RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2013-01285-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-01285-01

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-01285-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR la sentencia apelada. En su lugar, dispone: PRIMERO. DECLARAR la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412012000020 de 11 de abril de 2012 y la Resolución nro. 900.036 de 14 da mayo de 2013, por las cuales la DIAN modificó a la actora la declaración de renta del año gravable 2008. SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la firmeza de la declaración de renta presentada por Drummond Ltda., por el año gravable 2008. 2. Sin condena en costas. 3. RECONOCER personería a la abogada Yomaira Hidalgo Aníbal como apoderada de la DIAN en los términos del poder conferido (fol. 46, c.p. 4).

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2013-01285-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

29 de junio de 2023

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
Demandado: UAE DIAN

Temas: Renta año gravable 2008. Adición de ingresos por venta de carbón
a vinculados económicos. Precio promedio ponderado por tonelada
de carbón. Precios de Transferencia. Ajuste de comparabilidad por
diferencia en cambio. Rechazo de costos por ajuste a la mediana.
Deducción por ajuste de regalías. Realización del gasto por
condena en laudo arbitral. Deducción por pérdida en enajenación
de activos.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante y la demandada
contra la sentencia del 21 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió lo
siguiente1:

“PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial de Revisión
nro. 312412012000020 de 11 de abril de 2012 y la Resolución nro. 900.036 de 14 da
mayo de 2013, proferidas por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes y la Dirección de Gestión Jurídica
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), respectivamente,
mediante las cuales se modificó la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios correspondiente al año gravable 2008, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho:

A. MODIFICAR la declaración privada nro. 9100008468590 de 15 de abril de
2010, del impuesto sobre la renta del año gravable 2008, presentada por la
sociedad DRUMMOND LTDA., de acuerdo con la liquidación que obra en la
parte motiva de esta providencia.

B. DECLÁRESE que la sanción por inexactitud a cargo de la sociedad
demandante es la inserta en la parte motiva de la providencia.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: No se condena en costas por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia.

1 Fol. 895 reverso y 896, c.p. 3.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

ANTECEDENTES

El 14 de abril 20010, DRUMMOND LTDA presentó corrección a la declaración inicial
del impuesto sobre la renta del año gravable 2008, registrando un impuesto a cargo
de $76.031.725.0002.

Previa expedición del requerimiento especial y su respuesta, la DIAN profirió la
Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412012000020 de 11 de abril de 2012, para
adicionar ingresos por ventas de carbón, derivados del ajuste a la mediana por
rechazo de ajustes de comparabilidad por diferencia en cambio (rechazo de costos
por ajustes de precios de transferencia); rechazar «costo de venta» por ajuste de
regalías; rechazar deducciones por pérdida en enajenación de activos; para
determinar un impuesto a cargo de $385.363.311.000 e imponer sanción por
inexactitud de $494.930.969.000 3.

Tras la interposición del recurso de reconsideración, la liquidación oficial de revisión
fue modificada por la Resolución 990.036 de 14 de mayo de 2013, únicamente para
descontar parte de los ingresos adicionados, debido a errores en la aplicación de la
tasa de cambio. Por consiguiente, se fijó un impuesto de $385.153.434.0004 y una
sanción por inexactitud de $494.870.006.000.

DEMANDA5

DRUMMOND LTDA., en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
formuló las siguientes pretensiones 6:

“4.1. Solicito que se declare la nulidad de los actos administrativos que identifico a
continuación, por medio de los cuales la DIAN resolvió liquidar oficialmente el impuesto
de renta a cargo de Drummond por el año 2008, determinando un mayor valor de
impuesto a cargo de trescientos nueve mil doscientos noventa y tres millones setecientos
cincuenta y cuatro mil pesos ($309.293.754.000) e impuso sanción por inexactitud por
valor de cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos setenta millones seis mil pesos
($494.870.006.000).

Los actos administrativos cuya nulidad se solicita, son los siguientes:

a. Liquidación Oficial de Revisión del Impuesto sobre la renta nro. 312412012000020 del
11 de abril de 2012, expedida por la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes, División de Gestión de Liquidación, de la DIAN.

b. Resolución nro. 900.036 del 14 de mayo de 2013, expedida por la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica, de la DIAN, mediante
la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial
de Revisión del Impuesto sobre la renta nro. 312412012000020 del 11 de abril de 2012.

En especial, y sin perjuicio de la anulación íntegra de los actos identificados arriba,
solicito que se declare que son nulas todas y cada una de las glosas de la DIAN, a saber:
(i) la adición de ingresos a la base gravable de Drummond, por valor de
$735.977.690.000, (ii) el “ajuste a la mediana” por aplicación del régimen general de

2 Fols. 4 y 5, c.a. 1.
3 Fols. 215 a 273, c.p. 1.
4 Fols. 276 a 314, c.p. 1.
5 Demanda reformada.
6 Fols. 425 y 426, c.p. 2.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

precios de transferencia, por valor de $120.718.733.000, (iii) el rechazo de la deducción
al reajuste a las regalías por valor de $80.014.127.000, y (iv) el rechazo de la deducción
de la pérdida en la venta del activo denominado planta de emulsión por valor de
$543.249.000.

En lo que respecta a la sanción por inexactitud y sin perjuicio de la anulación íntegra de
los actos arriba identificados, solicito que se declare que es nula la sanción por
inexactitud en relación con todos y cada uno de los cargos que tuvieron en cuenta los
actos acusados para imponerla, a saber: (i) respecto de la adición de ingresos por ventas
de carbón por valor de $388.596.220.000; (ii) respecto del “ajuste a la mediana” por
efectos de la aplicación del régimen general de precios de transferencia por valor de
$63.739.491.000; (iii) respecto del rechazo de la deducción por pago de reajuste de
regalías, por valor de $42.247.459.000; y (iv) respecto del rechazo de la pérdida en la
venta de la planta de emulsión, por valor de $286.835.000.

42. Solicito que a título de restablecimiento del derecho se declare en firme la liquidación
privada que hizo Drummond de impuesto sobre la renta correspondiente al año 2008 y
que aparece en la declaración de corrección presentada el 15 de abril de 2010 bajo el
número 91000084685901, o, en subsidio, que se hagan las liquidaciones que
correspondan a la declaración de nulidad que haga el Tribunal en vista de esta demanda.

4.3. Solicito que en el evento de resultar vencida la DIAN, y puesto que este proceso se
adelanta para proteger el interés particular de un contribuyente, la entidad sea
condenada en las costas que se prueben en este proceso, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 188 del CPACA.

4.4. Solicito, con base en el artículo 4 de la Constitución; el artículo 197, numeral 9, de
la Ley 1607 de 2012; y el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, que sí, durante el curso
de este proceso, la Honorable Corte Constitucional declara inexequible el artículo 16 de
la Ley 1111 de 2006 o una parte de él o que si el Honorable Consejo de Estado declara
ilegal el Decreto 1282 de 2008, o cualquier parte del mismo, la sentencia que en este
proceso recaiga declare la nulidad, el decaimiento o la inaplicabilidad de todos los actos
administrativos que aquí se demandan y que tengan sustento jurídico en ese artículo de
la ley o en este decreto.

La parte demandante indicó como normas violadas, las siguientes:

 Artículos 29, 83, 95, 121, 123, 338 y 363 de la Constitución Política.
 Artículo 3 del CPACA.
 Artículo 16 de la Ley 1111 de 2006.
 Artículos 26, 27, 41, 90, 104, 107, 148, 260-2, 260-3, 260-5, 683, 730, 742, 771-
2 del Estatuto Tributario (ET).
 Artículos 42, 80 del CPACA.
 Artículos 35 y 44 del Código Contencioso Administrativo (CCA).
 Artículo 7 del Decreto 4349 de 2004.
 Artículos 1, 3, 4 y 5 del Decreto Reglamentario 1697 de 2007.
 Artículo 1 del Decreto Reglamentario 1282 de 2008.
 Artículo 17 del Decreto 1001 de 1997.

El concepto de la violación se sintetiza así 7:

1. Violación del principio de irretroactividad tributaria. El artículo 16 de la Ley 1111
de 2006, vigente para el periodo debatido, señaló que para los exportadores de

7 Fols. 425 a 536 c.p. 2.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

minerales que superen los US$100.000.000 de ventas al año, el Ministerio de Minas
y Energía (MinMinas) fijaría el precio de venta de las exportaciones teniendo en cuenta
los precios FOB en puertos colombianos que paguen los consumidores finales. Esta
norma fue reglamentada por el Decreto 1697 de 2007, que al efecto dispuso que los
ingresos de estos contribuyentes, obligados al régimen de precios de transferencia,
serán los que resulten de la aplicación del precio fijado por dicho ministerio (art. 5),
disposición que luego fue modificada por el artículo 1 del Decreto 1282 de 2008, para
señalar que tales ingresos «serán como mínimo los que resulten de la aplicación del
precio fijado por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con lo dispuesto en
este decreto y sin perjuicio de la obligación de declarar los ingresos realizados, cuando
estos sean superiores y los ingresos obtenidos por otros conceptos tales como
transporte, seguros, manejo, cargue, descargue y almacenamiento, aunque se
facturen o convengan por separado».

Como se ve, los decretos reglamentan un aspecto sustancial de la obligación
tributaria, en tanto que, al regular los ingresos de este grupo de contribuyentes, se
afectó la composición de la base gravable del impuesto. En la determinación del
impuesto, la DIAN basó su decisión en el artículo 1 del Decreto 1282 de 2008, que
introdujo una modificación a las reglas de determinación de los ingresos para estos
contribuyentes y, por ende, vulneró el principio de irretroactividad tributaria. Por
consiguiente, los actos deben anulados por esta razón.

2. Falsa motivación. No procede la adición de ingresos. El artículo 16 de la Ley
1111 de 2006 atribuyó exclusivamente la competencia ex post al MinMinas para fijar
el precio de venta de las exportaciones de minerales para efectos tributarios,
siguiendo el procedimiento allí previsto, que fue fijado para Drummond en US$72.40
por tonelada, en la Resolución 181349 de 2009.

Teniendo en cuenta lo anterior, Drummond multiplicó las toneladas exportadas en
2008 (22.118.627,05) a su vinculada Interocean por el precio promedio ponderado
determinado por el MinMinas por tonelada (US$72.40) y determinó un ingreso fiscal
por venta de carbón de USD$1.601.388.598 o $3.135.609.549.290 (declarados), que
es igual al ingreso en términos FOB en puerto colombiano obtenido de los
consumidores finales por parte de Interocean, pero mayor a los ingresos realizados
por Drummond (USD$1.582.371.155,59 o $3.131.398.616.769), como lo ratifican las
experticias aportadas como prueba.

Drummond aplicó la anterior metodología que es la misma que fijó el MinMinas en el
Oficio 2010022293 del 5 de mayo de 2010, dirigido a la DIAN.

De este modo, es contrario a la ley y al reglamento que la DIAN haya determinado que
el precio promedio ponderado fijado por el MinMinas para Drummond debe
compararse con el precio de cada uno de los embarques, aunque en algunos eventos
se apartó de esa motivación para calcular los ingresos adicionados utilizando hasta
diez metodologías distintas, como se demuestra en los dictámenes periciales, a pesar
de que la metodología para determinar los ingresos fiscales es una sola y corresponde
a la ya descrita.

Con todo, Drummond realizó una exhaustiva revisión de los cálculos realizados por la
DIAN para concluir que, aun en el evento de que la tesis de la DIAN fuera correcta
(que no lo es), el valor del ajuste sobre las facturas no sería $735.977.690.000 sino
$220.624.273.000, generándose una diferencia de $515.353,417.000, a todas luces
irreal.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

De acuerdo con lo anterior, existe violación de la ley y el reglamento y usurpación de
la competencia del MinMinas, en tanto que la DIAN se arrogó una facultad propia de
ese ministerio, cual es la de fijar el precio de venta de carbón.

2. No es procedente la adición de la renta líquida por $120.718.733.000 por ajuste
a la mediana (rechazo de costos). De acuerdo con el artículo 260-3 del ET, para
efectos del régimen de precios de transferencia, se entiende que las operaciones son
comparables cuando no existen diferencias entre las características económicas
relevantes de las partes independientes y las del contribuyente, que afecten de
manera significativa el precio o margen de utilidad a que hacen referencia los métodos
establecidos en el artículo 260-2 del ET o, si existen dichas diferencias, su efecto
puede eliminarse mediante ajustes técnicos económicos razonables.

Como, por aplicación de las normas US GAAP y/o IFRS (NIIF), la mayoría de las 13
comparables escogidas (Alliance Resource PTNRS- LP, ALPHA Natural Resources
INC, ARCH Coal INC, Foundation Coal Holdings INC, International Coal Group INC,
Massey Energy Co, Hillsborough Resources Ltd., Yanzou Coal Mining Co-ADR,
Centenial Coal Company Limited, Gansu Jingyuan Coal IND & Elec Power CO,
Gloucester Coal Limited, Macarthur Coal Limited, Sociedad Anónima Hulera Vasco -
Leonesa) considera la diferencia en cambio como un ingreso o gasto operacional y,
por ende, sus respectivos márgenes de utilidad de operación están afectados por este
fenómeno, con fundamento en las comentadas normas, Drummond reflejó también la
diferencia en cambio en su margen de utilidad de operación – reclasificando de ingreso
no operacional a operacional–, para, de esta forma, eliminar las diferencias existentes
haciendo parecida su situación a la de las comparables.

Para acreditar el principio de plena competencia en las operaciones de egreso con
sus vinculadas económicas del exterior (compra de activos fijos y otros egresos),
Drummond seleccionó el método de márgenes transaccionales de utilidad de
operación (TU) y como indicador de rentabilidad el OITC (siglas en inglés de utilidad
operativa sobre el costo y gasto operacional) o margen sobre costos y gastos (MCG).

Adicionalmente, para apoyar la fiabilidad del indicador OITC, Drummond utilizó el
indicador de retorno sobre el activo fijo (ROFA o ROA), que demuestra que el margen
de utilidad operacional de Drummond en el año 2008, con los ajustes practicados, está
dentro del rango intercuartil de comparables, como se ve a continuación:

Rango intercuartil ajustado
Medida estadística Indicador OITC Indicador ROFA
Cuartil inferior 12,125% 5,436%
Mediana 16,056% 10,210%
Cuartil superior 25,364% 23,395%
Drummond 18,752% 31,145%

Así, Drummond demostró que las operaciones antes mencionadas habían sido
pactadas a precios de mercado, en cumplimiento del principio de plena competencia,
pues el OITC permitió concluir que el resultado de Drummond de 18,752% estaba
dentro del rango de márgenes de utilidad de empresas comparables (entre el 12,125%
y el 25,364%, por encima de la mediana de 16,056%) y, con el ROFA, el resultado de
Drummond es de 31.145%, dentro del rango de empresas comparables (entre el
5,436% y el 23,395%, por encima del cuartil superior).

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

No obstante, la DIAN consideró que los ajustes por diferencia en cambio no eran
razonables porque ello supondría considerar que el fenómeno cambiario solo afectó a
Drummond y no al resto del mundo. De este modo, la DIAN exigió que Drummond
debía demostrar cómo afectó dicho fenómeno el margen de utilidad de las empresas
comparables, siendo que, de un lado, el artículo 260-3 del ET no exige que las
operaciones realizadas por las empresas comparables sean iguales sino comparables
y, de otro, para la época no se contaba con la información suficiente para realizar
dichos ajustes en las 13 comparables seleccionadas. En todo caso, la pertinencia
técnica de este ajuste está avalado por las directrices de la OCDE y fue probada
mediante varios dictámenes periciales, en los que se demuestra que la diferencia en
cambio es tratada como ingreso o gasto operacional siempre que esté asociada a la
actividad operacional de las comparables.

Además, para cuando Drummond presentó la declaración informativa individual de
precios de transferencia (DIIPT) y preparó la documentación comprobatoria, las bases
de datos públicas no contaban con la totalidad de la información financiera de las
comparables, por lo que, de acuerdo con el numeral 9 del literal B del artículo 7 del
Decreto 4349 de 2004, la compañía tomó la información del año 2008 cuando estaba
disponible y, en caso contrario, el promedio simple de los años 2006 y 2007.

Teniendo en cuenta que para cuando se efectuó la fiscalización, toda la información
de las comparables del 2008 estaba disponible, la DIAN debió consultarla para
verificar si las operaciones de egreso evaluadas se ajustaban al principio de plena
competencia. Con base en dicha información, en el recurso de reconsideración,
Drummond recalculó los indicadores, sin considerar la diferencia en cambio, arrojando
que el OITC de Drummond (11.86%) se ubicaba dentro del rango intercuartil de sus
comparables, como lo prueba el dictamen pericial aportado con ese escrito, que no
fue valorado por la administración tributaria.

A pesar de que la DIAN rechazó el ajuste por diferencia en cambio, lo que llevó a que
el OITC estuviera por fuera del rango intercuartil de las comparables, conllevando el
ajuste a la mediana, no desvirtuó la conclusión del análisis por indicador ROFA, de
igual alcance, validez y fuerza probatoria que el análisis OITC. Sin embargo, los actos
acusados dejan de tener cuenta el resultado del análisis ROFA, bajo el argumento de
que el uso de este indicador no lo exigen las normas colombianas ni la guías OCDE,
ya que, por ser un análisis complementario, no era definitivo para determinar el ajuste
a la mediana. Al no ser desvirtuado, el principio de plena competencia quedó
acreditado con este indicador.

3. Debe aceptarse la deducción por ajuste a regalías. Con anterioridad al periodo
fiscalizado surgió una controversia con la autoridad minera, en favor de quien se
pagaban las regalías, sobre la forma de liquidarlas, con base en las modificaciones
del contrato minero 078 de 1988, cuyo laudo arbitral fue confirmado por el Consejo de
Estado en sentencia del 13 de agosto de 2008. De manera que sólo hasta ese periodo
Drummond registró el gasto adicional de regalías, porque es cuando debe entenderse
realizado, de conformidad con las normas contables y fiscales, como lo ha reconocido
la doctrina de la DIAN y se había aceptado por parte de esta entidad en casos
similares frente al mismo contribuyente.

A pesar de lo anterior, la DIAN rechazó la deducción tras señalar que no se cumplía
el requisito de causalidad, argumentando que la erogación correspondía a años
anteriores. Adicionalmente, sostuvo que la deducción no estaba soportada en
facturas, desconociendo, de un lado, su propia doctrina, que en el caso de regalías no
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

las ha exigido (Concepto 89685 de 2009) y, de otro, que Drummond obtuvo de la
autoridad minera un recibo que cumple los requisitos del artículo 17 del Decreto 1001
de 1997, relativo a documentos equivalentes a facturas emitidos por entidades
públicas.

4. Es deducible la pérdida en venta de activos. En el año 2007, Drummond firmó
un contrato de compraventa con Indumil en el que se comprometió a venderle a esta
entidad una planta de emulsión por USD$1.480.615. Sin embargo, debido a
requerimientos del Minminas (adecuaciones y construcciones), que debían cumplirse
antes de efectuarse la venta, dicha operación no se pudo efectuar en ese año, por lo
cual, se aplazó hasta el año 2008. Dicha planta se registró contablemente por
$3.264.167.138, y ese fue el costo fiscal declarado por el periodo 2007.

El contrato de compraventa finalmente se perfeccionó en el 2008, manteniéndose el
precio de USD$1.480.615, que, para esa época, equivalía a $2.635.509.506,
presentándose, entonces, una pérdida de $543.249.000, según el artículo 90 del ET,
luego de practicada la depreciación sobre el activo ($3.264.167.138 - $85.408.203
(depreciación) = $3.178.758.935 - $2.635.509.506 = $543.249.000) que fue llevada
como deducción.

No obstante, la DIAN rechazó la deducción ($543.249.000) por incumplirse la
previsión del artículo 148 del ET. Esta norma no es aplicable, toda vez que no se trata
de una pérdida de capital por fuerza mayor sino de una pérdida por la enajenación de
un activo. De ahí que, como se anotó, la norma aplicable sea el artículo 90 del ET,
cuya deducibilidad ha sido reconocida por el Consejo de Estado si se acredita el
cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del ET, como en efecto ocurrió,
requisitos no cuestionados por la DIAN 8. Con el rechazo, la DIAN desconoce también
que, a la luz del artículo 41 del ET, la diferencia en cambio en que se incurre para la
puesta a punto de activos para su venta puede ser un gasto deducible.

La DIAN también alega que, si Drummond hubiera cumplido el contrato, la pérdida no
habría tenido lugar porque la venta se habría llevado a cabo en el año 2007, lo cual
es incorrecto porque la actora sí cumplió el contrato, como lo certificó Indumil. De
todos modos, la DIAN no tiene competencia para pronunciarse sobre el cumplimiento
o incumplimiento de los contratos.

Tampoco es procedente que se rechace la pérdida con el argumento de que el precio
estipulado en la venta se pagó a través de una compensación de USD$10 por cada
tonelada de emulsión que Indumil vendiera a Drummond hasta pagarse la totalidad
del precio, porque ello implicaría suponer que la pérdida en la venta del activo solo se
produce cuando se paga la obligación y no cuando se causa, conforme a las normas
contables y tributarias.

6. No debe imponerse sanción por inexactitud. No debe aplicarse la sanción por
inexactitud porque no se configura ninguno de los supuestos exigidos por el artículo
647 del ET para su imposición. De todos modos, de acuerdo con lo expuesto en cada
uno de los cargos, las divergencias entre Drummond y la administración corresponden
a una interpretación razonable frente al derecho aplicable que la exonera de cualquier
responsabilidad sancionatoria.

8 Sentencia del 11 de marzo de 2010, exp. 17178, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera 9:

1. Procede la adición de ingresos. El artículo 16 de la Ley 1111 de 2006 dispuso
que el “Gobierno reglamentará el procedimiento mediante el cual se dará aplicación a
lo dispuesto” en dicho artículo, esto es, la forma para controlar el precio de venta de
las exportaciones de minerales y con ello evitar la evasión o elusión fiscal. De manera
que los Decretos 1697 de 2007 y 1282 de 2008, en tanto regulan un aspecto
procedimental y no sustancial de los elementos esenciales del tributo, tienen
aplicación inmediata. Por tanto, no se vulneró el principio de irretroactividad tributaria.

De otra parte, la adición de ingresos se hizo con fundamento en los artículos 26 y 27
del ET, puesto que la actora omitió declarar la totalidad de los ingresos obtenidos. No
es aceptable fiscalmente, que estando plenamente establecidos los ingresos
percibidos, estos puedan promediarse (multiplicando las toneladas exportadas por un
precio mínimo), ya que, la esencia del artículo 16 de la Ley 1111 de 2006 y de las
resoluciones del MinMinas, expedidas al amparo de esta norma, es que ningún
ingreso obtenido por mineral vendido a las vinculadas del exterior puede ser inferior
al fijado por ese ministerio, no que se pueda promediar la totalidad de los ingresos
obtenidos.

En efecto, el precio mínimo fijado por el MinMinas no sirve para ajustar aquellos
precios facturados por valor superior a ese mínimo, como lo hizo la actora. Así, cuando
el precio facturado es inferior al mínimo, debe igualarse a ese mínimo. Por tanto, los
ingresos adicionados corresponden a ingresos efectivamente realizados.

Las experticias aportadas por la demandante no son idóneas ni conducentes para
desvirtuar la adición de ingresos, ya que, a pesar de que contienen datos relacionados
con la determinación del precio mínimo por parte del MinMinas, ello no significa que
el contribuyente pueda promediar sus ingresos, ya que equivaldría a admitir la omisión
de ingresos fiscales.

Una cosa es el método que utiliza el MinMinas para fijar el precio mínimo y otra, la
consecuencia fiscal de la aplicación del precio mínimo, que se reduce a la obligación
que tiene el contribuyente de declarar como valor mínimo de ingreso por tonelada
exportada en el periodo, el precio fijado por dicho ministerio, sin perjuicio de la
obligación de declarar los ingresos realizados, cuando estos sean superiores.

2. Debe mantenerse la adición a la renta líquida de $120.718.733.000 por ajuste
a la mediana (rechazo de costos). No es procedente incluir la diferencia en cambio
en el cálculo de la utilidad de la operación, toda vez que, acuerdo con el Decreto 2649
de 1993, esta diferencia es un ingreso o gasto no operacional, según sea el caso, y
dicho cálculo solo puede serlo con ingresos o egresos de tipo operacional. En los
términos del artículo 260-3 del ET, tampoco resultaba procedente tenerla en cuenta
como ajuste de comparabilidad, toda vez que, de acuerdo con esta norma, las
operaciones son comparables cuando no existen diferencias entre las características
económicas de estas y las del contribuyente que afecten de manera significativa el
precio o margen de utilidad a que hacen referencia los métodos establecidos en el
artículo 260-2 del ET, o, si existen, su efecto pueda eliminarse mediante ajustes

9 Fols. 537 a 620 y 641 a 680 c.p. 2.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

técnicos económicos razonables. El fenómeno cambiario sucedido en el año 2008,
que dio origen a la diferencia en cambio, afectó la economía de forma general,
incluidos los países de las comparables y no solo al país de la demandante, como
quedó acreditado y justificado en los actos demandados.

La demandante se limitó a presentar las implicaciones que tuvo el dólar en la parte
analizada, pero no demuestra los respectivos ajustes que debieron realizarse en los
estados financieros de las comparables para que la situación fuera igual. En otras
palabras, siendo que las comparables enfrentaron diferentes niveles de riesgo
cambiario, debieron eliminarse dichas diferencias, mediante ajuste técnico económico
razonable, lo cual no quedó demostrado. Así, al limitarse el ajuste al ingreso local, se
está afirmando que el fenómeno cambiario repercutió solamente en Drummond, lo
cual no es razonable. Luego, el ajuste por riesgo cambiario realizado por Drummond
no es procedente porque no se demostró que se eliminaron las diferencias
significativas alegadas por la actora para hacerlas parecidas a las comparables.

3. No procede el ajuste de regalías. No es procedente el reconocimiento de esta
erogación toda vez que en el impuesto sobre la renta solo se reconocen hechos
sucedidos en el respectivo periodo declarado y, en este caso, el «costo» corresponde
a regalías que debieron pagarse en periodos anteriores (1999 a 2007). Debido a lo
anterior, dichas regalías no son un factor que determine la renta del periodo declarado,
de modo que se incumplen los requisitos del artículo 107 del ET.

4. Debe rechazarse la deducción por pérdida en enajenación de activos. La
deducción incumple los requisitos del artículo 148 del ET. Además, el precio pactado
no se pagó en su totalidad a la fecha de transferencia de la planta a Indumil, sino que
se iba pagando a razón de USD$10 por tonelada de emulsión que Indumil vendiera a
Drummond, en forma de descuento, por lo que era imposible que se haya generado
la pérdida por diferencia en cambio, dado que, «por sustracción de materia es
imposible que se hubiera compensado [pagado] la totalidad en una sola fecha».

Además, la deducción llevada a cabo por la actora no tiene origen en una operación
atribuible al periodo declarado (2008), como lo exige el artículo en mención, sino en
una relación contractual que data de un periodo anterior.

5. Es procedente la sanción por inexactitud. En la medida que la actora omitió
ingresos e incluyó deducciones que no fueron procedentes, incurrió en sanción por
inexactitud. De acuerdo con las justificaciones dadas en cada una de las glosas, no
existe diferencia de criterios frente al derecho aplicable que justifique la exculpación
de la conducta infractora, sino un desconocimiento del derecho.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal anuló parcialmente los actos acusados, por lo siguiente10:

1. No procede la adición de ingresos ($735.977.690). El artículo 16 de la Ley 1111
de 2006 señala que el MinMinas fijará el precio de venta de las exportaciones de
minerales, cuando se trate de exportaciones que superen los USD$100.000.000 al
año, teniendo en cuenta los precios en términos FOB en puerto colombiano que
paguen los consumidores finales de estos minerales. Esta norma fue reglamentada
inicialmente por el Decreto 1697 de 2007, que dispuso que los ingresos por las ventas

10 Fols. 861 a 896, c.p. 2.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

realizadas a vinculados económicos o partes relacionadas serán los que resulten de
la aplicación del precio fijado por dicho ministerio (art. 5), disposición que fue
modificada por el artículo 1 del Decreto 1282 de 2008, en el sentido de señalar que
tales ingresos serán como «mínimo» los que resulten de la aplicación del precio fijado
por el ministerio, sin perjuicio del deber de declarar los ingresos realizados cuando
sean superiores.

El Consejo de Estado revisó la legalidad del artículo 5 del Decreto Reglamentario 1697
de 2007, como fue modificado por el artículo 1 del Decreto 1282 de 2008, y señaló
que esta disposición no está fijando un precio mínimo, sino que, ante la circunstancia
de que el precio efectivamente realizado sea mayor al precio fijado por el ministerio,
se deben tener como ingresos los efectivamente realizados 11. A su vez, en el Oficio
2010022293 del 5 de mayo de 2010, el MinMinas señaló que, cuando el precio
promedio ponderado (de las exportaciones totales y no tomadas individualmente por
cada uno de los embarques) fijado por el ministerio es inferior al precio promedio
ponderado del exportador, no se debe realizar ningún ajuste, porque el ingreso
superior efectivamente realizado prevalece. En caso de que el ingreso realizado sea
inferior, entonces se declaran los ingresos ajustados al promedio ponderado fijado por
el ministerio.

Con el objeto de establecer el correcto valor a declarar por exportaciones de carbón,
Drummond allegó varios dictámenes periciales. En el dictamen nro. 18 de 7 de junio
de 2012, se determinó que en el año 2008 exportó un total de 22.118.627,05 toneladas
de carbón, que, multiplicadas por USD$72,40 (precio de venta FOB promedio
ponderado por tonelada de carbón el año 2008, fijado por el MinMinas para el caso de
Drummond), da como resultado unos ingresos a declarar de USD$1.601.388.598,42,
los cuales, por ser superiores, prevalecen sobre los ingresos realizados
(USD$1.582.371.155, 59).

En esta prueba queda en evidencia, también, que la metodología utilizada por la DIAN
consistió en fijar el precio de venta de carbón por el valor «mínimo» establecido por el
MinMinas en los casos en que el consumidor final pagó un precio inferior a este,
después de ajustes, y fijar como precio de venta el pagado por el consumidor final,
después de ajustes, en los casos en que este fue superior a ese mínimo. Para esos
efectos, la DIAN verificó cada una de las facturas de venta y una vez escogido el
precio, de acuerdo con la metodología descrita, lo multiplicó por el número de
toneladas exportadas en cada una de estas facturas.

Este dictamen da cuenta de que la metodología utilizada por la DIAN difiere de la del
MinMinas porque la acepción «mínimo» fijada en el Decreto 1282 de 2008 está
referida al ingreso por declarar y no al precio fijado en la factura, de modo que, al
realizarse la operación aritmética, como lo determinó la DIAN, se distorsiona la
metodología procedente, lo que conlleva una sobreestimación de los ingresos
realizados por Drummond. Debido a lo anterior, la DIAN creó «unos ingresos
presuntos» que nada tienen que ver con la metodología establecida en el artículo 16
de la Ley 1111 de 2006 y sus decretos reglamentarios. Siendo que esta metodología
no es procedente, prospera el cargo nulidad.

2. Se mantiene la adición de la renta líquida por $120.718.733.000 por ajuste a la
mediana (rechazo de costos). El método de precios de transferencia utilizado por la
actora para determinar el margen de utilidad de las operaciones es el de márgenes

11 Sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp. 18687, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

transaccionales de utilidad de la operación (TU). De acuerdo con el artículo 260-3 del
ET, las sociedades que se comparan por medio de los métodos de precios de
transferencia deben evaluarse a través de un conjunto de características de las
transacciones, que pueden dar lugar a ajustes para lograr una mejor comparabilidad.

De acuerdo con el dictamen pericial, el ajuste por diferencia en cambio realizado por
la demandante tuvo lugar con ocasión de que las sociedades comparables
seleccionadas en el estudio de precios de transferencia clasifican la diferencia en
cambio como ingresos o gastos operacionales, en aplicación de las normas US GAAP
o IFRS, mientras que Drummond, por mandato del Decreto 2649 de 1993, lo hace al
nivel de otros ingresos no operacionales, de modo que el valor de estos ingresos o
gastos podrían generar resultados disímiles al calcular los indicadores de rentabilidad
para cada una de las partes. En consecuencia, la parte demandante reclasificó el
ingreso por diferencia en cambio de no operacional a operacional.

Lo anterior no es aceptable, pues para el periodo objeto de fiscalización es aplicable
el Decreto 2649 de 1993, que regula los principios de contabilidad, los cuales
prevalecen sobre las normas US GAAP o IFRS, como lo dispone el artículo 260-3 del
ET. En esa medida, no procedía tal reclasificación. Tampoco era procedente incluir
la diferencia en cambio como ajuste de comparabilidad, porque dada la
incompatibilidad de la norma colombiana con la de las compañías comparadas, la
solución que debió darse fue la de prescindir del ingreso operacional por diferencia en
cambio de las comparables, a efectos de eliminar las diferencias significativas con la
parte analizada. Al incluirse la diferencia en cambio como ingreso operacional, se
incrementó el margen operativo, incidiendo en el cálculo del indicador OTIC. Sin ese
ajuste, la demandante queda por fuera del rango intercuartil de las comparables, lo
que justifica el ajuste a la mediana practicado por la DIAN.

Además, la demandante no demostró que la información financiera de las sociedades
comparables hayan sido objeto de ajuste por efecto del riesgo cambiario, por lo que,
en aplicación del principio de plena competencia, Drummond no podía asumir el riesgo
cambiario como un ajuste de comparabilidad.

3. Es procedente la deducción por ajustes a las regalías por $80.014.127.000. En
el año 2008, la demandante fue condenada por el Consejo de Estado a pagar un
mayor valor por regalías por los años 1999 y 2007. Como, según los artículos 104 y
105 del ET, fue en ese periodo (2008) que se realizaron y causaron estas erogaciones,
en la medida en que nació la obligación de pagarlos por decisión judicial, dicha
sociedad tiene derecho a llevar la deducción en ese año gravable, pues, aunque las
regalías correspondían a periodos anteriores, no existía certeza de la obligación de
pagarlas.

4. Es deducible la pérdida en venta de activos ($543.249.000). La pérdida tiene
origen en la venta de una planta de emulsión a Indumil. La venta se pactó en
USD$1.480.615, correspondiente a $2.635.509.506, que estaba registrada
contablemente por $3.178.758.935 (costo fiscal), generando la diferencia llevada
como pérdida.

Contrario al entendimiento de la DIAN, la norma aplicable no es el artículo 148 del ET,
dado que no se trata de una pérdida de capital o desaparición de un activo, sino de
una transferencia de un activo por debajo de su costo fiscal. De manera que la norma
aplicable es el artículo 90 ibidem.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

Dicha pérdida resulta deducible, en la medida en que cumple los requisitos del artículo
107 del ET. Es así porque el activo sobre el que recayó la pérdida corresponde a una
planta para la producción de emulsión y demás agentes de voladura que Drummond
construyó para que Indumil produjera y vendiera estos productos a la compañía y a
otras empresas del sector. El valor de la planta se pactó en el contrato en
USD$1.480.615 que, para cuando se registró contablemente, correspondía a
$3.178.758.935, pero que cuando se transfirió equivalían a $2.635.509.506,
generándose la pérdida.

5. Es procedente la sanción por inexactitud. Es procedente la sanción por
inexactitud dado que el ajuste de comparabilidad por ajuste en cambio implicó un
menor impuesto a cargo, conducta sancionada por el artículo 647 del ET. No se
advierte que dicho actuar esté soportado en una diferencia de criterio frente al derecho
aplicable, de modo que debe mantenerse la sanción impuesta, pero, en virtud del
principio de favorabilidad debe reliquidarse para tasarla en el 100% de la diferencia
entre el impuesto autoliquidado y el determinado oficialmente por la DIAN.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante apeló la sentencia de primera instancia de la siguiente manera 12:

1. Son procedentes los costos de venta ($120.718.733.000). Existe una
incompatibilidad entre Drummond y sus comparables frente al tratamiento de la
diferencia en cambio, de modo que la divergencia radica sobre en qué extremo debía
realizarse el ajuste, si a nivel de Drummond (reclasificación de ingreso no operacional
a operacional) o en la información de las trece comparables (excluyendo el ingreso
por diferencia en cambio de los ingresos operacionales), como lo sugirió el Tribunal.

Con arreglo al artículo 260-3 del ET y amparado en las directrices de la OCDE, según
las cuales los ajustes de comparabilidad por diferencia en cambio deben ser
coherentes entre la parte analizada y las comparables, se consideró que el ajuste
debía efectuarse en Drummond y no en sus comparables, porque, entre otras cosas,
esta norma no exige en qué extremo debe efectuarse el ajuste, pero sí que debe
hacerse el menor volumen posible de ajustes, como también lo establece el numeral
10 del literal B del artículo 7 del Decreto Reglamentario 4349 de 2004. Además,
porque era más confiable hacerlo en la parte analizada (Drummond) y no en las 13
comparables, dado que no se contaba con su completa información financiera. Sin
embargo, hacerlo en un extremo u otro lleva teóricamente al mismo resultado. Con
todo, el ajuste de comparabilidad sólo fue para efectos del análisis de precios de
transferencia y no implicó una modificación en la contabilidad ni una transgresión al
Decreto 2649 de 1993 y menos una prevalencia de los estándares contables
internacionales sobre este decreto, como lo estableció el Tribunal.

Una aproximación diferente a la del Tribunal podría partir de la premisa de que es
imposible ajustar con precisión y objetividad el margen de utilidad de operación de las
comparables, en la medida en que no es posible aislar la porción de su utilidad de la
operación que se origina por diferencia en cambio. Si se siguiera esta aproximación,
lo que ordenarían las normas de precios de transferencia sería excluir como
comparables de la muestra a las compañías en las que la diferencia en cambio en
ingreso o gasto es operacional, pues el margen de utilidad de operación de esas
compañías, al estar distorsionado con los efectos de la diferencia en cambio, no es

12 Fols. 946 a 981, c.p. 3.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

comparable con el margen de utilidad de Drummond, con lo cual, solo serían
comparables las que tienen análogo tratamiento de la diferencia en cambio. Es decir,
solo sería comparable Hillsborough Resouces Ltd., ubicada en Canadá), y, en ese
orden, el OITC de Drummond (11,086%) estaría dentro del rango intercuartil de esa
compañía, aspecto sobre el cual no se pronunció el Tribunal.

Por otro lado, Drummond también utilizó el criterio ROFA, que es aceptado por el
numeral 8 del literal B del artículo 7 del Decreto 4349 de 2004. Sobre este, en los
actos demandados la administración no se pronunció y tampoco lo hizo el Tribunal,
de manera que la procedencia de este indicador para acreditar el cumplimiento del
régimen de precios de transferencia no fue desvirtuada. Al no serlo, no quedó
acreditado que la actora incumpliera el principio de plena competencia. Con todo, sin
el ajuste de comparabilidad contable de la diferencia en cambio, el indicador ROFA
confirma que en cualquier evento este principio se cumple, con lo cual, no exist e
justificación legal para incrementar la renta líquida de la sociedad mediante un ajuste
a la mediana.

2. Sanción por inexactitud. La procedencia de un ajuste de comparabilidad en
materia de precios de transferencia es como mínimo un asunto de criterio que excluye
la aplicación de la sanción por inexactitud. En efecto, básicamente el Tribunal descarta
el ajuste por no haberse practicado en las comparables, siendo que, la argumentación
expuesta para defender el ajuste por diferencia en cambio en la parte analizada
(Drummond) tiene asidero jurídico y respaldo en las directrices de la OCDE. Dado que
las cifras y demás información de la declaración tributaria es cierta y real, se impone
levantar la sanción por inexactitud por diferencia de criterios frente al derecho
aplicable.

La demandada apeló en los siguientes términos 13:

1. Procede la adición de ingresos. Se reitera que, en virtud del artículo 26 del ET y
por efecto del principio de realización del ingreso, cuando se vende a precios
superiores del «mínimo» fijado por el MinMinas no se deben ajustar o promediar los
ingresos a dicho mínimo. El precio mínimo se aplica cuando existen ventas a un precio
por debajo a ese mínimo. En estos términos se reiteran los argumentos de la
contestación de la demanda y lo dicho en los actos demandados.

2. Debe rechazarse la deducción por ajuste de regalías. Se reitera que estas
regalías no corresponden al periodo fiscalizado sino a periodos anteriores, lo cual
rompe el principio de causalidad, porque no corresponden a regalías del año gravable
2008. Además, dicha erogación no incidió en la renta obtenida en el periodo debatido,
y bien pudo la actora, en los periodos anteriores, determinar adecuadamente las
deducciones por regalías, pero no lo hizo.

3. No es deducible la pérdida en venta de activos fijos. Se insiste en la
improcedencia de esta partida, dado que el precio del activo enajenado no se pagó de
contado sino en sucesivas compensaciones, que hicieron imposible medir la real
pérdida por diferencia en cambio. Por lo demás, no se cumplen los requisitos del
artículo 107 del ET, dado que la supuesta pérdida se originó en un contrato anterior al
periodo fiscalizado.

13 Fols. 904 y 929, c.p. 3.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

De otra parte, el activo es una planta adquirida por Drummond en el año 2005. Sin
embargo, no está demostrado el tratamiento de la depreciación y si hubo lugar a ella.
Tampoco, el cálculo del costo fiscal que compete a todo activo fijo, de modo que, de
haberse tenido en cuenta estos factores, en la supuesta pérdida debió aplicarse el
artículo 148 del ET, según el cual, el valor de la pérdida, cuando se trate de bienes
depreciados, es el que resulte de restar las depreciaciones, amortizaciones y pérdidas
parciales concedidas, de la suma del costo de adquisición y el de las mejoras.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La demandante reiteró lo dicho en etapas procesales anteriores 14.

La demandada reiteró lo expuesto en la apelación 15.

El Ministerio Público no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

Por auto de 8 de agosto de 2019 16, se aceptó el impedimento de la magistrada Stella
Jeannette Carvajal Basto por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 141 del
CGP, toda vez que conoció el proceso en primera instancia, en calidad de magistrada
sustanciadora.

Como en esta oportunidad no existe cuórum decisorio, se sorteó como conjuez al
doctor Juan de Dios Bravo González, quien aceptó la designación.

Asunto de fondo

En los términos del recurso de apelación interpuesto por las partes, la Sala decide si
son procedentes: (i) la adición de ingresos por venta de carbón; (ii) el ajuste de
comparabilidad por diferencia en cambio realizado por Drummond en el estudio de
precios de transferencia; (iii) los «costos de venta» declarados por ajuste por regalías
y (iv) la deducción por pérdida en venta de activos. De ser el caso, también se
pronuncia sobre la procedencia de la sanción por inexactitud sobre aquellas glosas
que se mantengan.

Precisado lo anterior, la Sala pasa a decidir los cargos de apelación para lo cual revoca
la sentencia apelada y accede a las pretensiones de la demanda, según el siguiente
análisis:

1. No es procedente la adición de ingresos. En la declaración de renta del año
gravable 2008, la actora autoliquidó ingresos brutos operacionales por
$3.354.362.852.000, cifra que fue elevada por la DIAN en los actos enjuiciados a
$4.090.340.542.000, representando una adición de ingresos de $735.977.690.000.

En esencia, la discusión gira en torno a la interpretación y aplicación adecuada del
artículo 16 de la Ley 1111 de 2006 y su Decreto Reglamentario 1697 de 2007,
modificado por el Decreto 1282 de 2008.

14 Fols. 62 a 117 c.p. 4.
15 Fols. 29 a 45, c.p. 4.
16 Fols. 12 y 12 reverso, c.p. 4.

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

Según los antecedentes legislativos que dieron origen al artículo 16 de la Ley 1111 de
200617, inicialmente se propuso que esta norma estuviera contenida en el artículo 260-
1 del ET (sobre criterios de vinculación en precios de transferencia), en un parágrafo
que se adicionaría, «para establecer un mecanismo de control cuando se trate de
exportaciones mineras, en las cuales se establecerá por parte del Ministerio de Minas
como valor mínimo de exportación aquel que paguen los consumidores
finales»18.

Finalmente, esta disposición, que no quedó incorporada de forma expresa al ET 19,
atribuyó al MinMinas la competencia para fijar el «precio de venta» en las
exportaciones de minerales cuando éstas superen los US$100.000.000 al año, para
lo cual debían tenerse en cuenta los precios en términos FOB en puerto colombiano
que pague el consumidor final, entendiendo por tal, al «comprador que no sea
vinculado económico o aquel comprador que adquiera embarques de minerales para
ser reprocesados o fragmentados para su posterior venta a pequeños consumidores».
Para esos efectos, la norma dispuso que ese ministerio podía solicitar a las empresas
mineras, al exportador o a sus vinculados, las facturas de venta al consumidor final o
una certificación de los auditores fiscales en las que consten los valores de estas
transacciones durante el año, con ánimo de establecer el precio promedio de venta
que debían observar estos contribuyentes.

El artículo 16 de la Ley 1111 de 2006 fue reglamentado por el Decreto 1697 de 2007,
norma que, en sus artículos 2 y 3, dispuso el procedimiento para el acopio de las
facturas y demás documentos necesarios para la fijación del precio, luego de lo cual,
el ministerio «expedirá el correspondiente acto administrativo en el cual se fije el precio
de venta para cada exportador» (art. 4).

Finalmente, el artículo 5 del referido decreto dispuso que para los exportadores sujetos
al régimen de precios de transferencia «sus ingresos por ventas de minerales a
vinculados económicos o partes relacionadas residentes o domiciliadas en el exterior
y/o paraísos fiscales serán los que resulten de la aplicación del precio fijado por el
Ministerio de Minas y Energía de conformidad con lo dispuesto en este decreto»,
disposición que fue modificada por el artículo 1 del Decreto 1282 de 2008, en el
sentido de disponer que dichos ingresos «serán como mínimo los que resulten de la
aplicación del precio fijado por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con lo
dispuesto en este decreto y sin perjuicio de la obligación de declarar los ingresos
realizados, cuando estos sean superiores y los ingresos obtenidos por otros
conceptos tales como transporte, seguros, manejo, cargue, descargue y
almacenamiento, aunque se facturen o convengan por separado».

Esta Sección analizó la legalidad artículo 5 del Decreto Reglamentario 1697 de 2007,
modificado por el Decreto Reglamentario 1282 de 2008. Al respecto, señaló que no
se estaba fijando un precio mínimo al cual debían ajustarse las exportaciones de
empresas mineras a vinculados, pues, «ante la circunstancia de que el precio
efectivamente realizado sea mayor al precio fijado por el Ministerio de Minas y
Energía, se deben tener como ingresos los efectivamente realizados». Por ello recalcó
que «no hay razón que justifique interpretar que los ingresos de los exportadores, en

17 Artículo derogado por el artículo 67 de la Ley 1430 de 2010.
18 Ponencia para primer debate al proyecto de ley número 039 de 2006 cámara, 043 de 2006 senado (artículo 18).
19 La finalidad de la Ley 1111 de 2006 fue la de modificar el Estatuto Tributario. No obstante, por error, el artículo

16 de esta ley no quedó explícitamente incorporado a dicho estatuto, como sí lo fueron otros artículos de
mencionada ley.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

el caso anotado, se reduzcan al precio fijado por el Ministerio. Esto sería desconocer
el artículo 26 del ET en cuanto dispone que constituye ingreso todo aquel que sea
susceptible de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su
percepción». De manera que, «en aquellos casos en que se advierta que el precio
está influenciado por la vinculación, se debe aplicar el precio mínimo fijado por el
Ministerio de Minas y Energía. Pero si el ingreso efectivamente realizado no está
[influido] por la vinculación, es constitucional y legal que se entienda que los
exportadores perciban esos ingresos»20.

El artículo 16 de la Ley 1111 de 2006 y su reglamento no son una excepción al
principio de realización fiscal del ingreso previsto en la ley tributaria, que propende
porque se declaren todos los ingresos que sean «susceptibles de producir un
incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción» (art. 26 del ET). De
ahí que, para obligados a llevar contabilidad, como la demandante, «los ingresos
realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente» (art. 28 ibidem).

En efecto, lejos de representar una opción al principio de realización del ingreso, esta
normativa sectorial tuvo únicamente por objeto el control del precio de venta de
minerales entre empresas vinculadas con el objeto de evitar su posible distorsión
artificiosa por cuenta de la vinculación económica. De este modo, sin necesidad de
acudir al régimen general de precios de transferencia y prescindiendo de forma
excepcional de los distintos métodos para evaluar el principio de plena competencia
en operaciones controladas, se propendió por la fijación reglamentaria de un precio
promedio de venta que, en todo caso, atendiera, en la mayor medida posible, el que
partes independientes convendrían en condiciones similares no controladas, a fin de
que los ingresos declarados por el contribuyente fueran coincidentes con los
percibidos por el vinculado del consumidor final, pues, se debían tener «en cuenta los
precios en términos FOB en puerto colombiano que paguen los consumidores finales
de estos minerales», tal como lo disponía el artículo 16 de la Ley 1111 de 2006 21.

Por ello, se dispuso que los ingresos que se declaren por exportaciones de mineral no
podían ser inferiores a los que resulten de dar aplicación al precio mínimo resultante
de la metodología empleada por el MinMinas, que es un precio promedio ponderado,
esto es, el precio más cercano a la media aritmética, producto de la consulta de varias
muestras, que debía ser multiplicado por el volumen de las exportaciones, a efectos
de verificar si el resultado final era superior a los ingresos realizados, pues, de serlo,
se debían declarar los ingresos aplicando el tope mínimo fijado oficialmente, pero en
caso contrario debían declararse los ingresos realizados.

Así quedó reflejado también en las Resoluciones 180645 de 29 de abril de 2009 y
181349 de 13 de agosto de 2009, del Ministerio de Minas y Energía, que fijaron para
Drummond el precio de venta de minerales para el año 2008, pues allí se determinó
que «el precio de venta debe expresarse como un precio promedio ponderado en
términos FOB puerto colombiano, durante el año 2008», porque se «debe tomar la
sumatoria de los precios de venta al consumidor final de las exportaciones realizadas

20 Sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp. 18687, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
21 A pesar de esta finalidad, en la exposición de motivos del 67 de la Ley 1430 de 2010, que derogó el artículo 16

de la Ley 1111 de 2006, quedó patente que la fijación sectorial del precio de venta por tonelada de minerales en
los términos dispuestos en la norma, pese a su buena intención, no fue la más afortunada, al punto que implicó una
disminución en el recaudo tributario, porque fue usada con instrumento de planeación fiscal para reducir la carga
tributaria (Informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley número 124 de 2010 Cámara, 174 de 2010
Senado). La derogatoria del artículo 16 de la Ley 1111 de 2006, posibilitó, en consecuencia, la aplicación plena del
régimen de precios de transferencias a tales operaciones y eliminó el tratamiento preferencial para este sector
minero.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

durante el periodo llevadas a términos FOB puerto colombiano y [dividir] el valor
resultante por el número de toneladas exportadas, todo ello teniendo en cuenta los
ajustes adicionales a los precios»22. Siguiendo esa metodología, en la Resolución
181349 se determinó en US$72,40 el precio de venta FOB promedio ponderado por
tonelada de carbón, aclarando que ese promedio «es una forma de calcular la media
y que este valor calculado es el mínimo que se toma de referencia para la declaración
de los ingresos por venta de minerales, sin perjuicio de la obligación de declarar los
ingresos realizados y los ingresos obtenidos por otros conceptos tales como:
transporte, seguros, manejo, cargue, descargue y almacenamiento, aunque se
facturen o convengan por separado»23.

Es de anotar que, como lo advierte la demandante, el precio promedio ponderado
fijado por el MinMinas no es un precio de referencia al que deba ajustarse
individualmente cada embarque o tonelada facturado de mineral exportado. Es tan
solo una medida de control para verificar que los ingresos anuales por exportaciones
de minerales a vinculados económicos sean por lo menos el resultante de multiplicar
dicho precio por el número de toneladas exportadas en el año, porque dicho precio
fue fijado a partir de los precios pagados por consumidores en operaciones no
controladas, o lo que es lo mismo, entre partes independientes.

Ahora bien, según certificación de revisor fiscal y dictamen pericial sobre la
contabilidad de Drummond, pruebas no objetadas por la DIAN, en el expediente está
probado que los ingresos realizados y registrados contablemente por esta sociedad
por venta de carbón a sus vinculados económicos durante el año gravable 2008
ascendieron a USD$1.582.371.155,59 ($3.131.398.616.769). Igualmente está
probado que, aplicando el precio promedio ponderado por tonelada de carbón, en ese
periodo los ingresos fiscales debían ser de USD$1.601.388.598,42
($3.135.609.549.290) 24, que corresponden a los declarados por Drummond.

De este modo, no tiene razón la DIAN al considerar que el precio fijado por el MinMinas
debía ser comparado con el precio previsto en cada factura, pues lo que exige la
normativa estudiada es que los ingresos fiscales del periodo sean como mínimo el
resultado global de multiplicar el número de toneladas exportadas durante el año por
el precio promedio ponderado. Así lo consideró también la Sección, cuando, al decidir
un caso análogo señaló que «la DIAN aplicó equivocadamente el precio promedio
ponderado oficial, toda vez que aplicó dicho precio oficial únicamente, a las toneladas
del mineral vendidas por debajo del precio fijado, es decir, de manera individual por
embarque, y no como indicó el Ministerio, esto es, a todas las exportaciones realizadas
en el periodo» 25.

Por consiguiente, los ingresos declarados por la actora corresponden a los que
fiscalmente debían declararse, con arreglo a los artículos 16 de la Ley 1111 de 2006
y 1 del Decreto 1282 de 2008 y la Resolución 181349 de 13 de agosto de 2009. En
consecuencia, el cargo de apelación de la DIAN no prospera.

2. No es procedente el incremento de la renta líquida por $120.718.733.000
derivado del ajuste a la mediana por rechazo ajustes de comparabilidad de
diferencia en cambio (rechazo de costos por ajustes de precios de
transferencia). Los artículos 260-1 y siguientes del ET regulan el régimen de precios

22 Fol. 362, c.p. 1.
23 Fols. 363, c.p. 1.
24 Fols. Fol. 485, carpeta 1 y 1449 a 1454, carpeta 3.
25 Sentencia del 10 de agosto de 2017, exp. 20691, C.P. Milton Chaves García.

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

de transferencia, que se aplica a los contribuyentes del impuesto de renta que
celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior.
Este régimen obliga a que los contribuyentes determinen los ingresos, costos y
deducciones teniendo en cuenta los precios y márgenes de utilidad que se hubieren
pactado en operaciones comparables entre partes independientes, para que
prevalezcan los precios de mercado y no los que puedan fijar artificialmente las partes
por efecto de la vinculación económica para reducir la carga tributaria.

Con tal fin, el artículo 260-8 del mismo estatuto dispuso que los contribuyentes allí
indicados deben presentar anualmente una declaración informativa de precios de
transferencia (DIIPT) de las operaciones realizadas con vinculados económicos o
partes relacionadas. A su vez, el artículo 260-4 id. previó que dichos contribuyentes
deben preparar y enviar la documentación comprobatoria por cada tipo de operación,
para demostrar la correcta aplicación del régimen de precios de transferencia. Por su
parte, el artículo 260-2 del ET señala los métodos de precios de transferencia que
pueden utilizarse para determinar el margen de utilidad de las operaciones, entre
estos, el de márgenes transaccionales de utilidad de operación (TU), que
«consiste en determinar, en transacciones entre vinculados económicos o partes
relacionadas, la utilidad de operación que hubieran obtenido partes independientes en
operaciones comparables, con base en factores de rentabilidad que toman en cuenta
variables tales como activos, ventas, costos, gastos o flujos de efectivo».

Las transacciones que se comparan mediante los métodos de precios de transferencia
deben evaluarse a través de características definidas en el artículo 260-3 ET, que
pueden dar lugar a efectuar ajustes para lograr una mayor comparabilidad 26. De
acuerdo con esta norma, «se entiende que las operaciones son comparables cuando
no existen diferencias entre las características económicas relevantes de éstas y las
del contribuyente que afecten de manera significativa el precio o margen de utilidad a
que hacen referencia los métodos establecidos en el artículo 260-2 o, si existen dichas
diferencias, su efecto se puede eliminar mediante ajustes técnicos económicos
razonables».

El numeral 3 del literal b del artículo 7 del Decreto 4349 de 2004 (vigente para la época
de los hechos), que reglamentó el contenido de la documentación comprobatoria,
estableció que con la información específica que se suministra se debe aportar el
análisis funcional por cada tipo de operación, considerando «los riesgos inherentes al
tipo de operación y, en particular, (…) los asociados a la inestabilidad de las tasas de
cambio». También dispuso que, dentro de la documentación comprobatoria, se incluye
la «descripción de los ajustes técnicos, económicos o contables realizados a los tipos
de operación o empresas comparables seleccionados, conforme con el método de
determinación de los precios de transferencia utilizado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 260-3 del Estatuto Tributario», para lo cual «deberán
allegarse los documentos que soporten los análisis, fórmulas y cálculos efectuados
por el contribuyente para tal efecto».

26 Tales como: (i) las características del tipo de transacción –en función de si se trata de una operación de
financiamiento, de prestación de servicios, de concesión de un derecho de uso o de enajenación de bienes tangibles
e intangibles, o de la enajenación de acciones–; (ii) las funciones o actividades económicas significativas,
incluyendo los activos utilizados y los riesgos asumidos por las partes; (iii) los términos contractuales; (iv) las
circunstancias económicas o de mercado, como la ubicación geográfica, el tamaño del mercado, el nivel del
mercado, el nivel de la competencia en el mercado, la posición competitiva de compradores y vendedores, la
disponibilidad de bienes y servicios sustitutos, los niveles de la oferta y la demanda en el mercado, el po der de
compra de los consumidores, los reglamentos gubernamentales, los costos de producción y transporte y la fecha y
hora de la operación; y, (v) las estrategias de negocios.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

De acuerdo con lo precisado por esta Sección, el anterior marco normativo contempla
que, para determinar la tributación conforme al principio de plena competencia, se
necesita efectuar un análisis de comparabilidad entre las transacciones controladas y
aquellas realizadas por partes independientes que sean comparables, por lo cual, se
deben valorar las condiciones de las operaciones controladas, identificar las
comparables y determinar los ajustes de comparabilidad que fueran requeridos
para dotar de fiabilidad al análisis 27.

De este modo, la comparación de las condiciones de las transacciones controladas,
con las llevadas a cabo entre partes independientes implica que las características
económicamente relevantes de ambos grupos de transacciones sean asimilables. Por
tanto, las diferencias identificadas entre unas y otras transacciones no pueden afectar
materialmente el precio o margen de utilidad, pues, de ser así, deben realizarse
ajustes técnicos–económicos razonables para neutralizar los efectos de estas
diferencias y lograr que sean efectivamente comparables 28.

La técnica de precios de transferencia permite que los ajustes de comparabilidad
puedan hacerse llevando los comparables a la situación de la parte analizada o
viceversa: ajustando la información de la última a las características de las compañías
seleccionadas. Es por ello, que esta Sección ha precisado que, en función de los
hechos y circunstancias de cada caso concreto –y sin que existan fórmulas
preestablecidas–, cuando se aplica el método TU, el ajuste de comparabilidad puede
llevar a corregir: (i) los resultados de las comparables seleccionadas con el fin de
reflejar, por ejemplo, el nivel de riesgo de la parte analizada; (ii) los resultados de la
parte analizada para reflejar el nivel de riesgo de las comparables; o, (iii) los resultados
de la parte analizada y de las comparables para llegar a un escenario neutral frente al
riesgo concreto 29.

Teniendo en cuenta estos lineamientos, la Sala ha precisado que dentro de los
factores de comparabilidad que deben ser verificados se encuentran las funciones o
actividades económicas significativas, incluyendo los activos utilizados y los riesgos
asumidos en las operaciones por las partes de la operación (ordinal 2.º del artículo
260-3 del ET), incluidos «los causados por las variaciones en la tasa de cambio de las
divisas», dado que estas pueden producir alteraciones en el precio o margen de
utilidad y, de ser así, procede realizar un ajuste técnico–económico razonable para
«excluir [o incluir] en la parte analizada, en las comparables o en ambos grupos los
efectos de la variación en la tasa de cambio» para mejorar la confiabilidad del análisis
de la comparación 30.

Sobre la inclusión o exclusión de las pérdidas y ganancias por cambio de moneda en
la determinación del indicador de beneficio neto, las directrices de la OCDE aconsejan,
en primer lugar, que es necesario considerar si las ganancias o pérdidas por ese
cambio pueden contabilizarse como ganancias o pérdidas de naturaleza comercial
(por ejemplo, las ganancias o pérdidas por cambio de moneda, de las cuentas de
clientes o proveedores) y si la parte objeto de análisis es o no responsable de ellas.
En segundo lugar, es necesario considerar toda cobertura del riesgo cambiario sobre
las cuentas por cobrar o por pagar subyacentes, y tratarla de la misma manera en la
determinación del beneficio neto. De modo que, si se aplica el método TU a una
operación en la que el riesgo cambiario lo soporta la parte objeto de análisis, las

27 Sentencia del 5 de noviembre de 2020, exp. 21990, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
28 Sentencia del 14 de junio de 2018, exp. 20821, CP: Milton Chaves García.
29 Sentencia de 9 de diciembre de 2020, exp. 23166, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
30 Sentencia de 9 de diciembre de 2020, exp. 23166, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

ganancias o pérdidas por diferencia en cambio deben contabilizarse de forma
coherente (bien en el cálculo del indicador de beneficio neto o por separado).

En este contexto, la Sala determina si era procedente el ajuste de comparabilidad por
diferencia en cambio (riesgo cambiario) realizado por la actora en su estudio de
precios de transferencia, para lo cual, halla probado lo siguiente:

En el año gravable 2008, Drummond Colombia realizó operaciones de egreso con las
vinculadas económicas Drummond Ltd., Perry Supply, Drummond Company Inc., Coal
Services Company LDC, consistentes en compra de equipos y maquinaria pesada,
necesarios para exploración, explotación y operación de las minas de carbón, y otros
egresos, por $590.710.850.00031.

Para la evaluación de estas operaciones de egreso, Drummond seleccionó el método
de «márgenes transaccionales de utilidad de operación (TU)» y como indicador de
rentabilidad el OITC (utilidad operativa sobre costos y gastos, siglas en inglés),
también denominado margen sobre costos y gastos (MCG) 32. Para esos efectos,
Drummond seleccionó trece compañías comparables, ubicadas en Estados Unidos,
Canadá, China, Australia y España cuyo rango intercuartil de rentabilidad, medido a
través del indicador OITC estaba entre el 12,125% y el 25,364%, con una mediana de
16,056%.

En el estudio de precios de transferencia, Drummond incluyó un acápite de «riesgos
asumidos por Drummond Colombia», dentro de estos, uno de «riesgo cambiario», que
da cuenta de que el año 2008 cerró con tendencia a la devaluación del peso respecto
del dólar, generándose una ganancia neta de diferencia en cambio en esta sociedad
de $216.111.245.000 durante el ejercicio, proveniente de transacciones activas, en
dólares, relacionadas y asociadas directamente con la explotación minera, esto es,
con la actividad operacional de la compañía.

La actora asegura que, como la mayoría de las comparables, por aplicación de las
normas US GAAP y/o IFRS (NIIF), consideran la diferencia en cambio como un
ingreso o gasto operacional y, por ende, sus respectivos márgenes de utilidad de
operación están afectos por este fenómeno, Drummond reflejó también la diferencia
en cambio en su margen de utilidad de operación, para, de esta forma, eliminar las
diferencias existentes y hacer su situación lo más parecida posible a estas
comparables. Así queda explícito en la demanda cuando señala que «lo que
Drummond ha hecho, con base en las normas aplicables, es mostrar que los efectos
de la “diferencia en cambio” que han producido impactos en sus estados financieros,
harían comparables sus “márgenes de utilidad” con los de otras empresas similares,
con solo que pudiera registrarlas de la misma manera en que las registran las
empresas comparables».

La forma en que las comparables tratan la diferencia en cambio quedó acreditada con
dos experticias técnicas rendidas por las firmas de auditoría internacional
PricewaterhouseCoopers – PwC – y Deloitte. Estos medios probatorios dan cuenta de
que las comparables reconocen contablemente diferencias en cambio por

31 Fol. 239, reverso, c.a. 2.
32 El cual se define en la Cartilla de Precios de Transferencia de la Dian de 17 septiembre de 2015 como la razón

entre la utilidad operacional de una empresa sobre la suma de sus costos más los gastos. Es utilizado
corrientemente en empresas prestadoras de servicios, ensambladoras y manufactureras, cuando la actividad se
debe medir como una proporción de las utilidades sobre costos y gastos. Este tipo de relación es sensible al uso
del capital.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

transacciones en monedas extranjeras, con excepción de las producidas en
operaciones con instrumentos financieros u obligaciones financieras , como parte de
las utilidades operacionales cuando se presentan por cuentas por cobrar, cuentas por
pagar, etc., esto es, como ingresos o gastos de la operación por tener relación con
sus actividades operativas u operaciones comerciales, de modo que tienen incidencia
directa en sus indicadores de rentabilidad 33.

A efectos de establecer su OITC y acorde con lo anterior, Drummond realizó ajustes
en su información financiera, por lo cual adicionó $216.111.246.000 a los ingresos
operacionales, producto de lo cual resultó un OITC de 18,751%, que está dentro del
rango intercuartil de sus comparables, que fue elaborado considerando la información
del año 2008, cuando esta se encontraba disponible a la fecha de presentación de la
DIIPT y cuando no, el promedio simple de los años 2007 y 2006, de conformidad con
el numeral 9 del literal B del artículo 7 del Decreto 4349 de 2004 34, operación que se
detalla con y sin el ajuste de la siguiente manera:

Cifras en miles
P & G sin ajustes P & G ajustado
Ingresos $3.131.398.617,00 $3.347.509.862,74
Costos $2.699.874.008,00 $2.619.859.880,6635
Gastos $199.037.849,90 $199.037.849,90
Costos + gastos $2.898.911.857,90 $2.818.897.730,56
Utilidad operacional $232.486.759,10 $528.612.132,18
OITC 8,020% 18,752%

Y calculó así el rango de mercado y el indicador de rentabilidad:

Rango intercuartil Porcentaje
Superior 25,364%
Mediana 16,066%
Inferior 12,125%
Margen Drummond Colombia 18,752%

Las experticias rendidas por las firmas Delloitte & Touche Ltda. 36, PWC37, respaldaron
la «razonabilidad» del ajuste realizado por Drummond, pues, de lo contrario, se
estarían comparando indicadores de rentabilidad no homogéneos en relación con
las compañías seleccionadas para el análisis, quienes registran la partida relacionada
con diferencia en cambio a nivel operacional y por lo tanto se encuentra ya incluida en
sus respectivos indicadores de utilidad, generando un impacto significativo en los
resultados de los indicadores de rentabilidad de Drummond y, por ende, en la
determinación de si una transacción se encuentra o no en cumplimiento del principio
arm´s length o de plena competencia. Los dictámenes también defendieron que el

33 Fols. 4617 a 4714, carpeta 8.
34 De acuerdo con este numeral, en el análisis funcional deberán ser utilizados datos que correspondan al mismo

año gravable o que comprendan el mayor número de meses del mismo período fiscal, o en su defecto de dos
años inmediatamente anteriores, con el fin de determinar, entre otras circunstancias, el origen de las pérdidas
declaradas, el ciclo de vida del producto, los negocios relevantes, los ciclos de vida de productos comparables, las
condiciones económicas comparables, los criterios y métodos de distribución de costos y/o gastos, de conformidad
con el manejo técnico contable para la asignación de los mismos, las cláusulas contractuales y condiciones reales
que operan entre las partes.
35 Como se ve, en relación con la casilla de la columna anterior, Drummond realizó un segundo ajuste que consistió

en excluir $80.014.127.343 del costo de ventas, correspondiente al mayor valor por regalías que debió pagar a la
Nación por el periodo comprendido entre marzo de 1999 y diciembre de 2007, por orden de un laudo arb itral que
confirmó el Consejo de Estado en fallo de 2008, ajuste aceptado la DIAN.
36 Fol. 4759, carpeta 9.
37 Fols. 4775 a 4777, carpeta 9.

21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

ajuste se haya hecho únicamente en Drummond y no en las comparables porque
resultaba «más simple y sencillo» en la medida en que «la información financiera
disponible de Drummond Ltd. es suficientemente confiable y detallada para identificar
todos los rubros que serán reclasificados, lo cual no sucede en todos los
comparables» 38.

A conclusiones coincidentes llegó el concepto técnico rendido por profesionales de la
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad
Externado de Colombia que concluyó que, a efectos del análisis de comparabilidad,
la diferencia entre la norma contable colombiana y las IFRS y US GAAP, utilizadas
por las comparables, obligan, para esos fines, a tratar como operacional en
Drummond, el ingreso o gasto por diferencia en cambio cuando esta es
correlativamente producto de una venta operacional. A la pregunta de si consideraban
que el ajuste de la clasificación contable, de no operacional a operacional efectuada
por Drummond en el análisis de comparabilidad era o no un ajuste técnico económico
a la luz del numeral 10 del literal B del artículo 7 del Decreto 4349 de 2004, estos
profesionales conceptuaron 39:

“Partiendo de las respuestas las preguntas 1 40 y 241 consideramos que se cumple con
el requisito de “hacer una descripción genérica de las principales diferencias existentes
en las prácticas contables de Colombia y las de los países en donde se localizan los
comparables seleccionados o los vinculados económicos o partes relacionadas” con
respecto a la diferencia en cambio.

De estas dos respuestas se colige que sí hay diferencias contables sensibles en la forma
de registrar la diferencia en cambio entre los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia y el Plan Único de Cuentas para comerciantes vigentes en 2008
y las IFRS y la norma US GAAP vigentes en el resto del mundo en el mismo período de
tiempo.

En ese sentido, la respuesta a la tercera pregunta 42 justifica la importancia, relevancia y
pertinencia de hacer una reclasificación contable de la cuenta de diferencia en cambio
de los ingresos y gastos no operacionales a los operacionales en aras de facilitar la
comparabilidad de empresas bajo diferentes estándares contables. Además, en dicha
disertación se encuentra que es deseable que el ajuste se realice a la empresa
colombiana por ser ésta de la cual se dispone de mayor y mejor información.

En tal sentido consideramos que la reclasificación contable aquí discutida se
ajusta a un criterio técnico objetivo cuya aplicación propende por solventar las
diferencias entre los estándares de contabilidad aplicados a las comparables.”

En los actos demandados se negó el ajuste realizado esencialmente porque, «la
exposición al riesgo cambiario fue a nivel mundial, en consecuencia, si el
contribuyente determina un ajuste para efectos de comparar el ingreso tributario de la
vigencia 2008 por efecto de la apreciación (sic) del peso colombiano está

38 Dictamen de PWC.
39 Fol. 4822, carpeta 9.
40 Indicar el tratamiento de la clasificación contable como operacional o no operacional de los ingresos o pérdidas

por diferencia en cambio, en la normativa colombiana aplicable al año 2008.
41 Indicar el tratamiento de la clasificación contable como, operacional o no operacional de los ingresos o pérdidas

por diferencia en cambio, en países bajo normas IFRS y US GAAP para los años 2007 y 2008.
42 En caso de comparar la rentabilidad operacional de dos compañías, una bajo normas contables colombianas y

otra bajo normas IFRS o USGAAP, ¿consideran ustedes que adelantar en la compañía colombiana una
reclasificación contable de no operacional a operacional, de la partida de diferencia en cambio elimina, atenúa o
ahonda las diferencias contables existentes entre las compañías? Por favor provean un ejemplo teórico que ilustre
el alcance de su repuesta sobre este punto.
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

desconociendo el efecto cambiario que tuvieron las demás economías con sus propias
monedas y por ende las empresas comparables. Al realizar el ajuste al ingreso local,
está afirmando que solamente el fenómeno cambiario repercutió en el contribuyente
colombiano, lo cual no es cierto»43. Por ende, realizó el ajuste a la mediana de la
siguiente manera:

“Sabiendo que el indicador OITC, o margen operacional de costos más gastos (MOCT)
se expresa como:

Utilidad operacional = ventas – (costos + gastos).
Reemplazamos (costos + gastos) = X
Entonces:
OITC = V-X
X
Sabiendo que OITC = Me (16,056%); indicador a que se debe llegar.
Entonces:

Drummond ajuste operaciones de egreso (cifras en miles)
Ingresos $3.131.398.617,00
Costos $2.619.859.880,66
Gastos $199.037.849,90
Costos + gastos $2.818.897.730,56
Utilidad operacional $312.500.886,44
MCG o OITC $11,086%
MCG mediana $16,056%
Vr. Ajuste = X $12.718.733,35

Calculando nuevamente el margen de utilidad de utilidad con el nuevo estado de
resultados ajustado:

Drummond ajustado (cifras en miles)
Ingresos $3.131.398.617,00
Costos $2.499.141.147,31
Gastos $199.037.849,90
Costos + gastos $2.698.178.997,21
Utilidad operacional $433.219.619,79
MCG o OITC (mediana) $16,056%
[….]”

Así, el efecto del ajuste por $120.718.733.000 es el incremento en la renta líquida de
Drummond, que se representa como una disminución de costos por el mismo valor,
en consideración a que la operación evaluada corresponde a operaciones de egreso
por compra de activos a las vinculadas económicas.

Ahora bien, como lo asegura la demandante, la noción de comparabilidad parte del
supuesto de que no existan diferencias significativas entre el precio o el margen
analizado y las situaciones utilizadas para efectos de la comparación, porque si
existen dichas diferencias y estas son significativas, por obvias razones no se estará
en una situación de comparabilidad. Por tanto, estas deberán ajustarse
razonablemente para que exista comparabilidad.

Así lo aconsejan las directrices de la OCDE, al señalar que los ajustes de
comparabilidad deben considerarse sólo si se espera que mejoren la fiabilidad de los
resultados. Las consideraciones que hay que plantearse a este respecto abarcan la
43 Fol. 258, c.p. 1.

23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

importancia de la diferencia por la que se considera el ajuste, la calidad de los datos
sometidos al ajuste, el objeto de este y la fiabilidad del criterio utilizado para
practicarlo, de manera que los ajustes de comparabilidad únicamente son apropiados
en el caso de que las diferencias afecten realmente a la comparación, pues es
inevitable la existencia de diferencias entre las operaciones de las vinculadas del
contribuyente y las de terceros comparables, por lo que no toda diferencia debe ser
ajustada (párr. 350 y 351).

La Sala concuerda con la actora y con las experticias técnicas rendidas, en el sentido
de que es razonable el ajuste a la información contable realizado por Drummond,
pues, si en las comparables la diferencia en cambio de carácter operacional impacta
sus indicadores de rentabilidad, lo propio es que en la parte analizada dicho fenómeno
también sea tenido en cuenta, sin que ello implique un desconocimiento de la
normativa contable colombiana, pues el ajuste únicamente es para efectos de precios
de transferencia y no genera consecuencias en la contabilidad de la compañía
analizada, que es elaborada conforme a la legislación y técnica interna.

Así lo entiende también la experticia técnica rendida por la Facultad de Finanzas,
Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, que
al respecto señala que «si las empresas comparables están sujetas a formas de llevar
la contabilidad que difieran de las colombianas, deberá hacerse alguna suerte de
ajuste para que las dos contabilidades se vuelvan comparables» y con ello las
diferencias existentes se «atenúen»44.

Inclusive, la procedencia de esta reclasificación es reconocida por la DIAN en la
resolución que resuelve el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de
revisión, cuando señala que «se debe indicar que de la interpretación y aplicación del
artículo 260-2 del Estatuto Tributario se desprende que es procedente la
reclasificación de ingresos no operacionales, pero ello debe obedecer a que dicho
ajuste es capaz de eliminar los efectos de las diferencias encontradas, en
concordancia con los numerales 1.15 y 1.23 de las guías de la OCDE [directrices]».

Lo anterior llevar a concluir que no es cierto que el ajuste realizado lleve a desconocer
el efecto cambiario sufrido por las comparables, que también tuvieron ingresos por
diferencia en cambio. Todo lo contrario, excluir del indicador de rentabilidad la
diferencia en cambio en la parte analizada, a pesar de que fue considerada en los
márgenes de utilidad de las comparables, lleva a reconocer el fenómeno cambiario en
la evaluación de las operaciones únicamente en estas y no en la parte analizada.

La Sala estima suficiente el ajuste hecho en la parte analizada dado que así se da
análogo tratamiento al manejo de la diferencia en cambio en las operaciones
comparadas. Además, como lo asegura la demandante, dada la insuficiencia de la
información financiera publicada de estas compañías para cuando se presentaron la
DIIPT y su documentación comprobatoria, resultaban imposibles los ajustes a la
información financiera de las comparables para medir el impacto de la diferencia en
cambio en sus respectivos indicadores de rentabilidad. De ahí que la razonabilidad del
ajuste practicado haya quedado justificada porque se dio igual tratamiento al
fenómeno cambiario en los márgenes de utilidad de la parte analizada y las
comparables. Con ello también se dio cumplimiento al numeral 7 del literal B del
artículo 7 del Decreto Reglamentario 4349 de 2004, que exige realizar «el menor nivel
de ajustes» en el análisis de comparabilidad.

44 Fol. 4805, carpeta 9.

24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

De otra parte, como se acaba de indicar, de conformidad con el numeral 9 del literal
B del artículo 7 del Decreto 4349 de 2004, Drummond elaboró el análisis de
comparabilidad con base en la información financiera de las comparables del año
2008 que se encontraba disponible, así como con el promedio simple de los años 2006
y 2007, dado que no toda la información del periodo 2008 de las comparables
seleccionadas estaba publicada.

Con el objeto de apoyar el análisis de comparabilidad efectuado y dotarlo de una
mayor confiabilidad y precisión y así acreditar el cumplimiento del principio de plena
competencia, con ocasión del recurso de reconsideración, Drummond aportó
dictamen pericial de fecha 8 de junio de 2012, en el que nuevamente se calculó el
rango intercuartil sin considerar la diferencia en cambio, pero con la información
financiera de las comparables del año 2008, que ya había sido publicada.

En dicho dictamen, Drummond obtuvo un OITC de 11.86%, que corresponde al mismo
que fijó la DIAN, que se encontraba dentro de los rangos intercuartiles de mercado
(de las comparables), tanto sin ajustes como ajustados por cuentas de capital de
trabajo, como se ve a continuación:

Rango intercuartil compañías comparables año 2008
Sin ajustes de cuenta de capital
Tamaño de la muestra 13 compañías
Medida OITC
Cuartil inferior 4.500%
Mediana 11.567%
Cuartil superior 28.627%

Rango intercuartil compañías comparables año 2008
Con ajustes de cuenta de capital
Tamaño de la muestra 13 compañías
Medida OITC
Cuartil inferior 5.069%
Mediana 12.765%
Cuartil superior 29.280%

No obstante, la DIAN no valoró este dictamen, como tampoco la información aportada
de las comparables del año 2008, que, con esta nueva prueba, demostraba que el
OITC de Drummond estaría dentro del rango intercuartil de las comparables. Con todo,
la DIAN no objetó la información suministrada de las comparables y tampoco puso en
duda que estas compañías fueran comparables, pues el ajuste a la mediana
practicado por la administración se basó en esa misma información y en los
indicadores de rentabilidad traídos por la demandante.

En ese orden de ideas, siendo que es razonable el ajuste técnico contable realizado
por la actora en el análisis de comparabilidad y que se acreditó con ocasión del recurso
de reconsideración que el OITC estaba dentro del rango intercuartil de las
comparables, aspecto no desvirtuado por la DIAN, la Sala dará prosperidad al recurso
de apelación de la demandante. No estima la Sala necesario pronunciarse sobre la
pertinencia del segundo indicador de rentabilidad ROFA dado que el principio de plena
competencia quedó acreditado con el indicador principal OITC.

25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

3. Se aceptan los costos por ajustes de regalías ($80.014.127.000). La partida
rechazada por la DIAN tiene origen en una condena de la que fue objeto Drummond,
mediante laudo arbitral del 8 de agosto de 2007, proferido por el Tribunal de
Arbitramento convocado por el entonces Minercol e Ingeominas, en el que se decidió
que la actora debía pagar a estas entidades una regalía equivalente al 15% del valor
FOB (franco a bordo) presuntivo en boca de mina del mineral producido, desde el 3
de marzo de 1999 y hasta la terminación del contrato 078 de 1988 o de sus prórrogas,
decisión que quedó en firme luego de que la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en fallo del 13 de agosto de 2008 45, declarara infundado el recurso extraordinario de
anulación interpuesto por Drummond contra el referido laudo.

Drummond asegura que, como el deber de pagar el plus en regalías por el periodo
objeto de condena era incierto, nunca registró en las cuentas contables del gasto o
costo los valores en disputa, como tampoco provisionó suma alguna por ese concepto
debido a que, en su criterio, no existía mérito para ello en los términos del artículo 52
del Decreto 2649 de 1993 (vigente para entonces) y menos declaró fiscalmente esos
mayores valores.

De acuerdo con los registros contables, las regalías causadas que debieron pagarse
con ocasión del laudo arbitral ascendieron a $80.014.127.343 46, que fueron pagadas
a Ingeominas mediante cheque de gerencia del Banco Citibank de 9 de septiembre
de 200847, de lo cual existe también recibo de caja expedido por Ingeominas (recaudo
de la suma debida) 48.

En su denuncio rentístico, la actora registró dentro del renglón «costo de ventas» la
suma pagada a Ingeominas. En los actos demandados, la DIAN rechazó la partida,
pero aplicando las reglas de procedencia de las deducciones, sin que ello implicara
una reclasificación fiscal de dicho rubro por desconocimiento expreso de la
connotación de costo. Al efecto, se limitó a revisar los requisitos del artículo 107 del
ET, hallando incumplido el de causalidad. Lo anterior, porque era «claro que la suma
pagada en virtud de la sentencia del Alto Tribunal no incide en la obtención de la renta
correspondiente al año 2008, es decir, no constituye una erogación (factor)
determinante en la renta de ese periodo», pues se trataba de regalías realizadas en
periodos anteriores y que, por lo mismo, «en cada periodo anterior a 2008, Drummond
Ltd. tuvo la oportunidad legal para detraer del denuncio rentístico correspondiente los
costos y gastos que con el cumplimiento de todos los requisitos de ley podía
deducir»49.

De este modo, la DIAN desconoce que el «costo» por ajuste de regalías se haya
realizado en el 2008, debido a que correspondían a regalías realizadas en los años
gravables 1999 a 2007 que debieron detraerse en las respectivas declaraciones del
impuesto.

Así, la discusión no versa sobre si las regalías podían constituirse en factor negativo
en el proceso depurativo de la renta, pues, es aceptado por la DIAN que sí, a la luz
del artículo 107 del ET, dado que las regalías concernientes al año 2008 fueron
aceptadas como deducibles. La litis versa entonces en torno a si en el periodo
fiscalizado podían deducirse las regalías de los periodos 1999 a 2007, para lo cual es
relevante determinar su momento de realización y causación.
45 Exp. 34594, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.
46 Fol. 4988, carpeta 9.
47 Fol. 4994, carpeta 9.
48 Fol. 4995, carpeta 9.
49 Fol. 265, c.p. 1.

26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

El fundamento para deducir en el año 2008 las regalías dejadas de pagar por la actora
por los periodos 1999 a 2007, es el fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
de 13 de agosto de 2008 50, que negó la anulación del laudo arbitral convocado por
las partes. De este fallo se extrae lo siguiente:

Carbocol51 y Drummond celebraron el contrato nro. 078 de 23 de agosto de 1988,
cuyo objeto fue la explotación por 30 años de una zona carbonífera del departamento
del Cesar, que incluía actividades de exploración, construcción y montaje para la
extracción de mineral, así como la explotación, transporte y comercialización de este.

Dentro de las obligaciones de Drummond estaba el pago de una regalía equivalente
al 15% del «precio FOB presuntivo» en boca de mina por tonelada de carbón,
entendiendo por tal, el precio de venta promedio FOB T, promedio ponderado, por
tonelada en dólares americanos y en puerto colombiano, para todas las toneladas de
carbón del proyecto El Cerrejón Norte vendidas en el respectivo mes, menos el «flete
presunto» por tonelada del proyecto desde la boca de mina hasta el puerto (cláusula
23.3.1), el cual se definió como un costo asociado al esquema de transporte desde la
mina hasta el sitio de embarque del carbón para exportación, de suerte que, a menor
valor del flete presunto, se incrementaba, en la misma proporción, la base para liquidar
las regalías (cláusula 23.2.2). En el contrato se pactó que, al variarse el sistema de
transporte, tendría que revisarse el flete presunto. Este último concepto fue sustituido
por el de «monto deducible» pero conservó la misma función en la determinación del
valor de base para liquidar las regalías y, por ende, su pago.

El 13 de septiembre de 1991, Drummond y Ferrovías celebraron un contrato
operacional para transporte privado férreo (COTP) cuyo objeto era el transporte del
carbón extraído por aquella compañía, desde la mina hasta el puerto de embarque,
negocio jurídico que, a la postre, tuvo dos modificaciones 52, concretamente en lo
pertinente a la tarifa básica del transporte que se estableció como variable en función
de los volúmenes transportados, las cuales consistieron en la variación de la tarifa
básica de transporte que Ferrovías cobraba a Drummond, cuyo efecto directo significó
la disminución del denominado monto deducible y, por ende, se incrementó la base
de liquidación de las regalías fijadas en el contrato 078.

La cláusula 23.2.2 (base para liquidar las regalías) fue modificada el 18 de agosto de
1993, con el fin de reemplazar el sistema de transporte del carbón entre la mina y el
puerto de exportación, momento a partir del cual se utilizaría el transporte férreo. En
la misma fecha, se pactó en el contrato que American Port Company, sociedad
subordinada de Drummond, se encargaría del embarque del carbón en el puerto.

La primera modificación del COTP generó controversia por los efectos que la nueva
tarifa tuvo en el pago de las regalías pactadas en el contrato 078. No obstante, las
diferencias fueron dirimidas por un tribunal de arbitramento, mediante laudo arbitral
del 20 de septiembre de 2001.

50 Exp. 34594, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.
51 Ecocarbón fue cesionaria de los derechos de Carbocol en el contrato 078, según Resolución nro. 601078 de

diciembre de 1993, expedida por el Ministerio de Minas y Energía. Por Decreto 1679 de 27 de junio de 1997, se
fusionaron las sociedades Mineralco y Ecocarbón, fusión que dio lugar a la creación de Minercol.
52 La primera modificación se dio el 6 de junio de 1997, Drummond y Ferrovías, a través de la cual se fijaron nuevos

valores para la tarifa básica de transporte por tonelada y se modificaron las fórmulas para calcular el denominado
ajuste trimestral escalado, lo cual redujo efectivamente la tarifa básica de transporte cuyo efecto es un incremento
en la base de liquidación de las regalías. La segunda modificación tuvo lugar el 3 de marzo de 1999, y en ella se
acordó un sistema flexible o dinámico de fijación del costo de transporte a cargo de Drummond.
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

Como consecuencia de la segunda modificación, según lo relatado por las
convocantes del tribunal de arbitramento (Minercol e Ingeominas), Drummond
adeudó, a partir del 3 de marzo de 1999, el mayor valor de las regalías, con los
correspondientes intereses moratorios, valores que cobraron a través de sucesivas
facturas ordinarias, sin obtener su pago.

Sin embargo, Drummond se negó al pago de los mayores valores por regalías
cobrados, argumentando que la tarifa básica no se afectó por razón de las
modificaciones y, por lo tanto, no se redujo el monto deducible, ni se incrementó la
base para el cobro de las regalías.

Minercol e Ingeominas y Drummond intentaron, desde el año 2000, llegar a un acuerdo
a fin de encontrar una fórmula en cuanto al precio de referencia definitivo de FOB T,
que debiera ser utilizado y que permitiera llegar al precio en boca de mina, pero las
negociaciones fueron infructuosas.

La controversia fue dirimida por el Tribunal de Arbitramento, mediante laudo arbitral
del 8 de agosto de 2007, que la Sección Tercera del Consejo de Estado sintetizó, en
lo, pertinente, de la siguiente manera:

1. El conflicto cuya solución buscaron las partes, a través de la vía arbitral, supone
determinar el real contenido de la expresión “tarifa básica por tonelada” en el contrato
minero nro. 078 de 1998, particularmente en su cláusula 23, para luego analizar el efecto
que sobre ella tuvieron la primera y la segunda modificaciones al contrato operativo de
transporte (COPT) celebrado entre Drummond y Ferrovías en 1991.

2. El Tribunal destacó la vinculación entre el contrato minero nro. 078 y el contrato
operacional de transporte privado (COPT), tomando como fundamento el compromiso
suscrito por las partes y el contrato minero, concretamente, su cláusula 23.3.2, lo cual
es importante para determinar la remuneración en el contrato minero.

3. Sostuvo que el contrato minero tenía como unidad base para la liquidación de las
regalías, la tonelada de carbón y que la noción de “tarifa básica por tonelada” estaba
referida a esta unidad y, por consiguiente, el valor FOB en boca de mina se predicaba
de una tonelada de carbón.

Igualmente, precisó que las variaciones en la tarifa básica por cada tonelada no
necesariamente implicaban una reducción en el monto deducible de que trata la cláusula
23.3.2 del contrato minero y, por el contrario, en aquellos casos en que se hacen
efectivos los ajustes por garantía previstos en COTP, el monto deducible y, por ende, la
regalía permanece inalterada y, en consecuencia, los efectos de la aplicación de la
segunda modificación no se traducen en una modificación permanente de la tarifa básica
de transporte. (Fls. 73 a 77 cd. ppal. 5A)

4. Afirmó, también, que la tarifa básica de transporte que rige el contrato a partir de la
fecha de la segunda modificación es el valor determinable que surge de aplicar al
número de toneladas transportadas en ese período, las reglas de las tablas 2 y 3 de la
segunda modificación. (Fls. 77 a 87, cd. ppal. 5A)

5 . El Tribunal sostuvo que existía una obligación que fue incumplida por las siguientes
razones: i) según el contrato minero 078 de 1988, las regalías que debe Drummond a
partir de la segunda modificación del COTP, debieron ser liquidadas según lo prescrito
por la cláusula 23.3 del contrato minero, incluyendo dentro del monto deducible la tarifa
básica por tonelada prevista en el COTP, según la definición contenida en el numeral
2.3; ii) se probó en el proceso que Drummond liquidó las sumas debidas por concepto
de regalías sin tener en cuenta los ajustes por garantía y volúmenes de la tabla 3 del
28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

anexo E del COTP. El resultado de esta forma de liquidación fue un pago menor al que
ha debido pagar, como quedó consignado en el dictamen pericial y iii) el incumplimiento
se configuró al momento de cada embarque de carbón cuando se consolidaba la regalía.
(fl. 87 a 98, cd. ppal. 5A)

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 107 del ET, son deducibles las expensas
realizadas durante el periodo gravable en el desarrollo de cualquier actividad
productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades
productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada
actividad. La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con
criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada
actividad y las limitaciones establecidas en los artículos siguientes.

Para la época de los hechos, la imputación temporal de los costos y deducciones en
la base gravable del impuesto sobre la renta, para los obligados a llevar contabilidad
por el sistema de causación, se reglaba por los artículos 59 y 105 del ET, según los
cuales, la «realización» fiscal de estas erogaciones se daba en el momento en que
ocurriera su causación, esto es, cuando fuera exigible la obligación de pagar la
prestación, «aunque no se haya hecho efectivo el pago».

De acuerdo con lo precisado por la Sala, la denominada regla de «causación» (desde
la Ley 1819 de 2016, devengo) fijaba el momento de realización fiscal bajo el criterio
único de «cuando nace la obligación de pagar» y, en concordancia con ello, las
normas contables entonces en vigor establecían que sólo podrían reconocerse los
hechos económicos realizados que permitieran comprobar que el ente económico
«tiene o tendrá un beneficio o un sacrificio económico, o ha experimentado un cambio
en sus recursos, en uno otro caso razonablemente cuantificables» (artículo 12 del
Decreto 2649 de 1993), sin considerar si el pago de la obligación ha tenido lugar o no
(artículo 48 ibidem) 53.

En criterio de la Sala, el sacrificio económico que correspondía al pago de las regalías
ajustadas sólo pudo ser comprobado cuando el Consejo de Estado profirió fallo
desfavorable a Drummond, ratificando el laudo arbitral. Así, aunque se haya pactado
la obligación de pago de regalías por los años 1999 a 2007, surgieron diferencias entre
las partes frente al alcance del concepto de «tarifa básica de transporte por tonelada
de carbón», que incidía en la base para calcular las regalías (15% del «precio FOB
presuntivo») en boca de mina por tonelada de carbón, y el efecto que sobre ella tuvo
la segunda modificación al contrato operativo de transporte (COPT) celebrado entre
Drummond y Ferrovías en 1991.

De este modo, el laudo arbitral, ratificado por decisión judicial, es el factor esencial
para determinar si se realizada el hecho económico a la luz de las normas contables
y fiscales. Es así porque, aun cuando el laudo arbitral determinó, finalmente, que
Drummond debía pagar mayores regalías por los periodos 1999 a 2007, de su texto
se concluye que no siempre las variaciones en la «tarifa básica» implicaban la
reducción en el monto deducible que aumentaba el valor de las regalías, que era la
tesis de las convocantes Minercol e Ingeominas y, que, en todo caso, las
modificaciones a dicha tarifa tampoco eran permanentes, de ahí que, se insista, sólo
hasta el fallo que decidió el recurso extraordinario de anulación existió certeza sobre
el real valor que debía pagar Drummond por concepto de regalías.

53 Sentencia del 21 de octubre de 2021, exp. 22295, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

En el caso debatido, es aplicable el artículo 47 del Decreto 2649 de 1993, que al efecto
señala que, «para que un hecho económico realizado pueda ser reconocido se
requiere que corresponda con la definición de un elemento de los estados financieros,
que pueda ser medido, que sea pertinente y que pueda representarse de manera
confiable».

Contrario al entendimiento de la DIAN, el debate sobre el reajuste de las regalías
impidió que la demandante las dedujera en sus declaraciones de renta anteriores al
periodo discutido, pues no había certeza aún sobre el nacimiento de la obligación.

En el anterior entendido, en el caso en estudio, como se precisó, el gasto por regalías
solo pudo ser cuantificable y medible con la decisión del Consejo de Estado que dejó
en firme el laudo arbitral, que dispuso su ajuste por los años 1999 a 2007, al
determinar el monto exacto que debió pagar Drummond al Estado.

Como la decisión judicial de ratificación del laudo arbitral sucedió en el año gravable
2008, es en ese periodo que surgió la real obligación de pagar el mayor valor de
regalías. Por tanto, en ese periodo la contribuyente podía llevar como deducción dicho
ajuste. En consecuencia, no prospera el cargo de apelación.

4. Procede la pérdida en enajenación de activos. El artículo 90 del ET (vigente para
la época de los hechos), cuya aplicación reclama la actora, prevé que «la renta bruta
o la pérdida proveniente de la enajenación de activos a cualquier título, está
constituida por la diferencia entre el precio de la enajenación y el costo del activo o
activos enajenados», y que, cuando se trate de activos fijos depreciables, la utilidad
que resulta al momento de la enajenación deberá imputarse, en primer término, a la
renta líquida por recuperación de deducciones; el saldo de la utilidad constituye renta
o ganancia ocasional.

Por su parte, el artículo 148 ibidem, norma aplicada por la DIAN, regula la deducción
por pérdidas de activos y a efecto dispone que «son deducibles las pérdidas sufridas
durante el año o período gravable, concernientes a los bienes usados en el negocio o
actividad productora de renta y ocurridas por fuerza mayor» y, que, el valor de la
pérdida, cuando se trate de bienes depreciados, es el que resulte de restar las
depreciaciones, amortizaciones y pérdidas parciales concedidas, de la suma del costo
de adquisición y el de las mejoras.

Ciertamente la demandante no sustentó la procedencia de la deducción en el artículo
148 del ET, sino, que lo hizo al amparo del artículo 90 ibidem. De acuerdo con lo
precisado por la Sección, la pérdida en la enajenación de activos se presenta cuando
se vende un bien que hace parte del activo del contribuyente por un valor inferior a su
costo fiscal y es deducible si se cumplen las exigencias de los artículos 90 y 149
idem54.

Visto el contenido de los actos demandados, la Sala advierte que la DIAN descartó de
plano la normativa en la que se amparó la actora para justificar su deducción y
recondujo el debate de procedencia de la deducción a los requisitos del artículo 148
del ET, que como se anotó, regula la deducción por pérdida de activos y no la de
pérdida por enajenación de activos.

54 Sentencia del 28 de septiembre de 2016, exp. 20663, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

30
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

Para decidir este cargo, la Sala reitera el criterio fijado en anteriores oportunidades en
las que ha precisado que, cuando el contribuyente lleva en su declaración de renta
deducciones por pérdida en enajenación de activos, con fundamento en el artículo 90
del ET, la administración no puede someter la procedencia de esta al cumplimiento de
normas distintas, como el comentado artículo 148, sin antes desvirtuar «las razones
fácticas y jurídicas del [contribuyente] en las que se soportó para declarar la
deducción, frente a las cuales, si bien la DIAN no estaba obligada a aceptarlas, sí lo
estaba para desvirtuarlas». De modo que, en tal evento «el rechazo de la deducción
exigía, por parte de la DIAN, un análisis que justificara por qué la erogación no
resultaba procedente al amparo del artículo 90 del ET 55».

Siendo que, la DIAN no cuestionó ni desvirtuó que la actora estuviera incursa en los
supuestos exigidos por los artículos 90 y 149 del ET para la procedencia de la
deducción, ni ese asunto hace parte de la litis fijada en el proceso, en orden de la
competencia concedida por los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso
(CGP) la Sala se abstiene de realizar análisis adicionales sobre el cumplimiento de
los reseñados artículos 90 y 149 del ET.

Precisado lo anterior, se advierte que la DIAN utilizó un argumento adicional para
negar la deducción, consistente en que la pérdida no pudo ocurrir en la fecha que
señala la actora, debido a que la totalidad del precio no se pagó de contado, sino que
se dilató a través sucesivas compensaciones.

En relación con el argumento en mención, la Sala advierte que, el 25 de mayo de
2007, Drummond e Indumil suscribieron un convenio para la coproducción de agentes
de voladura, que, de acuerdo con el anexo, preveía la obligación, por parte de la
primera de transferirle a la segunda, a título de compraventa, la propiedad sobre la
planta de producción de emulsión localizada en la mina Pribbenow, ubicada en el
municipio de Chiriguaná (Cesar), por un valor de USD$1.400.313, que sería pagado
«a razón de diez dólares (USD10) por cada tonelada de emulsión que la primera venda
a la segunda. Para tal efecto, Indumil descontará la suma de diez dólares (US$D10)
del precio de cada tonelada de emulsión que venda y entregue a DLTD calculado
según se establece en el anexo 7, y para todos los efectos se entenderá que dicho
descuento equivaldrá a un pago por compensación entre créditos a favor»56.

No obstante, como en desarrollo del procedimiento de autorización de Indumil como
gran consumidor de combustibles derivados del petróleo, el Ministerio de Minas y
Energía realizó visitó a la planta y ordenó una serie de cambios en las instalaciones
para que se adecuara a la legislación técnica vigente, Drummond e Indumil acordaron,
en ese mismo año (2007), dejar en suspenso la venta hasta que los requerimientos
del ministerio fueran atendidos, por lo cual en el 2007 realizó las obras necesarias
para el acondicionamiento exigido, que ascendieron a USD$80.299 ($164.060.627
convertidos a la tasa de cambio vigente a 1 de diciembre de 2007). Debido a este
mayor valor, la planta quedó valorada en USD$1.480.615 equivalentes a
$3.264.167.138, valor que, a 31 de diciembre de 2007, fue reflejado en la contabilidad
(cuenta PUC 1520 maquinaria y equipo), según certificación de revisor fiscal de la
sociedad57.

55 Criterio aplicado en la sentencia del 24 de febrero de 2022, exp. 24866, C.P. Milton Chaves García, fallo que, a

su vez, reiteró el idéntico criterio expuesto en el fallo del 3 de septiembre de 2015, exp. 20029, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
56 Fol. 5060, carpeta 9.
57 Fols. 5078 y 579, carpeta 9.

31
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

El 29 de abril de 2008, las partes suscribieron otrosí nro. 1 al anexo 2 en el que se fijó
finalmente en USD$1.480.615, el nuevo precio de la planta 58, transferencia que se dio
a través de la factura de venta nro. 2937, del 14 de mayo del mismo año, por idéntico
valor 59, representando una entrada de $2.635.509.506, según la tasa de cambio
vigente a esa fecha, como se aprecia en el comprobante de contabilidad 137055 de
31 de mayo de 2008 60, generándose una pérdida de $543.249.000, que es la suma
discutida en el presente asunto.

En relación con lo anterior, la actora aclaró que, «la diferencia entre $3.264.167.138 y
$2.635.509.506 no es igual a la pérdida de $543.249.000 que Drummond pidió que se
reconociera; ello se explica porque, según el artículo 90 del Estatuto Tributario, la
depreciación de la planta de emulsión entre el momento de ser puesta en operación y
el de su venta, fue de $85.408.203,45, Estos se trataron, para efectos tributarios, como
una renta líquida por recuperación de deducciones» 61, aspecto sobre el no existe
ningún tipo de discusión.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 69 del ET (vigente para la época de los hechos)
el costo fiscal a que hace referencia el artículo 90 del ET, sobre pérdida en
enajenación de activos, está dado por el precio de adquisición o el costo declarado en
el año inmediatamente anterior, más, entre otros valores, el costo de las adiciones y
mejoras, en el caso de bienes muebles.

Comoquiera que el precio final de enajenación de la planta de emulsión es inferior al
costo fiscal (valor declarado en el periodo anterior al de la venta), se presentó una
pérdida por el valor solicitado como deducción, sin que sea procedente alegar al
respecto que, como dicho activo no se pagó en un solo contado sino a través de
sucesivas compensaciones, no es posible determinar la pérdida, dado que, una cosa
es el precio pactado, que está probado, y, otra, la forma en que el mismo ha de
extinguirse y/o pagarse, que, como se vio, operaría a través de sucesivas
compensaciones de créditos, a manera de descuentos por cada tonelada de emulsión
que Indumil vendiera a Drummond, pacto que de manera alguna altera la
característica de instantaneidad de la compraventa.

En efecto, una de las características del contrato de compraventa es que es de
ejecución instantánea, pues se perfecciona cuando las partes expresan su voluntad
sobre la cosa y el precio, aun cuando aquella no se haya entregado al
perfeccionamiento del contrato, o el precio sea cubierto por cuotas o posteriormente
(art. 1857 del Código Civil). Esto, a su vez, tiene implicaciones tributarias, pues es en
el momento del acuerdo de voluntades, para el caso de las partes obligadas a llevar
contabilidad, que se entienden realizados el ingreso (art. 28 del ET) y los costos y
gastos (arts. 59 y 105 ibidem).

Se reitera entonces, que como el precio del activo enajenado fue inferior al costo fiscal,
se presentó una pérdida deducible de la renta. En orden de lo anterior, la Sala no dará
prosperidad al cargo de apelación formulado por la demandada.

En suma, se revoca la sentencia apelada para declarar la nulidad total de los actos
demandados, dado que prosperó el cargo de apelación de la demandante sobre la
improcedencia de rechazo de costos por ajuste a la mediana, lo que implica que los

58 Fol. 5069, carpeta 9.
59 Fol. 5091, carpeta 9.
60 Fol. 5092, carpeta 2.
61 Fol. 505, c.p. 2.

32
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

actos demandados deben desaparecer del ordenamiento jurídico. A título de
restablecimiento del derecho se declara la firmeza de la declaración privada
presentada por la demandante por el año 2008.

5. Condena en costas. El tribunal se abstuvo de condenar en costas en primera
instancia, al hallar que no estuvieron probadas, aspecto que no fue apelado por la
actora. Teniendo en cuenta la decisión en firme del a quo y que en segunda instancia
no se acreditó la causación de las costas, la Sala tampoco emitirá condena en esta
instancia, de conformidad con los artículos 188 del CPACA y 365 numeral 8 del CGP,
según la cual «solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación».

En consecuencia, se niega la condena en costas en ambas instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia apelada. En su lugar, dispone:

PRIMERO. DECLARAR la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión nro.
312412012000020 de 11 de abril de 2012 y la Resolución nro. 900.036 de 14 da
mayo de 2013, por las cuales la DIAN modificó a la actora la declaración de renta
del año gravable 2008.

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la firmeza de la
declaración de renta presentada por Drummond Ltda., por el año gravable 2008.

2. Sin condena en costas.

3. RECONOCER personería a la abogada Yomaira Hidalgo Aníbal como apoderada
de la DIAN en los términos del poder conferido (fol. 46, c.p. 4).

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
Salvo parcialmente el voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ
Conjuez

33
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01285-01 (24727)
Demandante: DRUMMOND LTDA
FALLO

34
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.