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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-01233-01

Fecha
7 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-01233-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar los ordinales primero y segundo de la sentencia apelada. En su lugar: Primero. Declarar la nulidad de los actos administrativos demandados. Segundo. A título de restablecimiento del derecho, declarar en firme la declaración del impuesto sobre la renta presentada por la demandante, correspondiente al año gravable 2008. 2. Sin condena en costas en segunda instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2013-01233-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

7 de diciembre de 2023

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01233-01 (23520)
Demandante: Loreal Colombia S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D. C., siete (07) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2013-01233-01 (23520)
Demandante: Loreal Colombia S.A.
Demandado: DIAN

Temas: Renta. 2008. Regla de correspondencia. Ajustes al estudio de precios
de transferencia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del 19 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió (f. 440 vto.):

Primero: Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412012000015, del
26 de marzo de 2012, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional
de Impuestos de Grandes Contribuyentes, mediante la cual se modificó la declaración del impuesto
sobre la renta del año gravable 2008 presentada por la sociedad Loreal Colombia S.A., y de la
Resolución nro. 900.186, del 29 de abril de 2013, proferida por la Subdirección de Gestión Jurídica
de la DIAN, que modificó la [liquidación oficial de revisión] vía recurso de reconsideración, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Segundo: A título de restablecimiento del derecho, modificar la liquidación oficial del impuesto sobre
la renta del año 2008 de la sociedad Loreal Colombia S.A., de acuerdo con la liquidación efectuada
por esta corporación, que obra en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412012000015, del 26 de marzo de
2012 (ff. 82 a 97), la demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta
presentada por la actora para el año gravable 2008, en el sentido de añadir ingresos y de
disminuir el costo y los gastos operacionales de venta, como resultado de ajustar a la
mediana del rango el margen de utilidad determinado en las transacciones realizadas, en
el periodo, con entidades con las que tenía vinculación económica. Por lo anterior,
incrementó la cuota íntegra del impuesto y sancionó por inexactitud. Esta decisión fue
modificada por la Resolución nro. 900.186, del 29 de abril de 2013 (ff. 158 a 177 vto.), en
el sentido de disminuir el monto del impuesto liquidado oficialmente y de la sanción por
inexactitud impuesta, como resultado de la variación en el cálculo de la mediana del rango
derivado de acoger la petición de la demandante de excluir una compañía del análisis de
comparabilidad.

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Radicado: 25000-23-37-000-2013-01233-01 (23520)
Demandante: Loreal Colombia S.A.

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la actora formuló las siguientes pretensiones (f. 200):

1.1. Que se declare la nulidad de los actos acusados.

1.2. Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de mi representada en los
siguientes términos:

1.2.1. Señalando que la declaración de renta y complementarios presentada por la compañía por el
año gravable 2008 está en firme.

1.2.2. Ordenando el archivo del expediente que por este particular se haya abierto en contra de mi
representada.

1.2.3. Declarando que no son de cargo de Loreal las costas en que haya incurrido la DIAN con
relación a la actuación administrativa, ni las de este proceso.

A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución;
27 del CC (Código Civil, Ley 84 de 1873); 107, 260-1, 260-3, 647, 711 y 746 del ET
(Estatuto Tributario); y 197 de la Ley 1607 de 2012, bajo el siguiente concepto de
violación (ff. 203 a 222):

Sostuvo que su contraparte infringió el debido proceso y la regla de correspondencia,
porque, al fallar el recurso de reconsideración, expuso que el fundamento para rechazar
del análisis de comparabilidad a dos compañías radicaba en que desplegaron actividades
de investigación y desarrollo, siendo que el sustento de esa decisión planteado en los
actos previos había sido que esas empresas tenían como actividad lucrativa principal la
comercialización de los productos que por sí mismas fabricaban.

Para controvertir el fondo de la decisión acusada, relató que en el estudio de precios de
transferencia del año discutido seleccionó nueve compañías como comparables porque
tenían negocios similares a los propios, en tanto que eran comercializadoras mayoristas
de artículos de cuidado personal y de belleza, cuyos gastos en investigación y desarrollo
no superaban el 5% del valor de las ventas; y explicó que las modificaciones oficiales a
la autoliquidación revisada fueron el resultado de eliminar del análisis de comparabilidad
a dos compañías y de hacer un ajuste de comparabilidad de comparabilidad sobre una
tercera, consistente en excluir el gasto de amortización de un intangible.

Al respecto, planteó que su contraparte desatendió el artículo 260-3 del ET (en el texto
vigente para la época), según el cual solo serían relevantes para el estudio de precios de
transferencia las «diferencias significativas» que afecten la comparación de compañías
efectuada. Lo anterior, por la circunstancia de que la demandada erró al rechazar a dos
comparables basándose en que realizaron actividades de investigación y desarrollo, aun
cuando dichas actividades apenas representaban el 1,56% y el 0,8% de la cifra de ventas.
También alegó que los actos fueron falsamente motivados dado que afirmaron que la
primera compañía manufacturó los productos que comercializó, contrariando el reporte
público de la información financiera del periodo que acreditaba que subcontrató la
fabricación con terceros independientes; y porque para eliminar a la otra entidad

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incumplió la carga de probar que la venta de suplementos nutricionales y la manufactura
de los productos eran diferencias que influían significativamente en el análisis de
comparabilidad y que ningún ajuste permitiría eliminar el efecto de esas diferencias. Alegó
que, en todo caso, los criterios para eliminar las compañías del análisis de comparabilidad
no se aplicaron de manera homogénea y consistente, pues, como lo concluyó en el
dictamen pericial aportado, de haberlo hecho solo habrían permanecido dos de las nueve
comprables, con las que, además, permanecerían dentro del rango de plena competencia
sus márgenes de transferencia.

Al ajuste de comparabilidad que realizó la autoridad a una de las compañías seleccionada
como comparable en el estudio de precios de transferencia, lo tachó de ser técnicamente
inadecuado y de carecer de fiabilidad, por rechazar el gasto de amortización de un activo
intangible, sin ajustar los ingresos atribuibles al mismo. Por esa circunstancia, consideró
que la modificación no contribuyó a mejorar la comparabilidad, contrariando la que sería
la finalidad de los ajustes de acuerdo con los desarrollos técnicos acogidos por la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Añadió que, de juzgarse
que el ajuste era técnicamente adecuado, también tendría que llevarse a cabo respecto
de su propia información, con miras a excluir del cálculo de la comparación los pagos de
regalías por la explotación de la marca.

Sostuvo que, como no se estaba acreditada la manipulación, ni el manejo artificial, de los
precios pactados con partes vinculadas, no procedía modificar la autoliquidación del
tributo; y agregó que, debido a que en el periodo revisado el consumo se vio afectado por
la situación económica global, se materializó un riesgo de mercado que disminuyó la
rentabilidad operativa, lo cual impediría que la autoridad tributaria le ajustara el margen
de utilidad a la mediana del rango intercuartil.

Por último, se opuso a la multa impuesta a título de sanción por inexactitud, para lo cual
alegó que no incurrió en el hecho infractor, ni realizó maniobras fraudulentas para afectar
la cuota tributaria a su cargo y que, en cualquier caso si hubiese cometido la infracción,
se le tendría que exculpar por estar incursa en un error sobre la comprensión del derecho
aplicable.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 238 a 277 y 300 a 319).
Afirmó que en la resolución que desató el recurso de reconsideración replicó los
fundamentos jurídicos presentados en el requerimiento especial y en la liquidación oficial
para sustentar el rechazo de dos compañías que no eran comparables con la actora.
Indicó que, si bien en esa oportunidad identificó otra diferencia funcional para convalidar
su decisión, ese era un mejor argumento que no infringía la regla correspondencia en el
contenido de los actos expedidos en el curso del procedimiento administrativo, a la que
alude el artículo 711 del ET. Además, se opuso a la valoración del dictamen pericial que
aportó la actora con la reforma de la demanda, por invadir la órbita del operador judicial
al realizar calificaciones jurídicas y afirmaciones sobre el objeto de la litis.

Explicó que la demandante aplicó el método de «márgenes transaccionales de utilidad»
(TU) con la rentabilidad medida a través del «margen operativo» (MO) para determinar
sus precios de transferencia, de manera que la identificación de las comparables suponía
un análisis funcional (señaladamente, identificar las actividades con transcendencia
económica, las funciones ejercidas, los activos utilizados y los riesgos asumidos), siendo
irrelevante las similitudes entre los bienes producidos por las entidades. Defendió a partir
de lo anterior que se rechazara del estudio de precios de transferencia a las compañías

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que desplegaron funciones significativamente diferentes a las desarrolladas por la actora,
con miras a lo cual precisó que esta se dedicaba a la comercialización de bienes, mientras
que las rechazadas como comparables vendían productos de manufacturación propia y
hacían actividades de investigación y desarrollo, sin que en los estados financieros se
pudiera verificar la desagregación actividades para hacer los ajustes de comparabilidad
que permitieran eliminar los efectos de esas diferencias. De otra parte, sobre la compañía
respecto de la cual sí efectuó un ajuste de comparabilidad, planteó que era procedente
porque esa comparable tenía activos intangibles representativos que no poseía la actora,
de modo que para eliminar esa diferencia significativa y hacer la comparación más fiable
debía excluirse el gasto por la amortización de esos activos. Sostuvo que ese ajuste era
técnico-económico y además razonable, aunque no excluyó los ingresos que estuvieran
asociados a esos activos, porque no estaban probados. Sostuvo que era improcedente
el ajuste a la información de la actora, en cuanto a los gastos por el pago de regalías por
la explotación de la marca, porque estas erogaciones difererían de las que registra el
propietario de un intangible por su amortización.

Por lo expuesto, afirmó la procedencia de la sanción por inexactitud, pues en su criterio
la actora incurrió en la conducta infractora prevista en el parágrafo del artículo 260-10 del
ET (en la redacción vigente para la época) y alegó que era inaplicable la causal de
exculpación alegada, por cuanto la remisión al artículo 647 ibidem era para la tasación
de la multa.

Sentencia apelada

El tribunal declaró la nulidad parcial de los actos acusados a fin de reducir la sanción por
inexactitud conforme al principio de favorabilidad y se abstuvo de condenar en costas (ff.
413 a 440 vto). Juzgó que los actos proferidos en la actuación enjuiciada guardaron
correspondencia, porque los hechos cuestionados fueron los mismos durante todo el
procedimiento de revisión, i.e. que el margen de rentabilidad que determinó la actora no
estaba dentro del rango intercuartil determinado por la autoridad tributaria y, por ende,
debía ajustarse a la mediana de este. Puntualizó que el planteamiento desarrollado por
la demandada, al decidir el recurso de reconsideración, según el cual el rechazo de dos
comparables también se sustentaba en que realizaban actividades de investigación y
desarrollo, era un mejor argumento que no transgredía el artículo 711 del ET. Y negó que
el dictamen pericial aportado por la actora abordara temas fuesen de competencia
exclusiva del operador judicial, pues las conclusiones que brindaba eran técnicas.

Sobre el debate de fondo, verificó que las dos comparables que rechazó la autoridad
tributaria ejercieron actividades de manufactura y distribución de productos de cuidado
personal y de suplementos nutricionales, así como de investigación y desarrollo de
fórmulas, funciones que diferían de las que desarrolló la demandante, además, en un
sector económico también diverso, en el que podrían generarse márgenes de rentabilidad
distintos. Agregó que la comercialización de productos de cuidado personal, que era la
actividad asimilable a la de la actora no estaba desagregada en los estados financieros
de las empresas comparables para poder hacer los ajustes de comparabilidad que fueran
del caso; y que las actividades de investigación y desarrollo que llevaban a cabo esas
compañías eran económicamente trascendentales en su operación, siendo carga de su
contraparte probar que no afectaban el margen de utilidad. Respecto de la falta de
homogeneidad para la aplicación de los criterios de eliminación de las comparables, juzgó
que los criterios de comparabilidad debían aplicarse para cada empresa individualmente
considerada y no de forma uniforme, como lo reclamó la actora. Por lo expuesto, avaló el
rechazo de las dos compañías estudiadas del análisis de comparabilidad.

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En lo atinente al ajuste de comparabilidad efectuado a una de las compañías del grupo
de comparables, verificó que en la información financiera disponible había registrado un
activo intangible y el gasto por su amortización, pero sin que pudieran evidenciarse los
ingresos atribuibles a la explotación de ese activo. Por tanto, avaló el ajuste realizado por
la autoridad tributaria, porque la actora incumplió la carga de probar la modificación que
sería aplicable a los ingresos. Estimó que era inviable el ajuste a los gastos por regalías
en los que incurrió la demandante por el uso de la marca, porque no se trataba de un
rubro conmutable con el gasto por la amortización de un intangible por su propietario.

Finalmente, avaló la procedencia de la multa impuesta a título de sanción por inexactitud,
pero ajustada en virtud del principio de favorabilidad.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión del a quo (ff. 453 a 465), para lo cual insistió en que su
contraparte infringió el debido proceso y la regla de correspondencia de los actos, pues
en su criterio durante el desarrollo del procedimiento de revisión varió el sustento jurídico
que llevó al rechazo de dos compañías del análisis de comparabilidad. Explicó que en un
primer momento la demandada indicó que la falta de desagregación de la información
financiera de esas compañías impedía verificar que fueran comparables; pero cuando se
demostró esa segmentación y que el costo de las actividades de investigación y
desarrollo representaba menos del 2% de las ventas, varió el argumento, al fallar el
recurso de reconsideración, indicando que el rechazo procedía porque las funciones,
activos y riesgos de las comparables eran diferentes.

De otra parte, censuró que el tribunal desconociera que la carga de probar los hechos
que conllevan la modificación de la declaración privada del tributo era de la demandada
y que esta no se habría honrado porque su contraparte no acreditó cuantitativamente que
debían hacerse ajustes a su estudio de precios de transferencia. Reiteró que sí eran
comparables las dos compañías rechazadas, porque su también eran comercializadoras
y distribuidoras de la industria cosmética y de cuidado personal, subcontrataban los
procesos de manufactura y el segmento de investigación y desarrollo era del 1.56% y del
0,8% sobre el valor de las ventas, lo que no afecta de forma significativa el margen de
utilidad. Insistió en que, en el evento en que se juzgara que los criterios cualitativos
definidos por la demandada eran suficientes para excluir a las dos compañías cuestión
del estudio de precios de transferencia, entonces esos mismos criterios tendrían que
aplicarse de forma homogénea para la selección de comparables, con lo cual, de las
nueve compañías que hicieron parte del estudio de precios de transferencia, quedarían
solo dos entidades y, respecto estas, sus márgenes estarían dentro del rango intercuartil.

Sostuvo que el ajuste a la información de otra compañía comparable para excluir el gasto
por la amortización de un intangible procede desde la perspectiva del gasto. Explicó que
la exigencia del a quo sobre la prueba de los ingresos que obtuvo la comparable por la
explotación del intangible era improcedente, porque esos réditos serían determinables al
tiempo de la enajenación del bien pues, hasta entonces, la medición del intangible estaba
determinada por su valor razonable; y la comparabilidad que hizo la autoridad tributaria
suponía también un ajuste a su propia información consistente en la exclusión del gasto
por el pago de regalías por el uso de la marca. Cuestionó la distinción que hizo el tribunal
entre esos rubros, pues lo relevante en términos de comparabilidad sería que
corresponden a gastos por el uso de un intangible, y conforme a la técnica contable, el
valor económico de un activo intangible puede medirse desde el gasto, al margen de que
este sea por su amortización o por el pago para su utilización.

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Finalmente, afirmó que, por la contundencia de los argumentos propuestos en contra de
los actos demandados, si se estimara que incurrió en una inexactitud sancionable, estaría
probada la causal de exculpación relativa a un error sobre la comprensión del derecho
aplicable.

Alegatos de conclusión

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en las distintas etapas procesales (ff. 477
a 481 vto. y 482 a 492). La demandante agregó que el a quo violó el principio de
congruencia externa de la sentencia, pues fundamentó su decisión en la falta de pruebas,
siendo que se probó que eran improcedentes los ajustes que realizó la Administración al
análisis de comparabilidad. Además, señaló que, en cualquier caso, si se juzgase que
sus precios de transferencia estaban por fuera del rango intercuartil, sería improcedente
el ajuste a la mediana, porque la disminución de su utilidad operacional obedeció a la
materialización de un riesgo de mercado. El ministerio público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de
impugnación planteados por la demandante, en calidad de apelante única, contra la
sentencia del tribunal que los anuló parcialmente, con el fin de disminuir la sanción por
inexactitud en aplicación del principio de favorabilidad, y se abstuvo de imponer condena
en costas. En primer lugar, se establecerá si se transgredió la regla de correspondencia
entre los actos administrativos y por ende se violó la garantía constitucional al debido
proceso. Si no procediera ese cargo de apelación, se tendrá que definir la procedencia
del rechazo de dos compañías del análisis de comparabilidad llevado a cabo en el estudio
de precios de transferencia de la actora; y si el ajuste de comparabilidad que realizó la
autoridad tributaria respecto de una de las entidades comparables, consistente en la
eliminación del gasto por amortización de un activo intangible, conllevaba a la exclusión
de las regalías pagadas por la actora para el uso de la marca. De ser el caso, se decidirá
sobre la juridicidad de la sanción por inexactitud impuesta.

Pero la Sala tiene vedado estudiar los cargos novedosos planteados por la actora en los
alegatos de conclusión de segunda instancia, relativos a la incongruencia externa de la
sentencia y a la improcedencia del ajuste del margen de utilidad a la mediana del rango
intercuartil por la materialización de un riesgo de mercado en el año debatido, toda vez
que, conforme al artículo 328 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012),
la competencia del juez de segunda instancia se restringe a los aspectos formulados en
la apelación y sucede que, esos cuestionamientos, no se plantearon en el recurso de
apelación que presentó la actora. Dada esa circunstancia, se reitera que la etapa de
alegaciones de conclusión no es la adecuada para formular cargos de impugnación en
contra de lo resuelto en la sentencia de primera instancia (sentencia del 07 de mayo de
2020, exp. 23572, CP: Julio Roberto Piza).

2- Sobre la primera cuestión debatida, plantea la apelante que su contraparte infringió el
debido proceso y la regla de correspondencia, porque al decidir el recurso obligatorio en
vía administrativa cambió el sustento jurídico para excluir del análisis de comparabilidad
a dos compañías. Al efecto, expuso que en un primer momento la demandada consideró
que la falta de desagregación de la información de esas empresas impedía verificar que
fueran comparables, pero al fallar el recurso de reconsideración indicó que el rechazo
procedía porque las funciones, activos y riesgos de las comparables eran diferentes. En

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el otro extremo, la demandada afirmó que para decidir el recurso de reconsideración
replicó los fundamentos jurídicos presentados en los actos anteriores, e identificó otra
diferencia funcional entre las comparables rechazadas y la actora a efectos de convalidar
su decisión de rechazarlas del estudio de comparabilidad, lo que, en su criterio, no
constituía la infracción alegada. De conformidad con esas alegaciones, le corresponde a
la Sala determinar si se infringe la regla de correspondencia cuando, al resolver el recurso
de reconsideración, se formulan nuevos argumentos para sustentar la exclusión de dos
compañías comparables del estudio de precios de transferencia.

2.1- El artículo 711 del ET exige que las modificaciones a las declaraciones tributarias
obedezcan a los datos en ellas consignados y correspondan a los hechos planteados en
el requerimiento especial o en su ampliación, si la hubiera. Lo anterior, a fin de garantizar
el ejercicio del derecho de defensa del obligado tributario, para que pueda efectuar las
alegaciones, brindar las explicaciones y aportar las pruebas que estime pertinentes para
controvertir la propuesta o la decisión de la autoridad de impuestos. Al pronunciarse sobre
el alcance de esta exigencia, esta Sección ha precisado que la falta de correspondencia
ocurre cuando la liquidación oficial se basa en «hechos» distintos a los presentados en
el acto preparatorio, los cuales se concretan en «glosas» diferentes a las conocidas por
el administrado1. Aclarado lo anterior, se ha precisado que nada impide que la autoridad
tributaria plantee en los actos de liquidación argumentos adicionales a los inicialmente
formulados, siempre que se refieran a los mismos reproches indicados en el
requerimiento especial, máxime si con ellos se atienden los argumentos expuestos por
los contribuyentes o se valoran los medios de prueba aportados.

2.2- Partiendo de ese criterio, observa la Sala que lo que reprocha la demandante es que
«los argumentos y fundamentos que originaron la modificación propuesta [se refiere a la
exclusión de las dos compañías del análisis de comparabilidad llevado a cabo en el
estudio de precios de transferencia] variaron sustancialmente» a lo largo de actuación
administrativa (f. 463). Pues bien, como quedó explicado, la autoridad puede mejorar la
argumentación a lo largo del procedimiento de determinación oficial del impuesto.

En el sub examine, observa la Sala que la autoridad tributaria, en el requerimiento
especial, determinó que «el margen de rentabilidad hallado por el contribuyente utilizando
el método antes citado [márgenes transaccionales de utilidad de la operación], en las
operaciones mencionadas, se encuentra por debajo de la mediana determinada por este
despacho» (f. 402 caa), por cuanto «de las nueve empresas seleccionadas se
encontraron dos que realizan funciones distintas a las desarrolladas por la
contribuyente». En concreto, sobre la primera entidad señaló que «la actividad principal
es la fabricación y la venta al por mayor de productos para la salud … vende suplementos
nutricionales, pero también desarrolla sus productos» (f. 399 caa); mientras que la
segunda compañía «tiene una línea de productos correspondientes a suplementos
nutricionales, los cuales fabrican y distribuyen, también indican que desarrollan labores
de investigación y desarrollo» (f. ibidem). Agregó que, en todo caso, «en el análisis
contenido en la documentación comprobatoria aportada, no se refleja segmentación en
los estados financieros de las compañías mencionadas donde se pueda establecer cuál
es la parte correspondiente exclusivamente a distribución, sin incluir el segmento de
producción, tampoco se observa ningún tipo de ajuste en cuanto a los rubros
correspondientes a investigación y desarrollo; por lo que se considera que las sociedades
no son comparables con la contribuyente, puesto que esta se dedica únicamente a la
comercialización de productos» (ff. 399 y 400 caa). Basándose en los argumentos

1
Así sentencias del 09 de diciembre de 2004, exp. 14307, CP: María Inés Ortiz Barbosa; del 05 de octubre de 2016 y del 13 de
diciembre de 2017, exps. 19366 y 20858, CP: Jorge Octavio Ramírez; del 14 de junio de 2018, exp. 20821, CP: Milton Chaves García;
y del 02 de diciembre de 2021, exp. 23424, CP: Julio Roberto Piza.

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esbozados, propuso el incremento de los ingresos brutos operacionales y la disminución
del costo y de los gastos de venta (ff. 408 a 410 caa). Esos mismos argumentos jurídicos
sustentaron la liquidación oficial de revisión mediante la cual se modificó la declaración
del impuesto sobre la renta presentada por la actora (ff. 485 a 500 caa).

Seguidamente, en la resolución que decidió el recurso de reconsideración, la demandada
modificó la liquidación oficial, porque aceptó el alegato de la actora relativo a la exclusión
de otra entidad que se tuvo como comparable en el estudio de precios de transferencia,
lo que resultó en una reducción de la medina del rango intercuartil y, por ende, de la cuota
tributaria a su cargo (ff. 582). Pero sobre el tema objeto de debate, mantuvo la decisión
de excluir del análisis de comparabilidad a dos compañías que no eran comparables con
la actora porque cumplían funciones diferentes a esta. En cuanto a la primera entidad,
reiteró que «vende suplementos nutricionales, pero también desarrolla sus productos …
se observa que la actividad principal es la fabricación y la venta al por mayor de productos
para la salud», y agregó que «al ser consultado el informe 10k presentado … en 2009,
se observa que la sociedad informó sobre la realización de actividades de investigación
y desarrollo» lo que «permite concluir que no se encuentra dentro de los parámetros de
comparabilidad definidos por la contribuyente» (ff. 580 y 580 vto. caa). Sobre la segunda
empresa insistió en que «tiene una línea de productos correspondientes a suplementos
nutricionales, los cuales fabrican y distribuyen, también indican que desarrollan labores
de investigación y desarrollo» (f. 580 vto. caa).

2.3- A partir de lo expuesto, la Sala concluye que la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración se fundamentó en los mismos hechos que sustentaron el acto
preparatorio y la liquidación oficial i.e. el rechazo de dos compañías comparables
incluidas por la demandante en el estudio de precios de transferencia. Lo anterior, porque
estimó la autoridad tributaria que realizaron funciones diferentes a las de la contribuyente
y no se hicieron ajustes que permitieran conservarlas como comparables. Ahora, si bien
la Administración al fallar el recurso de reconsideración planteó que otra diferencia de
una de esas empresas con la actora era que desplegó actividades de investigación y
desarrollo, ese corresponde a un mejor argumento que no transgrede el debido proceso
ni la regla de correspondencia alegada. No prospera el cargo de apelación.

3- En cuando al fondo de la discusión, el tribunal avaló el rechazo de dos compañías del
análisis de comparabilidad llevado a cabo en el estudio de precios de transferencia de la
contribuyente, pues consideró que no eran entidades comparables con esta, en la medida
en que desplegaban funciones diferentes y en un sector económico distinto, sin que
estuviera desagregada la información financiera para efectuar los ajustes que serían
requeridos para la comparación. Explicó que las dos compañías ejercían actividades de
manufactura y distribución de productos de cuidado personal y de suplementos
nutricionales, mientras que la actora solo distribuía –sin manufacturar– bienes de cuidado
personal; también que realizaron labores de investigación y desarrollo de fórmulas que
eran funciones económicamente trascendentales en la operación, pero la demandante
no probó que fueran irrelevantes para el análisis de comparabilidad. A esas
consideraciones se opone la apelante única, indicando que esas dos compañías sí eran
comparables porque, como ella, se dedicaban a la comercialización al por mayor de
productos de la industria cosmética y del cuidado personal, y subcontrataban sus
procesos de manufactura. Además, afirma que probó que el segmento de investigación
y desarrollo representaba solo el 1,56% y el 0,8% sobre el valor de las ventas, lo que no
afectaba de forma significativa el margen de utilidad. Agrega que el tribunal desconoció
que fue la demandada quién incumplió la carga de probar que las labores de investigación
y desarrollo eran cuantitativamente relevantes para excluir a esas dos empresas del
análisis de comparabilidad. Por otra parte, censura que la autoridad tributaria no aplicara

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de forma homogénea los criterios cualitativos de comparabilidad que definió para la
selección de comparables, porque, si lo hubiera hecho de esa forma, quedarían dos
entidades comparables y, aun con estas, sus precios de transferencia estarían dentro de
los márgenes de plena competencia.

A partir de esa alegaciones, la Sala verifica que la apelante acepta que las dos
comprables que rechazó la Administración realizaron actividades diferentes a las propias,
i.e. funciones de investigación y desarrollo; pero discute que esa diferencia cualitativa
fuera suficiente para su exclusión del análisis de comparabilidad, puesto que los gastos
en investigación y desarrollo representaron un porcentaje mínimo en relación con las
ventas, siendo carga de su contraparte acreditar la forma en que afectaba la
comparación. Además, asegura que las demás funciones de esas compañías sí que eran
comparables con las propias, porque comercializaron bienes de la industria cosmética y
del cuidado personal subcontratando sus procesos de manufactura. En esos términos, la
Sala deberá definir si procedía el rechazo de esas dos compañías del análisis de
comparabilidad o si, en cambio, aun con las diferencias en las funciones podían
considerarse comparables con la actora. Si no fuera así, deberá decidirse si los criterios
en los que se basó la Administración para eliminar a esas dos compañías debían
aplicarse en forma homogénea de cara al set de las comparables y, si con ello la actora
estaría dentro del rango de plena competencia.

3.1- Para el periodo gravable discutido, el régimen de precios de transferencia estaba
previsto en las versiones entonces vigentes de los artículos 260-1 y siguientes del ET
donde se dispuso que quienes celebraran operaciones con vinculados económicos del
exterior determinarían sus factores componentes de renta, valorando esas operaciones
bajo precios y márgenes de utilidad correspondientes a operaciones comparables
desarrolladas entre partes independientes; y se facultó a la Administración, para liquidar
dichos factores en los referidos términos, «mediante la determinación del precio o margen
de utilidad a partir de precios y márgenes de utilidad en operaciones comparables con o
entre partes no vinculadas económicamente, en Colombia o en el exterior» (artículo 260-
1 del ET). Para tal efecto, los artículos 260-4 y 260-8 ibidem dispusieron que los obligados
al régimen, debían presentar de forma anual la DIPT (Declaración Informativa de Precios
de Transferencia) con las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas,
así como la documentación comprobatoria por cada operación, para demostrar la
correcta aplicación de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia y
cuyo contenido específico fue previsto en el artículo 7.° del Decreto 4349 de 2004.

Por su parte, el artículo 260-2 del ET previó los métodos que pueden aplicarse para
determinar el margen de utilidad de las operaciones, entre estos el método de márgenes
transaccionales de utilidad de operación –utilizado por la actora en su estudio de precios
de transferencia–, el cual «consiste en determinar, en transacciones entre vinculados
económicos o partes relacionadas, la utilidad de operación que hubieran obtenido partes
independientes en operaciones comparables, con base en factores de rentabilidad que
toman en cuenta variables tales como activos, ventas, costos, gastos o flujos de efectivo».
Al respecto, la Sala ha precisado que «bajo este método, se hace un especial énfasis en
las funciones desarrolladas por las partes y los indicadores de utilidad pueden resultar
menos afectados por las diferencias en los bienes y condiciones de la transacción»
(sentencia del 16 de septiembre de 2021, exp. 22352, CP: Myriam Stella Gutiérrez
Argüello).

Lo anterior es concordante con lo previsto en el artículo 260-3 del ET conforme al cual,
las transacciones serán comparables «cuando no existen diferencias entre las
características económicas relevantes de estas y las del contribuyente que afecten de

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manera significativa el precio o margen de utilidad a que hacen referencia los métodos
establecidos en el artículo 260-2 o, si existen dichas diferencias, su efecto se puede
eliminar mediante ajustes técnicos económicos razonables». Estando dentro de los
factores de comparabilidad que deben ser verificados, las funciones o actividades
económicas significativas, incluyendo los activos utilizados y los riesgos asumidos en las
operaciones por las partes de la operación (ordinal 2.°).

Ahora bien, el referido artículo 260-2 del ET señalaba que, cuando haya varias
operaciones comparables, es posible utilizar un rango de precios o márgenes, a través
de la aplicación de métodos estadísticos, en particular, el rango intercuartil, contra el cual
se compararía la operación ejecutada por el contribuyente. Entonces, bajo el régimen de
precios de transferencia se considera que el precio o margen de la transacción controlada
cumple con el principio de plena competencia, si se encuentra dentro del rango (ajustado
o no, según el caso) de precios determinados por partes independientes, tras adelantar
el análisis de comparabilidad respectivo y aplicar el método más apropiado; en caso
contrario, «se considerará que el precio o margen de utilidad en operaciones entre partes
independientes es la mediana de dicho rango».

3.2- De conformidad con el marco jurídico referido, para determinar la tributación
conforme al principio de plena competencia, se necesita efectuar un análisis de
comparabilidad entre las transacciones controladas y aquellas realizadas por partes
independientes que sean comparables (sentencia del 05 de noviembre de 2020, exp.
21990, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez). Al efecto, se deben valorar las condiciones de
las operaciones controladas, identificar las comparables y determinar los ajustes de
comparabilidad que fueran requeridos para dotar de fiabilidad al análisis. Así, la
comparación de las condiciones de las transacciones controladas, con las llevadas a cabo
entre partes independientes, implica que las características económicamente relevantes
de ambos grupos de transacciones sean asimilables; para lo cual las diferencias
identificadas entre unas y otras transacciones no pueden afectar materialmente el precio
o margen de utilidad o, en caso contrario, se deben realizar los ajustes razonables de
comparabilidad para neutralizar los efectos de tales diferencias (sentencias del 14 de
junio de 2018, exp. 20821, CP: Milton Chaves García y 11 de mayo de 2023, exp. 26590,
CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello). Consecuentemente, a partir de la verificación de
los factores de comparabilidad, se debe determinar si existen diferencias en las
circunstancias económicamente relevantes de las operaciones o de las empresas
comparadas. Establecido lo anterior, se debe juzgar si las diferencias entre las
situaciones comparadas afectan materialmente el precio o margen de transacción y, de
ser así, si se pueden realizar ajustes técnicos-económicos razonables para eliminar los
efectos de tales diferencias.

3.3- En torno a la carga de la prueba, la Sala mediante sentencia del 10 de octubre de
2018 (exp. 20751, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez) señaló la forma y la oportunidad en
la que el contribuyente debe probar que los precios o márgenes de utilidad que obtuvo
en una operación controlada cumplen con el principio de plena competencia. Sobre el
particular, la Sección precisó que es la documentación comprobatoria en su doble
connotación de deber formal, dirigido a soportar la determinación del impuesto sobre la
renta conforme al principio de plena competencia, e instrumento de fiscalización, el medio
de prueba idóneo para el efecto. Lo anterior, bajo el entendido de que es el documento
en el que debe plasmar el estudio de precios de transferencia y las pruebas que lo
soportan. Este medio de prueba, a su vez, corresponde al tema de la prueba o, en otras
palabras, a los hechos que deben ser probados, que en el contexto del régimen de
precios de transferencia significa que los «ingresos, costos, deducciones y sus activos
adquiridos en el respectivo año gravable, relativos a las operaciones celebradas con

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vinculados económicos o partes relacionadas domiciliados o residentes en el exterior y/o
en paraísos fiscales, fueron determinados considerando para esas operaciones los
precios, montos de contraprestación o márgenes de utilidad que se hubiesen utilizado
con o entre partes independientes» (redacción original de los artículos 260-1, 260-4 y
260-10 del ET y del artículo 7.⁰ del Decreto 4349 de 2004).

Dada la conducencia probatoria y la identificación del tema objeto de la prueba que
ostenta la documentación comprobatoria, este medio resulta idóneo, en los términos del
artículo 743 del ET, para acreditar la observancia de la normativa de precios de
transferencia. Esto no significa que exista una tarifa legal, pues el juez puede valorar
libremente dicho medio probatorio, acorde con las reglas de la sana crítica. Ahora, las
partes pueden aportar, al procedimiento administrativo o al proceso, medios de prueba
adicionales a la documentación comprobatoria que, de acuerdo con las reglas de la sana
crítica, permitan controvertir o afirmar los análisis y conclusiones que formule la misma.
En el caso de los dictámenes periciales, la Sala2 tiene fijado como criterio de decisión
que en cada caso particular se debe evaluar si la opinión rendida es lo suficientemente
sólida, clara, exhaustiva y precisa para coadyuvar a resolver de fondo la litis, pero sin
aportar conclusiones jurídicas relativas al sometimiento al principio de plena competencia
en el marco del régimen de precios de transferencia. Así, los dictámenes periciales no
brindan una oportunidad para que los obligados subsanen o modifiquen, en el trámite
judicial, los resultados obtenidos al elaborar y aportar sus estudios de precios de
transferencia. Lo anterior, porque el artículo 260-4 del ET le confirió a la documentación
comprobatoria una eficacia probatoria, por cuenta de la cual es preciso que la
Administración cuente con la versión acabada del estudio de precios de transferencia en
la oportunidad regulada para que pueda adelantar la comprobación y revisión de la
declaración tributaria bajo los estrictos plazos de caducidad que delimitan la legalidad de
sus actuaciones en el tiempo.

3.4- Delimitado así el marco jurídico aplicable al sub examine, la Sala pasa a estudiar las
pruebas del plenario, a fin de determinar si procede el rechazo de dos compañías del
análisis de comparabilidad llevado a cabo en el estudio de precios de transferencia de la
actora. Al respecto, se encuentran probados los siguientes hechos relevantes:

(i) En la declaración del impuesto sobre la renta revisada, la actora registró: (a) ingresos
operacionales por $80.860.119.000, (ii) costo de ventas por $17.305.516.000, y (c) gastos
de ventas por $41.402.309.000 (f. 4 caa).

(ii) El 08 de julio de 2009, la demandante presentó la DIPT en la que informó:
«operaciones de ingreso con vinculadas del exterior» por $740.402.000 y «operaciones
de egreso» por $24.177.889.000 (ff. 5 a 7 caa). Seguidamente, por requerimiento de la
autoridad tributaria (f. 8 caa), el 28 de agosto de 2009, la actora aportó la documentación
comprobatoria de esas operaciones (ff. 10 a 109 caa). Concretamente, del estudio de
precios de transferencia se destaca que:

(a) Para el año gravable 2008, la actora celebró con sus vinculadas del exterior las
siguientes transacciones: i. exportación de inventario no producido por $740.403.262;
ii. importación de productos terminados por $18.217.615.263; iii. egresos por regalías
en cuantía de $618.191.261; iv. egresos por publicidad por $1.248.111.690; v. egresos
por asistencia técnica por $3.400.051.933; y vi. Otros egresos –licencias y registros–
por $693.919.424. Asimismo, se precisó que por la interrelación entre esas
operaciones su evaluación se haría en forma conjunta, puesto que por separado no
reflejarían la realidad de las actividades del negocio (f. 13 y 43 vto. a 45 caa).
2
Sentencias del 10 de octubre de 2018 y 05 de noviembre de 2020 (exps. 20751 y 21990, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).

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(b) Por «contar la información financiera más confiable», se hizo el análisis económico
de las operaciones aplicando el método de márgenes transaccionales de utilidad de
operación (TU) y se determinó que, en el periodo discutido, la demandante tuvo una
rentabilidad del 7% (6,975%), medida a través del margen operativo (MO); resultado
que sugirió que las operaciones con las vinculadas del exterior se celebraron sin
afectar el principio de plena competencia, porque con las entidades comparables –i.e.
empresas independientes dedicada a la distribución de productos similares– se generó
un rango intercuartil (ajustado por el promedio ponderado de cuentas de capital de los
ejercicios comprendidos entre 2005 a 2008) que va de 6,5% a 10,2%, con una mediana
de 8,3% (f. 13 vto. caa).

(c) En concreto sobre los puntos debatidos, en el análisis funcional, se indicó que la
actora desplegó actividades de «comercialización de productos importados de sus
afiliados en el exterior, los cuales no son transformados, sino que para la venta se
acompañan de un “blister” (etiqueta) y sticker, cuya producción se entrega en maquila
a empresas locales» (f. 14 vto. caa). Se precisó que los bienes comercializados eran
del sector de cosméticos y se dividían en cuatro grupos: i. productos profesionales
para coloración, estilo, champús y cuidado del cabello; ii. productos para el mercado
de consumo masivo para cuidado del cabello y tinturas, cuidado de la piel, maquillaje
y desodorantes; iii. producto de lujo de maquillaje, cuidado de la piel y perfumes; y iv.
productos de cuidado de la piel para ser vendidos en farmacias y secciones especial
de droguerías, bajo prescripción médica o dermatológica (f. 18 vto.). También se
puntualizó que las funciones de «investigación y desarrollo» eran ejercidas por la casa
matriz en Francia, pues la compañía «no lleva a cabo ningún tipo de inversión en
investigación y desarrollo en la actualidad»; además que «si un afiliado local tuviese
que adelantar alguna investigación, lo haría como un proveedor de servicios… y los
costos le serían reembolsados en un 100%» (f. 48 vto. caa). También que «no fabrica
en Colombia los productos que comercializa; los compra a licenciadores franceses» (f.
49 caa).

(d) Sobre el método de determinación de precios de transferencia, explicó que se eligió
el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación porque el margen
operacional «puede ser más tolerable a las diferencias en las funciones existentes
entre la parte analizada y las comparables que afectan el margen de la transacción,
sumado al análisis realizado a las características de las funciones, activos, y riesgos
asumidos por la compañía» (f. 71 caa).

(e) En la selección de comprables, se señaló que «no fue posible identificar compañías
comparables en el mercado local», porque no estaba disponible la información
cuantitativa y cualitativa que se requería para la comparación (f. 71 vto. caa). A
continuación, se indicó que, de la búsqueda inicial de comparables en el mercado de
Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo resultaron 90 compañías potencialmente
comparables, a las que les fueron aplicados los siguientes criterios cuantitativos para
su rechazo o selección: i. información insuficiente: se descartaron las entidades que
no tuvieran publicados por lo menos los estados financieros de dos años; ii. pérdidas
operativas: se eliminaron las compañías con más de dos años de pérdidas; y iii.
funciones de investigación y desarrollo: se descartaron las entidades que reportaban
una proporción de gastos en estas actividades sobre las ventas superiores al 5% (f. 73
caa). En seguida, se aplicaron criterios cualitativos para identificar, a partir de la
descripción del negocio, las empresas que, según sus funciones, productos y mercado,
serían comparables con la demandante en la actividad de importación y distribución
de producto terminado, quedando como comparables nueve compañías (f. 73 vto.

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caa). Conforme el apéndice e., entre las razones cualitativas para el rechazo, se
identificaron: funciones de manufactura, funciones diversificadas, y otro tipo de
negocio. Además, respecto de las nueve entidades elegidas como comparables se
hizo un ajuste de comparabilidad para neutralizar el efecto de las compras y ventas a
plazo, de manera que se ajustó la información de las compañías como si las
operaciones fueran de contado (ff. 82 vto. y 83 caa).

(f) En el apéndice b. está la información financiera de las nueve comparables,
incluyendo las dos entidades objeto de discusión. Al respecto, se evidencia que esas
dos empresas registraron gastos por investigación y desarrollo que, en relación con
las ventas, representan el 1,56% y 0,8%, respectivamente (f. 78 caa). Otras tres
compañías, incluida la que se eliminaría del análisis de comparabilidad al acceder a la
petición que formuló la actora en el recurso de reconsideración, registraron gastos en
estas funciones equivalentes al 0,12% (f. 76 vto. caa), 0,82% (f. 79 caa) y 2,08% (f. 79
vto. caa).

(g) A su vez, en el apéndice c. se describen los negocios realizados por las nueve
comparables seleccionadas. Sobre la primera compañía discutida, indica que «se
dedica al desarrollo y venta de suplementos nutricionales, productos tópicos y para el
cuidado de la piel y productos para el control del peso en todo el mundo» (f. 81 caa y
62 a 633). En cuanto a la segunda entidad, señala que «desarrolla y distribuye
productos para el cuidado personal y suplementos nutricionales en todo el mundo» (f.
81 vto. caa y 63 y 644).

(h) Obra en el expediente el reporte de la información financiera de las dos entidades
rechazadas realizado para el año 2008, en la Forma 10-K requerida por la SEC
(Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos. En cuanto a la primera
compañía, el reporte da cuenta de que opera con un segmento de negocio que
consiste, «principalmente», en vender «suplementos nutricionales a través de canales
de distribución de marketing en red» (f. 336 caa). Al respecto, puntualiza que, entre
sus funciones, la compañía «desarrolla y vende una gama de suplementos
nutricionales, productos tópicos y para el cuidado de la piel y productos para el control
del peso. También vende una gama de ayudas de ventas para su red de asociados y
miembros independientes, a través de los cuales distribuye sus productos» (f. 339
caa). Además, precisa que como «una estrategia operativa flexible y la capacidad de
aumentar la capacidad de producción», contrata a «terceros para fabricar todos los
productos, lo que le permite responder de manera efectiva a las fluctuaciones de la
demanda con una inversión mínima y ayuda a controlar los costos operativos» (f. 2085).
Respecto de la segunda compañía excluida por la autoridad tributaria del análisis de
comparabilidad, en la Forma 10-K se indica que como negocio «la compañía desarrolla
y distribuye productos para el cuidado personal y suplementos nutricionales que se
venden bajo las marcas [nombre de las dos líneas de negocio]» (f. 357 caa). Explican
que, con relación a los bienes de cuidado de la piel, «para mantener la alta calidad de
los productos, adquieren los ingredientes y contratan la producción de los productos a
proveedores y fabricantes que consideran fiables y que ofrecen materiales y servicios
de alta calidad». Asimismo, «todos los suplementos nutricionales e ingredientes son
producidos o suministrados por terceros proveedores y fabricantes» (f. 348 caa). En
cuanto a los ingresos obtenidos en cada línea de negocio, en la Forma 10-k se
especifica que para los años 2007, 2008 y 2009, la línea de cuidado de la piel

3
En la respuesta al requerimiento especial, presentada por la actora el 28 de septiembre de 2011, se encuentran las traducciones al
español, de los textos contenidos en la documentación comprobatoria.
4
En la respuesta al requerimiento especial, presentada por la actora el 28 de septiembre de 2011, se encuentran las traducciones al
español, de los textos contenidos en la documentación comprobatoria.
5
Corresponde a una cita en la reforma de la demanda de la Forma 10-K de periodo gravable 2008.

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representó el 40,8%, 43%, y 50,8% de las ventas, respectivamente (f. 345 caa).

(iii) En el requerimiento especial, la demandada sostuvo que «de las nueve empresas
seleccionadas se encontraron dos que realizan funciones distintas a las desarrolladas por
la contribuyente. Tal como se evidencia en la descripción del negocio de las empresas
comparables y en el formato 10-K». Puntualizó que la primera compañía «vende
suplementos nutricionales, pero también desarrolla sus productos. En la descripción de
la sociedad, tomado de los estados financieros publicados, se observa que la actividad
principal es la fabricación y la venta al por mayor de productos para la salud». Para la
segunda entidad señaló que «tiene una línea de productos correspondientes a
suplementos nutricionales, los cuales fabrican y distribuyen, también indican que
desarrollan labores de investigación y desarrollo». Además, precisó que «el análisis
económico contenido en la documentación comprobatoria aportada, no se refleja
segmentación en los estados financieros de las compañías mencionadas donde se pueda
establecer cuál es la parte correspondiente exclusivamente a distribución, sin incluir el
segmento de producción tampoco se observa ningún tipo de ajuste en cuanto a los rubros
correspondientes a investigación y desarrollo». Por ende, concluyó que «las sociedades
no son comparables con la contribuyente, puesto que esta se dedica únicamente a la
comercialización de productos y no realiza actividades de producción ni de investigación
y desarrollo de productos» (ff. 399 y 400 caa).

(iv) En línea con lo anterior, en la liquidación oficial demandada, la Administración planteó
que procede el rechazo de las dos entidades analizadas, porque la primera fabrica y
vende suplementos nutricionales; y la segunda tiene una línea de productos
correspondiente a suplementos nutricionales, los cuales fabrica y distribuye, además,
realiza labores de investigación y desarrollo. Sostuvo que la diferencia en las labores era
suficiente para el rechazo, toda vez que no estaba la «segmentación en los estados
financieros … donde se pueda establecer cuál es la parte correspondiente
exclusivamente a distribución, sin incluir el segmento de producción. Tampoco se
observa ningún tipo de ajuste en cuanto a los rubros correspondientes a investigación y
desarrollo» (f. 493). Al decidir el recurso de reconsideración, reiteró los anteriores
argumentos y agregó que las labores de investigación y desarrollo fueron un criterio para
eliminación de las comparables potenciales en el estudio de precios, de manera que,
como las dos compañías ejercieron esas funciones no se encontraban dentro de los
parámetros de comparabilidad definidos por la actora (ff. 580 a 581 caa).

(v) Con la reforma a la demanda, la actora presentó un dictamen pericial sobre «la
razonabilidad de la aplicación de los criterios de comparabilidad usados en la
documentación comprobatoria de precios de transferencia 2008 y aquellos utilizados por
la Administración», que no se controvirtió por la demandada. Frente al tema objeto de
controversia, del análisis técnico se extraen los siguientes datos relevantes (ff. 224 a 236):

(a) En cuanto a las labores de investigación y desarrollo, precisa que en el estudio de
precios llevado a cabo por la actora se «definió como criterio de rechazo cuantitativo
una razón de gastos de investigación y desarrollo sobre ventas mayor a 5%», criterio
que se aplicó de forma homogénea para la selección de las comparables, puesto que
las nueve compañías elegidas tenían gastos en esas funciones que, en relación con
las ventas, no superaban del 2,26% (f. 225). En cambio, sobre los ajustes que efectuó
la autoridad tributaria, señala que utilizan un criterio cualitativo y fundamentado en la
información descriptiva de negocios, consistente en excluir las entidades que
mencionan que realizan labores de investigación y desarrollo. Pero concluye que ese
criterio no se aplicó de forma homogénea, toda vez que siete de las nueve
comparables tenían en la descripción de su negocio que realizaban actividades de

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investigación y desarrollo, y seis registraron gastos asociados a esas actividades (ff.
225 a 227). Al respecto, se conceptuó que «eliminar aquellas compañías que realizan
actividades de investigación y desarrollo, teniendo en cuenta que la compañía no lleva
a cabo este tipo de actividades, es razonable por cuanto las mismas pueden
representar para las compañías una mayor rentabilidad esperada». Puntualizó que «la
utilización tanto de criterios cuantitativos como cualitativos es correcta y técnicamente
aceptable, siendo el primero es más preciso por cuanto permite evaluar con mayor
precisión la magnitud de las funciones y provee mayores elementos de juicio para
tomar una decisión más acertada a la hora de rechazar o aceptar una comparable» (f.
227).

(b) En lo que se refiere a las actividades de las comparables, se explica que, para
verificar si las compañías seleccionadas como comprables realizan esa actividad, se
revisó la información financiera para identificar si registraron partidas de materias
primas e inventarios en procesos, y obtener la participación de esas partidas en el
costo de venta, considerando que esas partidas son propias de las entidades
dedicadas a actividades productivas. A partir de esos datos, concluyeron que seis
compañías comparables «realizan actividades de manufactura, ya sea por sí mismas
o subcontratando a terceros» (f. 228), de manera que, «si se aplicara el criterio
cuantitativo de manera homogénea, solo deberían ser aceptadas como comparables
las compañías [nombra a las tres entidades]», dos de las cuales corresponden a las
mismas que podrían seleccionarse si se aplicara el criterio cualitativo respecto de la
labor de investigación y desarrollo (f. 228). Además, se revisó la descripción del
negocio de cada compañía para verificar el criterio cualitativo de rechazo que definió
la demandada (i.e. mención a la realización de actividades de manufactura y
comercialización de productos diferentes). De lo anterior, concluyó que solo dos
compañías –las mismas que tampoco realizan actividades de investigación y
desarrollo– se dedican a la comercialización de bienes, sin producirlos directamente o
a través de terceros, ya que las demás manufacturan todas sus líneas de negocio o
subcontratan sus procesos de manufactura. Sobre el particular, conceptuó que,
siguiendo las directrices de la OCDE, «cuando se utiliza el método de márgenes
transaccionales de utilidad de operación es posible que se presenten ciertas
distorsiones o variaciones en las funciones desarrolladas, activos utilizados y riesgos
asumidos entre la parte analizada y las compañías comparables, lo cual no
compromete necesariamente la comparabilidad del método». Agregó que el criterio de
rechazo de la Administración no se aplicó de manera homogénea, disminuyendo la
fiabilidad del análisis (ff. 229 y 230).

(c) Finalmente, precisó que el MO de 6,975% obtenido por la demandante está dentro
de rango conformando por el MO de las dos comparables que superan los criterios de
rechazo que definió la demandada, que corresponden a 5,8% y 7,7% (ff. 232 y 233).

3.5- Vistos los hechos probados, pasa la Sala a verificar la razonabilidad de los criterios
en los que sustentó la autoridad tributaria el rechazo de dos compañías del estudio de
comparabilidad llevado a cabo por la actora en el estudio de precios de transferencia. En
torno al criterio de rechazo asociado a las labores de investigación y desarrollo, inicia la
Sala por precisar que, con base las directrices de la OCDE (parágrafo 3.436), entre los
criterios cuantitativos más usados para aceptar o rechazar comparables potenciales, se
encuentran aquellos «vinculados a los intangibles, tales como … la ratio de “investigación
y desarrollo (I+D)/ventas” », resaltándose que «cuando se disponga de ellos, estos datos
pueden utilizarse, por ejemplo, para excluir a las sociedades con… actividades de I+D en

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La cita corresponde a la versión del año 2022 de las directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a
empresas multinacionales y administraciones tributarias.

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aquellos casos en los que la parte objeto de análisis no … participe en actividades
significativas de I+D». En el sub lite, la actora designó un criterio cuantitativo de rechazo
de comparables potenciales consistente en excluir del análisis de comparabilidad a las
compañías con gastos en investigación y desarrollo superiores al 5% del total de las
ventas, criterio que, para la Sala resulta razonable y técnico pues, conforme a lo indicado
en las directrices de la OCDE y el concepto técnico aportado con la reforma a la demanda
–que no se discutió por la demandada–, la relación cuantitativa entre las actividades de
investigación y desarrollo y el monto de las ventas «permite evaluar con mayor precisión
la magnitud de esas funciones», que la sola enunciación de esas labores en el objeto de
las entidades, criterio cualitativo al que se refirieron los actos demandados.

Así, se constata que la autoridad tributaria no desacreditó la fiabilidad del criterio
cuantitativo fijado por la sociedad contribuyente, puesto que se limitó a indicar que las
funciones de investigación y desarrollo estaban dentro de los parámetros de
comparabilidad definidos en el estudio de precios de transferencia para el rechazo de las
comparables. Pero, sin realizar ningún análisis sobre los gastos en esas labores contra
el total de las ventas (como se había definido en el estudio), concluyó que procedía la
exclusión de las dos compañías que desarrollaron funciones de ese tipo, por la sola
mención de las mismas en su descripción de negocio. Además, se verifica que la
autoridad tributaria tampoco aplicó ese parámetro de forma homogénea, ya que, como
se concluye en el dictamen pericial, otras cuatro compañías describieron entre las
actividades del negocio las labores de investigación y desarrollo. Asimismo, la
documentación comprobatoria del estudio de precios de transferencia acredita que otras
tres compañías tuvieron gastos asociados a esas funciones. Aunque la Sala no
desconoce que las entidades que despliegan funciones de investigación y desarrollo
pueden tener una mayor rentabilidad –como se señaló en el concepto técnico aportado
con la reforma de la demanda–, en el presente caso, la Administración omitió acreditar
que fuera una característica económica relevante para las dos empresas rechazadas,
que afectara el margen de utilidad. En esa medida, las funciones de investigación y
desarrollo que desplegaron las compañías analizadas, en sí mismas, no justificaban su
exclusión del análisis de comparabilidad, por cuanto cumplían el criterio cuantitativo de
aceptación que fijó la actora, al no exceder del 5% del valor de las ventas. Así, de
conformidad con los estados financieros que obran en el plenario, que dan cuenta de que
cada compañía invirtió para el desarrollo de esas labores el 1,56% y 0,8% sobre el valor
de las ventas, sería improcedente su rechazo como comparable por las labores de
investigación y desarrollo analizadas.

3.6- Adicionalmente, la autoridad tributaria sustentó el rechazo de las dos comparables
en que realizaron actividades de manufactura y tenían un segmento de productos de
suplemento nutricional, lo que, en su criterio, impedía la comparación con la actora, quien
no manufacturaba, sino que solo distribuía productos para el cuidado personal. Agregó
que, al no estar desagregada la información financiera, era inviable verificar los márgenes
de la función similar a la de la contribuyente. Al respecto, se parte de reiterar que para
aplicar el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación «se hace un
especial énfasis en las funciones desarrolladas por las partes»7 siendo los indicadores
de utilidad menos afectados por las diferencias en los bienes y condiciones de la
transacción. En el sub examine, está probado que las dos comprables que rechazó la
autoridad tributaria realizaron labores de manufactura, que no eran desarrolladas por la
actora que se dedicó a la comercialización de bienes. De esto da cuenta la descripción
de las actividades contenida en las Formas 10-K, conforme a las cuales esas entidades
ejercieron las funciones de manufactura a través de terceros que contrataron para tal

7 Sentencia del 16 de septiembre de 2021, exp. 22352, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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efecto. Así como el dictamen pericial aportado con la reforma de la demanda que da
cuenta de que esas sociedades registraron en su información financiera materias primas
e inventarios en procesos, que corresponde a partidas contables propias de las empresas
dedicadas a actividades productivas. Esas diferencias funcionales eran relevantes para
el análisis de comparabilidad, porque en el método TU la similitud en las funciones
adquiere relevancia y, en el caso sub examine, la fabricación de los productos objeto de
comercialización no era una característica propia de las operaciones objeto de análisis,
e incluso su desarrollo se definió como un criterio para el rechazo de las posibles
comparables en el estudio de precios de transferencia realizado.

Pese a lo anterior, conforme a las pruebas que obran en el plenario, el hecho que la
autoridad tributaria excluyera a dos comparables del estudio de precios al verificar que
desarrollaron actividades de manufactura a través de un tercero, no contribuyó a mejorar
la fiabilidad de la comparación, puesto que, sin exponer los motivos, la demandada omitió
aplicar ese criterio de forma uniforme al set de las comparables, con lo que distorsionó
los márgenes de rentabilidad, ya que, de acuerdo con el dictamen técnico, que no fue
controvertido, si se hubiera comparando el MO de la actora con el de las dos compañías
que tendrían la similitud en las funciones que se avaló en los actos demandados (en
concreto, la fabricación de los bienes comercializados) el margen de utilidad de la
contribuyente estarían dentro del rango de libre competencia. Esto en la medida en que
el MO de las dos empresas comparables que se dedicaron exclusivamente a la
comercialización de bienes, en la misma industria de la actora, fue de 5,8% y 7,7%,
estando el MO de 6,975% de la actora dentro del rango conformado por estas. Por ende,
la Sala encuentra que era improcedente la decisión de la demandada de excluir a las dos
compañías del análisis de comparabilidad. Prospera el cargo de apelación.

4- Por otra parte, el tribunal avaló el ajuste de comparabilidad que realizó la autoridad
tributaria a la información de una entidad comparable, para eliminar el gasto por la
amortización de un intangible. Al respecto, juzgó que sería procedente excluir también
los ingresos generados por la explotación ese activo, pero que la actora omitió probar el
quantum por el que se haría ese ajuste. En cambio, consideró que era improcedente
ajustar la información de la contribuyente para descartar las regalías pagadas por el uso
de la marca, puesto que no era un rubro conmutable con la amortización de un intangible
por su propietario. A lo anterior se opone la apelante única argumentando que el tribunal
erró al exigir la prueba de los ingresos a ajustar de la información de la comparable, por
cuanto el monto de esos réditos sería indeterminado hasta la venta del bien, en tanto que
la medición del intangible se establece por su valor económico. En esa medida, defiende
que el ajuste de comparabilidad, en el sub lite, debía establecerse desde la perspectiva
del gasto, pues tanto ella como la entidad comparable tenían erogaciones asociadas a la
explotación de un intangible. Por ende, estima que procede el ajuste siempre que, de su
propia información financiera, se elimine el gasto por regalías pagadas para el uso de la
marca. Puntualiza que es errada la distinción que hizo el tribunal entre el gasto propio y
el de la comparable, porque, en su criterio, lo relevante en términos de comparabilidad
es que ambos corresponden a erogaciones por la explotación de un intangible; lo que
resulta concordante con la técnica contable, conforme a la cual, el valor económico de un
activo intangible puede medirse desde el gasto, bien sea por su amortización o por el
pago por su uso.

Al tenor de esas alegaciones, observa la Sala que la demandante concuerda en que era
razonable el ajuste a la información de la comparable, toda vez que tenía en su patrimonio
un activo intangible y registró un gasto por su amortización. Discute que no se ajustara
su propia información financiera para eliminar las erogaciones por regalías en las que
incurrió por el uso de la marca, pues considera que esos rubros de gasto serían

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conmutables para efectos de la comparabilidad, en la medida en que corresponden a
erogaciones asociadas a la explotación de un intangible. Por ende, la Sala definirá si el
ajuste de comparabilidad que realizó la demandada a una comparable, señaladamente,
la exclusión del gasto por amortización de un activo intangible conllevaba un ajuste en el
gasto por las regalías pagadas por la actora para el uso de la marca.

Pero la Sala no se pronunciará sobre el planteamiento de la apelante única, relacionado
con la inviabilidad de probar los ingresos percibidos por la comparable de la explotación
del intangible, sustentada en que el ajuste de comparabilidad procede desde la
perspectiva del gasto, por cuanto no corresponde a un reproche concreto frente a la
decisión de primer grado. Al respecto, el a quo juzgó que le asistía razón a la demandante
en cuanto a que el ajuste de comparabilidad a la entidad discutida procede respecto de
los ingresos que esta percibiera por la explotación del activo intangible, pero que no se
hacía ese ajuste porque no estaba probado su monto. Con el recurso de apelación, la
actora admite que no están probados esos ingresos y señala que no podrían probarse,
toda vez que el ajuste debe hacerse de cara a los gastos por la explotación de los activos
intangibles registrados en la información propia y de la comparable. Como quiera que ese
alegato no controvierte la decisión apelada, debe excluirse del análisis propuesto en esta
instancia, puesto que, en desarrollo de los principios de justicia rogada y de congruencia,
el fallador de segunda instancia debe estudiar la apelación respecto a la inconformidad
planteada a la sentencia de primera instancia. También porque según los artículos 320 y
322 del CGP el objeto del recurso de apelación consiste en que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente, respecto de los reparos concretos formulados por el
apelante contra la providencia8.

4.1- Sobre la cuestión discutida, la Sala9 ha precisado que los ajustes de comparabilidad
buscan eliminar los efectos de las diferencias existentes entre la contribuyente y sus
comparables, que afecten significativamente el precio o margen de utilidad entre las
operaciones o entidades comparadas para lograr que sean efectivamente comparables,
así «si la comparación se enfrenta con una condición económica particular, que se
encontrase en la parte analizada y no en las comparables o viceversa, esta podrá
eliminarse, con el fin de lograr una mayor comparabilidad, siempre que su eliminación
sea razonable»10. Bajo esa metodología, un ajuste de comparabilidad busca eliminar los
efectos de las diferencias existentes entre la contribuyente y sus comparables, que
afecten significativamente el precio o margen de utilidad entre las operaciones o
entidades comparadas para lograr que sean efectivamente comparables, para lo cual
«cabe ajustar la primera, las segundas o ambas, para efectos del análisis, suprimiendo
esa característica especial, con el fin de hacer posible una comparación más precisa con
las otras operaciones»11, por lo que los ajustes posibles (o su rechazo) deben obedecer
al propósito de la comparación de las operaciones analizadas, y no suponen una
modificación contable o fiscal de las operaciones analizadas en sí, ni de su valor, más
allá de la comparación misma12. En ese sentido, la OCDE señala que «los ajustes de
comparabilidad deben considerarse si (y solo si) se espera que mejoren la fiabilidad de
los resultados. Las consideraciones que hay que plantearse a este respecto abarcan la
importancia de la diferencia por la que se considera el ajuste, la calidad de los datos
sometidos al ajuste, el objeto de este y la fiabilidad del criterio utilizado para practicarlo».
Por ende, puntualiza que «los ajustes de comparabilidad únicamente son apropiados en
el caso de que las diferencias afecten realmente a la comparación. Es inevitable la

8
Fallos del 06 de noviembre de 2019, exp. 23476, CP: Stella Jeannette Carvajal y del 05 de mayo de 2022, exp. 25553, CP: Myriam
Stella Gutiérrez
9
Sentencias del 09 de diciembre de 2020 (exp. 21999 y 23166, CP: Milton Chaves García y Julio Roberto Piza).
10
Sentencia del 14 de junio de 2018 (exp. 20821, CP: Milton Chaves García).
11
Sentencias del 09 de diciembre de 2020 (exp. 21999 y 23166, CP: Milton Chaves García y Julio Roberto Piza).
12
Ibidem.

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existencia de diferencias entre las operaciones vinculadas del contribuyente y las de
terceros comparables. La comparación puede ser correcta incluso a pesar de la
existencia de una diferencia no ajustada, siempre que esta no afecte a la fiabilidad de la
comparación» (parágrafos 3.50 y 3.51).

4.2- En torno a los activos intangibles, el artículo 66 del Decreto 2649 de 1993 (vigente
para la época de los hechos) dispone que son «los recursos obtenidos por un ente
económico que, careciendo de naturaleza material, implican un derecho o privilegio
oponible a terceros», en línea con lo cual señala que «para reconocer la contribución de
los activos intangibles a la generación del ingreso, se deben amortizar de manera
sistemática durante su vida útil». Al respecto esta Sección13 ha aclarado que la
amortización es el equivalente monetario del desgaste sufrido en un período por un bien
de producción no susceptible de ser depreciado y consiste en distribuir el costo del activo
intangible, anticipado o diferido, durante su vida útil o durante cualquier otro período de
tiempo. En línea con lo anterior, el Decreto 2650 de 1993, que modificó el plan único de
cuentas, dispuso en su artículo 15 la cuenta del activo, como aquella que «agrupa el
conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de
propiedad del ente económico, que por lo general, son fuente potencial de beneficios
presentes o futuros»; el grupo de intangibles como el que «comprende el conjunto de
bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia
que son valiosos por que contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por medio
de su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se desarrollan en el
curso normal de los negocios…»; y la subcuenta de amortización acumulada como la que
«registra el monto de las amortizaciones acumuladas de los activos intangibles de
propiedad del ente económico». En cambio, las regalías corresponden a la prestación
que paga un sujeto a cambio del uso de un intangible –en el caso de una marca–, por
tanto, quien incurre en la erogación no tiene incorporado el intangible en su patrimonio y
en consecuencia la posibilidad de amortizar el mismo, ni posee los derechos para su
explotación, salvo aquellos que se le concedan a cambio del pago respectivo.

4.3- De conformidad con lo anterior, la Sala comparte la distinción que realizó el tribunal
entre el gasto por la amortización de un intangible poseído por la compañía comparable
de la litis y las regalías pagadas por la actora por el uso de una marca, pues, aunque se
trata de erogaciones asociadas a intangibles, corresponden a expensas que no podrían
asimilarse, porque mientras que el gasto por amortización es un derecho del titular del
bien –quien lo tiene incorporado como activo en su patrimonio–, el pago de regalías
corresponde a una contraprestación por usar el intangible de un tercero. En esa medida,
se reitera que el análisis de comparabilidad debe incluir la determinación de las
diferencias económicamente relevantes en las operaciones comparables, desde la
perspectiva de las funciones realizadas, activos utilizados y riesgos asumidos. En el sub
lite, se presenta una diferencia en cuanto a los activos, puesto que la comparable tiene
un intangible, que le genera un gasto por amortización. Además, como titular del bien
asume los riesgos asociados a su valoración. Esas dos circunstancias no se presentan
de cara a la actora, quien, si bien registra un gasto por el uso de una marca, no posee
activos intangibles ni asume los riesgos asociados a la marca que usa.

Sobre el punto objeto de discusión, el dictamen pericial aportado por la actora concluyó
que «es necesario realizar el mismo ajuste a la compañía con relación a los gastos por
regalías por uso de marca» porque ambas entidades «explotan un intangible … así [la
actora] no sea la propietaria del mismo» (f. 232). La Sala no comprarte la conclusión del
dictamen técnico por las diferencias que se indicaron anteriormente. Además, la Sala
resalta que la relevancia económica de la posesión de intangibles se reconoció por la
13
Sentencia del 23 de julio de 2009 (exp. 15311, CP: Héctor J. Romero Díaz).

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propia actora en el estudio de precios de transferencia, en el que indicó que no se
tendrían como comparables las entidades «con un volumen significativo de activos
intangibles», pues «los activos intangibles como patentes y marcas registradas o no
registradas, podrían indicar que las empresas obtienen un mayor porcentaje de utilidad
por suministrar servicios a empresas que no poseen estos activos intangibles» (f. 72 vto.
caa). Por consiguiente, si la comparable analizada tenía un activo intangible, en razón del
cual realizó un gasto por amortización, era razonable el ajuste de comparabilidad
asociado a la exclusión de esa aminoración. Al respecto, se reitera que lo relevante para
considerar que una circunstancia específica puede ser objeto de ajuste, es el hecho de
que sus características económicas significativas puedan desfigurar u obstaculizar el
contraste comparativo entre la operación realizada por partes vinculadas y la efectuada
entre terceros independientes (sentencia del 11 de mayo de 2023, exp. 26590, CP:
Myriam Stella Gutiérrez Argüello). No prospera el cargo de nulidad.

5- Conforme a lo expuesto y de acuerdo con el cargo que prosperó, corresponde definir
el rango intercuartil aceptando como comparables a las dos compañías que había
rechazado la autoridad tributaria, pero avalando el ajuste de comparabilidad que definió
para la comparable que tenía un gasto por la amortización de un intangible, así:

(i) En cuanto a los márgenes promedio de las empresas comparable están probados los
siguientes datos:

Comparable Margen promedio
M. Inc.14 4,067%
U.S.C&F 5,900%
B.H Ltd. 7,267%
E.A. Inc.15 7,860%
S.C Ltd. 8,367%
N.S.E.16 9,667%
A.G. 10,200%
O.C. S.A. 14,600%

(ii) A partir de lo anterior, se concluye que los márgenes de la contribuyente para el
periodo de la litis, que corresponden al 6,975%, se encuentran dentro del rango
intercuartil que se conforma así:

Mínimo 4,067%
Cuartil inferior 6,925%
Cuartil superior 9,800%
Mediana 8,114%
Máximo 14,60%
Margen de Loreal 6,975%

6- En vista de que se determinó que los márgenes de las transacciones controladas
cumplen con el principio de plena competencia, al encontrarse dentro del rango ajustado
de precios determinados por partes independientes, se desvirtúa el sustento de la
modificación oficial de la autoliquidación revisada, y desaparece el fundamento para la
imposición de la sanción por inexactitud. Por consiguiente, corresponde revocar los
ordinales primero y segundo de la sentencia del tribunal para, en su lugar, declarar la
nulidad total de los actos acusados y, como restablecimiento del derecho, en firme la
declaración privada.

14
Entidad que se acepta como comparable en esta sentencia.
15
Entidad respecto de la cual se acepta el ajuste de comparabilidad que realizó la demandada.
16
Entidad que se acepta como comparable en esta sentencia.

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7- Conforme a lo establecido en el artículo 365.1 del CGP, la Sala se abstendrá de
condenar en costas en segunda instancia, porque el recurso de apelación se resolvió de
forma favorable a la apelante única.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar los ordinales primero y segundo de la sentencia apelada. En su lugar:

Primero. Declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, declarar en firme la declaración del impuesto
sobre la renta presentada por la demandante, correspondiente al año gravable 2008.

2. Sin condena en costas en segunda instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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