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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 73001-23-33-000-2018-00047-01

Fecha
18 de agosto de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 73001-23-33-000-2018-00047-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 9 de septiembre de 2021 y en su lugar se dispone: Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 092412016000016 del 31 de octubre de 2016 y de la Resolución Nro. 007334 del 26 de septiembre de 2017, por los motivos expuestos en esta providencia. A título de restablecimiento del derecho, reducir el valor de los costos rechazados a $5’139.000, determinar un valor a pagar por impuesto de $2’586.000, disminuir la sanción por inexactitud a $1’285.000 y declarar un saldo a pagar a cargo de ESPUMA por el año 2013 de $3’871.000. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 73001-23-33-000-2018-00047-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

18 de agosto de 2022

Radicado: 73001-23-33-000-2018-00047-01 (26473)
Demandante: Empresa de Servicios Públicos de Mariquita S.A. E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., dieciocho(18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 73001-23-33-000-2018-00047-01 (26473)
Demandante EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MARIQUITA S.A.
E.S.P.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

Temas Impuesto sobre la renta y complementarios. Año gravable
2013. Contrato de colaboración empresarial. Rechazo de
costos de ventas declarados.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) contra la sentencia del 9 de septiembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que decidió:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No.
092412016000016 de 31 de octubre de 2016 proferida por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, mediante la cual se modificó la declaración del impuesto sobre la renta
y complementarios correspondientes al periodo gravable 2013 y se impuso sanción por
inexactitud. Así mismo, la Resolución No. 007334 del 26 de septiembre de 2017 que resolvió
el recurso de reconsideración, mediante la cual se modificó parcialmente la liquidación oficial
mencionada, la cual se notificó el 02 de octubre de2017, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se declara la firmeza de la declaración
de renta del año 2013 presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
MARIQUITA ESPUMA S.A. ESP, acorde con lo señalado en esta providencia.
TERCERO: CONDÉNESE en costas a la parte demandada, conforme lo preceptuado en el
artículo 188 del C.P.A.C.A., en concordancia con el art. 365 del C.G.P., según se encuentren
probadas y causadas. Por Secretaría liquídense. Fíjese como agencias en derecho el valor
equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(…)»1.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Empresa de Servicios Públicos de Mariquita S.A. E.S.P. (en adelante ESPUMA)
presentó, el 23 de abril de 2014, la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios del periodo 2013.

La DIAN profirió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 092412016000016 del 31 de
octubre de 2016, que rechazó los costos de ventas (renglón 49) por valor de
4.435’581.000 porque no fueron soportados mediante facturas que cumplan los
requisitos legales e impuso sanción por inexactitud equivalente al 160% de la

1 Expediente físico. Cuaderno 2. Folio 328.
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diferencia entre el saldo a pagar declarado y el determinado oficialmente.

La sociedad contribuyente presentó recurso de reconsideración contra la anterior
decisión. Al decidir este recurso, la autoridad tributaria confirmó el rechazo de los
costos de ventas y redujo la sanción al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar
declarado y el determinado oficialmente, con la Resolución Nro. 007334 del 26 de
septiembre de 2017.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), ESPUMA formuló las siguientes
pretensiones en la demanda2, que fueron reiteradas en la subsanación de la
misma3:
«Respetuosamente solicito al Honorable Tribunal que se hagan las siguientes declaraciones
y condenas:
PRIMERA
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1. De la Liquidación Oficial de Revisión No. 092412016000016 del 31 de octubre de 2016,
mediante la cual se modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios
correspondiente al periodo gravable 2013 y se impuso sanción por inexactitud.
2. De la Resolución No. 007334 del 26 de septiembre del 2017 que resolvió el recurso de
reconsideración, mediante la cual se modificó parcialmente la liquidación oficial
mencionada, la cual se notificó el 02 de octubre de 2017.
SEGUNDA
A título de restablecimiento del derecho:
1. Que se declare la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios del año gravable 2013, presentada mediante formulario No.
1104603120473 con adhesivo 91000232274190.
2. Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, se
condene en costas a la entidad demandada»4 (negrilla y subrayado del original).

Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 29 y 363 de la
Constitución; los artículos 42 y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo; los artículos 647, 648 y 683 del Estatuto
Tributario; el artículo 264 de la Ley 223 de 1995; y el Concepto Nro. 30569 de 1999
proferido por la DIAN.

Los cargos de nulidad se resumen así:

1. Falsa motivación porque no se valoró en debida forma la celebración del
contrato de colaboración empresarial.

Señaló que el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo dispone que los actos administrativos serán nulos
cuando tengan una falsa motivación. Y afirmó que esta norma se relaciona con el

2 Expediente físico. Cuaderno 1. Folios 3 a 4.
3 Expediente físico. Cuaderno 1. Folios 64 a 65.
4 Ibidem.
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artículo 42 ibidem, según el cual todos los actos administrativos deben estar
debidamente motivados.

Luego, indicó que la DIAN omitió tener en cuenta las pruebas que demuestran que
los costos de ventas declarados correspondían al dinero entregado a la Empresa
de Servicios Urbanos S.A.S. E.S.P. (en adelante URBES) con fundamento en el
contrato de colaboración empresarial, el cual se asimiló a un contrato de cuentas en
participación, de tal modo que se desconoció la autonomía privada de las empresas,
el certificado expedido por el revisor fiscal que prueba la operación y el Concepto
Nro. 30569 de 1999 proferido por la DIAN que establece que el socio inactivo en
este tipo de contratos no tiene la obligación de expedir factura.

A continuación, sostuvo que en la oposición al requerimiento especial expuso que
ESPUMA y URBES celebraron un convenio de colaboración empresarial y no un
contrato de prestación de servicios, como lo afirmó la entidad demandada. En todo
caso, aseguró que la liquidación oficial de revisión expresamente afirmó que,
aunque existe diferencias entre las cláusulas del contrato y la regulación del contrato
de cuentas en participación del Código de Comercio, no existe impedimento legal
para que las partes pacten condiciones diferentes a las dispuestas por el legislador
y que la DIAN no tiene la potestad legal para desvirtuar el contrato pactado en virtud
del principio de autonomía de la voluntad.

Destacó que la DIAN consideró que no es aplicable el Concepto Nro. 30569 porque
se refiere a contratos de cuentas en participación que se rigen estrictamente por lo
establecido en los artículos 507 a 514 del Código de Comercio, según las cuales se
distribuyen utilidades, existe un socio oculto y un socio gestor y el socio inactivo no
tiene una obligación de hacer a su cargo, supuestos que no se cumplen en este
caso.

Empero, para la demandante, la anterior afirmación es falsa porque no se tuvo en
cuenta que i) ESPUMA actúa como socio prestador supervisor y URBES como socio
operador especializado; ii) la cláusula sexta del contrato especificó los aportes que
haría cada parte del negocio jurídico para la prestación de los servicios públicos
domiciliarios y señaló que ESPUMA realizaría la facturación a los usuarios y URBES
prestaría el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo; y iii) la cláusula séptima
estipuló que el convenio se asimila legalmente a un contrato de cuentas en
participación en lo que respecta a los derechos económicos, por lo que URBES tiene
derecho al 90% de los ingresos mensualmente facturados por el socio prestador
supervisor.

Precisó que el negocio jurídico celebrado no se trataba exactamente de un contrato
de cuentas en participación, por lo que la autoridad tributaria no podía exigir el
cumplimiento pleno de los artículos 507 a 514 del Código de Comercio, pero que en
todo caso debía asignarle los efectos fiscales del Concepto Nro. 30569 previsto para
los contratos de cuentas en participación.

Afirmó que, contrario a lo dicho por los actos acusados, el Código de Comercio no
establece que solo pueden repartirse utilidades (y no ingresos), ni que uno de los
partícipes deba permanecer oculto. Lo que realmente dispone dicho código, a su
juicio, es que el objeto, la forma, el interés y las demás condiciones se regirán por
el acuerdo de los partícipes; así como la exclusión de responsabilidad del socio
inactivo mientras permanezca oculto. Por lo anterior, sostuvo que no debió exigirse
que URBES expidiera factura que soportara los pagos que fueron realizados por
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ESPUMA en cumplimiento del contrato de colaboración empresarial y que fueron
declarados como costos de ventas.

Adujo que el Consejo de Estado, en sentencia del 1° de abril de 2004 5, reconoció
que los partícipes de un contrato de colaboración empresarial pueden acordar el
reparto de ingresos, no solo de utilidades, y que la gestión del objeto contractual
sea compartida sin que se desvirtúe su naturaleza colaborativa y que, para efectos
fiscales, sean aplicables las reglas del contrato de cuentas en participación.
Además, afirmó que dicha sentencia dejó en claro que la prueba del reparto de los
ingresos percibidos entre los contratantes radica en los registros contables y en los
certificados expedidor por el revisor fiscal y por el contador del socio gestor.

Sostuvo que no es cierto que el Concepto Nro. 30569 solo sea aplicable en casos
en los que se acuerda entre los partícipes el reparto de utilidades y la permanencia
de uno de ellos como socio oculto. Entonces, a su juicio, es aplicable la conclusión
de dicho concepto, en el sentido en que no es necesario que el socio inactivo expida
factura del pago realizado por el socio gestor.

Expuso que se debe entender por socio inactivo aquel partícipe con quien no se
contrata el servicio por parte del tercero, como ocurre en este caso en que los
usuarios del servicio público no contratan a URBES, sino a ESPUMA.

Con base en lo expuesto, concluyó que están probados los costos declarados
conforme con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario y que la DIAN no cumplió su
carga de exponer y probar los hechos que justifican sus determinaciones.

2. Violación de la doctrina oficial - artículo 264 de la Ley 223 de 1995

La sociedad actora expuso que el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 establece que
los contribuyentes podrán sustentar sus actuaciones en los conceptos escritos de
la Subdirección Jurídica de la DIAN y que las actuaciones tributarias realizadas a su
amparo no pueden ser objetadas por la autoridad tributaria.

Así, afirmó que ESPUMA actuó con sustento en el Concepto Nro. 30569, según el
cual lo pagado al partícipe inactivo de un contrato de colaboración empresarial no
debe estar soportado en factura de venta o documento equivalente, postura que fue
aceptada por la autoridad tributaria en la liquidación oficial acusada.

Manifestó que, aunque la DIAN señaló que no era aplicable dicho concepto porque
se refiere a contratos de cuentas en participación que atienden de forma estricta los
artículos 507 a 514 del Código de Comercio, lo cierto es que en la doctrina oficial
referida no se encuentra esta exigencia de la administración.

Por lo anterior, sostuvo que nada impedía que el contrato de colaboración
empresarial de 2010, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, pactara
que los derechos económicos se regirían por la legislación del contrato de cuentas
en participación, aunque por los demás elementos del acuerdo se considere un
contrato atípico.

5 Al respecto, la demandante únicamente invocó una providencia con la siguiente información: Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 13724. Sentencia del 1 de abril de
2004. CP: María Inés Ortiz Barboza.
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3. Violación de la prohibición a la doble tributación.

Según la demandante, URBES declaró los ingresos que le fueron pagados en 2013
con base en el contrato de colaboración. Entonces, al rechazar el costo de ventas
declarado por ESPUMA, se está imponiendo una doble tributación porque se grava
dos veces el mismo ingreso originado en el contrato de colaboración empresarial,
lo que viola los artículos 863 de la Constitución y 683 del Estatuto Tributario.

Afirmó que el Consejo de Estado señaló que es ilegal e injusto que la autoridad
tributaria pretenda que uno de los partícipes del contrato de colaboración
empresarial tribute en el impuesto sobre la renta y complementarios por la totalidad
de los ingresos generados en desarrollo del negocio conjunto6.

Reiteró que está probado que el 90% de los ingresos del contrato de colaboración
empresarial fueron pagados a URBES, hecho que fue comprobado por la Dirección
Seccional de Impuestos de Bogotá, lo que dio lugar a que archivara el procedimiento
de fiscalización iniciado contra esa empresa mediante el Auto Archivo Nro.
32240201600139 del 6 de julio de 2016.

Sostuvo que es claro que la demandada pretende gravar dos veces un mismo hecho
económico, vulnerando de manera flagrante el principio de justicia y lo dispuesto en
el artículo 683 del Estatuto Tributario.

4. No procede la sanción por inexactitud.

La actora sostuvo que, por los cargos anteriores, no procede el mayor impuesto
determinado en los actos acusados ni la sanción por inexactitud, pues la sociedad
actuó conforme a derecho.

En todo caso, comoquiera que sustentó su actuación en la jurisprudencia y la
doctrina oficial, consideró que está excluida de responsabilidad porque existió una
diferencia de criterios, tal como lo prevén los artículos 647 y 648 del Estatuto
Tributario.

Oposición a la demanda y a la reforma de la demanda

La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos,
expuestos en la oposición a la demanda y su reforma:

1. Sobre la falsa motivación por la indebida valoración de la celebración del
contrato de colaboración empresarial.

La autoridad tributaria indicó que el rechazo de los costos no tiene fundamento en
el desconocimiento del contrato de cuentas en participación, sino por la falta de
soporte idóneo que respalde la contabilidad.

Afirmó que la transacción comercial entre la demandante y URBES requiere de
facturas o documentos equivalentes que demuestren que los pagos hechos
corresponden a la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, por lo
que no basta con hacer una aproximación basada en porcentajes suministrados por

6 La actora citó las siguientes providencias con la siguiente información: i) Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 13724. Sentencia del 1 de abril de 2004. CP: María
Inés Ortiz Barboza; y ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
16887. Sentencia del 10 de febrero de 2011.
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URBES para desglosar y asegurar que los rubros llevados a la contabilidad de
ESPUMA son acordes con la realidad.

Señaló que en este caso es aplicable la tesis de la sentencia del 2 de agosto de
2017, proferida por el Consejo de Estado7, que sostuvo que el contribuyente debe
demostrar que los pagos corresponden al reparto de ganancias de un contrato de
cuenta en participación, para lo cual no basta la sola existencia del contrato.

Con base en lo anterior, sostuvo que la sociedad actora afirmó de forma
contradictoria en el recurso de reconsideración que el contrato celebrado con
URBES es un contrato de cuentas en participación y, en el mismo escrito, negó que
tenga esa naturaleza jurídica. Esto tuvo como consecuencia que fuera necesario
interpretar las cláusulas del contrato, lo que permitió a la autoridad determinar que
se trataba de un contrato de prestación de servicios. Por lo anterior, los actos
acusados concluyeron que los costos debieron ser demostrados mediante facturas,
tal como lo ordena el artículo 771-2 del Estatuto Tributario. Pese a esto, la sociedad
demandante no cumplió su carga de demostrar que la realidad contractual era
distinta conforme lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso.

De otro lado, sostuvo que el Concepto Nro. 030569 concluyó que no se requiere de
factura para el reconocimiento de utilidades al socio oculto. Pero dicha conclusión
no es aplicable a este caso porque el rechazo de los costos de ventas proviene de
pagos asociados a más de setenta cuentas contables relacionadas en el reverso
del folio 557, que pertenecen al grupo 75, los cuales provienen de la operación y no
del reparto de utilidades al socio oculto, por lo que reiteró que no se está exigiendo
la expedición de facturas por el reparto de utilidades.

Afirmó que la sentencia 13724 del 1° de abril de 2004, invocada por la demandante,
tampoco es aplicable en este caso porque la glosa a la declaración está relacionada
con el costo de ventas no soportado mediante facturas, por lo que no existe similitud.

Precisó que dicha sentencia establece que la prueba del reparto de ingresos es el
registro contable y el certificado de contador y de revisor fiscal. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta que el artículo 777 del Estatuto Tributario indica que la expedición
de dichas certificaciones no altera la facultad de comprobación de la DIAN, por lo
que la jurisprudencia ha exigido que deben contener algún grado de detalle en
cuanto a los libros, cuentas o asientos a los que corresponde. No obstante, en este
caso, los certificados que fueron proferidos no cuentan con los soportes contables
requeridos, concretamente no indicaban las facturas que los sustentaban.

En la oposición a la reforma de la demanda, indicó que la actora trata de imponer a
la DIAN la carga de probar la realidad contractual con base en el artículo 167 del
Código General del Proceso, pero es la contribuyente la que debe hacerlo.

También insistió en que la sociedad demandante debía demostrar los costos
declarados mediante factura porque así lo exige el artículo 771-2 del Estatuto
Tributario.

Al hilo con lo anterior señaló que, a su juicio, ESPUMA faltó a la lealtad procesal
porque aportó con la reforma de la demanda un certificado del revisor fiscal de

7 La entidad citó la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Cuarta. Proceso. 17001-23-37-000-2012-00198-01 (20701). Sentencia del 2 de agosto de 2017. CP: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
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URBES que fue elaborado después de presentada la oposición a la demanda con
el fin de corregir la irregularidad fiscal en la prueba de los costos. En todo caso,
manifestó que dicho certificado carece de soportes externos e internos, pues
solamente se fundamenta en los registros contables, por lo que no tiene valor
probatorio.

Así mismo, adujo que está probado que URBES prestó un servicio a ESPUMA por
lo que era deber de la demandante acreditar sus costos mediante factura y que
dicha postura fue planteada por los actos acusados, de tal modo que no es cierto
que la autoridad tributaria haya omitido analizar lo pactado entre ambas empresas.

Finalmente, sostuvo que la reforma de la demanda introdujo nuevos cargos y
nuevas pruebas que pretenden controvertir los argumentos de defensa expuestos
en la oposición a la demanda, lo que no es procedente porque vulnera el derecho
al debido proceso y de defensa de la entidad demandada.

2. Sobre la violación de la doctrina oficial.

Manifestó que los conceptos emitidos por la DIAN tienen naturaleza de actos
administrativos de reglamentación, por lo que los contribuyentes pueden
fundamentar sus actuaciones en ellos, siempre y cuando se encuentren vigentes
pero bajo el supuesto que las actuaciones realizadas por el contribuyente sean
similares a lo señalado por el concepto. Entonces, comoquiera que la actora no
tenía un contrato de cuentas en participación sino un contrato de prestación de
servicios, no es aplicable el Concepto Nro. 030569 y, por lo tanto, su actuación no
estaba amparada en él.

3. Sobre la prohibición a la doble tributación.

Señaló que no se está imponiendo al demandante pagar dos veces el tributo por el
mismo hecho económico, sino que se rechazó el costo de ventas declarado porque
no cuenta con el soporte que prevé el artículo 771-2 del Estatuto Tributario.

De otro lado, indicó que la demandante no demuestra que los ingresos que se
relacionan en su declaración hayan sido adicionados o declarados por las otras
partes que intervinieron en el contrato, por lo que no puede afirmarse que exista una
relación de causa efecto entre la exigencia del cumplimiento de los requisitos
legales para reconocer los costos de venta con la pretendida configuración de la
doble tributación, más cuando URBES declaró sus propios ingresos.

4. Sobre la diferencia de criterios.

Indicó que la sanción fue impuesta porque ESPUMA declaró costos inexistentes, de
tal modo que no puede afirmarse que haya una diferencia de criterios.

5. Sobre la condena en costas.

Solicitó que no se impusiera condena en costas porque no ha sido demostrada su
causación.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Tolima accedió a las pretensiones de la demanda con
base en las siguientes consideraciones:
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Demandante: Empresa de Servicios Públicos de Mariquita S.A. E.S.P.

1. Sobre la falsa motivación por la indebida valoración de la celebración del
contrato de colaboración empresarial.

El a quo indicó que el Consejo de Estado, en sentencia del 16 de julio de 2020 8,
explicó que las partes de un contrato tienen libertad de reglar sus relaciones
acudiendo a contratos típicos y atípicos. Sin embargo, la autoridad tributaria tiene la
posibilidad de calificar los hechos económicos para efectos estrictamente fiscales,
para lo cual puede prescindir del nomen iuris y la forma del negocio jurídico.

Luego, señaló que, en un caso similar resuelto en la sentencia del 26 de febrero de
20209, esta Sección consideró que el Código Civil y el Código de Comercio no
definen el contrato de prestación de servicios, pero que puede afirmarse que versa
sobre una obligación de hacer para la ejecución de tareas en razón de la
experiencia, la capacitación y la formación de una persona en determinada materia,
sin subordinación y por un tiempo determinado, recibiendo en contraprestación unos
honorarios.

Expuso además que, las sentencias del 2 de febrero de 2017 y del 27 de junio de
201810 indicaron que un contrato califica como de colaboración empresarial cuando
se cumplen los siguientes requisitos: i) que los contratantes conserven su
individualidad jurídica, ii) existe unidad de propósito, iii) aportan activos, bienes en
especie o industria para el desarrollo del proyecto común, y iv) delimitan la forma en
que se asumirán los riesgos y se distribuyen los resultados. Además, precisó que
cada parte debe registrar los ingresos, costos y gastos en la proporción de su aporte.

También señaló que la sentencia del 15 de octubre de 202011 indicó que las cuentas
en participación es un contrato típico mercantil, es un negocio jurídico colaborativo
que no da lugar a la creación de una nueva persona jurídica, que tiene como objetivo
que dos o más sujetos toman interés en una o varias operaciones mercantiles que
se ejecuta por uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo
de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la
proporción que convenga.

A continuación, expuso los hechos que encontró probados en el expediente y
concluyó que ESPUMA y URBES celebraron un contrato de colaboración
empresarial porque no hubo una obligación de hacer para la ejecución de tareas en
razón de la experiencia, capacitación y formación de una persona en determinada
materia, como lo requieren los contratos de prestación de servicios. No obstante,
precisó que, aunque no se trata de un contrato de cuentas en participación porque
no hubo una parte que estuviera oculta en el desarrollo del objeto contractual,
cumple los requisitos para ser un contrato de colaboración empresarial en cuanto
que los contratantes conservaron su individualidad jurídica, existe unidad de
propósito, aportaron activos y delimitaron los riesgos asumidos.

8 Cito la providencia con la siguiente información: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Cuarta. Proceso: 22390. Sentencia del 16 de julio de 2020. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
9 El a quo invocó la siguiente providencia, con la siguiente información: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 24173. Sentencia del 26 de febrero de 2020. CP:
Milton Chaves García.
10 En este punto se refirió a las siguientes providencias: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 20517. Sentencia del 2 de febrero de 2017. CP: Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas; y ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
21745. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 23618. Sentencia del
15 de octubre de 2020. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Radicado: 73001-23-33-000-2018-00047-01 (26473)
Demandante: Empresa de Servicios Públicos de Mariquita S.A. E.S.P.

Debido a lo anterior, y atendiendo la jurisprudencia, cada parte del contrato de
colaboración empresarial debió registrar en su contabilidad el ingreso, el costo y el
gasto en proporción a su aporte, los cuales deben constar en la declaración del
impuesto sobre la renta. En consecuencia, URBES no tenía la obligación de expedir
factura por la transferencia del 90% de los ingresos y, conforme con los artículos
123 y 124 del Decreto 2649 de 1993, los libros de contabilidad y sus comprobantes,
junto con las certificaciones del revisor fiscal, eran prueba idónea de los hechos
contenidos en la declaración.
El Tribunal señaló que la DIAN sostuvo que ESPUMA registró en su contabilidad y
en su declaración de renta la suma de $4.435.581.140 por concepto de costos en
cabeza de URBES. Que el valor total facturado por concepto de servicios públicos
domiciliarios lo registra como ingreso y el 90% del mismo como costo en la cuenta
75 y como contrapartida un pasivo a favor de URBES. Además que ESPUMA hace
giros a URBES cancelando el pasivo con un rédito a la cuenta de bancos.
Igualmente, puso de presente que la DIAN afirmó que ESPUMA, a pesar de no
contar con soportes adicionales al contrato, registra en su contabilidad un detallado
a nombre de URBES en las subcuentas 75050101 (sueldos de personal), 75103701
(transportes urbanos), 75200804 (obra red alcantarillado), entre otras, sin señalar
de dónde obtiene la información para hacerlo. Agregó que para explicar lo anterior,
ESPUMA indicó que tiene como finalidad poder reportar información a la
Superintendencia de Servicios Públicos en el SUI (Sistema Único de Información).
Que URBES le informa a ESPUMA los porcentajes de acuerdo con el estado de
resultados y así ponderan los costos causados en cabeza de URBES.
Empero sostuvo que, si bien no es claro de dónde salen estas subcuentas, estos
costos aparecen reportados dentro del 90% adeudado a URBES en virtud del
contrato de colaboración empresarial. Que, si bien las subcuentas no presentan
soporte, lo que cierto es que sí se giró el 90% de lo recaudado a URBES y “si las
subcuentas no reflejan la información que requería la Superintendencia de Servicios Públicos, no es
un asunto que tenga efectos fiscales, pues será a URBES a quien le corresponde establecer en su
declaración de renta lo ocurrido con el porcentaje recibido.”

Por lo anterior, el Tribunal concluyó que ESPUMA reportó los costos de venta en
sus transacciones con URBES con motivo del reparto de ingresos, razón por la que
este cargo de nulidad prospera, lo que da lugar a declarar la nulidad de los actos
acusados.

2. Sobre la violación de la doctrina oficial.

El Tribunal sostuvo que la DIAN, mediante el Concepto Nro. 30569 de 1999,
estableció que el reconocimiento para un socio oculto de las utilidades provenientes
de un contrato de cuentas en participación no puede considerarse una operación de
venta, importación o prestación de un servicio en los términos del artículo 616-1 del
Estatuto Tributario y, por lo tanto, no existe obligación de facturar. Sin embargo, este
concepto no es aplicable porque, como se expuso en el acápite anterior, nos
encontramos ante un contrato de colaboración empresarial en el que ningún
contratante era oculto, por lo que este cargo de la demanda no prospera.

3. Sobre la prohibición a la doble tributación.

El a quo afirmó que se configura una doble tributación si se pretende que el
contribuyente adicione unos ingresos en su declaración que ya habían sido incluidos

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Demandante: Empresa de Servicios Públicos de Mariquita S.A. E.S.P.

porque se gravaría dos veces una misma fuente de ingresos.

En este caso, debido a que ambas partes del contrato de colaboración empresarial
son sujetos pasivos del impuesto de renta, deben declarar y pagar el tributo en la
proporción de los ingresos generados por el contrato de colaboración empresarial.

Con el objeto de comprobar que URBES recibió la suma de $4.435’581.000, la DIAN
debió verificar si todos los partícipes cumplieron con la obligación de presentar la
declaración de renta por el año gravable 2013. Pero, como no ordenó diligencias de
verificación y cruce respecto de los mismos, la investigación tributaria no fue
completa y no dio certeza para atribuir responsabilidad a la demandante por la
totalidad del impuesto originado en el contrato.

Así las cosas, concluyó que debe declararse la firmeza de la declaración presentada
por ESPUMA.

4. Sobre la procedencia de la sanción por inexactitud.

Afirmó que no procede la imposición de la sanción por inexactitud porque ESPUMA
actuó conforme a derecho y, por lo tanto, no se demostró que incurriera en las
inconsistencias alegadas por la DIAN.

5. Sobre la condena en costas.

Señaló que la condena en costas obedece a un criterio objetivo, independiente de
la conducta de las partes, por lo que procede la condena en costas siempre que
alguna resulte vencida en el proceso o se resuelva de forma desfavorable la
apelación. Por lo anterior, determinó la imposición de costas, siempre y cuando se
encuentre causadas y probadas, y fijó las agencias en derecho en 3 SMLV.

Recurso de apelación

La DIAN presentó recurso de apelación contra la decisión, argumentando lo
siguiente:

Sostuvo que en este caso era aplicable el artículo 771-2 del Estatuto Tributario,
según el cual los costos y deducciones del impuesto sobre la renta deben estar
probados mediante facturas o documentos equivalentes. Solo cuando no exista la
obligación de expedir alguno de estos documentos, la norma permite hacerlo
mediante un documento que cumpla los requisitos dispuestos por el Gobierno
Nacional.

En concordancia, también consideró aplicable el artículo 3 del Decreto 3050 de
1997, según el cual los costos y deducciones por operaciones realizadas con no
obligados a facturar podrán demostrarse por un documento que contenga: i)
apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona beneficiaria del pago o abono,
ii) fecha de la transacción, iii) concepto, iv) valor de la operación y v) discriminación
del impuesto generado en la operación.

La apelante invocó la sentencia del 16 de julio de 2020, proferida por el Consejo de
Estado, según la cual se entiende que existe un contrato de colaboración
empresarial si i) los contratantes conservan su individualidad jurídica, ii) existe
unidad de propósito, iii) aportan activos, bienes en especie o industria para elaborar
el proyecto común y iv) delimitan la forma en que se asumirán los riesgos y
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distribuirán los resultados de la colaboración.

Según la apelante, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en
concepto del 26 de octubre de 201612, señaló que no procede la vinculación
contractual entre empresas de servicios públicos porque se constituiría un
monopolio de hecho que afectaría a los usuarios del servicio. En todo caso, admitió
la posible asociación mediante uniones temporales, consorcios o la celebración de
contratos de joint venture, pero la demandante no alegó la celebración de ninguno
de ellos.

Indicó que la sentencia apelada afirmó que la demandante celebró un contrato de
colaboración empresarial solo con base en el contenido del contrato, pero no analizó
si existía alguna prueba de que lo pactado fue realmente ejecutado. Así las cosas,
no verificó que la demandante cumpliera su carga probatoria, como lo han indicado
las sentencias del 2 de febrero de 201713 y del 13 de agosto de 202014.

Afirmó que está probado que no se cumplen los elementos que solicita la
jurisprudencia para considerar que se celebró un contrato de colaboración
empresarial porque: i) no existe unidad de propósito , ya que URBES es quien presta
los servicios públicos domiciliarios en Mariquita y ESPUMA no desarrolla el objeto
social, ii) no existen soportes de la manera como URBES presta el servicio público
de aseo, acueducto y alcantarillado ni las erogaciones en las que incurre, además
que es irracional que se pacte como remuneración el 90% de los ingresos; iii) no se
delimitó el riesgo, sino que ESPUMA registra en su contabilidad los costos con base
en cálculos que realiza URBES sin tener certeza de los mismos, además de registrar
el 100% de los ingresos como propios a pesar de que debe considerarse ingresos
de terceros.

Señaló que debido a que el contrato celebrado entre ESPUMA y URBES no es de
colaboración empresarial, el Tribunal debió aplicar el precedente de la sentencia del
2 de agosto de 201715, según el cual el pago de una suma determinada no se puede
asimilar a un reparto de ganancias o pérdidas, sino a la remuneración por un servicio
y que considera que le corresponde al contribuyente demostrar que el contrato
celebrado es de colaboración empresarial.

Con base en lo anterior, destacó que, en este caso, la cláusula séptima del contrato
pactó una remuneración del 90% de los ingresos en favor de URBES, el cual se
registra en la contabilidad de ESPUMA según cálculos aproximados sin que tenga
soporte en factura de venta o documento equivalente, lo que no da certeza de la
operación.

Alegó que la demandante solo aportó la copia del contrato y de documentos
contables sin soportes, por lo que no demuestra que se trate de un contrato de
colaboración empresarial. Además, señaló que la certificación del revisor fiscal no
está respaldada en soportes, como lo exige el Consejo de Estado en sentencia del

12 La apelante identifica el concepto con la siguiente información: Consejo de Estado. Sala de Consulta y
Servicio Civil. Radicado: 11001-03-06-000-2016-00002-00 (2279). Concepto del 26 de octubre de 2016.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 05001-23-31-000-
2011-01299-01 (20517). Sentencia del 2 de febrero de 2017. CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2013-01089-01 (23112). Sentencia del 13 de agosto de 2020. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 17001-23-31-000-
2012-00198-01 (20701). Sentencia del 2 de agosto de 2017. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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13 de agosto de 202016.

Luego, sostuvo que el Tribunal definió el contrato de prestación de servicios como
aquél en que se pacta una obligación de hacer para la ejecución de tareas debido
a la experiencia, capacitación y formación de una persona determinada, sin que
medie subordinación, durante un tiempo determinado y en contraprestación a unos
honorarios. Con base en esto, sostuvo que el contrato celebrado por la actora
cumple esta definición porque URBES adelanta la prestación de los servicios
públicos, para lo cual cuenta con infraestructura y personal capacitado y recibe
como honorarios el 90% de los ingresos facturados por ESPUMA a los usuarios.

Reprochó que el a quo consideró que el contrato celebrado por la actora es de
colaboración empresarial, aunque no tenga un socio oculto. Sin embargo, no tuvo
en cuenta que esto tiene como consecuencia que ESPUMA no podía registrar el
total de los ingresos como propios. Señaló que, en la liquidación oficial de revisión
se puso de presente que se registró el 90% de los ingresos como débito en la cuenta
75 de costos con una contrapartida por el mismo valor en la cuenta 24010102 de
pasivo en favor de URBES, de tal modo que tampoco se observa que se haya
indicado que se trataba de ingresos de terceros.

Indicó que por lo anterior fue que la liquidación oficial de revisión no aceptó el
registro de los costos del contrato porque se basó en cálculos aproximados y, por
lo mismo, no se aceptó que los costos no fueran soportados en factura de venta,
como lo exige el artículo 771-2 del Estatuto Tributario y como lo exigió el Consejo
de Estado en sentencia del 16 de julio de 202017.

Así las cosas, si se acepta que URBES no tenía la obligación de expedir factura,
como lo afirma la demandante, debió expedir un documento que cumpliera con
estos requisitos, como lo reconoció el Consejo de Estado en sentencia del 16 de
julio de 202018.

Respecto a la doble tributación, afirmó que durante el proceso se aportó la
investigación fiscal adelantada por la Contraloría contra URBES, en el que se
detectó un hallazgo fiscal relacionado con la provisión de cartera. Con base en esto,
la Dirección Seccional de Bogotá adelantó una investigación que tuvo en cuenta
que los dineros que recibió URBES del contrato se constituyeron como ingreso y no
como costo. Sin embargo, esto no basta para reconocer el costo de ventas en favor
de ESPUMA porque debió soportarse con una factura, tal como lo exige el artículo
617 del Estatuto Tributario.

Destacó que la Dirección Seccional de Bogotá se limitó a desconocer la deducción
por cartera vencida y archivó el proceso porque URBES presentó una declaración
de corrección. En cambio, en el caso de ESPUMA se desconocen los costos
declarados porque no se aportó el soporte idóneo. En todo caso, señaló que el
rechazo fue de los costos y no de los ingresos y que la demandante debió cumplir
su carga de la prueba.

Sostuvo que está probado que la actora debió acreditar sus costos por factura o
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2013-01089-01 (23112). Sentencia del 13 de agosto de 2020. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-27-000-
2014-00956-01 (22390). Sentencia del 16 de julio de 2020. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-27-000-
2014-00956-01 (22390). Sentencia del 16 de julio de 2020. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
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documento equivalente porque el contrato celebrado por la actora no es de
colaboración empresarial. Entonces, como esto no ocurrió, se configura la sanción
por inexactitud porque se incluyó una deducción inexistente.

Adujo que no debió imponerse condena en costas porque no se demostró su
causación.

Oposición al recurso de apelación.

ESPUMA guardó silencio dentro de la oportunidad prevista por el numeral 4° del
artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

La Sala observa que la DIAN presentó un escrito en el que señaló que «me permito
pronunciarme acerca del recurso de apelación interpuesto de nuestra parte conforme núm. 4 del art.
247 del CPACA (Modificado por la Ley 2080 de 2021)» 19. No obstante, esta intervención no
está prevista por la ley, puesto que la norma referida por la autoridad demandada
señala que «los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación
formulado por los demás intervinientes». Entonces, comoquiera que ESPUMA no
interpuso recurso alguno, no procede la intervención presentada por la autoridad
tributaria. En todo caso, se destaca que el escrito presentado por la DIAN
expresamente indica que «Se reiteran los fundamentos de hecho y de derecho señalados en el
recurso de apelación»20.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Liquidación Oficial de Revisión
Nro. 092412016000016 del 31 de octubre de 2016 y de la Resolución Nro. 007334
del 26 de septiembre de 2017, proferidas por la DIAN, que determinaron
oficialmente el impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2013
a cargo de ESPUMA.

La apelante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y negar las
pretensiones de la demanda porque: i) el contrato suscrito entre ESPUMA y URBES
no es de colaboración, sino de servicios y al no tener esa naturaleza, los costos
debían soportarse con factura de venta como lo establece el artículo 771-2 del
Estatuto Tributario; ii) las empresas tenían prohibido vincularse contractualmente
para prestar servicios públicos, iii) la demandante registró indebidamente en su
contabilidad el 100% de los ingresos como propios, debiendo registrarlos como
ingreso recibido para terceros; iv) aunque URBES no tuviera la obligación de expedir
factura o documento equivalente, lo cierto es que debía soportar la operación en el
documento regulado por el Decreto 3050 de 1997 y v) no se violó la prohibición de
la doble tributación porque en la liquidación oficial de revisión no se dejó cargo
referente a una adición de ingresos.

19 SAMAI. Índice 12. Página 1.
20 Ibidem.
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Observa la Sala que, el Tribunal concluyó que el contrato celebrado por ESPUMA
es de colaboración empresarial, por lo que URBES no tenía la obligación de expedir
factura que soportara los costos de ventas declarados por la actora y bastaba como
prueba la contabilidad de la demandante. Además, señaló que es irrelevante que la
actora haya registrado en subcuentas de la cuenta 75 algunos conceptos como
sueldos, transportes urbanos, entre otros, en tanto el costo de ventas fue reportado
solo a favor de URBES, con motivo del reparto de los ingresos acorde al contrato
de colaboración empresarial, y, en el supuesto que las subcuentas no reflejaran la
información que requería la Superintendencia de Servicios Públicos, no era un
asunto con efectos fiscales. Finalmente, señaló que la DIAN violó la prohibición a la
doble tributación porque tanto URBES como ESPUMA eran contribuyentes del
impuesto sobre la renta y por consiguiente cada uno debía tributar por los ingresos
generados en virtud del contrato de colaboración, que, así las cosas, en el supuesto
que se le obligara a la sociedad actora a pagar el impuesto por la totalidad de los
ingresos recibidos en el contrato, se estaría ante un caso de doble tributación por
un mismo hecho, lo cual está proscrito por la legislación.

Para decidir este litigio, se pone de presente que las sentencias del 27 de junio de
201821, del 16 de julio de 202022 y del 24 de febrero de 202223 , determinaron que
un contrato se considera de colaboración empresarial cuando cumple las siguientes
condiciones: i) que los contratantes conserven su individualidad jurídica, de tal
manera que no es creada una nueva persona jurídica que ejecute el objetivo en
común, ii) que exista unidad de propósito, por lo que los contratantes trabajan
conjuntamente para lograr su objetivo, iii) que los partícipes aporten activos, bienes
o industria para el desarrollo del proyecto común y iv) que se delimite la forma en
que se asumirán los riesgos y se distribuirán los resultados, sean pérdidas o
ganancias.

En este contexto, precisa la Sala que los contratos de colaboración empresarial
corresponden a una categoría genérica en la cual se pueden encuadrar contratos
típicos y atípicos que cumplan con tales requisitos. De esta forma, los contratos de
colaboración empresarial son un género, mientras que el contrato de cuentas en
participación, entre otras posibilidades, configuraría una especie de dicha categoría.

Ahora bien, para el año objeto de fiscalización (2013) no estaba vigente el artículo
20 de la Ley 1819 de 2016 modificatorio del artículo 18 del Estatuto Tributario), que
dispuso que las partes de un contrato de colaboración empresarial deben declarar
de manera independiente los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que
les corresponda de acuerdo con su participación, así como llevar el registro de estos
hechos económicos, por lo que resulta menester remontarnos a la situación anterior.

En relación con las consecuencias impositivas en materia del impuesto sobre la
renta de los contratos de colaboración empresarial, antes de la entrada en vigencia
de la Ley 1819 de 2016, esta Sala preciso24:

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 17001-23-33-000-
2013-00586-01 (21745). Sentencia del 27 de junio de 2018. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2014-00956-01 (22390). Sentencia del 16 de julio de 2020. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2015-02083-01 (24278). Sentencia del 24 de febrero de 2022. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2016-01264-01 (24444). Sentencia del 4 de noviembre de 2021. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez
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«Respecto a las consecuencias impositivas en materia del impuesto sobre la renta de este
contrato, antes de la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016, el ordenamiento fiscal no
preceptuaba un tratamiento específico, como sí lo hace actualmente el artículo 18 del ET. Así,
para la época de los hechos, los efectos tributarios se asignaban a partir de las consecuencias
que las normas generales que regulan el hecho imponible del impuesto en discusión
proyectaban sobre las disposiciones que de este contrato prevé el código de comercio. En ese
sentido, la Sala destaca que, conforme a la legislación mercantil (artículo 507 del CCo), es el
gestor quien ejecuta bajo su propio nombre y crédito personal el objeto de la cuenta en
participación, de manera que los efectos jurídicos y económicos de la determinada operación
mercantil desarrollada a través del mencionado contrato, se concentran exclusivamente en
ese sujeto negocial. En contraste, el partícipe inactivo asume solamente la ganancia o pérdida
que le corresponda según la proporción convenida. En ese contexto, el gestor es reputado
único dueño del negocio (artículo 510 del CCo) y, al recibir del partícipe oculto un determinado
aporte, concede a este, en contraprestación, una parte de las ganancias o pérdidas».

Al hilo de lo anterior, el participe gestor, era quien reconocía los ingresos y los
costos y gastos, dentro de los que computaba la parte que le correspondía a los
demás partícipes.

Así, en la medida que la erogación en cuestión constituyera el pago al participe de
su parte en un contrato de colaboración empresarial, el receptor de las utilidades
y/o rendimientos no estaba obligado a facturar o expedir documento equivalente, en
la medida que esto no se deriva de una venta o prestación de servicios, sino de su
participación en el negocio.

Teniendo presentes los anteriores criterios jurisprudenciales, se observa que está
probado lo siguiente:

• El día 30 de diciembre de 2010, se celebró el «CONVENIO DE COLABORACIÓN
EMPRESARIAL SUSCRITO ENTRE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MARIQUITA
S.A. ESP – ESPUMA S.A. Y LA EMPRESA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S. ESP – URBES
S.A.S. ESP» el cual tenía, de acuerdo con su cláusula quinta, una duración
indefinida.

• En la cláusula sexta del convenio se determinó la participación de cada una
de las partes, así:
«Socio operador especializado: garantizar la prestación eficiente, continua y regular de los
servicios públicos domiciliarios, así como su cobertura y calidad, capacidad instalada y
condiciones de la infraestructura; ejecutar las obras de reposición, expansión y mantenimiento
de la infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el área de operación.
Socio prestador supervisor: fungir como autoridad tarifaria local; garantizar la calidad del
agua potable de conformidad con las normas vigentes; atender las peticiones, quejas y
recursos; realizar la facturación de los servicios, generando los documentos físicos y el trámite
de entrega de las facturas a los suscriptores y/o usuarios; encargarse de la gestión comercial
y administrativa, contratando personal idóneo para el cumplimiento del objeto del contrato;
cobro y recuperación de cartera; gestionar el reporte de información requerida en el sistema
SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios»25.

• En la cláusula séptima de dicho convenio, las partes acordaron que la
ejecución del contrato se asimilaba legalmente a un contrato en cuentas en
participación y determinaron que, para esos efectos, ESPUMA, asumiría la
calidad de partícipe gestor como socio operador supervisor, y URBES, el de
partícipe oculto como socio operador especializado:

25 Expediente físico. Anexo 2. Folios 331 a 335
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«CLÁUSULA SÉPTIMA.- DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS PARTES.
Las partes acuerdan que para efectos de determinar los derechos económicos de cada uno
de los miembros que forman parte del presente Convenio, la ejecución del mismo se asimila
legalmente a un Contrato de Cuentas en Participación, de conformidad con lo reglamentado
en los artículos 507 al 514 del Código de Comercio. Con base en la reglamentación citada y
acogida para determinar los derechos económicos, quien asume la calidad de PARTÍCIPE
GESTOR, es el SOCIO PRESTADOR SUPERVISOR, y la calidad de PARTÍCIPE OCULTO,
la asume el SOCIO OPERADOR ESPECIALIZADO, en virtud de que la actividad de
FACTURACIÓN Y RECAUDO la ejerce el SOCIO PRESTADOR SUPERVISOR, quien estará
obligado a transferir la participación que le corresponde al Partícipe Oculto, de conformidad
con las siguientes condiciones:
1. Los derechos económicos de las partes se mantienen incólumes conforme a las reglas
establecidas inicialmente en el proceso licitatorio, la escritura societaria y en el Convenio
de Colaboración Empresarial suscrito en el año 2000. En consecuencia, la participación
del producto del presente Convenio de Colaboración, pagadera por el SOCIO
PRESTADOR SUPERVISOR a favor del SOCIO OPERADOR ESPECIALIZADO, a título
de cuenta en participación, equivale al noventa por ciento (90%) del total de los ingresos
mensuales Facturados por el SOCIO PRESTADOR SUPERVISOR y que correspondan
a la operación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo. Se hace claridad, que el valor aquí estipulado de ninguna manera representa una
remuneración en favor del SOCIO OPERADOR ESPECIALIZADO, sino que representa
su participación dentro del ingreso generado por la Operación Conjunta de los Servicios
objeto del Presente Convenio. De igual forma, de conformidad con la normatividad de la
Autoridad Tributaria Colombiana, el Valor aquí estipulado representa un Costo para el
SOCIO PRESTADOR SUPERVISOR y el soporte documental está representado por el
presente Convenio de Colaboración Empresarial. (subraya la Sala).

• En la cláusula décima las partes definieron la asunción de los riesgos
asociados al contrato, así:
«CLÁUSULA DÉCIMA.- RIESGOS: Cada parte asume el riesgo de las actividades que aporta
de manera individual. El SOCIO OPERADOR ESPECIALIZADO asume la totalidad del riesgo
que pueda significar para terceros, la ejecución de las labores relacionadas con las actividades
operacionales que constituyen su aporte en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo
y las actividades complementarias de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de la fuerza mayor
o caso fortuito conforme a la ley. Las partes de común acuerdo definirán dentro de sus labores
de gestión de recursos e inversión para atender los riesgos inherentes a la obsolescencia del
sistema de acueducto y alcantarillado, defectos estructurales en el mismo o daños por
avalanchas o fallas estructurales.»

• ESPUMA presentó la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios por el periodo 2013, el 23 de abril de 2014, en el que declaró
costos de ventas y de prestación de servicios (renglón 49) por valor de
$4.629’410.00026, de los cuales, de acuerdo con certificación del revisor fiscal
de la actora, $4.435.581.140 correspondían a la participación de URBES.

• El revisor fiscal de la sociedad actora expidió el certificado del 27 de mayo de
2016, en el que hizo constar lo siguiente:
«9. Que en el marco de ese convenio de colaboración empresarial una de las actividades que
se encontraba a cargo de ESPUMA era la de facturar a los usuarios el servicio público y
recaudar los pagos hechos por los usuarios.
10. Que en el periodo comprendido entre el uno de enero de 2013 y el 31 de diciembre del
mismo año, ESPUMA recibió pagos por parte de los usuarios de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseos en el municipio Mariquita (Tolima) un total de cinco mil
doscientos ochenta y dos millones setecientos cincuenta y un mil pesos (5.282’751.000).

26 Expediente físico. Anexo 1. Folio 15.
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Demandante: Empresa de Servicios Públicos de Mariquita S.A. E.S.P.

11. Que el 90% de esos ingresos (cargo fijo y consumo) eran ingresos recibidos por cuenta
del tercero EMPRESA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S. E.S.P. (URBES SAS ESP) de
acuerdo (sic) con lo pactado en el Convenio de Colaboración Empresarial de fecha 30 de
diciembre de 2010.

12. Que la suma que le correspondía a URBES como participación en la operación de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Mariquita
durante 2013 era de cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco millones quinientos ochenta
y un mil ciento cuarenta pesos (4.435’581.140).

13. Que los ingresos señalados se encuentran debidamente registrados en las cuentas 4321,
4322, 432, a folios No. 276 al 298 del libro Mayor y Balance y en el renglón 42 de la
declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios del año gravable 2013,
presentada a través del formulario 110, el 23 de Abril de 2014.

14. Que en virtud del convenio descrito, se realizaron egresos por concepto del Convenio de
Colaboración Empresarial, debidamente registrados en el libro en la Contabilidad en la
cuenta 24010102 de acuerdo con lo consignado en la siguiente tabla:

(…)»27 (subraya la Sala).

• El revisor fiscal de URBES emitió el certificado del 28 de agosto de 2018, en
el que consta lo siguiente:
«7. Que, en virtud del Convenio de Colaboración Empresarial suscrito el 30 de diciembre de
2010 URBES S.A.S. E.S.P. recibía un porcentaje de noventa por ciento (90%) del total
de los ingresos mensuales facturados a los usuarios de servicios públicos domiciliarios.
(…)
10. Que, del Convenio Empresarial mencionado, entre el 01 de enero de 2013 y 31 de
diciembre de 2013 en la vigencia 2013 correspondió a URBES S.A. E.S.P. unos ingresos
por valor de cuatro mil cuatrocientos treinta millones cuatrocientos cuarenta y dos mil
once pesos ($4.430.442.011.000) (sic), que se detallan a continuación:
(…)
11. Que los ingresos señalados se encuentran debidamente registrados en las cuenta (sic)
43 Balance y en el renglón 42 “Ingresos brutos operacionales” de la declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2013, presentada mediante
Formulario No. 1104602336814, con adhesivo 91000230252617, el 15 de abril de 2014,
en la cual registró unos ingresos brutos por $5.573.361.000 -de los cuales
$4.430.442.011 correspondían a los ingresos del Convenio de Colaboración Empresarial,
pagados por ESPUMA S.A. E.S.P., arriba relacionados-, y un total de deducciones por
valor de $1.429.331.000.
12. Que la declaración inicialmente presentada el 15 de abril de 2014, fue corregida mediante
Formulario No. 110463553662 con adhesivo 91000238309774, del 21 de mayo de 2014,
en la que se corrigieron los renglones 39, 40, 41 y 44 de ese denuncio tributario,
corrección que no estaba relacionada con los ingresos obtenidos por el Convenio
de Colaboración Empresarial.
13. Que la anterior declaración de corrección fue a su vez corregida mediante Formulario No.
1104606206323 con adhesivo 91000362681001, presentado el 10 de junio de 2018,
mediante el cual aumentó el valor de ingresos brutos a $5.611.861.000 y se disminuyó el
valor total de las deducciones a $1.381.900.000, con ocasión de la disminución del valor
de los gastos operacionales de administración (renglón 52), corrección que no estaba
relacionada con los ingresos provenientes del Convenio de Colaboración
Empresarial»28 (subraya la Sala).

27 Expediente físico. Anexo 3. Folio 516.
28 Expediente físico. Cuaderno 1. Folios 174 a 175.
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• La autoridad tributaria también fiscalizó la sociedad URBES. En dicho trámite,
fue aportado el certificado del revisor fiscal de ESPUMA del 15 de marzo de
2016, en el que indica que se «se anexa relación detallada de las transacciones
económicas realizadas con el operador (URBES)». En dicho anexo se relacionan los
pagos que mensualmente realizó la sociedad demandante a su contraparte
que, en total, equivale a $4.430’442.01129.

• El anterior proceso, finalizó con Auto de Archivo Nro. 322402016001391 del 6
de julio de 2016, en virtud de la corrección presentada, en la cual se mantuvo
el valor declarado por ingresos brutos operacionales, disminuyendo
únicamente los gastos operacionales de administración a $1.199’991.00030.

En criterio de la Sala, lo anterior permite concluir que el contrato celebrado entre
ESPUMA y URBES se enmarca en el concepto de colaboración empresarial porque:
i) las partes conservan su individualidad jurídica, comoquiera que no fue creada una
nueva persona jurídica que ejecutara el objeto del contrato; ii) existe unidad de
propósito, que se concretaba en la prestación del servicio público domiciliario de
acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Mariquita; iii) a estos efectos, se
pactó la participación de cada una de las partes; y iv) se determinó la distribución
de los resultados, pues se acordó que URBES recibiría el 90% de la facturación
realizada por ESPUMA a los usuarios del servicio, suma reconocida por URBES
como ingreso operacional e incluida en su declaración de renta, según certificado
del revisor fiscal de URBES.

Se destaca que, en la cláusula séptima del convenio (antes transcrita) se plasmó la
voluntad contractual de la forma jurídica que revestiría el contrato de colaboración
empresarial (género); es así como se determinó que los derechos económicos
derivados de su ejecución se asimilarían al tipo contractual de cuentas en
participación. Tanto es así que para estos efectos, pactaron que se entendería que
ESPUMA actuaría como socio gestor y URBES como socio inactivo. Ahora, el hecho
de que URBES no permaneciera oculto, no desnaturalizaba el contrato de cuentas
en participación en tanto que la propia ley que regula esta figura prevé esta
posibilidad al consagrar una consecuencia para cuando se devela el partícipe
oculto, lo cual se encuentra previsto en el artículo 511 del Código de Comercio,
según el cual, en este evento, el socio inactivo asume responsabilidad solidaria y
no limitada, como ocurría en el supuesto de permanecer oculto.

Igualmente, se advierte que, antes de entrar en vigencia el actual artículo 18 del
Estatuto Tributario, la Sección había precisado que pactar una distribución sobre
ingresos y no sobre la utilidad no desnaturalizaba el contrato pues afirmar lo
contrario atentaría contra el principio de la autonomía de la voluntad31:
«En el presente caso los particulares en ejercicio de la autonomía de la voluntad celebraron
verbalmente un contrato de cuentas en participación, en el que acordaron la distribución entre
los partícipes, de los ingresos en el momento de percibirlos. En cuanto a la forma de reparto,
que si bien no corresponde a la definición que de esta clase de contrato hace el artículo 507
del Código de Comercio, no hay impedimento legal para ello, al no tener el carácter de norma
orden público pues regula un tema de estricto derecho privado, no está involucrado el interés

29 Expediente físico. CD visible a folio 252. PDF denominado «2019-06-27- (2)». Páginas 116 a 118.
30 Expediente físico. CD visible a folio 252. PDF denominado «2019-06-27 (4)». Páginas 74 a 82.
31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 13724. Sentencia del
1 de abril de 2004. CP: María Inés Ortiz Barbosa
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general ni establece cláusula alguna que contenga disposiciones tributarias por cuyo
cumplimiento debe velar la DIAN».

Tras lo anterior, advierte la Sala que en la actuación administrativa el rechazo no se
sustentó en el desconocimiento del contrato de colaboración, sino en la ausencia
de un soporte idóneo, en los términos previstos en el artículo 771-2 del Estatuto
Tributario. Es así como la propia DIAN reconoció, en reiteradas ocasiones, la
existencia del contrato. Obsérvese que en la Liquidación Oficial de Revisión se
señaló:
«En el aparte de consideraciones del Despacho del presente documento se elaboró cuadro
donde se observan las diferencias del contrato de cuentas en participación que nos ocupa,
comparado con los artículos del Código de Comercio, y se concluyó que las principales
diferencias están dadas precisamente en que no se distribuyen utilidades sino ingresos y que
los dos partícipes son gestores, en este contrato no existes socios ocultos. Estas
circunstancias no hacen perder la calidad al contrato de cuentas en participación, simplemente
lo alejan parcialmente de lo expresado en los artículos 507 al 514 del Código de Comercio,
pero no existe impedimento legal para que los partícipes pacten condiciones diferentes
a las planteadas en la norma, adicionalmente la DIAN no tiene la potestad legal de
desvirtuar un contrato entre particulares, de tratar de hacerlo se estaría atentando contra
el principio de autonomía de la voluntad»32 (subraya y resalta la Sala).

En el mismo acto administrativo, señalo la DIAN:
Si bien es cierto que en el requerimiento especial se mencionan estos argumentos (la
distribución de ingresos y la ausencia de un socio oculto), también lo es que el punto central
del rechazo de los costos por valor de $4.435.581.139 no está dado por el
desconocimiento del contrato de cuentas en participación, sino por la falta de soportes
idóneos de carácter interno y externo que respalden la contabilidad y reflejen en forma
fidedigna los hechos económicos, y la norma fiscal que se considera violada es el
artículo 771-2 del Estatuto Tributario, no es admitido fiscalmente que los registros contables
de basen en cálculos, prorrateos o porcentajes de estimación como lo hizo el investigado, para
poder rendir información detallada a través del SUI a la Superintendencia de Servicios
Públicos, carece de soportes tanto internos como externos para demostrar que el detalle de
los valores registrados en su contabilidad en la cuenta de costos en cabeza de URBES son
reales, situación reconocida en varias oportunidades tanto por el contribuyente como por el
revisor fiscal de la empresa investigada y reiterada de igual forma en la respuesta al
requerimiento especial»33 (paréntesis y subraya y resalta la Sala).

De igual forma ocurrió en la Resolución 007334 del 26 de septiembre de 2017, que
decidió el recurso de reconsideración, donde la DIAN precisó:
«En este punto es necesario recordar al recurrente que la modificación propuesta a la
Liquidación Privada del Impuesto a la renta por el año gravable 2013 del contribuyente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MARIQUITA S.A. E.S.P. ESPUMA, se soporta en
la ausencia de los documentos soporte exigidos por la legislación tributaria de manera precisa
para el reconocimiento de los costos en los artículos 771-2 y 617 del Estatuto Tributario.
De manera que el hecho referido al reparto de utilidades o ingresos, o al momento en
que se distribuyeron las utilidades o las pérdidas, sea a la sombra de un contrato de
cuentas en participación o de colaboración empresarial, no es objeto esencial de la
discusión y pierde relevancia cuando se revisan en forma integral los argumentos y
posturas que conforman los antecedentes.
Cualquiera que sea la figura utilizada, lo cierto es que los costos - que como se advirtió arriba
resultan inherentes a la operación y no a la parte de gestión y administrativa propia del
contribuyente – necesariamente deben estar soportadas en las facturas que le dan lugar. Por

32 Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 31.
33 Ibidem.
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lo tanto, no hay pertinencia en cuanto a la citación de la Sentencia 13724 del 1 de abril de
2004, cuyo Ponente es la Magistrada María Inés Ortiz Barbosa (…)»34 (subraya la Sala).

En la misma oportunidad se concluyó:
«Se debe prestar especial al hecho (sic) - varias veces resaltado - de que el rechazo de los
costos de venta proviene de pagos asociados a más de 70 cuentas contables relacionadas en
el reverso del folio 557 que por su esencia provienen de la operación normal y desarrollo de
la actividad. No provienen del reparto de utilidades al socio oculto. La DIAN no exige
factura sobre el reparto de utilidades. Exige factura de los costos extractados de los mismos
libros y auxiliares contables del mismo contribuyente»35 (negrilla del original y subrayado de
la Sala).

También se señaló:
«Tal y como se señaló con anterioridad, en el presente caso no hay duda que la discusión
central es un solo hecho - unívoco - la improcedencia de los costos declarados por parte del
Contribuyente EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MARIQUITA S.A. E.S.P. ESPUMA,
al no estar debidamente soportados de conformidad con el artículo 771-2 del Estatuto
Tributario al considerar por parte del contribuyente que es suficiente como soporte de los
costos declarados, la certificación del Revisor Fiscal respecto de una relación contractual con
la EMPRESA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S. E.S.P. URBES »36 (subraya la Sala).

Con base en lo anterior, aunque es cierto que la autoridad tributaria sostuvo en la
oposición a la demanda que entre ESPUMA y URBES mediaba un contrato de
prestación de servicios, esto no fue el fundamento de los actos demandados, como
consta en los mismos. Ahora que, si bien cada parte prestó servicios, esto fue
respecto de los usuarios del servicio público y no entre las mismas partes, el
destinatario de los servicios prestados por ambas compañías eran los usuarios del
servicio de aseo, acueducto y alcantarillado.

Tras lo anterior, debe tenerse en cuenta que los costos reclamados por ESPUMA
corresponden a la participación de URBES en la ejecución del contrato de
colaboración empresarial y no los costos asociados a la prestación del servicio
público (sueldos personal mariquita, transportes urbanos, entre otros), lo cual fue
plenamente probado en el plenario con: i) el certificado del revisor fiscal de
ESPUMA, aportado al trámite administrativo adelantado en su contra, del 27 de
mayo de 2016; ii) el certificado del revisor fiscal de URBES, aportado con la reforma
de la demanda, del 28 de agosto de 2018; iii) el certificado del revisor fiscal de la
actora, aportado al procedimiento de fiscalización contra URBES, del 15 de marzo
de 2016; iv) las cláusulas del contrato de colaboración empresarial del 30 de
diciembre de 2010 y v) el auto de Auto de Archivo Nro. 322402016001391 del 6 de
julio de 2016 que dio fin al trámite de fiscalización adelantado contra URBES sin
que fueran modificados los ingresos declarados por esa empresa por el año
gravable 2013.

Entonces, comoquiera que, al amparo del contrato de colaboración empresarial, la
actora declaró la totalidad del ingreso, asociándole como costo la participación de
URBES, misma sobre la cual esta sociedad tributó. Desconocer los costos, como lo
pretende la Administración, manteniendo el cien por ciento (100%) del ingreso del
contrato de colaboración en cabeza de la actora, conllevaría a una indiscutible doble

34 Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 43.
35 Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 44.
36 Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 42.
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tributación por un mismo hecho económico en tanto URBES también tributó sobre
el 90% de los ingresos que le correspondían, como fue probado en el proceso.

De otro lado, se pone de presente que la DIAN cuestionó en los actos acusados que
ESPUMA registrara el costo en la cuenta 75 a nombre de URBES y a su vez
registrara en las subcuentas conceptos tales como: 75050101 sueldos personal
mariquita $300.034.849; cuenta 75103701 transportes urbanos $591.717.695, entre
otros, sin tener ningún soporte interno o externo de dichos costos. Para justificar
ese tratamiento, la actora, en sede administrativa, explicó que se hacía de esa
manera para efectos informativos, pues era la responsable de reportarle información
detallada a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para la Sala,
esa justificación resulta acorde con las pruebas aportadas, en tanto, de acuerdo con
la cláusula sexta del convenio, era responsabilidad de ESPUMA «gestionar el reporte
de información requerida en los formatos y/o formularios dispuestos en el Sistema Único de
Información (SUI), a través de los aplicativos dispuestos en la página web destinada por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domicilios para tal fin (…)».

Se insiste en que los costos reclamados por ESPUMA corresponden al pago
efectuado a URBES de su participación y no a los conceptos previstos en esas
subcuentas que, como lo explicó el demandante, era para efectos meramente
informativos.

En hilo con lo anterior, la apelante también cuestionó que la actora registró en su
contabilidad el total de la facturación del servicio público como ingresos propios y
no como ingresos recibidos para terceros. No obstante, para la Sala este hecho no
es determinante en el caso bajo examen porque la contabilidad llevada por la
demandante, junto con los demás elementos de prueba que obran en el proceso,
dan cuenta de que la erogación en disputa correspondió a la participación de la otra
parte del acuerdo de colaboración empresarial. Entonces, en la medida que la
actora había registrado el total de la operación en la contabilidad, procedía el
reconocimiento del costo. Además, la norma que impone la obligación a los
partícipes de los contratos de colaboración empresarial de registrar como propios
únicamente los ingresos que correspondan a la participación en el negocio (artículo
20 de la Ley 1819 de 2016) no estaba vigente para el periodo fiscalizado.

Ahora bien, aduce la apelante que, ESPUMA y URBES tenían prohibido asociarse
mediante un contrato de colaboración empresarial para prestar los servicios
públicos de aseo, alcantarillado y acueducto, porque así lo indicó la Sala de
Consulta y Servicio Civil en el concepto del 26 de octubre de 2016. Al respecto, se
observa que dicho concepto no indicó que las empresas de servicios públicos
domiciliarios no puedan celebrar contratos de colaboración empresarial. Por el
contrario, reconoce esta posibilidad al señalar que «(…) si una empresa de servicios
públicos no tiene los medios requeridos para prestar todos o algunos de los servicios que forman
parte de su objeto social, debería adoptar alguna de las alternativas que la ley le permite en estos
eventos, tales como (…) asociarse (mediante consorcios, uniones temporales u otros “joint
Venture”)».

Finalmente advierte la Sala que, los actos acusados rechazaron costos por valor de
$4.435’581.000, suma certificada por el revisor de la parte actora como la
participación de URBES en la operación de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo en el municipio de Mariquita durante 2013; sin embargo, esta
última compañía, beneficiaria del ingreso, certifica que su participación fue de
$4.430’442.000, lo que arroja una diferencia de $5.139.000, la cual no será

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aceptada. En consecuencia, la Sala reconocerá como costo de ESPUMA
únicamente el valor que fue declarado por URBES como ingreso ($4.430’442.000).

Por lo anterior, la Sala modificará la sentencia de primera instancia para declarar la
nulidad parcial de los actos administrativos y así mantener el rechazo de la suma
de $5’139.000, sobre la cual procedería la sanción por inexactitud. Se destaca que
no existe una diferencia de criterios porque el rechazo no tiene fundamento en la
interpretación de una norma jurídica.

Por lo anterior, la Sala procederá a liquidar nuevamente el impuesto a cargo de la
demandante por el año gravable 2013, para lo cual se tendrá como referencia la
información contenida en la declaración fiscalizada, la liquidación oficial de revisión
y la resolución que decidió el recurso de reconsideración, así:
LIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN
CONCEPTO DECLARACIÓN CONSEJO DE
OFICIAL
ESTADO
Total costos y gastos de nómina 101.530.000 101.530.000 101.530.000
Aportes al sistema de seguridad social 26.585.000 26.585.000 26.585.000
Aportes al SENA, ICBF, cajas de
5.341.000 5.341.000 5.341.000
compensación familiar
Efectivo, bonos, otras inversiones 34.017.000 34.017.000 34.017.000
Cuentas por cobrar 2.733.320.000 2.733.320.000 2.733.320.000
Activos fijos 16.767.000 16.767.000 16.767.000
Total patrimonio bruto 2.784.104.000 2.784.104.000 2.784.104.000
Pasivos 2.425.239.000 2.425.239.000 2.425.239.000
Total patrimonio líquido 358.865.000 358.865.000 358.865.000
Ingresos brutos operacionales 5.282.751.000 5.282.751.000 5.282.751.000
Ingresos brutos no operacionales 0 0 0
Intereses y rendimientos financieros 123.573.000 123.573.000 123.573.000
Total ingresos brutos 5.406.324.000 5.406.324.000 5.406.324.000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 49.052.000 49.052.000 49.052.000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 4.000 4.000 4.000
Total ingresos netos 5.357.268.000 5.357.268.000 5.357.268.000
Costo de ventas 4.629.410.000 193.829.000 4.624.271.000
Otros costos 0 0 0
Total costos 4.629.410.000 193.829.000 4.624.271.000
Gastos operacionales de administración 544.090.000 544.090.000 544.090.000
Otras deducciones 3.397.000 3.397.000 3.397.000
Total deducciones 547.487.000 547.487.000 547.487.000
Renta líquida ordinaria del ejercicio 180.371.000 4.615.952.000 185.510.000
Renta líquida 180.371.000 4.615.952.000 185.510.000
Renta líquida gravable 180.371.000 4.615.952.000 185.510.000
Impuesto sobre la renta gravable (tarifa 25%) 45.093.000 1.153.988.000 46.378.000
Impuesto neto de renta 45.093.000 1.153.988.000 46.378.000
Total impuesto a cargo 45.093.000 1.153.988.000 46.378.000
Anticipo renta por el año gravable 2012 12.386.000 12.386.000 12.386.000
Otras retenciones 31.406.000 31.406.000 31.406.000
Total retenciones año gravable 2012 31.406.000 31.406.000 31.406.000
Anticipo renta por el año gravable 2013 0 0 0
Saldo a pagar por impuesto 1.301.000 1.110.196.000 2.586.000
Sanciones (100%) 0 1.108.895.000 1.285.000
Total saldo a pagar 1.301.000 2.884.428.000 3.871.000
Total saldo a favor 0 0 0

Con base en la anterior liquidación, el restablecimiento del derecho procedente es
reducir el valor a pagar por impuesto a $2’586.000 y disminuir la sanción por
inexactitud a $1’285.000, equivalente al 100% del mayor valor del tributo, para un
saldo total a pagar de $3’871.000.

Finalmente, la apelante argumentó que no procedía la condena en costas porque
no se demostró su causación, según lo exige el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, en
concordancia, el artículo 365 del Código General del Proceso. Al respecto, se

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Radicado: 73001-23-33-000-2018-00047-01 (26473)
Demandante: Empresa de Servicios Públicos de Mariquita S.A. E.S.P.

observa que, en efecto, en el expediente no obra prueba de la causación de las
costas procesales.

El a quo indicó que la condena en costas, en la versión original del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, procede de forma objetiva en contra de la parte vencida. Sin
embargo, esta postura desconoce que el artículo 365 del Código General del
Proceso exige la demostración de su causación, requisito que no se cumplió en este
caso.

Por lo anterior, prospera este cargo de la apelación.

Tampoco se condenará en costas en esta instancia en tanto no obra prueba de su
causación.

A modo de conclusión, la Sala modificará la sentencia apelada, para declarar la
nulidad parcial de los actos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima el 9 de septiembre de 2021 y en su lugar se dispone:
Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 092412016000016 del
31 de octubre de 2016 y de la Resolución Nro. 007334 del 26 de septiembre de 2017, por los
motivos expuestos en esta providencia.

A título de restablecimiento del derecho, reducir el valor de los costos rechazados a
$5’139.000, determinar un valor a pagar por impuesto de $2’586.000, disminuir la sanción
por inexactitud a $1’285.000 y declarar un saldo a pagar a cargo de ESPUMA por el año 2013
de $3’871.000.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Salvamento de voto parcial

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