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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00452-01

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00452-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia apelada. En su lugar: Primero: negar las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo considerado en la sentencia de segunda instancia. Segundo: sin condena en costas en primera instancia. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2019-00452-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

16 de febrero de 2023

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00452-01 (26286)
Demandante: Mar Express SAS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2019-00452-01 (26286)
Demandante: Mar Express SAS
Demandada: DIAN

Temas: Tributos aduaneros. Modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.
Control previo. Ajuste de valor. Procedimiento para hacer efectiva la
garantía.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia
del 11 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, que decidió (índice 15)1:

Primero: se declara la nulidad de la Resolución de Incumplimiento nro. 0645, del 11 de mayo de
2016, de la Resolución nro. 1059, del 18 de julio de 2016, a través de la cual se resolvió el recurso
de reposición, y de la Resolución nro. 0698, del 19 de agosto de 2016, mediante la cual se desató el
recurso de apelación; actos por los cuales la DIAN declaró el incumplimiento de obligaciones
aduaneras por parte de Mar Express durante los meses de julio a diciembre de 2014 y se hizo
efectiva la garantía. Esto, de conformidad con las considerativas de la providencia.

Segundo: a título de restablecimiento del derecho, se declara que la DIAN no puede hacer efectiva
proporcionalmente la póliza de cumplimiento de obligaciones legales nro. 31DL011172, certificado
de modificación nro. 31DL022003, del 29 de enero de 2013, con vigencia desde el 24 de mayo de
2013 hasta el 24 de agosto de 2014, expedida por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.
Confianza.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la Resolución nro. 0645, del 11 de mayo de 2016, la demandada declaró el
incumplimiento de las obligaciones aduaneras a cargo de la actora por no pagar la
totalidad de los tributos aduaneros respecto de 1321 paquetes de mensajería, de acuerdo
con la nueva base de liquidación (valor Fob) fijada por la aduana, y no objetada por la
demandante, en el acta de hechos de reconocimiento de mercancía; motivo por el cual,
dispuso hacer efectiva la póliza de garantía por el valor correspondiente a los tributos
dejados de pagar. Este acto fue confirmado, tras la interposición de los recursos de
reposición y apelación, mediante las resoluciones nros. 1059, del 18 de julio del 2016, y
0698, del 19 de agosto de 2016 (índice 2)2.

1 Del repositorio informático Samai del tribunal.
2 Del repositorio informático Samai.

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00452-01 (26286)
Demandante: Mar Express SAS

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes
pretensiones (índice 2):

Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución nro. 03-241-201-670-12-0645, del 11 de mayo
de 2016, (…), en la cual se dispuso: [a continuación transcribe la parte resolutiva del acto].

Segunda: Que es nula la Resolución nro. 03-241-201-656-1-1059, del 18 de julio de 2016, (…), por
medio de la cual se dispuso resolver el recurso de reposición contra la Resolución nro. 03-241-201-
670-12-0645 (…).

Tercera: Que es nula la Resolución nro. 03-236-408-607-0698, del 19 de agosto de 2016, (…), en la
cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto (…).

Cuarta: Que, a título de restablecimiento del derecho, se exonere a la [demandante] del pago fijado
en la Resolución de Incumplimiento nro. 03-241-201-670-12-0645, del 11 de mayo de 2016, (…) y a
su vez se exonere a la sociedad demandante de la afectación de la Póliza de Cumplimiento de
Disposiciones Legales nro. 31DL011171, con certificado de modificación nro. 31DL022003 del 29 de
enero de 2013, con vigencia desde el 24 de mayo de 2013 hasta el 24 de agosto de 2014 (…).

Quinta: Que se ordena a la [demandada] dar cumplimiento a la sentencia en los términos del inciso
primero del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

A los anteriores efectos, invocó como violados los artículos 29 de la Constitución; 200,
201 y 514 del Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero, EA); 137, 138, 162 y 164 del
CPACA (Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), y 119-1 y 530 de la Resolución 4240 del 2000, bajo el siguiente concepto
de violación (índice 2):

La actora sostuvo que la demandada vulneró su debido proceso, porque adelantó el
procedimiento de declaratoria de incumplimiento de obligaciones aduaneras para liquidar
los mayores tributos aduaneros exigidos, siendo el correcto el de liquidación oficial de
revisión de valor, en los términos del artículo 514 del EA, pues la discusión versaba sobre
la diferencia entre el valor en aduana declarado y el aplicado por la autoridad.

Sin perjuicio de lo anterior, señaló que los actos demandados están falsamente
motivados porque las actas de las diligencias de reconocimiento de bienes no obraban
en el expediente administrativo; tampoco reposaba la declaración consolidada de pagos,
el Formulario 1166 ni el acto administrativo que facultaba a los funcionarios para llevar a
cabo el reconocimiento de la mercancía y la discusión de valor en ese control simultáneo.
En ampliación de ello, aseguró que, a pesar de que en el expediente administrativo existe
el reporte de la jefe GIT de Registro y Control a Usuarios Aduaneros, a través del cual
puede verificarse el valor Fob propuesto por la demandada y el valor pagado por la actora,
dicha relación no es el documento idóneo para ajustar ese valor, conforme lo regula el
artículo 119-1 de la Resolución 4240 de 2000. Adicionalmente, ante la duda surgida en
el valor Fob declarado, debió seguirse el procedimiento fijado en el referido artículo 119-
1, para cada una de las 1321 guías de mensajería especializada, esto es, emitirse las
actas que impulsaron las propuestas de modificación del valor Fob pagado por la actora,
con el fin de que se pudiera determinar si dichos ajustes se enmarcaban en la lista de
precios de referencia, lo cual no ocurrió. Sumado a esto, estimó que la motivación del

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acto también se vio afectada porque no se relacionaron las subpartidas arancelarias para
identificar el correspondiente valor del tributo a cargo, lo cual era necesario por cuanto
algunas de las mercancías de mensajería especializada no estaban gravadas con el
arancel y/o estaban excluidas del IVA.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 2)3. Con ese fin, aseveró
que no era procedente la expedición de una liquidación oficial de revisión de valor, dado
que, por la naturaleza especial de la modalidad de importación de tráfico postal y envíos
urgentes, no le es aplicable ese procedimiento, según se desprende de los artículos 2.°,
26 y 117 a 124 de la Resolución 4240 de 2000. No hubo falsa motivación, porque se
atendió el procedimiento de la legislación aduanera y se demostró que los tributos
aduaneros pagados por la demandante fueron inferiores, incluso, al que correspondía por
el valor Fob declarado que a su vez también era inferior al propuesto por la autoridad en
la diligencia de reconocimiento de mercancía con base en los precios de referencia,
aspecto que quedó plenamente evidenciado en el cuadro Excel (hoja de trabajo 1) donde
se identifica el número de la guía hija, el valor declarado inicialmente en las 1321 guías
hijas, el valor propuesto por el funcionario de la aduana en el momento del reconocimiento
de la mercancía, el valor en aduanas base de liquidación (F1084) que sirvió de
fundamento para sufragar los tributos aduaneros y demás datos necesarios para liquidar
y determinar la diferencia que dejó de pagar la demandante.

Además, defendió que el acta de hechos de reconocimiento de mercancía y los
documentos originales de las guías hijas (documentos de transporte) están en poder de
la demandante, de manera que ella no puede censurar su falta de conocimiento o su
ausencia en el expediente administrativo, ya que, por mandato de los artículos 201 y 203
del EA, aquella, como intermediaria de tráfico postal, es quien tiene el deber de conservar
estos últimos documentos. Por lo demás, explicó que la propuesta de valor pudo ser
objeto de reclamación por parte de la intermediaria, quien debía probar el valor pagado o
por pagar y, en caso de asistirle la razón, se hubiere aceptado el valor declarado.

Sentencia apelada

El tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas (índice 2).
Al efecto, consideró que se violó el debido proceso de la actora, pues, siendo que el
sustento fáctico de la actuación administrativa consistía en una discrepancia entre los
valores de la mercancía importada por la actora como intermediaria, en la modalidad de
importación de tráfico postal y envíos urgentes, y los valores propuestos por la aduana
en el control llevado a cabo en el reconocimiento de la mercancía, lo propio era adelantar
el procedimiento de liquidación oficial de revisión de valor fijado en los artículos 507 y 514
del EA y, posterior a ello, ordenar hacer efectiva la garantía por los mayores tributos
aduaneros dejados de pagar.

Recurso de apelación

La demandada apeló la decisión de primer grado (índice 2), para lo cual advirtió que el a
quo confundió las actuaciones administrativas que realiza la aduana en el control
simultáneo con aquellas procedentes en el control posterior. Así, reiteró que la modalidad
de importación de tráfico postal y envíos urgentes tenía un procedimiento breve y

3Propuso como excepción previa la falta de competencia del juzgado que inicialmente admitió la demanda, aspecto

que fue resuelto en la audiencia inicial del 27 de junio de 2019 en el sentido de enviar el proceso a la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (índice 2).

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expedito que no se rige por los trámites propios de una importación ordinaria y, por lo
mismo, no se sujeta al procedimiento de liquidación oficial de revisión de valor, pues la
operación de comercio exterior se llevó a cabo por la actora en calidad de intermediaria,
quien aceptó los hallazgos de la autoridad aduanera fijados en el acta de hechos firmada
por la usuaria y el funcionario respectivo, sin objetar el valor propuesto y comprobando el
precio realmente pagado o por pagar, en la forma como lo prevé el artículo 119-1 de la
Resolución 4240 del 2000. De este modo, la demandante procedió a entregar la
mercancía a sus destinatarios, lo que significó la aceptación de la propuesta de valor, por
lo que debió presentar la declaración simplificada y acreditar el pago de los tributos
aduaneros (artículo 201 del EA), sin que para ello debiera adelantarse el procedimiento
de revisión de valor del artículo 514 del EA, pues los actos acusados no tenían por objeto
la reliquidación de tributos aduaneros -porque, insiste, estos ya habían sido objeto de
ajuste por la actora en la declaración simplificada-, sino el de hacer efectiva una garantía
constituida por el intermediario de tráfico postal para el cobro de los tributos ajustados
(artículo 530 Resolución 4240 de 2000) que, a pesar de haber sido cobrados por este a
los destinatarios de la mercancía -que se convierten en importadores-, no habían sido
pagados a la Administración, a través de la presentación de la declaración consolidada
de pagos.

Pronunciamientos sobre el recurso

Las partes ni el ministerio público intervinieron en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala sobre la legalidad de los actos enjuiciados, atendiendo a los cargos de
apelación formulados por la demandada, contra la sentencia de primer grado, que
accedió a las pretensiones de la demanda. Concretamente se debe determinar si, como
lo asegura la apelante, el procedimiento que debió emplear la Administración para
obtener el pago de mayores tributos aduaneros era el previsto para declarar el
incumplimiento de obligaciones aduaneras y hacer efectiva la garantía, conforme al
artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000. En el evento de que proceda el cargo de
apelación de la demandada, corresponde a la Sala decidir los demás reparos de nulidad
formulados por la actora, esto es, si los actos estuvieron falsamente motivados por cuenta
de que en la actuación administrativa adelantada no se anexaron documentos
consistentes en: autos comisorios que le asignaban competencia a los funcionarios que
efectuaron la proposición de valor, las guías hijas, los documentos de transporte, las
actas de hechos en las que consta la proposición de valor efectuada por la aduana y la
relación de las subpartidas arancelarias de la mercancía, pues, estos aspectos no fueron
revisados por el a quo.

2- Para decidir los anteriores problemas jurídicos la Sala reiterará los criterios de decisión
adoptados en las sentencias del 08 de julio de 2021 (exp. 23130, CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez), 03 de marzo de 2022 (exp. 25773, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), 08
de septiembre de 2022 (exp. 25877, CP: Milton Chaves García) y 10 de noviembre de
2022 (exp. 26743, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), en las que se decidieron asuntos
análogos al debatido y, en particular, en estas últimas dos providencias el litigio era entre
las mismas partes, pero por importaciones efectuadas en otras oportunidades.

2.1- Sobre la primera cuestión litigiosa, la actora y el tribunal coinciden en que el
procedimiento para proponer un ajuste en el valor Fob de la mercancía introducida al

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territorio aduanero nacional en la modalidad de importación de tráfico postal y envíos
urgentes debía hacerse mediante la liquidación oficial de revisión de valor. Por su parte,
la demandada y apelante única insiste en que el objeto de los actos demandados no era
plantear una controversia de valor de las declaraciones de importación simplificadas en
los términos del artículo 514 del EA, pues ello tuvo lugar con anterioridad a la expedición
de los actos demandados siguiéndose el procedimiento del artículo 119-1 de la
Resolución 4240 de 2000 para el tipo de control aduanero que ejercía la autoridad en la
etapa de reconocimiento de la mercancía; en cambio, los actos acusados tienen como
finalidad hacer efectiva la garantía extendida por la intermediaria de tráfico postal, para
obtener el recaudo de los mayores tributos aduaneros no incorporados en la declaración
de pago consolidado luego de que la demandante no objetara el valor Fob propuesto
dentro del procedimiento de duda del valor declarado que le había sido adelantado y el
que culminó con el levante de la mercancía y su entrega a los destinatarios, con la
correlativa obligación de haberles recaudado los tributos aduaneros conforme a la nueva
base imponible de la obligación.

2.2- Sobre ese particular, de acuerdo con la tesis jurídica de la Sala, para la época de los
hechos, dentro del régimen de importación, se regulaba en los artículos 192 a 203 del
entonces EA la modalidad de importación de tráfico postal y envíos urgentes, a través del
cual se podían ingresar los paquetes postales y envíos urgentes de la mercancía cuyo
valor no excediera de $2000 dólares estadounidenses (artículo 192 del EA) y cumplieran
los demás requisitos reseñados en el artículo 193 siguiente, tras lo cual la mercancía
podrá quedar en libre disposición. Los paquetes postales y los envíos urgentes, con
excepción de los envíos de correspondencia, pagarán el gravamen ad valorem
correspondiente a la subpartida arancelaria 98.03.00.00.00 del arancel de aduanas, salvo
cuando el remitente haya indicado expresamente la subpartida específica de la
mercancía despachada, pagando el gravamen ad valorem señalado para esa subpartida
(artículo 200 del EA). Asimismo, se liquidará el IVA a que haya lugar, de acuerdo con la
descripción de la mercancía. En ambos casos, la obligación relativa al pago de los tributos
aduaneros recae sobre el intermediario de tráfico postal en el mismo documento de
transporte de las mercancías que entregue a cada destinatario y que, para los efectos de
esta modalidad de importación, constituye la declaración de importación simplificada,
luego de lo cual, recaudará los tributos del obligado tributario (el destinatario) y los
transferirá a la aduana mediante la declaración consolidada de pagos, presentada por
medio del sistema informático aduanero y, una vez aceptada por la DIAN, el pago se
debe realizar oportunamente en los bancos autorizados (artículos 202 y 203, letra c. del
EA).

Siendo que el intermediario de tráfico postal es el responsable por el pago de los tributos
aduaneros y las sanciones correspondientes, deberá constituir garantía del cumplimiento
de las respectivas obligaciones aduaneras (artículo 480 del EA), este usuario aduanero -
que podrá ser Sociedad de Servicios Postales Nacionales o quien haga sus veces, o una
empresa legalmente autorizada e inscrita ante la DIAN- es también quien cumple las
obligaciones aduaneras relativas a los controles, previo, simultáneo y, en algunos casos,
posterior, relacionados con la mercancía ingresada al territorio aduanero nacional.

2.3- A propósito de los tres tipos de controles aduaneros que puede emprender la
Administración, la Sala ha precisado que, según el artículo 195 del EA, los trámites de
importación bajo esta modalidad deberán realizarse por la aduana de ingreso de las
mercancías al territorio aduanero nacional, esto es, por el puerto o aeropuerto. Dicha
mercancía será almacenada en los depósitos habilitados por la DIAN para la empresa
operadora de servicio postal e intermediarios autorizados e inscritos y su uso será
exclusivamente para la mercancía ingresada bajo esa modalidad de importación, la cual

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podrá permanecer, para el caso de los intermediarios autorizados de tráfico postal y
envíos urgentes, por un tiempo de hasta un mes contado desde la fecha de su llegada al
territorio aduanero nacional (artículos 198 y 199 ídem, en consonancia con el artículo 78
de la Resolución 4240 de 2000), vencido este plazo sin que se haya legalizado, será
reembarcada o quedará en situación de abanadono legal, eventos en los que de no
legalizarse mediante su rescate (artículo 231) pasará a ser titularidad de la nación. Desde
su arribo al territorio hasta la aceptación de la declaración de importación simplificada, la
aduana tiene competencias para ejercitar controles previo y simultáneo respecto de los
documentos aduaneros que está en obligación de presentar la intermediaria de tráfico
postal, salvo la declaración consolidada de pagos, la cual será presentada con la
periodicidad que establezca la DIAN y que no necesariamente coincidirá con las etapas
en las que la aquella ejercerá control aduanero de la mercancía que se pretende someter
a esa modalidad de importación (artículo 202 ídem). Con miras a acreditar el correcto
empleo de la modalidad de tráfico postal, el intermediario debe poner a disposición de la
autoridad aduanera el manifiesto expreso, que comprende la relación total de los
paquetes o envíos urgentes y los correspondientes documentos de transporte,
elaborados en el lugar de origen, que deben acompañar cada paquete rotulado con la
indicación del nombre y dirección del remitente, nombre de la empresa de mensajería
especializada, nombre y dirección del consignatario, descripción y cantidad de las
mercancías, valor en aduanas expresado en dólares de EE. UU. (valor Fob), dentro del
método de valoración soportado con la respectiva factura expedida y peso bruto del bulto
expresado en kilos (art. 196 del EA y 119 de la Resolución 4240 del 2000).

Estando en el control previo o en el simultáneo, esto es, antes de que se perfeccione la
modalidad de importación empleada, la aduana tiene la potestad de formular duda en el
valor en aduanas declarado. Si bien, para el caso de la modalidad de importación
ordinaria era el propio numeral 5.° del artículo 128 del EA el que establecía el
procedimiento de controversia de valor en esa etapa previa a obtener el levante de la
mercancía, para el caso de la modalidad de importación de tráfico postal y envíos
urgentes, el artículo 119-1 de la Resolución 4240 de 2000 desarrolló un trámite especial
relativo a la duda en el valor declarado; con base en este, la Administración constatará la
realidad económica de la mercancía introducida al TAN, a efectos de establecer no solo
la procedencia de su importación bajo esta modalidad, sino también la correcta
determinación del pago de tributos aduaneros que se trasladarían a los destinatarios una
vez el intermediario de tráfico postal presente la declaración consolidada de pago. En ese
orden, siguiéndose el procedimiento del artículo en mención, cuando resulta una
diferencia entre el valor consignado en el documento de transporte -que hará las veces
de declaración de importación simplificada- y los precios de referencia de la base de datos
del sistema de administración de riesgos o los provenientes de otras fuentes, el
funcionario, mediante el acta de diligencia -acta de hechos, art. 119 ídem-, planteará la
duda correspondiente solicitando la información y documentos que acrediten la exactitud
en la valoración, en cuyo caso: (i) la entrega de la mercancía bajo esta modalidad
procederá si, dentro del término legal de permanencia de la misma en el depósito, el
intermediario presenta los documentos que demuestran el precio realmente pagado o por
pagar o realiza de forma libre y voluntaria el respectivo ajuste, siempre que ello no
conlleve al cambio de la modalidad de importación; (ii) si, dentro del término legal de
permanencia de la mercancía en el depósito, el intermediario no acredita en debida forma
el precio o no lo ajusta libre y voluntariamente, operará el abandono legal (en
concordancia con los artículos 115 y 231 del EA); (iii) si la propuesta de ajuste conlleva
el cambio de modalidad, se dispondrá el traslado de la mercancía al depósito habilitado,
a fin de que se someta a otra modalidad de importación, según los términos del parágrafo
2.º del artículo 119-1 y del artículo 120 ibidem.

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Conforme al artículo 1.° del EA, el acta de inspección o de hechos que se levanta en la
diligencia de reconocimiento de la mercancía es un acto administrativo de trámite, en el
cual se consignan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realiza la
diligencia de inspección de mercancías de procedencia extranjera, visitas de verificación
o de registro, o acciones de control operativo; la cual contiene, como mínimo, la siguiente
información en lo que le corresponda: (i) facultades legales del funcionario para actuar,
lugar, fecha, número y hora de la diligencia; (ii) identificación del medio de transporte en
que se moviliza la mercancía, identificación de las personas que intervienen en la
diligencia, y de las que aparezcan como titulares de derechos o responsables de las
mercancías involucradas; (iii) descripción, cantidad y valor de las mercancías; (iv)
motivación de los hallazgos encontrados, relación de las objeciones del interesado, de
las pruebas practicadas o aportadas con ocasión de la diligencia, así como el fundamento
legal de la decisión.

2.4- Sin perjuicio de la anterior precisión, lo cierto es que el planteamiento de una duda
en la valoración de la mercancía es procedente dentro de la etapa de control simultaneo,
mediante el procedimiento del artículo 119-1 de la Resolución 4240 de 2000, pues recae
sobre la mercancía que todavía no está puesta a disposición y en la que aún está por
definirse su situación jurídica, de ahí que la controversia de duda seguida por esa
disposición reglamentaria pretende precaver la nacionalización de la mercancía que
incumpla los requisitos legales. En cambio, en el control posterior, luego de que la
declaración de importación fue aceptada, se obtuvo levante de la mercancía, quedó
nacionalizada y en libre disposición, la aduana no pierde sus amplias competencias de
fiscalización, solo que en el curso de esa etapa tendrá que desvirtuar la veracidad de la
declaración de importación simplificada mediante el procedimiento de liquidación regido
con base en los artículos 513 y siguientes del EA. Tratándose de la inexactitud en el valor
en aduanas declarado y el valor Fob, la legislación aduanera señalaba que debía
tramitarse el procedimiento de la liquidación oficial de revisión de valor del artículo 514
ibidem y frente a quién era el obligado, en esa etapa posterior, contra el cual debía
dirigirse tal actuación administrativa fue una discusión que vino a ser superada
expresamente por el artículo 673 del actual Decreto 1165 de 2019, fijándose a cargo del
destinatario de la mercancía, pues, para la época del Decreto 2685 de 1999 -EA- existían
diferentes interpretaciones acerca del sujeto obligado al cual se le plantearían esas
discusiones de valor tras haberse aceptado la respectiva declaración de importación.

2.5- En línea con lo considerado, la Sección ha fijado el criterio según el cual el
procedimiento de liquidación oficial de revisión de valor surgirá como la actuación
administrativa procedente a emplearse cuando ya se haya materializado la importación,
mientras que antes de que ello suceda, esto es, mientras se esté en el trámite de la
definición de la situación jurídica de la mercancía y de si podrá importarse en la modalidad
empleada por el usuario aduanero, el mecanismo de controversia de valor será, para el
caso de la modalidad de importación de tráfico postal y envíos urgentes, el señalado en
el artículo 119-1 de la Resolución 4240 de 2000. Si, tras agotarse dicho procedimiento,
el intermediario de tráfico postal y envíos urgentes decide voluntariamente ajustar el valor
en aduanas o el valor Fob declarado obtendrá el levante de la mercancía, la entregará a
sus destinatarios, y asumirá el deber de recaudar los tributos que, como consecuencia
del ajuste, procedan y, en el término fijado por la Administración, presentará la
declaración de pago consolidado de los tributos aduaneros.

Ahora bien, en caso de que el intermediario incumpla la obligación de pago de los tributos
aduaneros en la forma prevista y, de acuerdo con los montos liquidados en las
declaraciones de importación simplificadas, la Administración agotará el procedimiento
tendente a obtener el pago de tales tributos, para lo cual, el artículo 530 de la misma

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normativa reglamentaria diseñó una actuación en la que su objetivo consiste en hacer
efectiva la garantía extendida por el usuario aduanero, ante el incumplimiento de una
obligación previamente asumida. Según esta norma, en los casos en que no medie un
procedimiento administrativo para la imposición de sanción por infracción aduanera o
para la definición de la situación jurídica de una mercancía, o para la expedición de una
liquidación oficial, dentro del mes siguiente a la fecha en que se establezca el
incumplimiento de la obligación garantizada, la Administración deberá comunicar al
usuario o responsable este hecho, otorgándole un término de diez días para que dé
respuesta al oficio o acredite el pago correspondiente o el cumplimiento de la obligación,
si a ello hubiere lugar, tras lo cual, si el usuario no responde el oficio, no acredita el pago
o el cumplimiento de la obligación, se remitirá el expediente a la División de Liquidación
para que, dentro de quince días siguientes, profiera la resolución que declare el
incumplimiento de la obligación y, en consecuencia, ordenará hacer efectiva la garantía
por el monto correspondiente, providencia que se notificará conforme a lo previsto en el
CPACA (antes, CCA) y contra ella procederán los recursos previstos en ese mismo
ordenamiento.

3- Teniendo en cuenta la normativa que regula la presente controversia, la Sala destaca
los siguientes hechos relevantes (todos en el índice 2):

(i) En calidad de intermediaria de importación de tráfico postal y envíos urgentes, la actora
importó correspondencia durante los meses de julio a diciembre de 2014. La DIAN, en el
trámite de diligencia de reconocimiento de la mercancía ubicada en el depósito, esto es,
dentro del control simultáneo, revisó 1321 guías y sus correspondientes paquetes, a
efectos de verificar el cumplimiento de obligaciones aduaneras, tales como el correcto
valor Fob que integrará la base de liquidación de los tributos aduaneros, conforme lo
relata el acápite introductorio de la Resolución nro. 0645, del 11 de mayo de 2016, que
declaró el incumplimiento e hizo efectiva la garantía.

(ii) De acuerdo con la misma resolución que declaró el incumplimiento, el nuevo valor Fob
propuesto en el control simultáneo por la aduana a la mercancía fue consignado en el
formulario F1154 (acta de diligencia), tras verificar que el valor declarado era
ostensiblemente inferior al que realmente correspondía, empleando para ello precios de
referencia.

(iii) Con ocasión de ello, la DIAN emitió los oficios nros. 1-03-245-455-857 y 1-03-245-
455-858, del 23 de noviembre de 2015, dirigidos a la actora y la compañía aseguradora,
por el presunto incumplimiento del pago de los tributos aduaneros, mediante los cuales
solicitó que, dentro de los 10 días siguientes al recibo de los oficios, se acreditara el
cumplimiento de la obligación indicada. En respuesta al oficio enviado, la actora, el 21 de
diciembre de 2015, anexó la información correspondiente que pretendía demostrar el
correcto cumplimiento de su obligación de pago de los tributos aduaneros del período
señalado por la autoridad.

(iv) Teniendo en cuenta la anterior información, mediante Oficio nro. 1-03-245-455-041,
del 19 de enero de 2016 la jefe de Registro y Control de Usuarios Aduaneros, dio aviso
a la jefe de Gestión de Liquidación del posible incumplimiento en el pago de los tributos
aduaneros por parte de la compañía demandante, respecto de las importaciones
efectuadas dentro del período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014. En ese hallazgo
preliminar, la funcionaria alertó que esas diferencias se arrojaban al compararse los
valores Fob base de liquidación declarado y el propuesto por la aduana.

(v) Previa apertura de la investigación, mediante la Resolución nro. 0645, del 11 de mayo

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00452-01 (26286)
Demandante: Mar Express SAS

de 2016, la DIAN, con base en el artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000, declaró el
incumplimiento de las obligaciones aduaneras a cargo de la actora por no pagar la
totalidad de los tributos aduaneros, de acuerdo con la nueva base de liquidación que se
obtendría con la modificación del valor Fob, fijado por la aduana desde el acta de hechos
que fue firmada por la demandante, al tiempo que dispuso hacer efectiva la póliza de
garantía por un valor de $162.428.000, correspondiente a los tributos dejados de pagar;
acto que, luego de la interposición de los recursos de reposición y apelación, fue
confirmado. De este acto administrativo se colige que luego del acta de hechos se
autorizó el levante de la mercancía y no quedó en situación de abandono legal, esta fue
entregada a sus destinatarios, de manera que lo que le restaba por verificar a la aduana
era la recepción del pago de los tributos aduaneros en la declaración consolidada de
pagos y fue por ese motivo que se adelantó el procedimiento para declarar el
incumplimiento y hacer efectiva la garantía para recaudar los tributos dejados de pagar.

3.1- De acuerdo con el criterio de esta corporación expuesto en el punto 2.2 de las
consideraciones, los actos acusados no son los que formularon la controversia de valor
mediante el procedimiento del artículo 119-1 de la Resolución 4240 de 2000, sino que
corresponden a las resoluciones que ordenaron hacer efectiva la póliza de cumplimiento
extendida por la intermediaria postal con fundamento en el artículo 530 ídem, pues, como
se explicó en los puntos 2.4 y 2.5, la aduana no pretende reabrir la discusión acerca de
la duda en el valor Fob declarado, sino obtener el recaudo de los mayores tributos que
no pagó la intermediaria postal, teniendo en cuenta que esta no objetó el procedimiento
de duda del precio declarado, conforme a los precios de referencia indicativos que la
Administración le señaló a la usuaria aduanera en el control simultáneo aduanero para
proceder a la obtención del levante de la mercancía, so pena de que, de no objetar o
ajustar, esta quedara en abandono legal. Así, se reitera que, a diferencia de la norma que
funda el procedimiento para hacer efectiva la garantía, la demandante en sus reparos se
retrotrae al momento anterior de la presentación de las declaraciones de importación
simplificadas, al pretender que la autoridad inicie el procedimiento de liquidación oficial
de revisión de valor por tratarse de la modificación del valor Fob declarado y la fijación
de mayores tributos aduaneros.

En ese contexto, la Sala debe insistir en que el procedimiento adelantado con base en el
artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000, si bien, tiene como telón de fondo un
procedimiento formado con anterioridad, como lo era la controversia de valor o duda en
el valor declarado, conforme al artículo 119-1 de la resolución reglamentaria, es lo cierto
que ante la declaratoria de incumplimiento, la aduana parte de un hecho que no ha sido
controvertido ni refutado por la demandante y es que la intermediaria aduanera aceptó el
ajuste del precio propuesto a fin de obtener el levante de la mercancía y entregar la misma
a sus destinatarios, no obrando en el expediente prueba alguna que dé noticia de que la
mercancía haya quedado en abandono legal, todo lo contrario, el debate se centra en
que se incumplió el pago de los tributos tras haberse aceptado el ajuste del valor Fob
declarado en 1321 guías de mensajería. Prospera el cargo de apelación.

3.2- Ahora bien, comoquiera que prosperó el cargo de apelación de la demandada, resta
por decidir si los actos enjuiciados estuvieron falsamente motivados debido a la ausencia
en la actuación administrativa demandada de las guías hijas, los documentos de
transporte, la declaración consolidada de pagos, las actas de hechos de inspección de la
mercancía en las que se propusieron los ajustes de valor Fob que fueron aceptados por
la demandante, así como la constancia de la consulta de los precios de referencia
revisados por la autoridad y los actos que comisionaron a los funcionarios para ello, así
como la relación de subpartidas arancelarias empleadas.

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Demandante: Mar Express SAS

Al respecto, la Sala advierte que la ausencia de esos documentos no vicia los actos de
falsa motivación en la medida en que, tal como lo consideró la Sección en las sentencias
que aquí se reiteran, en el tipo de actuación administrativa objeto de controversia no se
efectúa ninguna revisión sobre el valor Fob declarado al momento de la importación en
los documentos de transporte o su comparación con los precios de referencia empleados
por la autoridad, ni se controvierte la subpartida arancelaria empleada por la importadora,
pues ese aspecto se llevó a cabo en el control previo-simultáneo de la importación a
través del procedimiento fijado en el artículo 119-1 de la Resolución 4240 e 2000.
Agréguese que los actos enjuiciados se profirieron luego de que la autoridad constatara
los pagos efectuados por la actora y al compararlos con los ajustes de valor propuesto,
estos no se compadecían, aspecto que debió ser desvirtuado por la demandante quien
tenía a su disposición la información que aportó a la autoridad, con base en la cual
pretendía acreditar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras y que fue
debidamente valorada por la demandada. No prospera el cargo.

4- Por no estar probadas en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en segunda instancia, conforme a lo establecido en el artículo 365.8 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia apelada. En su lugar:

Primero: negar las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo considerado en la sentencia de
segunda instancia.

Segundo: sin condena en costas en primera instancia.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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