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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00199-01

Acción de reparación directa

Fecha
28 de febrero de 2019
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00199-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, esta es, la proferida el 16 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2010-00199-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

28 de febrero de 2019

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO

En ese contexto, la Sala advierte que la demandante padeció un daño, porque si bien es cierto que logró demostrar la existencia de una relación de trabajo con el ISS, el Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Laboral, le negó las pretensiones de su demanda; aunque, con todo y lo anterior, ese daño no tiene la connotación de antijurídico y, por tanto, no es indemnizable, por las razones que se pasan a exponer. De conformidad con la jurisprudencia de la Sección, en algunas oportunidades el juez dispone de una “única decisión correcta” para resolver el asunto sometido a su conocimiento; no obstante, en otros escenarios, pueden existir distintas decisiones razonables, de manera que, en este tipo de casos, solamente existirá responsabilidad del Estado cuando las providencias carecen de una justificación o argumentación coherente, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad […]. En efecto, de conformidad con los incisos primero y segundo del artículo 305 del C.P.C: i) la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda; y ii) no podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta. […] [U]na providencia no puede considerarse, per se, contentiva de un daño antijurídico, por el hecho de negar las pretensiones de quien demanda, porque el derecho de iniciar un proceso y promover un pronunciamiento judicial no implica necesariamente que la decisión que corresponda deba ser favorable a sus pretensiones, como tampoco pueden convertirse las demandas por error jurisdiccional en una tercera instancia para insistir en las peticiones elevadas dentro de un proceso ya concluido.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 305

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

El Código Contencioso Administrativo, en su artículo 136.8 (norma aplicable al asunto en cuestión), consagraba un término de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción. La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que en este tipo de procesos “(…) el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el error judicial y que agote la instancia. Igualmente, que la “ejecutoria se presentaría cuando no procede la casación o cuando, de proceder, no se interpone o se resuelve”.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo de la caducidad en eventos de error jurisdiccional, ver sentencia Consejo de Estado, Sección Tercera, 23 de junio de 2010, rad. 17493, M. P. Mauricio Fajardo Gómez; y sentencia Consejo de Estado, Sección Tercera, 26 de noviembre de 2015, rad. 38833, M. P. Ramiro Pazos Guerrero.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación. Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO

El primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad Estatal es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, dado que constituye un elemento necesario de la responsabilidad, toda vez que como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala “sin daño no hay responsabilidad” y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado.

ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño es antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo, “Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos”; ii) que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00199-01(46966)

Actor: NANCY LILIAM MARTÍNEZ DE FAJARDO

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – APELACIÓN DE SENTENCIA

Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / Responsabilidad del estado por error jurisdiccional – PROCESO ORDINARIO LABORAL / Contrato realidad – DAÑO ANTIJURÍDICO / No se configuró en el presente caso.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 16 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 13 de abril de 2010, la señora Nancy Liliam Martínez de Fajardo, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se le indemnizaran los perjuicios causados por el error judicial en que habría incurrido esa entidad, en el trámite del proceso ordinario laboral No “13 2005-00779-00”, que cursó en el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en primera instancia, y en segunda, en el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Laboral, de esa misma ciudad.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se condenara a la entidad accionada a pagarle por concepto de perjuicios morales la suma de 500 S.M.L.M.V.

Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, reclamó $180’783.841 para resarcir las sumas que dejó de percibir por concepto de salarios, primas, vacaciones, bonificaciones y aportes a pensión, desde la fecha de su retiro y hasta que se produzca el fallo.

1.1. Hechos

La señora Nancy Liliam Martínez de Fajardo laboró en el Instituto de Seguros Sociales (ISS), vinculada a través de contratos de prestación de servicios, desde el 12 de septiembre de 1993 al 30 de junio de 2003; sin embargo, en la realidad se presentaron todos los elementos de una relación laboral ordinaria, por lo cual demandó al ISS, a fin de que le pagaran los derechos que le correspondían.

El proceso se tramitó en primera instancia por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá D.C., que, mediante sentencia del 7 de noviembre de 2006, negó las pretensiones. Apelada esa decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral.

En su providencia, el Tribunal explicó que existió una relación laboral; no obstante, también aclaró que la demanda se instauró bajo el supuesto de un solo contrato de trabajo, y en tanto que, al analizar el fondo del asunto, encontró que se configuraron varios, lo procedente era negar las pretensiones de la demanda. Finalmente, sostuvo que no aplicaría las facultades ultra y extra petita.

A juicio de la demandante, el Tribunal absolvió al ISS “con un argumento que no estuvo en discusión en la demanda, como lo fue los extremos de la relación”. Igualmente, que no aplicó el inciso final del artículo 305 del C.P.C., pues este enseña que: “si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último”.

Expuso que, en todo caso, el Tribunal no podía omitir la aplicación del artículo 1° de la Ley 65 de 1946, según el cual, los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo laborado “continua o discontinuamente”.

El daño antijurídico se causó porque, en forma injusta, la entidad demandada no aplicó las normas sustantivas que regulaban la materia.

2. Trámite de primera instancia

2.1. Admisión de la demanda y notificación

La demanda fue admitida mediante auto proferido el 12 de mayo de 2010, decisión que se le notificó a la entidad demandada y al Ministerio Público.

2.2. Contestación de la demanda

La Rama Judicial indicó que sus actuaciones se soportaron en las normas sustantivas y procesales vigentes; asimismo, propuso las siguientes excepciones:

i) Ausencia de causa petendi para demandar, porque la señora Martínez de Fajardo tenía la carga de la prueba en el proceso laboral y, dentro de este, no demostró, tal y como lo solicitó en la demanda, la existencia de una sola relación laboral, de modo que los jueces laborales debían negarle sus pretensiones, lo cual no comportó una violación al principio de “consonancia” consagrado en el artículo 305 del C.P.C.

ii) Improcedencia de la acción, dado que la sentencia laboral objeto de reproche gozaba del atributo de la cosa juzgada material y, por ende, la parte actora pretendía revivir los términos y las etapas legalmente concluidas.

iii) Caducidad, en tanto que la demanda no se presentó dentro de los dos años de que trataba el artículo 136 del C.C.A.

iv) Cobro de lo no debido, pues la Rama Judicial no le adeudaba ninguna clase de dineros a la demandante.

2.3. Etapa probatoria y alegatos de conclusión

A través de providencia del 29 de septiembre de 2010, el Tribunal a quo decretó las pruebas solicitadas y, una vez vencido el período probatorio, por auto del 8 de febrero de 2012 corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

Las partes, demandante y demandada, guardaron silencio; el Ministerio Público solicitó que se negaran las súplicas de la demanda, porque la sentencia controvertida no incurrió en un error jurisdiccional, en la medida en que en la demanda se pidió que se declarara la existencia de una relación laboral y en el proceso se acreditaron tres, de tal manera que el juez no podía cambiar los extremos temporales de la relación laboral, como tampoco conceder lo no pedido, sin vulnerar el principio de congruencia.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 16 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, negó las pretensiones de la demanda, dado que no evidenció que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. hubiese cometido un error jurisdiccional, pues su decisión se fundó en las normas jurídicas y en las reglas jurisprudenciales vigentes para la época de los hechos; finalmente, porque la señora Martínez de Fajardo, con su demanda de reparación directa y bajo un criterio equívoco, pretendió “revisar en una tercera instancia una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada”.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

1. Recurso de la parte demandante

Indicó que en la demanda laboral alegó la existencia de una sola relación de trabajo y que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. encontró probadas tres, por la cual le negó sus pretensiones, conclusión que dicha instancia no “sustentó en norma legal alguna como era su deber legal”.

Explicó que esa Corporación debió aplicar el artículo 305 del C.P.C., según el cual: “si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último” y, como no lo hizo, su omisión configuró un error jurisdiccional.

Refirió que “si el juez laboral encuentra probados en el proceso hechos diferentes a los pedidos en la demanda, debe fallar sobre aquellos pues así se lo impuso el legislador, y de no hacerlo sencillamente incurre en las vías de hecho como acaeció”.

Alegó que, de conformidad con el artículo 50 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, al Tribunal le asistía la obligación de proferir una sentencia condenatoria con base en las facultades ultra y extra petita.

En último lugar, afirmó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“[C]onsidero que se vulneró el deber de actuar con coherencia, de respetar el derecho a la igualdad, de asegurar la estabilidad del sistema jurídico que es presupuesto de la seguridad jurídica y del respeto a la confianza legítima, y de reducir el ámbito de la discrecionalidad de los jueces, al obligarlos a respetar las reglas jurisprudenciales que han sido acuñadas por las instancias judiciales de máxima jerarquía, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional”

En vista de lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia objeto del recurso de apelación y que se acceda a las pretensiones de la demanda.

2. Trámite de segunda instancia

El 20 de mayo de 2013 se admitió el recurso de apelación y el 14 de junio del mismo año se corrió traslado para alegar de conclusión. La Rama judicial reiteró los argumentos de la contestación del libelo introductorio; el demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

IV. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Competencia de la Sala

A la Sala, en virtud de lo normado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la Corporación, se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad.

2. Oportunidad de la acción

El Código Contencioso Administrativo, en su artículo 136.8 (norma aplicable al asunto en cuestión), consagraba un término de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que en este tipo de procesos “(…) el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el error judicial y que agote la instancia.

Igualmente, que la “ejecutoria se presentaría cuando no procede la casación o cuando, de proceder, no se interpone o se resuelve”.

En este asunto, se demandó a la Rama Judicial por el supuesto error jurisdiccional que habría cometido el Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Laboral, en la sentencia del 30 de marzo de 2007, por medio de la cual confirmó el fallo proferido por el Juzgado Trece Laboral en Descongestión del Circuito de esa misma ciudad, que negó las pretensiones de la demanda.

Cabe anotar que, en contra de esa decisión, la parte demandante interpuso el recurso extraordinario de casación y que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia le informó que debía presentar la respectiva demanda entre el 22 de agosto y el 2 de octubre de 2008, lo que no hizo, por lo que, mediante auto del 15 de octubre de 2008, lo declaró desierto.

En el contexto descrito, la Subsección, a fin de contabilizar la caducidad en el presente caso, tendrá como punto de partida el día siguiente al del vencimiento del término que tenía la señora Martínez de Fajardo para radicar la demanda de casación, esto es, el 3 de octubre de 2008, de modo que el último plazo para ejercer el derecho de acción feneció el 3 de octubre de 2010 y como la demanda se radicó el 13 de abril de 2010, se concluye que fue oportuna.

3. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

3.1. Legitimación en la causa de la demandante

La señora Nancy Liliam Martínez de Fajardo es la demandante en este asunto, en cuanto fue la persona que promovió el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.

Respecto de la legitimación material, encuentra la Sala que, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, está demostrado que la señora Martínez de Fajardo fue la demandante dentro del proceso ordinario laboral en el cual, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Laboral, negó las pretensiones de la demanda al incurrir en un supuesto error jurisdiccional, de suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta Jurisdicción, en este caso, como víctima directa del hipotético daño antijurídico alegado en la demanda.

3.2. Legitimación de la demandada

En el caso bajo estudio, las omisiones invocadas a título de causa petendi en el escrito inicial permiten concluir que la Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva de hecho, pues es a dicha entidad a la que se le imputa el daño objeto de la controversia.

En relación con su legitimación material, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita definir si existió o no una participación efectiva de esa entidad en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.

4. El objeto del recurso de apelación

La señora Nancy Liliam Martínez de Fajardo sostuvo, en suma, que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral, incurrió en un error judicial que le ocasionó un daño antijurídico, porque dentro de la sentencia que profirió, en segunda instancia, a pesar de que encontró configurada una relación laboral, omitió aplicar los artículos 305 del C.P.C. y 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y se abstuvo de condenar al ISS.

Le corresponde a la Sala determinar si en el sub lite se encuentran acreditados los elementos que estructuran la responsabilidad patrimonial del Estado, a saber: i) la existencia de un daño antijurídico; ii) la imputación del daño a la entidad demandada.

5. Estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación formulado por la parte demandante

5.1. Hechos probados

En ese estado de cosas, la Sala procederá, en primer lugar, a relacionar los hechos que se encuentran probados dentro del plenario. Así:
• El 25 de agosto de 2005, la señora Nancy Liliam Martínez de Fajardo radicó una demanda ordinaria laboral en contra del ISS, con la finalidad de que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“[S]e declare que entre el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, y la Doctora Nancy Liliam Martínez de Fajardo existió un contrato de trabajo, en los términos de los artículos 2° y 3° del decreto ley 2127 de 1945, el cual inició el día 12 de septiembre de 1993, y terminó por decisión unilateral de la primera sin justa causa, al decidir no prorrogar la última contratación, el día 30 de junio de 2003 (…)”.

• El trámite le correspondió al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá D.C., que emitió la sentencia de primera instancia el 7 de noviembre de 2006 y negó las pretensiones de la demanda, básicamente, porque no encontró demostrada la existencia de un contrato de trabajo.

• En contra de esa decisión, la parte demandante interpuso el recurso de apelación y, el 30 de marzo de 2007, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral, la confirmó, pues, si bien encontró configurado un contrato de trabajo, al verificar los extremos de la relación laboral concluyó que hubo una solución de continuidad, porque entre algunos contratos se presentaron interrupciones.

En vista de lo anterior, como la demanda se instauró para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo y se acreditaron tres, consideró que las pretensiones debían negarse.

De forma adicional, el Tribunal explicó que no aplicaría las facultades ultra y extra petita, dado que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(…) Era por tanto carga probatoria que le incumbía a la demandada mediante la aportación de las pruebas aptas y conducentes llevar al convencimiento de que su vinculación con la demandante lo fue mediante contrato de prestación de servicios, evento que no tuvo ocurrencia en el sub lite, toda vez, que las pruebas allegadas a juicio determinaron la existencia de la relación laboral.

“No obstante lo anterior fluye del material probatorio que el nexo laboral aquí demostrado tuvo solución de continuidad, en efecto, como se puede colegir de la documental allegada al expediente que aquel se verificó en tres oportunidades así: del 13 de marzo de 1994 al 30 de noviembre 2002, del 16 de abril de 2003 al 30 de junio de 2003 y del 1 al 28 de febrero de 2004.

“En este orden de ideas y como quiera que la parte demandante a quien le correspondía la carga de la prueba no demostró la existencia de una sola relación laboral como lo pregonó en la demanda, sino todo lo contrario, se constató que entre las partes contendientes de la litis se verificó varias relaciones laborales entre los que medio un lapso de tiempo, las pretensiones deprecadas están llamadas a no prosperar, por cuanto las mismas se fundamentaron en una unidad laboral, es decir, en un solo vínculo laboral siendo prohibido en esta instancia entrar a estudiar dichas pretensiones, en relación a cada una de ellas por carecer la Corporación de las facultades de poder corregir, enmendar o aclarar los hechos de la demanda, ni constituir ello, facultades ultra y extra petita en los términos del artículo 50 del CPL y SS, que es bueno señalar, carece este Tribunal en esta instancia (…)”.

5.2. El daño antijurídico

El primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad Estatal es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, dado que constituye un elemento necesario de la responsabilidad, toda vez que, como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala “sin daño no hay responsabilidad” y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado. En este sentido la Sala ha discurrido así:

“[P]orque a términos del art. 90 de la Constitución Política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona de derecho público.

“La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión”.

En época más reciente, sobre el mismo aspecto se señaló:

“Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño, puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.

“En efecto, en sentencias proferidas (…) se ha señalado tal circunstancia precisándose (…) que ‘es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…’ y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”.

En este asunto, la parte actora manifestó que el daño antijurídico le fue ocasionado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral, dado que, mediante sentencia de segunda instancia del 30 de marzo de 2007, encontró demostrada la existencia de una relación laboral entre la señora Nancy Liliam Martínez de Fajardo y el ISS; sin embargo, no aplicó las normas sustantivas a las que se encontraba obligado (artículos 305 del C.P.C. y 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social), por lo cual negó, injustamente, las pretensiones de la demanda.

El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño es antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo, “Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos”.; ii) que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura.

En ese estado de cosas, se debe indicar que los argumentos de la sentencia del 30 de marzo de 2007, que supuestamente contiene el error judicial, se pueden sintetizar así: i) en el proceso se demostró la existencia de una relación laboral entre el ISS y la señora Martínez de Fajardo; ii) como en la demanda se solicitó que se declarara la existencia de un solo contrato de trabajo, era necesario verificar los extremos de la relación laboral; iii) al examinar los contratos de trabajo se encontró que se presentaron interrupciones, lo que llevó a concluir que existió una solución de continuidad, es decir, que la relación laboral se interrumpió; igualmente, que en la práctica surgieron tres y no un solo contrato de trabajo; iv) el juez laboral no tenía facultades para corregir, enmendar o aclarar los hechos de la demanda; v) por esos motivos se negaron las pretensiones de la demanda y, adicionalmente, no se aplicaron las denominadas facultades ultra y extra petita.

En ese contexto, la Sala advierte que la demandante padeció un daño, porque si bien es cierto que logró demostrar la existencia de una relación de trabajo con el ISS, el Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Laboral, le negó las pretensiones de su demanda; aunque, con todo y lo anterior, ese daño no tiene la connotación de antijurídico y, por tanto, no es indemnizable, por las razones que se pasan a exponer.

De conformidad con la jurisprudencia de la Sección, en algunas oportunidades el juez dispone de una “única decisión correcta” para resolver el asunto sometido a su conocimiento; no obstante, en otros escenarios, pueden existir distintas decisiones razonables, de manera que, en este tipo de casos, solamente existirá responsabilidad del Estado cuando las providencias carecen de una justificación o argumentación coherente, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad (se transcribe de forma literal):

“[E]n torno a la responsabilidad directa del Estado por el hecho de los jueces, debe partir del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible identificar una única respuesta o solución correcta. De hecho, el denominado ‘principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa’ de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables ⎯en cuanto correctamente justificadas⎯ pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento ⎯una justificación o argumentación jurídicamente atendible⎯ pueden considerarse incursas en error judicial.

“(…)

“Por tanto, sólo las decisiones judiciales que –sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales- resulten contrarias a Derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional (…)” (se destaca).

Bajo esa perspectiva, se destaca que la providencia que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral, emitió el 30 de marzo de 2007, atendió a una interpretación razonable que, además, estuvo en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que era su superior jerárquico y tribunal de cierre.

En efecto, de conformidad con los incisos primero y segundo del artículo 305 del C.P.C: i) la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda; y ii) no podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta.

Así las cosas, por el hecho de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral, no hubiese condenado al ISS, tras encontrar la existencia de tres contratos de trabajo, y no solo de uno como se expuso en la demanda, no significa que haya omitido aplicar el artículo en estudio, pues este, de entrada, le ordenaba emitir sentencia con base en lo pretendido en el libelo introductorio.

No se puede perder de vista que el inciso tercero de la norma en análisis establece que: “si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último”; no obstante, la Corte Suprema de Justicia, en asuntos de similares connotaciones al que la Sala examina, explicó que la lectura y aplicación que del artículo 305 del C.P.C. realizaron los jueces de instancia no era contraria a derecho (se transcribe de forma literal):

“El fundamento de la decisión recurrida estribó, esencialmente, en que, como en el proceso aparecían demostradas varias relaciones laborales entre las partes, puesto que hubo una solución de continuidad entre las órdenes de trabajo Nros. 5630 y 5-6528 que comprendió el tiempo transcurrido entre el 19 de enero y el 1 de abril de 1997, no se podía resolver sobre ellas sin atentar contra el principio de congruencia, toda vez que en la demanda se fincaron las pretensiones en una sola que se desarrolló entre el 17 de noviembre de 1996 y el 31 de agosto de 1997.

“Cuestiona el censor la anterior inferencia del Tribunal (…) arguye, los salarios y primas se solicitaron independientemente de los extremos temporales o de una sola relación laboral, pues, dice, bastaba que para los meses en cuestión o el respectivo semestre se hubiere laborado, o que, en el caso de la cesantía, intereses y vacaciones, al haberse pedido por todo el tiempo laborado, bastaba que se condenara por el que se hubiere demostrado (…).

“No obstante, si observamos el hecho primero de la pieza procesal cuya apreciación se cuestiona, allí se manifiesta que el demandante prestó sus servicios a la demandada desde el 17 de noviembre de 1996 y el 31 de agosto de 1997, “…en forma continua e ininterrumpida… bajo la misma modalidad de contrato de prestación de servicios en la oficina de Autorizaciones de Servicios Médicos, cuando en realidad se trató de un contrato ficto de trabajo.”

“Igualmente, en sus hechos tercero, sexto y noveno, se refiere el actor en singular a la relación o contrato de trabajo, por lo que no aparece que el Tribunal hubiere incurrido en un yerro con el carácter de evidente, al interpretar que las pretensiones de la demanda inicial del proceso estaban ancladas sobre un solo acuerdo y no varios como se demostró.

“Así en dicho documento no se hubieren condicionado expresamente las pretensiones a una determinada duración de la relación laboral, como se increpa en el yerro segundo de la acusación, lo cierto es que lo que aparece en los hechos que las sustentan, es que no se adujo como causa petendi de aquellas, o al menos así no aparece con suficiente claridad, que hubieren sido varias las relaciones de trabajo, sino que siempre se habló en singular, por lo que cabía pensar, con suficiente racionabilidad que se trataba de una sola la que se invocaba, que fue a la postre lo que condujo al Tribunal a considerar (…) que no se podía pronunciar sobre todas ellas sin entrar en choque con el principio de congruencia.

“No estando demostrado el yerro del Tribunal en cuanto a que las pretensiones de la demanda no estaban ancladas a una sola prestación del servicio, no son atendibles los cuestionamientos de la censura respecto a que las pretensiones no se supeditaban a que se hubieren demostrado los extremos temporales de la prestación del servicio aducidos (…)” (se destaca).

De conformidad con lo anterior, se tiene que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, no desconoció el alcance del artículo 305 del C.P.C., pues en congruencia con lo que consideró probado, sin exceder lo solicitado en la demanda y en atención a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, negó las pretensiones de la demandante, dado que encontró que lo demostrado en el expediente laboral era distinto a lo pedido, lo cual tampoco se ajustaba a las facultades ultra y extra petita del juez laboral que, en todo caso, son discrecionales, como así lo prescribe el artículo 50 del Código Procesal Laboral, según el cual “el juez podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos (…)”.

Frente a estas facultades, la Corte Constitucional indicó en la sentencia C-662 del 12 de noviembre de 1998 (se transcribe de forma literal):

“Finalmente, en relación con el cargo formulado por el demandante acerca del reconocimiento de la facultad del juez laboral para emitir un fallo extra o ultra petita, con carácter facultativo y discrecional y no obligatorio, a través de la expresión ‘podrá’, contenida en el acusado artículo 50 del Código de Procedimiento Laboral, la Sala observa que dicha potestad así establecida no contradice el ordenamiento superior vigente (…).

“De esta forma, la mencionada atribución definida en la forma de criterio optativo por parte de la autoridad judicial, resulta de la facultad constitucional que tiene el legislador para regular el ejercicio de la función pública de administrar justicia (…).

“En consecuencia, los jueces laborales de única instancia en adelante están facultados para emitir fallos con alcances extra o ultra petita, potestad que se ejerce en forma discrecional (…)” (se destaca).

De ahí que si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, encontró la prueba de tres relaciones laborales de la hoy demandante con el ISS, no por ello se encontraba obligado a reconocer todas y cada una de ellas, o solo la última, como lo señaló la apelante.

Por último, cabe anotar que, en casos como el examinado, una providencia no puede considerarse, per se, contentiva de un daño antijurídico, por el hecho de negar las pretensiones de quien demanda, porque el derecho de iniciar un proceso y promover un pronunciamiento judicial no implica necesariamente que la decisión que corresponda deba ser favorable a sus pretensiones, como tampoco pueden convertirse las demandas por error jurisdiccional en una tercera instancia para insistir en las peticiones elevadas dentro de un proceso ya concluido.
Así ha discurrido la Subsección (se transcribe de forma literal):

“Es oportuno precisar que cuando un ciudadano acude a la Administración de Justicia para que por intermedio de los jueces de la República se decida una controversia, está expuesto a que la decisión que dirima el litigio le sea favorable o desfavorable a sus pretensiones, porque el derecho de iniciar un proceso y promover un pronunciamiento judicial no conlleva, en sí mismo, que la decisión que corresponda necesariamente debe ser positiva en relación con sus intereses”.

De todo lo planteado, se concluye que la demandante no sufrió un daño antijurídico, en tanto que el Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Laboral, le negó las pretensiones de su demanda ordinaria laboral, porque la providencia cuestionada, de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Corporación, no incurrió en un error jurisdiccional, por ende, se impone la necesidad de confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones aquí expuestas.

6. Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, esta es, la proferida el 16 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folios 19 y 20 del cuaderno 1. De conformidad con el poder obrante en el folio 1 del cuaderno 1. Folios 22 a 26 del cuaderno 1. Folio 28 del cuaderno 1. Folio 26 vuelto del cuaderno 1. Folios 29 a 37 del cuaderno 1. Folios 42 a 43 del cuaderno 1. Folio 83 del cuaderno 1. Folios 84 a 98 del cuaderno 1. Folios 101 a 105 del cuaderno de segunda instancia. Folios 107 a 111 del cuaderno de segunda instancia. Folios 118 a 121 del cuaderno de segunda instancia. Folio 123 del cuaderno de segunda instancia. Folios 124 a 127 del cuaderno de segunda instancia. Acuerdo 58 de 1999, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado y modificado por los siguientes Acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015; ix) 306 de 2015 y x) 269 A de 2017. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(…) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, radicación número: 08001-23-31-000-2009-00193-01(38833) del 26 de noviembre de 2015, reiterada en sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicación: 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435), 30 de agosto de 2017, entre muchas otras. Al respecto consultar las siguientes decisiones: i) sentencia del 30 de agosto de 2017, radicado: 50001-23-31-000-2005-00274-01 (39435); ii) sentencia del 13 de junio de 2016, radicado: 76001-23-31-000-2004-04636-01(37392); iii) sentencia del 24 de octubre de 2016, radicado: 25000-23-26-000-2006-00818-01(38159); iv) sentencia del 22 de febrero de 2017, radicado: 05001-23-33-000-2016-01685-01(58052); estas dos últimas con ponencia del Magistrado Hernán Andrade Rincón, entre muchas otras. Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, expediente 17493, M.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez; Subsecciones A y C, auto del 9 de mayo de 2011, expediente 40.196, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 27 de enero de 2012, exp. 22.205, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; autos del 1 de febrero de 2012, expediente 41.660, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; 21 de noviembre de 2012, expediente 45.094, y del 14 de agosto de 2013, expediente 46.124, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”. Al respecto, consultar las siguientes decisiones de la Subsección: i) sentencia del 1 de octubre de 2018, expediente No 25000-23-26-000-2010-00442-01 (47672); y ii) auto del 31 de enero de 2019, expediente No. 81001-23-33-003-2017-0023-01 (61.265). Folios 293 a 304 del cuaderno de pruebas 3. Folio 305 del cuaderno de pruebas 3. Folios 7 y 8 del cuaderno de pruebas 5. Folios 19 y 20 del cuaderno 1. Se advierte que, según lo certificó la Procuraduría General de la Nación, la parte actora agotó el trámite de la conciliación extrajudicial; la solicitud respectiva se radicó el 9 de junio de 2009 y la constancia de no acuerdo se expidió el 28 de agosto del mismo año; durante el lapso descrito, el termino de caducidad se interrumpió (folio 16 del cuaderno de pruebas 2). Folio 29 del cuaderno de pruebas 3. Folio 17 del cuaderno de pruebas 3. Folios 29 y 30 del cuaderno de pruebas 3. Folios 270 a 278 del cuaderno de pruebas 3. Folios 279 a 287 del cuaderno de pruebas 3. Folios 293 a 304 del cuaderno de pruebas 3. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.516 MP. Enrique Gil Botero y del 6 de junio de 2012, exp. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, entre otras.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, exp. 28.389, M.P. Hernán Andrade Rincón. La Subsección, de forma pacífica, ha reiterado el criterio antes expuesto. Al respecto se pueden consultar las siguientes decisiones: i) radicado No 38.824 del 10 de noviembre de 2017; ii) radicado No 50.451 del 10 de noviembre de 2017; iii) radicado No 42.121 del 23 de octubre de 2017; iv) radicado No 44.260 del 14 de septiembre de 2017; v) radicado No 43.447 del 19 de julio de 2017; vi) radicado No 39.321 del 26 de abril de 2017, entre otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.516 MP. Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del expediente No. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, expediente No 32.985B, entre otras. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, expediente: 14837 y 23 de abril de 2008, expediente: 16271. Reiterada por la Subsección A, en sentencia del 1 de marzo de 2018, expediente 52.097, y por la Subsección C, en sentencia del 7 de mayo de 2018, expediente 40.610. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007; expediente No.15.576. Reiterada por la Subsección A en sentencia del 13 de mayo de 2015, expediente No: 33.911. M.P. Hernán Andrade Rincón. Sentencia de la Sala de Casación Laboral del 10 de julio de 2007, radicado No 28610. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Postura que fue reiterada en las siguientes decisiones de esa misma Corporación, Sala de Casación Laboral: i) expediente No 36757.M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez, 29 de junio de 2010; ii) expediente No 37556. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez, 24 de agosto de 2010; iii) radicación No 38700. M.P. Luis Javier Osorio López, 7 de julio de 2010; iv) radicación No 42597.M.P.Jorge Mauricio Burgos Ruiz, 6 de septiembre de 2012. M.P. Hernando Herrera Vergara. Este criterio se ha sostenido por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, al precisar que “como lo dijo la Sala en la sentencia del 9 de febrero de 2010, Rad. 32514, ‘(…) el ejercicio de las facultades extra y ultra petita es discrecional, y no obligatorio, tal como expresamente se consagra en el artículo 50 del CPTSS: El juez (…) podrá (…)’” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 21 de agosto de 2013, expediente 43673, MP: Rigoberto Echeverry Bueno). Esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene -ni puede tener- la vocación de constituirse en una instancia adicional a las tramitadas dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la producción de un daño antijurídico. Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de esta Subsección: sentencia de 17 de noviembre de 2011, exp. 250002326000 1997 05238 01 (22982); sentencia de 6 de junio de 2012, exp. 250002326000 1997 15324 01 (24.690); sentencia de 27 de junio de 2013, exp. 250002326000 2001 02345 01 (28.189); sentencia de 29 de enero de 2014, exp. 250002326000 2000 02527 01 (28.215); sentencia de 12 de febrero de 2014, exp. 250002326000 2001 00349 02 (28.428); sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 250002326000 2001 02368 01 (29.540); sentencia de 1 de octubre de 2014, exp. 250002326000 2000 01292 01 (27.862); sentencia de 12 de febrero de 2015, exp 250002326000 2000 02235 02 (28.482), todas con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón.

Reiteradas por la Subsección en sentencia del 23 de octubre de 2017, expediente No 25000-23-26-000-2009-01042-01(49493).

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