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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2025-00006-01

Fecha
27 de enero de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2025-00006-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de enero de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito. TERCERO: esta providencia, por Secretaría, REMITIR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2025-00006-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

27 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de hábeas corpus
Número único de radicación: 250002342000202500006-01
Actor: Wilson Navarro Santiago
Demandado: Fiscalía General de la Nación – Dirección de Asuntos Internacionales

Tema: Impugnación contra la sentencia que declaró improcedente la acción de
Hábeas Corpus para la concesión de la libertad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Unitaria resuelve la impugnación interpuesta contra la sentencia de 18 de
enero de 2025 proferida por la Sala Unitaria de la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual declaró
improcedente la acción de Hábeas Corpus.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes, ii)
Consideraciones y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Wilson Navarro Santiago1 instauró acción de Hábeas Corpus contra la Fiscalía
General de la Nación – Dirección de Asuntos Internacionales, con el fin de que se
ordene de forma inmediata su libertad por vencimiento de términos.

2. Para el efecto, formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación mi libertad inmediata por
vencimiento del término de 30 días de haber sido puesto a disposición del Gobierno
de Estados Unidos de América sin que se haya llevado a cabo el traslado, de
conformidad a lo establecido en el artículo 511 de la Ley 906 de 2004.

1 Actuando en nombre propio.

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2. Alleguen las comunicaciones realizadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho
y el Ministerio de Relaciones Exteriores dirigidas a la embajada de los Estados Unidos,
en las que se me deja a disposición y se solicita las garantías del procedimiento […]”2.

Fundamentos fácticos

3. Los hechos en los que se fundamentó la acción de Hábeas Corpus son, en síntesis,
los siguientes3:

3.1. El Gobierno de Estados Unidos de América, a través de su Embajada en
Colombia y mediante nota verbal núm. 1646 de 11 de septiembre de 2023, solicitó su
detención provisional con fines de extradición y fue capturado el 21 de febrero de
2024.

3.2. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia informó
posteriormente sobre la emisión del concepto favorable de su extradición y que, por
ello, el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió la Resolución núm. 350 de 6 de
septiembre de 2024, mediante la cual resolvió conceder la extradición, la cual fue
notificada el 30 de septiembre de 2024.

3.3. Manifestó que, a la fecha en que presentó el Hábeas Corpus, han transcurrido
73 días hábiles sin que se le haya informado si el Ministerio de Justicia y del Derecho:
i) recibió el compromiso del Estado requirente de que trata el inciso segundo del
artículo 494 de la Ley 906; y ii) si lo remitió a la Fiscalía General de la Nación para
que sea puesto a disposición del Estado requirente.

3.4. Explicó que, en su criterio, la Dirección de Asuntos Internacionales de la
Fiscalía General de la Nación no ha dado cumplimiento al traslado ordenado en el
artículo 506 de la Ley 906 de 31 de agosto de 20044, sobre entrega del extraditado.

Actuación procesal

4. El actor presentó la acción de Hábeas Corpus el 17 de enero de 20255, la cual le
fue asignada, por reparto, a la Subsección “B” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo Cundinamarca, ese mismo día.

2 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado “008ED_Demanda_17_1_20252_5”.
3 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado “004ED_SolicitudeHabeascorp”.
4 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal […]”.
5 Cfr. Índice 1 de SAMAI, expediente electrónico del proceso, en primera instancia. NUR
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5. El Despacho sustanciador del Tribunal, mediante el auto de 17 de enero de 20256:
i) avocó el conocimiento de la acción de Hábeas Corpus; y ii) ordenó la notificación
del Director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, y lo
requirió para que rindiera informe.

Informe de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la
Nación

6. La Directora Encargada de la Dirección de Asuntos Internacionales de la
Fiscalía General de la Nación rindió el informe en los siguientes términos:

6.1. La Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, mediante el Oficio DIAJI núm. 2910 de 11 de septiembre de 2023, allegó
la Nota Verbal núm. 1646 de 11 de septiembre de 2023, mediante la cual la Embajada
de los Estados Unidos de América solicitó la captura con fines de extradición del actor,
requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de
California.

6.2. El Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 13 de septiembre de
2023, ordenó la captura con fines de extradición del actor, teniendo en cuenta que el
Estado requirente cumplió a cabalidad los requisitos previstos en la normativa interna
aplicable.

6.3. La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, mediante informe núm.
GS-2024-022106/DIRAN-SIJIN 29.25 de 21 de febrero de 2024, dejó a disposición
del Despacho del Fiscal General de la Nación al actor, quien fue capturado el 21 de
febrero de 2024, en virtud de la referida orden de captura de 13 de septiembre de
2023.

6.4. La Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, mediante Oficio DIAJI núm. 1265 de 15 de abril de 2024, remitió la Nota
Verbal núm. 0521 de 15 de abril de 2024, por medio de la cual la Embajada de los
Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición del actor dentro de
60 días previsto en el artículo 511 de la Ley 906.

6 Cfr. Índice 5 de SAMAI. expediente electrónico del proceso, en primera instancia. NUR
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6.5. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 6 de agosto de
2024, conceptuó favorablemente a la solicitud de extradición presentada por la Corte
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

6.6. La Fiscalía General de la Nación, a la fecha en que rinde el informe, no ha sido
notificada de la Resolución ejecutiva y no ha sido requerida por parte del Ministerio
de Justicia y del Derecho para proceder a dejar a disposición del Estado requirente al
actor, de conformidad con lo previsto en el artículo 506 de la Ley 906 y, por tanto, no
ha iniciado el término de 30 días previsto en el artículo 511 de la Ley 906.

6.7. Luego de realizar algunas explicaciones en relación con la extradición, indicó
que la privación de la libertad de una persona capturada con fines de extradición
solamente puede cesar en los siguientes eventos: i) con fundamento en el retiro de la
solicitud de captura que haga el Estado requirente; ii) en consideración al concepto
desfavorable de la Corte Suprema de Justicia; iii) en virtud de decisión negativa del
Gobierno Nacional frente al pedido de extradición conforme a la facultad discrecional
que le asiste; o iv) por vencimiento de los términos previstos en el artículo 511 de la
Ley 906, lo cual, no ha sucedido en el caso sub examine.

6.8. Por último, indicó que el actor se encuentra legalmente privado de la libertad,
en consonancia con el debido proceso y la normativa aplicable, a la espera de que el
Ministerio de Justicia y del Derecho reciba las garantías del Estado requirente,
conforme el artículo 494 de la Ley 906; y, de esa manera, solicite a la Fiscalía General
de la Nación dejar a disposición para efectuar la entrega del ciudadano dentro de los
30 días siguientes, en los términos del artículo 511.

La providencia impugnada y sus fundamentos

7. La Subsección “B” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 18 de enero de 20257, resolvió:

“[…]PRIMERO. – DECLARAR IMPROCEDENTE el Habeas Corpus presentado […], en
contra de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES de la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión.

7Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado “010ED_SentenciaPrimeraInst”.

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SEGUNDO. – Si no fuere impugnada esta decisión, por Secretaría de la Subsección
ARCHÍVESE el expediente, previas las anotaciones y constancias a que haya lugar
[…]”.

Consideraciones del Tribunal

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de explicar el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el Hábeas Corpus y el procedimiento
previsto en los artículo 496 y siguientes de la Ley 906, aplicable a los casos de
extradición, indicó que, si bien, se han previsto unos plazos dentro del trámite que
debe surtirse ante una solicitud de extradición, lo cierto es que, luego de que se expida
la Resolución que niegue o conceda la extradición por parte del Ministerio, no se
indica por la norma un plazo en meses o días, para que la Fiscalía lleve a cabo la
entrega del extraditado.

9. Agregó que, si bien, el artículo 511 de la Ley 906 establece una causal de
libertad relativa al transcurso de 30 días desde cuanto la persona fuere puesta a
disposición del Estado requirente y este no proceda a su traslado, caso en el cual la
Fiscalía debe ordenar la libertad inmediata, lo cierto es que, según lo informado, ese
plazo no se ha habilitado porque el Ministerio de Justicia y del Derecho no ha remitido
solicitud de entrega del ciudadano y, por ende, no ha sido remitido a los Estados
Unidos de América. Al respecto, el Tribunal consideró:

“[…] En consecuencia y teniendo en cuenta que, como se indicó en párrafos anteriores,
luego de la expedición del acto administrativo que conceda la extradición, no se señala
un término para el Ministerio, y el Estado requirente que en este caso es el de los
Estados Unidos de América, para culminar en debida forma el trámite que debe surtirse
para que se materialice la entrega del capturado con fines de extradición, evidencia el
Despacho que, no se ha incumplido plazo alguno y por lo tanto el señor NAVARRO
SANTIAGO no se encuentra privado injustamente de su libertad, en tanto debe contarse
con el compromiso de que se le van a otorgar en debida forma sus garantías, para
proceder a la entrega del ciudadano; máxime si se tiene en cuenta que, no se ha puesto
al accionado a disposición del referido Estado […]”.

10. Adicional a lo anterior, el Tribunal consideró igualmente, en relación con la
solicitud de libertad fundamentada en las presuntas omisiones, demoras o
irregularidades surtidas dentro del trámite de extradición adelantado contra el actor,
que se trata de asuntos que deben ser ventilados y resueltos al interior de dicho
trámite, mediante la utilización de los medios o recursos ordinarios que la ley procesal
establece para cada caso y agrega que, conforme con el artículo 511 de la Ley 906
corresponde al Fiscal General de la Nación la competencia para resolver sobre las
solicitudes de libertad por el vencimiento de términos allí establecido, al ser este el

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Juez natural de dicha causa.

11. En este orden de ideas, consideró que “[…] la acción incoada es improcedente
para debatir asuntos propios del trámite de extradición, entre los cuales, a la luz del
artículo 511 de la Ley 906 de 2004, se encuentra la solicitud de libertad por
vencimiento de términos que alega, aspecto que debe ser puesto en conocimiento
para ser resuelto por el juez natural de la causa que para el efecto es la Fiscal General
de la Nación, situación que no ha ocurrido en el asunto que ocupa la atención del
Despacho […]”.

La impugnación

12. El actor impugnó8 la sentencia de 18 de enero de 2025, argumentando que:

12.1. Manifestó que se ha prolongado su retención de la libertad, de conformidad con
el artículo 511 de la Ley 906 y que, por lo tanto, solicita “[…] la libertad por vencimiento
del término de 30 días de haber sido puesto a disposición del Estado requirente […]”.

12.2. En el acápite “HECHOS” de la impugnación reiteró los expuestos en la solicitud
de Hábeas Corpus y adicionalmente indicó que en su solicitud señaló que su
detención esta viciada de ilegalidad porque no se ha demostrado que se le haya
puesto o no a disposición del Estado requirente, conforme lo establece la Ley 906; e
indica que si bien se ha argumentado y aceptado por la Fiscalía General de la Nación
e incluso por el Tribunal que, a la fecha, no se ha puesto a disposición del Estado
requirente, no se ha considerado en este trámite la ausencia de prueba “[…] de que
efectivamente a la Fiscalía General de la Nación no le ha llegado el proceso para
realizar la gestión pertinente, lo que quiere decir que el término de los 30 días el
traslado se vuelve indefinido al no saber con exactitud la fecha en la cual se me puso
a disposición del gobierno de Estados Unidos, olvidando que me encuentro en un
estado de indefensión y que prácticamente se le da plena validez a la afirmación del
ente investigador, sin tener en cuenta que también solicite la información de las
carteras ministeriales a efectos de conocer la fecha en la que les fue notificada la
Resolución No. 350 del 30 de septiembre de 2024 […]”.

8 Cfr. Índice núm. 2 de Samai. Archivo electrónico denominado “009ED_ImpugnacionABEASCOR_”.

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II. CONSIDERACIONES

13. La Sala Unitaria abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes
partes: i) la competencia de la Sala Unitaria; ii) el problema jurídico; iii) la naturaleza
de la acción de Hábeas Corpus; iv) el marco normativo sobre la extradición, respecto
de la acción de Hábeas Corpus; v) el acervo y análisis probatorio; vi) el análisis del
caso concreto; y vii) las conclusiones.

Competencia de la Sala Unitaria

14. Visto el artículo 7.° de la Ley 1095 de 2 de noviembre de 20069, sobre la
impugnación de la providencia que niegue el Hábeas Corpus, esta Sala Unitaria es
competente para conocer de la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 18 de enero de 2025 proferida por la Sala Unitaria de la Subsección B
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Problema jurídico

15. Corresponde a esta Sala Unitaria determinar si la acción de Hábeas Corpus
presentada por el actor es o no procedente y, en consecuencia, determinar si se debe
confirmar, modificar o revocar la sentencia de 18 de enero de 2025 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Naturaleza de la acción de Hábeas Corpus

16. Visto el artículo 30 de la Constitución Política, el derecho a la libertad personal
goza de un mecanismo especial de protección a nivel constitucional, en los siguientes
términos:

“[…] Artículo 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente,
tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por
interpuesta persona, el Hábeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta
y seis horas […]”.

17. Este derecho constitucional fue desarrollado por la Ley 1095, que en su artículo
1.° lo definió en los siguientes términos:

“[…] Artículo 1°. Definición. El Hábeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez,
una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de

9 Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política.

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la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue
ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y
para su decisión se aplicará el principio pro homine.

El Hábeas corpus no se suspenderá, aun en los Estados de Excepción […]”.

18. De acuerdo con la definición citada supra, se considera que el Hábeas Corpus
tiene una doble connotación; por un lado, es un derecho fundamental y, por el otro, es
una acción para garantizar el derecho a la libertad personal. Asimismo, según la
transcripción normativa, se observa que son dos los presupuestos fácticos que
conducen a la procedencia de la acción constitucional de Hábeas Corpus, a saber: i)
cuando la aprehensión de una persona se realiza con violación de las garantías
constitucionales o legales; o ii) cuando se ha prolongado ilegalmente la privación de
la libertad de una persona.

19. La Corte Constitucional, en relación con los presupuestos de procedencia de la
acción de Hábeas Corpus, ha considerado10:

“[…] De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el Hábeas corpus además
de ser un derecho fundamental, es al mismo tiempo, la acción tutelar de la libertad.

“El derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución puede también
interpretarse como una acción, de igual naturaleza a la acción de tutela de que trata el
artículo 86 superior, que tiene toda persona contra cualquier acto expedido por
autoridad judicial, sea este auto o inclusive sentencia, pudiendo ser esta última de
cualquier instancia, para pedir su libertad en aquellos casos en que creyere estar
ilegalmente privado de ésta. Se puede afirmar, en otros términos, que se trata de una
“acción de tutela de la libertad”, con el fin de hacer efectivo este derecho […]”.

20. Por último, no puede perderse de vista que el derecho al Hábeas Corpus ha sido
reconocido y regulado en diferentes instrumentos internacionales que se aplican al
Estado Colombiano, entre ellos, en el orden internacional, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos11 y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos12,

10 Corte Constitucional, sentencia C-620 de 2001, M.P.: Jaime Araujo Rentería
11 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 8 y 9: “[…] 8. Toda persona tiene derecho a un

recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley […]” “[…] 9. Nadie podrá se arbitrariamente detenido,
preso ni desterrado […]”.
12 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la ley 74 de 1968, así:

“[…] Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con
arreglo al procedimiento establecido en ésta.
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada,
sin demora, de la acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un
plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no
debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia
del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la
ejecución del fallo.

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que forman parte de la denominada Constitución Internacional de los Derechos
Humanos; y, en el orden regional, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos13 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre14.

Marco normativo sobre la extradición, respecto de la acción de Hábeas Corpus

21. Visto el artículo 35 de la Constitución Política, “[…] [l]a extradición se podrá
solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con
la ley. […] Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá
por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal
colombiana […]”. La norma precisa, además, que la extradición no procederá por
delitos políticos y que no procederá la extradición cuando se trate de hechos
cometidos con anterioridad a la promulgación de esa norma.

22. Vista la Ley 906, en especial, los artículos: 490, sobre extradición; 491 sobre
concesión u ofrecimiento de la extradición; 492, sobre extradición facultativa; 493,
sobre requisitos para concederla u ofrecerla; 494, condiciones para el ofrecimiento o
concesión; 496, sobre concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores; 497, sobre
estudio de documentación; 499, sobre envío del expediente a la Corte Suprema de
Justicia; 500, sobre trámite; 501, sobre concepto de la Corte Suprema de Justicia;
503, sobre resolución que niega o concede la extradición; 50615, sobre entrega del

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un
tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la
prisión fuera ilegal.
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación […]”.
13 Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica-, aprobada mediante la

ley 16 de 1972, artículo 7º:
“Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por
las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.3. Nadie puede ser
sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora,
del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por
la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta
en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren
su comparecencia en el juicio”.
14 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Aprobada en la Novena Conferencia

Internacional Americana realizada en Bogotá, en el año 1948.
15 “[…]ARTÍCULO 506. ENTREGA DEL EXTRADITADO. Si la extradición fuere concedida, el Fiscal General de

la Nación ordenará la captura del procesado si no estuviere privado de la libertad, y lo entregará a los agentes del
país que lo hubieren solicitado. […] Si fuere rechazada la petición, el Fiscal General de la Nación ordenará poner
en libertad al detenido […]”.

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extraditado; 50916, sobre captura; 510, sobre derecho de defensa; 51117, sobre
causales de libertad

Desarrollos jurisprudenciales

23. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-243 de 1 de abril de 200918, al
decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 506,
509 y 511 de la Ley 906, consideró que “[…] [l]a extradición fue concebida por el
constituyente como un mecanismo de cooperación internacional para combatir el
crimen y erradicar la impunidad; ella está sometida a un procedimiento especial que
concluye con la expedición de un acto administrativo de carácter complejo, pues para
su preparación y ejecución concurren varios órganos del Estado pertenecientes tanto
a la Rama Ejecutiva como a la Rama Judicial del poder público […]”.

23.1. Asimismo, consideró, por un lado, que “[…] las previsiones de los artículos 506,
509 y 511 de la Ley 906 de 2004, no son susceptibles de análisis bajo los parámetros
del artículo 250, numeral 1.º de la Carta Política, toda vez que éste precepto no
vincula las relaciones de Colombia con los demás Estados, mientras que las normas
demandadas, a pesar de su carácter supletorio ante la ausencia de tratados
internacionales, imponen deberes jurídicos para nuestro país, particularmente los
derivados del principio de respeto por la soberanía, equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional, como también los vinculados con la solidaridad, colaboración,
buena fe y confianza mutua, considerados como pilares para la cooperación
internacional en materia de lucha contra la criminalidad. […]”;

23.2. Y, por el otro, que “[…] los artículo 506, 509 y 511 de la Ley 906 de 2004,
establecen la manera de hacer efectiva la captura de quien ha sido solicitado en
extradición, esto con el propósito de honrar los compromisos internacionales
contraídos por Colombia para que, en esta misma medida, los demás integrantes de
la comunidad internacional atiendan las peticiones de extradición formuladas por

16 “[...] ARTÍCULO 509. CAPTURA. El Fiscal General de la Nación decretará la captura de la persona requerida

tan pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en
que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse proferido en su contra sentencia
condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de tal medida […]”.
17 “[…] ARTÍCULO 511. CAUSALES DE LIBERTAD. La persona reclamada será puesta en libertad incondicional

por el Fiscal General de la Nación, si dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de su captura no se
hubiere formalizado la petición de extradición, o si transcurrido el término de treinta (30) días desde cuando fuere
puesta a disposición del Estado requirente, este no procedió a su traslado. […] En los casos aquí previstos, la
persona podrá ser capturada nuevamente por el mismo motivo, cuando el Estado requirente formalice la petición
de extradición u otorgue las condiciones para el traslado […]”.
18 M.P. doctor Jorge Iván Palacio Palacio.

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nuestro país, resultando así aplicado el principio de reciprocidad propio de las
relaciones entre Estados […]”; y

23.3. Por último, consideró que las normas indicadas supra regulan el trámite
administrativo de extradición, contribuyen a desarrollarlo en el sentido de precisar el
rol del Fiscal General de la Nación en cuanto a la captura de la persona solicitada y
explica que, conforme con dicha normativa, la persona capturada con fines de
extradición dispone de varios mecanismos de defensa previstos en la Constitución
Política y en la ley, entre ellos, los previstos en el artículo 510 y, en especial, en su
artículo 511 de la Ley 906.

23.4. Por su parte, el Consejo de Estado, mediante sentencia de 16 de junio de
202219, proferida en un trámite de un Hábeas Corpus, consideró que en los trámites
de extradición el procedimiento se encuentra previsto, entre otras, en la Ley 906, y
que corresponde de manera privativa al Fiscal General de la Nación decidir sobre la
privación de la libertad, en los siguientes términos:

“[…] La extradición de nacionales es un mecanismo de cooperación internacional,
previsto en la Constitución e instrumentalizado a través de tratados internacionales y
las normas de derecho interno. Estos preceptos definen las autoridades competentes
para formular y atender el requerimiento de extradición, la recopilación de los
documentos necesarios, la orden de captura -cuando el procesado es detenido de
manera preventiva con ocasión del requerimiento internacional- y la evaluación judicial
del cumplimiento de los requisitos de la extradición -a cargo de la Corte Suprema de
Justicia-. Por ello, escapa a la competencia del juez del habeas corpus intervenir en
dicho trámite para obstaculizar, cuestionar o invalidar el sentido de las decisiones
adoptadas por las autoridades competentes (arts. 6, 121, 123 y 230 CN). Una indebida
interferencia del juez del habeas corpus en el trámite de la extradición podría no solo
llevar al desconocimiento de la estricta asignación de competencias de ese mecanismo,
sino -más grave aún- derivar en un incumplimiento de compromisos internacionales del
Estado (art. 9 CN y art. 26 Convención de Viena de los Tratados).

[…]

Como el solicitante fue capturado con fines de extradición y el procedimiento se
encuentra en desarrollo (SAMAI índice 2.15, f. 64), conforme a los artículos 484, 490
a 514 CPP, corresponde de manera privativa al fiscal general de la Nación decidir
sobre la privación de la libertad, a la Corte Suprema de Justicia evaluar el
cumplimiento de los requisitos para la extradición y al Gobierno dictar las
resoluciones ejecutivas para el cumplimiento del requerimiento internacional. De
modo que el juez del habeas corpus no tiene atribución alguna para interferir o
cuestionar las decisiones de dichas autoridades. El Despacho destaca que no está
acreditado que el afectado hubiera solicitado su libertad ante la autoridad
competente. Tampoco se demostró que, por el paso del tiempo, se perdiera el

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Hábeas corpus.

Proceso identificado con el número único de radicación 76001-23-33-000-2022-00582-01 (HC). C.P. doctor
Guillermo Sánchez Luque.

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Número único de radicación: 250002342000202500006-01

fundamento jurídico de su detención [núm. 4].

En definitiva, el habeas corpus no es un mecanismo alternativo o supletorio del
trámite de extradición. El habeas corpus tampoco puede convertirse en un
instrumento para interferir o anular las decisiones de las autoridades competentes, ni
es una instancia de revisión para evaluar los reparos del detenido, relacionados con la
solicitud de extradición o la concesión de la libertad [núm. 5]. El habeas corpus no
procede, porque se convertiría en un mecanismo sucesivo, alternativo, supletorio o
paralelo del procedimiento establecido por los instrumentos internacionales aplicables
y los artículos 490 a 514 CPP. La yuxtaposición de medios de control judicial no solo
es irracional, porque va contra el orden -esencia y fin del derecho-, sino porque aniquila
la seguridad jurídica, pilar fundamental de la convivencia social. Por ello, se impone
confirmar la providencia impugnada […]” (Destacado fuera de texto).

23.5. El anterior criterio anterior fue reiterado por el Consejo de Estado, mediante
sentencia de 14 de enero de 202320, en la cual consideró que “[…] que es el juez
natural del proceso quien debe resolver sobre las solicitudes de libertad que, para el
caso del trámite de la extradición es la Fiscalía General de la Nación, por lo tanto,
no puede pretenderse a través del mecanismo excepcional de habeas corpus
desplazar o sustituir la competencia que sobre el particular tiene dicha autoridad
judicial, el juez constitucional no está llamado a invadir esferas que le corresponden
para conocer y dilucidar el caso en estudio, motivo por el cual la petición resulta
improcedente. […]” (Destacado fuera de texto).

Acervo y análisis probatorios

24. La Sala Unitaria procederá a apreciar y valorar todas las pruebas aportadas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564 de 12 de julio de 201221, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con la impugnación interpuesta contra la
providencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia.

25. En ese orden de ideas, al expediente del proceso se aportó como documento
relevante para resolver el caso concreto, la copia de la Resolución Ejecutiva núm. 350
de 6 de septiembre de 2024, expedida por la Ministra de Justica y del Derecho “[p]or
medio de la cual se decide sobre una solicitud de extradición” en el sentido de

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Acción de Hábeas
Corpus identificada con NUR 250002336000202300067-01. C.P. doctor Fredy Ibarra Martínez.
21 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”

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conceder la extradición del actor “[…] para que comparezca a juicio ante las
autoridades de los Estados Unidos de América […]”22.

Análisis del caso concreto

26. De conformidad con el marco normativo y los criterios jurisprudenciales
indicados supra, esta Sala Unitaria procede a determinar si es procedente o no la
acción de Hábeas Corpus de la referencia, así:

27. Atendiendo a que, en el caso sub examine, mediante Nota Verbal núm. 1646 de
11 de septiembre de 2023 el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de
su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición
del actor, requerido para comparecer a juicio por un delito de concierto para delinquir
y tráfico de drogas ilícitas.

28. El Fiscal General de la Nación, mediante Resolución de 13 de septiembre de
2023, decretó la captura con fines de extradición del actor, la cual se hizo efectiva el
21 de febrero de 2024 por miembros de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía
Nacional.

29. La Embajada de Estados Unidos de América en Colombia formalizó la solicitud
de extradición del actor, mediante Nota Verbal núm. 0521 de 15 de abril de 2024 y
que en esta se informó que el ciudadano es sujeto de acusación en el caso CR 2:23-
cr-00336-JLS dictado el 7 de julio de 2023 por la Corte Distrital de los Estados Unidos
para el Distrito de California.

30. El Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de la formalización de la solicitud
de extradición, mediante Oficio DIAJI núm. 1264 de 15 de abril de 2024 expedido por
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, conceptuó que “[…] [c]onforme a lo
establecido en nuestra legislación procesal penal interna, […] es del caso proceder
con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y
los Estados Unidos de América […]” y que, “[…] [u]na vez revisado el archivo de
tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se encuentran vigentes para las
Partes las siguientes convenciones multilaterales en materia de cooperación judicial
mutua: i) la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes

22 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado

002DEMANDADIGITAL_demanda_ANEXOS_17_1_20252_56.

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y Sustancias psicotrópicas suscrita en Viena el 20 de diciembre de 198823; y ii) la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional24, adoptada en New York el 27 de noviembre de 2000.

31. Asimismo, conceptuó que, en los términos de los artículos 491 y 496 de la Ley
906, en los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite se regirá
por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.

32. El Ministerio de Justicia y del Derecho remitió el 22 de abril de 2024 a la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el expediente de extradición para
que emitiera concepto. La Corte expidió concepto favorable a la extradición del
ciudadano el 6 de agosto de 2024.

33. El Ministerio de Justicia y del Derecho expidió la Resolución Ejecutiva núm. 350
de 6 de septiembre de 2024, “[p]or medio de la cual se decide sobre una solicitud de
extradición”, en el sentido de conceder la extradición del actor “[…] para que
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América […]”, por
unos cargos determinados, y en virtud de acusación dictada por la Corte Distrital de
los Estados Unidos de América para el Distrito Central de California. En dicha
resolución se dispuso, entre otras cosas:

33.1. Ordenar la entrega del actor al Estado requirente bajo el compromiso de que
este cumpla las condiciones previstas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley
906.

33.2. Una vez recibido el compromiso, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá
copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación
para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición
del Estado requirente de la persona reclamada.

33.3. Notificar personalmente la decisión al interesado “[…] haciéndole saber que

23
Aprobada por el Congreso de la República, mediante Ley 67 de 23 de agosto de 1993. Declarada exequible
mediante sentencia C-176 de 12 de abril de 1994. Promulgada mediante Decreto 671 de 26 de abril de 1995.
En vigor para Colombia.
24
Aprobada por el Congreso de la República, mediante Ley 800 de 13 de marzo de 2003. Declarada exequible
mediante sentencia C-962 de 21 de octubre de 2003. Promulgada mediante Decreto 3173 de 1 de octubre de
2004. En vigor para Colombia.

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contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito
en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”;

33.4. Se dispuso adicionalmente que una vez ejecutoriada la Resolución se enviara
copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección
de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de
Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de sus respectivas
competencias.

34. El actor informó que la Resolución Ejecutiva núm. 350 de 6 de septiembre de 2024
se le notificó el 30 de septiembre de 2024. Asimismo, que según informe de la
Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, a la fecha
del mismo, no había sido notificada ni comunicada la Resolución Ejecutiva.

35. Por lo expuesto anteriormente, de conformidad con los marcos normativos y los
criterios jurisprudenciales indicados anteriormente, esta Sala Unitaria considera que
la acción de Hábeas Corpus no es procedente para solicitar la libertad en aquellos
eventos en que la privación de la libertad se fundamenta en un trámite de extradición,
por cuanto las peticiones de libertad de quien se encuentra privado de la libertad, bajo
el procedimiento previsto en la Ley 906, deben ser presentadas ante el competente,
en los términos del artículo 511; solicitud que, conforme las pruebas aportadas, no ha
sido presentada por el interesado; y, en esa medida, se considera que la acción no
sustituye los procedimientos comunes dentro de los cuales se debe formular la
petición de libertad ni desplaza al funcionario competente.

Conclusión de la Sala Unitaria

36. La Sala Unitaria confirmará la sentencia de 18 de enero de 2025 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que declaró improcedente la acción de Hábeas Corpus, toda vez que el actor dispone
de otros medios para solicitar la libertad dentro del trámite de extradición que se
adelanta en su contra.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera en Sala Unitaria, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de enero de 2025 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación NOTIFICAR
esta providencia por el medio más expedito.

TERCERO: esta providencia, por Secretaría, REMITIR el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

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