“las reglas de la prescripción del Código Civil”], lo que
válidamente no se puede sostener en la mera aseveración de que a los
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Radicación: 25000 23 36 000 2021 00571 01 (73691)
Actor: Ecopetrol
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Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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demandantes no les correspondía asumir las consecuencias de cambios
normativos, o simples referencias del garantismo de la decisión, del acceso
de administración de justicia, y de los principios de favorabilidad y de
seguridad jurídica”.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisiones a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3.
Sobre la condena en costas.
2.1. Presupuestos procesales y decisiones a adoptar
20. La de reparación directa es la acción procedente para buscar la
declaratoria de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional. Además,
en relación con la oportunidad en su ejercicio, se corrobora que la
demanda fue promovida en tiempo1. Es pertinente precisar que, como la
parte actora tiene la condición de entidad pública, no estaba obligada a
promover la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 613 del CGP y 161 del CPACA
(en su versión modificada por la Ley 2080 de 2021).
21. La Sala confirmará la sentencia apelada. 1. Aunque está acreditado
que la parte actora experimentó una afectación patrimonial cuya fuente es
un acto jurídico de la Rama Judicial (la Sentencia de 26 de julio de 2019), 2.
tal afectación no es antijurídica en la medida en que esa decisión no fue
constitutiva de error jurisdiccional. Si bien la sentencia adquirió firmeza y
contra ella no procedían recursos, sus consideraciones relativas al ejercicio
oportuno de la acción no son contrarias a derecho.
2.2. Análisis sustantivo
22. 1. Sobre la existencia del daño y su causa. En la presente controversia,
no existe discusión acerca de que, en cumplimiento del fallo de 26 de julio
de 2019, la parte actora pagó los valores que reclamó a título de daño
emergente. Al respecto, con la demanda se allegó prueba del pago de la
condena impuesta en ese fallo, que se hizo por $765.021.2922.
1 La Sentencia del 26 de julio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca quedó ejecutoriada
cuando cobró firmeza el auto que resolvió la solicitud de complementación formulada por la parte demandante.
El auto del 23 de agosto de 2019, que negó esa solicitud, se notificó por estado el 28 de agosto de 2019, por lo
que quedó en firme el 2 de septiembre de la misma anualidad. En principio, el plazo de caducidad se completaba
el 3 de septiembre de 2021.
Sin embargo, como consecuencia de la pandemia generada por el virus Covid19, el artículo 1 del Decreto
Legislativo 564 del 15 de abril de 2020, suspendió los términos de prescripción y caducidad contemplados en
cualquier norma sustancial o procesal desde el 16 de marzo de 2020, inclusive, hasta que el Consejo Superior de
la Judicatura decidiera levantar esa medida, lo que ocurrió el 1 de julio de 2020 (artículos 1 y 2 del Acuerdo
PCSJA20- 11567 del 5 de junio de 2020).
En ese orden, al plazo de caducidad tenía que agregarse el tiempo de su suspensión. Acá, el plazo de caducidad
inició el 3 de septiembre de 2019; un día antes de su suspensión (16 de marzo de 2020) habían trascurrido 6 meses
y 12 días, de tal forma que faltaba un año, 5 meses y 18 días para que la oportunidad para demandar decayera,
periodo restante que se reanudó el 1 de julio de 2020. Debido a lo anterior, la acción caducaría el 19 de diciembre
de 2021 y la demanda fue presentada el 26 de noviembre de ese año.
2 Documento “2. Comprobantes de pago sentencia del 26 de julio de 2019”, cuyo enlace de acceso se encuentra
en el índice 56 Samai de la primera instancia.
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Radicación: 25000 23 36 000 2021 00571 01 (73691)
Actor: Ecopetrol
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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23. 2. Acerca de los presupuestos del error jurisdiccional. Como se indicó,
esa afectación patrimonial no es imputable al Estado, pues no se cumplen
todos los presupuestos del error jurisdiccional. Aunque la sentencia del
Tribunal Administrativo quedó en firme el 2 de septiembre de 2019 y contra
ella no procedía ningún recurso ordinario, esa decisión, en lo relativo a las
consideraciones sobre el ejercicio oportuno de la acción de reparación
directa, no contrarió el ordenamiento al abstenerse de declarar probada la
caducidad.
24. Para soportar esa conclusión, la Sala 1) destacará las circunstancias
relevantes dentro del trámite del proceso al que se refieren las pretensiones
y, sobre esas premisas, 2) expondrá las razones por las cuales la decisión
cuestionada no constituyó un error jurisdiccional.
25. Sobre lo primero.
26. 1) El 19 de diciembre del 2001, María Elda Bravo de Amador y otros,
promovieron una acción de responsabilidad civil extracontractual contra
Ecopetrol en la que pretendían la indemnización de las afectaciones que
se causaron en sus predios (ubicados en la vereda La Pica, municipio de
Arauquita) con la construcción del oleoducto Caño Limón – Coveñas,
concretamente, por el represamiento y el desbordamiento de los caños La
Pica, Las Bancas y Caño Negro3; tal acción fue tramitada en la jurisdicción
ordinaria hasta el estado de dictar sentencia, momento en el que el
Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Saravena, en decisión de 14 de
diciembre de 2009, declaró la nulidad de lo actuado desde los autos
admisorios de las demandas (pues se trataba de un proceso con 3
demandas acumuladas4) por falta de jurisdicción y ordenó que el proceso
fuera remitido a la de lo contencioso administrativo5.
27. 2) El conocimiento le correspondió al Juzgado Segundo Administrativo
de Arauca, autoridad que, en Auto de 10 de agosto de 2011, declaró la
caducidad de la acción y rechazó la demanda6. Esa decisión fue revocada
por el Tribunal Administrativo de Arauca que, en Auto de 13 de octubre de
2011, además de considerar inviable la declaratoria de caducidad, le
ordenó al Juzgado plantear conflicto negativo de jurisdicciones.
28. 3) Tal conflicto fue resuelto por la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura en decisión de 18 de febrero de 2012, en el sentido
de que la jurisdicción habilitada para conocer la controversia era la de lo
3 Folio 48 y ss. del documento “6. Cuaderno n.º 1-C Expediente 2010-00048” cuyo enlace de acceso se encuentra
en el índice 56 Samai de la primera instancia.
4 Por Auto de 9 de noviembre de 2004, el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Saravena, dispuso la
acumulación de los procesos 2002-0001 y 2003-00127 al proceso 1998-00070. La acumulación se ordenó con
respaldo en que los procesos tenían demandante común y las acciones se fundamentaban en unos mismos
hechos y fundamentos legales (folio 37 y ss. del documento “6.7 Anexo n.º 1. Respuesta oficio 789 Expediente 2010-
00048”, cuyo enlace de acceso se encuentra en el índice 56 Samai de la primera instancia).
5 Folio 318 y ss. del documento “6.1. Cuaderno n.º 2-C 01 Expediente 2010-00048” cuyo enlace de acceso se
encuentra en el índice 56 Samai de la primera instancia.
6 Folio 769 y ss. del documento “6.3 Cuaderno n.º4-C 01 Expediente 2010-00048” cuyo enlace de acceso se
encuentra en el índice 56 Samai de la primera instancia.
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Radicación: 25000 23 36 000 2021 00571 01 (73691)
Actor: Ecopetrol
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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contencioso administrativo7. El Consejo Superior de la Judicatura también
resolvió los conflictos negativos de jurisdicción a que dieron lugar los
procesos acumulados 1998-00070 y 2003-00027. En decisión de 21 de junio
de 2012, atribuyó su conocimiento a la jurisdicción ordinaria8. Es pertinente
destacar que los pronunciamientos con posiciones contrarias se tomaron
uno y otro con 2 meses de diferencia.
29. 4) Acatando la determinación del 18 de febrero de 2012, el proceso
identificado en la jurisdicción ordinaria como 2002-00001 (que ahora tenía
el radicado 2010-00048), se asignó al Juzgado Primero Administrativo de
Arauca que, en Auto de 9 de noviembre de 2012 declaró, por segunda vez
dentro de la misma causa, la caducidad de la acción y rechazó de plano
la demanda9, decisión que fue apelada por los entonces demandantes.
30. 5) El Tribunal Administrativo de Arauca la revocó en el Auto de 5 de
septiembre de 201310, al considerar que:
-El proceso se adelantó inicialmente en la jurisdicción ordinara (de
2001 a 2009) y, después, se desarrolló un complejo trámite por las distintas
interpretaciones para aplicar el cambio de legislación introducido por la Ley
1107 de 2006.
-Era manifiesta “la circunstancia de cambio de jurisprudencia
respecto de la jurisdicción que debe asumir el caso”, de lo que eran prueba
las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura que dispuso que 2 de
las demandas acumuladas debían ser conocidas por la jurisdicción
ordinaria y otra por la de lo contencioso administrativo; tal vicisitud
denotaba “la dificultad del tema”, pues se trataba de procesos con
identidad de demandado, hechos y fundamentos jurídicos.
-En los casos de tránsito legislativo sobre aspectos procesales, en virtud
del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se aplicaba la norma posterior, a menos
de que ya hubieran sido iniciadas actuaciones o los términos hubieran
empezado a correr antes del cambio de normativa, supuestos que
concurrían en este caso.
-Con esas premisas, determinó que el problema jurídico consistía en
establecer la norma aplicable “sobre el lapso que se disponía para ejercer
el derecho de acción”, a saber: el previsto Código Contencioso
Administrativo o el del Código Civil. Concluyó que la demanda se presentó
ante la jurisdicción ordinara porque en ese momento se consideraba (por la
Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura)
que eran las autoridades de esa jurisdicción las que debían resolver la
controversia, de manera que “el término de caducidad que se debe aplicar
en este proceso es el del artículo 2536 del C.C., que lo fija en 20 años…”.
7 Folio 6 y ss. del documento “6.11. Anexo n.º 4 respuesta oficio 789 Expediente 2010-00048” cuyo enlace de acceso
se encuentra en el índice 56 Samai de la primera instancia.
8 Folio 19 y ss. del documento “6.11. Anexo n.º 4 respuesta oficio 789 Expediente 2010-00048” cuyo enlace de
acceso se encuentra en el índice 56 Samai de la primera instancia.
9 Folio 840 y ss. del documento “6.4. Cuaderno n.º 5-C 01 Expediente 2010-00048” cuyo enlace de acceso se
encuentra en el índice 56 Samai de la primera instancia.
10 Folio 869 y ss. del documento “6.4. Cuaderno n.º 5-C 01 Expediente 2010-00048” cuyo enlace de acceso se
encuentra en el índice 56 Samai de la primera instancia.
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Radicación: 25000 23 36 000 2021 00571 01 (73691)
Actor: Ecopetrol
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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-Para terminar, citó un precedente del Consejo de Estado en el que,
en una demanda contra el ISS, se estableció que no se había configurado
la caducidad a pesar de que había trascurrido su plazo, en la medida en
que existía incertidumbre generada por la jurisprudencia acerca de la
jurisdicción competente para conocer ese tipo de procesos, falta de
claridad cuyas consecuencias no debían ser asumidas por el extremo
demandante y habilitaban la posibilidad de “adaptar” el término de
caducidad, posición que, además, era acorde con la protección de los
derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y los
principios pro homine, pro actione y pro damato.
31. 6) Con ese antecedente, el proceso continuó su curso y se dictó fallo
de primera instancia el 30 de septiembre de 2016, el cual no se pronunció
sobre la caducidad porque existían decisiones del superior en firme al
respecto. Sobre el fondo del asunto, se negaron las pretensiones por falta
de prueba de la relación de causalidad11.
32. 7) La sentencia que resolvió la apelación contra ese fallo, proferida
por el Tribunal Administrativo de Arauca el 26 de julio de 2019, en relación
con la caducidad, consideró:
“Ecopetrol presentó en su escrito inicial de contestación de la demanda (…), la
excepción de ‘Prescripción’, con base en el artículo 1007 del Código Civil.
Dicha norma jurídica establece que ‘Las acciones concedidas en este título para la
indemnización de un daño sufrido, prescriben para siempre al cabo de un año
completo’.
Al igual de lo que ocurre en otros de sus artículos, como el 2536 y ss, el Código Civil utiliza
la expresión ‘prescripción’ para referirse a la figura Jurídica procesal de la caducidad,
que sanciona cuando el derecho a demandar no se ejerce en un determinado lapso,
y a ello se refiere de manera concreta la disposición invocada, al aludir a ‘Las acciones’.
Luego, ya en este proceso contencioso administrativo, reiteró la excepción en la
segunda contestación cuando se precisó como caducidad (…). El asunto fue resuelto
tanto a través de la providencia del Tribunal Administrativo de Arauca [de 5 de
septiembre de 2013] en la que se declaró no probada dicha figura jurídica (…), como
en la sentencia de primera Instancia, lo cual al no ser apelado por Ecopetrol, quedó en
firme”12.
33. 8) Por los mismos hechos, existe prueba de que dentro de la
jurisdicción ordinaria se profirieron sentencias en las que, desde una
perspectiva privada de la responsabilidad y aplicando el régimen de la
prescripción, Ecopetrol fue encontrada responsable por el taponamiento
de los caños La Pica, Las Bancas y Caño Negro, vereda La Pica, municipio
de Arauquita, con la construcción del oleoducto Caño Limón – Coveñas,
afectando las propiedades de los entonces demandantes. En concreto, la
Sala se refiere a los fallos de primera, segunda instancia y el que resolvió el
recurso extraordinario de casación, dentro del proceso ordinario promovido
en 1989 por Miguel Ángel Duarte y otros13.
11 Folio 1127 y ss. del documento “6.6. Cuaderno nº 7-C. 01Expediente 2010-00048” cuyo enlace de acceso se
encuentra en el índice 56 Samai de la primera instancia.
12 Folio 1243 del documento “6.6. Cuaderno n-º 7-C.01 Expediente 2010-00048” cuyo enlace de acceso se
encuentra en el índice 56 Samai de la primera instancia.
13Folio 174 y ss (del documento en pdf., pues en el papel aparecen 3 numeraciones distintas) del documento “6.13.
Cuaderno pruebas n.º 1 Expediente 2010-00048” cuyo enlace de acceso se encuentra en el índice 56 Samai de la
primera instancia. También están los fallos de segunda instancia (folio 204 pdf.) y el que resolvió la demanda de
casación (folio 219 pdf).
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Radicación: 25000 23 36 000 2021 00571 01 (73691)
Actor: Ecopetrol
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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34. 9) Además de ese precedente, se demostró que los procesos que en
algún momento estuvieron acumulados al proceso del que se predica la
existencia del error jurisdiccional (y que se acumularon, como se indicó, por
identidad de demandado, hechos y fundamentos jurídicos), fueron
tramitados dentro de la jurisdicción ordinaria, en la que el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Saravena profirió sentencia de primera instancia
el 1 de octubre de 2013, favorable a los intereses de los entonces
demandantes. Ese fallo, al igual que en el caso anterior, tuvo un enfoque
privado de la responsabilidad de Ecopetrol y, para lo que acá interesa, hizo
un estudio de la oportunidad en el ejercicio de la acción con las reglas
propias del régimen de la prescripción extintiva14.
35. Aunque en la demanda se argumentó que ese fallo fue parcialmente
revocado por el Tribunal Superior de Arauca y que solo uno de los
demandantes fue indemnizado, lo que para la Sala es relevante no es el
sentido que tuvieron las decisiones dentro de esa actuación, sino el hecho
de que los pronunciamientos fueron de fondo, pues la jurisdicción ordinaria
consideró que la acción estaba vigente, para lo cual aplicó el plazo de
prescripción de 20 años vigente cuando se causó el daño.
36. 10) También es pertinente mencionar que, en una controversia en la
que se demandó asimismo a Ecopetrol, aunque para la indemnización de
perjuicios por la explosión del poliducto Pozos Ayacucho el 24 de abril de
1991, el Consejo de Estado en un fallo de tutela de segunda instancia del 7
de mayo de 2015 (invocado como argumento de refuerzo en la sentencia
que es actualmente materia de apelación), confirmó el fallo apelado y
avaló la hermenéutica del Tribunal Administrativo de Magdalena
demandado dentro de esa acción constitucional.
37. Esta última autoridad había considerado que, como para la época
de los hechos (1991) el asunto era de competencia de la jurisdicción
ordinaria, que tenía prevista una prescripción de 20 años, el conteo de la
caducidad de la acción, promovida en vigencia de la Ley 1107 de 2006 (en
la que se asignó la competencia para conocer de las demandas contra
sociedades de economía mixta a esta jurisdicción), debía comenzar a partir
de la vigencia de esa normativa.
38. El Consejo de Estado, al decidir la demanda de tutela, no encontró
que ese entendimiento constituyera un defecto que ameritara la
procedencia del amparo a derechos fundamentales, pues cuando se
causó el daño Ecopetrol era una empresa industrial y comercial del Estado
“…y se regía por el derecho privado por expresa disposición legal, de suerte
que los conflictos de la naturaleza que aquí se discuten, podían ser
conocidos por la Jurisdicción ordinaria a través de la acción de
responsabilidad civil extracontractual, la cual, para la época de los hechos,
prescribía en 20 años”. Agregó que, en 2006, Ecopetrol se transformó en
14 Folio 1054 (en particular 1094) del documento “6.4. Cuaderno n.º 5-C. 01 Expediente 2010-00048” cuyo enlace
de acceso se encuentra en el índice 56 Samai de la primera instancia.
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Radicación: 25000 23 36 000 2021 00571 01 (73691)
Actor: Ecopetrol
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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sociedad de economía mixta (Ley 1118 de 2006) y que, por Ley 1107 del
mismo año, se atribuyó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el
conocimiento de las controversias originadas por ese tipo de sociedades
cuando el capital público fuera superior al 50%.
39. Con esas premisas, el Consejo de Estado concluyó que:
“el Juez de conocimiento tenía que determinar la forma en que debía contar la
caducidad de la acción de reparación directa, es decir, establecer si los dos años se
cuentan a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho o a partir de la vigencia
de la Ley 1107 de 2006, pues, pese a que la norma aplicable es el Código Contencioso
Administrativo, lo cierto es que los accionantes en virtud del principio de confianza
legítima, daban por sentado de que tenían 20 años para acudir a la Justicia Ordinaria,
cuyas condiciones variaron por disposición del legislador, lo cual no les resulta atribuible,
razón por la que no deben asumir las consecuencias de dichos cambios”. Y, con
respaldo en un precedente de la corporación, sostuvo: “la Sección Tercera previó que
el término que se debía tener en cuenta para efecto de determinar si la demanda de
reparación directa fue presentada de manera oportuna, era el contemplado en el C.C.
Sin embargo, también expresó que si se consideraba que el término aplicable era el
contemplado en el numeral 8° del artículo 136 del C.C.A., el mismo debía contarse a
partir de la expedición de la Ley 1107 de 2006, que fue, precisamente, la interpretación
que adoptó el Tribunal accionado, la cual, sin lugar a dudas, se realizó en atención al
derecho fundamental de acceso a la Administración de Justicia y los principios pro
Actione, pro Homine y pro Damato, pues, admitir la posición de ECOPETROL, sería
trasgredir notoriamente los postulados en mención”15.
40. Sobre lo segundo, la Sala considera que el contexto de toda la
actuación judicial permite tener por establecido que, el hecho de que la
Sentencia de 26 de julio de 2019 no hubiera declarado la caducidad y que,
por el contrario, se le diera especial significación al plazo de prescripción
previsto en la normativa civil, no fue una determinación constitutiva de error
jurisdiccional, por las razones que pasan a exponerse.
41. Para empezar, en este caso (y en otros planteados por los mismos
hechos) no había claridad sobre la jurisdicción a la que le correspondía el
conocimiento de la controversia. A pesar de lo que sostiene el recurrente,
para quien por lo menos desde 1997 la jurisprudencia del Consejo de Estado
era inequívoca en el sentido de que la habilitación para decidir ese tipo de
asuntos correspondía a la de lo contencioso administrativo, ese criterio no
estaba suficientemente consolidado años después, o, por lo menos, no era
evidente para la autoridad encargada de resolver los conflictos entre
jurisdicciones.
42. Como quedó expuesto, la asignación de demandas por hechos
similares la atribuyó el Consejo Superior de la Judicatura unas veces a la
jurisdicción ordinaria y otra a la de lo contencioso administrativo, sin que al
hacer esa distribución hubiera tenido alguna injerencia el hecho de que, en
una de las providencias que resolvió uno de esos conflictos (la proferida el
18 de febrero de 2012), esa autoridad pareció sentar una regla concluyente
en el sentido de que, tanto antes como después de la expedición de la Ley
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 7 de mayo de 2015,
Rad.: 11001-03-15-000-2014-02162-01(AC).
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Radicación: 25000 23 36 000 2021 00571 01 (73691)
Actor: Ecopetrol
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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1107 de 2006, la jurisdicción competente para conocer el asunto habría sido
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
43. Lo anterior pone en evidencia que existía una ausencia notable de
criterios uniformes para atribuir el conocimiento de demandas contra
Ecopetrol. En efecto, de haber imperado la lógica contenida en el
pronunciamiento de 18 de febrero de 2012, las controversias que por hechos
similares estaban siendo ventiladas ante jueces de la república, habrían
tenido que ser atribuidas -todas- al conocimiento de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; sin embargo, por decisión de 21 de junio de
2012, consta que algunas de ellas fueron asignadas a la jurisdicción
ordinaria.
44. Además, la Sala observa que la sentencia cuestionada por error
jurisdiccional fue consecuencia de un proceso con un trámite atípico, en el
que la demanda fue promovida ante la jurisdicción ordinaria en momentos
en los que existía un antecedente concreto de que esa jurisdicción era
competente para pronunciarse sobre la controversia (la Sala se refiere al
proceso promovido en 1989 por Miguel Ángel Duarte y otros, que terminó
con fallo de casación de 7 de marzo de 1994), circunstancia que,
ciertamente, tenía la aptitud de generar el convencimiento en otras
víctimas -vecinos- de que podían elevar reclamaciones ante esa específica
jurisdicción.
45. El hecho de que la tramitación de procesos contra Ecopetrol hubiera
corrido por cuenta de la jurisdicción ordinaria a partir de antecedentes más
o menos inmediatos que, como viene de indicarse, hacían razonable asumir
que la posibilidad de canalizarlas ante los jueces civiles era una decisión
acertada (con la implicación que ello tenía sobre la duración de la potestad
para activar la función jurisdiccional), es un antecedente que ha tenido
repercusiones ciertas dentro de esta corporación en aquellos casos en los
que, al valorar el ejercicio oportuno de la acción, se advierte que los
procesos han tenido su génesis en demandas de responsabilidad civil
extracontractual presentadas, admitidas y tramitadas en la jurisdicción
ordinaria pero que terminan, a la postre, asignadas a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
46. Es regla general del derecho que, donde cabe la misma razón cabe
la misma disposición. Ese postulado, ligado al derecho de las víctimas al
acceso efectivo a la administración de justicia, sobre todo cuando se
advierte que, en un momento específico, la práctica judicial permitía
afianzar la creencia de que sus aspiraciones indemnizatorias contaban con
una acción, un juez, un procedimiento y un derecho aplicables (que no por
ello un resultado específico), ha llevado a relativizar el rigor de las reglas
sobre la caducidad para, por ejemplo, tal y como ya ha tenido ocasión de
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Radicación: 25000 23 36 000 2021 00571 01 (73691)
Actor: Ecopetrol
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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considerarlo ajustado a derecho esta corporación16: 1. Admitir que el
ejercicio oportuno de la demanda tenga como referente el plazo de
prescripción de la acción civil inicialmente entablada pero que,
posteriormente, quedó sujeta a la vicisitud de la reasignación del
funcionario competente por circunstancias no atribuibles a los
demandantes; 2. Desencadenar el conteo de la caducidad a partir de la
norma que tenía por objeto -o que, en la práctica judicial comportó el
efecto de- atribuir el conocimiento de la demanda a esta jurisdicción, como
es el caso de las implicaciones de la entrada en vigencia de la Ley 1107 de
2006.
47. Lo anterior pone de presente que las reglas sobre el ejercicio oportuno
de la acción pueden, excepcionalmente, estar llamadas a ceder si los
hechos de los que, preliminarmente, depende que se active la
consecuencia jurídica, no concuerdan o no están en línea con la razón
subyacente que justifica la expedición de la norma, lo que permite aseverar
que, en esos casos específicos, aunque en principio se esté en presencia de
unos hechos jurídicamente relevantes, el ordenamiento jurídico no puede
operar a partir del silogismo premisa mayor - premisa menor - consecuencia
jurídica, so pena de desconocer particularidades que, por justicia, imponen
hacer salvedades o distinciones.
48. En este caso, la Sala percibe con claridad que los demandantes, del
proceso de reparación directa del que se predica la existencia del error
jurisdiccional, no se desentendieron o abandonaron el ejercicio de su
derecho a reclamar la indemnización de perjuicios. Lo que está
demostrado, y esta es una comprobación que podía operar con intensidad
al valorar la diligencia de las víctimas en el ejercicio de la acción (tal y como
lo hizo la decisión cuestionada), es que de buena fe (si se quiere: exenta de
culpa), podían asumir que sus reclamaciones admitían la posibilidad de ser
encausadas a través de la jurisdicción ordinaria civil con una acción de esa
naturaleza.
49. Las distorsiones que, en la práctica, comportó la falta de unicidad en
los criterios jurisprudenciales o legales para determinar la jurisdicción
habilitada para pronunciarse sobre el fondo de las controversias contra
Ecopetrol, impedían sostener que hubo abandono o despreocupación en
la reivindicación de los derechos por parte de los demandantes del proceso
inicialmente radicado ante los jueces civiles. De ahí que, la argumentación
ofrecida por el Tribunal Administrativo de Arauca, que apuntó a justificar la
relativización del rigor de la caducidad para acoger interpretaciones que
privilegiaran un análisis de fondo de la controversia, resultado de consultar
las razones subyacentes a las reglas que contienen el efecto jurídico de la
caducidad, de la mano con el accidentado trámite de la actuación, no
podía ser constitutivo de error jurisdiccional.
16 Al menos ello es evidente con la Sentencia de 7 de mayo de 2015 ya citada.
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Radicación: 25000 23 36 000 2021 00571 01 (73691)
Actor: Ecopetrol
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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50. La premeditada falta de aplicación por parte de ese Tribunal
Administrativo de las reglas de la caducidad en su sentido más literal, se
realizó con el propósito de evitar resultados no previstos o no queridos por el
legislador (supra inclusión normativa), que es a lo que habría conducido la
aplicación mecánica de esas reglas ante la simple verificación de sus
supuestos de hecho, sin detenerse, como puede ser debido en no pocas
ocasiones, en un análisis detallado de las premisas fácticas del silogismo y
compararlas con las razones subyacentes a esas normas, con el fin de juzgar
si la consecuencia jurídica es, o no, admisible.
51. Es por todo ello que la decisión cuestionada, a juicio de la Sala, no fue
constitutiva de error jurisdiccional, pues aunque en verdad constituye una
imprecisión conceptual equiparar las instituciones de la caducidad y la
prescripción, aspecto sobre el cual esta decisión ha sido muy cuidadosa en
no avalar, lo cierto es que las consideraciones del Tribunal Administrativo de
Arauca, vertidas en el Auto de 5 de septiembre de 2013 (que resolvió la
apelación contra una providencia que había declarado la caducidad),
posteriormente incorporadas en la sentencia que puso fin al proceso de
reparación directa, dan cuenta de la preocupación y el propósito de
resolver las tensiones generadas por situaciones ajenas al control de los
demandantes pero que, sin lugar a dudas, tenían incidencia cierta sobre el
estudio del presupuesto procesal del ejercicio oportuno de la acción.
52. Como el error jurisdiccional como supuesto legal de responsabilidad
del Estado solo procede cuando “las providencias carecen de una
justificación o argumentación coherente, jurídicamente atendible, que las
provea de aceptabilidad”17, planteamiento sobre el cual es profusa la
jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación, la Sala confirmará
la Sentencia apelada, pues la Sentencia de 26 de julio de 2019 no admite
esos calificativos.
2.3. Sobre la condena en costas
53. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del
artículo 365 del CGP, se condenará en costas de esta instancia a la parte
demandante. De acuerdo con el artículo 361 del CGP las costas se
conforman por la totalidad de expensas y gastos sufragados en el proceso
y por las agencias en derecho. La fijación del valor de las agencias en
derecho18, así como el de las demás costas procesales, se hará de manera
concentrada por el Tribunal de origen19.
17 Entre muchas otras, las sentencias proferidas dentro de los siguientes procesos: 25000-23-26-000-2012-00659-01;
25000-23-26-000-2009-01028-01; 25000-23-26-000-2010-00199-01; 68001-23-31-000-2008-00289-01 y 47001-23-31-000-
2012-00378-01.
18 Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 2 del
Acuerdo No. PSAA16-10554 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el
momento de presentación de la demanda. Respecto de su valor, el artículo 5 estableció que, para la segunda
instancia, pueden ser fijadas “Entre 1 y 6 S.M.L.M.V.”.
19 De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se procederán a liquidar por
Secretaría de ese Tribunal en el caso de que se hubieren causado.
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Radicación: 25000 23 36 000 2021 00571 01 (73691)
Actor: Ecopetrol
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 12 de junio de 2025, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera
Subsección A- negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en
segunda instancia. Las agencias y otras costas (expensas y gastos) serán
liquidadas por Secretaría del tribunal de origen en el caso de que se
hubieren causado.
TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.
CUARTO: En firme esta providencia, por secretaría, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Con aclaración de voto
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
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