Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2016-01459-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2016-01459-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-37-000-2016-01459-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-37-000-2016-01459-01
Demandante: Latam Airlines Group S.A. Sucursal Colombia
Demandadas: Superintendencia de Puertos y Transporte
Tema: Tasa de vigilancia. Liquidación oficial de revisión del pago de la tasa
de vigilancia prevista en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011. Reiteración
jurisprudencial.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandada, en
contra de la sentencia de 27 de septiembre de 2018, proferida por la Sección Cuarta,
Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La demanda1
1. La sociedad LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA (en
adelante LATAM), actuando a través de apoderado y en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de
18 de enero de 20112, acudió ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
para elevar las siguientes pretensiones:
“[…] 3. PRETENSIONES
Las pretensiones que respetuosamente formulo ante este Honorable son las
siguientes:
3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
(i) Resolución 21008 del 16 de octubre de 2015, por medio de la cual la
Superintendencia de Puertos y Transporte expidió Liquidación Oficial de
Revisión ordenando el pago del saldo de la tasa de vigilancia para las
vigencias 2013 y 2014 en cuantía de $93.995.548 y $53.704.927 pesos
m/cte, respectivamente.
(ii) Resolución 2145 del 21 de enero de 2016 por la cual se resuelve el
recurso de reposición interpuesto por LATAM contra la resolución 21008
del 16 de octubre de 2015, relativa a la Liquidación oficial (sic) de Revisión
del pago de la tasa de vigilancia de las vigencias 2013 a 2014.
1
Fol. 2-31 y 70-100 (reforma de la demanda), C. Ppal. La parte demandante integró, en un solo documento, la demanda
inicial y su reforma.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
2
Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01459 01
Demandante: Latam Airlines Group S.A. Sucursal Colombia
(i) (sic) Resolución No. 49535 del 20 de septiembre de 2016, por medio
de la cual la Superintendencia de Puertos y Transporte decide el recurso
de apelación interpuesto por LATAM contra la Resolución 21008 del 16
de octubre de 2015, confirmándola en todas sus partes.
3.2. Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, se declare que LATAM no está obligada a pagar los mayores valores
determinados y exigidos por la Superintendencia de Puertos y Transporte,
habida cuenta nos encontramos frente a un pago de lo no debido. […]”3 (negrilla
del texto)
I.1.1. Los hechos
2. Afirmó que la Ley 1ª de 10 de enero de 19914, en su artículo 27, numeral 27.2.,
estableció como función de la Superintendencia General de Puertos, luego
Superintendencia de Puertos y Transporte, la de cobrar a las sociedades portuarias
y a los operadores portuarios por concepto de vigilancia, una tasa por la parte
proporcional que le correspondía, según sus ingresos brutos, en los costos de
funcionamiento de la superintendencia, definidos por la Contraloría General de la
República.
3. Adujo que el artículo 89 de la Ley 1450 de 16 de junio de 20115 amplió el cobro
de la tasa establecida en el artículo 27 de la Ley 1.°, a la totalidad de los sujetos de
vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para
cubrir los costos y gastos que ocasione su funcionamiento “[…] y/o inversión
[…]”(negrilla y subrayado del texto).
4. Anotó, adicionalmente, que la citada norma estableció que aquellos sujetos a los
cuales se les amplió el cobro de la tasa, pagarían por ese concepto una tasa por la
parte proporcional que le correspondiera según sus ingresos brutos, en los costos
anuales de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y
Transporte, la cual no podría ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los
vigilados.
5. Manifestó que la Ley 1450 amplió el cobro de la tasa de vigilancia que le
correspondía recaudar a la Superintendencia de Puertos y Transporte a la totalidad
de los vigilados y señaló expresamente los elementos del tributo mediante una
fórmula para la liquidación de la tasa, aplicable únicamente a los sujetos a quienes
se les amplió el cobro de este tributo.
6. Aseguró que el Ministerio de Transporte expidió las resoluciones números “[…]
10225, 5150 y 4188 […]”, por medio de las cuales se fijó, para los años 2012, 2013
y 2014, la tarifa por concepto de la tasa de vigilancia que debían pagar a la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la totalidad de los sujetos de vigilancia,
inspección y control para esas vigencias fiscales.
3
Pretensiones conforme a la reforma de la demanda. Fol. 70-100, C. Ppal.
4
“[…] Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones […]”.
5
“[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. […]”
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7. Aseveró que las resoluciones citadas tomaron como fundamento, los elementos
estructurales dados por el artículo 89 de la Ley 1450 para la determinación de la
tasa para los nuevos sujetos vigilados “[…] específicamente la base gravable para
aplicación (sic) de la tarifa y la destinación de la misma, las cuales, en violación del
principio de igualdad, incluían los costos y gastos de inversión de la
Superintendencia […]” (negrilla del texto).
8. Mencionó que la Corte Constitucional, el 22 de abril de 2015, profirió la Sentencia
C-218 de 2015, mediante la cual se declaró la inexequibilidad de la expresión “[…]
y/o inversión […]” (negrilla del texto) del inciso primero del artículo 89 de la Ley
1450 y del inciso segundo de esa misma disposición.
9. Destacó que la Corte Constitucional, en la sentencia mencionada, habría
precisado que la inclusión de los gastos de inversión dentro de la base gravable de
los nuevos vigilados generó una sobrecarga adicional respecto de los antiguos, al
asociar el tributo no solo a la recuperación de los gastos en los cuales incurre la
Superintendencia de Puertos y Transporte en la prestación del servicio, sino a la
productividad y desarrollo de la entidad, trato diferencial que no tenía sustento
alguno en la ley que estableció el tributo ni en sus antecedentes, lo cual vulneraba
el principio de igualdad en materia tributaria y desconocía la Constitución Política.
10. Señaló que la Superintendencia de Puertos y Transporte expidió la Resolución
núm. 21008 de 16 de octubre de 2015, mediante la cual expidió liquidación oficial
de revisión, ordenando el pago del saldo de la tasa de vigilancia para la vigencia
2013 y 2014 a cargo de LATAM, por la suma de $93.995.548 y $53.704.927,
respectivamente.
11. Indicó que presentó recurso de reposición y en subsidio el apelación contra la
Resolución núm. 21008 de 16 de octubre de 2015. Precisó que el recurso de
reposición fue decidido en la Resolución núm. 2145 de 21 de enero de 2016, en la
cual se resolvió confirmar el acto recurrido y, por la Resolución 49535 de 20 de
septiembre de 2015, se decidió, extemporáneamente, el recurso de apelación, en
el sentido de confirmar el acto impugnado.
I.1.2. Las causales de nulidad invocadas
12. La parte demandante consideró que los actos administrativos demandados
vulneraron los artículos 29, 83, 95 (numeral 9.), 150, 230, 243, 338 y 363 de la Carta
Política y 86 y 91 de la Ley 1437. Asimismo, hizo referencia a la “[…] Falsa
Motivación […]” y a la “[…] Vía de Hecho de la Administración. […]”.
I.1.3. El concepto de la violación
i) “[…] Violación del artículo 86 del CPACA – término para resolver el
recurso de apelación interpuesto – y 29 de la Constitución Política –
Derecho Fundamental al debido proceso […]” (subrayado del texto)
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13. Afirmó que, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 1437, después de transcurrido
un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los recursos de
reposición o apelación, sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se
entenderá que la decisión es negativa.
14. Consideró que la autoridad administrativa desconoció la norma señalada, en
razón a que expidió la Resolución núm. 49535 de 20 de septiembre de 2016, por
medio de la cual resolvió el recurso de apelación presentado en contra de la
Resolución núm. 21008 de 16 de octubre de 2015, de manera extemporánea, lo
cual comporta la violación del derecho al debido proceso previsto en el artículo 29
de la Carta Política.
ii) “[…] Violación del numeral 12 del artículo 150 y en el artículo 338 de la
Constitución Política – principio de Legalidad de los Tributos – Violación
del Artículo 243 de la Constitución Política legalidad de los tributos cosa
juzgada constitucional y efecto de la inexequibilidad de una norma. […]”
(subrayado del texto)
15. Sostuvo que, al declararse la inexequibilidad del artículo 89 de la Ley 1450 en lo
que se refiere a los elementos estructurales de la tasa de vigilancia para los nuevos
vigilados, la disposición se hace inaplicable por ser contraria a la Carta Política.
16. Subrayó, igualmente, que al haberse declarado la inexequibilidad del segundo
inciso del artículo 89 de Ley 1450, “[…] la obligación de pago, la base gravable, la
destinación (cubrir costos y gastos de inversión) y la tarifa tope, devienen en
inaplicables al ser contrarios a la Constitución Nacional. […]”.
17. Alegó que la parte demandada insistía en que, como la sentencia proferida por
la Corte Constitucional tenía efectos hacia futuro, era viable liquidar y cobrar un
tributo que fue declarado inexequible “[…] en lo que respecta a los elementos de su
esencia […]”, con lo cual olvidó que al declararse inexequibles esos elementos, la
tasa de vigilancia no podía ser aplicada “[…] so pena imponer (sic) un tributo que
carece de sustento legal y por tanto violatorio del principio de legalidad y
predeterminación de los tributos […]”(negrilla del texto).
18. Destacó que, como resultado de haberse proferido la Sentencia C-218 de 2015,
por parte de la Corte Constitucional, en la cual se declaró la inexequibilidad de la
norma que establecía los elementos del tributo para los nuevos vigilados, los
elementos esenciales de la tasa de vigilancia desaparecieron, de tal forma que, al
exigirse su pago por los años 2013 y 2014, sin una norma que lo fundamente, se
habría desconocido el “[…] principio de legalidad y predeterminación de los
tributos […]” (negrilla y subrayado del texto).
19. Argumentó que no era posible, como lo pretendían los actos administrativos
acusados, aplicar la Ley 1ª, toda vez que, conforme a su artículo 27, numeral 27.2.,
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tal disposición va dirigida a aquellos inicialmente vigilados por la Superintendencia
de Puertos y Transportes, esto es, las sociedades portuarias y los operadores
portuarios, la cual no se podía extender a los nuevos vigilados, teniendo en cuenta
que, para los nuevos vigilados existía una disposición expresa que, insistió, fue
declarada inexequible.
20. Estimó que el cobró efectuado por la Superintendencia de Puertos y Transporte
desconoció los efectos erga omnes de los fallos de inexequibilidad y, en
consecuencia, el artículos 243 de la Carta Política referido a la cosa juzgada
constitucional.
iii) “[…] Violación del Artículo 91 del CPACA – Pérdida de ejecutoriedad de
los actos administrativos – Inexistencia de situaciones jurídicas
consolidadas – Desconocimiento del precedente judicial. […]” (subrayado
del texto)
21. Citó el artículo 91 de la Carta Política relativo a la pérdida de fuerza ejecutoria de
los actos administrativos y subrayó que las resoluciones que desarrollaron el artículo
89 de la Ley 1450, esto es, las resoluciones números 10225 de 2012, 05150 de
2013 y 04188 de 2014, sustento de los actos acusados, habrían perdido su fuerza
ejecutoria, de tal forma que no podían ser sustento jurídico del cobro de la tasa de
vigilancia de los años 2013 y 2014, pues desaparecieron “[…] los fundamentos
jurídicos en el que se sustentaron, y que no es otro que los apartes declarados
inexequibles del artículo 89 de la Ley citada […]”.
22. Consideró que existía el vicio de falsa motivación en la afirmación de la autoridad
administrativa consistente en que persistían los fundamentos de derecho y se
estaba ante situaciones jurídicas consolidadas, toda vez que, al desaparecer el
fundamento legal de las resoluciones en que se sustentó el cobro de la tasa de
vigilancia, “[…] mi poderdante podría solicitar la devolución de las sumas pagadas
como un pago de lo no debido […]”.
23. Aseveró que los actos administrativos demandados incurrieron en vicio de
nulidad “[…] al partir de una falsa premisa, cual es la inexistencia de la pérdida de
ejecutoria de los actos sustento del cobro de la tasa 2013 y 2014 y la supuesta
ocurrencia de una situación jurídica consolidada, que como se demostró no se
presenta en este caso […]”, con lo cual se presenta el vicio de falsa motivación al
“[…] aplicar erróneamente los fundamentos jurídicos que soportan las actuaciones
administrativas […]”.
24. Afirmó que los actos administrativos demandados estaban falsamente motivados
en razón a que la administración expuso argumentos de derecho que no
correspondían a la realidad, cobrando la tasa de vigilancia de los años 2013 y 2014,
pese a que desapareció del ordenamiento jurídico, la norma que determinaba los
elementos estructurales del tributo para los nuevos vigilados, aplicándolos de
manera arbitraria y con desconocimiento del principio de legalidad y los efectos de
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la sentencia de inconstitucionalidad, “[…] aduciendo como único sustento legal, la
ampliación del cobro de la tasa a otros vigilados (nuevos sujetos pasivos) […]”.
iv) “[…] Violación de los artículos 83, 95-9 y 363 de la Constitución Política y
el 683 del Estatuto Tributario […]” (subrayado del texto)
25. Expuso que la Superintendencia de Puertos y Transporte, desconoció la
inexequibilidad del inciso segundo del artículo 89 de la Ley 1450, al aplicar los
elementos estructurales de una ley previa que no le era aplicable, con lo cual se
desconocieron los artículos 58, 83, 95 (numeral 9.) y 363 de la Carta Política, así
como el artículo 683 del Estatuto Tributario.
26. Señaló que el principio de justicia debía aplicarse a toda actuación de la
administración y consideró que se trasgredía cuando se le exigía al contribuyente
de un tributo más de lo que la ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas.
27. Agregó que, en el presente caso, se exigió un mayor valor de una tasa con base
en una norma declarada inexequible y se aplicaron actos administrativos que
perdieron ejecutoria, lo cual trajo como consecuencia una carga desproporcionada,
confiscatoria e injustificada que no debió soportar.
28. Anotó que, al exigírsele un mayor valor de la tasa de vigilancia por los períodos
en discusión, se desconocieron los principios de equidad, eficiencia y progresividad,
previstos en el artículo 363 de la Carta Política.
29. Consideró que el cobro pretendido por la administración era arbitrario y abusivo,
pues se le obligó a pagar unas sumas que no le pertenecen a la autoridad
administrativa, lo cual conllevaría a un enriquecimiento sin causa del Estado, en
detrimento de los vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
30. Estimó que los actos administrativos demandados desconocieron los artículos 83
y 95, numeral 9., en razón a que exigir un mayor valor de la tasa de vigilancia
constituiría un desconocimiento del principio de la buena fe a favor de los
particulares y, adicionalmente, una “[…] expropiación de facto […]”.
v) “[…] Vía de Hecho de la Administración […]” (subrayado del texto)
31. Resaltó que la autoridad administrativa, al expedir la liquidación oficial de
revisión, incurrió en irregularidad grave y manifiesta, que va en contravía de los
derechos de los administrados y atenta contra el ordenamiento jurídico, al estar
sustentada en actos administrativos cuyo fundamento legal fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional, perdiendo su fuerza ejecutoria.
32. Alegó que la Superintendencia de Puertos y Transporte habría incurrido en
manifiesta vía de hecho: i) al realizar una liquidación sustentada en apartes del
artículo 89 de la Ley 1450 declarados inexequibles por la Corte Constitucional; ii) al
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realizar un actuación sin fundamento legal y careciendo de competencia; y, iii) al
proferir decisiones que carecen de fundamento legal y regulatorio y, en
consecuencia, en desacato de la Carta Política y la ley.
I.2. Trámite de la demanda
33. A través de auto de 1 de septiembre de 20166, se admitió la demanda y, en
consecuencia, i) se ordenó notificar personalmente a la Superintendencia de
Puertos y Transporte, al agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado; ii) se corrió traslado de la demanda para que se diera
cumplimiento a lo previsto en el artículo 172 de la Ley 1437; y, iii) se ordenó a la
parte demandada allegar el expediente administrativo que contenga los
antecedentes de la actuación objeto del proceso.
34. Enauto de 11 de agosto de 20177, se admitió la reforma a la demanda
presentada por LATAM.
I.3. La contestación de la demanda8
35. La Superintendencia de Puertos y Transporte contestó la demanda -y su reforma-
y solicitó declarar probadas las excepciones formuladas y, en consecuencia,
denegar las pretensiones de la demanda, al considerar que no existía causal de
nulidad de los actos administrativos demandados, con lo cual no tenía sustento
alguno la exoneración del pago de la tasa de vigilancia para la demandante.
36. Formuló la excepciones de improcedencia de las pretensiones, falta de causa
para demandar por cumplimiento de un deber legal de parte de la Superintendencia
de Puertos y Transporte, inexistencia de causales de nulidad en los actos
administrativos demandados, buena fe y de oficio o genérica.
37. Se refirió a los “[…] cuatro (4) cargos de nulidad […]”, e indicó, respecto de la
sentencia C-218 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, luego de citar el
artículo 45 de la Ley 270 de 7 de marzo de 19969 y de transcribir la sentencia C-444
de 2011, que tenía efectos ex nunc, teniendo en cuenta que:
“[…] la Corte Constitucional no estableció que el efecto fuera desde siempre,
por tanto, los actos administrativos expedidos por el Ministerio de Transporte,
por las cuales establecieron el pago de la tasa de vigilancia para las vigencias
2012, 2013 y 2014, y la resolución 21008 del 16 de octubre de 2015 se
encuentran vigentes y gozan de legalidad. […]”.
6
Fol. 63-66, C. Ppal.
7
Fol. 142, C. Ppal.
8
Fol. 118-135 y 145-162, C. Ppal. La parte demandada integró, en un solo escrito, la contestación de la demanda y la
contestación a la reforma de la demanda.
9
“[…] ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA […]”
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38. Entendió, por tanto, que los actos administrativos demandados gozaban de
presunción de legalidad al fundamentarse en supuestos fácticos y jurídicos
anteriores a la sentencia C-218 de 2015, la cual declaró la inexequibilidad de la
expresión “[…] y/o inversión” […]” del artículo 89 de la Ley 1450, así como el inciso
segundo de la norma, esto es:
“[…] cuando se expidieron los actos administrativos que fijaron la tasa de
vigilancia para los años 2012, 2013 y 2014, se hicieron antes de ser proferida
la respectiva sentencia, por ende, el artículo 89 de la Ley 1450 del 2011 se
encontraba vigente en su totalidad. […]”
39. Se refirió al auto de 31 de mayo de 2016, proferido por esta Sección dentro del
expediente núm. 2016-00011, en el cual, respecto de los efectos de la sentencia C-
218 de 2015, se habría señalado que la Corte Constitucional en ningún momento
declaró la inexequibilidad total del artículo 89 de la Ley 1450, sino de algunos de
sus apartes, de tal forma que la ampliación del cobro de la tasa de vigilancia a todos
los sujetos vigilados se encontraba ajustada a la Carta Política.
40. Adujo que los actos administrativos acusados se fundamentaron en “[…] el
mismo andamiaje jurídico que el Consejo de Estado declaró válido, a saber, el
artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 y el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, este último
tal como quedó después de la declaratoria de inexequibilidad parcial contenida en
la sentencia C-218 de 2015 […]”, por lo que las liquidaciones de revisión no pueden
verse afectadas por la citada decisión judicial.
41. Aseveró que había respetado todas las garantías constitucionales de la parte
demandante, entre ellas, el principio de legalidad y el debido proceso administrativo.
42. Aseguró, frente al argumento de la “[…] pérdida de ejecutoriedad del acto
administrativo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 91 del CPACA en su
numeral 2° […]”, que fijó la tarifa que, por concepto de tasa de vigilancia, debían
pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, la totalidad de los sujetos de
vigilancia, inspección y control para las vigencias fiscales de los años 2012, 2013 y
2014, teniendo en cuenta los artículos 27 de la Ley 1ª y 89 de la Ley 1450.
43. Subrayó que, al momento de fijar las tarifas para los años 2012 a 2014, existían
unas normas que autorizaban los montos a cobrar por concepto de la tasa de
vigilancia, las cuales señalaron un método y sistema, razón por la que, las
resoluciones expedidas por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de
Puertos y Transporte gozan de la presunción de legalidad y no ha sido declarada
su pérdida de ejecutoria.
44. Explicó, respecto de los razonamientos consistentes en que existe en el presente
asunto, una situación jurídica no consolidada, que la Superintendencia de Puertos
y Transporte estableció los plazos de pago por concepto de tasa para los años 2012,
2013 y 2014:
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“[…] de conformidad con los ingresos brutos del años fiscal inmediatamente
anterior – actos administrativos generales, definitivos e impersonales que
producen efectos jurídicos -; en concordancia con la Ley 1ª de 1991 y la Ley
1450 de 2011, de la siguiente manera:
• Año 2013: Mediante Resolución 015372 del 6 de diciembre de 2013, la
Superintendencia de Puertos y Transporte fijó el plazo y la forma de
pago de la Tasa de Vigilancia 2013 – por ocasión de los ingresos brutos
del año 2012- que le correspondía pagar a los sujetos de supervisión
para la vigencia fiscal 2013, hasta el 26 de diciembre de 2013.
• Año 2014: Mediante Resolución 30527 del 18 de diciembre de 2014, la
Superintendencia de Puertos y Transporte fijó el plazo y la forma de
pago de la Tasa de Vigilancia 2014 – por ocasión de los ingresos brutos
del año 2013 – que le Correspondía (sic) pagar a los sujetos de
supervisión para la vigencia fiscal 2014, hasta el 30 de diciembre de
2014.
En los anteriores actos administrativos la Superintendencia fijó el plazo y forma
de pago de la tasa de vigilancia, pero la consolidación de la situación jurídica
acaeció el 31 de diciembre de cada año fiscal, según sus ingresos brutos, fecha
en la cual nació la obligación de las empresas de pagar la tasa en virtud de los
establecido (sic) en el numeral 2° del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991. […]”
(negrilla del texto)
45. Finalmente, respecto de la configuración del vicio de falsa motivación y de la
existencia de una vía de hecho por parte de la autoridad administrativa, manifestó
que los actos administrativos acusados gozaban de respaldo legal y en su
expedición, se respetó el principio de legalidad y las garantías procesales previstas
en la Carta Política y en la Ley 1437.
I.4. Trámite del proceso
46. Mediante auto de 7 de diciembre 201710, se fijó el día 10 de abril de 2018, hora
9:40 a.m., para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 18011 de
la Ley 1437.
47. La audiencia inicial12 se llevó a cabo el mencionado día -10 de abril de 2018- y
en ella, se concedió a las partes y al Ministerio Público, el término común de diez
(10) días para que presentaran sus “[…] alegatos finales […]”.
48. Las partes demandante13 y demandada14 reiteraron los argumentos expuestos
en el proceso. El agente del Ministerio Público, en concepto núm. 012 de 2018 15,
solicitó la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados.
10
Fol. 165, C. Ppal.
11
Modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2025, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
12
Fol. 172-176, C. Ppal.
13
Fol. 177-188, C. Ppal.
14
Fol. 189-195, C. Ppal.
15
Fol. 196-204, C. Ppal.
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Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01459 01
Demandante: Latam Airlines Group S.A. Sucursal Colombia
I.5. La sentencia de primera instancia16
49. La Sección Cuarta, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en “[…] SENTENCIA NRD No. 079 […]” (negrilla del texto) de 27 de septiembre de
2018, resolvió:
“[…] III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en
la Resolución No. 21008 del 16 de octubre de 2015, por medio de la cual se
liquidó oficialmente la tasa de vigilancia a cargo de la sociedad Latam Airlines
Group S.A. por las vigencias 2013 y 2014; y de las Resoluciones Nos. 2145 del
21 de enero de 2016 y 49535 del 20 de septiembre de 2016, que resolvieron los
recursos de reposición y apelación, respectivamente, en el sentido de confirmar
el acto recurrido.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho DECLARAR que la sociedad Latam Airlines Group S.A. no está
obligada a pagar los mayores valores determinados por la Superintendencia de
Puertos y Transporte, por concepto de la tasa de vigilancia correspondiente a
los períodos 2013 y 2014.
TERCERO: Por no haberse causado, no se condena en costas.
CUARTO: Archivar el expediente, una vez ejecutoriada esta providencia,
previas las anotaciones de rigor. […]” (negrilla del texto)
50. La primera instancia, se refirió al caso concreto, en la siguiente forma:
“[…] Si los actos demandados son nulos por cuanto desconocen los
efectos de la sentencia que declaró la inexequibilidad del artículo 89 de la
Ley 1450 de 2011 en lo relativo a los elementos estructurales de la tasa de
vigilancia exigible a los nuevos vigilados.
Encuentra la Sala que mediante Resolución No. 21008 del 16 de octubre de
2015, la Superintendencia de Puertos y Transporte profirió liquidación oficial de
revisión respecto de la tasa de vigilancia a cargo de la sociedad Latam Airlines
Group S.A. por los periodos 2013 y 2014, a cuyo efecto invocó como
fundamentos legales y normativos el contenido de los artículos 27 de la Ley 1ª
de 1991 y 89 de la Ley 1450 de 2011, así como lo previsto en las Resoluciones
Nos. 05150 del 27 de noviembre de 2013 y 04188 del 16 de diciembre de 2014,
que establecieron la fórmula de cálculo para la liquidación del tributo.
Según se señaló en párrafos atrás, los actos administrativos de contenido
general que determinaron la fórmula de liquidación del tributo para los años
2013 y 2014, a su vez se basaron en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 que,
se repite, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por incorporar
un trato desigual para los nuevos sujetos vigilados frente a aquellos que ya
venían siendo sometidos al control y vigilancia de la Superintendencia de
Puertos y Transporte.
16
Fol. 206-217, C. Ppal.
11
Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01459 01
Demandante: Latam Airlines Group S.A. Sucursal Colombia
Si bien los periodos gravables respecto de los cuales se expidió la liquidación
oficial son anteriores a la fecha en que se profirió la sentencia de
inconstitucionalidad, conviene precisar que los efectos de dicho fallo son
inmediatos a partir de su expedición, esto es, desde el 22 de abril de 2015;
luego, dado que la Resolución No. 21008, por medio de la cual se determinó la
obligación a cargo de la sociedad actora, fue proferida el 16 de octubre de 2015,
no podía la entidad demandada fundar la liquidación del tributo en una
disposición que para ese momento no existía.
En ese contexto, concluye la Sala que los actos administrativos por medio de
los cuales se determinó la tasa no tenían fundamento legal para establecer la
base gravable de la manera en como lo hizo (sic) la Superintendencia de
Puertos y Transporte, dado que en los términos manifestados por la Corte
Constitucional, la base para calcular la obligación a cargo de los nuevos sujetos
vigilados como la demandante, debía someterse a la financiación de los costos
de funcionamiento de la entidad demandada, excluyendo los gastos de
inversión como lo preveía la norma declarada inexequible.
De cara a este punto, se precisa que el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 en
el que se basó la Administración para cobrar la tasa de vigilancia a la sociedad
demandante, creó un tributo diferente al consagrado en la Ley 1ª de 1991 que
delimitó los elementos del tributo únicamente a los costos de funcionamiento;
pero por esa razón no pueden hacerse extensivos los efectos de la norma
primigenia del tributo para los nuevos vigilados, pues por disposición expresa
de la Corte Constitucional era necesario que el legislador creara una nueva ley
en la que se previera el método de determinación de la tasa atendiendo a los
elementos de base gravable y tarifa aplicable en condiciones de igualdad frente
a los antiguos vigilados. Lo contrario supondría la aceptación de que “a un
hecho fiscal sobreviniente se le aplique una norma anterior (Ley 1 de 1991,
artículo 27) que no puede regular una materia para la que no fue creada, como
lo es gravar a los nuevos vigilados”17.
En este orden, concluye la Sala que el cargo de nulidad analizado está llamado
a prosperar, en la medida en que los actos acusados se sustentaron en una
disposición declarada inexequible por la Corte Constitucional que perdió su
ejecutoria al haber sido eliminada del ordenamiento jurídico y, por consiguiente,
se declarará la nulidad de los mismos; a título de restablecimiento del derecho
se dispondrá que Latam Airlines Group S.A. no está obligada a pagar los
mayores valores determinados por la Superintendencia de Puertos y
Transporte, por concepto de la tasa de vigilancia correspondiente a los períodos
2013 y 2014. […]” (negrilla del texto)
I.6. El recurso de apelación18
51. La Superintendencia de Puertos y Transporte, inconforme con la decisión de
primera instancia, presentó recurso de apelación con el fin de que se revoque.
52. Resaltó que los efectos de la sentencia C-218 de 2015 eran hacia el futuro, por
lo cual no se podían afectar las situaciones jurídicas consolidadas, pues los actos
administrativos acusados corresponden a revisiones o reliquidaciones que efectuó
17
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, sentencia del 21 de junio de 2018, expediente
No. 2016-00257-00.
18
Fol. 227-233, C. Ppal.
12
Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01459 01
Demandante: Latam Airlines Group S.A. Sucursal Colombia
para las vigencias fiscales 2013 y 2014, en las cuales encontró que se habían
efectuado pagos ostensiblemente menores a los que correspondía.
53. Alegó que la Resolución núm. 21008 de 16 de octubre de 2015 no fijó la tarifa de
la tasa de vigilancia para las vigencias 2013 y 2014:
“[…] por el contrario, es el producto de la REVISIÓN que la entidad demandada
efectuó respecto de los pagos que por concepto de tasa de vigilancia hizo la
demandante de las vigencias 2013 y 2014, encontrando que había cancelado
menores valores y desde luego dispuso que se pagara la diferencia no
pagada y que se constituyó como un saldo pendiente de pago. […]” (negrilla
y subrayado del texto)
54. Se refirió, nuevamente, a los efectos en el tiempo de la sentencia C-218 de 2015,
proferida por la Corte Constitucional, indicando que eran hacia el futuro, pues esa
Corporación no moduló su decisión, por lo que, al ser la Resolución núm. 21008 de
16 de octubre de 2015, un acto de revisión y cobro de saldos no pagados por la
vigencias 2013 y 2014, tendría sustento en actos administrativos expedidos antes
de la mencionada providencia judicial, esto es, las resoluciones 05150 de 27 de
noviembre de 2013 y 04188 de 16 de diciembre de 2014, expedidas por el Ministerio
de Transporte.
55. Coligió de lo expuesto que se presentaba una situación consolidada, en razón a
que:
“[…] los actos administrativos antes mencionados y por los cuales el Ministerio
de Transporte, otrora, fijó el porcentaje de la tasa de vigilancia para las vigencias
2013 y 2014, al ser expedidos con anterioridad al 22 de abril de 2015, tienen
plena aplicación y vida en el mundo jurídico, por lo cual no se pueden eliminar
ni modificar, retrotrallendo (sic) los efectos de la sentencia C-2018 de 2015. Es
así como se hace claro que el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, estuvo vigente
en su plenitud hasta la declaratoria de inexequibilidad parcial dispuesta en la
sentencia C-218, es decir, hasta el día 22 de abril de 2015. Es por ello que sus
efectos son hacia futuro, no como erradamente lo consideró el a quo al
considerar la declaratoria de nulidad, pues le otorgó efecto desde siempre. […]”
(subrayado del texto)
56. Argumentó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-218 de 2015, declaró
la inexequibilidad de la inclusión dentro de la liquidación de la tarifa de la tasa de
vigilancia, respecto de los nuevos vigilados, de los gastos de inversión de la entidad,
pero tal declaratoria no se extendió a la ampliación de la tasa de vigilancia a la
totalidad de los sujetos vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte,
razón por la que la tasa de vigilancia no desapareció del ordenamiento jurídico.
57. Reiteró que con la sentencia C-218 de 2015 no se afectaban las situaciones
jurídicas consolidadas, pues los actos administrativos acusados tenía como objeto
la revisión de pagos por menores valores cancelados por la demandante respecto
de las vigencias fiscales 2013 y 2014, considerando que lo contrario implicaría el
desconocimiento de la seguridad jurídica en tanto que la administración aplicó con
13
Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01459 01
Demandante: Latam Airlines Group S.A. Sucursal Colombia
rigor el artículo 89 de la Ley 1450 y las fórmulas de liquidación establecidas por el
Ministerio de Transporte, bajo la norma legal vigente.
58. Alegó que los actos administrativos demandados no perdieron fuerza ejecutoria,
pues la obligación establecida en la Ley 1ª, ampliada por el artículo 89 de la Ley
1450, no perdió vigencia con el fallo de constitucionalidad y mencionó que “[…] los
porcentajes de tasa de vigilancia […]” eran determinados por el Ministerio de
Transporte, a través de actos administrativos de carácter general, que corresponden
a las resoluciones números 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 del 16 de
diciembre de 2014.
I.7. Trámite del recurso de apelación
59. La primera instancia, mediante auto sin fecha19, concedió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada.
60. En segunda instancia, mediante auto de 11 de abril de 201920, se admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; y, en auto de 13 de junio
de 201921, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de
conclusión, y posteriormente al agente del Ministerio Público para que, si lo
consideraba pertinente, rindiera concepto.
61. Las partes demandante22 y demandada23 presentaron alegatos de conclusión, en
los cuales reiteraron los argumentos expuestos en el proceso. El agente del
Ministerio Público no intervino en esta oportunidad procesal.
62. Mediante auto de 12 de diciembre de 202424, se ordenó, en la medida en que la
ponencia registrada para la Sala, no obtuvo la mayoría necesaria, se remitiera el
expediente al despacho del consejero de Estado que seguía en turno.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
63. Esta sala de decisión, para desatar los argumentos del recurso de apelación
presentado por la parte demandada, abordará: i) su competencia; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; y, iv) el caso concreto.
II.1. La competencia
64. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
19
Fol. 235, C. Ppal.
20
Fol. 4, C. Consejo de Estado.
21
Fol. 11, C. Consejo de Estado.
22
Fol. 23-32, C. Consejo de Estado.
23
Fol. 17-22, C. Consejo de Estado.
24
Índice 27, SAMAI.
14
Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01459 01
Demandante: Latam Airlines Group S.A. Sucursal Colombia
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15025 de la Ley 1437 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 8026 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.
II.2. Los actos administrativos demandados
65. Los actos administrativos demandados son las resoluciones números 21008 de
16 de octubre de 2015, 2145 de 21 de enero de 2016 y 49535 de 28 de septiembre
de 2016, expedidos por la Superintendencia de Puertos y Transportes.
66. La Resolución núm. 21008 de 16 de octubre de 2015, resolvió:
“[…] MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
RESOLUCIÓN No. DE
(21008) 16 OCT 2015
“Por la cual se expide liquidación oficial de Revisión del pago de la Tasa de
Vigilancia entre las vigencias 2012 y 2014, a la empresa LATAM AIRLINES
GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA identificada con (…)
LA SECRETARÍA GENERAL
DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE;
En ejercicio de las facultades legales que le confieren los numerales 3
(modificado por el artículo 11 del Decreto 2741 de 2001) y 8 del artículo 15 del
Decreto 1016 de 2000 y el artículo 15 de la Resolución 5731 del 25 de julio de
2012, expedidas por el Superintendente de Puertos y Transporte, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 15 del Decreto 1016 de 2000,
modificado por el artículo 11 del Decreto 2741 de 2001, es función de la
Secretaría General de la Superintendencia de Puertos y Transporte “Dirigir y
coordinar con las respectivas superintendencias delegadas, el adecuado y
oportuno recaudo de las Tasas que le correspondan de acuerdo con la ley.”
Que de conformidad con el numeral 8 del artículo 15 del Decreto 1016 de 2000,
es función de la Secretaría General de la Superintendencia de Puertos y
Transporte “Dirigir y controlar los procesos administrativos y financieros de la
entidad en todos los niveles.”
Que en virtud del artículo 15 de la Resolución 5731 del 25 de julio de 2012, el
Superintendente de Puertos y Transporte delegó en la Secretaría General “la
competencia para imponer sanciones por incumplimiento de los vigilados,
respecto de las autoliquidaciones y del pago de la Tasa de Vigilancia.”
Que el artículo 27 Numeral 27.2 de la Ley 1 de 1991, establece como función
de la Superintendencia General de Puertos, hoy Superintendencia de Puertos y
Transporte, “cobrar a los sujetos de Vigilancia, inspección y control, una Tasa
25
Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564.
26
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
15
Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01459 01
Demandante: Latam Airlines Group S.A. Sucursal Colombia
por la parte proporcional que les corresponda, según sus ingresos brutos, en
los costos de funcionamiento de la Superintendencia, definidos por la
Contraloría General de la República”.
Que el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2010-2014, amplió el cobro de la Tasa establecida en el artículo
27, numeral 2°de la Ley 1ª de 1991, así:
“Amplíese el cobro de la Tasa establecida en el artículo 27, numeral 2 de la Ley
1ª de 1991, a la totalidad de los sujetos de Vigilancia, inspección y control de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos que
ocasionen su funcionamiento y/o inversión.
Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro de la Tasa a la cual
hace referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una Tasa por la
parte proporcional que les corresponda según sus ingresos brutos, en los costos
anuales de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y
Transporte, la cual no podrá ser superior al 0.1% de los ingresos brutos de los
vigilados. (Texto subrayado declarado inexequible por la Corte Constitucional
en Sentencia C-218 de 2015).
Que en vigencia de los artículos 27 de la Ley 1 de 1991 y 89 de la Ley 1450 de
2011, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-218 de 2015, declaró la
exequibilidad de la ampliación del cobro de la Tasa de Vigilancia a la totalidad
de los sujetos de Vigilancia, inspección y control (sic) de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos que ocasionen su
funcionamiento, contenida en el artículo 89 de la mencionada ley.
(…)
Que mediante los artículos 1 y 2 de la Resolución 10225 del 23 de octubre de
2012, el Ministerio de Transporte fijó la tarifa que por concepto de Tasa de
Vigilancia debían pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, los
vigilados a que se refiere el numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 y
a los que se les amplió el cobro de la Tasa de Vigilancia mediante el artículo 89
de la Ley 1450 de 2011, para la vigencia fiscal 2012 en el 0.3099% para los
primeros y en el 0.1% para los segundos, de los ingresos brutos
correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2011 de cada vigilado.
Que mediante Resolución 7376 del 1 de noviembre de 2012, expedida por esta
Superintendencia, se estableció como fecha límite para el pago de la Tasa de
Vigilancia vigencia 2012 hasta el día 30 de noviembre de 2012, fecha que fue
modificada mediante Resoluciones 8372 del 29 de noviembre, 8551 del 7 de
diciembre y 9090 del 19 de diciembre de 2012, estableciéndose en esta última
como fecha límite de pago hasta el día 28 de diciembre de 2012. Así mismo,
mediante la primera de las resoluciones citadas determinó que para proceder al
pago de la Tasa de Vigilancia vigencia 2012, los vigilados deben tomar como
base el total de los ingresos brutos de la actividad supervisada obtenidos en el
año 2011 y aplicable el porcentaje establecido por el Ministerio de Transporte,
mediante resolución 10225 del 23 de octubre de 2012.
Que mediante los artículos 1 y 2 de la Resolución 05150 del 27 de noviembre
de 2013, el Ministerio de Transporte fijó la tarifa que por concepto de Tasa de
Vigilancia debían pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, los
vigilados a que se refiere el numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 y
a los que se les amplió el cobro de la Tasa de Vigilancia mediante el artículo 89
16
Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01459 01
Demandante: Latam Airlines Group S.A. Sucursal Colombia
de la Ley 1450 de 2011 para la vigencia fiscal 2013, en el 0.2605% para los
primeros y en el 0,1% para los segundos, de los ingresos brutos de cada vigilado
correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2012.
Que mediante la Resolución 015372 del 6 de diciembre de 2013, la
Superintendencia de Puertos y Transporte fijó el plazo y la forma de pago de la
Tasa de Vigilancia que le correspondía pagar a los sujetos de supervisión para
la vigencia fiscal 2013, hasta el 26 de diciembre de 2013; de igual manera
determinó que para proceder al pago de la Tasa de Vigilancia, los sujetos deben
tomar como base el total de los ingresos brutos obtenidos en el año 2012 y
aplicarles los porcentajes establecidos por el Ministerio de Transporte según
Resolución No. 05150 del 27 de noviembre de 2013.
Que mediante los artículos 1 y 2 de la Resolución 04188 del 16 de diciembre de
2014, el Ministerio de Transporte mediante (sic) fijó la tarifa que por concepto
de Tasa de Vigilancia debían pagar a la Superintendencia de Puertos y
Transporte, los vigilados a que se refiere el numeral 27.2 del artículo 27 de la
Ley 1ª de 1991 y a los que se le amplió el cobro de la Tasa de Vigilancia
mediante el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, para la vigencia fiscal 2014 en
el 0,345% para los primeros y en el 0,094% para los segundos, de los ingresos
brutos de cada vigilado correspondientes al período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2013.
Que mediante Resolución 30527 del 18 de diciembre de 2014, la
Superintendencia de Puertos y Transporte fijó el plazo y la forma de pago de la
Tasa de Vigilancia que le correspondía pagar a los sujetos de supervisión para
la vigencia fiscal 2014, hasta el 30 de diciembre 2014; de igual manera
determinó que para proceder al pago de la Tasa de Vigilancia, los sujetos deben
tomar como base el total de los ingresos brutos obtenidos en el año 2013 y
aplicarles los porcentajes establecidos por el Ministerio de Transporte según
Resolución No. 4188 del 16 de diciembre de 2014.
Que como consecuencia de la anterior, resulta conforme a los postulados
constitucionales, legales y jurisprudenciales, el cobro de la Tasa de Vigilancia a
todos los sujetos de inspección, así como exigir el pago de los valores
adeudados por concepto de la Tasa de Vigilancia a quienes lo realizaron de
forma incompleta o no realizaron pago alguno. Para el efecto, es necesario
aplicar las fórmulas determinadas por el Ministerio de Transporte, toda vez que
las resoluciones expedidas por dicha cartera gozan de presunción de legalidad.
Así mismo, tanto la obligación de pago como el incumplimiento del mismo,
constituyen situaciones jurídicamente consolidadas antes de la expedición de
la Sentencia C-218 de 2015 y de la expedición de la Ley 1753 de 2015.
Que verificado el estado de cuenta del vigilado, se evidencia que no ha pagado
el valor total de la Tasa de Vigilancia en la vigencia (s) y valor (es), que se
determinan a continuación:
VIGENCIAS INGRESOS VALOR TASA VALOR SALDO
BRUTOS VIGILANCIA PAGADO PENDIENTE
REPORTADOS POR PAGAR
2012
2013 $99.047.548.000 $99.047.548 $5.052.000 $93.995.548
2014 $59.606.305.451 $56.029.927 $2.325.000 $53.704.927
TOTAL A PAGAR $147.700.475
17
Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01459 01
Demandante: Latam Airlines Group S.A. Sucursal Colombia
Que por lo anterior, se observa que es obligación de esta Secretaria liquidar el
valor de los saldos pendientes, por pagar a cargo de la empresa LATAM
AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA, como consecuencia del
incumplimiento en el pago dentro de los términos establecidos por esta
Superintendencia.
(…)
RESUELVE:
Artículo 1. Emitir la siguiente liquidación oficial de revisión del pago de la Tasa
de Vigilancia, entre las vigencias 2012 a 2014, a la empresa LATAM AIRLINES
GROUP S.A SUCURSAL COLOMBIA identificada con (…), así:
VIGENCIAS INGRESOS VALOR TASA VALOR SALDO
BRUTOS VIGILANCIA PAGADO PENDIENTE
REPORTADOS POR PAGAR
2012
2013 $99.047.548.000 $99.047.548 $5.052.000 $93.995.548
2014 $59.606.305.451 $56.029.927 $2.325.000 $53.704.927
TOTAL A PAGAR $147.700.475
Artículo 2. Ordenar a la empresa LATAM AIRLINES GROUP S.A SUCURSAL
COLOMBIA, identificada con (…) efectuar el pago de los saldos relacionados
en el artículo anterior, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha
de ejecutoria de esta resolución.
(…)
Artículo 3. Vencido el plazo para acreditar el pago sin que éste se haya
demostrado, se procederá a su cobro por parte del Grupo de Jurisdicción
Coactiva de la Superintendencia de Puertos y Transporte, teniendo en cuenta
que la presente Resolución presta mérito ejecutivo de acuerdo con lo
consagrado en el artículo 99 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo.
Artículo 4. Unas vez ejecutoriada la presente resolución, la Coordinación del
Grupo de Recaudo o quien delegue la Secretaría General, ejercerá el control
de los pagos, ya sea que los mismos se realicen en forma voluntaria o por cobro
coactivo. […]” (negrilla y subrayado del texto)
67. La Resolución núm. 02145 de 21 de enero de 2016, decidió:
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO 1. CONFIRMAR la Resolución 21008 del 16 de octubre de 2015,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.
ARTÍCULO 2. CONCEDER el recurso de apelación ante el Superintendente de
Puertos y Transporte para lo cual se ordena remitir el expediente a su
Despacho. […]” (negrilla del texto)
68. La Resolución núm. 49535 de 20 de septiembre de 2016, dispuso:
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO 1: CONFIRMAR en todas sus partes la resolución No. 21008 DEL
16 DE OCTUBRE DE 2015 (sic), por medio de la cual se expidió la liquidación
18
Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01459 01
Demandante: Latam Airlines Group S.A. Sucursal Colombia
oficial de revisión del pago de la tasa de vigilancia entre las vigencias 2012 y
2014 a la empresa LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA,
IDENTIFICADA CON EL N.I.T. (…), específicamente para las vigencias 2013 y
2014 en las sumas de $99.047.548 y $56.029.927, respectivamente, por las
razones expuestas en el presente acto en su parte considerativa. […]” (negrilla
del texto)
II.3. El problema jurídico
69. La Sala, siguiendo las prescripciones de los artículos 320 27 y 32828 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201229, aplicables por remisión del artículo 306 de la Ley
1437, así como el recurso de apelación presentado por la parte demandada,
considera que el problema jurídico que se debe resolver en el presente asunto es el
consistente en determinar si resulta procedente la revocatoria de la sentencia de 27
de septiembre de 2018, proferida por la Sección Cuarta, Subsección B, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró la nulidad de las
resoluciones demandadas y se accedió al restablecimiento del derecho, para en su
lugar, negar sus pretensiones, toda vez que:
69.1. La sentencia C-218 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, mediante la
cual se declaró la inexequibilidad de la expresión “[…] y/o inversión […]” del inciso
primero del artículo 89 de la Ley 1450 y de la totalidad de su inciso segundo, tiene
efectos hacia el futuro.
69.2. Lasresoluciones demandadas únicamente revisaron y cobraron saldos no
pagados por la demandada para las vigencias 2013 y 2014, con sustento en las
resoluciones números 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de 16 de
diciembre de 2014, expedidas por el Ministerio de Transporte, por las cuales se fijó
el porcentaje de la tasa de vigilancia correspondiente a esas vigencias.
69.3. Las resoluciones del Ministerio de Transporte que fijaron el porcentaje de la
tasa de vigilancia fueron expedidas con anterioridad a la sentencia C-218 de 2015,
decisión judicial con efectos hacia el futuro, por lo cual tales actos eran plenamente
aplicables y no perdieron fuerza ejecutoria, configurándose una situación jurídica
consolidada.
II.4. El caso concreto
70. El artículo 27, numeral 27.2., de la Ley 1ª estableció como una de las funciones
de la Superintendencia General de Puertos, la de:
27
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
28
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.
29
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
19
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“[…] Cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios, por
concepto de vigilancia, una tasa por la parte proporcional que le corresponda,
según sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la
Superintendencia, definidos por la Contraloría General de la República. […]”
71. El artículo 89 de la Ley 1450 amplió el cobro de la tasa establecida en el citado
artículo 27, numeral 27.2., de la Ley 1ª, así:
“[…] ARTÍCULO 89. Amplíese el cobro de la tasa establecida en el artículo 27,
numeral 2 de la Ley 1ª de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia,
inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir
los costos y gastos que ocasionen su funcionamiento y/o inversión.
Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro de la tasa a la cual
hace referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una tasa por la
parte proporcional que les corresponda según sus ingresos brutos, en los costos
anuales de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y
Transporte, la cual no podrá ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los
vigilados.
PARÁGRAFO. Facúltase a la Superintendencia de Puertos y Transporte para
que en un plazo de 15 meses expida la reglamentación de las características
técnicas de los sistemas de seguridad documental que deberán implementar
cada uno de los vigilados, para que se garantice la legitimidad de esos
certificados y se proteja al usuario de la falsificación. […]”
72. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-218 de 201530, decidió sobre la
constitucionalidad del citado artículo 89 de la Ley 1450, en la siguiente forma:
“[…] PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados en la
presente sentencia, el inciso primero del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011,
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014”, salvo la
expresión “y/o inversión”, que se declara INEXEQUIBLE
SEGUNDO.- Declarar INEXEQUIBLE, el inciso segundo del artículo 89 de la
Ley 1450 de 2011, el cual estipula “Aquellos sujetos de los cuales se le han
ampliado el cobro de la tasa a la cual hace referencia el presente artículo,
pagarán por tal concepto una tasa por la parte proporcional que les corresponda
según sus ingresos brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la
inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá ser
superior al 0,1% de los ingresos brutos de los vigilados.”.[…]” (negrilla del texto)
73. Paraadoptar su decisión, la Corte Constitucional expuso los siguientes
argumentos:
“[…] A partir de ello, la justificación para ampliar el cobro de la tasa de vigilancia,
corresponde a la necesidad de fortalecer técnica, institucional y financieramente
a esa entidad. Desde ese punto de vista y con el propósito de brindar un mejor
servicio, la Corte encuentra que hay una justificación válida para ampliar el
cobro de la tasa a aquellos sujetos que no fueron obligados a ello en virtud del
artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, pues resultaría inequitativo que algunos de los
vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte concurrieran con los
30
M.P. (e): María Victoria Sáchica Méndez
20
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gastos que requiere su funcionamiento y otros, a pesar de recibir sus servicios,
no lo hicieren.
En ese sentido, la ampliación del cobro de la referida tasa es una manifestación
de la potestad que tiene el legislador para establecer tributos, cuando ello tiene
una razón lógica y un fin plausible, en este caso el mejoramiento del servicio,
bajo un criterio de equidad. Ciertamente, exigir que todos los vigilados
concurran al sostenimiento de la entidad, también es una manifestación del
principio de igualdad que no vulnera garantía ius fundamental alguna.
No obstante, la Sala advierte que ni la Ley 1450 de 2011 ni sus antecedentes,
permiten justificar de modo alguno, la necesidad de implementar dos regímenes
de liquidación de la tasa de vigilancia, esto es, (i) la de los antiguos vigilados
que se determina con base en los gastos de funcionamiento de la entidad; y (ii)
la de los nuevos vigilados que se establece teniendo en cuenta los gastos de
funcionamiento pero también los de inversión de la entidad.
En ese sentido, no hubo ni existe explicación alguna, que permita comprender
porque se estableció una metodología diferencial para el cobro y el tope de la
tasa referida. Este trato diferencial tiene efectos reales máxime si los gastos de
inversión y aquellos de funcionamiento son de naturaleza diferente como pasa
a precisarse:
(…)
A partir de ello, se concluye que aunque el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011,
señale que amplía la tasa de vigilancia a la totalidad de sujetos, en la realidad
establece un nuevo tributo diferente al establecido en el artículo 27 de la Ley 1ª
de 1991, pues los nuevos vigilados, deben concurrir a financiar los gastos de
inversión y funcionamiento, mientras que los antiguos solamente lo están
realizando sobre estos últimos. De esta manera, si la intención del legislador
hubiese sido la de gravar a todos los vigilados con mismo tributo, tenía a su
disposición dos mecanismos para ello, como bien lo exponen los demandantes:
“(i) ampliar el cobro de la tasa de vigilancia exigiendo a todos los contribuyentes
liquidar su tributo tomando como referente únicamente los gastos de
funcionamiento de la entidad, tal como se estructuró originalmente en la Ley 1ª
de 1991, o
(ii) ampliar el cobro del tributo y actualizar el mismo, incluyendo además de los
gastos de funcionamiento, los gastos de inversión, en la base gravable tanto de
los nuevos como de los antiguos vigilados, sin generar diferencias entre unos y
otros.”31.
En ese sentido, la Sala reitera que no puede entenderse que el legislador no
pueda ampliar la base de un tributo, sino que al hacerlo se debe ajustar a los
principios de igualdad y equidad. Así las cosas, y dada la diferencia entre los
gastos de funcionamiento y las de inversión, se concluye que las inclusión (sic)
de los gastos de inversión dentro de la base gravable de los nuevos vigilados
genera una sobrecarga adicional para estos frente a los antiguos, al asociar el
tributo no sólo a la recuperación de los gastos en los cuales incurre la
Superintendencia de Puertos y Transporte en la prestación del servicio, sino a
la productividad y desarrollo de la entidad (gastos de inversión). Este trato
diferencial que no tiene sustento alguno en la ley que consagra el tributo ni en
los antecedentes de la misma, vulnera el principio de igualdad.
31
Folio 13.
21
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Si bien las tasas pueden incluir aspectos diferenciadores en razón a la
capacidad contributiva de los destinatarios del servicio, o la frecuencia de uso
del mismo, no es el caso del asunto objeto de estudio, pues el artículo 89 de la
Ley 1450 de 2011 no establece una diferencia fundada en el principio de
equidad, pues las diferencias entre los sujetos gravables no se abordan ni se
mencionan en la ley.
Ahora bien, respecto a la eficacia de la medida la Sala considera que la
justificación expuesta en la Ley 1450 de 2011 según la cual la ampliación de la
tasas se hace con el fin de “fortalecer técnica, institucional y financieramente a
la Superintendencia de Puertos y Transporte… a través del cobro de una tasa
de vigilancia a los agentes vigilados” resulta contraria a la fórmula establecida
para el cobro de la tasa, puesto que para lograr un verdadero fortalecimiento de
la Superintendencia bastaba, como se expuso con la extensión de la exigencia
del gravamen a todos los vigilados y no sólo a un grupo de ellos, razón por la
cual el propósito de la norma no guarda una relación de coherencia con el fin
utilizado.
En ese sentido, la Sala reitera que el legislador no desbordó sus competencias
al ampliar el universo de vigilados que deben concurrir con el funcionamiento
de la Superintendencia de Puertos y Transporte, pues tal medida obedece a un
fin legítimo. Así las cosas, la vulneración del principio de igualdad radica en la
inclusión de los gastos de inversión, sólo para un grupo de vigilados al momento
de establecer el monto de la obligación tributaria.
Por ello, es necesario que el legislador en ejercicio de la potestad que le otorga
la Constitución Política, determine una nueva metodología para calcular el valor
en que deben incurrir los sujetos objeto de vigilancia por parte de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, para la financiación de los servicios
que presta esa entidad. […]”
74. En cuanto a los efectos de la sentencia C-218 de 2015, proferida por la Corte
Constitucional, el artículo 45 de la Ley 270 de 7 de marzo de 199632, estableció que:
“[…] Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos
a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen
efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario. […]”
75. La Corte Constitucional, en sentencia C-507 de 202033, señaló que:
“[…] 46. El artículo 241 de la Carta Política le confía a la Corte Constitucional la
guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución. Para tales fines,
prescribe que la Corte, entre otros asuntos, debe “decidir sobre las demandas
de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por
su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”. A su
turno, el artículo 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia señala
que, por regla general, las sentencias proferidas por la Corte tienen efectos
hacia el futuro, a menos que la Corporación disponga lo contrario34. […]”
(negrilla del texto)
32
“[…] ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA […]”.
33
M.P.: Jorge Enrique Ibáñez Najar
34
En efecto, el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 prescribe lo siguiente: “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional
sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro
a menos que la Corte resuelva lo contrario”.
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76. Igualmente, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-560 de 201935, ha
destacado que:
“[…] El inciso segundo del artículo 243 de la Constitución prohíbe a las
autoridades reproducir el contenido material de leyes declaradas inexequibles,
siempre y cuando dicha declaración se haya hecho por razones de fondo y,
además, subsistan en la Carta las normas que sirvieron para hacer el juicio de
constitucionalidad36. Conforme al primer inciso de este artículo, en
concordancia con los artículos 46 y 48 de la Ley 270 de 1996 y 22 del
Decreto 2067 de 1991, se tiene que las decisiones que toma este tribunal,
en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, son definitivas y
obligatorias para todos, dado su efecto erga omnes37. […]” (negrilla fuera
del texto)
77. Esta Sección38, en cuanto a la fecha en que las sentencias de constitucionalidad
comienzan a producir sus efectos, resaltó que:
“[…] Sobre este punto, la Sala destaca que de acuerdo con el artículo 4539 de
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, las sentencias que profiera
el Tribunal Constitucional, por regla general, tienen efectos hacia el futuro, salvo
que la Corte resuelva lo contrario o le señale unos específicos o diferidos
efectos.
Entonces, cuando no señala efectos diferentes a los ex nunc implícitos en la
decisión, la sentencia que declara la inconstitucionalidad empieza a producir
efectos a partir del día siguiente a la fecha de la sentencia, no a partir de su
ejecutoria. Esta determinación en razón a la clase de control que cumple sobre
el ordenamiento jurídico y en lo previsto en el artículo 5640 de la Ley Estatutaria,
en cuanto dispone que las sentencias tendrán la fecha en la que se adopte,
independientemente de las vicisitudes que se presenten en la publicación del
texto del fallo y de los disensos por aclaraciones o salvamentos que se registren
en su aprobación. […]” (negrilla del texto)
78. Se colige de lo expuesto que, en la medida en que la sentencia C-218 de 2015,
proferida por la Corte Constitucional, no expresó modulación alguna de su decisión,
es aplicable la regla general prevista en el artículo 45 de la Ley 270, esto es, que
sus efectos son hacia el futuro.
35
M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
36
Cfr. Sentencia C-228 de 2002 (fundamento jurídico 6.2.), en la cual se interpreta esta prohibición.
37
Cfr., Sentencias C-220 de 2011, C-228 y 744 de 2015 y C-290 de 2019.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 24 de octubre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-31-000-2003-00212-01
39
“Artículo 45. Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del control judicial de
constitucionalidad. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos
del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.”
(negrilla y subrayado del texto)
40
“ARTÍCULO 56. FIRMA Y FECHA DE PROVIDENCIAS Y CONCEPTOS. El reglamento interno de la Corte Suprema de
Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado,
respectivamente, determinará, entre otras, la forma como serán expedidas y firmadas las providencias, conceptos o
dictámenes adoptados. En dicho reglamento se deberá además incluir un término perentorio para consignar en el salvamento
o la aclaración del voto los motivos de los Magistrados que disientan de la decisión jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de
la publicidad de la sentencia. La sentencia tendrá la fecha en que se adopte.” (negrilla y subrayado del texto)
23
Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01459 01
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79. Asimismo, se precisa que la sentencia, al ser proferida el 22 de abril de 2015 por
la Corte Constitucional, empezó a surtir sus efectos a partir del día siguiente a su
fecha, “[…] este día corresponde al 23 de abril de 2015 […]”41.
80. Loexpuesto implica que, a la fecha de expedición de las resoluciones
demandadas, los efectos de la inexequibilidad declarada en la sentencia C-218 de
2015 se estaban produciendo.
81. Ahora bien, la Resolución núm. 21008 de 16 de octubre de 2015, acto
administrativo demandado, se sustentó, conforme su parte motiva, entre otras:
81.1. En la Resolución núm. 05150 de 27 de noviembre de 2013, expedida por el
Ministerio de Transporte, a través de la cual se fijó, para la vigencia fiscal 2013, la
tarifa por concepto de la tasa de vigilancia que debían pagar a la Superintendencia
de Puertos y Transporte, los vigilados señalados en el artículo 27, numeral 27.2., de
la Ley 1ª y a aquellos a quienes fue ampliado el cobro de la tasa en el artículo 89
de la Ley 1450:
“[…] en el 0.2605% para los primeros y en el 0,1% para los segundos, de los
ingresos brutos de cada vigilado correspondientes al período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012. […]”
81.2. En la resolución núm. 015372 del 6 de diciembre de 2013, expedida por la
Superintendencia de Puertos y Transporte, mediante la cual se fijó el plazo y la
forma de pago de la tasa de vigilancia que le correspondía pagar a los sujetos de
supervisión para la vigencia fiscal 2013, la cual determinó que:
“[…] para proceder al pago de la Tasa de Vigilancia, los sujetos deben tomar
como base el total de los ingresos brutos obtenidos en el año 2012 y aplicarles
los porcentajes establecidos por el Ministerio de Transporte según Resolución
No. 05150 del 27 de noviembre de 2013. […]”
81.3. En la Resolución núm. 04188 de 16 de diciembre de 2014, expedida por el
Ministerio de Transporte, mediante la cual se fijó, para la vigencia fiscal 2014, la
tarifa por concepto de la tasa de vigilancia que debían pagar a la Superintendencia
de Puertos y Transporte, los vigilados señalados en el artículo 27, numeral 27.2., de
la Ley 1ª y a aquellos a quienes fue ampliado el cobro de la tasa en el artículo 89
de la Ley 1450:
“[…] en el 0,345% para los primeros y en el 0,094% para los segundos, de los
ingresos brutos de cada vigilado correspondientes al período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. […]”
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 12 de diciembre de 2024. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160148001.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 5 de mayo de 2022. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160146201.
24
Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01459 01
Demandante: Latam Airlines Group S.A. Sucursal Colombia
81.4. En la Resolución núm. 30527 del 18 de diciembre de 2014, expedida por la
Superintendencia de Puertos y Transporte, mediante la cual se fijó el plazo y la
forma de pago de la tasa de vigilancia que le correspondía pagar a los sujetos de
supervisión para la vigencia fiscal 2014, la cual determinó que:
“[…] para proceder al pago de la Tasa de Vigilancia, los sujetos deben tomar
como base el total de los ingresos brutos obtenidos en el año 2013 y aplicarles
los porcentajes establecidos por el Ministerio de Transporte según Resolución
No. 4188 del 16 de diciembre de 2014 […]”
82. La Resolución núm. 21008 de 16 de octubre de 2015 resaltó que resultaba
procedente exigir el pago de los valores de la tasa de vigilancia a quienes realizaron
un pago incompleto o no lo realizaron, para lo cual, reiteró que:
“[…] es necesario aplicar las fórmulas determinadas por el Ministerio de
Transporte, toda vez que las resoluciones expedidas por dicha cartera gozan
de la presunción de legalidad. Así mismo, tanto la obligación de pago como el
incumplimiento del mismo, constituyen situaciones jurídicamente consolidadas
antes de la expedición de la Sentencia C-218 de 2015 y de la expedición de la
Ley 1753 de 2015. […]”
83. La Resolución núm. 05150 de 27 de noviembre de 2013, para fijar la tarifa de la
tasa de vigilancia para los nuevos sujetos de cobro señalados en el artículo 89 de
la Ley 1450, vigencia fiscal 2013, aplicó la siguiente fórmula:
“[…] Que en consecuencia, para el cobro de la tarifa por concepto de tasa de
vigilancia a los nuevos sujetos de cobro de que trata el artículo 89 de la Ley
1450 de 2011, se aplicará la siguiente fórmula, que es la resultante de
dividir los costos anuales de funcionamiento e inversión de la
Superintendencia de Puertos y Transporte reportados, sobre los ingresos
brutos reportados de los nuevos sujetos de cobro, la cual no podrá ser superior
al 0,1% de los ingresos brutos de los dichos vigilados:
Donde:
TVn: Tarifa por concepto de tasa de vigilancia (nuevos vigilados)
GF: Gastos de funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y Transporte
de los nuevos sujetos de cobro de que trata la Ley 1450 de 2011.
INV: Inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
IBn: Ingresos brutos de los nuevos sujetos de cobro, vigilados por la
Superintendencia de puertos y Transporte.
25
Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01459 01
Demandante: Latam Airlines Group S.A. Sucursal Colombia
Que al aplicar la fórmula aquí desarrollada, ésta supera el límite previsto en el
artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, por lo que, para los nuevos sujetos de cobro,
se debe ajustar al 0,1% para la vigencia 2013. […]” (negrilla y subrayado fuera
del texto)
84. La Resolución núm. 04188 de 16 de diciembre de 2014, para fijar la tarifa de la
tasa de vigilancia para los nuevos sujetos de cobro señalados en el artículo 89 de
la Ley 1450, vigencia fiscal 2014, aplicó la siguiente fórmula:
“[…] Que en consecuencia, para el cobro de la tarifa por concepto de tasa de
vigilancia a los nuevos sujetos de cobro de que trata el artículo 89 de la Ley
1450 de 2011, se aplicará la siguiente fórmula, que es la resultante de
dividir los costos anuales de funcionamiento e inversión de la
Superintendencia de Puertos y Transporte reportados, sobre los ingresos
brutos (reportados y proyectados) de los nuevos sujetos de cobro, la cual no
podrá ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los dichos vigilados:
El análisis comienza con el cálculo de la tarifa por concepto Tasa de Vigilancia,
según el sistema y método establecido en la Ley 1450 de 2011, la fórmula a
aplicar es:
Donde:
• TVn: Tarifa por concepto de tasa de vigilancia (nuevos vigilados)
• GF: Gastos de funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y
Transporte de los nuevos sujetos de cobro de que trata la Ley 1450 de
2011.
• INV: Inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
• IBn: Ingresos brutos de los nuevos sujetos de cobro, vigilados por la
Superintendencia de puertos y Transporte.
Su cálculo corresponde a:
26
Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01459 01
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Que al aplicar la fórmula aquí desarrollada, se encuentra que ésta no supera el
límite previsto en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, por lo que, la Tasa de
Vigilancia para los nuevos sujetos de cobro vigilados es de 0.094% para la
vigencia 2014. […]” (negrilla y subrayado fuera del texto)
85. La Superintendencia de Puertos y Transporte, para la expedición de la liquidación
oficial de revisión del pago de la tasa de vigilancia de las vigencias 2013 y 2014 a
cargo de LATAM, en los actos administrativos demandados, tuvo en cuenta las
fórmulas establecidas por el Ministerio de Transporte en las resoluciones núm.
05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de 16 de diciembre de 2014.
86. Las fórmulas establecidas en esos actos administrativos expedidos por el
Ministerio de Transporte, para el caso de los nuevos sujetos de cobro señalados en
la Ley 1450, incorporaron los costos anuales de inversión de la Superintendencia
de Puertos y Transporte.
87. Ahora bien, la apelante afirma que las resoluciones demandadas son actos de
revisión y cobro de saldos no pagados con sustento en otros actos administrativos
expedidos con anterioridad a la expedición de la sentencia C-218 de 2015, cuyos
efectos operan hacia el futuro, con lo cual se configuró una situación jurídica
consolidada.
88. Esta Corporación, en sentencia de 11 de febrero de 202142, ha indicado frente a
las situaciones jurídicas consolidadas y no consolidadas, lo siguiente:
“[…] Bajo este entendido, cabe mencionar que las situaciones jurídicas no
consolidadas son aquellas que al momento de producirse el fallo se debatían o
eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la
jurisdicción contenciosa, por consiguiente, las situaciones jurídicas
consolidadas serán aquellas situaciones subjetivas y particulares que ya han
quedado en firme, o que han sido objeto de pronunciamiento judicial, que ha
hecho tránsito a cosa juzgada. De esta manera, no se puede advertir que las
pretensiones de los actores constituyan derechos consolidados, por cuanto los
mismos estaban en discusión […]”
89. La Sala no evidencia la existencia de situaciones jurídicas consolidadas, en razón
a que fue la autoridad administrativa, a través de las resoluciones demandadas, la
que procedió a expedir la liquidación oficial de revisión de pago de la tasa de
vigilancia para las vigencias 2013 y 2014, la cual fue discutida por medio de los
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Consejero ponente: César
Palomino Cortés. Sentencia de 11 de febrero de 2021. Radicación núm.: 15001-23-31-000-2002-02557-01(0716-12).
27
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recursos de reposición y apelación en la vía administrativa y que, ahora, es objeto
de controversia en esta acción de nulidad y restablecimiento del derecho43.
90. Así, la liquidación oficial de revisión de pago de la tasa de vigilancia para las
vigencias 2013 y 2014 para LATAM, parte demandante, no ha adquirido firmeza y
no ha sido objeto de decisión judicial que haya hecho tránsito a cosa juzgada.
91. De esta manera, la parte demandada no podía proferir la liquidación oficial de
revisión de pago de la tasa de vigilancia para las vigencias 2013 y 2014, con
sustento en las resoluciones números 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188
de 16 de diciembre de 2014, que incorporaban en la fórmula de cálculo de la tasa
de vigilancia, las disposiciones del artículo 89 de la Ley 1450 que fueron declaradas
inexequibles por la Corte Constitucional, en la sentencia C-218 de 2015, decisión
judicial obligatoria para todos, dado su efecto erga omnes.
92. Para el momento en que se expidieron los actos demandados, la inexequibilidad
de las disposiciones del artículo 89 de la Ley 1450 declarada en la sentencia C-218
de 2015 se encontraba surtiendo plenos efectos, con lo cual la autoridad
administrativa aplicó disposiciones que habían sido retiradas del ordenamiento
jurídico.
93. La presente decisión sigue la tesis expuesta por esta Sección, al decidir casos
similares, en las providencias de 1°. de noviembre de 201944, 5 de mayo de 202245
y 12 de diciembre de 202446, según la cual:
“[…] 137. Para la Sala, en suma, no podía la parte demandada efectuar una
revisión o reliquidación de la tasa de vigilancia para las vigencias 2012 a 2014,
tomando como fundamento las disposiciones contenidas en el inciso 2º y la
frase “ y/o inversión” del artículo 89 de la Ley 1450 que permitían aplicar una
metodología diferente para los nuevos sujetos de vigilancia, en tanto, para el
momento en que fueron expedidos los actos administrativos acusados, ya
habían sido declaradas inexequibles las mencionadas disposiciones, con los
efectos erga omnes que le son propios a las sentencias de constitucionalidad.
43
En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente:
Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 12 de diciembre de 2024. Referencia: Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Radicación núm.: 25000233700020160148001.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 5 de mayo de 2022. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160146201.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 1 de noviembre de 2019. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160146901.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 1 de noviembre de 2019. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160146901.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 5 de mayo de 2022. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160146201.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 12 de diciembre de 2024. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160148001.
28
Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01459 01
Demandante: Latam Airlines Group S.A. Sucursal Colombia
138. La sentencia C-218 de 22 de abril de 2015 proferida por la Corte
Constitucional se constituyó en un hecho sobreviniente que le impedía a la parte
demandada, respecto de los nuevos sujetos de vigilancia establecidos en el
artículo 89 de la Ley 1450, expedir la liquidación oficial de Revisión de la tasa
de vigilancia para las vigencias 2012 a 2014, aplicando como fundamento de la
liquidación los apartes del artículo supra declarados inexequibles, por no existir
dichas disposiciones en el ordenamiento jurídico. […]”47
II.5. Conclusión
94. La Sala, acorde con los razonamientos expuestos, constató que la apelante no
logró desvirtuar los argumentos por los cuales la Sección Cuarta, Subsección B, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad de las resoluciones
números 21008 de 16 de octubre de 2015, 2145 de 21 de enero de 2016 y 49535
del 20 de septiembre de 2016 y, a título de restablecimiento del derecho, dispuso
que la parte demandante no estaba obligada a pagar los mayores valores
determinados en tales actos administrativos por concepto de la tasa de vigilancia de
los períodos 2013 y 2014, razón por la cual confirmará la sentencia de primera
instancia.
II.6. Condena en costas
95. No se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas
ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 18848 de la Ley
1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 de la Ley 1564, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la Ley 1437.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de septiembre de 2018, proferida por
la Sección Cuarta, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 5 de mayo de 2022. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160146201.
48
Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080.
29
Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01459 01
Demandante: Latam Airlines Group S.A. Sucursal Colombia
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Salva voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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