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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-01985-01

Fecha
3 de marzo de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-01985-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR la sentencia del 3 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”. En su lugar: NEGAR las pretensiones de la demanda. 2. Sin condena en costas en esta instancia. 3. Reconocer personería para actuar como apoderada de la entidad demandada a Nancy Piedad Téllez Ramírez, en los términos y para los efectos de la sustitución del poder visible en el índice 20 de SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2015-01985-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

3 de marzo de 2022

Radicado: 25000-23-37-000-2015-01985-01 [25773]
Demandante: Lars Courrier SA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2015-01985-01 [25773]
Demandante: LARS COURRIER SA
Demandado: UAE - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –
DIAN

Temas: Impuestos Aduaneros. Importación de tráfico postal y envíos
urgentes. Congruencia. Procedimiento para hacer efectiva la
garantía. Falsa motivación

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia del 3 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que en la parte resolutiva dispuso1:

«PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. 03-241-201-670-12-0659 del 14 de
abril de 2015, por medio de la cual le fue declarado a la sociedad Lars Courrier S.A. el
incumplimiento de la obligación aduanera como intermediario de tráfico postal y envíos urgentes
por no pagar la totalidad de los tributos aduaneros; y de las Resoluciones Nos. 03-241-201-656-
1-1140 del 11 de junio de 2015 y 03-201-408-607-0539 del 30 de junio de 2015, que confirmaron
la anterior al desatar los recursos de reposición y apelación interpuestos, respectivamente, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho DECLÁRESE que la sociedad LARS
COURRIER S.A. cumplió las obligaciones aduaneras a su cargo, por lo que no era procedente
afectar la póliza de cumplimiento.

TERCERO.- No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.

CUARTO.- .- Conforme a los Acuerdos PCSJA2020-11567 de 5 de junio de 2020 y CSJBTA20-
60 de 16 de junio de 2020, proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, respectivamente, NOTIFÍQUESE electrónicamente la
presente providencia así: […].

QUINTO.- En firme, archívese el expediente previa devolución de los antecedentes
administrativos a la oficina de origen y del excedente de gastos del proceso, teniendo en
consideración lo previsto en la Resolución No. 4179 del 22 de mayo de 2019 de la Dirección

1
Índice 2 de SAMAI. «12_ED_CDFOLIO2_08SENTENCIA2015 01985(.pdf) NroActua 2».
1

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Radicado: 25000-23-37-000-2015-01985-01 [25773]
Demandante: Lars Courrier SA

Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. Déjense las
constancias del caso».

ANTECEDENTES

Durante el mes de mayo de 2013, Lars Courrier SA, en su calidad de Intermediario de
Tráfico Postal y Envíos Urgentes, introdujo al territorio aduanero nacional 758 envíos
de correspondencia, cuyos tributos aduaneros fueron declarados a través del
formulario 540 denominado «Declaración consolidada de pagos»2.

Mediante los Oficios nros. 01-03-238-420-959-009347 y 01-03-238-420-960-009346,
ambos del 24 de septiembre de 2014, la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, le informó a Lars Courrier SA y a la
Compañía Aseguradora de Fianzas SA - Confianza, que verificadas las guías aéreas
que ingresaron por la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, se observó un
presunto incumplimiento de la obligación aduanera porque no se evidenció el pago
correcto de los tributos aduaneros correspondiente a los periodos enero a marzo, abril
a junio y julio a septiembre de 2013. Por lo anterior, les solicitó los números y fechas
de los formatos nros. 10006 «Presentación de información por Envíos de Archivos», 540
«Declaración Consolidada de pagos» y 690 «Recibo Oficial de Pagos de los Tributos
Aduaneros y Sanciones Cambiarias»3.

El 3 de octubre de 2014, la citada sociedad respondió el requerimiento de información4
en relación con los formatos nros. 10006, 540 y 6905.

El 15 de octubre de 2014, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá remitió el Oficio nro. 01-03-238-420-1027, a la
División de Gestión de Liquidación de la misma Dirección Seccional, por medio del cual
le informó los resultados de un posible incumplimiento en los pagos de tributos por
parte del Lars Courrier SA en su calidad de Intermediario de Tráfico Postal y Envíos
Urgentes, respecto de los meses de enero a septiembre de 2013 y, que esas
obligaciones se encontraban amparadas por la Póliza de Cumplimiento de
Disposiciones Legales nro. 03 DL004243, expedida por la Compañía Aseguradora de
Fianzas SA6.

El 14 de abril de 2015, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional
de Aduanas de Bogotá expidió la Resolución de Incumplimiento nro. 03-241-201-670-
12 06597, por medio de la cual: (i) declaró el incumplimiento por parte de Lars Courrier
SA de la obligación aduanera como Intermediario de Tráfico Postal y Envíos Urgentes,
por no pagar la totalidad de los tributos aduaneros respecto de la mercancía importada
en la primera quincena de mayo 01 a mayo 15 de 2013 y la segunda quincena de mayo
16 a mayo 31 de 2013 y (ii) ordenó hacer efectiva de forma proporcional la Póliza de
Cumplimiento de Disposiciones Legales nro. 03 DL004243 expedida por la Compañía

2
La declaración consolidada no obra en el expediente. Sin embargo, este hecho se encuentra descrito en la Resolución nro. 03-
241-201-670-12 0659 del 14 de abril de 2015. Pág. 2. Fl. 29 vto. c.p. 1.
3
Fls. 11 a 14 c.a.
4
Fl. 15 c.a.
5
Anuncio anexar CD, pero este no obra en el expediente administrativo.
6
Fls. 2 c.a.
7
Fls. 29 a 40 c.p.1.
2

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Radicado: 25000-23-37-000-2015-01985-01 [25773]
Demandante: Lars Courrier SA

Aseguradora de Fianzas SA, por un valor de $100.792.425,25. Lo anterior, porque se
presentó inconsistencias entre el valor FOB declarado, el valor FOB base de liquidación
propuesto y el valor FOB base de liquidación registrado para efectuar el pago8.

Contra el anterior acto administrativo la sociedad interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación9, decididos en su orden con las Resoluciones nros. 03-241-201-656-
1 114010 y 03-201-408-607-053911 del 11 y 30 de junio de 2015, proferidas por la
División de Gestión de Liquidación y la Directora Seccional de Aduanas de Bogotá (A),
respectivamente, confirmando la resolución de incumplimiento.

DEMANDA

LARS COURRIER SA, actuando mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formuló
las siguientes pretensiones12:

«PRIMERA. Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 03-241-201-670-12-0659 del 14
de Abril de 2015, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección de Aduanas
de Bogotá en la cual se dispuso: “ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR el incumplimiento de la
obligación aduanera como Intermediario de Tráfico Postal y envíos Urgentes a la sociedad LARS
COURRIER S.A., con NIT No. 830.050.525-1, por no pagar la totalidad de los Tributos Aduaneros
generados por las Propuestas de Valor de la autoridad aduanera, respecto de las mercancías
arribadas al país con los Documentos de transporte citados en los CUADROS “PRIMERA
QUINCENA MAYO 01 A MAYO 05 DE 2013 y SEGUNDA QUINCENA MAYO 01 A MAYO 31 DE
2013”. ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR la efectividad proporcional de la Póliza de
Cumplimiento de Disposiciones Legales No. 03DL004243, certificado de modificación No.
03DL007225 de Julio 27 de 2012, 03DL0074009 de Diciembre 1 de 2012 y 03DL007417 de
Diciembre 19 de 2012, con vigencia desde el 2 de Noviembre de 2012 hasta el 2 de Febrero de
2014, expedida por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A., CONFIANZA, a favor
de la Nación Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
y constituida por la sociedad LARS COURRIER S.A., con NIT No. 830.050.525-1 por un valor de
CIEN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($100.792.425.25) que corresponden a VEINTIDOS
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($22.677.894.17) por concepto de ARANCEL y,
SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS
CON OCHO CENTAVOS ($78.114.531.08) por concepto de IVA, más los intereses a que haya
lugar”.

SEGUNDA Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 03-241-201-656-1-1140 del 11
de Junio de 2015, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional
de Aduanas de Bogotá por medio de la cual se resolvió el Recurso de Reposición interpuesto
contra la Resolución No. 03-241-201-670-12-0659 del 14 de Abril de 2015, confirmándola en su
integridad.

TERCERA. Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 03-201-408-607-0539 del 30 de
Junio de 2015, proferida por el Director Seccional de Aduanas de Bogotá, por medio de la cual
se resolvió el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 03-241-201.670-12-

8
Fl. 31 c.p.1.
9
Fls. 58 a 64 c.a.
10
Fls. 77 a 80 vto. c.a.
11
Fls. 82 a 88 vto. c.a.
12
Fls. 5 a 7 c.p. 1.
3

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Radicado: 25000-23-37-000-2015-01985-01 [25773]
Demandante: Lars Courrier SA

0659 del 14 de Abril de 2015, decisión notificada por aviso del 8 de Julio de 2015, actos
administrativos que fueron tramitados dentro del expediente PT 2013-2015-52.

CUARTA. Que a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se exonere de hacer efectiva
proporcionalmente la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales No. 03DL004243,
certificado de modificación No. 03DL007225 de Julio 27 de 2012, 03DL0074009 de Diciembre 1
de 2012 y 03DL007417 de Diciembre 19 de 2012, con vigencia desde el 2 de Noviembre de 2012
hasta el 2 de Febrero de 2014, expedida por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS
S.A., CONFIANZA, a favor de la Nación Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales DIAN y constituida por la sociedad LARS COURRIER S.A., con NIT No.
830.050.525-1 por valor de CIEN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($100.792.425.25)
que corresponden a VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS
($22.677.894.17) por concepto de ARANCEL y, SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO
CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHO CENTAVOS
($78.114.531.08) por concepto de IVA, más los intereses a que haya lugar.

QUINTA. Que se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL – DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, dar cumplimiento a la Sentencia en los términos del
inciso primero del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011».

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:

• Artículo 29 de la Constitución Política
• Artículos 200, 201 y 514 del Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999)
• Artículo 138 de la Ley 1437 de 2011
• Artículos 119 y 119-1 de la Resolución 4240 de 2000, expedida por la DIAN

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Falsa Motivación

Afirmó que los actos administrativos por medio de los cuales se declaró el
incumplimiento adolecen de falsa motivación porque en el expediente no se
encuentran: (i) las guías hijas en las cuales se deriva el incumplimiento en el pago de
tributos aduaneros (IVA y arancel), (ii) las actas de hecho de diligencia de
reconocimiento de mercancía adelantadas por GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes
de la División de Gestión de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá,
que generaron las propuestas de ajuste de valor y (iii) el reporte de la consulta de la
lista de los precios de referencia sobre el tipo de mercancía declarada en cada una de
las 758 guías de mensajería especializada, piezas procesales que resultaban
necesarias para determinar si las propuestas de ajuste de valor tenían validez y eran
exigibles a la sociedad como intermediaria de la modalidad de Tráfico Postal y Envíos
Urgentes.

Destacó que la Administración no cumplió con el procedimiento establecido en el
artículo 119 de la Resolución 4240 de 2000, que dispone que, en el evento que haya
duda del valor declarado en la verificación de paquetes postales, se debe tener en
cuenta la lista de precios de referencia.

También, manifestó la falsa de motivación porque dentro del expediente no se
encuentra la copia de la declaración consolidada de pagos ni del formato 1166.

4

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Demandante: Lars Courrier SA

Alegó que el reporte contenido en los cuadros que remitió el GIT de Registro y Control
de Usuarios Aduaneros de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá no resulta suficiente para demostrar el
incumplimiento en el pago de los tributos aduaneros.

Expresó que tampoco se encuentra copia de los autos que comisionaron a los
funcionarios que realizaron las diligencias de reconocimiento de las mercancías
sometidas a la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Por lo anterior, no se
puede determinar si quienes generaron las propuestas de valor FOB eran competentes
y, por ende, si las mismas son exigibles.

Añadió que la Administración omitió relacionar la subpartida arancelaria declarada en
las guías de mensajería, información que resultaba necesaria porque el artículo 200
del Decreto 2685 de 1999 establece que, con excepción de los envíos de
correspondencia, los que lleguen al territorio nacional por la red oficial de correos y los
urgentes pagarán un gravamen ad valorem correspondiente a la subpartida
98.03.00.00.00, salvo cuando el remitente describa otra subpartida.

Concluyó que se afecta la motivación del acto y el debido proceso en tanto que no se
tiene certeza que el mayor impuesto liquidado corresponde a las subpartidas en las
que el arancel y el IVA es cero.

Vulneración al debido proceso por indebido trámite administrativo para liquidar
mayores impuestos por concepto de IVA y arancel

Sostuvo que comoquiera que la guía de mensajería especializada hace las veces de
una declaración simplificada de importación (art. 201 Dto. 2685 de 1999), en este caso,
para hacer exigible un mayor valor en el pago de impuestos (IVA y arancel), la
Administración tenía que proferir una liquidación oficial de revisión para cada una de
las guías de mensajería especializada en las que se determine la diferencia entre el
valor declarado y el real de la transacción. Trámite que no se siguió, lo que repercute
en la violación al debido proceso, al omitirse la expedición del requerimiento especial
aduanero previo a proferirse una decisión de fondo y sobre esta, tener la posibilidad de
interponer recurso de reconsideración.

Expuso que de acuerdo con el Concepto nro. 61203 del 26 de septiembre de 2013,
expedido por la Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina de la DIAN, cuando
se presenta discusión entre el valor declarado de la mercancía y el determinado por la
DIAN se debe proferir la liquidación oficial de revisión de valor en los términos previstos
en el artículo 514 del Decreto 2685 de 1999.

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente13:

13
Fls. 78 a 94 c.p. 1.
5

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En lo que tiene que ver con la falsa de motivación, explicó que esta se puede presentar
en dos eventos, cuando la situación de hecho que sirve de fundamento del acto
administrativo es inexistente o el hecho ha sido calificado de forma errónea desde el
punto de vista jurídico, circunstancias que en este caso no se dieron.

Adujo que los actos administrativos que declararon el incumplimiento se expidieron una
vez depurada la información entregada por: (i) el GIT de Registro y Control Usuarios
Aduaneros, (ii) la Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones, (iii) el GIT de Investigaciones Aduaneras y (iv) la demandante con
la respuesta al requerimiento de información.

Manifestó que, al consolidar las pruebas antes descritas, se evidenció que en las guías
hijas no se pagaron totalmente los tributos aduaneros generados por las propuestas de
valor y que, en algunos casos, incluso se tomó un valor FOB inferior al declarado en la
guía hija.

Describió que en los cuadros en los que se consolidó la información se identifican los
siguientes datos: (i) guía hija, (ii) el valor declarado inicialmente en la guía hija
(FORMATO -FTO- 1166 VALOR DE LA GUÍA), (iii) el valor propuesto por el funcionario
en el momento del reconocimiento de la mercancía (FORMATO FTO 1154 VALOR
PROPUESTA DE VALOR) y (iv) el valor FOB base de liquidación (FORMATO -FTO
1084 VALOR DECLARADO SIN F Y S) y demás datos necesarios para liquidar y
determinar la diferencia que dejó de pagar la sociedad actora.

Indicó que el procedimiento de importación de la mercancía que ingresa mediante la
modalidad de tráfico postal y envíos urgentes está regulado en los artículos 192 a 203
del Decreto 2685 de 1999 y reglamentado en los artículos 117 a 224 de la Resolución
4240 de 2000.

Resaltó que la diligencia de reconocimiento de la mercancía se hace en presencia del
empleado de la empresa intermediaria de correos y los hechos quedan registrados en
el acta, de la que se entrega una copia.

Precisó que el acta de hechos de reconocimiento de mercancía contiene toda la
información sobre la mercancía inspeccionada como el número de la guía master,
números de guías inspeccionadas, número de cajas, peso, valor declarado y valor
propuesto por el funcionario aduanero cuando se evidencia que el valor declarado es
inferior a los precios de referencia.

Posterior a la elaboración de la citada acta, los funcionarios del GIT Tráfico Postal y
Envíos Urgentes proceden a incluir dicha información (propuesta de valor) en los
sistemas informáticos de la DIAN, generando el formato F1154, por esa razón, la
entidad no tiene físicamente los documentos de transporte o guías hijas y, la invocación
a dicho formato obedece al procedimiento reglado en los artículos 5, 96 y 196 del
Decreto 2685 de 1999.

Comentó que cuando el intermediario no está de acuerdo con el valor propuesto por la
Administración, tiene la oportunidad de reclamar ante el GIT de Tráfico Postal y Envíos
Urgentes esa circunstancia y presentar las pruebas que demuestren el precio
realmente pagado o por pagar.

6

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En relación con los precios de referencia aclaró que la normativa aduanera le otorga
facultades al funcionario que hace el reconocimiento de la mercancía para plantear la
duda sobre el valor declarado cuando resulta ser inferior a la base de precios de
referencia. Este, toma la información de la base de datos del Sistema de Administración
de Riesgos o de otras fuentes como internet y la propuesta de valor queda plasmada
en el acta de hechos de reconocimiento de mercancía, que es puesta en conocimiento
del intermediario a través del sistema informático, de modo que, si no se hace uso del
derecho a reclamar y se entrega la mercancía al destinatario, es porque se aceptó de
manera voluntaria el valor propuesto.

Precisó que de acuerdo con el numeral 5 del artículo 112 de la Resolución nro. 011 de
2008, cuando el funcionario es ubicado en el GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes
tiene competencia para realizar el reconocimiento externo o inspección física de la
mercancía que llega bajo esa modalidad.

Sobre la clasificación arancelaria adujo que la mercancía importada en la modalidad
de tráfico postal y envíos urgentes se declara bajo la subpartida arancelaria
98.03.00.00.00 y, si es otra diferente, es el remitente el encargado de describir la
subpartida que corresponda (art. 200 Dto. 2685 de 1999).

Resaltó que la liquidación de tributos en este caso se hizo sobre la subpartida
98.03.00.00.00.

En cuanto a la violación al debido proceso, expuso que el demandante confunde
tiempos, términos y pasos que se adelantan para cada procedimiento administrativo,
pues el regulado en el artículo 530 de la Resolución 4242 de 2000 está previsto para
hacer efectiva una garantía, por lo tanto, difiere del trámite establecido en el artículo
514 del Decreto 2685 de 1999, que se refiere a la liquidación oficial de revisión de valor.

Explicó que, en este caso, no se dieron los presupuestos para iniciar el procedimiento
administrativo por controversia del valor y proferir la liquidación oficial de revisión de
valor porque el intermediario de correos no hizo reclamación sobre el valor propuesto
por la Administración ni aportó los documentos que demostraran el valor realmente
pagado o por pagar.

Insistió en que el intermediario de correos al entregar la mercancía aceptó el valor
propuesto por la Administración, por esa razón, su obligación era pagar los tributos
aduaneros tomando como base los valores indicados en la diligencia de reconocimiento
de las mercancías por la modalidad de tráfico postal.

AUDIENCIA INICIAL Y DE PRUEBAS

El 2 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de
la Ley 1437 de 201114. En dicha diligencia se precisó que no se advierten
irregularidades procesales, nulidades, excepciones o medidas cautelares que debieran
ser declaradas.
14
Fls. 151 a 158 c.p. 1.
7

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Demandante: Lars Courrier SA

El litigio se concretó en determinar si los actos administrativos incurren en falsa
motivación y en violación al debido proceso.

Por otra parte, se tuvieron como pruebas las aportadas con la demanda, la contestación
y los antecedentes administrativos. En esa misma diligencia se requirió a la entidad
demandada para que remitiera copia: (i) de los autos comisorios contentivos de las
propuestas de valor y (ii) de las actas de hecho de la diligencia de reconocimiento de
mercancía que contienen las propuestas de valor referidas en la Resolución nro. 03-
241-201-670-12 0659 del 14 de abril de 2015.

El 8 de noviembre de 201715 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la que se
incorporaron los documentos relativos a las pruebas decretas16. Se dio traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, anuló los
actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, declaró
que la sociedad actora cumplió las obligaciones aduaneras a su cargo, por lo que no
era procedente afectar la póliza de cumplimiento. Sustentó su decisión en lo
siguiente17:

Sobre la vulneración al debido proceso porque no se expidió una liquidación oficial de
revisión de valor, explicó que por medio del procedimiento regulado en el artículo 530
de la Resolución 4240 de 2000, se hacen efectivas las garantías constituidas por los
contribuyentes, intermediarios y demás sujetos aduaneros, sin necesidad de que exista
un procedimiento administrativo para la imposición de la sanción por infracción
aduanera o para la expedición de una liquidación oficial de revisión de valor.

Manifestó que para la fecha en la que se profirió la resolución de incumplimiento
demandada la DIAN no había adelantado procedimiento administrativo previo para la
imposición de la sanción por infracción aduanera o para emitir liquidación oficial, lo que
la habilitaba para adoptar el procedimiento previsto en el artículo 530 de la Resolución
4240 de 2000.

Adujo que no se desconoció lo dispuesto en el Concepto nro. 61203 del 26 de
septiembre de 2013, porque la Administración hizo efectiva la garantía con fundamento
en el incumplimiento de obligaciones aduaneras, por lo que no requería que
previamente se realizara la liquidación oficial de revisión de valor.

Expuso que con la expedición de los actos administrativos demandados la
Administración pretendía hacer efectiva la garantía acudiendo al procedimiento previsto
15
Fls. 199 a 201 c.p. 1.
16
Se incorporaron en cuaderno anexo: i) los autos comisorios, mediante los cuales la DIAN comisionó a unos funcionarios de la
División de Gestión Control de Carga de la dependencia GIT Tráfico Postal y Envíos Urgentes, para que realizarán las labores de
reconocimiento e inspección física y ii) las actas de hechos de reconocimiento de mercancías sometidas a la modalidad de tráfico
postal y envíos urgentes. Mediante auto del 5 de septiembre de 2019, el a quo le corrió traslado a las partes de las citadas pruebas.
Fl. 191 c.p. 1.
17
Índice 2 de SAMAI. «12_ED_CDFOLIO2_08SENTENCIA2015 01985(.pdf) NroActua 2».
8

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Demandante: Lars Courrier SA

en el artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000, razón por la cual no se vulneró el
derecho al debido proceso.

En relación con la falsa motivación de los actos administrativos enjuiciados, se refirió a
los artículos 196 del Decreto 2685 de 1999 y, 119 a 119-1 de la Resolución 4240 de
2000.

Aseguró que, conforme con las pruebas aportadas al expediente, que no fueron
tachadas de falsas, está acreditado que las actas de hechos de reconocimiento de
mercancías están firmadas por un empleado de la sociedad demandante y en su texto
quedaron registradas las inconsistencias halladas por la DIAN, respecto del valor de
las mercancías. También, que los funcionarios que suscribieron las actas tenían
competencia para realizar esa labor, de acuerdo con los autos comisorios allegados al
proceso judicial.

Por otra parte, advirtió que no se identificó la fuente de información de los precios de
referencia sobre los que la DIAN planteó el valor FOB, que de acuerdo con la definición
del artículo 237 del Decreto 2685 de 1999, puede ser información obtenida de libros,
revistas, antecedentes de precios de importación, omisión que limitó el derecho de la
sociedad para poder controvertir el valor propuesto por la Administración.

Frente a lo afirmado por la DIAN, que los ajustes de la mercancía se realizaron en el
sistema informático de la entidad, indicó que no existe prueba de ese hecho en el
expediente, razón por la cual, no se pudo verificar a fin de determinar el valor real de
las importaciones, así como de los tributos aduaneros, lo que conduce a que los actos
demandados estén viciados de nulidad por falsa motivación.

Concluyó que la falta de prueba de la fuente que tomó la DIAN para fijar como precios
de referencia los establecidos en la propuesta de valor de los paquetes o envíos
importados, restringió el derecho de la actora para controvertir el valor propuesto por
la Administración, por lo que los actos demandados están viciados de nulidad por falsa
motivación y vulneración al debido proceso.

Por último, no condenó en costas al no existir elementos probatorios que las demuestre.

RECURSO DE APELACIÓN

La entidad demandada, inconforme con la sentencia de primera instancia, interpuso
recurso de apelación, por las siguientes razones18:

Alegó la falta de congruencia de la sentencia porque el a quo al resolver el cargo de
vulneración del derecho al debido proceso, determinó que este no se había violado,
toda vez que la Administración aplicó el procedimiento previsto en el artículo 530 de la
Resolución 4240 de 2000.

Por lo anterior, no era procedente reconocer la vulneración al debido proceso al decidir
el cargo de nulidad por falsa motivación.
18
Índice 2 de SAMAI. «20_ED_CDFOLIO2_16RECURSOAPELAC IONSE(.pdf) NroActua 2».
9

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Demandante: Lars Courrier SA

Afirmó que la sentencia adolece de un defecto fáctico porque no se valoraron en
conjunto y de forma integral las pruebas que obran en el plenario. De cuyo análisis
sistemático se concluye que, contrario a lo decidido por el Tribunal, los actos
administrativos demandados están motivados.

Expuso que con la información del CD19 que aportó la sociedad en la instancia
administrativa -previo requerimiento hecho por la DIAN-, se prueba que la sociedad
actora tiene pleno conocimiento de las propuestas de valor y de su aceptación, en
tanto que entregó la mercancía al destinatario sin realizar reclamación a la
Administración (art. 119-1 Resolución 4240 de 2000).

Resaltó que, en los cuadros comparativos entre lo informado por la sociedad y la base
de datos de la Administración, se encuentran los siguientes datos relevantes: en la
tercera columna el valor declarado en la guía hija (VALOR FOB 1166), en la cuarta
columna el valor propuesto (VALOR FOB 1154) y en la quinta columna el valor base
de liquidación (VALOR FOB 1084), estudio plasmado en los actos enjuiciados.

Explicó que de acuerdo con el artículo 119-1 de la Resolución 4240 del 2000, la
mercancía se entrega bajo dos supuestos: i) cuando el intermediario presente los
documentos aduaneros que demuestren el precio realmente pagado (reclamación) o ii)
realice de forma libre y voluntaria el respectivo ajuste al entregar la mercancía a su
destinatario y, comoquiera que, Lars Courrier SA no presentó reclamación y entregó la
mercancía al destinatario, se configuró este último.

También, alegó que en el expediente se encuentran las actas de hechos de
reconocimiento de mercancía que es firmada por un representante del demandante y
en estas queda registrada toda la información de la mercancía inspeccionada, entre
ellos el valor propuesto por la Administración cuando se evidencia que el declarado es
inferior al precio de referencia.

Indicó que esa es la oportunidad para que el intermediario de tráfico postal y envíos
urgentes objete y presente los motivos de inconformidad sobre la realización del acta
de los hechos, entre ellos, la propuesta de valor que se le hace, correspondiéndole
presentar ante la autoridad aduanera los documentos que demuestren el precio
realmente pagado o por pagar.

Manifestó que el a quo no tuvo en cuenta el cruce y análisis de la información de la
base de datos sobre Lars Courrier SA, enviada por la Subdirección de Gestión de
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones para los intermediarios de tráfico
postal y envíos urgentes en relación con las diferencias encontradas entre el valor FOB
base de liquidación declarado, el valor FOB base de liquidación propuesto y el valor
FOB base de liquidación registrado para efectuar el pago.

Destacó que la sociedad no pagó sobre la base de liquidación del valor propuesto, es
más, ni siquiera tuvo en cuenta la del valor declarado en el documento de transporte
(guía hija), de modo que aplicó una base de liquidación muy inferior a la que
corresponde.

19
Señala que se encuentra en los folios 16 a 23 de los antecedentes administrativos.
10

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Aseguró que el demandante fundó su inconformidad en la falta de pruebas en el
proceso, pero omitió aportar alguna con la que se desvirtúe lo expuesto por la DIAN, a
pesar de corresponderle esa carga (sentencia C-86 de 2016).

Solicitó que se tenga en cuenta como precedente judicial la sentencia del 4 de junio del
2020, Exp. 23135, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, en el cual se resuelve un asunto
similar al que aquí se debate.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda20 e indicó que
en este caso las actas de hechos de reconocimiento de mercancías presentan algunas
falencias como: (i) no relacionan las fuentes de consulta que se tuvieron en cuenta para
modificar el valor FOB declarado inicialmente, (ii) las guías hijas y las guías master
enlistadas no relacionan la fecha y (iii) la información consignada sobre las guías hijas
no es suficiente para acreditar probatoriamente la existencia de cada una de ellas.

Manifestó que de acuerdo con el Concepto General de Procedimientos Administrativos
Aduaneros nro. 32143 del 31 de diciembre de 2019 expedido por la División de Gestión
Jurídica de la DIAN, claramente se acepta emitir liquidaciones oficiales de corrección
y/o revisión de valor, cuando se presenta discusión en el valor de la mercancía
importada bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.

La parte demandada insistió en los planteamientos de la contestación de la demanda
y del recurso de apelación21.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos administrativos mediante los
cuales la DIAN: (i) declaró el incumplimiento de la obligación aduanera por parte de
Lars Courrier SA, por no pagar la totalidad de los tributos aduaneros respecto de la
mercancía importada en la primera y segunda quincena de mayo de 2013 y (ii) ordenó
hacer efectiva la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales nro. 03 DL004243
expedida por la Compañía Aseguradora de Fianzas SA.

En los términos del recurso de apelación, se debe determinar: (i) si se vulneró el
principio de congruencia de la sentencia, (ii) si se incurrió en indebida valoración
probatoria y (iii) si los actos administrativos demandados están motivados.

Principio de congruencia

20
Índice 21 de SAMAI.
21
Índice 19 de SAMAI.
11

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Demandante: Lars Courrier SA

El artículo 187 del CPACA señala que «[l]a sentencia tiene que ser motivada. En ella se
hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las
pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios
para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los
textos legales que se apliquen» [Se destaca].

Por su parte, el artículo 281 del CGP dispone que «[l]a sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la Ley». [Se destaca].

De las referidas normas proviene el principio de congruencia de la sentencia, en sus
dos significados: como armonía entre la parte motiva y resolutiva del fallo (congruencia
interna) y como conformidad entre la decisión y lo pedido por las partes en la demanda
y su contestación (congruencia externa).

Respecto de dicho principio, la Sala ha expuesto22 que busca la protección del derecho
de las partes a obtener una decisión judicial certera sobre el asunto puesto a
consideración del juez, al igual que la salvaguarda del debido proceso y del derecho
de defensa de las partes, cuya actuación procesal se dirige a controvertir los
argumentos y hechos expuestos en la demanda, tratándose del demandante, y en la
contestación, si la posición procesal es la del demandado23.

Además, garantiza que el juez solo se pronunciará respecto de lo discutido y no fallará
ultra petita, decisiones que van más allá de lo pedido, ni extra petita, al reconocer algo
que no se solicitó, toda vez que la decisión se tomará de acuerdo con las pretensiones
y excepciones probadas a lo largo del desarrollo del proceso.

Para la parte apelante, el a quo habría incurrido en falta de congruencia de la sentencia
porque al resolver el cargo de vulneración del derecho al debido proceso, determinó
que este no se había violado. Pero, al analizar el de nulidad por falsa motivación,
encontró acreditada la violación al citado derecho, lo que considera, no resultaba
procedente.

La Sala observa que en la demanda se propusieron dos cargos de nulidad, el primero
denominado «Falsa Motivación» y el segundo «Vulneración del debido proceso, por indebido
trámite administrativo para liquidar mayores valores impuestos por concepto de IVA y arancel».

En relación con la vulneración al debido proceso por indebido trámite administrativo, el
Tribunal consideró que «no [se] encuentra vulnerado el derecho al debido proceso, pues la
entidad demandada lo que pretendía con los actos administrativos acusados era hacer efectiva
la garantía, a través del procedimiento previsto en el artículo 530 de la Resolución 4240 de
2000, sin que existiera trámite administrativo previo»24, por lo que concluyó que no resultaba
necesario adelantar la actuación administrativa –liquidación oficial de revisión valor-,
como lo alegaba la parte actora.

22
Sentencia del 10 de junio de 2021, Exp. 24283, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto en la que se reiteró la sentencia del 1º de
agosto de 2019, Exp. 24074, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
23
Sentencia del 10 de junio de 2021, Exp. 24283, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto en la que se reiteró la sentencia del 26 de
julio de 2012, Exp. 2008-00228, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
24
Página 20 de la sentencia del Tribunal. Índice 2 de SAMAI.
12

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Al no prosperar dicho cargo de nulidad, el a quo procedió a analizar el relacionado con
la falsa motivación del acto administrativo, encontrando que se vulneró el debido
proceso porque «no obra prueba de la fuente que tomó la entidad demandada para fijar como
precios de referencia los establecidos en la propuesta de valor de los paquetes o envíos
importados, lo cual restringe el derecho de la demandante para poder controvertir el valor
propuesto por la Administración, pues no tiene conocimiento de la fuente que tomó para
adecuar el valor, lo que demuestra que los actos administrativos acusados se encuentran
afectados de nulidad por falsa motivación y violación al debido proceso»25.

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es claro que los dos cargos analizados por
el Tribunal son diferentes, por lo tanto, el hecho que se haya concluido que no se
vulneró el debido proceso por la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 530
de la Resolución 4240 de 2000, no significa que el juez quedara relevado de analizar
otro de los componentes de este derecho fundamental, cuya violación invocó la parte
actora, como es el relacionado con el ejercicio del derecho de defensa y contradicción.

Téngase en cuenta que la Corte Constitucional ha señalado que hacen parte de las
garantías del debido proceso administrativo, entre otros, los derechos «a: (i) ser oído
durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que
la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la
actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad
competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento
jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y
contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y
a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso»26.

Por lo anterior, se concluye que la alegada falta de congruencia de la sentencia no está
probada y que, por el contrario, está acreditado que el Tribunal se pronunció respecto
de lo discutido, sin que se evidencie un fallo extra ni ultra petita.

No prospera el cargo de apelación.

Falsa Motivación de los actos administrativos. Valoración de las pruebas

En primer lugar, se advierte que, en relación con supuestos fácticos y jurídicos
similares al presente asunto entre las mismas partes, esta Sección se pronunció en las
sentencias del 4 de junio de 2020, Exp. 23135 y del 9 de julio de 2021, Exp. 23130,
C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez27, siendo del caso reiterar el criterio jurisprudencial
expuesto en las mencionadas providencias.

En este asunto se estudian algunas operaciones de comercio exterior realizadas por la
sociedad Lars Courrier SA, quien actuó como intermediario de la modalidad de
importación de tráfico postal y envíos urgentes, que por disposición legal (literal f) del
artículo 11 del Decreto 2685 de 1999), actúa directamente ante las autoridades
aduaneras como declarantes.

25
Páginas 32 y 33 de la sentencia del Tribunal. Índice 2 de SAMAI.
26
Cfr. la sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
27
En la primera, el Consejero Ponente se encontraba en encargo.
13

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En la Sección VIII del Decreto 2685 de 1999, vigente para el momento de los hechos,
se regula la modalidad de importación de tráfico postal y envíos urgentes. En el artículo
192 del citado ordenamiento se prevé que podrán ser objeto de importación por esta
modalidad los envíos de correspondencia, los que lleguen al territorio nacional por la
red oficial de correos y los urgentes siempre que su valor no exceda de dos mil dólares
de los Estados Unidos de Norteamérica (US$2.000) y requieran ágil entrega a su
destinatario.

En esa modalidad de importación el intermediario de tráfico postal y de envíos urgentes
• que puede ser la Sociedad de Servicios Postales Nacionales o quien haga sus veces,
o las empresas legalmente autorizadas e inscritas ante la DIAN- es el responsable ante
la DIAN por el pago de los tributos aduaneros, así como los valores por concepto de
rescate por abandono (art. 202 Dto. 2685 de 1999).

Por ello, el intermediario debe cumplir con las obligaciones aduaneras relativas a los
controles, previo, simultáneo y, en algunos casos, posterior relacionados con la
mercancía ingresada al territorio aduanero nacional, y constituir la garantía de
cumplimiento de las respectivas obligaciones aduaneras28.

De acuerdo con el artículo 201 del citado ordenamiento, el intermediario de la
modalidad de importación de tráfico postal y envíos urgentes debe «[l]iquidar en el mismo
documento de transporte el valor de los tributos aduaneros correspondientes a las mercancías
que entregue a cada destinatario, indicando la subpartida arancelaria y la tasa de cambio
aplicadas». Cuando el documento de transporte lo firma el destinatario se considera
como una declaración de importación simplificada, que debe conservar el intermediario
por el término de 5 años contados a partir de la fecha de recibo de la mercancía.

Por su parte, el artículo 200 del Decreto 2685 de 1999, establece que con excepción
de los envíos de correspondencia, aquellos que lleguen al territorio nacional por la red
oficial de correos y los envíos urgentes, pagarán el gravamen ad valórem
correspondiente a la subpartida arancelaria 98.03.00.00.00 del Arancel de Aduanas,
salvo que el remitente indique de forma expresa otra subpartida específica de la
mercancía, caso en el cual, se deberá liquidar los tributos de conformidad con esa
subpartida correspondiente.

Desde la llegada de la mercancía al territorio nacional hasta que se acepte la
declaración de importación simplificada, la Administración tiene competencia para
ejecutar el control previo y simultáneo de los documentos aduaneros que presenta el
intermediario de tráfico postal, salvo la declaración consolidada de pagos, que se
presenta con la periodicidad que establezca la DIAN29 .

Una vez ingresada la mercancía al territorio aduanero nacional, el artículo 119 de la
Resolución 4240 del 2000, expedida por la Directora General de Impuestos y Aduanas
Nacionales, establece que la empresa de mensajería especializada debe entregar a
través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN el manifiesto expreso de
carga en el que conste, entre otros datos, el valor FOB en dólares conforme con la
factura que exhiba el remitente o de acuerdo al valor declarado en el lugar de despacho.

28
Artículo 480 del Decreto 2685 de 1999.
29
Artículo 202 del Decreto 2685 de 1999.
14

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Durante el término de permanencia de la correspondencia en el depósito 30 (control
simultáneo) la DIAN puede realizar la verificación de la mercancía, en la que constata,
entre otros31, su valor, base gravable de los tributos aduaneros.

Si se detecta una discrepancia entre el valor FOB consignado en el documento de
transporte y los precios de referencia de la base de datos del sistema de administración
de riesgos o de la información proveniente de otras fuentes, según el artículo 119-1 de
la Resolución 4240 de 2000, la autoridad aduanera debe poner de presente la situación
al intermediario de tráfico postal y envíos urgentes para que aporte los documentos que
acrediten el precio realmente pagado o por pagar o para que realice de forma voluntaria
el ajuste correspondiente.

Así, cuando resulta una diferencia entre el valor consignado en el documento de
transporte y los precios de referencia de la base de datos del sistema de administración
de riesgos o los provenientes de otras fuentes, el funcionario mediante el acta de
diligencia plantea «la duda correspondiente solicitando la información y documentos que
acrediten la exactitud en la valoración, en cuyo caso: (i) la entrega de la mercancía bajo esta
modalidad procederá si, dentro del término legal de permanencia de la misma en el depósito,
el intermediario presenta los documentos que demuestran el precio realmente pagado o por
pagar o realiza de forma libre y voluntaria el respectivo ajuste, siempre que ello no conlleve al
cambio de la modalidad de importación; (ii) si, dentro del término legal de permanencia de la
mercancía en el depósito, el intermediario no acredita en debida forma el precio o no lo ajusta
libre y voluntariamente, operará el abandono legal (en concordancia con los artículos 115 y 231
del EA); (iii) si la propuesta de ajuste conlleva el cambio de modalidad, se dispondrá el traslado
de la mercancía al depósito habilitado, a fin de que se someta a otra modalidad de importación,
según los términos del parágrafo 2.º del artículo 119-1 y del artículo 120 ibidem»32.

Conviene resaltar que el procedimiento de reconocimiento de mercancía previsto en
los artículos 119 y 119-1 de la Resolución 4240 de 2000, es un control previo a la firma
de la declaración de importación simplificada.

Por su parte, la DIAN ejerce su control posterior cuando ya se ha materializado la
importación a través del auto de levante y se dispone de la mercancía. En ese control
la Administración puede alegar inexactitud en el pago de los tributos a raíz de la
indebida valoración de la mercancía, evento en el cual, debe proferirse una liquidación
oficial de revisión de valor bajo el procedimiento establecido en los artículos 514 y
siguientes del Decreto 2685 de 1999.

Lo anterior, es precisamente lo que se expone en el Concepto nro. 61203 del 25 de
septiembre de 2013, mencionado por la parte actora, cuyo contenido fue estudiado por
esta Sala, concluyendo que: «a propósito del artículo 119-1 de la Resolución 4240 de 2000,
el intermediario tendrá las alternativas allí previstas para demostrar que el precio es correcto o
ajustarlo al precio realmente pagado, so pena de que, al vencimiento del término en el depósito,
la mercancía quede en situación de abandono legal y, por ende, no se obtenga el levante de la
30
Para el caso de los intermediarios autorizados de tráfico postal y envíos urgentes, la mercancía podía permanecer por el término
de hasta un mes contado desde la fecha de su llegada al territorio aduanero nacional, prorrogable por una sola vez y hasta por un
mes más, según lo dispuesto en los artículos 198 y 199 del Decreto 2685 de 1999, en concordancia con el artículo 78 de la
Resolución 4240 de 2000.
31
La información que contiene es la relación total de los paquetes o envíos urgentes y los correspondientes documentos de
transporte, elaborados en el lugar de origen, que deben acompañar cada paquete rotulado con la indicación del nombre y dirección
del remitente, nombre de la empresa de mensajería especializada, nombre y dirección del consignatario, descripción y cantidad
de las mercancías, factura expedida y peso bruto del bulto expresado en kilos. Artículos 196 del Decreto 2685 de 1999 y 119 de
la Resolución 4240 del 2000.
32
Sentencia del 9 de julio de 2021, Exp.23130, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
15

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mercancía para la entrega a sus destinatarios. Seguidamente, la doctrina de la DIAN aclara
que «[…] si la mercancía fue sometida ya a la modalidad de importación y con posterioridad a
la presentación de la misma se advierta que existen diferencias entre el valor declarado y el
valor real de la transacción, procederá la práctica de una liquidación oficial de revisión en los
términos del artículo 514 del Decreto 2685 de 1999». Es decir, que el procedimiento de
liquidación oficial de revisión de valor surgirá como la actuación administrativa procedente a
emplearse cuando ya se haya materializado la importación, mientras que antes de que ello
suceda, esto es, mientras se esté en el trámite de la definición de la situación jurídica de la
mercancía y de si podrá importarse en la modalidad empleada por el usuario aduanero, el
mecanismo de controversia de valor será, para el caso de la modalidad de importación de
tráfico postal y envíos urgentes, el señalado en el artículo 119-1 de la Resolución 4240 de
2000»33.

Ahora bien, luego de agotarse el procedimiento regulado en el artículo 119-1 si «el
intermediario de tráfico postal y envíos urgentes decide voluntariamente ajustar el valor en
aduanas o el valor Fob declarado obtendrá el levante de la mercancía, la entregará a sus
destinatarios, y asumirá el deber de recaudar los tributos que, como consecuencia del ajuste,
procedan y, en el término fijado por la Administración, presentará la declaración de pago
consolidado de los tributos aduaneros»34.

Si el intermediario de tráfico postal incumple la obligación de pago de los tributos
aduaneros «en la forma prevista y de acuerdo con los montos liquidados en las declaraciones
de importación simplificadas la Administración agotará el procedimiento tendiente a obtener el
pago de tales tributos sin necesidad de reabrir el procedimiento de controversia de valor que
fue previamente abordado en los casos en que se emplea el trámite del artículo 119-1 de la
disposición reglamentaria»35.

Por lo anterior, es que el artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000 regula el
procedimiento administrativo para hacer efectivas las garantías para buscar el pago de
los tributos aduaneros, que procede en los eventos en los que no existe previamente
un procedimiento para la imposición de sanción por infracción aduanera o para la
definición de la situación jurídica de una mercancía o para la expedición de una
liquidación oficial de revisión.

De esta manera, luego de que la Administración hace la verificación de la mercancía y
le comunica al intermediario las inconsistencias, si la DIAN pretende hacer efectiva la
garantía y previamente no se ha iniciado un procedimiento para imponer la sanción ni
para proferir liquidación oficial de revisión, debe comunicarle dentro del mes siguiente
el incumplimiento de la obligación garantizada, otorgándole un término de diez (10)
días para que el intermediario responda al oficio acreditando el pago correspondiente
o el cumplimiento de la obligación, si a ello hubiere lugar.

Vencido el termino anterior, si el usuario no responde el oficio, no acredita el pago o el
cumplimiento de la obligación, se remite el expediente a la División de Liquidación para
que, dentro de los quince (15) días siguientes se profiriera la resolución que declarara
el incumplimiento de la obligación y, en consecuencia, se ordene hacer efectiva la
garantía por el monto correspondiente.

33
Ibídem.
34
Ib.
35
Ib.
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Demandante: Lars Courrier SA

En este orden de ideas, se debe distinguir que, uno es el procedimiento que realiza la
Administración en virtud de su control simultáneo, cuando hace el reconocimiento de
las mercancías -previo a que se presente la declaración simplificada-, regulado en el
artículo 119-1 de la Resolución 4240 de 2000, en el que se cuestiona el valor de la
mercancía y otro, el que se adelanta en el control posterior al materializarse la
importación, regulado en el artículo 514 y siguientes del Decreto 2685 de 1999, en el
que se declara la inexactitud de tributos por indebida valoración de la mercancía. Otro,
es el procedimiento que tiene como único objeto hacer efectiva la garantía cuando se
declara el incumplimiento36, que está regulado en el artículo 530 de la Resolución 4240
de 2000.

Lo anterior, resulta de gran importancia en la medida en que, de acuerdo con el objetivo
que persiga el procedimiento aplicado por la DIAN, las pruebas que fundamentan los
actos administrativos que se profieran en estos, estarán dirigidas a demostrar los
hechos pertinentes respecto del mismo, es decir, mientras en el procedimiento en el
que se discute el valor de la mercancía será necesario demostrar la fuente de los
precios de referencia sobre los cuales la DIAN modifica su valor, en el procedimiento
que busca hacer efectiva una garantía, solo basta con demostrar el incumplimiento de
la obligación.

Caso concreto

La DIAN considera que la sentencia de primera instancia adolece de un defecto fáctico
porque no se valoraron en conjunto y de forma integral las pruebas que obran en el
plenario.

Por su parte, la demandante alega que los actos administrativos adolecen de la falsa
motivación porque en el expediente no se aportó la prueba que demuestre los precios
de referencia sobre los que la DIAN modificó el valor de las mercancías.

En la sentencia de primera instancia, el Tribunal le dio la razón a la parte actora porque
«en el proceso no obra prueba de la fuente que tomó la entidad demandada para fijar como
precios de referencia los establecidos en la propuesta de valor de los paquetes o envíos
importados, lo cual restringe el derecho de la demandante para poder controvertir el valor
propuesto por la Administración»37.

Para resolver, se precisa que los actos administrativos acusados no fueron proferidos
dentro del procedimiento administrativo en el que se cuestiona el valor de la mercancía,
sino en el regulado en el artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000, por medio del
cual se declaró el incumplimiento de una obligación del intermediario de tráfico postal
por no pagar debidamente los tributos aduaneros de la correspondencia importada en
el mes de mayo de 2013 y, por ende, se ordenó hacer efectiva la garantía. Cabe aclarar
que no existía un procedimiento previo para imponer sanción o proferir liquidación
oficial de revisión.

Lo anterior se corrobora con lo siguiente:

36
Sin que medie un procedimiento para imponer resolución sanción o para expedir una liquidación oficial.
37
Página 31 de la sentencia de primera instancia. Índice 2 de SAMAI.
17

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Demandante: Lars Courrier SA

Los días 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 y 31 de mayo de 2013 38, se realizó
por parte del Jefe GIT de Tráfico Postal de la División de Gestión de Control de Carga
de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, la diligencia de reconocimiento de
las mercancías importadas en la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes
correspondientes al mes de mayo del mismo año, a través del intermediario y
responsable Lars Courrier SA.

De las mencionadas diligencias se levantaron las correspondientes Actas de Hechos
de Reconocimiento de Mercancías Sometidas a la Modalidad de Tráfico Postal y
Envíos Urgentes, en las que se observan las casillas denominadas: (i) Guía Master,
(ii) Guía Hija, (iii) Piezas, (iv) Reconocimiento sin Novedad, (v) P.V. -significa propuesta
de valor, (vi) Valor Declarado en la Guía de USD y (vii) Valor Propuesto USD39.

En las actas se registró de forma clara el número de cada Guía Master y el de las
Guías Hijas que las componen. También, frente al número de cada Guía Hija se indicó
el valor declarado por el intermediario de tráfico postal y, frente a esta casilla el valor
propuesto por la DIAN.

Esas actas están suscritas por el coordinador40, el funcionario que registra en el
sistema Muisca de la DIAN y por un representante del demandante en su calidad de
intermediario de tráfico postal y envíos urgentes.

De esta manera, está demostrado que el intermediario conoció las inconsistencias que
la DIAN determinó desde la diligencia de reconocimiento de las mercancías.

El 17 de diciembre de 2013, el Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Registro y Control
a Usuarios Aduaneros de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, remitió al Jefe de la División de Gestión
Aduanera de la misma Dirección Seccional, el Oficio nro. 1-03-245-455-690 por medio
del cual le comunicó el cruce de información para la verificación de pagos consolidados
por parte de los intermediarios de tráfico postal41.

Ese cruce de información se realizó entre el documento de transporte Formato 1166,
remitido por la demandante a través del Servicio Informático Electrónico (SIE)
Importación – Carga y las respectivas declaraciones consolidadas de pagos, Formato
540 presentadas y aceptadas en el Muisca y el Recibo Oficial de Pago Formato 69042.

En el Oficio nro. 1-03-245-455-690 del 17 de diciembre de 2013, se indicó:

«Teniendo en cuenta el análisis y cruce de información para el intermediario de Tráfico Postal
LARS COURRIER S.A. de un total 148.367 guías se determinó que 11.317 fueron objeto de
propuesta de valor, que a 495 guías se les propuso cambio de modalidad, 175 guías se reportaron
con reconocimiento con resultado “conforme entre lo informado y lo consignado”, 136.380 no
presentaron ninguna de las anteriores novedades, por tanto la cantidad de documentos objeto de
análisis en este informe es de (136.380 + 175)+ 11.317 para un total de 147.872.

[…]

38
Fls. 28 a135 cuaderno anexo de pruebas.
39
Fls. 28 a 135 cuaderno anexo de pruebas.
40
La DIAN adjuntó los autos comisorios de los funcionarios que realizaron las diligencias. Fls. 1 a 27.
41
Fls. 6 a 8 c.a.
42
Fl. 6 c.a.
18

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Demandante: Lars Courrier SA

De acuerdo con la base de datos suministrada por la Subdirección de Tecnología el valor FOB
base de liquidación utilizado para efectuar el pago de tributos de la totalidad de guías fue de:

I.T.P. VALOR BL F-1166 VALOR BL F - 1084 DIFERENCIA
LARS COURRIER 8.431.721 1.029.767.31 7.401.953.69»43
S.A.

El 24 de septiembre de 2014, el Jefe GIT de Investigaciones Aduaneras II (A) de la
División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá
remitió al intermediario de tráfico postal el Oficio nro. 01-03-238-420-959 009347, por
el que le comunicó que verificadas las guías aéreas que ingresaron bajo la modalidad
de Trafico Postal y Envíos Urgentes se «[…] observa un presunto incumplimiento de la
obligación aduanera a su cargo correspondiente a la modalidad citada y afianzada con la
garantía en referencia, toda vez que del análisis y cruce de la información no se evidencia el
pago correcto de los tributos aduaneros correspondientes a las operaciones de comercio
exterior relacionadas en la base de datos anexa en el CD “adjuntos. Archivo correspondiente
a: Enero a Marzo, Abril a Junio y Julio a Septiembre de 2013»44.

Por lo anterior, la Administración le solicitó informar los números y fechas de los
formularios45 que acrediten el correspondiente pago y la inclusión en el sistema
informático de la DIAN, de cada una de las guías relacionadas en los CDS anexos.

También, se remitió el Oficio nro. 01-03-238-420-960 009346 del 24 de septiembre de
2014, a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza, quien expidió la póliza
a favor de la sociedad Lars Courrier SA que respalda las obligaciones que se alega su
incumplimiento, solicitándole la misma información descrita anteriormente46.

El 3 de octubre de 2014, la sociedad actora dio respuesta al oficio, en el que
manifestó47:

«A continuación, anexamos información correspondiente a la solicitud del oficio de la referencia,
donde nos solicitan los números de los formatos 100066, 540, 690.

• Ver CD anexo a este oficio»48.

El 15 de octubre de 2014, el Jefe GIT de Investigaciones Aduaneras II de la División
de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, remitió
el Oficio nro. 01-03-238-420-102749 al Jefe de División de Gestión de Liquidación de la
misma Dirección Seccional, en el que se describe como: «Asunto: Cumplimiento
Hallazgos 10 actividad 4 y hallazgo 13 actividad 3.C.G.R – Remisión insumos presuntos
incumplimientos de intermediario de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes LARS
COURIER S.A.», informándole que los tributos aduaneros de las guías relacionadas en
la base de datos TP_CS31585_2013 LARS MAR presuntamente no fueron liquidados
y cancelados en debida forma.
43
Fl. 8 c.a.
44
Fls. 11 a 12 c.a.
45
Le solicitó los números y fechas de los formatos Nos. 10006 «Presentación de información por Envíos de Archivos», 540
«Declaración Consolidada de Pagos» y 690 «Recibo Oficial de Pagos de los Tributos Aduaneros y Sanciones Cambiarias» Fl. 11
c.a.
46
Fls. 13 a 14 c.a.
47
Fl. 15 c.a.
48
Este CD no se encuentra en el expediente. Obra copia de unos cuadros, pero no se menciona que sea la información reflejada
en el CD aportado por la demandante en sede administrativa.
49
Fls. 2 a 2 vto. c.a.
19

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También se indicó que «de acuerdo con lo establecido en el artículo 530 de la Resolución
4240 de 2000, se remite oficio y CD adjunto para verificar si el intermediario de Tráfico Postal
y Envíos Urgentes LARS COURIER S.A. con NIT 830.050.525-1, pagó los tributos aduaneros
de las guías allí relacionadas correspondientes a los meses de enero a septiembre de 2013 y
que se encuentran amparados en la Póliza de Cumplimiento de disposiciones legales No. 03
DL004243 expedida por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA
[…]»50.

El 14 de abril de 2015, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional
de Aduanas de Bogotá expidió la Resolución de Incumplimiento nro. 03-241-201-670-
12 065951, por medio de la cual: (i) declaró el incumplimiento por parte de Lars Courrier
SA de la obligación aduanera como Intermediario de Tráfico Postal y Envíos Urgentes,
por no pagar la totalidad de los tributos aduaneros respecto de la mercancía importada
en la primera quincena de mayo 01 a mayo 15 de 2013 y la segunda quincena de mayo
16 a mayo 31 de 2013 y (ii) ordenó hacer efectiva de forma proporcional la Póliza de
Cumplimiento de Disposiciones Legales nro. 03 DL004243 expedida por la Compañía
Aseguradora de Fianzas SA, por un valor de $100.792.425,25. Lo anterior, porque se
presentó inconsistencias entre el valor FOB declarado, el valor FOB base de liquidación
propuesto y el valor FOB base de liquidación registrado para efectuar el pago52.

En esa resolución se relacionó de forma detallada un total de 738 guías
correspondientes a la primera y segunda quincena del año 2013, frente a cada una de
ellas se indicó53: número de guía, fecha, formato 1166 (valor de la guía), formato 1154
(propuesta de valor), formato 1084 (valor FOB), fletes en USD, seguros USD, tasa de
cambio, base gravable en pesos, valor arancel, valor de IVA, valor tributos propuesta
de valor, valor arancel cancelado; valor IVA cancelado, valor tributos cancelados, valor
pendiente de pagar de arancel, valor pendiente de pagar IVA y valor pendiente por
pagar.

Del anterior recuento probatorio, es claro que, como lo expuso el Tribunal, la DIAN en
el procedimiento administrativo adelantado contra la sociedad Lars Courier SA no
pretendía discutir el valor FOB de la mercancía sino declarar el incumplimiento de la
obligación por parte de la sociedad demandante por no pagar la totalidad de los tributos
aduaneros y, hacer efectiva la garantía que respaldaba esas obligaciones.

Ahora bien, el a quo consideró que los actos enjuiciados están viciados de falsa
motivación porque en el expediente no obra prueba de la fuente que tomó la DIAN para
fijar como precios de referencia los establecidos en la propuesta de valor de los
paquetes o envíos importados, bajo lo dispuesto en el artículo 119-1 de la Resolución
4240 de 2000.

Al respecto, se reitera que, en casos como el presente, en el que los actos enjuiciados
no fueron proferidos en el procedimiento de reconocimiento de mercancía, sino en el
procedimiento para hacer efectiva la garantía, no es necesario, para verificar su
legalidad, que obre en el expediente copia de los documentos de transporte (guías
master y guías hijas) de la correspondencia especializada ingresada al territorio

50
Fl. 2 vto. c.a.
51
Fls. 29 a 40 c.p.1.
52
Fl. 31 c.p.1.
53
Fls. 31 a 39 vto. c.p.1.
20

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nacional aduanero, de las declaraciones consolidadas de pago, del reporte de los
precios de referencia de correspondencia de la base de datos del Sistema de
Administración de Riesgos de la DIAN y de las actas de reconocimiento de mercancía54,
porque en esta clase de trámite administrativo no se verifica que el valor FOB declarado
al momento de la importación en los documentos de transporte se compagine con los
precios de referencia del Sistema de Administración de Riesgos de la DIAN,
procedimiento al que se refiere el artículo 119-1 de la Resolución nro. 4240 del 2000.

En los alegatos de conclusión de primera y segunda instancia la parte actora puso de
presente que las actas de hechos de reconocimiento de mercancías no son un medio
de prueba idóneo porque no se relacionan las fechas de las guías máster y las guías
hijas y, por lo tanto, no acreditan la existencia de cada una de ellas. Sobre este
particular se debe indicar que en la Resolución de Incumplimiento nro. 03-241-201-
670-12 0659 del 14 de abril de 2015, sí se determina la fecha de cada una de las guías
en las que se constata que corresponde a la primera y segunda quincena del mes de
mayo de 2013. Además, en la demanda no se manifestó que en los actos
administrativos se estén incluyendo guías inexistentes o de importaciones realizadas
en un periodo diferente.

Por último, se advierte que en los alegatos de conclusión la parte actora al fundamentar
la violación al debido proceso por aplicarse un procedimiento diferente al establecido
en el artículo 514 y siguientes del Decreto 2685 de 1999, mencionó el Concepto
General de Procedimientos Administrativos Aduaneros nro. 32143 del 31 de diciembre
de 2019, emitido por la División de Gestión Jurídica de la DIAN, en el que afirma, se
acepta proferir las Liquidaciones Oficiales de Corrección y/o Revisión de Valor, cuando
se discuta el valor de la mercancía importada bajo la modalidad de tráfico postal y
envíos urgentes. Al respecto, la Sala no puede hacer ningún pronunciamiento al
tratarse de un concepto expedido después de la ocurrencia de los hechos aquí
estudiados, cuya existencia no condiciona el control de legalidad que le corresponde
hacer al juez en el caso concreto.

En este orden de ideas, para la Sala no se configura la falsa motivación por insuficiencia
probatoria como lo determinó el a quo, pues del análisis integral de las pruebas que
obran en el proceso, se observa que el procedimiento administrativo adelantado contra
Lars Courrier SA estaba encaminado a hacer efectiva la garantía que respaldaba el
cumplimiento de las obligaciones aduaneras, en este caso, del pago de los tributos
aduaneros por parte de esa sociedad en su calidad de intermediario de tráfico postal,
resultando ajena cualquier discusión sobre el valor de la mercancía.

Por lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negarán
las pretensiones de la demanda, porque la parte actora no logró desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos administrativos enjuiciados.

Conforme con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del proceso) en
esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas en el expediente.

54
En este sentido Cfr. la sentencia del 4 de junio de 2020, Exp. 23135, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
21

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Radicado: 25000-23-37-000-2015-01985-01 [25773]
Demandante: Lars Courrier SA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia del 3 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”. En su lugar:

NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

3. Reconocer personería para actuar como apoderada de la entidad demandada a
Nancy Piedad Téllez Ramírez, en los términos y para los efectos de la sustitución
del poder visible en el índice 20 de SAMAI.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen y
cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

22

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