Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05269-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05269-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-05269-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05269-00
Accionantes: Puerto Arturo S.A.S.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta.
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Declaración de impuesto sobre la renta. Método para
determinar precios de bienes transferidos a vinculada. NIEGA AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por Puerto Arturo S.A.S. en
contra del Consejo de Estado, Sección Cuarta, en relación con la sentencia del 3 de
abril de 2025 proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 25000-23-37-000-2021-00357-00/01.
ANTECEDENTES
La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
La parte actora señaló que el 20 de abril de 2016 presentó la declaración de
impuesto sobre la renta del año gravable 2015 y el 3 de febrero de 2021 la DIAN
profirió la Liquidación Oficial de Revisión 312412021000002, por medio de la cual
modificó dicha declaración en el sentido de adicionar ingresos respecto a una
operación de venta de inventarios a su vinculada en zona franca, rechazó los costos
por concepto de regalías, recalculó el impuesto y el saldo a pagar y le impuso
sanción por inexactitud.
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Que el 23 de junio de 2021, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante
DIAN), en la que solicitó la nulidad parcial de la mencionada Liquidación y, a título
de restablecimiento del derecho, la declaratoria de que no había lugar a la sanción
por inexactitud impuesta.
Que en la demanda alegó que no se motivó suficientemente la modificación de la
declaración de renta de 2015, con fundamento en el cambio del método de precios
de transferencia de Precio Comparable No Controlado (PC) al de Margen Neto de
la Transacción (TU), sin valorar debidamente las pruebas que aportó.
Que el 22 de junio de 2023, la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones porque
determinó que no era procedente la aplicación del método PC seleccionado por el
contribuyente; debía rechazarse la deducción por regalías y la diferencia de criterios
conllevaba levantar la sanción.
Que ambas partes interpusieron recurso de apelación y el 3 de abril de 2025, el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, confirmó la sentencia recurrida, para lo cual
sostuvo que el método TU era el procedente; que la deducción por regalías procedía
y que se cumplieron las condiciones para la causal exculpatoria de la sanción por
inexactitud.
Que el 22 de abril de 2025, la DIAN solicitó la aclaración de la sentencia porque
estimó que existió una incongruencia entre la conclusión de la ratio decidendi y el
numeral primero de la parte resolutiva.
Que el 22 de mayo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, aclaró el
numeral mencionado, en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia,
en tanto declaró la nulidad parcial del acto demandado y, a título de restablecimiento
del derecho, ordenó tener como liquidación del impuesto la señalada en la parte
motiva.
Considera que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en defecto fáctico
por indebida valoración probatoria, al desestimar las pruebas aportadas para
demostrar la correcta aplicación del método del Precio Comparable no Controlado
(PC), sin justificación suficiente, como fueron los avalúos de expertos
independientes reconocidos en el sector, rendidos por los peritos Abel Rubio
Fandiño y Juvenal Pinzón, con el argumento de que no constituían transacciones
reales entre independientes, pero sin analizar:
i) la idoneidad técnica y objetividad de los avalúos,
ii) la imposibilidad práctica de encontrar transacciones comparables para
esmeraldas en bruto, dada la naturaleza única de cada piedra y
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iii) el hecho de que los avalúos no fueron cuestionados ni desvirtuados por la
administración tributaria y, por el contrario, en su informe preliminar admitió que el
precio pactado estaba dentro de las referencias del mercado.
Que el método de valoración que adoptó fundamentado en la utilización de avalúos
individuales realizados por expertos independientes no solo era el más adecuado,
sino que constituía el único mecanismo viable y reconocido institucionalmente para
reflejar el valor de mercado de las esmeraldas en bruto, conforme a la realidad
económica y comercial de ese bien, como lo reconocen distintas entidades, como
la Agencia Nacional de Minería, la UPME, Fedesmeraldas y CRU Consulting.
Que dicha omisión en la valoración probatoria resulta más grave si se tiene en
cuenta que, como se señaló en el salvamento de voto, la propia normativa de
precios de transferencia (Directrices de la OCDE, párrafos 2.7, 2.13 y 2.15)
reconoce que la determinación de precios de transferencia no es una ciencia exacta,
por lo que exige flexibilidad, en consideración a las circunstancias específicas de
cada caso, especialmente tratándose de bienes de difícil comparabilidad.
Adujo que la autoridad judicial también incurrió en defecto sustantivo porque
interpretó de manera irrazonable y restrictiva:
i) el parágrafo del artículo 260-3 del Estatuto Tributario, que admite métodos
basados en valoraciones de terceros cuando la operación involucra activos difíciles
de comparar, por lo que la decisión de la Sección accionada de descartar los
avalúos sin evaluación técnica implica una interpretación restringida y contra legem
de la normativa especial;
ii) el artículo 260-1 ejusdem, que prevé el principio de plena competencia, pues el
régimen de precios de transferencia persigue la determinación de si los precios
pactados entre vinculados reflejan valores reales del mercado y en el sector
esmeraldero ese valor se fija a través de avalúos individualizados, por lo que no
puede descartarse esa práctica; y
iii) el Decreto 3030 de 2013, al exigir la existencia de operaciones reales entre
independientes como condición sine qua non para la aplicación del método PC y
descartando, sin fundamento normativo, las valoraciones efectuadas por terceros
expertos e independientes sobre las mismas esmeraldas enajenadas.
Que además en la decisión controvertida también se desconoció el carácter técnico-
auxiliar de las Directrices de la OCDE reconocido por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-690 de 2003, puntualmente el párrafo 2.9 de las Directrices OCDE
2010, según el cual el método PC es particularmente fiable cuando puede
compararse con el mismo producto que se vende entre dos empresas asociadas
con el precio asignado por un tercero independiente.
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Que también se contrarió la regla 2.3 de las Directrices OCDE, que ordena preferir
métodos directos antes que los basados en resultados cuando aquellos sean
aplicables, pues la Sala dio prevalencia a un análisis estadísticamente inestable y
menos fiable, como lo es el método TU sobre comparables con amplísimos rangos
de dispersión de márgenes brutos que oscilan entre el 2 % y el 54 %, máxime
cuando la DIAN seleccionó como comparables a seis compañías con características
técnicas, económicas y operativas que difieren de manera significativa respecto a
las suyas, sin realizar los ajustes de comparabilidad, como lo exige la normativa
colombiana, artículo 260-4 del Estatuto Tributario, y las Directrices de la OCDE, lo
cual afecta la fiabilidad del análisis bajo el método TU, lo que no fue analizado por
los jueces.
Que la única empresa identificada en el mercado colombiano, cuya actividad
principal es la extracción y venta de esmeraldas, es Esmeraldas Santa Rosa S.A.,
pero la DIAN la incluyó como comparable utilizando únicamente información de
estados financieros, lo cual es metodológicamente incorrecto por la falta de
segmentación y detalle, las diferencias en políticas contables y la necesidad de
información segmentada y análisis funcional.
Que la Sección también incurrió en desconocimiento del precedente judicial, debido
a que se apartó de la posición del Consejo de Estado sobre la necesidad de tener
en cuenta la naturaleza específica de los bienes objeto de transacción y a las
circunstancias puntuales de cada caso (sentencia del 14 de junio de 2018, exp.
21212) y la necesidad de encontrar comparables estándar.
Que pasó por alto que el Consejo de Estado ha establecido que i) para determinar
la tributación acorde con el principio de plena competencia, debe efectuarse el
análisis de comparabilidad entre las transacciones contraladas y las realizadas por
partes independientes que sean comparables; ii) para determinar cuándo las
operaciones son comparables, en atención al artículo 260-3 del Estatuto Tributario,
debe verificarse que no existan diferencias entre las características económicas
relevantes; y iii) las diferencias en la estructura de costos pueden afectar la
comparabilidad; como se señaló en las sentencias del 29 de junio de 2023 (exp.
25000-23-37000-2013-01285-01), del 7 de diciembre de 2023 (exp. 25000-23-37-
000-2013-01233-01), y del 23 de noviembre de 2023 (exp. 24635), respectivamente.
Que tampoco tuvo presente que esa corporación ha reforzado la orientación de
privilegiar la sustancia económica sobre la forma, exhortando a que en la aplicación
del régimen de precios de transferencia se atienda a las particularidades de cada
operación y se admita un margen razonable de flexibilidad probatoria, como lo
señaló en la sentencia del 26 de febrero de 2020, exp. 23382.
Que el Consejo de Estado ha desarrollado una posición consistente en que i) no
existe una prelación entre los métodos de precios de transferencia; ii) el
contribuyente tiene libertad para elegir cualquiera de los métodos disponibles y iii)
la elección debe fundamentarse en una demostración de que el método
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seleccionado es el más apropiado para las circunstancias de la transacción
analizada; como se consignó en las sentencias del 8 de febrero de 2024 (exp.
08001-23-33-000-2015-02445-01) y del 6 de junio de 2024 (exp. 25000-23-37-000-
2017-00330-01).
Que aun si se aceptara la tesis de la DIAN y de la autoridad judicial accionada
respecto a la inaplicabilidad del método PC, lo cierto es que no advirtieron la
imposibilidad material y técnica de realizar ajustes de comparabilidad suficientes
que permitieran una aplicación fiable y conforme a derecho del método TU en el
caso, pues la DIAN propuso la aplicación de este último empleando comparables
de compañías dedicadas a la extracción de piedras preciosas que operan en
contextos geológicos, técnicos, comerciales y, especialmente, de estructura de
costos radicalmente distintos, pese a que este es un factor determinante, al incidir
directamente en los márgenes de utilidad y en la rentabilidad de las operaciones.
Que el Consejo de Estado ha reconocido que los ajustes de comparabilidad deben
ser técnica y económicamente razonables, y que la necesidad de realizar ajustes
importantes puede indicar que las operaciones no son suficientemente
comparables.
Señaló que la autoridad judicial accionada también incurrió en violación directa de
la Constitución, ya que desconoció el bloque axiológico que estructura el Estado
Social de Derecho, esto es, los artículos 1, 2 y 83 superiores y quebrantó
consecuencialmente los principios de confianza legítima, buena fe y el respeto por
los actos propios que constituyen límites materiales a la actuación administrativa y
judicial, pues desestimó el comportamiento leal y diligente que asumió al aplicar un
método de precios de transferencia acorde con la naturaleza única de los bienes
transados, soportado en pruebas idóneas.
Que en materia tributaria la Corte Constitucional ha reiterado el principio de
favorabilidad que obliga a resolver cualquier duda hermenéutica in dubio contra
fiscum, conforme al artículo 363 superior, lo que no se garantizó en el caso, máxime
cuando no se desvirtuó la razonabilidad del método utilizado sustentado en avalúos
de expertos, lo que también conllevó la vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso, en los términos del artículo 29 constitucional, ante la ausencia de
una valoración integral de las pruebas, así como la transgresión del artículo 228.
PRETENSIONES
Solicitó ordenar al Consejo de Estado, Sección Cuarta, modificar la sentencia del 3
de abril de 2025, con el fin de subsanar la vulneración de sus derechos
fundamentales, revocando la sentencia apelada y declarando la nulidad de la
Liquidación Oficial de Revisión demandada.
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ACTUACIÓN PROCESAL
El 27 de agosto de 2025, se admitió la acción; se vinculó a la DIAN, como tercero
con interés; y se corrió el traslado respectivo.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, indicó que la solicitud de amparo carece
de relevancia constitucional porque la sociedad accionante pretende convertir la
tutela en una instancia adicional al proceso ordinario, en la medida que los alegatos
expuestos relacionados con la interpretación legal ya fueron resueltos por el juez
natural, y así continuar con la discusión planteada desde la sede administrativa,
tendiente a que se avale su decisión de aplicar el método PC con avalúos, a pesar
de que se justificó ampliamente que no eran precios entre partes independientes.
Que el incumplimiento de dicho requisito se evidencia si se tiene en cuenta que para
la parte accionante la vulneración de sus derechos condujo a la confirmación de una
adición de ingresos por más de veintiséis mil millones de pesos sin que se verificara
la verdad material de los hechos, desconociendo que la tutela está proscrita para
asuntos de carácter estrictamente legal con un interés económico, como lo es el
acto administrativo de contenido tributario objeto del medio de control.
Afirmó que, en todo caso, no incurrió en los defectos invocados, pues valoró los
avalúos aportados, pero consideró que no eran viables para aplicar el método PC,
por lo que avaló el TU, lo que evidencia que la decisión adoptada no se fundamentó
en una incorrecta o ausencia de valoración de pruebas y que efectuó una
explicación detallada de las razones por las cuales se descartó la aplicación del
método PC en el caso.
Que frente a la aplicación del método TU propuesto por la demandada, en la
providencia se expuso cómo se determinó un rango intercuatil y se concluyó que el
margen de la actora se determinó por fuera del rango, así mismo se reconoció que
la sociedad accionante no planteó una valoración de la transacción controlada a
partir de otro método o del TU con la selección de otras comparables o de otro
indicador de rentabilidad o de un análisis funcional que atendiera las falencias
formuladas o de ajustes.
Que la actora no explicó por qué las sentencias que citó constituían un precedente
para el caso, pues en estas no se analizó una transacción similar ni se avaló la
aplicación del método PC tomando como comparables avalúos de terceros sobre
los bienes de la misma transacción, y en esas ocasiones no se extrañó que la parte
demandante no allegara los ajustes que consideraba debían efectuarse.
Que el hecho de que se decidiera justificadamente que el método escogido no debió
ser aplicado no puede interpretarse como una afrenta a la buena fe, pues, de ser
así, se obstruiría la administración de justicia y el criterio del juez natural de la causa.
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Mencionó que el salvamento de voto emitido no incide en la resolución de la
controversia y que frente al principio in dubio contra fiscum, se ha sostenido
jurisprudencialmente que debe estar plenamente establecido que no pueden
eliminarse las dudas y que sobre los hechos que se pretenden probar, el
contribuyente no tiene la carga de la prueba, lo que no se presentó en el caso.
En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional o, en su lugar, negar las pretensiones.
POSICIÓN DEL VINCULADO
La DIAN expresó que la acción no está llamada a prosperar, pues con la sentencia
discutida no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, en la medida que
se fundamentó en los hechos, el acervo probatorio, la jurisprudencia aplicable, la
normativa procesal tributaria, por lo cual debe ser declarada improcedente o, en su
defecto, negarse el amparo pedido.
Consideró que los argumentos esgrimidos por la parte accionante se orientan a
reabrir una controversia jurídica ya resuelta por las instancias judiciales
competentes y a manifestar discrepancias de naturaleza legal con lo ya decidido, lo
que no constituye por sí sola una causa válida para acudir a la tutela y desconocer
el principio de cosa juzgada.
Concluyó que al juez constitucional no le corresponde pronunciarse nuevamente
sobre los mismos hechos y argumentos, pues admitirlo implicaría desconocer la
autonomía e independencia judicial y desnaturalizar el propósito de la tutela.
Se decidirá previo a las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
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Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.
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Caso concreto
En primer lugar, esta Subsección debe verificar si se superan los requisitos
generales de procedencia que habilitan el estudio de la providencia controvertida,
pues solo en el evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los
disensos esgrimidos.
Se encuentran reunidas las exigencias generales, pues: i) el asunto a resolver es
de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer
si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales
reclamados en protección por la incursión en los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución; ii) la
acción se presentó con inmediatez, pues el 8 de abril de 2025 se envió mensaje de
datos para notificar la sentencia discutida y esta acción fue instaurada el 25 de
agosto de este año; iii) se agotaron los mecanismos judiciales con los que se
contaba; iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y
los derechos estimados como transgredidos; y v) no se trata de una sentencia de
tutela. Además, no se está invocando una irregularidad procesal, por lo que hay
lugar al análisis de ese presupuesto.
En la sentencia discutida en esta sede, el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
estableció que el método PC aplicado por Puerto Arturo S.A.S. no era el más
apropiado para determinar el precio de libre competencia en la venta de esmeraldas
en bruto a su vinculada Colombiana Texas Transformadora S.A. ubicada en la Zona
Franca de Bogotá porque, primero, los bienes vendidos tenían cada uno una
naturaleza y/o características únicas, lo que dificultaba la aplicación de dicho
método, en tanto este implicaba comparar el precio cobrado por los bienes
transferidos en una transacción controlada con el precio cobrado por bienes
similares transferidos en una transacción no controlada en circunstancias
comparables, y, segundo, la comparación no se realizó con transacciones con o
entre partes independientes, sino a través de avalúos.
La autoridad judicial aclaró que no cuestionaba la idoneidad de los avaluadores ni
la importancia de los avalúos para la formación del precio, sino la utilización de estos
en la aplicación del método PC.
Lo expuesto desvirtúa el argumento de la sociedad accionante para fundamentar el
defecto fáctico alegado por indebida valoración probatoria, pues la Sección Cuarta
justificó suficientemente la razón por la cual no podía aceptarse el uso de los
avalúos para aplicar el método PC, esto es, porque los resultados de estos no
podían entenderse como precios facturados por los bienes transmitidos y porque la
operación controlada era sobre venta de bienes con características únicas, al
tratarse de esmeraldas, posición que respaldó en el concepto del método PC
establecido en las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE (2010) y en
el Estatuto Tributario.
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En ese entendido, no le asiste razón a la actora al afirmar que la autoridad judicial
desconoció la idoneidad técnica y objetividad de los avalúos y que estos no fueron
cuestionados o desvirtuados por la DIAN, pues esa no fue la razón para considerar
que no era aplicable el método PC, sino que no se cumplían las condiciones antes
mencionadas.
En efecto, en ningún momento la Sección aquí accionada desconoció que los
avalúos pudieran resultar importantes para la conformación del precio, lo que no
encontró procedente fue que sirvieran para aplicar el método PC, pues este requería
la comparación con precios utilizados en operaciones de compraventa ejecutadas
por terceros.
La parte actora también discute que no se hubiera analizado la imposibilidad
práctica de encontrar transacciones comparables para esmeraldas en bruto, debido
a las particularidades de cada piedra. Sin embargo, fueron precisamente las
características de los bienes transados lo que fundamentó la complejidad de aplicar
el método seleccionado por la contribuyente, en la medida que no había información
de transacciones comparables.
Igualmente, se advierte que la autoridad judicial no pasó por alto que el método PC
pudiera ser el más directo para establecer si el precio fijado en la operación
controlada correspondía al de mercado, pero siempre y cuando existieran
comparables fiables disponibles, lo que no ocurrió en el caso, por lo que no se trató
de una invalidación del método de forma generalizada, sino analizado a la luz de las
circunstancias del asunto.
En cuanto al defecto sustantivo, se advierte que, si bien el parágrafo del artículo
260-3 del Estatuto Tributario establece que en caso de operaciones que impliquen
la transferencia de activos que presenten dificultades en materia de comparabilidad,
se deben utilizar los métodos de valoración financiera comúnmente aceptados, no
lo es menos que la Sección aquí accionada justificó la imposibilidad de aceptar la
utilización de los avalúos comerciales para la aplicación del método pretendido,
conforme a las exigencias normativas que no se cumplían en el caso, para lo cual
tuvo en cuenta precisamente las características únicas de los bienes.
En relación con el cargo relacionado con la transgresión del principio de plena
competencia de que trata el artículo 260-2 del Estatuto Tributario, este no se
encuentra configurado, pues precisamente la imposibilidad de aplicar el método PC
para evaluar el cumplimiento de dicho principio era que no existían operaciones
comparables.
Respecto al Decreto 3030 de 2013, se observa que la parte actora no identificó el
artículo que consideró debidamente inaplicado, transgredido o inobservado, lo que
impide un estudio pormenorizado sobre el particular.
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Adicionalmente, la sociedad accionante afirmó que en la decisión controvertida se
desconoció el carácter técnico-auxiliar de las Directrices de la OCDE reconocido por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-690 de 2003, puntualmente el párrafo 2.9
de las Directrices OCDE 2010, según el cual el método PC es particularmente fiable
cuando puede compararse con el mismo producto que se vende entre dos empresas
asociadas con el precio asignado por un tercero independiente, y se transgredió el
párrafo 2.3 de las Directrices OCDE aplicables en materia de precios de
transferencia (2010).
No obstante, como se ha señalado a lo largo de este proveído, precisamente fue la
ausencia de comparables fiables lo que impidió la aplicación del método
seleccionado por Puerto Arturo S.A.S. en la declaración de renta del año gravable
2015.
Si bien la actora discute en esta sede la decisión de la autoridad judicial de validar
la aplicación del método TU por parte de la DIAN, debido a que se fundamentó en
comparables con amplios rangos de dispersión de márgenes brutos y con
características que no eran asimilables, lo cierto es que, como se afirmó en la
sentencia aquí discutida, la actora no suministró comparables alternativas que
atendieran a una mejor comparabilidad ni propuso ajustes razonables para superar
dichas diferencias.
Así mismo, la Sección Cuarta se pronunció sobre el cuestionamiento de la sociedad
accionante por seleccionar el indicador de rentabilidad de Esmeraldas Santa Rosa
S.A., en similares términos, pues la accionante tampoco planteó el que resultaba
más acorde a la actividad, la naturaleza de la operación, la disponibilidad y la calidad
de la información obtenida.
En ese entendido, tampoco se encuentra acreditado el defecto sustantivo alegado
por la parte actora.
De otra parte, se observa que los pronunciamientos señalados por la sociedad
accionante, en los que centró el defecto, no constituyen precedente para el caso
bajo análisis, pues no versan sobre supuestos fácticos y jurídicos similares.
En la sentencia del 29 de junio de 2023 (exp. 25000-23-37000-2013-01285-01) el
debate giró en torno al valor a declarar por exportaciones de carbón y si era
procedente el ajuste de comparabilidad por diferencia en el cambio por
transacciones en monedas extranjeras, en la aplicación del método TU; en la
sentencia del 7 de diciembre de 2023 (exp. 25000-23-37-000-2013-01233-01), la
controversia versó sobre el rechazo de dos compañías del análisis de
comparabilidad efectuado en el estudio de precios de transferencia por parte de la
autoridad tributaria; y en la del 23 de noviembre de 2023 (exp. 24635), el conflicto
fue sobre la improcedencia de un ajuste de comparabilidad practicado por la
demandante sobre su información financiera, al disminuir el costo de ventas por el
transporte del carbón hasta el puerto para su exportación.
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Además, debe tenerse en cuenta que en ninguno de esos pronunciamientos se
admitió la aplicación del método PC con base en avalúos comerciales que, en
últimas, es lo que pretende la actora que se acepte a través de esta acción.
En todo caso, se observa que los argumentos que sustentaron el desconocimiento
del precedente judicial, esto es, la necesidad de analizar la naturaleza de los bienes
objeto de transacción y las circunstancias específicas del caso; el desconocimiento
del principio de plena competencia; la existencia de diferencias entre las
características económicas de las compañías comparables y la posibilidad de elegir
el método aplicable fueron aspectos ampliamente analizados por la autoridad
judicial.
Lo expuesto conlleva a concluir que no se configuró el desconocimiento del
precedente judicial y, además, permite descartar la violación directa de la
Constitución, pues no se advierte el quebranto de los principios invocados, máxime
si se tiene en cuenta que el análisis efectuado por la autoridad judicial no debía
centrarse en la actuación de la sociedad demandante, sino en establecer si el
método empleado cumplía con los presupuestos para su aplicación en el caso.
Por último, respecto a la vulneración del artículo 363 constitucional, se observa que
esta no se encuentra configurada, pues lo establecido en dicha norma es la
prohibición de aplicar las leyes tributarias con retroactividad, aspecto que no se
discute en el presente asunto. En cuanto al principio in dubio contra fiscum previsto
en el artículo 745 del Estatuto Tributario, se advierte que este procede cuando se
presenten dudas que tengan origen en vacíos probatorios, eventos en los cuales
estas deben resolverse a favor del contribuyente, pero en el caso no existen dichos
vacíos, sino el análisis de la idoneidad del método seleccionado para determinar los
precios de los bienes transferidos.
En suma, no se encuentran estructurados los defectos invocados, por lo cual se
negará el amparo solicitado por Puerto Arturo S.A.S.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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