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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-02083-01

Fecha
24 de febrero de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-02083-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, “SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, MODIFÍCASE la liquidación oficial del impuesto sobre la renta del año 2010 de la sociedad HACIENDA LA CABAÑA S.A., de acuerdo con la liquidación efectuada por el Consejo de Estado” 2. En lo demás, confirmar la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en esta instancia 4. Reconocer personería a la doctora Yomaira Hidalgo Aníbal para actuar como apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en los términos del poder que le fue conferido (fl.405 ).

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2015-02083-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

24 de febrero de 2022

Radicado: 25000-23-37-000-2015-02083-01 (24278)
Demandante: Hacienda La Cabaña S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2015-02083-01 (24278)
Demandante HACIENDA LA CABAÑA S.A.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Vulneración del derecho al debido proceso. Requisitos del
recurso de reconsideración. Apreciación de las pruebas.
Depreciación bienes dados en comodato. Contrato de
cuentas en participación. Simulación.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 3 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A (fls.315 a 343) que resolvió:
«PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución No. 312412014000094 del 10
de julio de 2014, por medio de la cual la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN le profirió a la sociedad
HACIENDA LA CABAÑA S.A. Liquidación Oficial de Revisión por el impuesto de renta del año
gravable 2010; y de la Resolución No. 006.388 de 7 de julio de 2015, a través de la cual la
Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN,
confirmó la anterior al desatar el recurso de reconsideración interpuesto contra la primera, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, MODIFÍCASE la liquidación oficial del
impuesto sobre la renta del año 2010 de la sociedad HACIENDA LA CABAÑA, de acuerdo con
la liquidación efectuada por esta Corporación y que obra en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO. No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva.»

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 19 de abril de 2011, Hacienda La Cabaña S.A. presentó la declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2010, en la que
determinó un saldo a favor de $850.474.000 (fl.31 ca1), la cual fue corregida el 29
de junio de 2011, liquidando un saldo a favor por valor de $745.293.000 (fl.29 ca1).

Mediante Requerimiento Especial Nro. 312382013000178 del 15 de octubre de
2013, la autoridad tributaria propuso rechazar $1.720.912.000, renglón 49 «Costo de
ventas», por concepto de contratos de servicios con cooperativas de trabajo asociado
por valor de $808.277.368 y por depreciación de maquinaria y equipo, el valor de
$912.634.434; en el renglón 52 «Gastos operacionales de administración» rechazó
$297.088.000, correspondientes a gastos de representación por valor de
$270.561.000 y deducción por aportes a salud y pensiones por $26.527.000. La
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anterior propuesta reflejó un mayor impuesto a cargo en la suma de $665.940.000
y una sanción por inexactitud de $1.065.504.000 (fls.1515 a 1553 ca8)

La actora se opuso al requerimiento especial. Sin embargo, la administración
expidió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 312412014000094 del 10 de julio de
2014, en la que acogió las modificaciones propuestas (fls.1641 a 1656 ca9).

Contra la decisión anterior se presentó recurso de reconsideración (fls.1660 a 1675
ca9), que fue desatado mediante la Resolución Nro. 006388 del 7 de julio de 2015
(fls.1690 a 1701 ca9), confirmando la liquidación.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011 C.P.A.C.A.), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones (fls.5 y 6):
“Los actos administrativos que demando su nulidad son:

a) Liquidación Oficial de Revisión N° 312412014000094 del 10 de julio de 2014, emitida por
la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, por medio de la cual se
modificó la declaración de impuesto sobre la renta del año 2010.

b) Resolución 006.388 de fecha 7 de julio de 2015, emitida por la Subdirección de Gestión
de Recursos Jurídicos Dirección de Gestión Jurídica, por la cual se decide el recurso de
reconsideración instaurado en contra de la liquidación oficial de revisión anotada.

Como consecuencia de la nulidad solicitada, a título de restablecimiento del derecho se
decrete lo siguiente:

Primero: Que la liquidación privada del impuesto sobre la renta por el año 2010 fue
correctamente presentadas y se encuentra en firme e inmodificable.

Segundo: Que se levante la sanción por inexactitud impuesta por ausencia de hechos
sancionables.

Tercero: Que en los términos del artículo 188 de la ley 1437 de 2011 se condene en costas a
la demandada y se ordene su liquidación”.

Para los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 29 de la
Constitución; 127, 128, 722, 726, y 728 del Estatuto Tributario y 197 de la Ley 1607
de 2012.

El concepto de la violación de las citadas normas, se sintetiza así:

1. Nulidad por violación de los artículos 722, 726 y 728 del Estatuto
Tributario

La administración de impuestos resolvió el recurso de reconsideración a pesar que
en este no se expusieron los motivos de inconformidad en contra de la liquidación
oficial de revisión, por lo que actuó en contra de lo establecido en los artículos 722,
726 y 728 del Estatuto, al haber omitido la expedición de un acto inadmisorio del
recurso.

Expresó que el artículo 726 del Estatuto Tributario emplea la palabra «deberá», luego

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es un imperativo formular por escrito la expresión concreta de los motivos de
inconformidad y, así mismo, es obligación de la administración inadmitir el recurso
para efectos de permitir que el requisito sea subsanado.

Sostuvo que el derecho a subsanar omisiones, oponerse a las decisiones de la
autoridad y someterse al procedimiento tributario fueron transgredidos por la DIAN,
violando los principios al debido proceso, economía procesal, moralidad
administrativa, eficacia y celeridad establecidos en el artículo 29 de la Constitución
y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto se admitió el recurso de
reconsideración sin comunicar al administrado el incumplimiento de los requisitos
señalados en el artículo 722 del Estatuto, impidiendo sanear la omisión y presentar
sus argumentos de defensa.

2. Nulidad por indebida interpretación de la ley y errada valoración
probatoria

La DIAN desconoció los pagos ocasionados por los contratos de prestación de
servicios celebrados con cooperativas de trabajo asociado, al considerar que se
tratan de una simulación para incrementar los costos.

Para el efecto, la demandante centró su argumento en la realidad económica de las
operaciones comerciales que se verifica del análisis de las pruebas aportadas,
señalando que en las ofertas mercantiles aceptadas por las cooperativas de trabajo
asociado, se acordó el objeto del contrato (corte y recolección de racimos de fruta
fresca de palma de aceite) y que no había relación laboral entre la sociedad y los
asociados, lo que deja ver la existencia de una relación contractual de carácter
comercial, de allí que el pago se realice directamente a las cooperativas de trabajo
asociado por la empresa contratante, sin importar la denominación otorgada al pago
(compensaciones) y que es diferente a la relación entre la cooperativa y sus
asociados. Expuso que no existe impedimento para interactuar con los asociados
que prestan el servicio, ni suponer que existen injerencias indicativas de una
relación laboral, puesto que con el fin de determinar la calidad de la fruta cosechada
y las labores de mantenimiento del cultivo, la demandante estaba facultada para
auditar el desarrollo de la actividad de manera mancomunada con las cooperativas,
conforme a lo plasmado en las ofertas mercantiles.

Manifestó que solo los convenios entre particulares sobre impuestos no son
oponibles al fisco y, en este caso, se trata, de contratos comerciales, por lo que si
la DIAN consideró que estos pretendían incrementar los costos, era necesario que
probara la mala fe de la demandante, más aún cuando las facturas por los servicios
cumplían los requisitos de ley y la información exógena del año 2010 da cuenta de
los pagos. Además, el certificado del revisor fiscal acredita el pago a las
cooperativas.

Citó el artículo 8 del Decreto 4588 del 2006 que permite que los medios para
desarrollar la labor por parte de las cooperativas pueden ser suministrados por
terceros a cualquier título, para el caso, la demandante, quién válidamente podía
entregar las herramientas necesarias para el corte y recolección de la fruta.

Por lo anterior, afirmó que las operaciones efectuadas por la demandante con las
cooperativas de trabajo asociado, fueron reales y se encuentran debidamente
probadas.

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3. Nulidad por falsa motivación en el rechazo del gasto por depreciación

La administración rechazó el costo por depreciación de la maquinaria y equipo al
haber sido dada en comodato a las cooperativas, quienes tendrían el derecho a
tomar el costo por este concepto, asumiendo, además, que el total de la maquinaria
y equipo fue utilizado para el desarrollo de las ofertas mercantiles suscritas con las
cooperativas.

En consecuencia, en los actos administrativos se incurrió en falsa motivación al
apartarse de la realidad, pues el suministro de herramientas a la cooperativa se llevó
como parte del costo de la actividad y no se incluyó dentro de la depreciación, pues
por su naturaleza no pueden ser calificadas como maquinaria ni equipo. Añadió que
la depreciación de la maquinaria y equipo solicitada como deducción, no tiene
relación con la ejecución del contrato suscrito con las cooperativas, ni fue entregada
en comodato.

Para demostrar sus argumentos, aportó un listado donde se evidencia el movimiento
de la depreciación de maquinaria, facturas y documento explicativo del uso dado a
los bienes.

4. Nulidad por falta y falsa motivación

En lo que respecta al rechazo de gastos de representación derivados del contrato
de cuentas en participación, afirmó que no es razón suficiente para negar el
reconocimiento de los gastos pagados al señor Mauricio Herrera Vélez, el hecho de
que este haya tenido la condición de asalariado, pues el contrato puede ser
celebrado por personas que no tengan la calidad de comerciantes, citando para el
efecto doctrina de la Superintendencia de Sociedades.

Por otra parte, en el contrato de cuentas en participación no necesariamente el
reparto de utilidades debe realizarse al final de cada ejercicio, sino como lo pacten
las partes.

Finalmente, argumentó que los gastos de representación fueron liquidados sobre el
ingreso percibido durante el año 2009 por ventas de aceite de palma alto oleico y
se les practicó retención por otros ingresos tributarios.

5. Sanción por inexactitud

Consideró que deben ser aplicados los principios para la imposición de sanciones
contenidos en el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012, más aún cuando la liquidación
y la resolución que resuelve el recurso de reconsideración fueron expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia de esta norma.

Según el numeral segundo de la norma citada, la falta cometida por el contribuyente
será antijurídica si el recaudo nacional se ve afectado, por lo que alega que dentro
del expediente no aparece prueba de que con la supuesta infracción se haya
vulnerado el recaudo, por lo que es improcedente la sanción.

Conforme lo dispone el artículo 647 del ET, el ocultamiento de cifras y la realización
de maniobras fraudulentas que conlleven la disminución del valor a pagar o el
incremento del saldo a favor, constituyen inexactitud sancionable, lo que no se
presenta en el caso sometido a consideración.
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Manifestó que las cifras y hechos de la declaración son verdaderos y verificables,
sin incurrir en maniobras fraudulentas pues los valores sujetos a impuesto fueron
percibidos por la administración sin ocasionar perjuicio alguno.

Oposición a la demanda

La parte demandada controvirtió las pretensiones de la actora con los siguientes
argumentos:

1. Nulidad por violación de los artículos 722, 726 y 728 del Estatuto
Tributario

De la lectura del memorial del recurso de reconsideración, se encuentra que la
demandante efectuó un análisis de la liquidación oficial de revisión y, si bien en el
subtítulo «3.2 Motivos de inconformidad», no expresó nada, no por ello deja de objetar
las modificaciones realizadas en el acto de determinación, por lo que se consideran
cumplidos los requisitos del artículo 722 del Estatuto Tributario.

Es obligación del recurrente verificar que el memorial del recurso se encuentre
debidamente sustentado y contemple la totalidad de los requisitos, propugnando,
de manera adecuada y con las pruebas pertinentes, efectuar las objeciones frente
a los rechazos efectuados, sin justificar su descuido a la espera de que, vía
inadmisión del mismo, se amplíen los términos para mejorar el memorial inicial.

En el fallo del recurso de reconsideración se efectuó una adecuada revisión jurídica
de las modificaciones realizadas a la declaración, teniendo en cuenta los
argumentos alegados por la actora en la contestación al requerimiento especial, que
son los alegados en la demanda, gestionando así un apropiado control jurídico de
los actos acusados.

2. Rechazo de costo de ventas por compensaciones pagadas a favor de
cooperativas de trabajo asociado

Revisados los proveedores, cooperativas contratadas por la actora, se estableció
que Codepal, Servicios de Palma Africana y la Unificación, presentan varias
características en común: la misma dirección registrada en el RUT, idéntico objeto
social y un mismo representante legal, que también lo es de la sociedad actora,
hecho que si bien no está prohibido por la legislación, se convierte en un serio indicio
para desvirtuar la realidad económica de los contratos.

Asimismo, las cooperativas Arizona y Colpalmicha tienen el mismo objeto social de
las cooperativas ya mencionadas, además de que los contratos tienen iguales
características que los suscritos con las demás cooperativas.

De acuerdo con el objeto social, las cooperativas son entidades sin ánimo de lucro
que tienen como objeto la producción de bienes, ejecución de obras o prestación de
servicios de forma autogestionada, por lo que llama la atención que en la ejecución
de los contratos los medios de producción (insumos, herramientas y maquinarias)
fueron suministrados por la actora, en calidad de comodato, y la remuneración
denominada compensación y demás pagos prestacionales reconocidos a las
cooperativas por el servicio ejecutado por los trabajadores asociados, son a su vez
retribuidos por la respectiva cooperativa.
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La forma en que las cooperativas desarrollaron la actividad, desvirtúa el
autogobierno que propende la legislación cooperativa, dada la intervención de la
actora en la vigilancia, supervisión y suministro de los elementos para realizar las
labores, por lo que los contratos celebrados tienen como única finalidad incrementar
el valor de los costos. Además, las facturas hacen referencia a valores globales sin
determinar valores unitarios o cantidades como lo estipula la oferta.

3. Rechazo de la deducción por concepto de depreciación

En la etapa de determinación se estableció que los bienes dados en comodato no
eran únicamente herramientas de cosecha, sino la maquinaria y equipo, sobre los
cuales se solicita la depreciación.

La enajenación del derecho de usufructo no exonera al nudo propietario de la
obligación de declarar el bien para efectos fiscales, pero, para acceder a la
depreciación, los bienes deben estar vinculados a la prestación del servicio y
pertenecer al nudo propietario que lo explota. Además, no se demostró el registro a
las cuentas del costo o gasto, no se observan las vidas útiles de los bienes ni los
cálculos del método de línea recta.

4. Rechazo de gastos de representación

En cuanto al contrato de cuentas en participación celebrado con el representante
legal de la empresa y con vinculación directa con la actora, registrado con actividad
económica rentista de capital y asalariado, el objeto del contrato «explotación comercial
conjunta», corresponde a las labores propias del representante legal de la sociedad
demandante, razón por la que no se demuestra la necesidad de dicho contrato.

Cuestiona la liquidación en pagos iguales de doce cuotas durante el año, bajo el
concepto de gastos de representación, cuenta 5195001. Además, en los contratos
de cuentas en participación, los partícipes, sean o no gestores, deben contabilizar
el valor de los aportes representados en dinero o bienes y, al no encontrarse esta
contabilización, no existe ningún derecho como participe ni tampoco ninguna
obligación como gestor.

Por lo anterior, el contrato se trata de una simulación para efectuar y justificar pagos
adicionales, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 87-1 del Estatuto Tributario.

5. Rechazo del valor por salud y pensiones

Afirma que en los pagos por parafiscales se encontró una diferencia no soportada
por valor de $26.527.000, glosa que fue aceptada por la actora con ocasión del
recurso de reconsideración, anexando copia de la declaración con la sanción
reducida en los términos del artículo 713 del Estatuto, la que no fue aceptada por la
administración al no reunir los presupuestos legales, puesto que se modificó el valor
de renglones no glosados, circunstancia a la que no hizo referencia con ocasión de
la demanda.

6. Sanción por inexactitud

Considera que es procedente la sanción por inexactitud por cuanto la actora se llevó
como costo de ventas sumas improcedentes, de lo que derivó un menor valor de
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impuesto declarado respecto al que por disposición legal le correspondía declarar y
pagar. En este sentido, considera que el hecho de que en el caso en particular no
se hubiese evidenciado la inclusión de datos falsos en la declaración, ni la existencia
de una conducta dolosa, no es óbice para sustraerse de la imposición de la sanción
correspondiente.

7. Improcedencia de condena en costas

En los procesos en los que se ventile un interés público, como en el asunto discutido,
en que además se cuestiona la legalidad de una sanción tributaria, no es procedente
la condena en las costas de conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, el Código General del Proceso, no conlleva una imperiosa condena
en costas para la parte vencida en el proceso, sino un análisis fáctico y jurídico, por
lo que considera que la condena en costas solicitada no procede, comoquiera que
su actuación se ha ajustado a las normas analizadas sin ejecutar acciones
temerarias o desleales.

Sentencia apelada

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con fundamento
en lo siguiente

1. Vulneración al debido proceso

Señaló que el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión,
indicó cada una de las glosas y explicó las razones expuestas por la administración
para modificar la declaración privada, lo que constituyen motivos de inconformidad
frente a los argumentos expuestos en el acto administrativo, advirtiendo que, si bien
no se desarrolló el título «Motivos de inconformidad», ello no constituye ausencia de
argumentación, pues estos se pueden identificar de la lectura integral del
documento.

La admisión del recurso de reconsideración no constituye vulneración del derecho
al debido proceso, pues la demandada asumió que el recurso interpuesto reunía los
requisitos del artículo 722 del Estatuto Tributario. Además, la obligación del
cumplimiento de dichos requisitos es del contribuyente y no puede pretender su
inadmisión con la intención de mejorar el recurso, ni puede endilgarle esa
responsabilidad a la DIAN so pretexto de la vulneración al debido proceso, pues ello
sería obtener provecho de su negligencia.

2. Indebida interpretación de la ley y errada valoración probatoria al
rechazar el costo de ventas

En cuanto a las compensaciones a las cooperativas de trabajo asociado, no es
dable la verificación de los requisitos de validez de las ofertas mercantiles entorno
a la determinación del impuesto, puesto que al no existir decisión judicial que los
invalide se presumen legales. No obstante, debe determinarse si la relación
contractual, a la luz de sus condiciones, implica que lo pagado por los contratos
generó los costos reportados en la declaración.

De acuerdo con la realidad contractual, se tenía una relación directa y presencial
con los trabajadores asociados al suministrar herramientas para la ejecución de la
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obra contratada, ejerciéndose auditorías, supervisión y control de calidad,
actividades que implican coordinación de los trabajadores asociados por parte de la
demandante, lo que involucra su participación de manera directa en el servicio
contratado, por lo que consideró que el costo registrado no era procedente por no
haber autonomía de las cooperativas en la ejecución de la obra contratada ni
propiedad de los medios de producción.

Con respecto a la depreciación de maquinaria y equipo por un valor de
$912.634.434, señaló que las pruebas demuestran que los equipos asignados a las
cooperativas para la labor contratada no son a los que se imputa el costo por
depreciación. Así mismo, expuso que no era procedente el rechazo de la suma por
este concepto comoquiera que las pruebas allegadas en sede judicial dan cuenta
de la depreciación histórica y el costo de los bienes, obedecen a la actividad de
renta y son de su propiedad, además se realizó el registro en la contabilidad por
cada activo.

3. Falta o falsa motivación al rechazar gastos operacionales

En cuanto a los gastos de representación causados por la celebración de un
contrato de cuentas en participación, el artículo 507 del Código de Comercio prevé
que este tipo de contrato se debe efectuar entre comerciantes, por lo que el contrato
no es de cuentas en participación al no cumplir con uno de los elementos
sustanciales.

En relación con el aporte del socio oculto (para el caso concreto este no era
pecuniario) y siendo el gestor el que tiene la idoneidad para ejecutar o celebrar el
negocio, es el partícipe el que hace el aporte y se mantiene al margen de la gestión,
circunstancias que no se predican del contrato referido frente al socio oculto, que
tenía la condición de accionista y representante legal de la sociedad, es decir, fungía
también como socio gestor, lo que desnaturaliza la esencia del contrato.

4. Procedencia de la sanción por inexactitud

En relación con la sanción por inexactitud, no se presentó diferencia de criterio sino
la improcedencia del costo por compensaciones a cooperativas de trabajo asociado,
por lo que procede su imposición, reducida proporcionalmente respecto de los
cargos de nulidad que prosperaron.

De otra parte, aplicó el principio de favorabilidad contenido en el artículo 282 de la
Ley 1819 de 2016, liquidando la sanción a la tarifa del 100%.

Recurso de apelación

Las partes apelaron la decisión del tribunal en los siguientes términos:

La demandante insistió en los siguientes argumentos (fls.352 a 356):

1. Nulidad por violación de los artículos 722, 726 y 728 del Estatuto
Tributario

El actor reiteró la argumentación expuesta en la demanda, relacionada con la
vulneración del procedimiento establecido en los artículos 722, 726 y 728 del
Estatuto Tributario al no inadmitirse el recurso de reconsideración por presentarse

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sin los motivos de inconformidad. El artículo 726 del Estatuto Tributario emplea la
palabra «deberá», por lo que es imperativo formular por escrito la expresión concreta
de los motivos de inconformidad y obligatorio para la DIAN inadmitir el recurso para
subsanar el requisito omitido.

2. Nulidad por indebida interpretación de la ley y errada valoración
probatoria

Afirmó que las ofertas mercantiles fueron el marco de referencia de la relación
contractual de carácter comercial, sin que exista una relación laboral, por lo que el
pago se realiza directamente a las cooperativas, mientras que la relación entre
cooperativa y cooperado está regulada por la legislación cooperativa y los estatutos,
remuneración que se denomina compensaciones.

Insistió en que las facturas cumplían con los requisitos de ley al detallar la actividad,
exigirse la entrega y conservar copia. Contablemente, los costos se encuentran
soportados y se registraron las transacciones de los libros auxiliares, así como en
las notas internas. Además, el reporte en medios magnéticos permite verificar los
pagos efectuados a las cooperativas de trabajo asociado, así como el certificado de
revisor fiscal en el que se indica el valor pagado a las cooperativas en 2010.

3. Nulidad por falta y falsa motivación

En relación con el contrato de cuentas en participación, reiteró que es posible
celebrarse con una persona natural así no sea comerciante, para lo cual citó el oficio
220-104417 de 2009 de la Superintendencia de Sociedades. En consecuencia, la
condición de asalariado no es suficiente para desconocer los gastos de
representación.

4. Sanción por inexactitud

Dentro del expediente no obra prueba de que se haya vulnerado el recaudo, por lo
que no puede haber sanción pues se vulneraria el artículo 197 de la Ley 1607 de
2012. Según lo dispuesto en el artículo 647 del ET, el ocultamiento de cifras y la
realización de maniobras fraudulentas que conlleven la disminución del valor a
pagar o incremento del saldo a favor constituyen inexactitud sancionable, pero estas
conductas no las realizó la actora.

La demandada apeló con los siguientes argumentos (fls.357 a 365):

No era procedente aceptar la depreciación de maquinaria y equipo porque fueron
usados en las actividades realizadas por las cooperativas de trabajo asociado en
desarrollo del objeto contractual, además de que por la naturaleza de la maquinaria
y el equipo, son utilizadas en actividades de corte, recolección y mantenimiento de
cultivos de palma, las cuales desarrollan las cooperativas.

En la etapa de determinación del tributo, la administración estableció que los bienes
dados en comodato no hacen referencia únicamente a las herramientas de cosecha
enumeradas por el tribunal, sino que también fueron suministrados bienes sobre los
cuales se solicitó la depreciación. Así mismo, el documento maquinaria y equipo
aportado por la demandante no comprueba el registro a las cuentas del costo o
gasto por la depreciación, las vidas útiles, ni los cálculos correspondientes. Así
mismo, el archivo de Excel denominado Listado Consolidado no tiene valor
9

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Demandante: Hacienda La Cabaña S.A.

probatorio suficiente al tratarse de un simple listado que no cuenta con soportes
internos ni externos ni fue certificado por el revisor fiscal.

De otra parte, la actora no demostró que los bienes listados hayan sido utilizados
por la sociedad durante el año 2010 en las actividades propias del negocio, hecho
que considera probado con una simple relación de bienes y descripción de
funcionalidad que aparece en las facturas de adquisición de estos activos.

En cuanto a la sanción por inexactitud, consideró que es procedente por cuanto
concurre el hecho sancionable previsto en el artículo 647 del Estatuto Tributario, al
haberse llevado como costo de ventas una depreciación improcedente, de lo que se
derivó un menor valor de impuesto declarado respecto al que por disposición legal
correspondía declarar y pagar.

Alegatos de conclusión

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en los respectivos recursos de
apelación.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala decide la legalidad de los actos demandados, de conformidad con los
cargos de apelación formulados por las partes, demandante y demandada, contra
la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

En tal sentido, corresponde a la Sala establecer si los actos administrativos
demandados i) vulneraron el derecho al debido proceso, artículos 29 de la
constitución y 722, 726 y 728 del ET, ii) incurrieron en una indebida interpretación
de la ley y errada valoración probatoria al rechazar costos por concepto de servicios
pagados a cooperativas de trabajo asociado, iii) están falsamente motivados en lo
referente al rechazo de costos por depreciación, iv) se motivaron falsamente con
relación al rechazo de gastos de representación y, v) la procedencia de la sanción
por inexactitud.

1. Vulneración del derecho al debido proceso, artículo 29 de la
Constitución, artículos 722, 726 y 728 del Estatuto Tributario

En síntesis, la actora alegó que los actos demandados vulneraron el debido proceso
y el derecho a la defensa por no haberse expedido auto inadmisorio del recurso de
reconsideración, el cual es obligatorio ante la ausencia de los motivos de
inconformidad contra el acto de determinación, como lo ordena el artículo 726 del
Estatuto, en concordancia con el artículo 722 ibidem, lo que le impidió la
interposición del recurso de reposición con el fin de subsanar el requisito omitido.

Al respecto, esta Sección1 ha considerado que el debido proceso es una garantía y

1
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencias del 09 de marzo de 2017, exp.21511, C.P. Hugo Fernando
Bastidas (E).
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un derecho fundamental de aplicación inmediata compuesto por tres ejes
fundamentales: (i) el derecho de defensa y contradicción; (ii) el impulso y trámite de
los procesos conforme con las formas establecidas para cada juicio o
procedimiento; y, (iii) que el asunto sea resuelto por el juez o funcionario competente
para ello, por lo que el desconocimiento de cualquiera de esos ejes comporta la
vulneración de esa garantía fundamental.

En el caso bajo estudio, se observa que la Liquidación Oficial de Revisión Nro.
312412014000094 fue notificada el 14 de julio de 2014 (fls.1657 ca 9). En este acto
se dejó constancia de que el recurso procedente era el de reconsideración (artículo
570 del Estatuto), el cual fue interpuesto por la actora el 15 de septiembre de 2014.

El recurso fue admitido mediante auto Nro. 900727, notificado el 16 de octubre de
2014 (fl.1684) y se resolvió dentro del año siguiente a su interposición, por medio
de la Resolución Nro. 006388 del 7 de julio de 2015, notificada por edicto desfijado
el 3 de agosto del mismo año (fl.1702).

Del contenido del recurso, se aprecia que la actora abordó en detalle cada uno los
argumentos expuestos en el acto de determinación del tributo, y si bien no desarrolló
el acápite «Motivos de inconformidad», la demandada, con ocasión de la resolución que
resolvió el recurso de reconsideración, estudió de fondo cada uno de los
fundamentos que sustentaron la actuación administrativa.

De los hechos anteriores, se observa que la entidad demandada, actuando dentro
de su competencia, dio impulso al trámite del proceso conforme a las normas que
regulan la materia, permitiendo el ejercicio del derecho de defensa y contradicción
por parte del administrado y, no obstante la deficiente argumentación presentada
por la sociedad demandante, procedió al análisis sustancial de cada una de las
glosas que planteó contra la declaración privada de la demandante.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que los actos demandados no
vulneraron el derecho al debido proceso, por lo tanto, no son de recibo los
planteamientos invocados por la actora, a quien no le es dable obtener beneficios
bajo el argumento del inadecuado ejercicio de su derecho de defensa y, menos aún,
pretender trasladar a la Administración sus consecuencias.

En este sentido, la admisión del recurso de reconsideración no constituye una
vulneración del derecho al debido proceso ni puede pretenderse que, ante una
deficiente defensa, la DIAN esté en la obligación de expedir un acto inadmisorio del
recurso con el fin de que se mejoren los argumentos planteados.

No prospera el cargo.

2. Indebida interpretación de la ley y errada valoración probatoria

El fallo de primera instancia declaró la improcedencia de los costos pagados a las
cooperativas de trabajo asociado, con fundamento en el hecho que la sociedad
demandante participó de manera directa en el servicio contratado sin que hubiera
autonomía de las cooperativas en la ejecución de dicho servicio, sumado a que
estas no tenían la propiedad de los medios para prestar los servicios.

En razón de la presunción de veracidad de las declaraciones privadas, le

11

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corresponde a la Administración desvirtuar los hechos presentados por el
contribuyente, sin que este último se encuentre exento de demostrar los datos que
consignó en las declaraciones tributarias, en sus correcciones o en las respuestas
a los requerimientos administrativos2.

En esta medida, las facultades de fiscalización permiten a la Administración,
mediante la utilización de los medios probatorios idóneos, comprobar la realidad de
los negocios jurídicos celebrados por el sujeto pasivo del impuesto, bien sea para
establecer su existencia o para determinar la verdadera naturaleza de la relación
jurídica pactada y su incidencia en la determinación de la carga fiscal.

Adicionalmente, al margen de la forma adoptada por las partes para celebrar el
negocio jurídico, este debe interpretarse teniendo en cuenta los antecedentes que
le dieron origen, los hechos, la forma y las condiciones en que se ejecutó, sin perder
de vista sus consecuencias económicas, específicamente en materia fiscal.

Sobre el abuso de las formas jurídicas y sus efectos económicos en materia fiscal,
la Corte Constitucional se pronunció en los siguientes términos3:

«La libertad para la utilización de las formas jurídicas, sin embargo, tiene límites que es
conveniente precisar, particularmente cuando a ellas se apela con el propósito prevalente de
evitar los impuestos o su pago. En estos casos, la transacción respectiva no podrá ser
considerada por la legislación tributaria, de acuerdo con los efectos que produce de
conformidad con el derecho privado, sin tomar en consideración su resultado económico.

El principio de equidad que inspira el sistema tributario (CP art. 363), en últimas expresión de
igualdad sustancial (CP art. 13), no se concilia con la reverente servidumbre a la forma jurídica
privada puramente artificiosa y con un móvil predominante fiscal, pues ella puede conducir a
otorgar a una misma transacción diferente trato fiscal. De otra parte, el "abuso de las formas
jurídicas", patente en la utilización de definiciones y categorías jurídicas con miras
principalmente a evadir o eludir el pago de impuestos, les sustrae su legitimidad, y obliga al
Estado a desestimar sus efectos. La intentio juris deberá ser desplazada por la intentio
facti.

En este orden de ideas, se impone privilegiar la sustancia sobre la forma. La legislación
tributaria no puede interpretarse literalmente. Los hechos fiscalmente relevantes deben
examinarse de acuerdo con su sustancia económica; si su resultado material, así comprenda
varios actos conexos, independientemente de su forma jurídica, es equivalente en su
resultado económico a las circunstancias y presupuestos que según la ley generan la
obligación tributaria, las personas a las cuales se imputan, no pueden evadir o eludir, el pago
de los impuestos» (Subrayado propio)

Conforme con lo anterior, las facultades de fiscalización no se deben limitar
exclusivamente al cuestionamiento de la forma jurídica empleada por las partes en
el negocio, pues en la medida en que el objetivo de la actividad fiscalizadora es
asegurar el cumplimiento de las normas sustanciales, el deber de la Administración
tributaria es comprobar los hechos realmente ejecutados por las partes con el fin de
establecer de forma adecuada las cargas tributarias, todo bajo los principios que
inspiran el sistema tributario.

Por su parte, el artículo 743 del Estatuto Tributario, hace referencia a que la
idoneidad de los medios de prueba depende « de su mayor o menor conexión con el hecho

2
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 1 de marzo de 2012, exp.17568, C.P. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas.
3 Sentencia C-015 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
12

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que trata de probarse y del valor de convencimiento que pueda atribuírseles de acuerdo con las
reglas de la sana crítica».

Para el caso concreto, se tiene que la entidad demandada señala que la contratante,
Hacienda la Cabaña aceptó que «recibió los servicios de labores agrícolas de campo sin
utilizar los medios suministrados por las cooperativas, ya que para ello suministra de su propio
almacén los elementos necesarios para el desempeño de las labores…» (fl.31 vto. cp.). Así
mismo, por haber intervenido en las labores ejecutadas por las cooperativas,
desvirtuando el autogobierno que propende la legislación cooperativa, la DIAN
concluyó que «se acude a un elemento previsto en la legislación comercial el cual culmina con
pretender justificar un mayor costo en el desarrollo de las actividades»4 (fl.32 cp.).

Adicionalmente, afirmó que «no solo el hecho de denominar el pago compensaciones en el
sentido de ser a favor de los cooperados… sino que las circunstancias de modo, lugar y tiempo en
que se suscriben las ofertas mercantiles conllevan a que estas transacciones no son transparentes
a la luz de la realidad económica y la finalidad con la cual se suscriben las ofertas mercantiles»
(fl.1649).

Por tanto, la injerencia de la sociedad contratante en las labores ejecutadas,
materializada en el suministro de los medios de producción y en el ejercicio de
auditorías, supervisión y control de calidad, implicaron un incremento en los costos
de producción.

En el mismo sentido, la sentencia de primera instancia concluyó que la demandante,
al ejercer actividades que implican coordinación respecto de los trabajadores
asociados, aunado a las circunstancias de tiempo modo y lugar de las ofertas
mercantiles, «evidencian participación directa de Hacienda la Cabaña en el servicio que contrató,
por lo tanto, el costo registrado, atendiendo la realidad fáctica de la operación comercial no era
procedente, pues no había autonomía de las cooperativas en la ejecución de la obra contratada»5

Revisadas las pruebas obrantes en el proceso se tiene:

En las ofertas mercantiles se observa que el objeto de estas es el corte y recolección
de cosecha. A modo de ejemplo se tiene la oferta entre COOPDEPAL y la
demandante en la que se expuso (fl.1172 a 1175):

“1- LA COOPERATIVA se compromete con HACIENDA LA CABAÑA S.A., a prestar sus
servicios para el corte y recolección de racimos de fruta fresca de palma de aceite
(cosecha) en 422.8 hectáreas ubicadas en los bloques H, lotes (48 al 51), bloque I lotes
(52 AL 59) y bloque J lote (60) de la finca Coralina así como a prestar los servicios de
mantenimiento del cultivo”

Así mismo, como obligación a cargo de la Cooperativa se dispuso “afiliar a todos
nuestros trabajadores asociados a la seguridad social integral (salud, riesgos, pensiones) presentar
a HACIENDA LA CABAÑA S.A. las autoliquidaciones correspondientes”.

La DIAN profirió requerimientos ordinarios dirigidos a las cooperativas de trabajo
asociado en cuyas respuestas se detallaron datos como: las compensaciones por
el trabajo asociado, aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales. Se
extrae a modo de ejemplo la siguiente información:

4 Liquidación Oficial de revisión, folios 24 a 39.
5 Folio 333 vto.
13

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Cooperativa COLPALMICHA
Requerimiento Ordinario 312382013000261
Período Valor total nómina Folio
2010-01 20.223.834 885
2010-02 21.115.501 902, 908
2010-03 22.078.667 932, 936
2010-04 22.938.334 947, 964
2010-05 21.562.666 971
2010-06 20.275.167 997
2010-07 20.445.667 1027
2010-08 21.647.666 1041
2010-09 25.905.668 1055
2010-10 25.372.667 1088
2010-11 22.421.667 1097
2010-12 18.439.333 1120

Cooperativa COOPARIZONA
Requerimiento Ordinario 312382013000259
Período Valor total nómina Folio
2010-01 23.140.835 567
2010-02 22.472.668 593
2010-03 26.128.834 618
2010-04 28.199.999 639
2010-05 31.314.834 671
2010-06 30.731.167 703
2010-07 27.760.334 729
2010-08 25.476.500 752
2010-09 26.591.667 775
2010-10 26.300.834 801
2010-11 25.375.333 827
2010-12 25.424.833 853

En el acta de visita a la Cooperativa Codepal - COOPDEPAL (fls.1159 a 1161) del
21 de agosto 2013,la cual fue atendida por el representante legal principal, a quien
se le interrogó sobre la actividad económica de la demandante, Hacienda la Cabaña
S.A., contestó que «la hacienda se dedica a la siembra de palma africana e híbrido… la
cooperativa le prestó el servicio de mantenimiento del cultivo de palma africana e hibrido»; se le
preguntó si la cooperativa «actuó como empresa de intermediación laboral o dispuso del
trabajador asociado para suministrar mano de obra temporal a terceros, o los remitió como
trabajadores en misión», contestando que «la cooperativa dispuso del trabajador asociado para
suministrar la mano de obra y así prestar el servicio a la hacienda la cabaña»; se le preguntó «si
el pago de las contribuciones con destino al sena, icbf y cajas de compensación y al sistema de
seguridad social (salud, pensión y arp) de que trata la Ley 1233 de 22 de julio de 2008, fueron
asumidas por el trabajador o asociado», contestando «Esas contribuciones las pagaba la
cooperativa, en el porcentaje de ley que le correspondía y el resto se le descontaba al asociado»;
se le preguntó si «la herramienta utilizada por los asociados para llevar a cabo la prestación del
servicio, era de propiedad de la Cooperativa», contestando «… la herramienta la compraba
hacienda la cabaña y nos subsidiaba el 50% del valor de la compra».

En el acta de visita a la cooperativa de trabajo asociado de Servicios en Palma
Africana (fls.1363 a 1365) del 21 de agosto 2013, que fue atendida por el
representante legal principal de la cooperativa. Se le interrogó sobre la actividad
económica de la demandante, Hacienda la Cabaña S.A., y contestó «… la hacienda
se dedica al cultivo e industria de la palma africana… la cooperativa le prestó el servicio de
mantenimiento y cultivo de palma africana»; se le preguntó «como (sic) eran requeridos los
servicios por parte de la Hacienda la Cabaña a la Cooperativa de Trabajo Asociado…»,
contestando: «La cooperativa tenía un área de trabajo, que iniciaba desde la cosecha y el
mantenimiento durante el transcurso del año»; se le preguntó si la cooperativa «actuó como
empresa de intermediación laboral o dispuso del trabajador asociado para suministrar mano de obra
14

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temporal a terceros, o los remitió como trabajadores en misión…», contestando «El término del
contrato era según la cantidad de palmas sembradas en el lote, y los asociados realizaban la labor
contratada con la hacienda la Cabaña»; sobre el pago de los aportes al sistema general
de seguridad social contestó que «esa contribuciones las pagaba la cooperativa, en el
porcentaje de ley que le correspondía y el resto se le descontaba al asociado»; igualmente, se
le preguntó si la herramienta utilizada por los asociados para llevar a cabo la
prestación del servicio era de propiedad de la Cooperativa, contestando que « la
hacienda la Cabaña se encargaba de comprar dicha herramienta de trabajo y nos subsidiaba el 50%
del costo».

En el acta de visita a la cooperativa La Unificación (fls.1268 a 1270), la cual se llevó
a cabo el 21 de agosto 2013, y en la que se interrogó al representante legal principal
de la cooperativa, sobre la actividad económica desarrollada por la cooperativa
durante el año 2010, precisó: «Durante el año 2010, la Cooperativa estuvo dedicada a la
prestación del servicio de mantenimiento, siembra, cosecha y poda de palma africana a la hacienda
la Cabaña». También se le preguntó sobre la actividad económica de la sociedad
Hacienda la Cabaña, contestando «esa empresa cultiva palma africana, produce aceite y
todos los derivados del aceite, tales como manteca y concentrado… la cooperativa le prestó el
servicio de mantenimiento del cultivo de palma africana»; se indagó sobre el requerimiento
de servicios por parte de la demandante, contestando «La hacienda la Cabaña nos
asignaba unas áreas a las cuales teníamos que hacerle todo el mantenimiento, cosecha, poda y
siembra de la palma africana»; se le preguntó si la cooperativa actuó como empresa de
intermediación laboral o dispuso del trabajador asociado para suministrar mano de
obra temporal a terceros, o los remitió como trabajadores en misión, contestando
«No tengo claro cual (sic) fue el término del contrato, pero la cooperativa pagaba el valor que le
correspondía por ley y el resto se le descontaba al asociado»; se le preguntó sobre el pago al
sistema de seguridad social contestando «al asociado se le descontó lo de ley y el resto lo
pagaba la Cooperativa»; se le preguntó «Cómo y con qué documento soportaba usted el cobro
de los servicios prestados a la sociedad Hacienda la Cabaña S.A.», contestó «Cada mes se le
pasaba una factura de venta a la Hacienda la Cabaña, la cual se hacía de acuerdo al control de corte
de labores que llevaba la cooperativa y la hacienda».

En el informe final de visita (fl.1506), se encuentra relacionada la información
exógena presentada por las cooperativas proveedoras sobre los servicios prestados
a la demandante, así:

Total Información Declaración
Nit Tercero Folio privada
Folio
Cuenta 74 terceros
Cta. Progresar del
900.014.329 1.028.941.822 1.029.428.542 1474 1467
Litoral (Sic)6 4.765.683.000
822.007.144 Cta Coari 1.543.732.391 1.640.384.163 1477 1.694.048.000
490
822.007.421 Cta Palmalandia 434.192.819 442.762.506 1480 821.985.000 492
900.132.797 Cta Arizona 843.242.220 No reportó 1481/82 858.300.000 493
822.007.485 Cta Codepal 724.318.285 No reportó 1483/84 745.939.000 487
822.007.706 Cta Copalmicha 693.002.262 No reportó 1487/88 697.513.000 489
Cta Servicios de
822.007.195 821.851.348 No reportó 1491/92 OMISO 488
Palma Africana
822.007.598 Cta La Unificación 938.672.341 No reportó 1489/90 1.042.765.000 491
TOTAL 7.027.953.488

Además, la actora, al presentar la demanda, aportó copia del libro auxiliar saldos y
transacciones por cuenta/tercero, copia de las notas internas de contabilidad por los
pagos efectuados y relación de facturas de las cooperativas (cd obrante a folio 220)

6 Este NIT corresponde a la Cooperativa de Trabajo Asociado Progresar del Llano
15

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Igualmente, se allegó certificado de revisor fiscal en el que se expuso lo siguiente
(fl.60):

“2. De conformidad con la auditoría que he realizado y conforme a las normas generalmente
aceptadas en Colombia, que la información contable indicada a continuación es real y
correcta y fue llevada conforme a lo normado en el Decreto 2649 de 1993 y en
concordancia con el artículo 50 del Código Comercio. Los registros contables
mencionados a continuación corresponden al año 2010 y fueron tomados del Libro Diario
y Mayor registrado ante la Cámara de Comercio el día 14 de julio de 2010 con número
01457504, en el folio “HCCLN 3737” en la cuenta 743535 el valor de $808.277.368; de
igual forma según registros auxiliares, comprobantes contables y soportes documentales
preparados por la Administración de la Sociedad y en poder de la misma y se registraron
y practicaron transacciones comerciales con los terceros relacionados en el siguiente
cuadro, durante el año 2010 así:

Nit Tercero Valor Cancelado
822007421 PALMALANDIA 63.867.188
822007144 COARI 143.999.683
900132797 COOPARIZONA 150.847.947
822007485 CODEPAL 83.480.839
822007598 COLPALMICHA 144.705.630
900014329 LA UNIFICACIÓN 76.642.954
822007195 COOPSERVIPAF 98.302.023
Total 808.277.368

En el caso concreto, la Administración arriba a la conclusión de que los costos se
incrementaron por la intervención directa de la sociedad demandante, Hacienda la
Cabaña, en las labores ejecutadas por las cooperativas, sin que se aprecie un
mayor análisis probatorio o argumento alguno que demuestre como esta
intervención incrementó los referidos costos.

Al respecto, la Sala reitera que el deber de la DIAN no se debe limitar únicamente
al cuestionamiento sobre la forma jurídica o las circunstancias en que se cumplió el
negocio, pues es indispensable demostrar que los contratos, hechos o
circunstancias, afectaron indebidamente la determinación de la carga fiscal.

En este sentido, así se pueda llegar a demostrar que, por la manera en que se pactó
y ejecutó el servicio, se comprometió la plena autonomía de las entidades
cooperativas, la Administración tenía la carga de demostrar de qué manera y en qué
cuantía estas circunstancias dieron como resultado la inexistencia de los costos.

Con respecto a los contratos celebrados con las cooperativas de trabajo asociado,
se advierte que la demandada, a pesar de que en los actos administrativos se refiere
a la simulación, no objeta la naturaleza de los contratos ni cuestiona la realidad de
los pagos realizados por la sociedad Hacienda la Cabaña S.A., ni la existencia de
la prestación del servicio por parte de las cooperativas de trabajo asociado, por el
contrario dicha prestación del servicio fue la que sirvió de argumento para proponer
el desconocimiento de la depreciación de los activos utilizados en la ejecución del
mismo.

Conforme con los antecedentes administrativos que reposan en el expediente, está
demostrado, y no es cuestionado por la demandada, que en el caso objeto de
estudio se prestó un servicio que generó obligaciones para la sociedad actora y que,

16

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dichas obligaciones fueron debidamente registradas y soportadas con las facturas7
expedidas por las entidades cooperativas, así como está demostrado que fueron
pagadas a estas entidades, como consta en la copia del libro auxiliar, saldos y
transacciones de los pagos cuenta/tercero y en las notas internas de contabilidad.
Igualmente, el certificado del revisor fiscal hace referencia a las transacciones
comerciales con las cooperativas y su debido registro en la cuenta PUC 743535

Por otra parte, se verificó que las cooperativas realizaron aportes a la seguridad
social sin que se haya demostrado que dichos pagos y aportes los realizó
directamente la sociedad actora, ni existe prueba alguna de que los valores
registrados en la subcuenta 743535 «Compensaciones CTA», hayan sido destinados a
retribuir directamente a los cooperados ni para asumir las obligaciones en materia
de seguridad social y aportes parafiscales, por lo que para la Sala todos los valores
registrados en esa cuenta corresponden a lo pagado en contraprestación por los
servicios contratados.

Adicionalmente, advierte la Sala que, respecto de las atribuciones de la contratante
para realizar auditorías, supervisión y control de calidad, no se puede concluir una
injerencia indebida sobre la labor contratada, pues dentro de la práctica comercial,
es natural exigir controles sobre la calidad y cumplimiento del servicio contratado.
Situación diferente se presentaría si al intervenir el contratante, este hubiere exigido
el cumplimiento de jornadas laborales, la imposición de reglamentos de trabajo o
prácticas que impliquen la subordinación del personal que ejecuta el servicio
contratado, hechos que no se encuentran demostrados en el expediente.

Estando claro que el fundamento de la glosa desarrollada por la Administración no
estaba encaminado a cuestionar la existencia del servicio prestado y su pago, sino
a señalar que la intervención de la sociedad contratante en la prestación del servicio
generó un sobrecosto en la operación, cobran relevancia los argumentos de la parte
demandante en cuanto a que las ofertas mercantiles fueron el marco de referencia
de la relación comercial, operación que se soportó con las facturas que cumplían
con los requisitos de ley y que describían genéricamente los servicios prestados.

Si bien la Corte Constitucional8 ha señalado que las cooperativas de trabajo
asociado se caracterizan por su asociación libre y voluntaria, su desarrollo conforme
al principio de igualdad de los asociados, la solidaridad en las compensaciones o
retribuciones y la existencia de autonomía empresarial, así como que las relaciones
que se desarrollan en su interior no ingresan en la órbita de las relaciones de trabajo
subordinado, pues los asociados son los dueños de la cooperativa, en el caso
presente se está ante la prestación de un servicio que originó una contraprestación
en dinero, sin que se haya demostrado que las circunstancias en que fue ejecutado,
presuntamente en contradicción con la legislación cooperativa, originaron costos
irreales o improcedentes para la entidad contratante o un indebido aprovechamiento
de la forma jurídica para la obtención de ventajas fiscales.

Por lo anterior, encuentra la Sala que la carga de la prueba por parte de la
Administración no se ejerció de manera adecuada, ya que se limitó a desconocer
los costos declarados por la demandante sin demostrar cualquier otra circunstancia

7
En total de las facturas se observan descripciones: «Proceso de adecuación de tierras y producción
agropecuaria (mantenimiento de cultivo palma africana)», «Corte de fruta mecanizada»; factura Nro. 85
Colpalmicha CTA, fl.388; factura Nro. 89 Coopunión, fl.381; factura Nro. 54 Cooparizona, f. 379, etc.
8
Corte Constitucional, sentencia T-868 de 2013
17

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que desvirtuara los valores declarados por la sociedad demandante. La demandada,
ante la presencia de presuntas irregularidades en el cumplimiento de las normas
que propenden por la autonomía de las entidades cooperativas en el manejo de los
medios de producción9, sin mayor análisis probatorio concluyó la existencia de
sobrecostos en la operación.

En la liquidación oficial de revisión, sobre las facturas la administración dijo que
“adicionalmente llama la atención que los soportes (facturas) con los cuales pretende justificar el
costo se refieren en forma global al monto, sin que se detalle el valor unitario, ni las cantidades de
cosecha ni las variables que intervienen en las labores realizadas; circunstancia que va en contra de
lo previsto en el numeral 5 de la oferta mercantil (1589)”.

Al respecto considera la Sala que en el cuestionamiento de las facturas no se realizó
por falta de los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.
Además, si bien en la oferta se señalan los lineamientos para determinar el pago
por parte de la demandante, esto no significa que la factura deba detallar estos
conceptos, pues es el Estatuto quien establece la información que debe registrarse
en la factura, tales como una descripción específica o genérica del servicio prestado,
para este caso, y del valor total de la operación, elementos que se evidencian en
las facturas allegadas.

En consecuencia, prospera el cargo de nulidad por errada valoración probatoria al
rechazar costos por concepto de servicios pagados a cooperativas de trabajo
asociado.

3. Falsa motivación en el rechazo de gastos por depreciación.

La sentencia de primera instancia consideró que la demandada no demostró que la
depreciación solicitada correspondiera a los activos asignados para el desempeño
de la labor contratada, además de que los medios de prueba allegados por la actora
prueban que la depreciación solicitada corresponde a activos que no fueron dados
en comodato.

En relación con el rechazo de los gastos por depreciación, con fundamento en la
naturaleza de la actividad contratada, esto es, corte, recolección y mantenimiento
de cultivos de palma, la demandada asume que el total del listado de activos objeto
de depreciación aportado durante la etapa de determinación, fueron usados por las
cooperativas al haberles sido entregados a título de comodato. Además, sostiene
que no se demuestra el registro contable a las cuentas del costo o del gasto ni se
evidencia la vida útil ni los cálculos correspondientes.

Según las ofertas mercantiles obrante en el expediente y suscritas por las
cooperativas Codepal (fl.1174), Coopservipaf (fl.1376), Colpalmicha (fl.1585),
Cooparizona (fl.1593), Coopcoari (fl.1594) y Cooppalmalandia (fl.1601), con
respecto a las herramientas y equipo, las partes se comprometieron en los
siguientes términos: «Las herramientas de cosecha (cuchillos, peinillas, fundas, piedras de afilar,

9 Decreto 2588 de 2006, artículo 8. De los medios de producción y/o de labor de las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado. La Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado deberá
ostentar la condición de propietaria, poseedora o tenedora de los medios de producción y/o labor, tales como
instalaciones, equipos, herramientas, tecnología y demás medios materiales o inmateriales de trabajo (…)
Si los medios de producción y/o de labor son de terceros, se podrá convenir con ellos su tenencia a cualquier
título, garantizando la plena autonomía en el manejo de los mismos por parte de la cooperativa. Dicho
convenio deberá perfeccionarse mediante la suscripción de un contrato civil o comercial.

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limas, tubos, guantes, abrazaderas) serán suministradas por parte nuestra y las carretas, búfalos,
mallas serán suministradas por Ustedes en calidad de comodato o préstamo» (resaltos de
la Sala). En el caso de la Cooperativa Coopunión, en el contrato suscrito entre las
partes no se estipuló el comodato de bienes para la prestación del servicio (folio
1278).

Advierte la Sala que la entidad demandada, a partir de la lectura de las ofertas
mercantiles, se limita a aseverar que el total de los activos contenidos en los listados
aportados por el contribuyente en la vía administrativa y judicial fueron dados en
comodato a las cooperativas de trabajo asociado, sin aportar prueba alguna que
demuestre este hecho.

En este sentido, tal como lo estableció el a quo, en las ofertas mercantiles se
definieron los bienes que se asignaron a las cooperativas para ejecutar la labor
contratada, específicamente búfalos, zorras o carretas y mallas, sin que la entidad
demandada presentara pruebas para demostrar que la depreciación solicitada por
la actora en la declaración de renta del año gravable 2010 correspondía a estos
semovientes y equipos.

De la misma manera, no se demostró que los bienes contenidos en el listado
aportado en la vía administrativa y judicial hayan sido dados en comodato. De estos
activos la demandada aportó su uso dentro de los cuales figuran, entre otros (fls.138
a 144 cp.):

• Caldera Combi 550 BL 20020201, genera vapor
• Congelador 5 pies, se utiliza para refrigerar insumos
• Máquina Cosedora de L 20031101, se utiliza para coser bultos de torta
• Guadañadora L 20020101 para limpieza de maleza
• Tractor agrícola, sirve para arrastre de remolques, cargue y movimiento de
tierras
• Aireador descompactador L 20030101 para aireación de suelos: rompe la capa
superficial y estolamiento, descompactando los mismos
• Fumigadoras
• Balanza gramera ELE L20030502, consiste en una balanza de precisión para
medir elementos sólidos y líquidos.

Respecto de los bienes, se aportó el movimiento de depreciación mensual (fls.79 a
137 cp.) y las facturas de compra de la maquinaria depreciada en el año 2010
(fls.146 a 219 cp.).

En consecuencia, tal y como lo concluyó la sentencia apelada, las pruebas
aportadas permiten concluir que los equipos dados en comodato para la ejecución
de la labor contratada no son los mismos respecto de los cuales la demandante
pretende la aplicación del costo por depreciación, además de que la depreciación
solicitada corresponde a bienes relacionados con la actividad productora de renta y
son de su propiedad, aspecto que no fue controvertido por la demandada, probando
además el costo de adquisición, depreciación histórica, movimiento mensual de la
depreciación, su descripción y uso durante el año gravable 2010.

Si bien la administración destaca que no se establece la vida útil de la maquinaria y
equipo, lo cierto es que el artículo 2 del Decreto 3019 de 1989, compilado en el
artículo 1.2.1.18.4 del Decreto 1625 de 2016 reglamente este aspecto, donde para
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este tipo de activos es de 10 años, con excepción de la depreciación acelerada
vigente para la época de los hechos, aspecto que no fue invocado. Igualmente, con
los demás documentos se puede establecer la fecha de adquisición y la
depreciación histórica, por lo que la DIAN tenía los elementos para determinar si la
depreciación se estaba realizando indebidamente.

Por lo anterior, no era procedente el rechazo de depreciación de maquinaria y
equipo.

4. Falsa motivación al rechazar gastos operacionales.

En el recurso de apelación, la actora reiteró los argumentos presentados con
ocasión de la demanda, afirmando que no es razón para negar los gastos generados
por el contrato de cuentas en participación el hecho de haber sido pagados a un
asalariado, parte contratante, sin calidad de comerciante.

Sobre el particular, se destaca que en la sentencia de primera instancia el hecho de
que una de las partes no fuera comerciante, es una las razones por las cuales se
negó el cargo, a lo que se suma que, analizado el contrato, se evidenció la
desnaturalización de un contrato en cuentas en participación.

La Sala ha establecido que, si en el proceso de fiscalización se encuentran serios
elementos de juicio que permitan inferir que un contrato que, en apariencia
corresponde al de colaboración empresarial, en realidad concierne a otra modalidad
contractual, corresponde al contribuyente probar la realidad del que pretende
acreditar10.

Conforme con la definición legal, contenida en el artículo 507 del Código de
Comercio, una de las características de esta figura jurídica es el acuerdo de dividir
las ganancias o pérdidas, característica que si bien puede ser objeto de un acuerdo
diferente en desarrollo del principio de la autonomía privada, en materia fiscal es
determinante para establecer la verdadera naturaleza económica de la relación
jurídica pactada y su incidencia en la determinación de la carga tributaria.

Otra de las particularidades del contrato de cuentas en participación es la ejecución
de las operaciones por parte del socio gestor, reputándose único dueño del negocio
en las relaciones externas de la participación, restringiéndose el participe oculto a
realizar su aporte y limitando su responsabilidad al valor del mismo mientras no se
revele su calidad de participe.

Al tratarse de un contrato de colaboración en donde los partícipes buscan una
finalidad común, tomando interés en una o varias operaciones mercantiles sobre las
cuales acuerdan repartir las ganancias obtenidas o bien asumir las pérdidas en la
proporción acordada, sus efectos económicos se apartan de los que pueden
predicarse de contratos tales como los de prestación de servicios u otros en los que
se pacta una contraprestación económica que se define en el mismo momento de
su celebración. Así, en las cuentas en participación el resultado queda supeditado
al éxito en la gestión del negocio, lo que entraña la incertidumbre sobre los
beneficios esperados.

10 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 27 de junio de 2018, exp.21745; C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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Los elementos anteriores caracterizan el contrato de cuentas en participación,
determinantes de sus particulares consecuencias fiscales que lo diferencian de un
contrato de contraprestación11, pues sus partícipes comparten la utilidad o la pérdida
en el negocio.

Así mismo, esta Sala ha manifestado que “la participación se da en las pérdidas y beneficios,
aunque esta Corporación en sentencia del 01 de abril de 2004 (exp. 13724, Maria Inés Ortíz Barbosa)
reconoció que no se desnaturaliza el contrato por pactar una distribución de los ingresos y no de la
utilidad, pues ello atentaría contra el principio de la autonomía de la voluntad. No obstante, la
participación en los ingresos, junto con otros elementos del contrato, pueden llevar a encuadrarlo en
otra tipología de negocio”12.

Para el caso concreto, en el contrato de cuentas en participación se pactó lo
siguiente (fls.395 a 400 a.a.):
«CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO:

El presente contrato tiene por objeto la explotación comercial conjunta, dentro de los marcos
legales y las buenas costumbres, de los bienes que constituyen el aporte de los partícipes,
destinada al mejoramiento y comercialización del material hibrido OXG y en general los
productos derivados de este cultivo, que en cualquier parte del territorio nacional, posea
HACIENDA LA CABAÑA S.A. con el fin de dividir entre las partes las ganancias o pérdidas en
los términos establecidos más adelante.

(…)

CLAUSULA SEGUNDA. -PARTICIPES

Son partícipes en el presente contrato:

2.1. HACIENDA LA CABAÑA S.A.

2.2. MAURICIO HERERRA VELEZ

Por la manera como se desarrollará este contrato, el señor MAURICIO HERRERA VELEZ
acuerda y acepta tener la calidad de oculto (…)

CLAUSULA CUARTA.- APORTES:

4.1 EL PARTICIPE pondrá a disposición: a. El resultado del desarrollo de su investigación
sobre el material híbrido OXG, el cual representa una alternativa para las renovaciones y
nuevas siembras que se realicen; b. aportará los beneficios arrojados en los resultados
de la investigación que comparte con el CIRAD y su filial PALMELIT, relacionado con el
mejoramiento de cultivos, selección de materiales tanto de híbridos como de elais
guinenssis y los diferentes análisis técnicos que se puedan realizar en las diversas
plantaciones; c. el resultado de sus investigaciones relacionadas con las enfermedades
de la palma, particularmente la relacionada con la PC; d. Las investigaciones y sus
resultados sobre las propiedades físico-químicas del aceite ALTO OLEICO y su
incidencia positiva en la salud humana.

4.2 EL GESTOR aporta sus conocimientos y capacidad para desarrollar las funciones de
operación y administración, poniendo a disposiciones del negocio y bajo su cuenta y
riesgo, todo el personal necesario, conocimientos e infraestructura requerido, esto es: a.
los terrenos dentro de los cuales se adelantara el proceso de siembra bajo las condiciones
técnicas indicadas por el PARTICIPE, b. igualmente aportara la planta procesadora de
todos los productos derivados de la palma, c. Adelantará el proceso de germinación de
la semilla de conformidad con las instrucciones suministradas por el participe.

11 Sentencia del 16 de julio de 2020 (exp.22390; CP: Julio Roberto Piza Rodríguez): «el régimen fiscal particular
del contrato de cuentas en participación, impone que el negocio se pueda caracterizar sin ambages en el
mismo, pues de lo contrario calificará en la categoría general de contrato de colaboración o, en su defecto,
en un contrato de contraprestación»
12 Ibidem
21

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Dentro de las funciones de operación y administración se entienden incluidas (i) El
cumplimiento a nombre y por cuenta propia, de las obligaciones formales ante la DIAN
(ii) El pago de los costos y gastos, incluidos los impuestos generados por la operación, el
impuesto sobre la renta generado en relación con la utilidad del PARTICIPE, (iii) La
atención de los requerimientos ordinarios, de información, especiales, liquidaciones
oficiales y cualquier otro acto de la Administración por concepto de impuestos, tasas,
contribuciones, anticipos, sanciones, actualizaciones, intereses moratorios, etc.,
relacionados con la (sic) el objeto del presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA.- UTILIDADES Y PÉRDIDAS:

Las partes acordamos repartir al socio Participe Oculto hasta un 3% sobre las ventas brutas
totales del ACEITE ALTO OLEICO al cierre del 31 de diciembre de cada año de vigencia del
presente contrato. Los pagos se podrán efectuar mensualmente teniendo en cuenta el tope
indicado.(…) »

De la lectura de la cláusula primera transcrita, se aprecia que el contrato tenía por
objeto la explotación comercial conjunta de los bienes aportados por los partícipes,
destinada, entre otras, a la comercialización de los productos allí descritos,
incluyendo, además, el mejoramiento de dicha comercialización y, conforme con la
cláusula cuarta, el compromiso por parte del participe oculto de poner a disposición
del negocio el resultado de su investigación; los beneficios arrojados en la
investigación que comparte con las entidades allí mencionadas, relacionadas con el
mejoramiento de cultivos, selección de materiales y diferentes análisis técnicos a
realizar en las diversas plantaciones; el resultado de sus investigaciones
relacionadas con enfermedades de la palma y sus resultados sobre propiedades del
aceite y su incidencia positiva en la salud humana.

De conformidad con las normas contables vigentes para el año 2010, las cuentas
en participación debían registrarse, por parte del socio gestor, en la cuenta 2840,
previendo el manejo de la dinámica contable del contrato a través del uso de cuentas
de orden para registrar y controlar los bienes, ingresos, costos, gastos y las cuentas
por pagar al participe oculto, entre otras.

Revisados los antecedentes administrativos, la entidad demandada solicitó el
soporte de la operación, el movimiento de las cuentas en donde se registraron los
derechos, las obligaciones, ingresos, costos y la forma en que se calcularon las
utilidades repartidas al participe oculto (fl.452). Por su parte, la demandante se limitó
a presentar el asiento contable de los ingresos operacionales por la elaboración de
aceites y grasas, una resumen de ventas, una relación firmada por la Gerente
Financiera sobre el pago hecho al partícipe oculto que se registró en la cuenta
51952001 de gastos de representación que informan sobre el pago de 12 cuotas
liquidas sobre el ingreso en la venta de aceite sin aportar documento o registro
alguno que demostrara el aporte de las investigaciones que, según el contrato, el
partícipe oculto desarrolló con las entidades mencionadas en la cláusula cuarta del
acuerdo, ni la determinación de la utilidad o pérdida contable propias de las cuentas
en participación y que son el objeto de reparto (fls.456 a 457)

En consecuencia, se observa que los términos en que se calcularon los beneficios
reconocidos al participe oculto fueron conforme al reconocimiento de un porcentaje
en los ingresos brutos obtenidos por la venta de aceites, si bien esto obedece al
principio de autonomía de las partes, revisado con otros aspectos como la falta de
prueba del aporte realizado por el oculto y el manejo contable dado a estas
operaciones, pues el pago se dio como gastos de representación, llevan a la Sala a
concluir que no se trata de la tipología contractual alegada por la demandante.
22

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Con todo, es preciso manifestar que la demandante no apeló que el socio oculto,
tenía la condición de accionista y representante legal de la sociedad.

Por las razones expuestas, no es procedente acceder a los solicitado por la
demandante, sin necesidad de determinar si el hecho de que un participe no sea
comerciante incide para este caso, pues se reitera, no se comprobó la realidad de
la operación. En consecuencia, no prospera el cargo de apelación.

5. Sanción por inexactitud

En el caso concreto está probado que la contribuyente no demostró la realidad del
contrato de cuentas en participación, cuestionado por la DIAN. Por ende, el valor de
$270.561.000 declarado por concepto de gastos de representación, así como los
gastos por salud y pensión que fueron aceptados por la demandante en sede
administrativa, conforme con el artículo 647 del ET, constituye inexactitud
sancionable por inclusión de datos o factores equivocados, incompletos o
desfigurados.

Por lo anterior, la sanción por inexactitud impuesta en los actos administrativos se
encuentra ajustada a derecho y se debe mantener, teniendo en cuenta lo resuelto
en esta sentencia.

No obstante, el artículo 648 del ET, modificado por el artículo 288 de la Ley 1819 de
2016, redujo el porcentaje de la sanción por inexactitud al 100% de la « diferencia entre
el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado
por el contribuyente». En consecuencia, tal como lo reconoció el Tribunal, atendiendo
al principio de favorabilidad aplicable en materia sancionadora, es procedente fijar
la sanción por inexactitud en el 100% de la diferencia entre el saldo a pagar
establecido y el saldo a favor consignado en la declaración privada.

De acuerdo con lo anterior la Sala, a título de restablecimiento, fijará la siguiente
liquidación del impuesto sobre la renta:

Liquidación Liquidación Liquidación C.
Concepto Liq. Privada
de Revisión tribunal de Estado
Total gastos de nómina 5.026.123.000 5.026.123.000 5.026.123.000 5.026.123.000
Aportes al sistema de 870.095.000 870.095.000 870.095.000 870.095.000
seguridad social
Aportes al sena, ICBF, cajas de 324.701.000 324.701.000 324.701.000 324.701.000
compensación
Efectivo bancos otras inv 413.028.000 413.028.000 413.028.000 413.028.000
Cts por cobrar clientes 16.622.052.000 16.622.052.000 16.622.052.000 16.622.052.000
Acciones y aportes 2.747.453.000 2.747.453.000 2.747.453.000 2.747.453.000
Inventarios 5.378.846.000 5.378.846.000 5.378.846.000 5.378.846.000
Activos fijos 27.081.729.000 27.081.729.000 27.081.729.000 27.081.729.000
Otros activos 0 0 0 0
Total patrimonio bruto 52.243.108.000 52.243.108.000 52.243.108.000 52.243.108.000
Pasivos 45.767.578.000 45.767.578.000 45.767.578.000 45.767.578.000
Total patrimonio líquido 6.475.530.000 6.475.530.000 6.475.530.000 6.475.530.000
Ingresos brutos operacionales 41.558.339.000 41.558.339.000 41.558.339.000 41.558.339.000
Ingresos brutos no
921.830.000 921.830.000 921.830.000 921.830.000
operacionales
Intereses y rendimientos
524.301.000 524.301.000 524.301.000 524.301.000
financieros
Total ingresos brutos 43.004.470.000 43.004.470.000 43.004.470.000 43.004.470.000
Devoluciones, rebajas y
554.000 554.000 554.000 554.000
descuentos
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Liquidación Liquidación Liquidación C.
Concepto Liq. Privada
de Revisión tribunal de Estado
Ingresos no constitutivos de 94.165.000 94.165.000 94.165.000 94.165.000
renta ni ganancia ocasional
Total ingresos netos 42.909.751.000 42.909.751.000 42.909.751.000 42.909.751.000
Costo de ventas 31.622.754.000 29.901.842.000 30.814.476.000 31.622.754.000
Otros costos 0 0 0 0
Total costos 31.622.754.000 29.901.842.000 30.814.476.000 31.622.754.000
Gastos operacionales de
5.511.451.000 5.214.363.000 5.214.363.000 5.214.363.000
administración
Gastos operacionales de
1.661.938.000 1.661.938.000 1.661.938.000 1.661.938.000
ventas
Deducción inversiones en
0 0 0 0
activos fijos
Otras deducciones 3.645.145.000 3.645.145.000 3.645.145.000 3.645.145.000
Total Deducciones 10.818.534.000 10.521.446.000 10.521.446.000 10.521.446.000
Renta líquida ordinaria del
468.463.000 2.486.463.000 1.573.829.000 765.551.000
ejercicio
o Pérdida líquida del ejercicio 0 0 0 0
Compensaciones 0 0 0 0
Renta líquida 468.463.000 2.486.463.000 1.573.829.000 765.551.000
Renta presuntiva 178.710.000 178.710.000 178.710.000 178.710.000
Rentas exentas 0 0 0 0
Rentas gravables 0 0 0 0
Renta líquida gravable 468.463.000 2.486.463.000 1.573.829.000 765.551.000
Ingresos por ganancias 0 0 0 0
ocasionales
Costos y deducciones por 0 0 0 0
ganancias ocasionales
Ganancias ocasionales no 0 0 0 0
gravadas y exentas
Ganancia ocasional gravable 0 0 0 0
Impuesto sobre la renta
154.593.000 820.533.000 519.364.000 252.632.000
líquida gravable
Descuentos tributarios 0 0 0 0
Impuesto neto de renta 154.593.000 820.533.000 519.364.000 252.632.000
Impuesto de ganancias 0 0 0 0
ocasionales
Impuesto de remesas 0 0 0 0
Total impuesto a cargo 154.593.000 820.533.000 519.364.000 252.632.000
Anticipo por el año gravable 0 0 0 0
Saldo a favor sin sol de 0 0 0 0
devolución o compensación
Autorretenciones 0 0 0 0
Otros conceptos 909.448.000 909.448.000 909.448.000 909.448.000
Total retenciones 909.448.000 909.448.000 909.448.000 909.448.000
Anticipo por el año gravable 0 0 0 0
siguiente
Total saldo a pagar por 0 0 0 0
impuesto
Sanciones 9.562.000 1.075.066.000 374.333.000 107.601.000
Total saldo a pagar 0 986.151.000 0
Total saldo a favor 745.293.000 0 15.751.000 549.215.000

Sanción por inexactitud:

Concepto Valor
Saldo a favor declarado sin sanción 754.855.000
Total saldo a favor determinado sin sanción 656.816.000
Base sanción 98.039.000
Porcentaje 100%
Sanción determinada 98.039.000
Sanción declarada 9.562.000
Total sanción determinada 107.601.000

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Radicado: 25000-23-37-000-2015-02083-01 (24278)
Demandante: Hacienda La Cabaña S.A.

6. Costas

Finalmente, en lo que respecta a la condena en costas en segunda instancia, la
Sala se abstendrá de imponerlas, toda vez que no se encuentran acreditadas las
exigencias para su procedencia conforme al artículo 365 del Código General del
Proceso en concordancia con el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar,

“SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, MODIFÍCASE la liquidación oficial del
impuesto sobre la renta del año 2010 de la sociedad HACIENDA LA CABAÑA S.A., de acuerdo
con la liquidación efectuada por el Consejo de Estado”

2. En lo demás, confirmar la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en esta instancia

4. Reconocer personería a la doctora Yomaira Hidalgo Aníbal para actuar como
apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en los
términos del poder que le fue conferido (fl.405 ).

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Salvamento parcial

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