Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2016-01456-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2016-01456-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-37-000-2016-01456-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01456-02
Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho
Actora: LÍNEA AÉREA CARGUERA DE COLOMBIA S.A. -LAN
CARGO COLOMBIA S.A.
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LA
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE NO PODÍA
EFECTUAR LA REVISIÓN O RELIQUIDACIÓN DE LA TASA DE
VIGILANCIA PARA LAS VIGENCIAS 2013 Y 2014, A LA ACTORA,
TOMANDO COMO FUNDAMENTO DISPOSICIONES QUE YA HABÍAN
SIDOS DECLARADAS INEXEQUIBLES POR SENTENCIA DE
CONSTITUCIONALIDAD. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto
por el apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y
TRANSPORTE, contra la sentencia de 13 de marzo de 2019,
proferida por la Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de
la demanda.
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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01456-02
Actora: LAN CARGO COLOMBIA S.A.
I.- ANTECEDENTES
I.1. La sociedad LÍNEA AÉREA CARGUERA DE COLOMBIA S.A. -
LAN CARGO COLOMBIA S.A.1, por medio de apoderado judicial y
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tendiente a
obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
(i) Resolución 21027 del 16 de octubre de 2015, por medio
de la cual la Superintendencia de Puertos y Transporte
expidió Liquidación Oficial de Revisión ordenando el pago
del saldo de la tasa de vigilancia para las vigencias 2013 y
2014 en cuantía de $344.743.813 y $433.576.530 pesos.
(ii) Resolución 2142 del 21 de enero de 2016, por la cual se
resuelve el recurso de reposición interpuesto por LAN
CARGO contra la resolución 21027 del 16 de octubre de
2015 relativa a la Liquidación oficial (sic) de Revisión del
pago de la tasa de vigilancia de las vigencias 2013 a 2014.
(iii) Acto Ficto negativo como consecuencia de la no
respuesta por parte de la Superintendencia de Puertos y
Transporte al recurso de apelación elevado en subsidio del
recurso de reposición ante el Superintendente de Puertos y
Transporte
3.2. Que como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho, se declare que LAN CARGO no
está obligado a pagar los mayores valores determinados y
exigidos por la Superintendencia de Puertos y Transporte,
habida cuenta nos encontramos frente a un pago de lo no
debido “[…]”..
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En adelante LAN CARGO COLOMBIA S.A.
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Actora: LAN CARGO COLOMBIA S.A.
I.2. La parte actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los
siguientes hechos:
1º. Que la Ley 1ª de 10 de enero de 19912, en su artículo 27,
numeral 27.2, estableció como función de la Superintendencia
General de Puertos, hoy Superintendencia de Puertos y Transporte,
la de cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores
portuarios por concepto de vigilancia una tasa por la parte
proporcional que le correspondía, según sus ingresos brutos, en los
costos de funcionamiento de la Superintendencia, definidos por la
Contraloría General de la República.
2º. Que el artículo 89 de la Ley 1450 de 16 de junio de 20113
amplió el cobro de la tasa establecida en el artículo 27 de la Ley 1ª,
a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y
gastos que ocasione su funcionamiento y/o inversión.
Agregó que, adicionalmente, dicha norma estableció que aquellos
sujetos a los cuales se les amplió el cobro de la tasa pagarían por
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“Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones”.
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“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.
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ese concepto una tasa por la parte proporcional que le
correspondiera, según sus ingresos brutos, en los costos anuales de
funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y
Transporte, la cual no podría ser superior al 0,1% de los ingresos
brutos de los vigilados.
3º. Indicó que, de esta forma, la Ley 1450 amplió el cobro de la
tasa de vigilancia que le correspondía recaudar a la
Superintendencia de Puertos y Transporte a la totalidad de los
vigilados; y señaló expresamente los elementos del tributo
mediante una fórmula para la liquidación de la tasa, aplicable
únicamente a los sujetos a quienes se les amplió el cobro de este
tributo.
4º. Sostuvo que el Ministerio de Transporte expidió las resoluciones
núms. 10225, 05150 y 04188, por medio de las cuales se fijó, para
los años 2012, 2013 y 2014, la tarifa por concepto de la tasa de
vigilancia que debían pagar a la Superintendencia de Puertos y
Transporte la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y
control para esas vigencias fiscales.
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5º. Adujo que, a su juicio, las resoluciones citadas tomaron como
fundamento los elementos estructurales dados por el artículo 89 de
la Ley 1450 para la determinación de la tasa para los nuevos
sujetos vigilados, específicamente, la base gravable para la
aplicación de la tarifa y la destinación de la misma, las cuales, en
violación del principio de igualdad, incluían los costos y gastos de
inversión de la Superintendencia.
6º. Sostuvo que el 22 de abril de 2015, la Corte Constitucional
profirió la sentencia C-218 de 2015, mediante la cual se declaró la
inexequibilidad de la expresión “[…] y/o inversión […]” del inciso
primero del artículo 89 de la Ley 1450 y del inciso segundo de esa
misma disposición.
7º. Destacó que la Corte Constitucional, en la referida sentencia,
precisó que la inclusión de los gastos de inversión dentro de la base
gravable de los nuevos vigilados generó una sobrecarga adicional
respecto de los antiguos, al asociar el tributo no solo a la
recuperación de los gastos en los cuales incurre la Superintendencia
de Puertos y Transporte en la prestación del servicio, sino a la
productividad y desarrollo de la entidad, trato diferencial que no
tenía sustento alguno en la ley que estableció el tributo ni en sus
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antecedentes, lo cual vulneraba el principio de igualdad en materia
tributaria y desconocía la Constitución Política.
8º. Señaló que la Superintendencia de Puertos y Transporte expidió
la Resolución núm. 21027 de 16 de octubre de 2015,
mediante la cual expidió la liquidación oficial de revisión, ordenando
a la actora el pago del saldo de la tasa de vigilancia para las
vigencias 2013 y 2014, por la suma de $344.743.813 y
$433.576.530, respectivamente.
9º. Indicó que el 4 de noviembre de 2015 interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm.
21027 de 16 de octubre de 2015.
10º. Que el recurso de reposición fue decidido mediante la
Resolución núm. 2142 de 21 de enero de 2016, en la cual se
resolvió confirmar el acto recurrido.
11º. Anotó que el 15 de septiembre de 2016, la entidad
demandada, de manera extemporánea, expidió la Resolución
núm. 48649, en el sentido de confirmar la anterior decisión.
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I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la
violación de los artículos 29, 83, 95, numeral 9, 150, numeral 12,
230, 243, 338 y 363 de la Constitución Política; 86 y 91 de la Ley
1437 de 18 de enero de 20114; y 686 del Estatuto Tributario.
En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:
.PRIMER CARGO: VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 86 DEL CPACA –
TÉRMINO PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN
INTERPUESTO – Y 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA –
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO.
Alegó que la autoridad demandada expidió la Resolución núm.
48649 de 15 de septiembre de 2016, por medio de la cual
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución
núm. 21027 de 16 de octubre de 2015, de manera
extemporánea, esto es, después de transcurrido el término de dos
(2) meses, previsto en el artículo 86 de la Ley 1437, lo cual denota
una vulneración del derecho al debido proceso, al hacer caso omiso
a los términos previstos en la normativa procesal.
.SEGUNDO CARGO: VIOLACIÓN DEL NUMERAL 12 DEL
ARTÍCULO 150 Y EL ARTÍCULO 338 DE LA CONSTITUCIÓN
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“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. […]”.
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POLÍTICA – PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LOS TRIBUTOS –
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 243 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LEGALIDAD DE LOS TRIBUTOS COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL Y EFECTO DE LA INEXEQUIBILIDAD DE
UNA NORMA.
Adujo que al declararse la inexequibilidad del artículo 89 de la Ley
1450, mediante la sentencia C- 218 de 2015, en lo relativo a los
elementos estructurales de la tasa de vigilancia (base gravable y
tarifa) exigible a los nuevos vigilados, la disposición se hace
inaplicable por ser contraria a la Constitución Política.
Resaltó, igualmente, que al haberse declarado la inexequibilidad del
segundo inciso del artículo 89 de Ley 1450, “[…] la obligación de
pago, la base gravable, la destinación (cubrir costos y gastos de
inversión) y la tarifa tope, devienen en inaplicables al ser contrarios
a la Constitución Nacional […]”.
Indicó que la Superintendencia de Puertos y Transporte insistía en
que como la sentencia proferida por la Corte Constitucional tenía
efectos hacia futuro, era viable liquidar y cobrar un tributo que fue
declarado inexequible, en lo que respecta a los elementos de su
esencia, con lo cual olvidó que al declararse inexequibles esos
elementos, la tasa de vigilancia no podía ser aplicada “[…] so pena
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de imponer un tributo que carece de sustento legal y por tanto
violatorio del principio de legalidad y predeterminación de los
tributos […]”.
Señaló que como resultado de haberse proferido la sentencia C-218
de 2015 de la Corte Constitucional, en la cual se declaró la
inexequibilidad de la norma que establecía los elementos del tributo
para los nuevos vigilados, los elementos esenciales de la tasa de
vigilancia desaparecieron, razón por la cual al exigirse su pago por
los años 2013 y 2014, sin una norma que lo fundamente, se
desconoció el principio de legalidad y predeterminación de los
tributos.
Afirmó que no es posible, como lo pretendían los actos
administrativos acusados, aplicar la Ley 1ª, toda vez que, conforme
a su artículo 27, numeral 27.2, tal disposición va dirigida a aquellos
inicialmente vigilados por la Superintendencia de Puertos y
Transportes, esto es, las sociedades portuarias y los operadores
portuarios, la cual no se podía extender a los nuevos vigilados,
teniendo en cuenta que ellos existía una disposición expresa que,
insistió, fue declarada inexequible.
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Argumentó que el cobro efectuado por la Superintendencia de
Puertos y Transporte desconoció los efectos erga omnes de los fallos
de inexequibilidad y, en consecuencia, el artículo 243 de la
Constitución Política sobre la cosa juzgada constitucional.
.TERCER CARGO: VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 91 DEL CPACA –
PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS – INEXISTENCIA DE SITUACIONES
JURÍDICAS CONSOLIDADAS – DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JUDICIAL.
Señaló que el artículo 91 del CPACA establece la pérdida de fuerza
ejecutoria de los actos administrativos y destacó que las
resoluciones que desarrollaron el artículo 89 de la Ley 1450, esto
es, las resoluciones núms. 10225 de 2012, 05150 de 2013 y 04188
de 2014, fundamento de los actos acusados, perdieron su fuerza
ejecutoria y, por tanto, no podían ser sustento jurídico del cobro de
la tasa de vigilancia de los años 2013 y 2014, pues desaparecieron
los fundamentos jurídicos en el que se sustentaron, que no es otro
que los apartes declarados inexequibles del artículo 89 de la citada
Ley.
Alegó que existía falsa motivación en la afirmación de la entidad
demandada, consistente en que persistían los fundamentos de
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derecho y se estaba ante situaciones jurídicas consolidadas, toda
vez que al desaparecer el fundamento legal de las resoluciones en
que se sustentó el cobro de la tasa de vigilancia, la actora podía
solicitar la devolución de las sumas pagadas como un pago de lo no
debido.
Adujo que los actos administrativos demandados incurrieron en un
vicio de nulidad “[…] al partir de una falsa premisa, cual es la
inexistencia de la pérdida de ejecutoria de los actos sustento del
cobro de la tasa 2013 y 2014 y la supuesta ocurrencia de una
situación jurídica consolidada, que como se demostró no se
presenta en este caso […]”, con lo cual se presenta el vicio de falsa
motivación, al aplicar erróneamente los fundamentos jurídicos que
soportan las actuaciones administrativas.
Sostuvo que los actos administrativos acusados estaban falsamente
motivados, en razón a que la Superintendencia demandada expuso
argumentos de derecho que no correspondían a la realidad,
cobrando la tasa de vigilancia de los años 2013 y 2014, pese a que
desapareció del ordenamiento jurídico, la norma que determinaba
los elementos estructurales del tributo para los nuevos vigilados,
aplicándolos de manera arbitraria y con desconocimiento del
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principio de legalidad y los efectos de la sentencia de
inconstitucionalidad, “[…] aduciendo como único sustento legal, la
ampliación del cobro de la tasa a otros vigilados (nuevos sujetos
pasivos) […]”.
.CUARTO CARGO: VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 83, 95-9 Y
363 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 683 DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO.
Indicó que la Superintendencia de Puertos y Transporte desconoció
la inexequibilidad del inciso segundo del artículo 89 de la Ley 1450,
al aplicar los elementos estructurales de una ley previa que no le
era aplicable, con lo cual violó los artículos 58, 83, 95, numeral 9, y
363 de la Constitución Política, así como el artículo 683 del Estatuto
Tributario.
Sostuvo que el principio de justicia se debe aplicar a toda actuación
de la administración; y que se desconoce cuando se le exige al
contribuyente un tributo más de lo que la ley ha querido que
coadyuve a las cargas públicas.
Que, en el presente caso, se exigió un mayor valor de una tasa con
base en una norma declarada inexequible y se aplicaron actos
administrativos que perdieron ejecutoria, lo cual trajo como
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consecuencia una carga desproporcionada, confiscatoria e
injustificada que no debió soportar.
Anotó que al exigírsele un mayor valor de la tasa de vigilancia por
los períodos en discusión se desconocieron los principios de
equidad, eficiencia y progresividad, previstos en el artículo 363 de
la Constitución Política.
Advirtió que el cobro pretendido por la administración resulta
arbitrario y abusivo, pues se exigió el pago de unas sumas que no
le pertenecen, lo cual llevaría a un enriquecimiento sin causa a
favor del Estado, en detrimento de los vigilados por la
Superintendencia de Puertos y Transporte.
Afirmó que los actos administrativos demandados desconocieron los
artículos 83 y 95, numeral 9, de la Constitución Política, en razón a
que exigir un mayor valor de la tasa de vigilancia constituiría un
desconocimiento del principio de la buena fe a favor de los
particulares y, adicionalmente, una “[…] expropiación de facto […]”.
. QUINTO CARGO: VÍA DE HECHO DE LA ADMINISTRACIÓN.
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Señaló que la Superintendencia demandada, al expedir la
liquidación oficial de revisión, incurrió en irregularidad grave y
manifiesta, que atenta contra los derechos de los administrados y el
ordenamiento jurídico, al estar sustentada en actos administrativos
cuyo fundamento legal fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional y, por tanto, habían perdido su fuerza ejecutoria.
Adujo que la entidad demandada incurrió en manifiesta vía de
hecho: i) al realizar una liquidación sustentada en apartes del
artículo 89 de la Ley 1450, declarados inexequibles por la Corte
Constitucional; ii) al realizar una actuación sin fundamento legal y
sin competencia; y, iii) al expedir decisiones que carecen de
fundamento legal y regulatorio y, en consecuencia, en
“desobediencia” de la Constitución Política y la ley.
I.2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, mediante
apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de
las pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente:
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Que, respecto de las decisiones de constitucionalidad o
inconstitucionalidad, la Corte Constitucional puede, en casos muy
concretos y puntuales, proferir sentencias interpretativas,
integradoras y de exequibilidad temporal diferida, realizando una
ponderación entre el principio de la supremacía de la Constitución
Política, el cual aconseja atribuir efectos retroactivos o ex nunc a la
decisión.
Que el artículo 45 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996 5 dispone
que, por regla general, las decisiones proferidas en desarrollo del
control judicial de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro,
a menos que la jurisdicción constitucional resuelva lo contrario,
disposición que fue declarada exequible mediante la sentencia C-
444 de 2011.
Expresó que la sentencia C- 218 de 2015 no señaló que los efectos
de la decisión fueran ex nunc y, por tanto, los actos
administrativos expedidos por el Ministerio de Transporte, por los
cuales se estableció el pago de la tasa de vigilancia para las
vigencias 2012, 2013 y 2014, y la Resolución núm. 21027 de
16 de octubre de 2015 se encuentran vigentes y gozan de
legalidad.
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“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
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Manifestó que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
auto de 31 de mayo de 2016, dentro del expediente núm. 2016-
00011, aclaró los efectos de la sentencia C-218 de 2015,
señalando que la Corte Constitucional no declaró la inexequibilidad
total del artículo 89 de la Ley 1450, sino de algunos de sus
apartes, de tal forma que la ampliación del cobro de la tasa de
vigilancia a todos los sujetos vigilados se encontraba ajustada a la
Constitución Política.
Adujo que los actos administrativos acusados se fundamentaron en
“[…] el mismo andamiaje jurídico que el Consejo de Estado declaró
válido […]”, por lo tanto, la sentencia C-218 de 2015 no afectó las
liquidaciones de revisión demandadas.
Indicó que había respetado todas las garantías constitucionales de
la parte demandante, entre ellas, el principio de legalidad y el
debido proceso administrativo.
Argumentó que, contrario a lo señalado por la parte actora, los
actos acusados no han perdido su ejecutoriedad, ya que los
artículos 2º, numeral 2, y 6.4. del Decreto 087 de 17 de enero de
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20116 fijaron la tarifa que, por concepto de tasa de vigilancia,
debían pagar todos los vigilados de la Superintendencia
demandada para la vigencia de los años 2012, 2013 y 2014, en
aplicación de los artículos 27 de la Ley 1ª y 89 de la Ley 1450. Por
lo tanto, los actos acusados tuvieron sustento en una normatividad
suficiente, que determinó sujeto activo, sujeto pasivo, hecho
generador -servicio prestado-, tarifa y base gravable, razón por la
cual ostentan una presunción de legalidad que no ha sido
desvirtuada.
Expresó que en el caso bajo examen se presenta una situación
jurídica consolidada, toda vez que la Superintendencia de Puertos y
Transporte, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, de
conformidad con los ingresos brutos del año fiscal inmediatamente
anterior y en virtud de las leyes 1ª y 1450, estableció los plazos
para el pago de la tasa de vigilancia para los años 2013 y 2014, a
través de las resoluciones núms. 015372 de 6 de diciembre de
2013 y 30527 de 18 de diciembre de 2014, respectivamente.
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“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de
sus dependencias”.
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Precisó que la consolidación de la situación jurídica acaeció el 31
de diciembre de cada año fiscal, según sus ingresos brutos, fecha
en la cual nació la obligación de las empresas a pagar la tasa en
virtud del numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª.
Finalmente, alegó que los actos acusados no adolecen de falsa
motivación y de la existencia de una vía de hecho por parte de la
autoridad administrativa, toda vez que se fundamentaron bajo
criterios de legalidad, certeza de hechos y apreciación razonable; y
en todo momento se respetó el principio de legalidad y las
garantías procesales previstas en la Constitución Política y en la Ley
1437.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 13 de marzo de 2019, la Sección Cuarta,
Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró
la nulidad de las resoluciones núms. 21027 de 16 de octubre de
2015, 2142 de 21 de enero de 2016 y 48649 de 15 de
septiembre de 2016 acusadas y ordenó, a título de
restablecimiento del derecho, declarar que la sociedad LAN CARGO
COLOMBIA S.A. no está obligada a pagar la suma liquidada en los
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actos demandados, con base en los razonamientos que pueden
resumirse así:
Que la sentencia C-218 de 22 de abril de 2015 de la Corte
Constitucional, que declaró inexequibles la expresión “y/o inversión”
y todo el segundo inciso del artículo 89 de la Ley 1450, surte el
efecto general hacia futuro o ex nunc, toda vez que en su parte
resolutiva no indica una condición temporal de cumplimiento.
Señaló que teniendo en consideración a dichos efectos y que todos
los elementos esenciales de la tasa de vigilancia de los años 2013 y
2014 fueron fijados por el Ministerio de Transporte a través de las
resoluciones núms. 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de
16 de diciembre de 2014, las cuales tuvieron como fundamento la
Ley 1a y el artículo 89 de la Ley 1450 y que éste último era aplicable
en su totalidad para las vigencias 2013 y 2014 para el pago de dicha
tasa, ya que su declaratoria parcial de constitucionalidad se efectuó
con posterioridad a esos años gravables, las citadas resoluciones,
atendiendo los efectos en el tiempo de la sentencia, surtieron plenos
efectos antes de su expedición.
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Indicó que las resoluciones demandadas fueron expedidas con
posterioridad a la sentencia C-218 de 2015; y si bien no fijaron los
elementos esenciales de la tasa de vigilancia, sino que corresponden
a la revisión del incumplimiento parcial del pago por concepto de este
tributo por parte de LAN CARGO COLOMBIA S.A. para las vigencias
2013 y 2014, tuvieron como fundamento las resoluciones del
Ministerio de Transporte, cuyo sustento normativo, esto es, el artículo
89 de la Ley 1450, fue declarado parcialmente inconstitucional.
Que, por lo tanto, contrario a lo señalado por la demandada, dichas
resoluciones desconocieron una decisión de inconstitucionalidad
frente a una situación jurídica que no se encontraba consolidada, si
se tiene en cuenta que con los actos acusados la norma declarada
inconstitucional produjo efectos con posterioridad a la sentencia de
inexequibilidad.
Anotó que teniendo en consideración los efectos a futuro de este tipo
de providencias, la entidad demandada no podía sustentar la
determinación de la obligación tributaria para los años 2013 y 2014
en una norma que ya había desaparecido del ordenamiento jurídico,
pues dicha norma no se puede seguir ejecutando o aplicando a
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hechos nuevos que eran subsumibles en ella una vez es declarada su
inconstitucionalidad.
Advirtió que no es de recibo el argumento de la entidad demandada
de que la obligación de pago de la tasa constituía una situación
jurídicamente consolidada antes de que la sentencia C-218 de 2015
fuera proferida, pues ello implicaría darle efectos jurídicos a una
norma que ya no existía en el ordenamiento jurídico.
Que, en consecuencia, la Superintendencia de Puertos y Transporte,
teniendo en cuenta el efecto ex nunc propio de la inexequibilidad,
debió acatar la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 89 de
la Ley 1450 y no determinar en el año 2015 el pago de la tasa de
vigilancia a la actora, respecto de las vigencias 2013 y 2014,
tomando como base normativa una disposición que ya había
desaparecido del ordenamiento jurídico y no producía efecto alguno,
no obstante gocen de presunción de legalidad las resoluciones núms.
05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de 16 de diciembre de
2014.
Sostuvo que, en ese orden de ideas, los actos demandados sí
desconocieron los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad C-
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218 de 2015, al tomar como base normativa el artículo 89 de la Ley
1450, que para octubre de 2015 ya no producía efecto jurídico.
Indicó que al no existir en el mundo jurídico el artículo 89 de la Ley
1450 y no producir efecto legal alguno luego de su declaratoria de
inconstitucionalidad parcial, no tienen fuerza ejecutoria los actos
administrativos demandados.
Concluyó que las resoluciones acusadas al ser posteriores a la fecha
de la sentencia de inconstitucionalidad parcial del artículo 89 de la
Ley 1450, desconocieron los efectos ex nunc de la providencia, pues
se basaron en una norma que luego de su declaratoria de
inexequibilidad no producía efecto legal alguno, por lo que la
Superintendencia de Puertos y Transporte no podía con base en esa
norma determinar la obligación tributaria a cargo de la sociedad
actora para los años 2013 y 2014, aduciendo cumplimiento parcial
del pago por las vigencias referidas.
Precisó que la decisión administrativa cuestionada constituye una
liquidación oficial de revisión que implicó la aplicación de una norma
inexequible que no produce efecto jurídico.
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Por último, no ordenó condenar en costas a la parte vencida en el
proceso, al considerar que no existen elementos de prueba que
demuestren o justifiquen las erogaciones por este concepto a cargo
de la parte demandada.
II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La entidad demandada fincó su inconformidad, en esencia, así:
Resaltó que los efectos de la sentencia C-218 de 2015 eran hacia el
futuro, por lo cual no se podían afectar las situaciones jurídicas
consolidadas, pues los actos administrativos acusados corresponden
a revisiones o reliquidaciones que efectuó para las vigencias fiscales
2013 y 2014, en las cuales encontró que se habían efectuado pagos
ostensiblemente menores a los que correspondía.
Expresó que la Resolución núm. 21027 de 16 de octubre de
2015 no fijó la tarifa de la tasa de vigilancia para las vigencias
2013 y 2014. Por el contrario, es el producto de la revisión que la
entidad demandada efectuó respecto de los pagos que, por
concepto de tasa de vigilancia, hizo la demandante de las vigencias
2013 y 2014, encontrando que había pagado menores valores y
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desde luego dispuso que se pagara la diferencia no pagada y que se
constituyó como un saldo pendiente de pago.
Señaló que es claro que la Corte Constitucional no moduló el
sentido de la decisión adoptada de la sentencia C-218 de 2015, por
lo cual es evidente que los efectos se aplicarán a futuro y no desde
siempre. Es por ello que al ser la Resolución núm. 21027 de 16
de octubre de 2015 un acto de revisión y cobro de saldos no
pagados por las vigencias 2013 y 2014, tendría sustento en actos
administrativos expedidos antes de la citada providencia judicial,
esto es, las resoluciones núms. 05150 de 27 de noviembre de 2013
y 04188 de 16 de diciembre de 2014, expedidas por el Ministerio de
Transporte.
Sostuvo que se presentó una situación consolidada, en razón a que
los actos administrativos antes indicados y por los cuales el
Ministerio de Transporte fijó el porcentaje de la tasa de vigilancia
para las vigencias 2013 y 2014, al ser expedidos con anterioridad al
22 de abril de 2015, tienen plena aplicación y vida en el mundo
jurídico, por lo cual no se pueden eliminar ni modificar,
retrotrayendo los efectos de la sentencia C-218 de 2015. Es así
como se hace claro que el artículo 89 de la Ley 1450 estuvo vigente
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en su plenitud hasta la declaratoria de inexequibilidad parcial
dispuesta en la sentencia C-218, es decir, hasta el 22 de abril de
2015, por lo que sus efectos son hacia futuro y no, como
erradamente lo consideró el a quo, al declarar la nulidad, pues le
otorgó efectos desde siempre.
Indicó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-218 de 2015,
declaró la inexequibilidad de la inclusión dentro de la liquidación de
la tarifa de la tasa de vigilancia, respecto de los nuevos vigilados,
de los gastos de inversión de la entidad, pero tal declaratoria no se
extendió a la ampliación de la tasa de vigilancia a la totalidad de los
sujetos vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte,
razón por la que la tasa de vigilancia no desapareció del
ordenamiento jurídico.
Manifestó que con la sentencia C-218 de 2015 no se afectan las
situaciones jurídicas consolidadas, pues los actos administrativos
acusados tenían como objeto la revisión de pagos por menores
valores, pagados por la demandante respecto de las vigencias
fiscales 2013 y 2014, considerando que lo contrario implicaría el
desconocimiento de la seguridad jurídica, en tanto que la
administración aplicó con rigor el artículo 89 de la Ley 1450 y las
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fórmulas de liquidación establecidas por el Ministerio de Transporte,
bajo la norma legal vigente.
Alegó que los actos administrativos demandados no perdieron
fuerza ejecutoria, toda vez que la obligación establecida en la Ley
1ª y ampliada por el artículo 89 de la Ley 1450 no perdió vigencia
con el fallo de constitucionalidad, ya que esta decisión solamente
deslegitimó la desigualdad entre los nuevos y antiguos vigilados.
Anotó que el porcentaje de tasa de vigilancia era determinado por
el Ministerio de Transporte, a través de actos administrativos de
carácter general, que corresponden a las resoluciones núms. 05150
de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de 16 de diciembre de 2014,
los cuales no han sido retirados del ordenamiento jurídico y gozan
de plena legalidad.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1.- La parte actora solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en la
demanda, en el sentido de que no hay lugar a exigir el pago de un
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mayor valor de la tasa de vigilancia de las vigencias 2013 y 2014, que
se fundamentó en una norma declarada inexequible.
IV.-2. La SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
solicitó revocar la sentencia apelada, para lo cual reiteró los mismos
argumentos expuestos en el recurso de apelación.
IV.3.- En esta etapa procesal, el Ministerio Público guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Actos demandados
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 21027 de 16 de octubre de 2015, “Por la
cual se expide liquidación oficial de Revisión del pago de la Tasa de
Vigilancia entre las vigencias 2012 y 2014, a la empresa LÍNEA
AÉREA CARGUERA DE COLOMBIA S.A. LAN CARGO identificada con
NIT. 900232454-0”; 2142 de 21 de enero de 2016, “Por la cual
se resuelve el recurso de reposición interpuesto por LÍNEA AÉREA
CARGUERA DE COLOMBIA S.A. -LAN CARGO COLOMBIA S.A.
identificada con NIT. 900.232.454-0 contra la Resolución 21027 del
16 de octubre de 2015”; expedidas por la Secretaria General de la
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Superintendencia de Puertos y Transporte; y 48649 de 15 de
septiembre de 2016, “Por la cual se resuelve el recurso de
apelación interpuesto en contra de la Resolución No. 21027 del 16
de octubre de 2015, por medio de la cual expide liquidación oficial
de Revisión del pago de la Tasa de Vigilancia entre las vigencias
2013 y 2014, a la empresa LÍNEA AÉREA CARGUERA DE COLOMBIA
S.A. LAN CARGO identificada con NIT. 900232454-0”, emanada del
Superintendente de Puertos y Transporte.
Al respecto, la Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad de las citadas
resoluciones acusadas y, a título de restablecimiento del derecho,
ordenó que la sociedad actora no está obligada a pagar la suma
liquidada en dichos actos, en la medida en que los actos demandados
al ser posteriores a la fecha de la sentencia C-218 de 2015 de
inconstitucionalidad parcial del artículo 89 de la Ley 1450,
desconocieron los efectos ex nunc de la providencia, pues se basaron
en una norma que luego de su declaratoria de inexequibilidad no
producía efecto legal alguno, por lo que la Superintendencia de
Puertos y Transporte no podía, con base en esa norma, determinar la
obligación tributaria a cargo de la sociedad actora para los años 2013
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y 2014, aduciendo cumplimiento parcial del pago por las vigencias
referidas.
Por su parte, el apelante alegó que la citada sentencia C-218 de
2015, proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se
declaró la inexequibilidad de la expresión “[…] y/o inversión […]” del
inciso primero del artículo 89 de la Ley 1450 y de la totalidad de su
inciso segundo, tiene efectos hacia el futuro.
Asimismo, señaló que las resoluciones demandadas únicamente
revisaron y cobraron saldos no pagados por la demandada para las
vigencias 2013 y 2014, con sustento en las resoluciones núms.
05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de 16 de diciembre de
2014, expedidas por el Ministerio de Transporte, por las cuales se fijó
el porcentaje de la tasa de vigilancia correspondiente a esas
vigencias, las cuales fueron expedidas con anterioridad a la sentencia
C-218 de 2015, por lo cual estos actos eran plenamente aplicables y
no perdieron fuerza ejecutoria, configurándose una situación jurídica
consolidada.
De conformidad con lo alegado por el apelante es del caso establecer
si a la fecha de expedición de las resoluciones demandadas, eran
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aplicables los efectos de la inexequibilidad declarada en la sentencia
C-218 de 2015 y si existía o no una situación jurídica consolidada,
para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:
El artículo 27, numeral 27.2., de la Ley 1ª dispuso que la
Superintendencia General de Puertos, hoy Superintendencia de
Puertos y Transporte, ejercerá la función de:
“[…] Cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores
portuarios, por concepto de vigilancia, una tasa por la parte
proporcional que le corresponda, según sus ingresos brutos,
en los costos de funcionamiento de la Superintendencia,
definidos por la Contraloría General de la República. […]”.
Por su parte, el artículo 89 de la Ley 1450 amplió el cobro de la
tasa, previsto en el citado artículo 27, numeral 27.2, de la Ley 1ª,
de la siguiente manera:
“[…] ARTÍCULO 89. Amplíese el cobro de la tasa
establecida en el artículo 27, numeral 2 de la Ley 1ª
de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia,
inspección y control de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos
que ocasionen su funcionamiento y/o inversión.
Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro
de la tasa a la cual hace referencia el presente artículo,
pagarán por tal concepto una tasa por la parte proporcional
que les corresponda según sus ingresos brutos, en los
costos anuales de funcionamiento y la inversión de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá
ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los vigilados.
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PARÁGRAFO. Facúltase a la Superintendencia de Puertos y
Transporte para que en un plazo de 15 meses expida la
reglamentación de las características técnicas de los
sistemas de seguridad documental que deberán
implementar cada uno de los vigilados, para que se
garantice la legitimidad de esos certificados y se proteja al
usuario de la falsificación. […]” (Destacado fuera de texto).
Mediante sentencia C-218 de 22 de abril de 20157, la Corte
Constitucional decidió sobre la constitucionalidad del citado artículo
89 de la Ley 1450, así:
“[…] PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos
examinados en la presente sentencia, el inciso primero
del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, “Por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014”, salvo la
expresión “y/o inversión”, que se declara INEXEQUIBLE
SEGUNDO.- Declarar INEXEQUIBLE, el inciso segundo
del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, el cual estipula
“Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro
de la tasa a la cual hace referencia el presente artículo,
pagarán por tal concepto una tasa por la parte proporcional
que les corresponda según sus ingresos brutos, en los
costos anuales de funcionamiento y la inversión de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá
ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los
vigilados.”.[…]” (Destacado fuera de texto).
Para adoptar dicha decisión, la Corte Constitucional sostuvo lo
siguiente:
“[…] A partir de ello, la justificación para ampliar el cobro
de la tasa de vigilancia, corresponde a la necesidad de
fortalecer técnica, institucional y financieramente a esa
entidad. Desde ese punto de vista y con el propósito de
7
Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. (E) María Victoria Sáchica Méndez, Expediente D-10445.
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brindar un mejor servicio, la Corte encuentra que hay una
justificación válida para ampliar el cobro de la tasa a
aquellos sujetos que no fueron obligados a ello en virtud del
artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, pues resultaría
inequitativo que algunos de los vigilados por la
Superintendencia de Puertos y Transporte concurrieran con
los gastos que requiere su funcionamiento y otros, a pesar
de recibir sus servicios, no lo hicieren.
En ese sentido, la ampliación del cobro de la referida tasa
es una manifestación de la potestad que tiene el legislador
para establecer tributos, cuando ello tiene una razón lógica
y un fin plausible, en este caso el mejoramiento del
servicio, bajo un criterio de equidad. Ciertamente, exigir
que todos los vigilados concurran al sostenimiento de la
entidad, también es una manifestación del principio de
igualdad que no vulnera garantía ius fundamental alguna.
No obstante, la Sala advierte que ni la Ley 1450 de
2011 ni sus antecedentes, permiten justificar de
modo alguno, la necesidad de implementar dos
regímenes de liquidación de la tasa de vigilancia, esto
es, (i) la de los antiguos vigilados que se determina
con base en los gastos de funcionamiento de la
entidad; y (ii) la de los nuevos vigilados que se
establece teniendo en cuenta los gastos de
funcionamiento, pero también los de inversión de la
entidad.
En ese sentido, no hubo ni existe explicación alguna,
que permita comprender porque se estableció una
metodología diferencial para el cobro y el tope de la
tasa referida. Este trato diferencial tiene efectos
reales máxime si los gastos de inversión y aquellos de
funcionamiento son de naturaleza diferente como pasa a
precisarse:
[…]
A partir de ello, se concluye que aunque el artículo 89
de la Ley 1450 de 2011, señale que amplía la tasa de
vigilancia a la totalidad de sujetos, en la realidad
establece un nuevo tributo diferente al establecido en
el artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, pues los nuevos
vigilados, deben concurrir a financiar los gastos de
inversión y funcionamiento, mientras que los
antiguos solamente lo están realizando sobre estos
últimos. De esta manera, si la intención del legislador
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hubiese sido la de gravar a todos los vigilados con mismo
tributo, tenía a su disposición dos mecanismos para ello,
como bien lo exponen los demandantes:
“(i) ampliar el cobro de la tasa de vigilancia exigiendo a
todos los contribuyentes liquidar su tributo tomando como
referente únicamente los gastos de funcionamiento de la
entidad, tal como se estructuró originalmente en la Ley 1ª
de 1991, o
(ii) ampliar el cobro del tributo y actualizar el mismo,
incluyendo además de los gastos de funcionamiento, los
gastos de inversión, en la base gravable tanto de los
nuevos como de los antiguos vigilados, sin generar
diferencias entre unos y otros.”8.
En ese sentido, la Sala reitera que no puede entenderse que
el legislador no pueda ampliar la base de un tributo, sino
que al hacerlo se debe ajustar a los principios de igualdad y
equidad. Así las cosas, y dada la diferencia entre los gastos
de funcionamiento y las de inversión, se concluye que las
inclusión (sic) de los gastos de inversión dentro de la
base gravable de los nuevos vigilados genera una
sobrecarga adicional para estos frente a los antiguos,
al asociar el tributo no sólo a la recuperación de los
gastos en los cuales incurre la Superintendencia de
Puertos y Transporte en la prestación del servicio,
sino a la productividad y desarrollo de la entidad
(gastos de inversión). Este trato diferencial que no
tiene sustento alguno en la ley que consagra el
tributo ni en los antecedentes de la misma, vulnera el
principio de igualdad.
Si bien las tasas pueden incluir aspectos diferenciadores en
razón a la capacidad contributiva de los destinatarios del
servicio, o la frecuencia de uso del mismo, no es el caso del
asunto objeto de estudio, pues el artículo 89 de la Ley 1450
de 2011 no establece una diferencia fundada en el principio
de equidad, pues las diferencias entre los sujetos gravables
no se abordan ni se mencionan en la ley.
Ahora bien, respecto a la eficacia de la medida la Sala
considera que la justificación expuesta en la Ley 1450 de
2011 según la cual la ampliación de la tasas se hace con el
fin de “fortalecer técnica, institucional y financieramente a
la Superintendencia de Puertos y Transporte… a través del
cobro de una tasa de vigilancia a los agentes vigilados”
8
Folio 13.
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resulta contraria a la fórmula establecida para el cobro de la
tasa, puesto que para lograr un verdadero fortalecimiento
de la Superintendencia bastaba, como se expuso con la
extensión de la exigencia del gravamen a todos los vigilados
y no sólo a un grupo de ellos, razón por la cual el propósito
de la norma no guarda una relación de coherencia con el fin
utilizado.
En ese sentido, la Sala reitera que el legislador no desbordó
sus competencias al ampliar el universo de vigilados que
deben concurrir con el funcionamiento de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, pues tal medida
obedece a un fin legítimo. Así las cosas, la vulneración
del principio de igualdad radica en la inclusión de los
gastos de inversión, sólo para un grupo de vigilados
al momento de establecer el monto de la obligación
tributaria.
Por ello, es necesario que el legislador en ejercicio de la
potestad que le otorga la Constitución Política determine
una nueva metodología para calcular el valor en que deben
incurrir los sujetos objeto de vigilancia por parte de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, para la
financiación de los servicios que presta esa entidad. […]”
(Destacado fuera de texto).
Ahora, en cuanto a los efectos de la sentencia C-218 de 2015,
proferida por la Corte Constitucional, se debe tener en cuenta lo
señalado por el artículo 45 de la Ley 270, que es del siguiente
tenor:
“[…] Las sentencias que profiera la Corte Constitucional
sobre los actos sujetos a su control en los términos del
artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos
hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo
contrario. […]” (Destacado fuera de texto).
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Actora: LAN CARGO COLOMBIA S.A.
Sobre el citado artículo 45 de la Ley 270, la Corte Constitucional, en
sentencia C-507 de 3 de diciembre de 20209, puntualizó lo
siguiente:
“[…] 46. El artículo 241 de la Carta Política le confía a la
Corte Constitucional la guarda de la integridad y la
supremacía de la Constitución. Para tales fines, prescribe
que la Corte, entre otros asuntos, debe “decidir sobre las
demandas de inconstitucionalidad que presenten los
ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material
como por vicios de procedimiento en su formación”. A su
turno, el artículo 45 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia señala que, por regla
general, las sentencias proferidas por la Corte tienen
efectos hacia el futuro, a menos que la Corporación
disponga lo contrario10. […]” (Destacado fuera de texto).
Y en sentencia C-560 de 20 de noviembre de 201911, la Corte
precisó sobre los efectos de las decisiones que toma, en ejercicio
del control abstracto de constitucionalidad, así:
“[…] El inciso segundo del artículo 243 de la Constitución
prohíbe a las autoridades reproducir el contenido material
de leyes declaradas inexequibles, siempre y cuando dicha
declaración se haya hecho por razones de fondo y, además,
subsistan en la Carta las normas que sirvieron para hacer el
juicio de constitucionalidad12. Conforme al primer inciso
de este artículo, en concordancia con los artículos 46
y 48 de la Ley 270 de 1996 y 22 del Decreto 2067 de
1991, se tiene que las decisiones que toma este
tribunal, en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad, son definitivas y obligatorias para
9
Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, Expediente D-13669.
10
En efecto, el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 prescribe lo siguiente: “Las sentencias que profiera
la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la
Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.
11
Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Expediente núm. D-13199.
12
Cfr. Sentencia C-228 de 2002 (fundamento jurídico 6.2.), en la cual se interpreta esta prohibición.
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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01456-02
Actora: LAN CARGO COLOMBIA S.A.
todos, dado su efecto erga omnes13. […]” (Destacado
fuera de texto).
Por su parte, esta Sección14, en cuanto a la fecha en que comienzan
a producir sus efectos las sentencias que declaran la
inconstitucionalidad, cuando no señalan efectos diferentes a los ex
nunc implícitos en la decisión, sostuvo:
“[…] Sobre este punto, la Sala destaca que de acuerdo con
el artículo 4515 de la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia, las sentencias que profiera el Tribunal
Constitucional, por regla general, tienen efectos hacia el
futuro, salvo que la Corte resuelva lo contrario o le
señale unos específicos o diferidos efectos.
Entonces, cuando no señala efectos diferentes a los ex
nunc implícitos en la decisión, la sentencia que declara la
inconstitucionalidad empieza a producir efectos a partir
del día siguiente a la fecha de la sentencia, no a partir de
su ejecutoria. Esta determinación en razón a la clase de control
que cumple sobre el ordenamiento jurídico y en lo previsto en
el artículo 5616 de la Ley Estatutaria, en cuanto dispone que las
sentencias tendrán la fecha en la que se adopte,
independientemente de las vicisitudes que se presenten en la
publicación del texto del fallo y de los disensos por aclaraciones
o salvamentos que se registren en su aprobación. […]”
(Destacado fuera de texto).
13
Cfr., Sentencias C-220 de 2011, C-228 y 744 de 2015 y C-290 de 2019.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
octubre de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación núm. 13001-23-31-000-
2003-00212-01.
15
“Artículo 45. Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del
control judicial de constitucionalidad. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre
los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen
efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.” (negrilla y subrayado del texto)
16
“ARTÍCULO 56. FIRMA Y FECHA DE PROVIDENCIAS Y CONCEPTOS. El reglamento interno de
la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la
forma como serán expedidas y firmadas las providencias, conceptos o dictámenes adoptados. En
dicho reglamento se deberá además incluir un término perentorio para consignar en el salvamento o
la aclaración del voto los motivos de los Magistrados que disientan de la decisión jurisdiccional
mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia. La sentencia tendrá la fecha en que se
adopte.” (negrilla y subrayado del texto)
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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01456-02
Actora: LAN CARGO COLOMBIA S.A.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que habida
cuenta que la sentencia C-218 de 2015, proferida por la Corte
Constitucional, no expresó modulación alguna de su decisión, es
aplicable la regla general prevista en el artículo 45 de la Ley 270,
esto es, que sus efectos son hacia el futuro y empiezan a partir
del día siguiente a la fecha de la sentencia.
Por lo tanto, la sentencia C-218 de 2015 al ser proferida el 22 de
abril de 2015 por la Corte Constitucional, empezó a surtir sus
efectos a partir del día siguiente a su fecha, “[…] este día
corresponde al 23 de abril de 2015 […]”17, razón por la cual a la
fecha de expedición de las resoluciones demandadas, sí eran
aplicables los efectos de la inexequibilidad declarada en la sentencia
C-218 de 2015, que expulsaron del ordenamiento jurídico tanto la
expresión “y/o inversión” del inciso primero, así como el inciso
segundo del artículo 89 de la Ley 1450.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de
diciembre de 2024, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160148001.
Asimismo, ver sentencia de 5 de mayo de 2022 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. núm. único de radicación
25000233700020160146201).
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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01456-02
Actora: LAN CARGO COLOMBIA S.A.
Al efecto, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de
diciembre de 202418, en la que la Sección Primera precisó:
“[…] De todo lo anteriormente expuesto la Sala puede
colegir que, habida cuenta de los efectos de las sentencias
de constitucionalidad, en el caso sub examine, para la
fecha en que la Superintendencia de Puertos y
Transportes expidió la liquidación oficial de Revisión
del pago de la Tasa de Vigilancia entre las vigencias
2013 y 2014 a cargo de la parte demandante,
mediante la Resolución núm. 21025 de 16 de octubre
de 2015, lo hizo con base en disposiciones que ya
habían sido objeto de la declaratoria de
inexequibilidad por la Corte Constitucional mediante
la sentencia C-218 del 22 de abril de 2015 frente a la
expresión “y/o inversión” del inciso primero y la
totalidad del inciso segundo del artículo 89 de la Ley
1450, las cuales se tornaron inaplicables de manera
inmediata, como consecuencia de los efectos erga omnes
señalados en el artículo 243 de la Constitución Política y
hacia el futuro, establecidos en el artículo 45 de la Ley 270
de 1996.
126. Para la Sala, si bien la Corte Constitucional se
encuentra jurídicamente habilitada para señalar los
efectos temporales de sus sentencias, al no haberlo
hecho frente a la sentencia C-218 de 2015, debe
entenderse que los efectos de la declaratoria de
inexequibilidad contenida en la misma se producen ex
nunc, esto es, desde ahora y hacia futuro, y para el
momento en que se expidieron los actos acusados tanto la
expresión “y/o inversión” del inciso primero, así como el
inciso segundo del artículo 89 de la Ley 1450 ya habían sido
expulsados del ordenamiento jurídico. […]” (Destacado
fuera de texto).
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de
diciembre de 2024, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160148001.
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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01456-02
Actora: LAN CARGO COLOMBIA S.A.
Ahora, en cuanto a si existía o no una situación jurídica
consolidada, teniendo en cuenta que, a juicio del apelante, las
resoluciones demandadas únicamente revisaron y cobraron saldos
no pagados por la demandada para las vigencias 2013 y 2014, con
sustento en las resoluciones núms. 05150 de 27 de noviembre de
2013 y 04188 de 16 de diciembre de 2014, expedidas por el
Ministerio de Transporte, por las cuales se fijó el porcentaje de la
tasa de vigilancia correspondiente a esas vigencias, las cuales
fueron expedidas con anterioridad a la sentencia C-218 de 2015,
por lo cual estos actos eran plenamente aplicables y no perdieron
fuerza ejecutoria, cabe tener en cuenta lo siguiente:
La Resolución núm. 21027 de 16 de octubre de 2015,
acusada, se fundamentó, conforme lo pone de presente su parte
motiva, en las resoluciones núms. 05150 de 27 de noviembre de
2013, 015372 del 6 de diciembre de 2013 y 04188 de 16 de
diciembre de 2014 y 30527 de 18 de diciembre de 2014, expedidas
por el Ministerio de Transporte y por la Superintendencia de Puertos
y Transporte, así:
-En la Resolución núm. 05150 de 27 de noviembre de 2013,
expedida por el Ministerio de Transporte, a través de la cual se fijó,
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Actora: LAN CARGO COLOMBIA S.A.
para la vigencia fiscal 2013, la tarifa por concepto de la tasa de
vigilancia que debían pagar a la Superintendencia de Puertos y
Transporte, los vigilados señalados en el artículo 27, numeral 27.2.
de la Ley 1ª y a aquellos a quienes fue ampliado el cobro de la tasa
por el artículo 89 de la Ley 1450:
“[…] en el 0.2605% para los primeros y en el 0,1% para
los segundos, de los ingresos brutos de cada vigilado
correspondientes al período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2012. […]”.
-En la Resolución núm. 015372 de 6 de diciembre de 2013,
emanada de la Superintendencia de Puertos y Transporte, mediante
la cual se fijó el plazo y la forma de pago de la tasa de vigilancia
que le correspondía pagar a los sujetos de supervisión para la
vigencia fiscal 2013, la cual determinó que:
“[…] para proceder al pago de la Tasa de Vigilancia, los
sujetos deben tomar como base el total de los ingresos
brutos obtenidos en el año 2012 y aplicarles los porcentajes
establecidos por el Ministerio de Transporte según
Resolución No. 05150 del 27 de noviembre de 2013. […]”.
-En la Resolución núm. 04188 de 16 de diciembre de 2014,
expedida por el Ministerio de Transporte, por la cual se fijó, para la
vigencia fiscal 2014, la tarifa por concepto de la tasa de vigilancia
que debían pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte,
los vigilados señalados en el artículo 27, numeral 27.2., de la Ley
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Actora: LAN CARGO COLOMBIA S.A.
1ª y a aquellos a quienes fue ampliado el cobro de la tasa en el
artículo 89 de la Ley 1450:
“[…] en el 0,345% para los primeros y en el 0,094% para
los segundos, de los ingresos brutos de cada vigilado
correspondientes al período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2013. […]”.
-En la Resolución núm. 30527 de 18 de diciembre de 2014,
emanada de la Superintendencia de Puertos y Transporte, a través
de la cual se fijó el plazo y la forma de pago de la tasa de vigilancia
que le correspondía pagar a los sujetos de supervisión para la
vigencia fiscal 2014, la cual determinó que:
“[…] para proceder al pago de la Tasa de Vigilancia, los
sujetos deben tomar como base el total de los ingresos
brutos obtenidos en el año 2013 y aplicarles los porcentajes
establecidos por el Ministerio de Transporte según
Resolución No. 4188 del 16 de diciembre de 2014 […]”.
Ahora, la Sala observa que la Resolución núm. 21027 de 16 de
octubre de 2015, acusada, también indicó que resultaba
procedente exigir el pago de los valores de la tasa de vigilancia a
quienes realizaron un pago incompleto o no realizaron pago alguno,
para lo cual, expresó que:
“[…] es necesario aplicar las fórmulas determinadas por el
Ministerio de Transporte, toda vez que las resoluciones
expedidas por dicha cartera gozan de la presunción de
legalidad. Así mismo, tanto la obligación de pago como el
incumplimiento del mismo, constituyen situaciones
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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01456-02
Actora: LAN CARGO COLOMBIA S.A.
jurídicamente consolidadas antes de la expedición de
la Sentencia C-218 de 2015 y de la expedición de la Ley
1753 de 2015. […]” (Destacado fuera de texto).
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la referida Resolución núm.
05150 de 27 de noviembre de 2013, que sirvió de fundamento al
acto acusado, para fijar la tarifa de la tasa de vigilancia para los
nuevos sujetos de cobro señalados en el artículo 89 de la Ley 1450,
vigencia fiscal 2013, aplicó la siguiente fórmula:
“[…] Que en consecuencia, para el cobro de la tarifa por
concepto de tasa de vigilancia a los nuevos sujetos de cobro de
que trata el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, se
aplicará la siguiente fórmula, que es la resultante de
dividir los costos anuales de funcionamiento e inversión
de la Superintendencia de Puertos y Transporte
reportados, sobre los ingresos brutos reportados de los
nuevos sujetos de cobro, la cual no podrá ser superior al 0,1%
de los ingresos brutos de los dichos vigilados:
Donde:
TVn: Tarifa por concepto de tasa de vigilancia (nuevos vigilados)
GF: Gastos de funcionamiento de la Superintendencia de
Puertos y Transporte de los nuevos sujetos de cobro de que
trata la Ley 1450 de 2011.
INV: Inversión de la Superintendencia de Puertos y
Transporte.
IBn: Ingresos brutos de los nuevos sujetos de cobro, vigilados
por la Superintendencia de puertos y Transporte.
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Actora: LAN CARGO COLOMBIA S.A.
Que al aplicar la fórmula aquí desarrollada, ésta supera el límite
previsto en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, por lo que,
para los nuevos sujetos de cobro, se debe ajustar al 0,1% para
la vigencia 2013. […]” (Destacado fuera del texto)
Y la Resolución núm. 04188 de 16 de diciembre de 2014, que
también sirvió de fundamento al acto acusado, para fijar la tarifa de
la tasa de vigilancia para los nuevos sujetos de cobro señalados en
el artículo 89 de la Ley 1450, vigencia fiscal 2014, aplicó la
siguiente fórmula:
“[…] Que en consecuencia, para el cobro de la tarifa por
concepto de tasa de vigilancia a los nuevos sujetos de cobro de
que trata el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, se
aplicará la siguiente fórmula, que es la resultante de
dividir los costos anuales de funcionamiento e inversión
de la Superintendencia de Puertos y Transporte
reportados, sobre los ingresos brutos (reportados y
proyectados) de los nuevos sujetos de cobro, la cual no podrá
ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los dichos
vigilados:
El análisis comienza con el cálculo de la tarifa por concepto
Tasa de Vigilancia, según el sistema y método establecido en la
Ley 1450 de 2011, la fórmula a aplicar es:
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Actora: LAN CARGO COLOMBIA S.A.
Donde:
• TVn: Tarifa por concepto de tasa de vigilancia
(nuevos vigilados)
• GF: Gastos de funcionamiento de la
Superintendencia de Puertos y Transporte de los
nuevos sujetos de cobro de que trata la Ley 1450 de
2011.
• INV: Inversión de la Superintendencia de
Puertos y Transporte.
• IBn: Ingresos brutos de los nuevos sujetos de cobro,
vigilados por la Superintendencia de puertos y
Transporte.
Su cálculo corresponde a:
Que al aplicar la fórmula aquí desarrollada, se encuentra que
ésta no supera el límite previsto en el artículo 89 de la Ley
1450 de 2011, por lo que, la Tasa de Vigilancia para los nuevos
sujetos de cobro vigilados es de 0.094% para la vigencia 2014.
[…]” (Destacado fuera del texto).
Así las cosas, se considera que la Superintendencia de Puertos y
Transporte, para la expedición de la liquidación oficial de revisión
del pago de la tasa de vigilancia de las vigencias 2013 y 2014 a
cargo de LAN CARGO COLOMBIA S.A., en los actos
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administrativos demandados, se fundamentó en el artículo 89 de la
Ley 1450 y tuvo en cuenta las fórmulas establecidas por el
Ministerio de Transporte en las resoluciones núms. 05150 de 27 de
noviembre de 2013 y 04188 de 16 de diciembre de 2014; y que
dichas fórmulas, para el caso de los nuevos sujetos de cobro
señalados en la Ley 1450, incorporaron los costos anuales de
inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, a pesar
de que la sentencia C-218 de 2015 ya había declarado inexequible
tanto la expresión “y/o inversión” del inciso primero, así como el
inciso segundo del artículo 89 de la Ley 1450.
Sobre el particular, la Sala aclara que la Superintendencia
demandada no podía con posterioridad a la sentencia C-218 de
2015 expedir la liquidación oficial de revisión del pago de la tasa de
vigilancia de las vigencias 2013 y 2014, a través de la Resolución
núm. 21027 de 16 de octubre de 2015 demandada, a efectos
de cobrar saldos pendientes a cargo de la sociedad actora,
invocando como fundamento de dicha liquidación los apartes
declarados inexequibles del artículo 89 de la Ley 1450, que
habilitaban a la Superintendencia en mención a aplicar una
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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01456-02
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metodología que, conforme lo señaló la Corte Constitucional, devino
en violatoria de los principios de igualdad y equidad tributaria.19
Precisado lo anterior y a fin de determinar si en el caso sub lite
existió o no una situación jurídica consolidada, es del caso traer a
colación la sentencia de 5 de mayo de 202220, en la que esta
Sección señaló sobre las situaciones jurídicas consolidadas y no
consolidadas, lo siguiente:
“[…] una situación jurídica no consolidada es aquella
susceptible de ser discutida en la instancia administrativa o
ante la jurisdicción contenciosa, es decir, mantiene su
condición de ser materia de debate o controversia en
alguna de las sedes indicadas.
134. En el asunto sub lite se trata de una situación jurídica
no consolidada, cuando es la propia Administración la que
procede a expedir el acto administrativo de carácter
particular y concreto de liquidación oficial de revisión del
pago de la tasa de vigilancia para las vigencias 2012 a 2104
a cargo de la parte demandante, el cual se encuentra en
discusión ante esta Sala y que previamente fue objeto de
impugnación a través de los recursos de reposición y
apelación ante las dependencias administrativas
competentes.
135. Así las cosas, las situaciones jurídicas
consolidadas son aquellas situaciones subjetivas y
particulares que no fueron recurridas o demandadas
por la parte interesada dentro de la oportunidad legal
y que, por tanto, han quedado en firme o han sido
19
Ver sentencia de 12 de diciembre de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160148001).
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de
mayo de 2022, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de
radicación25000233700020160146201.
Criterio reiterado en la citada sentencia de 12 de diciembre de 2024.
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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01456-02
Actora: LAN CARGO COLOMBIA S.A.
objeto de decisión judicial que ha hecho tránsito a
cosa juzgada. […]” (Destacado fuera de texto).
De conformidad con lo anterior, en el caso bajo examen, la Sala
estima, contrario a lo alegado por el apelante, que no existe una
situación jurídica consolidada, en razón a que los actos
administrativos acusados, por los cuales se expidió la liquidación
oficial de revisión de pago de la tasa de vigilancia para las vigencias
2013 y 2014, a la actora, fueron discutidos por medio de los
recursos de reposición y apelación en la vía administrativa; están
siendo objeto de conocimiento por parte de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, con la finalidad de determinar la
legalidad de estos; no han quedado en firme y no han sido objeto
de decisión judicial que haya hecho tránsito a cosa juzgada.21
En este orden de ideas, la Superintendencia de Puertos y
Transporte no podía expedir la liquidación oficial de revisión de
pago de la tasa de vigilancia para las vigencias 2013 y 2014,
tomando como fundamento las resoluciones núms. 05150 de 27 de
noviembre de 2013 y 04188 de 16 de diciembre de 2014, que
incorporaban en la fórmula de cálculo de la tasa de vigilancia, las
disposiciones del artículo 89 de la Ley 1450, que fueron declaradas
21
En el mismo sentido, ver las citadas sentencias de 5 de mayo de 2022 y de 12 de diciembre de
2024.
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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01456-02
Actora: LAN CARGO COLOMBIA S.A.
inexequibles por la Corte Constitucional, en la sentencia C-218 de
2015, con los efectos erga omnes que le son propios a las
sentencias de constitucionalidad.
La sentencia C-218 de 22 de abril de 2015, proferida por la Corte
Constitucional, se constituyó en un hecho sobreviniente que le
impedía a la parte demandada, respecto de los nuevos sujetos de
vigilancia establecidos en el artículo 89 de la Ley 1450, expedir la
liquidación oficial de revisión de la tasa de vigilancia para las
vigencias 2013 y 2014, aplicando como fundamento de la
liquidación los apartes del artículo 89 declarados inexequibles, por
no existir dichas disposiciones en el ordenamiento jurídico.
Sobre el particular, la Sala prohíja lo señalado en las sentencias de
1o. de noviembre de 201922, 5 de mayo de 202223 y 12 de
diciembre de 202424, en las cuales la Sección Primera, al resolver
sobre la nulidad de actos acusados similares a los que son objeto
de estudio en este caso, concluyó lo siguiente:
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. sentencia de 1º de
noviembre de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160146901.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de
mayo de 2022, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160146201.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de
diciembre de 2024. C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160148001.
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“[…] 137. Para la Sala, en suma, no podía la parte
demandada efectuar una revisión o reliquidación de la tasa
de vigilancia para las vigencias 2012 a 2014, tomando
como fundamento las disposiciones contenidas en el inciso
2º y la frase “ y/o inversión” del artículo 89 de la Ley 1450
que permitían aplicar una metodología diferente para los
nuevos sujetos de vigilancia, en tanto, para el momento en
que fueron expedidos los actos administrativos acusados,
ya habían sido declaradas inexequibles las mencionadas
disposiciones, con los efectos erga omnes que le son
propios a las sentencias de constitucionalidad.
138. La sentencia C-218 de 22 de abril de 2015 proferida
por la Corte Constitucional se constituyó en un hecho
sobreviniente que le impedía a la parte demandada,
respecto de los nuevos sujetos de vigilancia establecidos en
el artículo 89 de la Ley 1450, expedir la liquidación oficial
de Revisión de la tasa de vigilancia para las vigencias 2012
a 2014, aplicando como fundamento de la liquidación los
apartes del artículo supra declarados inexequibles, por no
existir dichas disposiciones en el ordenamiento jurídico.
[…]”.
En consecuencia, debe confirmarse la sentencia apelada, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Por último, en cuanto a la condena en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 18825 del CPACA en armonía con el
numeral 8 del artículo 365 del CGP261, esto es, en aplicación de un
criterio objetivo valorativo27, la Sala condenará a la
25
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
26
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
27
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
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SUPERINTENDENCIA DE DE PUERTOS Y TRANSPORTE, entidad
apelante, en los términos del numeral 3 del artículo 36528 ibidem, al
pago de las costas en esta instancia.
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso29 y por las agencias en derecho30”, de manera que le
corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión
útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el
componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia
la intervención de la parte actora a través de apoderado judicial.
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
28
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
29
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
30
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación se
sujetará a la liquidación31 que realice el secretario del Tribunal a
quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.
Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del CGP32, se fijan como agencias en derecho, la suma
de $1.556.641 (equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones33)
a favor de la sociedad LAN CARGO COLOMBIA S.A. Lo anterior,
de conformidad con las tarifas establecidas en el artículo 6°34 del
Acuerdo núm. 1887 de 26 de junio de 2003, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, según la naturaleza del proceso,
la calidad y duración de la gestión realizada por la parte
vencedora.
31
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
32
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
33
De conformidad con el folio 5 del C. Principal, el valor de las pretensiones corresponde a
$778.320.343.
34
“[…] ARTÍCULO 6º.Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3.
Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con
cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia […]”.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte
demandada y en favor de la sociedad LAN CARGO COLOMBIA
S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $1.556.641
(equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones), la cual deberá
incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte
demandada.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de marzo
de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Salva voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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