Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-36-000-2023-00067-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-36-000-2023-00067-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-36-000-2023-00067-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
14 de febrero de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, catorce (14) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-36-000-2023-00067-01
Actor: JOHAN SEBASTIÁN MONTOYA ARANGO
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Acción: HABEAS CORPUS
Asunto: APELACIÓN DE FALLO
Síntesis del caso: el señor Johan Sebastián Montoya Arango se encuentra vinculado a un
trámite de extradición ante la Fiscalía General de la Nación frente al cual considera que se
configura la causal de libertad de que trata el artículo 511 de la Ley 906 de 2004, por el
hecho de haber trascurrido más de treinta (30) días dese la fecha en la cual fue dejado a
disposición del Estado recurrente para su correspondiente traslado. La Sala unitaria
confirma el fallo de primera instancia que declaró improcedente la acción constitucional
ejercida.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1095 de 2006 decide el
despacho en Sala Unitaria de Decisión la impugnación formulada por la parte actora
contra la providencia proferida el 9 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, Sala Unitaria de Decisión del
magistrado Henry Aldemar Barreto Mogollón mediante la cual se declaró
improcedente la solicitud de habeas corpus formulada por el señor Johan Sebastián
Montoya Arango a través de apoderada judicial.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de habeas corpus
Mediante escrito radicado el 8 de febrero de 2023, el señor Johan Sebastián
Montoya Arango en ejercicio de la acción constitucional de habeas corpus solicitó
“se sirva ordenar la LIBERTAD INMEDIATA (…) por encontrarse vencido el
término de los treinta (30) días que consagra el artículo 511 de la Ley 906 de
2004” (SAMAI, índice 2, expediente electrónico – mayúsculas sostenidas y negrillas
del original).
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Expediente 25000-23-36-000-2023-00067-01
Actor: Johan Sebastián Montoya Arango
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
2. Los fundamentos de la solicitud de habeas corpus
Como sustento fáctico de la petición la parte actora narró, en síntesis, lo siguiente:
1) El demandante Johan Sebastián Montoya Arango enfrenta un proceso penal por
el delito de tráfico de estupefacientes que se tramita ante el Juzgado Séptimo Penal
del Circuito de Palmira, identificado con el radicado no. 11001-60-00-000-2021-
01196-00, en el cual fue condenado a una pena de prisión de cinco años, la cual se
encuentra cumpliendo en la actualidad.
2) A través de Notal Verbal no. 0342 del 26 de febrero de 2021, el Gobierno de los
Estados Unidos de América solicitó a dicha persona en extradición con el fin de que
comparezca a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito
Norte de Georgia (Atlanta) por dos cargos relacionados con el delito de narcotráfico
con ocasión de una decisión emitida el 20 de marzo de 2018, en la actualidad el
procesado se encuentra privado de la libertad en el Complejo Carcelario y
Penitenciario “La Picota” de Bogotá DC, en el pabellón de extraditables.
3) El 27 de noviembre de 2019, el demandante fue objeto de un atentado terrorista
en el cual fue herido con un arma de fuego en la cabeza y en el cuello, por esta
razón fue gravemente afectada su salud, al punto que se mantuvo hospitalizado
hasta el 14 de enero de 2020 y sufrió una pérdida de capacidad laboral del 64.11%.
4) La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal emitió concepto favorable
para la extradición y remitió el asunto al Ministerio de Justicia y el Derecho para que
el Gobierno Nacional avalara la decisión; en consecuencia, el 2 de septiembre de
2022 el ente ministerial emitió la Resolución no. 191 que aprobó la extradición y
avaló el concepto favorable de dicha Corte, decisión frente a la cual el demandante
interpuso recurso de reposición que fue resuelto a través de la Resolución no. 281
del 22 de noviembre de 2022, en el sentido de adicionar ordinal tercero para efectos
de garantizarle al ciudadano la prestación del servicio médico que requiere.
5) El 5 de enero de 2023 el demandante radicó, vía de correo electrónico, una
solicitud de libertad por vencimiento de términos ante la Fiscalía General de la
Nación con sustento en el artículo 511 de la Ley 906 de 2004, según el cual si
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Actor: Johan Sebastián Montoya Arango
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
trascurrido el término de treinta (30) días desde cuando el extraditable fue puesto a
disposición del Estado requirente este no procede a su traslado, la persona
reclamada debe ser puesta en libertad, esta solicitud no ha sido resuelta hasta la
fecha por parte del ente instructor de manera que la libertad del demandante se está
prolongando ilegalmente.
6) De otra parte, al demandado no se le está brindado la atención médica adecuada
y no se ha accedido a sus solicitudes de traslado para las citas médicas que se
programan ante los especialistas que deben atender y controlar su enfermedad,
pese a que se amparó su derecho a la salud a través de sentencia de tutela.
3. La actuación procesal
Las diligencias procesales adelantadas en el presente asunto fueron las siguientes:
1) Surtido el respectivo reparto, correspondió el conocimiento de la acción de la
referencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B que, en Sala Unitaria presidida por el magistrado Henry Aldemar
Barreto Mogollón la admitió en primera instancia a través de auto de 8 de febrero
de 20231, según lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1095 de 2006.
En esa misma providencia ordenó comunicar la decisión a la Fiscalía General de la
Nación, al Complejo Carcelario y Penitenciario “La Picota” de Bogotá DC y al
Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Palmira (Valle del Cauca) para que, a la
mayor brevedad posible, rindieran un informe sobre los hechos que dieron lugar al
ejercicio de la acción constitucional.
2) En cumplimiento de la orden de que trata el numeral anterior, Juzgado Séptimo
Penal del Circuito de Palmira2, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía
General de la Nación3 y el INPEC4 allegaron los informes requeridos.
3) En proveído de 9 de febrero de 2022 fue resuelta la solicitud de habeas corpus
en la primera instancia el sentido de declarar improcedente la acción5.
1 SAMAI, índice 2, archivo digital 8 del expediente electrónico.
2 SAMAI, índice 2, archivo digital 35 del expediente electrónico.
3 SAMAI, índice 2, archivo digital 29 del expediente electrónico.
4 SAMAI, índice 2, archivo digital 28 del expediente electrónico.
5 SAMAI, índice 2, archivo digital 21 del expediente electrónico.
4
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Actor: Johan Sebastián Montoya Arango
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
4) La anterior providencia le fue notificada al actor6, quien interpuso recurso de
apelación7 el cual fue concedido por el a quo en auto de 10 de febrero de 20238.
4. La providencia impugnada
Mediante la decisión impugnada se declaró improcedente la petición de habeas
corpus elevada por el actor con sustento en las siguientes consideraciones:
1) De las respuesta dadas por las autoridades judiciales y por el INPEC se concluye
que el señor Johan Sebastián Montoya Arango tiene un requerimiento de extradición
vigente y según el estado actual del trámite, el 8 de febrero de 2023 fue puesto a
disposición de la Embajada de los Estados Unidos de América para que se efectúe
el traslado en el término de treinta (30) días previsto en el artículo 511 de la Ley 908
de 2004, de manera que no es cierto que para a la fecha de interposición de la
acción exista un vencimiento de términos dentro del proceso de extradición.
2) Por otro lado, contra el actor figura una condena penal que no ha sido cumplida
ni respecto de ella figura boleta de libertad alguna que haya dejado sin efectos la
orden de encarcelación.
3) No se probó que el accionante haya presentado solicitud de libertad ante el juez
natural competente, de manera que no es aceptable que pretenda utilizar esta vía
judicial para desconocer la competencia de la autoridad ante la cual se tramita el
proceso penal ya que de este modo se impone al juez constitucional una carga que
no le concierne.
4) No se advierte en asunto de la referencia ninguna de las causales por los cuales
se entiende la existencia de una prolongación ilícita de la libertad9, por las siguientes
6
SAMAI, índice 2, archivo digital 17 del expediente electrónico.
7 SAMAI, índice 2, archivo digital 19 del expediente electrónico.
8
SAMAI, índice 2, archivo digital 9 del expediente electrónico.
9 Explica la decisión de primera instancia que, según la sentencia C-187 de 2006 de la Corte
Constitucional esos eventos son los siguientes “1)cuando existe captura en flagrancia y la persona
no se pone a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes; 2)
cuando la autoridad pública mantenga privada de la libertad a una persona después de que se ha
ordenado legalmente por la autoridad judicial que le sea concedida la libertad; 3) cuando la propia
autoridad judicial extiende la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley,
u omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional formulada por quien
tiene derecho; y 4) cuando se pide la libertad en el trámite del proceso penal y la respuesta se
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Actor: Johan Sebastián Montoya Arango
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razones: (i) el demandante fue aprehendido en virtud de una orden de captura
emitida el 1 de marzo de 2021 por el Fiscal General de la Nación con fines de
extradición, en atención a una circular roja de INTERPOL publicada del 10 de
noviembre de 2020 por solicitud de los Estados Unidos de América y la orden de
una Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia (Atlanta);
(ii) en el proceso penal en el cual se dictó sentencia condenatoria en su contra no
existe orden de concederle la libertad; (iii) no es cierto que se haya extendido de
manera ilegal la detención y, (iv) no existe prueba de que Johan Sebastián Montoya
Arango haya presentado en el proceso penal una petición de libertad.
5) Conforme a los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia, desde el
momento en el cual se impone una medida restrictiva de la libertad todas las
peticiones que tengan relación con ese derecho del procesado se deben presentar
en el respectivo proceso penal, no mediante el mecanismo constitucional de habeas
corpus, pues, a través de este instrumento judicial no es posible desplazar al juez
natural10.
5. El recurso de apelación
Inconforme con la anterior decisión el actor la impugnó con el fin de que sea
revocada y, en su lugar, se decrete su libertad inmediata, en apoyo de lo cual
expresó los argumentos que a continuación se exponen:
1) La decisión apelada deviene ilegítima, si bien la competente para resolver las
peticiones de libertad es la autoridad penal, este condicionamiento opera siempre y
cuando no se trate de una vía de hecho la cual ocurre en el presente caso pues, las
correspondientes solicitudes y recursos formulados para obtener la libertad han sido
ineficaces.
2) En ese orden de ideas, está acreditado que la Resolución no. 281 del 28 de
noviembre de 2022 emitida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que resolvió
el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución no. 191 del 2 de
septiembre de 2022 que accedió a la extradición y entrega del demandante al
materializa en una vía de hecho cuyos efectos negativos demandan remedio inmediato.” (SAMAI,
índice 2, archivo digital 21 del expediente electrónico, página 12).
10
SAMAI, índice 2, archivo digital 21 del expediente electrónico.
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Estado requirente, cobró firmeza en aquella fecha (28 de noviembre de 2022), en
consecuencia, el término de los treinta (30) días previstos en el artículo 511 de la
Ley 906 de 2004 se encuentra superado ampliamente.
3) La primera instancia contó el término de treinta (30) días de manera equivocada,
es decir, a partir del 8 de febrero de 2023 cuando la Dirección de Asuntos
Internacionales de la Fiscalía General de la Nación expresó que dejaba a
disposición de la Embajada de los Estados Unidos de América al ciudadano Johan
Sebastián Montoya, sin embargo, esa forma de contabilización del referido lapso
desconoce que la situación de extradición del demandante quedó resuelta desde la
expedición de la Resolución no. 281 del 28 de noviembre de 2022 del Ministerio de
Justicia y del Derecho, lo cual implica que el tribunal creó un condicionamiento que
el aludido artículo 511 de la Ley 906 de 2004 no contempla, máxime cuando por
virtud del artículo 87 del CPACA el referido acto administrativo es de cumplimiento
inmediato por no proceder contra este ningún otro recurso.
4) Además, sí se presentó una solicitud de libertad ante la Fiscalía General de la
Nación quien, mediante Resolución del 19 de enero de 2013, manifestó que el acto
administrativo expedido por el Ministerio de Justicia y el Derecho no puede
entenderse como un acto de puesta a disposición para la entrega, decisión contra
la que, al parecer, no cabía ningún recurso porque en la misma no se indicó nada
al respecto.
5) En esos términos, si bien existe un proceso de extradición vigente, los recursos
y mecanismos para reclamar la libertad resultaron ineficaces, dada la negativa del
ente accionado para darle trámite a la solicitud de libertad con sustento en un
argumento que resulta inconstitucional e ilegal11.
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios de la acción constitucional, sin que exista causal
alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede el despacho a resolver el asunto
sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) contenido y regulación del
habeas corpus y 2) el caso objeto de decisión.
11 SAMAI, índice 2, archivo digital 19 del expediente electrónico.
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1. Contenido y regulación del habeas corpus
Respecto del contenido, naturaleza jurídica y regulación del habeas corpus, es
pertinente precisar lo siguiente:
1) El constituyente de 1991 instituyó el habeas corpus como derecho constitucional
fundamental en el artículo 30 de la Constitución Política en los siguientes términos:
“Artículo 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo
ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en
todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual
debe resolverse en el término de treinta y seis (36) horas”.
2) Esa elevada garantía fue reglamentada por la Ley 1095 de 2006 la que en el
artículo 1° le otorgó la doble connotación de “derecho fundamental y de acción
constitucional de amparo de la libertad personal” aspecto este que, según la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular por lo expuesto en la
sentencia C-187 de 2006, la circunstancia de considerarse que el habeas corpus es
una acción en modo alguno le quita la naturaleza de derecho constitucional
fundamental, el cual precisamente se materializa a través del ejercicio de la acción.
En esa perspectiva el habeas corpus es entonces un derecho constitucional
fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal
cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías
constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente y que, únicamente
puede incoarse por una sola vez y para su decisión se debe aplicar el principio pro
homine.
3) De lo anterior se establece que las causales para invocar la solicitud de habeas
corpus se concretan en dos: a) la violación de las garantías constitucionales y, b) la
privación ilegal de la libertad o su ilegal prolongación, aspecto esto sobre el cual,
con ocasión de analizar la exequibilidad de la Ley 1095 del 2006, en la sentencia C-
187 de ese mismo año la Corte Constitucional precisó lo siguiente: “Se trata de
hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la protección del derecho a la
libertad personal frente a una variedad impredecible de hechos. La lectura conjunta
de los artículos 28 y 30 de la Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y
judicial para autorizar la privación de la libertad de la persona, más aún si se
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considera que ésta constituye un presupuesto para el ejercicio de otras libertades y
derechos”.
4) En ese marco legal y jurisprudencial se advierte que el habeas corpus procede
cuando hay una privación ilegal de la libertad y el afectado no cuenta con un
mecanismo procesal eficiente para la protección de su derecho.
2. El caso objeto de decisión
1) En el presente asunto, la razón sustancial en la que se apoya el recurso de
apelación contra la negación de la petición de habeas corpus elevada por el señor
Johan Sebastián Montoya Arango, se centra en el hecho de que el tribunal de
primera instancia consideró que hasta el momento no han transcurrido los treinta
(30) días a los que se refiere el artículo 511 de la Ley 906 de 2004 para que se
efectúe su traslado a los Estados Unidos de América ya que, la puesta a disposición
de ese Gobierno se realizó el 8 de febrero de 2013; el demandante aduce que ese
término de treinta (30) días ya trascurrió, por razón de que debe contarse desde la
fecha en la cual se profirió la Resolución no. 281 del 22 de noviembre de 2022 por
parte del Ministerio de Justicia y el Derecho, con la cual quedó en firme la decisión
de aprobar la correspondiente extradición y avalar el concepto favorable emitido por
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
2) En orden a esclarecer las causas que motivan al demandante a solicitar su
libertad inmediata y determinar el mérito de la petición, de conformidad con los
elementos de convicción allegados al proceso es necesario aludir a los siguientes
hechos relevantes que se encuentran debidamente acreditados:
a) El 10 de noviembre de 2020, la INTERPOL publicó una circular roja en contra
del señor Johan Sebastián Montoya Arango por solicitud de los Estados Unidos de
América, por cuanto esta persona es requerida por la Corte Distrital de los Estados
Unidos para el Distrito Norte de Georgia (Atlanta) con el fin de que comparezca a
juicio por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir en el caso
no. 1:18-CR-8612.
12 SAMAI, índice 2, archivo digital no. 34 del expediente electrónico, páginas 10 a 13.
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b) Con ocasión de lo anterior, el señor Johan Sebastián Montoya Arango fue
capturado en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) el 22 de febrero de 2021 por parte
de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional y, en esa
misma fecha, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación13, de
manera que el 1 de marzo de 2021 el Fiscal General de la Nación ordenó la captura
con fines de extradición debido a que se cumplieron los requisitos previstos en el
artículo 509 de la Ley 906 de 200414 para el efecto.
c) El 21 de abril de 2021, la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de oficio no. S-DIAJI-21-008658,
remitió la Nota Verbal no. 0653 del 21 de abril de 2021 con destino al Director de
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación por medio de la cual la
Embajada de los Estados Unidos de América formalizó el pedido de extradición15.
d) El 27 de julio de 2022, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal
emitió concepto favorable respecto de la solicitud de extradición realizada en
relación con el señor Johan Sebastián Montoya Arango16.
e) El 2 de septiembre de 2022, a través de la Resolución no. 191, el Ministerio de
Justicia y del Derecho concedió la extradición y ordenó la entrega del aquí
demandante al Estado requirente, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la extradición del ciudadano
colombiano JOHAN SEBASTIÁN MONTOYA ARANGO (…) para que
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de
América (…).
ARTÍCULO SEGUNDO: No diferir la entrega del ciudadano JOHAN
SEBASTÍAN MONTOYA ARANGO por cuenta de la condena
impuesta en Colombia el 26 de julio de 2022 dentro del proceso penal
No. 110016000000202101196 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Palmira, Valle del Cauca, y por el
contrario, ordenará que se lleve a cabo la misma, previo el
cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos
en el presente acto administrativo, con la advertencia a Estado
requirente de que, cumplida una eventual condena por los hechos por los
que se concede la extradición o cuando de algún modo cese el motivo de
detención en ese país, el ciudadano requerido deberá retornar a
Colombia para cumplir la condena como autor del delito de tráfico,
13 SAMAI, índice 2, archivo digital no. 34 del expediente electrónico, páginas 4 a 6.
14 SAMAI, índic2 2, archivo digital no. 34 del expediente electrónico, páginas 38 a 42.
15 SAMAI, índice 2, archivo digital no. 32 del expediente electrónico, páginas 1 a 4.
16 SAMAI, índice 2, archivo digital no. 31 del expediente electrónico, páginas 2 a 37.
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Acción de habeas corpus - Apelación fallo
fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de transportar, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la entrega del ciudadano JOHAN
SEBASTÍAN MONTOYA ARANGO al Estado requirente bajo el
compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el
inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que
el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a
penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de
Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelantes
las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición del
Estado requirente de la persona reclamada.” (SAMAI, índice 2, archivo
digital no. 37 del expediente digital, página 88 – negrillas adicionales).
f) La anterior decisión fue recurrida por el aquí demandante y confirmada en la gran
mayoría de su contenido por la Resolución no. 281 del 28 de noviembre de 2022
del Ministerio de Justicia y del Derecho, solo que por su condición especial de salud
adicionó el ordinal tercero de la parte resolutiva “en el sentido de que la entrega de
este ciudadano también quedará condicionada a que el Estado requirente ofrezca
un compromiso formal en el que se asegura, por vía diplomática, que al señor
MONTOYA ARANGO se le prestará el cuidado médico adecuado durante el tiempo
de detención en los Estados Unidos de América.”17.
g) El 11 de enero de 2023, la Embajada de los Estados Unidos de América le solicitó
a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación que
ordenara practicar una evaluación médico legal de la condición del procesado, de
modo que el 13 de enero de 2023 esta última autoridad le pidió al Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses que realizara una valoración médica al
señor Johan Sebastián Montoya Arango con el objeto de verificar si podía ser
trasladado por vía aérea sin poner en riesgo su vida18.
h) En obedecimiento de lo anterior, el 18 de enero de 2023 el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió el dictamen no. UBBOGSE-DRBO-
00457 en el cual expresó “en cuanto al traslado por vía aérea no presenta
contraindicación médica, debe suministrarse la medicación base (…).”19.
17 SAMAI, índice 2, archivo digital no. 37 del expediente digital, página 102.
18 SAMAI, índice 2, archivo digital no. 30 del expediente digital, página 2.
19 SAMAI, índice 2, archivo digital no. 30 del expediente digital, página 9.
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i) El 7 de febrero de 2023, el Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de
Justicia y del Derecho, mediante oficio no. MJD-OFI23-0003803-GEX-10100,
solicitó a la Fiscalía dejar a disposición de los Estados Unidos de América al
ciudadano Johan Sebastián Montoya Arango20, con fundamento en que el Gobierno
de los Estados Unidos había manifestado expresamente su compromiso sobre los
condicionamientos impuestos por el Gobierno Nacional mediante comunicado del
6 de febrero de 202321.
j) Con ocasión de lo anterior, mediante comunicación no. 20231700008671 del 8
de febrero de 2023, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General
de la Nación dejó a disposición de la Embajada de los Estados Unidos de América
al ciudadano Johan Sebastián Montoya para efectos de que se efectúe su traslado
dentro de los treinta (30) días siguientes, según lo previsto en el artículo 511 de la
Ley 904 de 200422.
k) Aparte de ese proceso de extradición, se demostró que el 26 de julio de 2022 el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Palmira (Valle del Cauca) declaró
penalmente responsable a Johan Sebastián Montoya Arango en condición de autor
del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lo condenó a 64 meses
de prisión23, decisión que quedó ejecutoriada el 17 de agosto de 2022 por cuanto
se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por esa sentencia24.
3) En ese contexto fáctico, en atención a la motivación de solicitud de libertad y los
términos en los que ha sido propuesta la apelación de la decisión de primera
instancia, este despacho la confirmará por las razones que se exponen a
continuación:
a) Es cierto que el demandante fue sometido a un trámite de extradición del cual se
han agotado la gran mayoría de los trámites dispuestos para ello en la legislación
nacional, entre los cuales se destaca el concepto favorable emitido por la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del 27 de julio de 2022, acorde con la
20
SAMAI, índice 2, archivo digital no. 30 del expediente digital, folio 39.
21 Este comunicado del Gobierno de los Estados Unidos de América es visible en SAMA, índice 2,
archivo digital no. 30 del expediente digital, folios 45 a 49.
22
SAMAI, índice 2, archivo digital no. 30 del expediente digital, folio 76 y 77.
23 SAMAI, índice 2, archivo digital no. 37 del expediente digital, folios 36 a 39.
24 Así se relata en el contenido del a Resolución no. 191 del 2 de septiembre de 2022 emitida por el
Ministerio de Justicia y el Derecho (SAMAI, índice 2, archivo no. 37 del expediente digital, folio 83)
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Expediente 25000-23-36-000-2023-00067-01
Actor: Johan Sebastián Montoya Arango
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
exigencia contenida en el artículo 501 de la Ley 904 de 2004 25 y, el subsiguiente
pronunciamiento del Gobierno Nacional que concedió la extradición mediante la
expedición de sendos actos administrativos a los que ya se hizo referencia en los
párrafos precedentes, según lo contemplado en el artículo 50326 de dicho
compendio normativo procesal.
b) Igualmente, se demostró que el 8 de febrero de 2023 la Fiscalía General de la
Nación decidió poner al demandante a disposición del Gobierno de los Estados
Unidos de América para que procediera su traslado, no obstante, la parte actora
alega que debe otorgarse la libertad del señor Johan Sebastián Montoya Arango,
porque se configura una de las causales previstas para ello en el artículo 511 de la
Ley 906 de 2004, que preceptúa los siguiente:
“ARTÍCULO 511. CAUSALES DE LIBERTAD. La persona reclamada será
puesta en libertad incondicional por el Fiscal General de la Nación, si
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de su captura no se
hubiere formalizado la petición de extradición, o si transcurrido el término
de treinta (30) días desde cuando fuere puesta a disposición del Estado
requirente, este no procedió a su traslado (…).”. (Negrillas adicionales).
c) Para el demandante, la Fiscalía General de la Nación desconoció la disposición
antes trascrita porque en este caso ya fenecieron los treinta (30) días a los que se
refiere dicha norma para que el procesado sea puesto a disposición del Estado
requirente, por razón de que ese lapso se debe contar desde que se expidieron y
quedaron en firme la Resoluciones no. 191 del 2 de septiembre de 2022 y no. 281
del 28 de septiembre de 2022, a través de las cuales el Ministerio de Justicia y del
Derecho concedió la extradición y ordenó la entrega del ciudadano Johan Sebastián
Montoya Arango.
d) Frente a lo anterior, esta instancia considera que el argumento de la parte actora
no es acertado y constituye una visión aislada de los hechos, si bien la orden de
entrega adquirió firmeza después de que se notificó la Resolución no. 281 del 28 de
septiembre de 2022, en la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por
25 El artículo 501 de la Ley 904 de 2004 dispone: “Vencido el término anterior, la Corte Suprema de
Justicia emitirá concepto.
El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno; pero si fuere favorable a
la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales”.
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El artículo 503 de la Ley 904 de 2004 prevé: “Recibido el expediente con el concepto de la Corte
Suprema de Justicia, habrá un término de quince (15) días para dictar la resolución en que se
conceda o se niegue la extradición solicitada.”
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Expediente 25000-23-36-000-2023-00067-01
Actor: Johan Sebastián Montoya Arango
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
el apoderado de Johan Sebastián Montoya Arango contra la Resolución no. 191 del
2 de septiembre de 2022, lo cierto es que para el cumplimiento previo y necesario
de las condiciones dispuestas era indispensable que el Gobierno de los Estados
Unidos de América expresara su compromiso de no someter a dicha persona a
delitos de desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, penas de destierro,
prisión perpetua y confiscación, además de garantizarle la prestación de un servicio
médico adecuado dada su condición especial de salud, por consiguiente, hasta
tanto no se hiciere efectivo el cumplimiento de tales condicionamientos la persona
no podía ser puesta a disposición del gobierno extranjero requirente.
e) En ese orden de ideas, la Fiscalía General de la Nación legamente no podía
poner a disposición del Estado solicitante al señor Johan Sebastián Montoya Arango
inmediatamente después de expedidos los mencionados actos administrativos,
debido a que era indispensable contar previamente con la respuesta de la nación
extranjera para asegurar que sí se comprometería a respetar las garantías exigidas
por el Gobierno Nacional, situación que no ocurrió sino hasta el 6 de febrero de
2023.
f) Al respecto debe advertirse que, ante la exigencia del Ministerio de Justicia y el
Derecho consistente en que el Estado requirente debía prestarle al sindicado el
cuidado médico adecuado, el Gobierno de los Estados Unidos de América solicitó
que se realizara la valoración médica respectiva, la cual fue rendida por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses quien determinó que el señor
Johan Sebastián Montoya Arango no presentaba ninguna contraindicación para ser
trasladado por vía aérea.
g) Se trata entonces de una serie de exigencias realizadas por el Gobierno Nacional
que debían ser cumplidas a cabalidad por la nación extranjera, condiciones estas
que, al contrario de afectar al demandante, no tenían otro propósito distinto que
propender por sus garantías constitucionales y legales a la salud e integridad
personal, requerimientos cuyo cumplimiento debía verificar de manera obligatoria e
ineludible la Fiscalía General de la Nación para quien no era jurídicamente posible
poner a disposición de los Estados Unidos de América al actor hasta tanto estos
fueran verificados, circunstancias por la cuales carece mérito el argumento del
apelante consistente en que el término de treinta (30) días empezó a correr a partir
de la ejecutoria de los actos administrativos emitidos por el Ministerio de Justicia y
del Derecho, porque, en realidad, el cómputo de dicho término solo inició desde el
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Expediente 25000-23-36-000-2023-00067-01
Actor: Johan Sebastián Montoya Arango
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
instante en el cual la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de
la Nación puso efectivamente al señor Johan Sebastián Montoya Arango, mediante
oficio no. 20231700008671 del 8 de febrero de 2023, a disposición del Gobierno de
los Estado Unidos de América fecha esta desde la cual, obviamente, no ha vencido
el plazo del que dispone el Estado requirente para proceder al traslado del actor.
h) Sin perjuicio de lo anterior, debe ponerse de presente igualmente que, en todo
caso, el vencimiento del término de los treinta (30) días para que el gobierno
requirente traslade al actor no implicaría tampoco la libertad automática del
demandante, debido a que es claro que su situación de privación de la libertad no
depende de manera única y exclusiva del trámite de la extradición sino también, al
propio tiempo, de la existencia de una sentencia penal condenatoria emitida el 26
de julio de 2022 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Palmira (Valle del
Cauca) quien lo condenó a 64 meses de prisión y que en la actualidad se encuentra
en firme, cuyo cumplimiento debe ser verificado por el respectivo juez natural, sin
perjuicio de la orden de extradición.
i) De igual manera debe advertirse, tal como lo hizo el a quo, que no está acreditada
ninguna causal para la prosperidad de la acción constitucional de habeas corpus
pues, como el propio demandante afirma en el recurso de apelación, que antes de
acudir al presente mecanismo ya había solicitado a la Fiscalía General de la Nación
que le concediera la libertad con argumentos similares a los que aquí esgrime 27 y
que esa petición le fue negada, aparentemente con la expedición de la Resolución
del 19 de enero de 2013, de la cual no aparece prueba en el presente expediente,
no hay duda de que no está probado el desconocimiento de alguna orden que haya
dispuesto su libertad, menos aún que exista un prolongación injustificada por
omisión de los términos legales dispuestos para la restricción de la libertad del
demandante.
j) Las circunstancias fácticas y probatorias antes descritas ponen en evidencia que
la situación a la cual está sometido el demandante en modo alguno es constitutiva
de una vía de hecho, por el contrario, el trámite de extradición adelantado por la
Fiscalía General de la Nación ha respetado en debida forma el debido proceso y en
27 De las pruebas aportadas al proceso, se advierte que en el respectivo expediente digital, archivo
digital no. 35 del expediente electrónico (fls. 119 a 121) ciertamente, reposa una solicitud de libertad
dirigida a la Fiscalía General de la Nación con argumentos similares a los aquí expresados, no
obstante ese documento no tiene fecha de radicado
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Expediente 25000-23-36-000-2023-00067-01
Actor: Johan Sebastián Montoya Arango
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
general las garantías del actor del asunto de la referencia, las normas
constitucionales y los condicionamientos dispuestos por el Gobierno Nacional para
dejar a disposición del Estado requirente al señor Johan Sebastián Montoya Arango.
k) Por último, la Sala igualmente reitera que es el juez natural del proceso quien
debe resolver sobre las solicitudes de libertad que, para el caso del trámite de la
extradición es la Fiscalía General de la Nación, por lo tanto, no puede pretenderse
a través del mecanismo excepcional de habeas corpus desplazar o sustituir la
competencia que sobre el particular tiene dicha autoridad judicial, el juez
constitucional no está llamado a invadir esferas que le corresponden para conocer
y dilucidar el caso en estudio, motivo por el cual la petición resulta improcedente.
l) En consecuencia, dada la improcedencia de lo pretendido se impone confirmar la
sentencia de primera instancia que denegó la solicitud de libertad elevada por el
señor Johan Sebastián Montoya Arango a través de la acción de habeas corpus.
m) El despacho ordenará que la presente providencia sea notificada al actor en el
establecimiento en el cual actualmente se encuentra recluido, esto es, en el
Complejo Carcelario y Penitenciario “La Picota” de Bogotá DC en el pabellón de
extraditables, y a su apoderada a través del correo electrónico
“syohel@hormail.com” tal como lo pidió en el escrito con el que ejerció la acción de
habeas corpus, para cuyo propósito deberán remitírseles las respectivas copias de
la decisión.
En mérito de lo expuesto, a las 8:00 am de hoy 14 de febrero de 2023, el magistrado
Fredy Ibarra Martínez del Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección B, en
Sala Unitaria de Decisión administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°) Confírmase la providencia impugnada de 9 de febrero de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, Sala
Unitaria de Decisión del magistrado Henry Aldemar Barreto Mogollón.
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Expediente 25000-23-36-000-2023-00067-01
Actor: Johan Sebastián Montoya Arango
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
2°) A través de los funcionarios de la Secretaría General del Consejo de Estado,
notifíquese inmediatamente esta providencia al señor Johan Sebastián Montoya
Arango en el Complejo Carcelario y Penitenciario “La Picota” de Bogotá DC en el
pabellón de extraditables, al igual que a su apoderada a través del correo electrónico
“syohel@hormail.com”, para lo cual deberá entregársele copia integral de la
decisión. Una vez se efectué la notificación de esta providencia al recluso, se deberá
allegar en forma inmediata la constancia de notificación al correo institucional de
este despacho judicial “notifibarra@consejodeestado.gov.co” o al correo electrónico
de la secretaría general “secgeneral@consejodeestado.gov.co”.
3°) Comuníquese esta decisión a la Dirección de Asuntos Internacionales de la
Fiscalía General de la Nación, al Complejo Carcelario y Penitenciario “La Picota” de
Bogotá DC y al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Palmira (Valle del Cauca).
4°) Ejecutoriada esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, previas las respectivas constancias de rigor en la Secretaría
General del Consejo de Estado.
NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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