Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00330-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00330-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2017-00330-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
6 de junio de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00330-01 (27402)
Demandante: Sanofi-Aventis de Colombia S.A.
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2017-00330-01 (27402)
Demandante: SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A.
Demandado: DIAN
Temas: Impuesto sobre la renta 2013. Adición de ingresos. Precios de
transferencia. Método TU. Método PC.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 3 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta - Subsección A, que dispuso lo siguiente:
PRIMERO. DECLÁRASE la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión nro.
312412016000086, del 1 de noviembre de 2016, proferida por la División de Gestión de
Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la
DIAN, por medio de la cual modificó la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios correspondiente al año gravable 2013 de la sociedad contribuyente
SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. En consecuencia, a título de restablecimiento [del derecho] DECLÁRASE
en firme la declaración de renta y complementarios del año gravable 2013, presentada
por SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A.
TERCERO. Sin condena en costas.
ANTECEDENTES
Mediante Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412016000086, del 1 de noviembre
de 2016, la DIAN modificó a Sanofi- Aventis de Colombia S.A la declaración del
impuesto de renta del año gravable 2013, para adicionar ingresos por exportaciones
a vinculadas económicas y, en consecuencia, aumentar el impuesto a cargo e imponer
sanción por inexactitud en cuantía del 160% del menor saldo a favor determinado1. El
acto fue demandado per saltum.
DEMANDA
Sanofi- Aventis de Colombia S.A, en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), formuló las siguientes pretensiones2:
1 Fols. 168 a 190, c.p.
2 Fols. 390 a 466 c.p.
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Demandante: Sanofi-Aventis de Colombia S.A.
FALLO
A. Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412016000086,
del 1 de noviembre de 2016, proferida por la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN.
[…]
B. Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho de SANOFI de la
siguiente manera: […]
4. Que se determine la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios presentada por SANOFI por el año gravable 2013.
5. Que se condene en costas a la entidad demandante […].
Para determinar el monto de la condena en costas, esto es, de las expensas en que
se incurrió para la atención del proceso (notificaciones, honorarios del perito,
copias, entre otros) y las agencias en derecho (honorarios de abogados), solicito se
tengan en cuenta las pruebas aportadas en esta reforma a la demanda.
No obstante, siendo que existen expensas y agencias en derecho que se causan
con posterioridad a la presentación de esta reforma a la demanda […] solicito que
los soportes de tales gastos se puedan aportar en el momento en que se debe hacer
la liquidación de la condena en costas, siguiendo lo establecido en el artículo 188
del C.P.C.A y en el artículo 366 del Código General del Proceso - CGP.
La demandante indicó como normas violadas, las siguientes:
• Artículo 29 de la Constitución Política.
• Artículos 260-3, 260-4, 647 y 742 del Estatuto Tributario (ET).
• Artículo 4 del Decreto 3030 de 2013.
• Numerales 2.14, 2.15, 2.16 y 2.18 de las Directrices de la OCDE de 2010.
El concepto de la violación se sintetiza así3:
1. No procede la adición de ingresos. El 95.5% de los ingresos operacionales de
Sanofi declarados fueron obtenidos por ventas a terceros independientes en el
mercado nacional, de modo que este es su mercado objetivo. El 4.5% restante
corresponde a exportaciones a vinculados económicos del exterior, es decir,
$21.703.170.245, siendo entonces las exportaciones a vinculados económicos su
mercado marginal. La DIAN consideró que un 18% de estas exportaciones, que
equivalen a $4.008.633.027, no cumplían el principio de plena competencia, por lo que
en la liquidación oficial de revisión finalmente adicionó $1.600.881.000 a los ingresos
declarados.
Para esos efectos, la DIAN aplicó el método de precio comparable no comparado
(PC), por considerarlo más directo, en perjuicio del método de márgenes
transaccionales de utilidad de operación (TU) utilizado por la actora para el caso de
los productos que tienen comparables internos, esto es, los medicamentos que se
venden tanto en el mercado nacional como a vinculados económicos. En todo caso,
el método TU se mantuvo para las demás ventas a vinculados. Por tanto, la DIAN
utilizó el método PC de modo fragmentado.
La DIAN no debió tomar como comparables los precios de los productos en el mercado
nacional de Sanofi, pues, aunque se trate de la venta del mismo producto, la línea de
negocios es diferente y por eso las rentabilidades también son distintas. De ahí que ni
3 Índice 2, Samai.
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la operación ni la situación sean comparables en los términos del artículo 260-3 del
ET. Por esta razón, el método PC no tiene cabida, pues este consiste en comparar el
precio facturado por bienes transferidos o servicios prestados en una operación
vinculada con el precio facturado por bienes transferidos o servicios prestados en una
operación no vinculada comparable en circunstancias que también resultan
comparables.
Es así porque se presentan diferencias en: (i) nivel de mercado (los terceros
independientes en el mercado nacional a quienes se les vendió son minoristas
mientras que los vinculados en el exterior son mayoristas); (ii) volúmenes facturados;
(iii) mercado geográfico; (iii) funciones; (iv) riesgos (crediticios, de mercadeo, de
inventario, regulatorios, cambiarios, entre otros) y (v) activos. Los tres últimos ítems
son asumidos por el distribuidor mayorista vinculado del exterior, a diferencia del
mercado colombiano, donde la venta se hace a distribuidores minoristas, por tanto, es
Sanofi quien asume dichos riesgos, funciones y activos, además de que la venta
nacional se hizo a distribuidores minoristas mientras que en el exterior el vinculado
económico vende a distribuidores mayoristas.
La administración asume que el solo hecho de vender cantidades similares de
productos a clientes nacionales y a vinculados económicos del exterior hace que la
operación sea comparable, pues entiende que en ambos casos se está en presencia
de distribuidores mayoristas, siendo que lo que determina esa calidad no es la
cantidad de producto vendido sino la posición en la cadena de distribución de éste.
De manera que es errado el ajuste realizado por la DIAN, en el sentido de excluir de
la comparabilidad en aquellos productos que no se vendieron en cantidades similares,
pues ello desconoce que la venta en el mercado nacional se hizo a distribuidores
minoristas.
Justamente el artículo 260-4 del ET y el artículo 4 del Decreto 3030 de 2013, así como
numeral 2.14 de las directrices de la OCDE señalan que el método PC no es fiable
cuando existen diferencias entre las operaciones analizadas con los comparables
internos.
No es lógico que para la DIAN una parte de la venta de los medicamentos a vinculados
económicos cumpla el principio de plena competencia con el método TU y otra no. Lo
anterior, sumado al hecho de que las operaciones con vinculadas no tienen mayor
relevancia económica dado que el 95.5% de los ingresos se obtienen por operaciones
realizadas con terceros independientes.
La DIAN violó el principio de sana crítica y el debido proceso porque no valoró las
pruebas aportadas, dado que en la liquidación oficial de revisión no se pronunció frente
a las que se allegaron oportunamente (entre éstas, un dictamen pericial). Asimismo,
omitió la práctica de las pruebas solicitadas, por considerarlas innecesarias e
inconducentes, a pesar de que pretendían demostrar que el estudio de la operación
de Sanofi por el método PC resultaba inaplicable, como justamente se explicó en el
estudio de precios de transferencia.
Por todo lo anterior, además de infringir las normas superiores, el acto demandado
está viciado de falsa motivación.
2. Improcedencia de la sanción por inexactitud. La sanción impuesta por la DIAN
no fue debidamente motivada, de forma tal que se impuso una sanción objetiva y no
se atendió al principio de favorabilidad en materia sancionatoria. Adicionalmente
Sanofi no incurrió en ninguno de los hechos sancionables por el artículo 647 del ET.
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Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con lo expuesto anteriormente existe una
evidente diferencia de criterios frente al derecho aplicable, entre la DIAN y Sanofi, que
la releva de la sanción.
3. Procede la condena en costas. La errada actuación de la DIAN provocó que
Sanofi incurriera en unos gastos para ejercer la defensa de sus intereses, que deben
ser reconocidos a través de la condena en costas, de conformidad con los artículos
188 del CPACA y 366 del CGP.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera4:
1. Procede la adición de ingresos. Verificada la documentación comprobatoria,
incluidas facturas, se estableció que varios de los productos que la demandante
exportó a sus vinculados también fueron distribuidos en Colombia a terceros
independientes en cantidades similares. De manera que existen comparables internos
que se aplican de forma prioritaria a los comparables externos, de conformidad con el
artículo 4 literal g) numeral 4 del Decreto 3030 de 2013.
En aplicación de los criterios de los artículos 260-3 y 260-4 del ET, se estableció el
método PC como el más adecuado, en razón a que, entre otros aspectos,
correspondía a la misma transacción realizada con terceros, es decir, la venta de
inventarios tanto a vinculados económicos como a terceros independientes y se tenían
datos sobre costos de los productos y precios de venta. Por el contrario, el método
utilizado por la actora analiza un margen de rentabilidad global en la operación, de
modo que no es el método más apropiado.
A manera de ejemplo, si al mismo tiempo y en circunstancias similares, la actora vende
bienes a una empresa vinculada y a una empresa no relacionada, se podrían
comparar los precios a los que la demandante vende el bien a ambas. Dichos precios
deberían ser muy similares si las condiciones contractuales pactadas tanto con las
partes vinculadas como con las no vinculadas fueran similares.
Así, el método de precio comparable no controlado resulta más sencillo en su
aplicación ya que analiza una operación celebrada con un vinculado económico frente
a otra de la misma naturaleza llevada a cabo entre partes independientes. Lo anterior,
porque permite obtener un resultado más objetivo, relacionado con la calidad y
composición del producto o servicio, los términos de venta y los intangibles asociados
al nivel de distribución en el mercado geográfico. Con todo, la DIAN realizó los ajustes
correspondientes cuando a ello hubo lugar por cada uno de los medicamentos, como
puede verificarse en la liquidación oficial de revisión.
Aunque la demandante señala que existían diferencias entre las operaciones
comparadas por la DIAN en cuanto a funciones, activos, riesgos, cantidades de
productos comercializados y sujetos, no hizo una demostración cuantitativa de estos
ni justificó su afectación a los precios.
No es aplicable el método TU utilizado por la actora. En efecto, al basarse en un
margen de ganancia neta y global no tiene en cuenta que el precio de algunos
productos vendidos a vinculados es inferior, inclusive, al costo de los bienes
enajenados a terceros independientes, esto es, dichos precios están por debajo del
4 Fols. 503 a 544 c.p.
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punto de equilibrio económico, siendo que el costo de venta en uno y otro caso es
similar.
Sanción por inexactitud. De conformidad con los artículos 260-11 [parágrafo 3] y
647 del ET, hay lugar a la sanción por inexactitud, toda vez que se realizaron ventas
a vinculados económicos con precios inferiores a los que habrían pactado partes
independientes en operaciones comparables, generando como consecuencia un
menor impuesto a cargo. No hubo indebida motivación en la sanción, toda vez que
esta es producto de la omisión de ingresos. Tampoco existe diferencia de criterios,
pues lo que se evidencia es el desconocimiento del derecho aplicable por parte de la
demandante.
Condena en costas. La discusión de tributos tiene inmerso un interés público por lo
que de conformidad con el artículo 188 del CPACA, en este evento no hay lugar a
dicha condena. Además, conforme al artículo 365 del CGP, solo hay lugar a la
condena en costas cuando en el expediente aparezca demostrado que se causaron y
en la medida de su comprobación, lo cual no está acreditado en este caso.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal declaró la nulidad de los actos demandados y la firmeza de la declaración
privada, por las siguientes razones5:
1. No procede la adición de ingresos. La normativa de precios de transferencia y
las guías de la OCDE instituyen que al momento de escoger el método para evaluar
el cumplimiento del principio de plena competencia de una operación se deben tener
en cuenta factores específicos como tipo de producto, términos contractuales, nivel
del mercado, mercado geográfico, fecha de la transacción, propiedad de intangibles
asociada con la venta(si existe), riesgos y los arreglos comerciales posibles tanto para
el comprador como para el vendedor. Así, la demandante consideró que el método
PC no era aplicable para evaluar las operaciones de venta de inventarios producidos
y no producidos a vinculados del exterior, ya que las diferencias que se presentan en
el volumen vendido, el mercado geográfico, la ubicación y la cadena de distribución
de los vinculados del exterior, frente a los terceros independientes localizados en el
mercado local eran factores determinantes que impedían que se compararan las
ventas de inventarios producidos en uno y otro caso.
La aplicación del método PC se establece en la comparación de las condiciones de
una operación vinculada con las de las operaciones entre empresas independientes.
Las características económicas relevantes de las situaciones que se comparan deben
ser lo suficientemente comparables, lo que significa que ninguna de las diferencias
entre las situaciones objeto de comparación (si las hay), puede afectar
significativamente las condiciones analizadas en la metodología (por ejemplo, el
precio o margen) o que se pueden realizar ajustes lo suficientemente precisos como
para eliminar los efectos de dichas diferencias.
Las ventas de la actora a sus vinculadas del exterior son marginales y los precios
ofrecidos a éstas no tienen en cuenta funciones, activos y riesgos que son propios de
los ofrecidos a las empresas independientes del mercado local. De ahí que los precios
deban ser sustancialmente diferentes, pues, son los vinculados económicos del
exterior quienes asumen dichas funciones, activos y riesgos. Además, las ventas en
el mercado local se hicieron a distribuidores minoristas mientras que los vinculados
5 Índice 45, Samai del Tribunal.
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económicos tenían la calidad de distribuidores mayoristas, lo que también afecta
sustancialmente el precio.
Así, las ventas de inventarios producidos y no producidos a entidades vinculadas del
exterior no son comparables con las ventas de esos mismos inventarios a terceros
independientes localizados en el mercado local, teniendo en cuenta las diferencias
que se presentan en unas y otras operaciones. Un comparable interno no debe ser
aplicado únicamente porque los productos vendidos en las operaciones con
vinculados económicos del exterior y terceros independientes sean los mismos, en la
medida que se deben tener en cuenta los factores de comparabilidad incluidos en la
legislación colombiana y las guías de la OCDE, los cuales han sido mencionados
dentro del estudio del método TU de la actora.
En esa medida, la demandante no estaba obligada a utilizar el método PC debido a
que demostró las razones por las cuales el método TU resultaba más apropiado, de
acuerdo con las características de las operaciones económicas realizadas en el
período objeto de investigación. Además, la demandada no desvirtuó las razones para
aplicar el método TU ni cuestionó la información al respecto contenida en la
documentación comprobatoria para soportar el método seleccionado. En
consecuencia, se anula el acto demandado y se declara en firme la declaración de
renta presentada por la actora por el año 2013.
2. Sin condena en costas. No se impone condena en costas porque no se demostró
su causación.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandada apeló la sentencia de primera instancia de la siguiente manera6:
El Tribunal no valoró las pruebas aportadas en sede administrativa. En el expediente
quedó probado – y en la liquidación oficial de revisión suficientemente justificado –
que el método adecuado para realizar el estudio de precios de transferencia de
Sanofi es el PC y no el TU. Lo anterior, porque, según las normas de precios de
transferencia, al existir comparables internos es obligatorio su uso para realizar el
estudio de comparabilidad, dado que el enfoque de este método es el precio de la
transacción y las características del bien, mientras que métodos, como el TU, se
basan en el margen de utilidad obtenidos en la operación y las funciones realizadas,
sin centrarse en ese 4.5% de los ingresos con vinculados económicos del exterior,
para determinar si las operaciones con estos vinculados cumplen con el principio de
plena competencia.
Como en el expediente administrativo está demostrado que el método PC es el más
apropiado, la administración realizó los ajustes de comparabilidad a los precios de
venta de los comparables internos, con el fin de eliminar aquellos efectos en que
incurre Sanofi al vender sus productos en el mercado local y que no son incorporados
en la venta a sus vinculados del exterior, como se advierte en la liquidación oficial de
revisión.
De lo anterior resulta que la decisión del Tribunal carece de sustento fáctico y
jurídico, porque, de un lado, no valoró las pruebas y el análisis realizado por la
autoridad tributaria y de otra, desconoció lo señalado en las normas de precios de
transferencia y las guías de la OCDE vigentes para el año en discusión.
6 Índice 48, Samai del Consejo del Tribunal.
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2. Sanción por inexactitud. La sanción por inexactitud es procedente y no existe
diferencia de criterios. Lo que se configura es la vulneración del régimen de precios
de transferencia al realizar ventas a sus vinculados del exterior con precios inferiores
a los que hubieran pactado partes independientes en operaciones comparables, lo
que origina un menor impuesto a cargo de la demandante.
TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
La demandante se opuso al recurso de apelación presentado por la DIAN, para lo cual,
en esencia, reiteró la argumentación de la demanda7.
El Ministerio Público pidió confirmar la sentencia apelada por lo siguiente8:
Conforme con la sentencia del Consejo de Estado del 16 de septiembre de 20219, aun
cuando el método PC puede ser el más directo para determinar si el precio fijado en
una operación entre vinculadas corresponde al precio de mercado entre partes
independientes en transacciones comparables, no siempre es el más idóneo, puesto
las diferencias significativas, relacionadas con las características propias del bien, las
funciones desempeñadas por las partes, incluyendo los riesgos asumidos y los
términos de negociación que pueden afectar la determinación del precio no pueden
eliminarse mediante ajustes.
En estos casos, puede hacerse necesario realizar el análisis de comparabilidad
utilizando un método de utilidad transaccional que permita determinar si la operación
analizada garantiza el cumplimiento del principio de plena competencia, caso en el
cual el método TU puede resultar más apropiado. Bajo este método, se hace un
especial énfasis en las funciones desarrolladas por las partes y los indicadores de
utilidad que pueden resultar menos afectados por las diferencias en los bienes y
condiciones de la transacción.
Teniendo en cuenta lo anterior, en este asunto no debía aplicarse el método PC, pues,
aunque se evidenció que los productos vendidos por la demandante tanto en el
mercado local a terceros independientes como a entidades vinculadas localizadas en
el exterior eran los mismos, no era posible comparar los precios de venta porque eran
diferentes los objetivos de la compañía al desarrollar estas actividades, como también
los mercados en los que se desarrollan, los volúmenes negociados y la moneda
funcional.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, la Sala decide
si es procedente la adición de ingresos efectuada por la DIAN en la liquidación oficial
de revisión que modificó a la actora la declaración de renta de 2013. Si es del caso,
analiza también si procede la sanción por inexactitud.
La Sala confirma la sentencia apelada, según el siguiente análisis:
1. No es procedente la adición de ingresos. Los artículos 260-1 y siguientes del ET
regulan el régimen de precios de transferencia10, que se aplica a los contribuyentes
7 Índice 11, Samai del Consejo de Estado.
8 Índice 13, Samai del Consejo de Estado.
9 Exp. 22352, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
10 Toda referencia a estas normas atenderá el texto vigente para la época de los hechos.
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del impuesto de renta que celebren operaciones con vinculados económicos o partes
relacionadas del exterior. Este régimen obliga a que los contribuyentes determinen los
ingresos, costos y deducciones teniendo en cuenta los precios y márgenes de utilidad
que se hubieren pactado en operaciones comparables entre partes independientes,
para que prevalezcan los precios de mercado y no los que puedan fijar
convenientemente las partes por efecto de la vinculación económica para reducir la
carga tributaria.
Con tal fin, el artículo 260-8 del mismo estatuto dispuso que los contribuyentes allí
indicados deben presentar anualmente una declaración informativa de precios de
transferencia (DIIPT) de las operaciones realizadas con vinculados económicos o
partes relacionadas. A su vez, el artículo 260-4 id. previó que dichos contribuyentes
deben preparar y enviar la documentación comprobatoria por cada tipo de operación,
para demostrar la correcta aplicación del régimen de precios de transferencia.
Por su parte, el artículo 260-3 del ET señala los métodos de precios de transferencia
que pueden utilizarse para determinar el margen de utilidad de las operaciones, entre
estos, el de márgenes transaccionales de utilidad de operación (TU), que
«consiste en determinar, en transacciones entre vinculados económicos o partes
relacionadas, la utilidad de operación que hubieran obtenido partes independientes en
operaciones comparables, con base en factores de rentabilidad que toman en cuenta
variables tales como activos, ventas, costos, gastos o flujos de efectivo» y el de precio
comparable no controlado (PC), que «compara el precio de bienes o servicios
transferidos en una operación entre vinculados, frente al precio cobrado por bienes o
servicios en una operación comparable entre partes independientes, en situaciones
comparables».
Sobre la selección de métodos, retomando lo señalado en las guías de la OCDE, la
Sala ha enfatizado que no existe ningún método que resulte útil en todas las
circunstancias; por eso mismo, prima facie no debe desestimarse la aplicación de un
método en particular para evaluar el cumplimiento del principio de plena competencia
en una operación entre vinculados económicos. Acerca del método PC, la Sala señaló
que tales guías indican que, al ser un método directo, solo será aplicable si: (i) ninguna
de las diferencias entre las dos operaciones comparadas es susceptible de afectar
materialmente el precio de libre mercado o (ii) pueden realizarse ajustes
suficientemente precisos para eliminar los efectos de esas diferencias. En caso
contrario, puede ser necesario realizar el análisis de comparabilidad utilizando un
método de utilidad transaccional, que permita determinar si la operación analizada
garantiza el cumplimiento del principio de plena competencia, caso en el cual el
método TU puede resultar más apropiado. Bajo este método, se hace un especial
énfasis en las funciones desarrolladas por las partes y los indicadores de utilidad que
pueden resultar menos afectados por las diferencias en los bienes y condiciones de
la transacción11.
En todo caso, las transacciones que se comparan mediante los métodos de precios
de transferencia deben evaluarse a través de características definidas en el artículo
260-4 ET, que pueden dar lugar a efectuar ajustes para lograr una mayor
comparabilidad como: (i) tipo de transacción –en función de si se trata de una
operación de financiamiento, de prestación de servicios, de concesión de un derecho
de uso o de enajenación de bienes tangibles e intangibles, o de la enajenación de
acciones–; (ii) las funciones o actividades económicas significativas, incluyendo los
activos utilizados y los riesgos asumidos por las partes; (iii) los términos contractuales
11 Sentencia del 16 de septiembre de 2021, exp. 22352, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
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que se evidencien frente a la realidad económica de la operación; (iv) las
circunstancias económicas o de mercado, como la ubicación geográfica, el tamaño
del mercado, el nivel del mercado, el nivel de la competencia en el mercado, la
posición competitiva de compradores y vendedores, la disponibilidad de bienes y
servicios sustitutos, los niveles de la oferta y la demanda en el mercado, el poder de
compra de los consumidores, los reglamentos gubernamentales, los costos de
producción y transporte y la fecha y hora de la operación y (v) las estrategias de
negocios. De acuerdo con esta norma, «dos operaciones son comparables cuando no
existan diferencias significativas entre ellas, que puedan afectar materialmente las
condiciones analizadas a través de la metodología de precios de transferencia
apropiada. También son comparables en los casos que dichas diferencias puedan
eliminarse realizando ajustes suficientemente fiables a fin de eliminar los efectos de
dichas diferencias en la comparación».
Las operaciones económicas comparables pueden ser de índole interno o externo,
pero el artículo 4 [numeral 4, literal c)] del Decreto 3030 de 201312, que reglamentó el
contenido de la documentación comprobatoria, establece que «en caso de existir
comparables internos, estos deberán ser tenidos en cuenta de manera prioritaria en
el análisis de los precios de transferencia, en la medida que no existan diferencias
significativas entre las operaciones comparables o que en el caso de existir, las
mismas no afecten las condiciones analizadas, o que dado el caso se puedan realizar
ajustes técnicos, económicos o contables que permitan su eliminación y optimicen la
comparación. Para tal efecto deberán tenerse en cuenta, las características de
los bienes o de los servicios, las funciones o actividades económicas, teniendo
en cuenta los activos y riesgos asumidos, los términos contractuales, las
circunstancias económicas y las estrategias de negocio».
De igual manera, el artículo 2 [numeral 2 literal f)], del mismo decreto, estableció que
con la información específica que se suministra se debe aportar el análisis funcional
por cada tipo de operación, considerando «los riesgos inherentes al tipo de operación,
asumidos por cada parte interviniente en la operación bajo estudio, o distribuidos entre
ellos, entre otros identificando los riesgos comerciales, de inventarios, financieros y
de pérdidas asociadas a la inversión en propiedad, planta y equipo y a su uso; los
derivados del éxito o fracaso de las inversiones en investigación y desarrollo; los
asociados a la inestabilidad de las tasas de cambio e interés y los riesgos crediticios.
Este análisis debe presentarse para todos los riesgos sean o no susceptibles de
valoración y/o cuantificación contable». También dispuso que, dentro de la
documentación comprobatoria se incluye la «descripción de los ajustes técnicos,
económicos o contables realizados a los tipos de operación o empresas comparables
seleccionadas», para lo cual «deberán allegarse los documentos que soporten los
análisis, fórmulas y cálculos efectuados por el contribuyente para tal efecto, las
razones que llevaron a considerarlos como apropiados y la forma en que el ajuste
modifica los resultados para cada comparable y mejora la comparabilidad».
De acuerdo con lo precisado por esta Sección, el anterior marco normativo contempla
que para determinar la tributación conforme al principio de plena competencia se
necesita efectuar un análisis de comparabilidad entre las transacciones controladas y
aquellas realizadas por partes independientes que sean comparables, por lo cual se
deben valorar las condiciones de las operaciones controladas, identificar las
12 Por el cual se reglamentan los artículos 260-1, 260-2, 260-3, 260-4, 260-5, los parágrafos 2° y 3° del artículo 260-
7, los artículos 260-9, 260-10, 260-11 y 319-2 del Estatuto Tributario.
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FALLO
comparables y determinar los ajustes de comparabilidad que fueran requeridos
para dotar de fiabilidad al análisis13.
De este modo, la comparación de las condiciones de las transacciones controladas,
con las llevadas a cabo entre partes independientes implica que las características
económicamente relevantes de ambos grupos de transacciones sean asimilables. Por
tanto, las diferencias identificadas entre unas y otras transacciones no pueden afectar
materialmente el precio o margen de utilidad, pues, de ser así, deben realizarse
ajustes técnico–económicos razonables para neutralizar los efectos de estas
diferencias y lograr que sean efectivamente comparables14.
En este contexto, la Sala determina si era procedente la adición de ingresos por
cambio de método de precios de transferencia, para lo cual, halla probado lo siguiente:
En el año gravable 2013, Sanofi Aventis de Colombia obtuvo ingresos por venta de
medicamentos a las vinculadas económicas Sanofi Winthorp Industrie [Francia],
Sanofi Aventis Argentina S.A., Sanofi Aventis Perú S.A., Sanofi Aventis S.A. Uruguay,
Sanofi Aventis de Chile S.A. Sanofi Aventis de Ecuador S.A., Sanofi Aventis de
Venezuela S.A., Sanofi Aventis de Panamá S.A., por $21.703.170.000, que
corresponden al 4.5% del total de los ingresos obtenidos ($485.830.080.000) ya que
el 95.5% de tales ingresos correspondieron a ventas efectuadas en el mercado
nacional a terceros independientes.
Para la evaluación de estas operaciones, la actora seleccionó el método de
«márgenes transaccionales de utilidad de operación (TU)» y como indicador de
rentabilidad el «margen sobre costos y gastos (MCG)»15. Para el efecto, seleccionó
seis comparables del sector manufacturero (farmacéuticas) ubicadas en India, Malasia
y Hong Kong, cuyo rango intercuartil de rentabilidad, medido a través del indicador
MCG estaba entre el 5,989% y el 17,546%, con una mediana de 11,573%16.
En el estudio de precios de transferencia, Sanofi- Aventis de Colombia incluyó un
acápite de riesgos asumidos por la compañía, dentro de estos, el «riesgo de
mercado», que da cuenta de que «la compañía asume el riesgo de mercado local
generado por los cambios en los precios de sus productos e insumos, así como por la
competencia que ocasionan los productos de medicamentos genéricos. Los riesgos
inherentes al mercado externo donde se exporta a vinculados económicos son
asumidos por éstos»; otro acápite de «riesgo de inventarios», que da cuenta de que
«este no es asumido en ventas a vinculados económicos»; otro de «riesgo de
cartera», señalando que «el riesgo de incobrabilidad que es asumido por la compañía
se ve reducido cuando ésta le vende sus productos a compañías vinculadas
(locales y del exterior)»17 y otro de riesgo cambiario, según el cual éste es asumido
por la compañía.
13 Sentencia del 5 de noviembre de 2020, exp. 21990, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
14 Sentencia del 14 de junio de 2018, exp. 20821, CP: Milton Chaves García.
15 En la Cartilla de Precios de Transferencia de la DIAN de 17 septiembre de 2015, el MCG se define como la razón
entre la utilidad operacional de una empresa sobre la suma de sus costos más los gastos. Es utilizado
corrientemente en empresas prestadoras de servicios, ensambladoras y manufactureras, cuando la actividad se
debe medir como una proporción de las utilidades sobre costos y gastos. Este tipo de relación es sensible al uso
del capital.
16 Fol. 40, c.a.
17 Fols. 29 y 29 reverso, c.a.
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En el estudio de precios de transferencia, la actora justificó que no era aplicable el
método PC, en su versión interna (selección de comparables internos), por lo
siguiente18:
“Al respecto, existen importantes diferencias entre las ventas al mercado interno y
aquellas realizadas a compañías vinculadas del exterior que impiden una comparación
de precios, confiable, toda vez que:
• La Compañía comercializa sus productos principalmente en el mercado local, el
cual constituye su mercado objetivo y al cual se dirigen todos los esfuerzos
comerciales y administrativos. De esta manera, en las ventas realizadas a
vinculados del exterior, los gastos administrativos y de ventas son mínimos, razón
por la cual esta situación genera variaciones en los precios pactados a clientes en
el mercado local y aquellos pactados con vinculados del exterior.
• Las características diferenciales de los mercados geográficos en los cuales dichos
productos se comercializan. Es decir, los precios pactados se ven afectados por
las condiciones particulares de cada uno de estos mercados, como los canales y
niveles de distribución, niveles de suministro y demanda, percepción del
consumidor, estrategias comerciales, términos contractuales y disposiciones
gubernamentales, entre otras.
• Las condiciones comerciales pactadas, así como también los plazos de pago
estipulados en cada mercado tienden a ser diferentes. Esto se debe a que en el
mercado local la Compañía comercializa sus productos a clientes institucionales
(como hospitales públicos), droguerías y grandes supermercados, mientras que
en el mercado de exportación sus clientes vinculados son distribuidores
mayoristas.
• Adicionalmente, es importante mencionar que la Compañía realiza muchas más
funciones y asume más riesgos cuando la misma realiza ventas en el mercado
local, que cuando vende a vinculados del exterior.
Por ejemplo, la Compañía no realiza funciones asociadas a venta, promoción y
mercadeo de los productos ni gestiones de cobro para el recaudo de cartera
cuando le vende a vinculados, actividades que sí realiza cuando comercializa sus
productos en el mercado local, entre otros. De igual forma tampoco asume riesgos
relacionados con el mercado ni riesgo crediticio.
Adicionalmente la totalidad de las ventas a vinculados son realizadas previo
pedido que traslada el riesgo de inventarios al vinculado, riesgo que es asumido
en su totalidad por la Compañía en el caso de ventas a terceros [independientes].
Por todo lo expuesto, se concluye que el PC en su versión interna tampoco es aplicable
a las operaciones de ingresos por venta de inventarios producidos.
Finalmente, respecto de la aplicación del PC en su forma externa, las consideraciones
expuestas en ocasión de las operaciones de egresos por compras de materias primas,
productos semiterminados y terminados, son aplicables para el presente caso.”
No obstante, en el requerimiento especial, la DIAN propuso el rechazo del método de
márgenes transaccionales de utilidad de operación (TU) utilizado por la actora en la
documentación comprobatoria de precios de transferencia (DCPT) a través del cual
determinó que la venta de inventarios (medicamentos) producidos y no producidos a
compañías vinculadas del exterior cumplía con el principio de plena competencia.
18 Fols. 40 y 40 reverso, c.a.
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Al respecto, la DIAN argumentó que, como Sanofi- Aventis Colombia vendió los
mismos productos que exportó a terceros en Colombia, existían comparables internos,
con lo cual, en su criterio, esta sociedad debió aplicar un método directo que fuera
más adecuado para el análisis de la operación de ingreso por venta de los inventarios,
de conformidad con el artículo 260-4 del ET. Por ello, la DIAN analizó la operación de
venta de estos inventarios a la luz del método PC, concluyendo que las operaciones
realizadas con vinculados del exterior se pactaron con precios inferiores a los
acordados con los terceros independientes nacionales, en cuantía de $4.442.041.000,
los cuales fueron adicionados a los ingresos brutos operacionales. En otras palabras,
en uso del método PC, la DIAN comparó los precios de los medicamentos vendidos a
terceros nacionales con los precios de los mismos productos vendidos a vinculados
del exterior, hallando diferencias, pues estas operaciones fueron a menor precio,
determinado, en consecuencia, propuso una omisión de ingresos por el valor anotado.
Cabe advertir que la administración tributaria limitó la aplicación del método PC a las
operaciones en las cuales identificó venta de productos iguales y en cantidades
similares a partes independientes y a vinculadas económicas del exterior, con lo cual,
mantuvo el método TU utilizado por la actora frente a las operaciones restantes
celebradas con vinculadas del exterior.
Luego, en la liquidación oficial de revisión, atendiendo a algunas de las objeciones
planteadas por la actora en la respuesta al requerimiento especial, la DIAN realizó
«los ajustes de comparabilidad a los precios de venta de los comparables internos con
el fin de eliminar aquellos efectos en que incurre Sanofi para vender sus productos en
el mercado local y que no son incorporados en la venta a sus vinculados».
La información que se consideró para dichos ajustes corresponde al valor total de los
«gastos por concepto de promoción y venta de productos» y los «gastos relacionados
con la logística en la venta de sus productos al mercado local», durante el periodo
fiscalizado. Asimismo, la DIAN efectuó ajustes a los precios de los medicamentos
vendidos en el mercado local, considerando que, para la época de los hechos, en
Ecuador regía un control estatal de precios de medicamentos, circunstancia que, por
sí sola, hacía que dichos precios fueran inferiores a los comparables internos, esto es,
a los precios de venta a terceros en el mercado colombiano. Tras ello, los ingresos a
adicionados se rebajaron a $1.600.880.918, representando una disminución
sustancial frente a la propuesta de adición de ingresos, del orden de $2.841.160.082.
Sobre el particular, la Sala precisa que, si bien en el caso analizado no puede
descartarse del todo la aplicación del método PC, la DIAN lo aplicó de forma
incorrecta. Lo anterior, por cuanto no realizó los ajustes necesarios y suficientes para
eliminar las diferencias en las operaciones entre vinculados del exterior y aquellas
celebradas con partes independientes, pues se limitó a comparar productos y
cantidades vendidas, realizando algunos ajustes en la liquidación oficial de revisión,
que no fueron suficientes, como pasa a exponerse.
En cuanto a las funciones o actividades económicas y los activos utilizados a
que hace referencia el artículo 260-4 del ET, como criterios de comparabilidad para
operaciones entre vinculados y terceros independientes, se aprecia que, si bien la
DIAN realizó ajustes por diferencias en los procesos de logística, promoción y venta
de productos y activos utilizados en las operaciones comparadas, pasó por alto que
los riesgos asumidos en cada una de estas operaciones son distintos. Así, en las
operaciones con partes independientes nacionales, el riesgo de inventario
(devolución, avería, destrucción, pérdida, vencimiento, caducidad, robo de los
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productos, etc.) es asumido en su totalidad por la demandante, mientras que en las
exportaciones es asumido por el vinculado del exterior.
Igualmente, el riesgo cambiario incide de forma distinta en las operaciones con
vinculados económicos y las celebradas con terceros independientes. De acuerdo con
lo establecido en el proceso, en la venta de medicamentos a terceros independientes,
la demandante asume el riesgo por las variaciones en las tasas de cambio debido a
que adquiere gran parte de las materias primas y principios activos en dólares
estadounidenses mientras que las ventas al mercado local son realizadas en pesos
colombianos, lo cual puede generar una diferencia en cambio, por lo que con el fin de
mitigar los efectos adversos de la exposición a este riesgo, la demandante realiza
coberturas cambiarias (forwards). En cambio, en la venta de medicamentos a
vinculados económicos, como las exportaciones son realizadas bajo pedido, este
riesgo es atenuado porque tales operaciones se pactan igualmente en dólares
estadounidenses.
Asimismo, existe un riesgo de mercado relacionado con los cambios en los precios
de los productos e insumos, así como por las acciones de la competencia de los
productos de medicamentos genéricos en el mercado local, que es asumido por la
demandante, que es menor en las exportaciones, comoquiera que las vinculadas
económicas asumen estos riesgos en sus respectivos mercados19.
Por último, está el riesgo de cartera, referente a la incobrabilidad de ésta frente a
clientes nacionales, que no se presenta frente a las operaciones con vinculadas del
exterior, dado que este riesgo lo asumen ellas.
Otro de los criterios de comparabilidad para operaciones entre vinculados del exterior
y terceros independientes tiene que ver con el mercado geográfico y nivel del
mercado (por mayor o detal). En el caso sometido a consideración, es un hecho no
discutido que los terceros independientes son distribuidores minoristas en el mercado
nacional (hospitales, droguerías y grandes superficies), mientras que los vinculados
económicos son distribuidores mayoristas en el exterior, hecho probado en el
expediente20. Y aunque la DIAN sostiene que no existen diferencias en este aspecto,
dado que los productos vendidos son los mismos y las cantidades negociadas
similares, lo cierto es que sí existen diferencias que requerían de algún tipo o grado
de ajuste. Esto por cuanto un distribuidor minorista vende los productos al consumidor
final, mientras que el mayorista, por lo general, vende al minorista, esto es, realiza una
labor de intermediación entre el productor y el distribuidor minorista, de acuerdo con
el siguiente esquema de distribución:
Productor distribuidor mayorista distribuidor minorista consumidor final
Esta distinción impacta sustancialmente los precios ya que, como se vio, las funciones,
activos y riesgos involucrados en cada una de estas etapas son distintos, por lo que
también deben ser distintos los precios. Además, no es un mismo mercado geográfico,
ya que las vinculadas están ubicadas en Francia, Argentina, Perú, Uruguay, Chile,
Ecuador y Venezuela. Esta misma situación fue puesta de presente en el concepto
rendido por la firma Cárdenas & Cárdenas, que al respecto señaló que «los vinculados
del exterior que adquieren los productos de Sanofi están ubicados a dos eslabones
del consumidor final, lo cual implica que deban llevar a cabo funciones diferentes de
cara a la distribución del producto y en consecuencia, asumir mayores riesgos, tales
19 Fol. 258 c.p.
20 Fols. 316, 330 c.p.
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como, obsolescencia, riesgo de cartera y de inventario, entre otros, lo cual implica que
tanto las funciones como los riesgos asumidos requieran una mayor remuneración,
lo cual obligatoriamente hace que el precio que deba recibir de Sanofi sea menor
con el fin de permanecer siendo competitivos en el mercado»21.
La incorrecta aplicación del método PC queda evidenciada por el hecho de que de
éste se hizo un uso fragmentado, sobre solo el 18% de las ventas a vinculados
económicos, manteniéndose el método TU sobre el 82% restante de las operaciones.
Es decir, para la administración la operación restante, que es la mayoría, cumple el
principio de plena competencia medido a través del método TU, a pesar de que se
trata de los mismos medicamentos vendidos, aunque en unas cantidades diferentes a
las operaciones comparadas. Recuérdese que la DIAN tomó como comparables
internos clientes nacionales con volúmenes de compra similares a las que hicieron las
vinculadas económicas a Sanofi. Esta situación fue puesta de presente también en la
ampliación al referido concepto de firma Cárdenas & Cárdenas, de la siguiente
manera22:
«DC&C considera que un análisis fraccionado del conjunto de operaciones de
exportaciones no es apropiado toda vez que para unas operaciones se aceptan las
razones de la aplicación del TU (teniendo en cuenta que la administración las elimina
sin explicar a profundidad por qué) y para la exportación de productos específicos a
Ecuador, Perú, Panamá y Uruguay establece que se debe aplicar el PC.
De igual manera, las autoridades tributarias no demuestran consistencia en el enfoque
que han tomado en la fiscalización permitiendo diferentes análisis para la misma
operación (venta de productos de inventarios producidos). Es posible que la
administración, al igual que DC&C, ha aceptado que el PC no es aplicable en este caso,
sin embargo, no lo desestima del todo y a través de una gran cantidad de ajustes
aplicados a exportaciones específicas iguala los precios de productos vendidos en
Colombia y en los países mencionados. Desestimando diferencias de mercado
geográfico, volúmenes vendidos, ubicación en la cadena de valor del comprador,
objetivos de negocios, control de precios, entre otros, tal y como ha sido mencionado a
lo largo de este documento».
En ese orden de ideas, en los actos demandados no quedó debidamente justificada
la procedencia del método PC, ya que es aplicable cuando se trate de una operación
comparable entre partes independientes en situaciones comparables. Si bien se trató
de los mismos productos vendidos a terceros independientes en el mercado local y en
cantidades similares, había diferencias en cuanto a funciones, activos, riesgos,
mercado geográfico, sujetos (distribuidores minoristas para el caso de los comprables
internos y distribuidos mayoristas, para el caso de los vinculados económicos) y
control de precios en Ecuador, que hacían que las operaciones económicas no fueran
comparables. Tales diferencias no fueron eliminadas completamente, pues, solo se
eliminaron las atinentes a funciones, activos y control de precios, pero no las demás,
que también influyen en los precios, como quedó dicho al hacerse alusión a la
normativa de precios de transferencia.
Nótese cómo, tras haber efectuado algunos ajustes en la liquidación oficial de revisión
a fin de eliminar las diferencias por control de precios de medicamentos en Ecuador y
aquellos efectos en que incurre la actora para vender sus productos en el mercado
local y que no son incorporados en la venta a sus vinculados del exterior (funciones y
activos), la propuesta de adición de ingresos del requerimiento especial tuvo una
rebaja significativa, pasando de $4.442.041.000 a $1.600.880.918. Entonces, de
21 Fol. 610, c.a.
22 Fols. 224 a 225 c.p.
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haberse completado los ajustes para tener en cuenta las demás diferencias (riesgos
asumidos, el mercado geográfico, el nivel del mercado, sujetos y objetivos de
negocios), probablemente la DIAN habría concluido, a través del método PC, que el
método TU utilizado por la actora era fiable. No prospera el cargo de apelación y no
es necesario estudiar la procedencia de la sanción por inexactitud.
En consecuencia, se confirma la sentencia apelada.
2. Condena en costas. No se condena en costas en esta instancia, que incluyen las
agencias en derecho (artículo 361 del CGP), de conformidad con los artículos 188 del
CPACA y 365 numeral 8 del CGP, según el cual «solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»,
requisito que no se cumple en el presente asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia apelada.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
3. Reconocer personería a la abogada Jannette Gómez Velásquez como apoderada
de la DIAN en los términos del poder conferido (Índice 48, Samai del Tribunal).
Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Ausente en comisión) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente (E)
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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