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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-00568-01

Fecha
9 de marzo de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-00568-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, el 6 de noviembre de 2020. 2. Negar las pretensiones de la demanda. 3. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2016-00568-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

9 de marzo de 2023

Radicado: 25000-23-37-000-2016-00568-01 (26394)
Demandante: Mar Express S.A.S

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2016-00568-01 (26394)
Demandante MAR EXPRESS S.A.S.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

Temas Tributos aduaneros. Modalidad de importación de tráfico
postal y envíos urgentes. Afectación de la garantía.
Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) contra la sentencia del 6 de noviembre de
2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, que decidió:
«PRIMERO. DECLÁRESE la nulidad de la Resolución No. 03-241-201-670-12-1103 del 09 de
junio de 2015, por medio de la cual le fue declarado a la sociedad MAR EXPRESS S.A.S. el
incumplimiento de la obligación aduanera como intermediario de tráfico postal y envíos
urgentes por no pagar la totalidad de los tributos aduaneros; y de las Resoluciones Nos. 03-
241-201-656-1516 del 13 de julio de 2015 y 03-201-408-607-0860 del 23 de septiembre de
2015, que confirmaron la anterior al desatar los recursos de reposición y apelación
interpuestos, respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho DECLÁRESE que la
sociedad MAR EXPRESS S.A.S. cumplió las obligaciones aduaneras a su cargo, por lo que
no era procedente afectar la póliza de cumplimiento.
TERCERO. Sin condena en costas.
(…)»1.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mar Express S.A.S., actuando como intermediario de importación de tráfico postal
y envíos urgentes, introdujo al territorio aduanero nacional 489 envíos en el mes de
julio de 2013, por los cuales presentó declaración consolidada de pagos de los
tributos aduaneros.

La DIAN profirió la Resolución Nro. 03-241-201-670-12-1103 del 9 de junio de 2015,
mediante la cual declaró el incumplimiento de las obligaciones aduaneras a cargo
del intermediario Mar Express S.A.S. por no pagar adecuadamente los tributos
aduaneros e hizo efectiva la garantía constituida a su favor.

1 SAMAI. Índice 10. PDF 48. Página 32.
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Radicado: 25000-23-37-000-2016-00568-01 (26394)
Demandante: Mar Express S.A.S

Mar Express S.A.S. presentó recursos de reposición y de apelación en contra de la
anterior decisión, pero fueron negados por la autoridad aduanera mediante las
Resoluciones Nro. 03-241-201-656-1-1516 del 31 de julio de 2015 y Nro. 03-201-
408-607-0860 del 23 de septiembre del mismo año.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), Mar Express S.A.S. formuló las
siguientes pretensiones:
«PRIMERA. Que se NULA la Resolución No. 03-241-201-670-12-1103 del 9 de Junio de
2015, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá, en la cual se dispuso: “ARTÍCULO PRIMERO.
DECLARAR, el incumplimiento de la obligación aduanera como Intermediario de
la modalidad de Tráfico Postal y Envíos Urgentes a la sociedad MAR EXPRESS
SAS con NIT No. 900.234.514-3, por no pagar la totalidad de los Tributos
Aduaneros generados por las Propuestas de Valor de la Autoridad Aduanera,
respecto de la mercancía arribada al país con los Documentos de Transporte
citados en los CUADROS No. PRIMERA QUINCENA JULIO 01 A JULIO 15 DE
2013 y SEGUNDA QUINCENA JULIO 16 A JUNIO 30 DE 2013. ARTÍCULO
SEGUNDO. ORDENAR la efectividad proporcional de la Póliza de Cumplimiento
de Disposiciones Legales No. 31DL01171 con certificado de modificación No. 31
DL022003 del 29 de Enero de 2013, con vigencia desde el 24 de Mayo de 2013
hasta el 24 de agosto de 2014, expedida por la COMPAÑÍA ASEGURADORA
DE FIANZAS S.A., CONFIANZA, a favor de la Nación Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y constituida por la
sociedad MAR EXPRESS S.A.S. con NIT No. 900.234.514-3, por un valor de
OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS ONCE
PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS $85.600.411.37 que corresponden
a TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (sic) CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTAVOS $30.675.258.54 por concepto ARANCEL y, CINCUENTA
Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO
CIENCUENTA (sic) Y DOS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS
$54.925.152.83 por concepto de IVA, más los intereses a que haya lugar que
corresponden a la Primera y Segunda Quincena de JULIO de 2013.
SEGUNDA. Que es NULA, la Resolución No. 1-03-241-201-656-1-1516 del 31 de Julio de
2015, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá, por medio de la cual se dispuso resolver el
Recurso de Reposición contra la Resolución No. 03-241-201-670-12-1103 del 9
de Junio de 2015 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.
TERCERA. Que es NULA la Resolución No. 03-201-408-607-0860 del 23 de Septiembre
de 2015, proferida por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, en la cual
se resolvió el recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 03-241-
201-670-12-1103 del 9 de Junio de 2015 y en su ARTÍCULO PRIMERO dispuso:
CONFIRMAR la Resolución No. 03-241-201-670-12-1103 del 9 de Junio de
2015, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá.
CUARTA. Que a título de restablecimiento del derecho se exoneré (sic) a la sociedad MAR
EXPRESS SAS con NIT No. 900.234.514-3 del pago fijado en la Resolución de
Incumplimiento No. 03-241-201-670-12-1103 del 9 de Junio de 2015 proferida
por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas
de Bogotá y a su vez se exonere a la sociedad demandante de la afectación de
la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales Póliza de Cumplimiento de
Disposiciones Legales (sic) No. 31DL011171 con certificado de modificación No.

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Demandante: Mar Express S.A.S

31 DL022003 del 29 de Enero de 2013, con vigencia desde el 24 de Mayo de
2013 hasta el 24 de agosto de 2014, expedida por la COMPAÑÍA
ASEGURADORA DE FIANZAS S.A., CONFIANZA, a favor de la Nación Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y
constituida por la sociedad MAR EXPRESS SAS con NIT No. 900.234.514-3, por
un valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL
CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS
$85.600.411.37 que corresponden a TREINTA MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS $30.675.258.54 por concepto
ARANCEL y, CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
VEINTICINCO MIL CIENTO CIENCUENTA (sic) Y DOS PESOS CON
OCHENTA Y TRES CENTAVOS $54.925.152.83 por concepto de IVA, más los
intereses a que haya lugar que corresponden a la Primera y Segunda Quincena
de JULIO de 2013.
QUINTA. Que se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL – DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, dar cumplimiento a la Sentencia en
los términos del inciso primero del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011»2.

Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución;
artículos 137, 138, 162, 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; los artículos 200, 201 y 514 del Decreto 2685 de 1999
(Estatuto Aduanero vigente para la época en que ocurrieron los hechos de la
demanda); y el artículo 119-1 de la Resolución Nro. 4240 del 2000 proferida por la
DIAN.

Los cargos de nulidad se resumen así:

1. Falsa motivación

Según la actora, en los actos acusados se concluyó que Mar Express S.A.S. dejó
de pagar $30’675.258.54 por concepto de arancel y $54’925.152.83 por IVA, para
un total de $85’600.411.37, con relación a las importaciones realizadas en julio de
2013, para lo cual, en la Resolución Nro. 03-241-201-670-12-1103 del 9 de junio de
2015 se elaboró un cuadro «LIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS-PROPUESTA DE VALOR» que
enlistó las guías hijas y realizó un comparativo entre el valor FOB declarado y el
valor FOB propuesto, con lo cual la autoridad aduanera identificó los mayores
valores que no fueron pagados.
Sostuvo que está probada la causal de nulidad de falsa motivación porque la DIAN
aseguró que la sociedad no liquidó ni pagó los tributos aduaneros correspondientes
al valor FOB propuesto, pero no tuvo en cuenta que en el expediente no reposan
las actas de hechos de diligencias de reconocimiento de mercancía en la modalidad
de tráfico postal y envíos urgentes donde consten las propuestas de valor. De
manera que no se encuentran en el expediente las piezas procesales necesarias
para determinar el supuesto incumplimiento en el pago de los tributos aduaneros.
Adujo que, aunque en el expediente reposa el reporte remitido por el jefe del Grupo
Interno de Trabajo de Registro y Control a Usuarios Aduaneros, en el que se
diferencia entre el valor FOB propuesto y el valor FOB declarado en dólares
estadounidenses, este documento no es idóneo para acreditar la diferencia
identificada en los actos acusados.
Así también, afirmó que el artículo 119-1 de la Resolución Nro. 4240 del 2000,

2 SAMAI. Índice 2. PDF 8. Páginas 2 a 4.
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proferida por la DIAN, señala que cuando el valor consignado en el documento de
transporte resulte inferior al precio de referencia, el funcionario competente
planteará la duda correspondiente considerando dicho precio y los demás
parámetros del sistema de administración del riesgo. Agregó que la norma precisa
que la entrega de la mercancía bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes
procede si dentro del término legal de permanencia de la misma en el depósito el
intermediario presenta a la autoridad aduanera los documentos que demuestran el
precio realmente pagado o por pagar o realiza de forma libre y voluntaria el
respectivo ajuste.
Con base en lo anterior, insistió en que los actos acusados solo podían llegar a la
conclusión de que se incumplió con las obligaciones aduaneras, sí reposaba en el
expediente cada una de las 489 guías de mensajería especializada y si se cumplió
con el mencionado artículo 119-1 de la Resolución Nro. 4240 del 2000. A su juicio,
si estas condiciones no se cumplen, no es posible determinar si los reajustes se
enmarcaron en la lista de precios de referencia y, así, verificar si la entidad
demandada realizó las consultas necesarias para proponer un valor diferente al
declarado atendiendo la naturaleza del bien descrito en las guías.
Entonces, para la demandante existe una falsa motivación porque los actos
acusados fueron proferidos sin obrar en el expediente i) la copia de las guías de
mensajería especializadas (guías hijas) en las que se advierta el supuesto
incumplimiento que fue declarado, ii) copia de las actuaciones donde se generaron
las propuestas de valor, iii) el reporte de la consulta de la lista de precios de
referencia sobre el tipo de mercancía declarada en cada una de las guías de
mensajería especializada, iv) copia de la declaración consolidada de pagos, v) el
formulario 1166, vi) los autos comisorios de los funcionarios que adelantaron la
diligencia de reconocimiento y verificación de mercancía con las actas elaboradas
por estos funcionarios.
Indicó que, si se observa la motivación de la resolución que declaró el
incumplimiento por las importaciones realizadas en el mes de julio de 2013, Mar
Express S.A.S. actuó como intermediario en la modalidad de importación de tráfico
postal y envíos urgentes y se enlistaron 489 guías de mensajería especializada,
haciendo una relación del valor FOB declarado, el valor FOB pagado y la diferencia
entre ellos. De este modo, para la demandante, se incurrió en una falencia porque
no se relacionaron las subpartidas arancelarias declaradas en las guías de
mensajería especializadas, las cuales son necesarias para verificar los casos en
que el valor del arancel o el IVA es de $0, atendiendo el artículo 200 del Decreto
2685 de 1999.

2. Violación del debido proceso

La sociedad actora sostuvo que la DIAN no siguió el procedimiento previsto por la
legislación aduanera porque el fundamento de los actos acusados se centró en que
existió una diferencia entre lo declarado y lo determinado por la autoridad aduanera,
para lo cual debió adelantar el procedimiento de liquidación oficial de revisión
consagrado en el artículo 514 del Decreto 2685 de 1999, según lo prevé el Concepto
Nro. 61203 del 26 de septiembre de 2013 de la DIAN.

Así, consideró que la autoridad aduanera incurrió en un error en cuanto al
procedimiento que debió seguir porque no se adelantó el trámite con el objetivo de
expedir una liquidación oficial de revisión para cada una de las guías de mensajería

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especializada, para lo cual se debía proferir previamente un requerimiento especial
aduanero y conceder la oportunidad de interponer el recurso de reconsideración.

Precisó que dicho trámite (liquidación oficial de revisión) era necesario, en tanto que
el artículo 201 del Estatuto Aduanero, vigente para la época de los hechos de la
demanda, indicaba que la guía de mensajería especializada hacía las veces de una
declaración simplificada de importación.

Oposición a la demanda

La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

1. Sobre la falsa motivación

Manifestó que los actos acusados fueron proferidos cumpliendo lo dispuesto en el
Decreto 2685 de 1999 y la Resolución Nro. 4240 del 2000 de la DIAN.

Aseguró que, en el reconocimiento aleatorio de paquetes postales, el funcionario de
la DIAN elaboró las actas correspondientes y formuló las propuestas de valor frente
a cada una de las guías. De esta forma, la empresa interesada tenía dos opciones
antes de entregar la mercancía al destinatario. La primera consistía en desvirtuar la
duda planteada, para lo cual debía demostrar que el precio de las guías era el
correcto. La segunda era aceptar la modificación, caso en el que debía realizar el
ajuste y el pago correspondiente, según lo previsto en los artículos 200 a 202 del
Decreto 2685 de 1999 y el artículo 124 de la Resolución Nro. 4240 del 2000.

Puso de presente que, en la investigación, se acreditó que la sociedad actora
entregó la mercancía a los destinatarios sin demostrar que los precios de las guías
eran correctos o que realizó el pago propuesto por la autoridad aduanera. En
consecuencia, está debidamente probado que los tributos aduaneros declarados y
efectivamente pagados tienen un valor menor al procedente y que este hecho es
responsabilidad de Mar Express S.A.S.

En otras palabras, la DIAN sostuvo que se demostró que la sociedad actora
incumplió sus obligaciones como intermediario de la modalidad de importación de
tráfico postal y envíos urgentes, los cuales están previstos en los artículos 194 y
203 del Decreto 2685 de 1999, para lo cual se aplicó el trámite previsto en el artículo
119-1 de la Resolución Nro. 4240 de 2000.

Con base en lo anterior, sostuvo que procedía la expedición de los actos acusados,
los cuales declararon el incumplimiento y se afectó la póliza de seguro para obtener
el pago de los tributos aduaneros procedentes, según lo prevé el artículo 530 de la
Resolución Nro. 4240 del 2000.

Indicó que la causal de nulidad de falsa motivación se configura cuando la situación
fáctica que sustenta la decisión administrativa es inexistente o cuando, a pesar de
existir, es calificada de forma errónea desde el punto de vista jurídico. Sin embargo,
a su juicio, estas circunstancias no se cumplieron en este caso.

2. Sobre la violación del derecho al debido proceso.

Adujo que, dada la naturaleza especial de la modalidad de importación de tráfico
postal y envíos urgentes, no es procedente el trámite para proferir una liquidación
oficial de revisión de valor prevista en el Estatuto Aduanero.
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Manifestó que, al examinar los artículos 192 a 203 del Decreto 2685 de 1999 y los
artículos 2, 26, 117, 118, 119, 119-1, 120, 121, 122, 23 y 124 de la Resolución Nro.
4240 del 2000, se observa que el intermediario del tráfico postal y envíos urgentes
es la responsable ante la autoridad aduanera desde el momento en que recibe el
envío en el exterior y hasta que lo entrega al destinatario, incluso por las
obligaciones aduaneras que surjan por esta actividad.

Afirmó que la intermediaria del tráfico postal y envíos urgentes debe informar a la
DIAN el manifiesto de carga y las guías hijas a través del sistema informático
dispuesto por la entidad, además de presentar la mercancía física para que se
efectúen los controles aduaneros, entre los cuales está el valor declarado.

Insistió en que la demandante es la responsable de la correcta liquidación de los
tributos aduaneros en la guía de envió, así como de su pago, según los artículos
200 a 202 del Estatuto Aduanero y los artículos 124 y 203 de la Resolución Nro.
4240 del 2000.

Sostuvo que la guía de mensajería especializada firmada por el destinatario hace
las veces de una declaración simplificada de importación, por lo que esta modalidad
no se tramita con el Formulario Nro. 500, que corresponde a la mercancía que se
somete a otras modalidades de importación.

De acuerdo con lo anterior, afirmó que el precio declarado en la modalidad de
importación de tráfico postal y envíos urgentes no se realiza mediante un control
posterior, como ocurre en los casos de importación ordinaria, sino en el momento
en que los paquetes son presentados ante la autoridad aduanera, tal como ocurrió
en este caso, por lo que se planteó la duda sobre el precio. Sin embargo,
comoquiera que fue entregada la mercancía a los destinatarios sin demostrar que
el precio declarado era el correcto o sin realizar el pago de los tributos aduaneros
propuestos, Mar Express S.A.S. estaba obligada a responder por su incumplimiento.

Afirmó que el Concepto Nro. 61203, invocado por la demandante, no constituye una
norma sustantiva ni es el medio legal para establecer los procedimientos o para
modificar situaciones jurídicas, pues es una simple orientación para la interpretación
de las normas aduaneras.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,
accedió a las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:

Inició exponiendo consideraciones generales sobre la causal de nulidad de los actos
administrativos por falsa motivación y trascribió las normas que consideró aplicables
al caso.

El Tribunal destacó que el artículo 119 de la Resolución Nro. 4240 del 2000
establece que los intermediarios de la modalidad de importación de tráfico postal y
envíos urgentes son responsables de entregar la información de los documentos de
transporte, especialmente los relacionados con el valor FOB de la mercancía,
mediante el sistema informático dispuesto por la DIAN. Luego, la intermediaria
recibirá la carga en el área de inspección señalada por la autoridad aduanera e
informará los detalles de la mercancía efectivamente recibida, así como las
inconsistencias que encuentre en el manifiesto expreso relacionados con la

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modalidad de importación empleada o las falencias en el valor declarado. Con
fundamento en dicha información, la autoridad aduanera deberá diligenciar un acta
en el que conste la presunta irregularidad.

En este orden, expuso que el artículo 119-1 ibidem dispone que, cuando existe
alguna diferencia entre el valor consignado en el documento de transporte y los
precios de referencia de la base de datos del sistema de administración de riesgos
o los precios obtenidos de otras fuentes, el funcionario a cargo de la investigación
planteará la duda correspondiente. En este caso, el intermediario puede acreditar
que el precio informado corresponde al realmente pagado o por pagar o, de forma
libre y voluntaria, realizar el ajuste y realizar el pago propuesto.

Con base en lo anterior, luego de exponer las pruebas que obran en el expediente,
el a quo consideró probado que la DIAN profirió los autos comisorios a sus
funcionarios para efectuar el reconocimiento de la mercancía importada por la
sociedad actora en julio de 2013, diligencia que se practicó según consta en 77
actas, que fueron solicitadas por el Tribunal, como prueba de oficio durante el
trámite de la primera instancia del proceso de la referencia.
Indicó que las actas referidas contienen los documentos de transporte y las guías
de mensajería especializada examinadas y las diferencias de precio propuestas por
la DIAN. Sin embargo, señaló que en dichos documentos no se identificó la fuente
de información de la cual se obtuvo el mayor valor propuesto por la autoridad
aduanera (precio de referencia). Agregó que, aunque la DIAN afirmó que planteó la
duda sobre los precios con base en el sistema informático de la entidad, no existe
prueba alguna de esto.
De esta forma, el a quo concluyó que al no haber prueba de la fuente del mayor
valor, la autoridad aduanera obstaculizó el ejercicio del derecho a la defensa de la
sociedad demandante, lo que demostraba que los actos adolecían de nulidad por
falsa motivación y vulneración al debido proceso.
Finalmente, no impuso condena en costas porque la demandante no demostró su
causación.

Recurso de apelación

La DIAN apeló la anterior decisión con base en lo siguiente:

1. El Tribunal incurrió en errores por falta de apreciación de las
circunstancias fácticas y normas que regulan las obligaciones de los
intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes.

Señaló que los artículos 201 y 203 del Decreto 2685 de 1999 establecen que el
intermediario de tráfico postal y envíos urgentes tiene la obligación de registrar la
información de la guía en los sistemas informáticos de la DIAN antes de que la
mercancía llegue al país, así como de conservar los originales y las copias de las
guías hijas (documentos de transporte) y las facturas de cada guía.

En cuanto al acta de reconocimiento de la mercancía, precisó que, se firma por el
funcionario de la DIAN que realizó la inspección y por el representante de la
empresa intermediaria de correos e inmediatamente se le hace entrega a este de
una copia para que como acto administrativo la cumpla, y en caso de no estar de
acuerdo pueda presentar la reclamación que considere pertinente.
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Insistió en que la autoridad aduanera es competente para generar controversias de
valor sobre los precios consignados en los documentos de transporte que generen
duda, por lo que procedió a modificar el valor declarado para las mercancías que
llegaron al país con amparo en las guías relacionadas en los actos acusados.

Aseguró que Mar Express S.A.S., antes de entregar la mercancía al destinatario,
tenía la posibilidad de demostrar que el precio declarado era el correcto, o de
realizar de forma voluntaria el ajuste, para lo cual contaba hasta el momento en que
le correspondiera efectuar el pago de los tributos aduaneros ante la DIAN, conforme
lo señalan los artículos 200 a 202 del Estatuto Aduanero y del artículo 124 de la
Resolución Nro. 4240 del 2000.

Tras lo anterior, señala que la sociedad actora entregó la mercancía a los
destinatarios sin demostrar que los precios objeto de la duda planteada por el
funcionario aduanero, eran incorrectos, sin controvertir la duda, ni tampoco hizo el
ajuste de precios, como era su obligación, lo cual tuvo como consecuencia de un
menor valor por concepto de los tributos aduaneros.

2. La sentencia impugnada desconoce el deber de cumplir con las
obligaciones aduaneras del intermediario de tráfico postal.

Manifestó que está demostrado que Mar Express S.A.S. incumplió con sus
obligaciones aduaneras, según lo previsto en los artículos 194 y 203 del Estatuto
Aduanero, pues liquidó y recaudó tributos aduaneros que no se ajustan a lo
legalmente procedente.
3. La sentencia desconoce el fundamento jurídico que regula la
responsabilidad de los intermediarios del tráfico postal.
Adujo que la actuación administrativa en la que se profirieron los actos acusados se
sustentó en el artículo 119-1 de la Resolución Nro. 4240 del 2000, y que frente al
incumplimiento de la obligación de pagar los tributos aduaneros, resultante de la
liquidación correcta de los mismos, se declaró el incumplimiento mediante los actos
demandados, y se procedió con la efectividad de la garantía constituida para
asegurar el cumplimiento conforme a lo previsto en el artículo 530 de la Resolución
4240 de 2000. Agregó que, dado que Mar Express S.A.S. no controvirtió la duda
planteada frente al precio de la mercancía, para lo cual había podido presentar las
facturas, incumplió su obligación de liquidar en la declaración de importación
simplificada y recaudar en el momento de la entrega de las mercancías a su
destinatario, los tributos aduaneros causados.
4. El Tribunal incurrió en un error de apreciación jurídica sobre el
procedimiento para plantear la duda en el valor declarado.
Insistió en que el artículo 119-1 de la Resolución Nro. 4240 del 2000 establece el
procedimiento para plantear la duda entre el valor consignado en el documento de
transporte y los precios de referencia de la base de datos del sistema de
administración de riesgos u otras fuentes, el cual es diferente del procedimiento del
artículo 237 del Decreto 2685 de 1999 sobre precios de referencia, señalado por el
Tribunal, que corresponde al método de valor previsto para una importación
ordinaria.
Afirmó que, en el régimen de tráfico postal y envíos urgentes, llegan miles de guías,
por lo que la norma autoriza tomar la base de datos del sistema de administración
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de riesgos porque sería imposible tomar la página web para cada una de las guías,
de manera que el intermediario no está frente a un proceso de valoración aduanera,
previsto para un régimen ordinario, sino que puede oponerse a la duda antes de la
entrega de la mercancía, presentando la factura que soporta cada paquete postal,
que demuestre el precio realmente pagado o por pagar por el destinatario de la
mercancía, o realiza el pago de manera voluntaria el respectivo ajuste.
De esta forma, para la apelante, el Tribunal cometió un error deductivo porque indicó
que el precio de referencia debe tomarse según la definición del artículo 237 del
Decreto 2685 de 1999 y deduce erróneamente que no obran los precios de
referencia y desconoce el procedimiento especial previsto, que permite remitirse a
una base de datos del sistema; aduce que lo que la norma exige es plantear la duda
al intermediario, el cual puede controvertir el intermediario.
Anota que, si fuera cierta la afirmación del Tribunal, el declarante tendría la
posibilidad de controvertir la base de datos de la administración de riesgos, pero en
realidad lo que se le permite es controvertir la duda planteada demostrando el precio
realmente pagado o por pagar por el destinatario mediante la factura emitida en el
lugar de origen por el remitente, pues el intermediario no es el importador ni es parte
de la relación comercial.
Así las cosas, en este caso, se debe tener en cuenta que la demandante no aportó
las facturas en su poder, es decir que no se opuso a la duda planteada, y
contrariamente sí entregó la mercancía sin liquidar ni pagar los tributos. Señala que
además se observa que muchas veces ni siquiera pagó los tributos liquidados sobre
el valor FOB declarado, sino sobre valores inferiores.
5. El a quo desconoce que se trata de un procedimiento para hacer efectiva
la garantía y no una liquidación oficial de revisión de valor.
Sostuvo que el fundamento de la sentencia impugnada tendría validez si se tratara
de un proceso de valoración aduanera en el cual se determinan los precios
estimados, los precios indicativos, los precios oficiales, los precios de referencia o
el valor en aduana. Sin embargo, en este caso no es así, pues el procedimiento
adelantado tiene como objetivo hacer efectivas las garantías constituidas por el
intermediario, sin necesidad de que exista un procedimiento administrativo para la
expedición de una liquidación oficial, propósito para el cual, dentro del mes siguiente
a la fecha en que se establezca el incumplimiento de la obligación garantizada, se
debe comunicar al usuario otorgando un término de diez días para dar respuesta o
acreditar el pago, vencido el cual, sin acreditar dicho pago, se remite el expediente
a la División de Liquidación para que dentro de los quince días siguientes profiera
la resolución que ordene hacer efectiva la garantía, conforme lo determina el artículo
530 de la Resolución Nro. 4240 del 2000.
6. Jurisprudencia aplicable.
La apelante solicitó aplicar a este caso el precedente contenido en la sentencia del
4 de junio de 20203.
Alegatos de conclusión

La actora reiteró lo expuesto en la demanda con relación al cargo de falsa

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2015-00480-01 (23135). Sentencia del 4 de junio de 2020. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
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motivación. Además, destacó que, en virtud del artículo 328 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia solo tiene competencia para pronunciarse
sobre los motivos de inconformidad propuestos por el apelante único.

La DIAN reiteró lo expuesto en el recurso de apelación.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de las Resoluciones Nro. 03-241-
201-670-12-1103 del 9 de junio, Nro. 03-241-201-656-1-1516 del 31 de julio y Nro.
03-201-408-607-0860 del 23 de septiembre de 2015, proferidas por la DIAN, que
declararon el incumplimiento de las obligaciones aduaneras a cargo de Mar Express
S.A.S. por no pagar la totalidad de los tributos generados de las propuestas de valor
de la autoridad aduanera respecto de la mercancía ingresada en julio de 2013 y en
consecuencia, hicieron efectiva la garantía global presentada por la demandante.

Cuestiona el apelante que, el Tribunal incurrió en errores por falta de apreciación de las
circunstancias fácticas y normas que regulan las obligaciones de los intermediarios
de tráfico postal; a estos efectos señaló que los artículos 201 y 203 del Decreto 2685
de 1999 establecen que tales intermediarios tienen la obligación de registrar la
información de la guía en los sistemas informáticos de la DIAN antes de que la
mercancía llegue al país, y de conservar las guías hijas (documentos de transporte)
y las facturas de cada guía. Agregó que el acta de reconocimiento de la mercancía,
es firmada por el funcionario de la DIAN que hace la inspección e inmediatamente
es entregada al representante legal del intermediario para su cumplimiento o para
que formule reparos.

Igualmente reprochó que el Tribunal incurrió en un error de apreciación jurídica
sobre el procedimiento previsto en el artículo 119-1 de la Resolución Nro. 4240 del
2000 que establece el procedimiento para plantear la duda entre el valor consignado
en el documento de transporte y los precios de referencia de la base de datos del
sistema de administración de riesgos u otras fuentes, lo cual es diferente al
procedimiento del artículo 237 del Decreto 2685 de 1999 sobre precios de
referencia, señalado por el Tribunal, que corresponde al método de valor previsto
para una importación ordinaria.

También sostuvo el apelante que el Tribunal desconoció que se trata de un
procedimiento para hacer efectiva la garantía constituida por el intermediario y no
una liquidación oficial de revisión de valor o de valoración aduanera, señalando que
en el proceso en discusión no existe un procedimiento administrativo para la
expedición de una liquidación oficial.

Para decidir este litigio, la Sala pone de presente que analizó casos que guardan
identidad fáctica y jurídica, mediante las sentencias del 4 de junio de 20204, del 9

4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2015-00480-01 (23135). Sentencia del 4 de junio de 2020. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
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de julio de 20215, del 3 de marzo de 20226, del 15 de septiembre de 20227 y del 16
de febrero de 20238; procesos en los que se pretendió la nulidad de las resoluciones
que declararon el incumplimiento de las obligaciones aduaneras a cargo de un
intermediario de tráfico postal y envíos urgentes e hicieron efectivas las garantías,
por lo que en lo pertinente, se reiterará el criterio jurisprudencial de tales
providencias.

Pues bien, las referidas sentencias explicaron que el artículo 192 del Decreto 2685
de 1999, estatuto aduanero vigente para la época de los hechos, prevé que bajo la
modalidad de importación de tráfico postal y envíos urgentes se pueden introducir
al territorio aduanero nacional los envíos de correspondencia, los envíos por red
oficial de correos y los envíos urgentes cuyo valor no exceda el valor de $2.000
dólares estadounidenses.

Por su parte, el artículo 119 de la Resolución Nro. 4240 del 2000, también vigente
para esa época, determinaba que, una vez ingresada la correspondencia al territorio
aduanero nacional, la empresa de mensajería especializada tiene la obligación de
entregar vía electrónica el manifiesto expreso de carga en el que conste, entre otros
datos, el valor FOB, conforme con la factura que exhiba el remitente, o con lo
declarado por este en el lugar de despacho.

En este marco, destacan las providencias que, el artículo 119-1 de la misma
resolución, establece que si la DIAN detecta una discrepancia entre el valor FOB
consignado en el documento de transporte y los precios de referencia de la base de
datos del sistema de administración de riesgos o de la información provenientes de
otras fuentes, debe poner de presente la situación al intermediario de tráfico postal
y envíos urgentes para que allegue los documentos que acrediten el precio
realmente pagado o por pagar o para que realice de forma voluntaria el ajuste
correspondiente.

Con base en lo anterior, en la sentencia del 4 de junio de 2020, se destacó que el
procedimiento de reconocimiento de mercancía previsto en los artículos 119 y 119-
1 de la Resolución Nro. 4240 del 2000 es previo a la entrega de la misma al
destinatario, por lo que este trámite es «un control previo al perfeccionamiento de la
declaración de importación simplificada con la firma de dicho destinatario»

Sin embargo, esto no impide que la DIAN realice un control posterior. Solo que,
como lo indicó la sentencia del 9 de julio de 2021, en estos casos deberá
adelantarse el trámite correspondiente para proferir una liquidación oficial de
revisión de valor, pues la autoridad tributaria «tendrá que desvirtuar la veracidad de la
declaración de importación simplificada mediante el procedimiento de liquidación regido con base en
los artículos 513 y siguientes del EA».

Además, señaló la providencia antes citada que, si se adelanta un control previo y
el intermediario de tráfico postal y envío urgentes decide voluntariamente ajustar el
valor en aduanas o el valor FOB declarado, se obtendrá el levante de la mercancía,

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2015-01943-01 (23130). Sentencia del 9 de julio de 2021. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2015-01985-01 (25773). Sentencia del 3 de marzo de 2022. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2016-01308-01 (25833). Sentencia del 15 de septiembre de 2022. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2019-00452-01 (26286). Sentencia del 16 de febrero de 2023. CP: Wilson Ramos Girón.
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por lo que podrá entregarse a los destinatarios, pero el intermediario «asumirá el deber
de recaudar los tributos que, como consecuencia del ajuste, procedan y, en el término fijado por la
Administración, presentará la declaración de pago consolidado de los tributos aduaneros».

También indicó que la distinción entre el control previo y el control posterior es
reconocida por la autoridad aduanera en el Concepto Nro. 61203 de 2013, donde
sostuvo que «(…) si la mercancía fue sometida ya a la modalidad de importación y con
posterioridad a la presentación de la misma se advierta que existen diferencias entre el valor
declarado y el valor real de la transacción, procederá la práctica de una liquidación oficial de revisión
en los términos del artículo 514 del Decreto 2685 de 1999».

También precisaron las sentencias reiteradas que, la Resolución Nro. 4240 del 2000
establece dos procedimientos distintos para hacer efectiva la garantía. El primero,
previsto en el artículo 531, que dispone que la garantía puede hacerse efectiva en
el acto sancionatorio, de decomiso o de liquidación oficial, por lo que deberán
ordenar la notificación a la entidad garante. El segundo, regulado en el artículo 530,
que procede cuando no se adelante alguno de estos procedimientos (sancionatorio,
de decomiso o de liquidación oficial), según el cual, transcurrido un mes desde el
establecimiento del incumplimiento de la obligación, se correrá traslado al
responsable por 10 días para que acredite el pago y, de no hacerse, dentro de los
15 días siguientes, la DIAN proferirá el acto que declare el incumplimiento de la
obligación, haga efectiva la garantía y notifique al garante.

Ahora bien, como se expuso en la sentencia del 3 de marzo de 2022, «(…) de acuerdo
con el objetivo que persiga el procedimiento aplicado por la DIAN, las pruebas que fundamentan los
actos administrativos que se profieran en estos, estarán dirigidas a demostrar los hechos pertinentes
respecto del mismo, es decir, mientras en el procedimiento en el que se discute el valor de la
mercancía será necesario demostrar la fuente de los precios de referencia sobre los cuales la
DIAN modifica su valor, en el procedimiento que busca hacer efectiva una garantía, solo basta con
demostrar el incumplimiento de la obligación». (énfasis de la Sala).

Acorde con la jurisprudencia que se reitera, en la medida que el trámite previsto en
el artículo 530 de la Resolución Nro. 4240 del 2000 tiene como objeto hacer efectiva
la garantía y no la determinación del valor en aduana de la mercancía, no es
necesario que en el expediente administrativo obre la copia de los documentos de
transporte (guías hijas) de la correspondencia especializada ingresada al territorio
nacional aduanero, la copia de las declaraciones consolidadas de pago, la copia del
reporte de los precios de referencia de correspondencia de la base de datos del
sistema de administración de riesgos de la DIAN, la copia de las actas de
reconocimiento de mercancía, y los autos comisorios de los funcionarios que
adelantaron la diligencia de reconocimiento y verificación de la mercancías.

Atendiendo estas precisiones, la Sala observa que en este caso está probado lo
siguiente:

• La Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Aduanas de Bogotá profirió la Resolución Nro. 03-241-201-670-12-1103 del 9
de junio de 2015, por la cual se declara el incumplimiento de obligaciones y se
ordena hacer efectiva la garantía, en la cual se dispuso:
«Acorde con lo anterior y teniendo en cuenta que la sociedad MAR EXPRESS S.A.S. con Nit.
900.234.514-3 no ha cancelado la totalidad de los tributos aduaneros generados por la
Propuesta de Valor de la autoridad aduanera, se procede a declarar el incumplimiento de la
obligación como Intermediario de tráfico postal y envíos urgentes y se ordenará en la parte
resolutiva del presente acto la efectividad de la póliza No. 31 DL011171, certificado de
modificación No. 31 DL022003 del 29 de enero de 2013, con vigencia desde el 24 de mayo
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de 2013 hasta el 24 de agosto de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 530
de la Resolución 4240/00.
(…)
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento de la obligación aduanera como
Intermediario de Tráfico Postal y Envíos Urgentes a la sociedad MAR EXPRESS S.A.S. con
Nit. 900.234.514-3 por no pagar la totalidad de los Tributos Aduaneros generados por las
Propuestas de Valor de la autoridad aduanera, respecto de la mercancía arribada al país con
los Documentos de Transporte citados en los CUADROS “PRIMERA QUINCENA JULIO 01 A
JULIO 15 DE 2013 y SEGUNDA QUINCENA JULIO 16 A JULIO 31 DE 2013”, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la efectividad proporcional de la Póliza de Cumplimiento
de Disposiciones Legales No. 31 DL011171, certificado de modificación No. 31 DL022003 del
29 de enero de 2013, con vigencia desde el 24 de mayo de 2013 hasta el 24 de agosto de
2014, expedida por COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA, a favor
de la Nación Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN y constituida por la sociedad MAR EXPRESS S.A.S. con Nit 900.234.514-3, por un
valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS ONCE
PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS $85.600.411,37 que corresponden a
TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS $30.675.258,54 por concepto
de ARANCEL y, CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL
CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS $54.925.152,83 por
concepto de IVA, más los intereses a que haya lugar, que corresponden a la Primera y
Segunda Quincena de JULIO de 2013»9 (subrayado de la Sala y negrilla del original).

• Mar Express S.A.S. presentó los recursos de reposición y, en subsidio, de
apelación contra la anterior decisión10.

• La DIAN negó el recurso de reposición mediante la Resolución Nro. 03-241-
201-656-1-1516 del 31 de julio de 2015. Se destaca que, en su parte
considerativa, expuso lo siguiente:
«De conformidad con el procedimiento administrativo establecido en el artículo 530 de la
Resolución 4240/00 y en aras de garantizar el derecho a la defensa, el GIT de Control Usuarios
Aduaneros le solicitó a la sociedad MAR EXPRESS S A S con NIT 900.234.514-3 allegar a la
investigación el número y fecha del Formulario 10006 “Presentación de Información por
Envíos de Archivos”, que a su vez asocia el Formulario 540 "Declaración Consolidada de
Pagos” y el Formulario 690 “Recibo Oficial de Pagaos (sic) de Tributos Aduaneros y
Sanciones Cambiarias”.
Así las cosas, tenemos que en el presente caso una vez verificada la información aportada
por la División de Gestión de Operación Aduanera versus la informada por la sociedad
investigada, se pudo establecer que existen diferencias entre el valor propuesto por la
autoridad aduanera y el valor realmente cancelado por concepto de tributos, tal y como se
evidencia en la columna valor FOB encontrado en el archivo XML (información registrada en
los SIES-SISTEMAS INFORMÁTICOS ELECTRÓNICOS- administrados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales)»11 (subrayado de la Sala y negrilla del original).

• La DIAN también negó el recurso de apelación mediante la Resolución Nro.
03-201-408-607-0860 del 23 de septiembre de 201512. De la lectura de este
acto se desprende que la mercancía fue entregada a sus destinatarios.

A partir del anterior recuento, encuentra la Sala que los actos administrativos
acusados fueron proferidos siguiendo el procedimiento para hacer efectiva la

9 SAMAI. Índice 2. PDF 9. Página 21.
10 Expediente físico. Anexo. Folios 27 a 32
11 SAMAI. Índice 2. PDF 9. Página 26.
12 Ibidem. Páginas 30 a 42.
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garantía del artículo 530 de la Resolución Nro. 4240 del 2000, que no para
determinar el valor en aduana de la mercancía. Repárese en que, la parte resolutiva
de la resolución de incumplimiento se circunscribe a declarar incumplida la
obligación de pagar los tributos aduaneros y a ordenar en consecuencia, hacer
efectiva la póliza, con la cual fueron garantizados.

Conforme se señaló en las providencias que han sido citadas, no era necesario que
se profiriera una liquidación oficial de revisión de valor de forma previa a la
declaratoria del incumplimiento y a la afectación de la garantía, solo se pretendía
obtener el recaudo de los mayores tributos dejados de pagar por la intermediaria de
tráfico postal.

Bajo las anteriores premisas, no era necesario que en el expediente administrativo
obrara la copia del reporte de los precios de referencia de correspondencia de la
base de datos del sistema de administración de riesgos de la DIAN, como lo
concluyó el Tribunal, en tanto no se trataba de un procedimiento de revisión del
valor, sino de ejecución de la obligación a través de efectividad de la garantía, de
manera que no encuentra la Sala que se hubiera obstaculizado el ejercicio del
derecho de defensa de la demandante.

Por la misma razón, tampoco era necesario que en el expediente del trámite
regulado por el artículo 530 de la Resolución Nro. 4240 del 2000 obraran los demás
documentos enunciados en la demanda, esto es, la copia de los documentos de
transporte (guías hijas) de la correspondencia especializada ingresada al territorio
nacional aduanero, la copia de las declaraciones consolidadas de pago, la copia de
las actas de reconocimiento de mercancía, ni la copia de los autos comisorios de
los funcionarios que adelantaron la diligencia de reconocimiento y verificación de la
mercancías.

Con todo, advierte la Sala que en el expediente consta que las actas de
reconocimiento, que fueron aportadas en el trámite judicial, fueron suscritas por el
representante de la demandante13. Adicionalmente que, en respuesta al Oficio Nro.
01-03-238-420-961 del 22 de septiembre de 201414, Mar Express S.A.S. suministró
información que identifica el número y fecha de los documentos de transporte (guías
masters y guías hijas), el valor FOB declarado en las declaraciones consolidadas
de pago (formularios 540) y el valor FOB. propuesto por la Dian en las diligencias
de reconocimiento de mercancía (formularios 1154), que corresponde al mes de
julio de 201515, todo lo cual pone de presente que la intermediaria conocía el
contenido de esos documentos.

Por todo lo expuesto, se dará prosperidad al recurso de apelación.
Sin embargo, como advierte la Sala que habiendo proferido el Tribunal un fallo que
acogía las pretensiones de la actora, se relevó de analizar el cargo de nulidad según
el cual la DIAN incurrió en falsa motivación porque los actos acusados no
relacionaron las subpartidas arancelarias declaradas en las guías de mensajería
especializadas para determinar el arancel o el IVA procedente, según lo exige el
artículo 200 del Decreto 2685 de 1999. Así como el cargo relacionado con la
violación del derecho al debido proceso porque la autoridad aduanera no adelantó
el trámite para proferir una liquidación oficial de revisión de valor, procederá la Sala

13 Expediente físico. Cuaderno principal. Folios 145 a 222.
14 Expediente físico. Anexo. Folios 9 a 10.
15 Expediente físico. Anexo. Folios 13 a 15
14

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a pronunciarse sobre tales asuntos, en garantía del derecho al debido proceso de
la parte actora16.

A estos efectos se precisa reiterar que, los actos administrativos acusados se
circunscribieron a declarar el incumplimiento de las obligaciones tributarias
aduaneras del intermediario y efectivizar la garantía, su alcance no era reparar en
el valor declarado, de manera que no se requería adelantar el procedimiento
previsto para la liquidación oficial de revisión de valor y, por este mismo motivo,
resulta improcedente la discusión sobre el valor de la mercancía, atendiendo las
subpartidas arancelarias.

Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, negará las
pretensiones de la demanda. Además, no se impondrá condena en costas porque
no fue demostrada su causación, tal como lo exige el artículo 365 del Código
General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, el 6 de
noviembre de 2020.

2. Negar las pretensiones de la demanda.

3. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

16 En este sentido ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
25000-23-37-000-2014-01110-01 (23305). Sentencia del 18 de febrero de 2021. CP: Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
15

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