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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-01895-01

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-01895-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia del 26 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, el cual queda así: SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho: a) DECLARAR la firmeza de las declaraciones presentadas por el periodo de enero a diciembre de 2011. b) ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP- proceda a la liquidación de las contribuciones parafiscales del Sistema de la Protección Social a cargo de PROTELA S.A., únicamente por el periodo de enero a diciembre de 2013. c) ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- proceda a realizar una nueva liquidación en la que se valore la fecha de ingreso de los 44 aprendices (relacionados en el cuadro aprendices), determinando los días efectivamente laborados y el IBC correspondiente. En razón de la liquidación ordenada, deberá ajustarse la correspondiente sanción por inexactitud; precisando que si con la liquidación efectuada se genera un pago en exceso a favor de PROTELA S.A., la UGPP debe proceder a su devolución en los términos de los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario. d) Elimine los mayores valores determinados por inexactitud al incluir en el IBC los aportes voluntarios a pensión. e) Disminuya la sanción por inexactitud de forma proporcional a los aportes. 35 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2016-01895-01 [26130] Demandante: PROTELA SA 2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2016-01895-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

24 de noviembre de 2022

Radicado: 25000-23-37-000-2016-01895-01 [26130]
Demandante: PROTELA SA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2016-01895-01 [26130]
Demandante PROTELA SA
Demandado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP

Temas: Contribuciones al sistema de la protección social (enero a
diciembre de 2011 y 2013). Firmeza de las declaraciones PILA.
Aportes trabajadores pensionados. Pagos no salariales. Límite del
40% (artículo 30 de la Ley 1393 de 2010). Licencias no
remuneradas. Vacaciones. Alcance del recurso de apelación

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante 1 y
demandada2, contra la sentencia del 26 de noviembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que
resolvió3:

«PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial n.º RDO 421 de 22
de mayo de 2015 y la Resolución n.º RDC 302 de 14 de junio de 2016, proferidas por la
Subdirección de Determinación de Obligaciones y la Dirección de Parafiscales de la UGPP,
respectivamente, las cuales modificaron las declaraciones de aportes al Sistema de Protección
Social de PROTELA S.A., por las conductas de omisión, inexactitud y mora, en los periodos
comprendidos entre enero y diciembre de 2011 y enero y diciembre de 2013, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho:

a) DECLARAR la firmeza de las declaraciones presentadas por el periodo de enero a
diciembre de 2011, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

b) ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP- proceda a la liquidación de las contribuciones
parafiscales del Sistema de la Protección Social a cargo de PROTELA S.A., atendiendo los
términos señalados en la parte motiva de esta providencia únicamente por el periodo de
enero a diciembre de 2013.

1
Índice 31 de SAMAI Tribunal. Archivo «7_RECIBEMEMORIALES_01RADICACIÓNAPELACI(.PDF) NroActua 31».
2
Índice 31 de SAMAI Tribunal. Archivo «6_RECIBEMEMORIALES_01RADICACIÓNAPELACI(.PDF) NroActua 31».
3
Fl. 2678 c.p.6 CD 10.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2016-01895-01 [26130]
Demandante: PROTELA SA

c) ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP- proceda a realizar una nueva liquidación en la
que se valore la fecha de ingreso de los 44 aprendices citados en el acápite de
consideraciones denominado “aprendices” determinando los días efectivamente laborados
y el IBC correspondiente. En razón de liquidación ordenada, deberá ajustarse la
correspondiente sanción por inexactitud; precisando que si con la liquidación efectuada se
genera un pago en exceso a favor de PROTELA S.A., la UGPP debe proceder a su
devolución en los términos de los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: No se condena en costas por las razone expuestas en la parte considerativa de esta
providencia […]».

ANTECEDENTES

El 24 de octubre de 2014, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP profirió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. 821, por omisión en la
afiliación y pago, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes
al sistema de la protección social por los períodos de enero a diciembre de 2011 y
2013. El acto se notificó por correo el 14 de noviembre de 2014.

El 22 de mayo de 2015, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP expidió la Liquidación Oficial nro. RDO 421, por omisión en la afiliación y pago,
mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la
protección social por los periodos de enero a diciembre de 2011 y 2013, y sancionó
por omisión e inexactitud por los períodos del año 2013. El acto se notificó por correo
el 5 de junio de 2015.

El 28 de julio de 2015, el representante legal de Protela SA interpuso recurso de
reconsideración contra la liquidación oficial.

El 14 de junio de 2016, la Dirección de Parafiscales de la UGPP resolvió el recurso de
reconsideración mediante la Resolución nro. RDC 302, en el sentido de modificar el
acto recurrido para disminuir los aportes y las sanciones. Acto que se notificó
personalmente el 1º de julio de 2016.

DEMANDA

La sociedad Protela SA, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, formuló las siguientes
pretensiones4:

«VII. Pretensiones:

[…]

4
Índice 2 de SAMAI. Archivo, «ED_CUADERNO2_01DEMANDA(.pdf)NroActua 2». Páginas 3 a 46.

2

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Radicado: 25000-23-37-000-2016-01895-01 [26130]
Demandante: PROTELA SA

7.1. Declarar la nulidad del acto administrativo conformado por la liquidación oficial número RDO
421 del 22 de mayo de 2015, y la resolución número RDC 302, del 14 de junio de 2016, mediante
la cual se falló el recurso de reconsideración.

7.2. Que como consecuencia de la nulidad del acto demandado, y a título de restablecimiento
del derecho, se declare que mi representada no debe cancelar los mayores valores y la sanción
por inexactitud liquidados en los actos demandados».

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:

• Artículos 338 y 363 de la Constitución Política
• Artículos 128 y 192 del Código Sustantivo del Trabajo
• Artículos 647, 694, 714, 730 (numeral 4) y 777 del Estatuto Tributario
• Artículo 17 de la Ley 21 de 1982
• Artículos 15 y 18 de la Ley 50 de 1990
• Artículos 19 y 204 de la Ley 100 de 1993
• Artículos 42 y 137 de la Ley 1437 de 2011
• Artículos 30 y 49 de la Ley 789 de 2002
• Artículo 156 de la Ley 1151 de 2007
• Artículo 30 de la Ley 1393 de 2010
• Artículos 178 y 179 de la Ley 1607 de 2012
• Artículo 17 del Decreto 1295 de 1994
• Artículo 71 del Decreto 806 de 1998
• Artículo 9 del Decreto 1406 de 1999
• Decretos 1670 de 2007 y 728 de 2008

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente5:

1. Violación del principio de irretroactividad de la ley. Improcedencia de
mayores valores

Indicó que si bien la UGPP se creó con la Ley 1151 de 2007, la competencia para
liquidar mayores valores en relación con los aportes al sistema de la protección social
e imponer sanciones fue establecida con la Ley 1607 de 2012, en cuyo artículo 178
(parágrafo 2) se estipuló que las acciones de determinación y sancionatorias podrían
iniciarse dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que el aportante debió declarar
y no lo hizo, declaró por valores inferiores o se configuró el hecho sancionable. Agregó
que el citado plazo aplica a partir del año 2013, en virtud del principio de
irretroactividad de la ley tributaria (arts. 338 y 363 de la CP).

Manifestó que el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 remitía al Estatuto Tributario
para efectos del procedimiento de liquidación oficial, por lo que a las planillas PILA del
año 2011 les aplica el término de firmeza del artículo 714 del ET (2 años), y como el
requerimiento para declarar y/o corregir data del 24 de octubre de 2014, las
declaraciones están en firme.

2. Nulidad de los actos administrativos demandados por falta de motivación

5
Índice 2 de SAMAI. Archivo «ED_CUADERNO2_01DEMANDA(.pdf) N roActua 2».

3

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Demandante: PROTELA SA

Sostuvo que los actos contienen la relación normativa, los elementos del tributo, los
resultados de las presuntas inexactitudes y mora, la base, la liquidación de la sanción
y un archivo Excel, pero no explican ni motivan suficientemente los errores en los que
incurrió el aportante, aspecto que debe contener la liquidación oficial so pena de su
nulidad (núm. 4, art. 730 del ET). Agregó que, por el contrario, las razones son
abstractas y ambiguas.

Señaló que las observaciones que contiene el archivo Excel no explican siquiera
sumariamente el error de la aportante, y no permiten conocer los motivos en que se
funda la entidad para concluir que la sociedad no realizó los aportes de manera
adecuada.

Precisó que, ante la falta de claridad de los presuntos yerros cometidos, acudió al
cruce de información para inferir cuáles eran las posibles razones de la entidad para
su cuestionamiento, lo que vulneró el debido proceso y la legítima defensa.

3. La UGPP determinó 24 períodos fiscales en un solo acto administrativo

Expuso que los aportes son de período mensual y no es viable que la UGPP realice
en un solo acto la liquidación por 24 meses. A su juicio, se debe expedir un acto de
determinación por cada período fiscalizado.

4. La UGPP desconoce que los pagos no salariales no hacen parte del IBC

Indicó que la entidad no tuvo en cuenta que los pagos no constitutivos de salario no
integran el IBC, omitió analizar los argumentos y pruebas que la sociedad entregó en
vía administrativa al respecto, y no reparó que los aportes se aproximan al múltiplo de
mil más cercano, motivo por el cual, en el archivo Excel hay cifras que no concuerdan
con las liquidadas en la planilla, lo que generó valores de inexactitud.

Se refirió a las siguientes situaciones particulares:

4.1. Aprendices

Mencionó que los aprendices no son trabajadores y su vinculación a las empresas es
especial, por lo tanto, deben afiliarse al subsistema de salud, y en algunos casos a la
ARL, pero no al de pensiones ni a las cajas de compensación familiar.

Agregó que la entidad desconoció las novedades de ingreso y retiro de algunos
aprendices, y calculó los aportes tomando 30 días, desconociendo que no todos los
días del mes fueron laborales, lo que generó mayores valores de aportes.

4.2. Pensionados

Explicó que cuando los trabajadores cumplen la edad y acreditan el número de
semanas necesarias para acceder a la pensión, cesa la obligación de pagar aportes
al subsistema de pensiones. Advirtió que «la UGPP acepta tan solo 21 trabajadores de
los 98 trabajadores que ya habían adquirido el derecho a la pensión y de 9 dice que
“desaparecen ajustes”»6.

6
Fl. 22 c.p. 1.

4

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4.3. Pagos no salariales. Aplicación del límite del 40%

Sostuvo que la entidad incluyó en el IBC pagos que carecen de naturaleza salarial,
según el artículo 128 del CST y lo pactado entre los trabajadores y Protela SA en los
contratos individuales de trabajo. Además, aplicó indebidamente el artículo 30 de la
Ley 1393 de 2010 (límite del 40%). Lo anterior, respecto de los siguientes conceptos:

4.3.1. Bonificaciones por rendimiento laboral

Señaló que la entidad ignoró el artículo 17 de la Ley 344 de 1996, según el cual, las
bonificaciones habituales extralegales pactadas como no salariales no son base para
liquidar los aportes. Aclaró que en sede administrativa se le explicó a la entidad que
las bonificaciones no retribuían el servicio y, por el contrario, se pagaron por mera
liberalidad, aportando las pruebas pertinentes.

Adujo que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la entidad
reconoció que las bonificaciones no son salariales, no obstante, se contradijo al indicar
que debían integrar el IBC de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 1393
de 2010 (límite del 40%).

4.3.2. Aportes al fondo voluntario de pensiones

Afirmó que el monto mensual que se consigna al fondo lo conforma el ahorro del
participante (trabajador) más la contribución del patrocinador (sociedad), y no se trata
de un ingreso real para aquél, porque la disponibilidad de los recursos está limitada
por la reglamentación del programa. Agregó que lo pagado por ese concepto en
ningún caso es superior al 40% del salario básico del trabajador.

Expuso que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la entidad de
forma errada consideró que, si bien tales pagos no tienen carácter salarial, deben
incluirse en el IBC de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Precisó que en sede administrativa aportó la documentación relacionada con el plan
institucional de ahorro voluntario y los contratos laborales en los que se pactaron los
aportes al fondo, no obstante, para la UGPP, al margen de que los pagos sean no
salariales deben integrar el IBC. Anotó que también allegó las pruebas con la
demanda.

4.3.3. Salario integral

Manifestó que los aportes de los trabajadores con salario integral se calculan sobre la
base conformada por el 70% de lo devengado o lo que es lo mismo, multiplicándolo
por 0.7, y no dividiendo lo remunerado entre 1.3, pues ese no fue el propósito del
legislador. Agregó que la UGPP recalculó los aportes de 49 trabajadores, pero
confirmó los ajustes respecto de 10, por lo que solicitó que estos últimos sean
declarados improcedentes.

4.3.4. Consideraciones sobre el IBC y la Ley 1393 de 2010. Pagos no salariales
que exceden el 40% de la remuneración mensual

5

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Advirtió que no está prohibido pactar pagos no constitutivos de salario, lo que se limita
es la porción de estas sumas que no integrarán el IBC, que según el artículo 30 de la
Ley 1393 de 2010 no pueden ser superiores al 40% del total de la remuneración,
luego, lo que exceda el límite, integra la base gravable. Aclaró que la sociedad aplicó
correctamente la citada norma.

5. Licencias no remuneradas, permisos personales no remunerados y
suspensiones

Precisó que, para la UGPP, según el artículo 71 del Decreto 806 de 1998, durante las
licencias y permisos personales no remunerados, no se causan aportes en el
porcentaje a cargo del afiliado o trabajador, contrario a lo que ocurre con el empleador.

Sin embargo, advirtió que en el citado artículo lo que se dispone es que «en el caso de
suspensión disciplinada o licencia no remunerada de los servidores públicos no habrá lugar
al pago de aportes a la seguridad social, salvo cuando se levante la suspensión y haya lugar
al pago de salarios por dicho período», motivo por el cual, cuando se presentaron esas
novedades la sociedad no pagó aportes. Agregó que en vía administrativa se aportó
un certificado del revisor fiscal que da cuenta de los valores pagados por las
novedades.

6. Vacaciones e incapacidades

Adujo que para calcular los aportes de los trabajadores que disfrutaron vacaciones, la
UGPP tuvo en cuenta el Decreto 806 de 1998 (art. 70), según el cual, el IBC debe
corresponder al inmediatamente anterior al inicio del descanso.

Consideró que el cálculo fue errado, porque se debía tener en cuenta el artículo 192
del CST, según el cual, durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el
salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas, y se
excluye para su liquidación el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el de
las horas extras. Además, cuando el salario es variable, las vacaciones se liquidan
con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior
a la fecha en que se concedan.

7. Error del cálculo del IBC por parte de la UGPP en el archivo Excel

Señaló que en el archivo Excel adjunto a los actos acusados la entidad modificó o
duplicó los valores en los casos de los auxilios del año 2013 y el ausentismo de 2011
y 2013, lo que generó una base gravable superior y mayores montos a pagar.

8. Improcedencia de la sanción por inexactitud

Indicó que la sociedad aportante no utilizó datos falsos, equivocados, incompletos o
desfigurados para contribuir en menor proporción al sistema de la protección social,
por el contrario, incluyó datos reales tomados de la contabilidad y aplicó en debida
forma las normas del CST. Aclaró que es evidente el error de apreciación o la
diferencia de criterios entre las partes, razón por la cual, no procede la sanción por
inexactitud. En todo caso, la nulidad de los actos acarrea la improcedencia de la
sanción.
6

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OPOSICIÓN

La UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente7:

Señaló que para la fecha en la que se expidieron los actos administrativos
demandados (años 2015 y 2016), la entidad tenía competencia para el efecto, toda
vez que los artículos 156 de la Ley 1151 de 2007 y 1 (lit. b.) del Decreto 169 de 2008,
la facultaban para adelantar las tareas de seguimiento, colaboración y determinación
de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones al
sistema de la protección social, así como para adelantar acciones de determinación y
cobro y, las investigaciones pertinentes para establecer la ocurrencia de hechos
generadores de obligaciones en materia de contribuciones parafiscales.

Indicó que a las planillas PILA no les aplica el término de firmeza de que trata el
artículo 714 del ET, por los siguientes motivos: (i) así no fue previsto por el legislador
ni siquiera con la Ley 1607 de 2012 en la que se contempló un término de caducidad
y no de firmeza, (ii) la firmeza prevista en el ET es incompatible con la naturaleza de
las contribuciones parafiscales, (iii) el recaudo está destinado al reconocimiento de
prestaciones de carácter vitalicio, cuyo derecho es imprescriptible e irrenunciable para
sus beneficiarios y (iv) el artículo 714 del ET es de carácter sustancial y no
procedimental y, en esa medida, no aplica la remisión del artículo 156 de la Ley 1151
de 2007.

Explicó que los actos expedidos por la UGPP se soportan en dos documentos, a
saber: (i) el escrito de la liquidación oficial, que contiene las consideraciones, el marco
legal, los antecedentes y fundamentos del requerimiento, los análisis y conclusiones,
y (ii) el archivo Excel adjunto en cuyas columnas se detallan los ajustes por conducta,
subsistemas y trabajadores, razón por la cual, los actos acusados están motivados.

Agregó que en los actos demandados la entidad analizó las novedades
(incapacidades, licencias, vacaciones, etc.), las condiciones especiales de los
trabajadores, la naturaleza salarial o no de los pagos realizados y la aplicación del
límite del 40%. Precisó además que, la sociedad entendió el contenido del archivo
Excel lo que se constata con la defensa que ejerció al interponer el recurso de
reconsideración, que dio lugar a la eliminación de algunos ajustes.

Destacó que las normas que rigen el procedimiento de determinación no impiden la
expedición de un requerimiento y liquidación oficial sobre más de una vigencia,
subsistema o conducta. Además, tal situación no veta el derecho de defensa del
aportante, pues de proferirse un acto por cada periodo, los ajustes determinados
serían los mismos que se indicaron en los actos que se acumularon.

Manifestó que el argumento de la demanda relacionado con la aproximación de los
aportes al múltiplo de mil más cercano no se propuso en sede administrativa, se trata
de un hecho nuevo frente al cual solo se pudo ejercer el derecho de defensa en

7
Índice 2 de SAMAI. Archivo «ED_CUADERNO3_21CONTESTACIONDEMAND(.pdf)NroActua2». Páginas 1 a 49.

7

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instancia judicial. En todo caso, afirmó que la entidad aplicó el artículo 10 del Decreto
1406 de 1999, que regula las aproximaciones de los valores del IBC y los aportes.
Afirmó que la parte actora no identificó en qué casos se presentó la inconsistencia.

En relación con los aprendices, señaló que se eliminaron los ajustes por mora al
SENA, ICBF y CCF respecto de aquellos frente a quienes se allegaron los contratos
de aprendizaje en sede administrativa.

Puntualizó que en el caso de Lukas Botero Cepeda los ajustes persistieron,
comoquiera que contrario a lo manifestado por la sociedad, no se vinculó el 17 de
enero de 2013 como aprendiz, sino como practicante universitario con fecha de
ingreso del 13 de julio de 2012, por lo que los aportes del período fiscalizado (2013-
01, salud) se realizaron sobre 30 días. Lo anterior, conforme al contrato aportado
como prueba.

Analizó los casos de Yurani Tatiana Padilla Sánchez, Wilson Eduardo Buitrago
González y Jenny Carolina Casallas Roa, concluyendo que la sociedad aportó los
contratos de aprendizaje que dan cuenta de la fecha de ingreso y de la modalidad
contractual, por lo que la entidad modificó los días laborados y el IBC.

Sobre los pensionados, explicó que se eliminaron los ajustes de 98 registros por la
conducta de mora en pensión y fondo de solidaridad pensional, que corresponden a
25 trabajadores, frente a quienes se allegaron las resoluciones de reconocimiento de
la prestación económica que permitieron validar la fecha en la que se cumplieron los
requisitos.

Frente a las bonificaciones por rendimiento laboral, manifestó que en la liquidación
oficial se consideraron como salariales y se incluyeron en el IBC. No obstante, en la
instancia del recurso de reconsideración respecto de los trabajadores que se acreditó
que contractualmente se pactaron como no salariales se cambió la clasificación, lo
que dio lugar a que algunos ajustes se eliminaran y otros disminuyeran. Aclaró que la
entidad verificó si tales pagos superaban el límite del 40% del total de la remuneración,
y constató que no ocurrió, por lo que el IBC solo se integró a partir de las sumas
salariales (sueldos, horas extras, etc.). Revisó los casos de Luz Mary Gallo Jaramillo,
Blanca Inés Sánchez Guzmán y Clemente Antonio Calle Colorado.

Respecto de los aportes al fondo voluntario de pensiones, precisó que conforme
al plan institucional allegado por el aportante en la etapa del recurso de
reconsideración se cambió la connotación a no salarial, pero se incluyeron para
efectos del cálculo del límite del 40%. Analizó los casos de José Almincar Pérez Peña,
José Fredy Garrido Mosquera y Cesar Augusto Huérfano Baquero.

En cuanto al salario integral, expresó que en la liquidación oficial cuando el IBC era
inferior a 10 SMMLV, se aproximaba a dicho monto sin tener en cuenta el 70% sobre
el valor devengado. No obstante, en la etapa del recurso de reconsideración se
recalculó la base gravable aplicando el referido porcentaje. Puntualizó que algunos
ajustes persistieron porque la sociedad aportante no incluyó la totalidad de pagos
salariales en el IBC, no tuvo en cuenta el excedente del límite del 40%, omitió el valor
de las vacaciones y/o calculó el tope de los 25 SMMLV de forma proporcional a los

8

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Demandante: PROTELA SA

días laborados. Revisó los casos de los trabajadores Ricardo Miguel Sala Gaitán,
Nelson Galvis Rodríguez y Susana Marciana Triviño Castañeda.

Sobre las licencias y permisos personales no remunerados y suspensiones,
indicó que el aportante solo cotizó sobre el valor de los pagos salariales, sin incluir el
valor proporcional del IBC del mes anterior conforme los días de suspensión. Agregó
que la entidad tuvo en cuenta el artículo 71 del Decreto 806 de 1998, e incluyó en el
IBC los pagos salariales y calculó los aportes según la porción que le corresponde al
empleador. Puso como ejemplo los casos de Víctor Manuel Ortiz Marín, Wiliairo
González Galindo y María del Carmen Sanabria Villamil.

Frente a las vacaciones e incapacidades, señaló que el cálculo del IBC se realizó
conforme al artículo 70 del Decreto 806 de 1998, en el caso de las vacaciones,
tomando el salario base del período anterior al inicio del descanso. Aclaró que la
sociedad aportante no aplicó correctamente la citada norma, lo que dio lugar a los
ajustes por inexactitud. Refirió los casos de Camilo Alexander Villamil Montana, Pablo
Andrés Aranda Ramírez y Benito Rivera Jiménez.

En relación con los supuestos errores en el archivo Excel, afirmó que la demandante
no relacionó ni detalló los ajustes que se produjeron por duplicar los valores de los
auxilios y ausentismos.

Respecto de la sanción por inexactitud, precisó que no aplica el artículo 647 del ET,
sino los artículos 178 y 179 de la Ley 1607 de 2012, norma especial para la imposición
de sanciones relacionadas con los tributos gestionados por la UGPP.

AUDIENCIA INICIAL

El 3 de agosto de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180
de la Ley 1437 de 20118. En dicha diligencia no se advirtieron irregularidades
procesales, nulidades, excepciones o medidas cautelares que debieran ser
declaradas. El litigio se concretó en determinar la legalidad de los actos demandados.

Se tuvieron como pruebas las aportadas con la demanda y la contestación, y se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera
concepto.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, en la
sentencia apelada resolvió: (i) anular parcialmente los actos demandados, (ii) a título
de restablecimiento del derecho: a) declarar la firmeza de las declaraciones de los
períodos de enero a diciembre de 2011, b) ordenar a la UGPP realizar una nueva
liquidación en la que se valore la fecha de ingreso de 44 aprendices determinando los
días efectivamente laborados, el IBC correspondiente, ajustando la sanción por

8
Índice 2 de SAMAI. Archivo «ED_CUADERNO3_27AUDIENCIAINICIA LP(.pdf) NroActua 2».

9

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Demandante: PROTELA SA

inexactitud y si se genera un pago en exceso, proceder con la devolución en los
términos de los artículos 863 y 864 del ET, (iii) negar las demás pretensiones y (iv) no
condenar en costas, con fundamento en lo siguiente9:

Manifestó que las planillas PILA presentadas antes del 26 de diciembre de 2012, se
rigen por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y el Libro V, Títulos I, IV, V y VI del
Estatuto Tributario, es decir, aplica el término de firmeza de dos (2) años previsto en
el artículo 714 del ET, y para las posteriores a dicha fecha, el plazo de cinco (5) años
señalado en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012.

Aclaró que para los períodos del año 2011 aplica el término de firmeza del ET, porque
era la norma vigente para cuando comenzó a transcurrir el referido plazo, y pretender,
como lo hace la UGPP, tener en cuenta el término de que trata la Ley 1607 de 2012,
constituye una aplicación retroactiva de esta última norma.

Indicó que en el caso particular las planillas de autoliquidación de aportes parafiscales
presentadas por el periodo de enero a diciembre de 2011 adquirieron firmeza
conforme al artículo 714 del ET, toda vez que el requerimiento para declarar y/o
corregir se notificó el 14 de noviembre de 2014, es decir, cuando habían transcurrido
más de dos (2) años desde su presentación. Prosperó parcialmente el cargo.

Señaló que los actos acusados están motivados porque en estos se plasmaron los
conceptos por mora e inexactitud, los motivos de la modificación y los datos de los
trabajadores. Además, en el archivo Excel anexo se discriminaron los ajustes por cada
trabajador y subsistema y, se creó un consolidado de datos sobre el tipo de
incumplimiento, los días trabajados, de incapacidad, vacaciones y suspensión, se
diferenció el salario, las novedades y se dispuso una celda en la que se escribieron
los motivos del ajuste.

Advirtió que los actos y el archivo Excel anexo deben ser leídos de manera conjunta
dado que se relacionan entre sí, pues en una parte se describen las normas y la
jurisprudencia que soportan los ajustes, y en la otra se indica la liquidación
discriminada por cada empleado. Negó el cargo.

Mencionó que la determinación de aportes sobre 24 períodos en un solo acto de
liquidación no representa una irregularidad procesal pues de conformidad con el
artículo 695 del ET, aplicable por remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007,
que se refiere a los períodos de fiscalización del IVA y retención en la fuente
(periodicidad mensual), en un mismo acto se pueden acumular varios períodos en
aplicación de los principios de economía, celeridad y eficiencia. Negó el cargo.

Respecto de los aprendices, indicó que se deben realizar aportes a salud y ARL en
la etapa práctica. Agregó que los ajustes por las conductas de omisión, mora e
inexactitud en el pago de aportes a SENA, ICBF y CCF desaparecieron con ocasión
de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, por lo que se abstuvo de
analizar la procedencia o no del cargo.

Frente a los ajustes de los aprendices por las fechas de ingreso, revisó los casos de
Cristian David Salinas Rodríguez y Andrea del Pilar Rodríguez Solosano, concluyendo

9
Fl. 2678 c.p. 6 CD 10.

10

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Demandante: PROTELA SA

que los contratos de aprendizaje daban cuenta que el ingreso no se realizó el primer
día del mes fiscalizado, por lo que no le asistía razón a la UGPP al tomar 30 días como
laborados. Por lo anterior, prosperó parcialmente el cargo de nulidad y le ordenó a la
entidad reliquidar los aportes de los siguientes aprendices, teniendo en consideración
la fecha de ingreso probada en los contratos10.

Cuadro aprendices
Días trabajados
No. Año Mes Nombre trabajador (según la UGPP)
1 2013 2 ROMERO DUQUE CHRISTIAN 30
2 2013 2 GONZALEZ LOPEZ EDWIN ALONSO 30
3 2013 2 SALINAS RODRIGUEZ CHRISTIAN DAVID 30
4 2013 5 AREVALO LOPEZ JEIMMY KATHERIN 30
5 2013 7 VILLAQUIRAN VARGAS IVAN DAVID 30
6 2013 7 RODRIGUEZ SOLANO ANDREA DEL PILAR 30
7 2013 1 ROJAS PARRA SANDRA LORENA 30
8 2013 1 RUIZ BOSSA MILENA PATRICIA 30
9 2013 7 FRANCO MENDEZ DANIEL FELIPE 30
10 2013 2 ORJUELA MORENO JOSE ALEJANDRO 30
11 2013 7 ROBAYO SANCHEZ LINA ALEJANDRA 30
12 2013 7 URUEÑA QUINTERO OLGA LUCIA 30
13 2013 7 PEREZ BORDA ISAAC ENRIQUE 30
14 2013 7 GUTIERREZ ORTIZ OLGA VIVIANA 30
15 2013 1 RIVERA BENITEZ DAYANNA LIZETH 30
16 2013 2 BALLEN SUAREZ EDWAR DARIO 30
17 2013 2 BEJARANO BEJARANO ALEX HUMBERTO 30
18 2013 2 BENAVIDES CEPEDA SNEIDER LEANDRO 30
19 2013 1 CABRERA GAMBA JORGE ANDRES 30
20 2013 1 BOTERO CEPEDA LUKAS 30
21 2013 1 APONTE LANDINEZ LUIS FELIPE 30
22 2013 2 AMEZQUITA AMEZQUITA DIANA MARCELA 30
23 2013 4 SARMIENTO MONSALVE JOSE DAVID 30
24 2013 2 QUINTERO GONZALEZ LUIS ALFREDO 30
25 2013 2 VANEGAS GONZALEZ LUIS ENRIQUE 30
26 2013 2 RUIZ NIÑO ANDRES FERNANDO 30
27 2013 2 HENAO CRISTANCHO JONATHAN EFREN 30
28 2013 2 POVEDA PIZZA JUAN SEBASTIAN 30
29 2013 6 LEIVA VASQUEZ INGRID PAOLA 30
30 2013 6 PINZON TOBITO LICET CAROLINA 30
31 2013 4 PORTELA MATEUS HOLMAN 30
32 2013 7 RIVERA MORENO GABRIEL ANDRES 30
33 2013 7 SANABRIA ROJAS ANDRES FELIPE 30
34 2013 7 GARZON CADENA JIMMY 30

10
Cargo que no fue objeto del recurso de apelación. Cuadro al que se alude en la parte resolutiva de esta providencia.

11

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35 2013 5 DIAZ MARTINEZ JUAN SEBASTIAN 30
36 2013 7 BUITRAGO GONZALEZ WILSON EDUARDO 30
37 2013 7 ALVAREZ MORALES RICARDO ANDRES 30
38 2013 5 CASALLAS ROA JENNY CAROLINA 30
39 2013 6 PACHECO NEUTA MARIA ALEJANDRA 30
40 2013 2 CASTILLO TORRES RICARDO 30
41 2013 1 CARMONA FERNANDEZ JULIANA 30
42 2013 7 CHOTZEN HERNANDEZ LAURA 30
43 2013 7 DAZA RESTREPO LUZ VICTORIA 30
44 2013 2 CASSIANI SANTAMARIA FABIAN ANDRES 30

En cuanto a los ajustes de los trabajadores pensionados, afirmó que la UGPP al
resolver el recurso de reconsideración los eliminó, tras verificar las resoluciones de
reconocimiento pensional y constatar la fecha en que se adquirió el status pensional,
motivo por el cual, negó el cargo.

En lo referente a la bonificación por rendimiento laboral, adujo que se trata de un
beneficio pactado contractualmente como no salarial, sin embargo, está sujeto al límite
del 40% (art. 30 Ley 1393 de 2010), como lo decidió la UGPP en los actos
demandados. Analizó el caso de Jovanny Mercedes Maldonado Jaramillo,
concluyendo que los ajustes se produjeron porque la sociedad aportante no incluyó
en el IBC la porción que excedía el citado tope. Negó el cargo.

Explicó que, en el caso de los trabajadores vinculados bajo la modalidad de salario
integral los aportes se calculan sobre el 70% de lo devengado, pues el 30%
corresponde al factor prestacional, lo anterior, sin perjuicio de que el IBC resulte
inferior a 10 SMMLV. Aclaró que la entidad al resolver el recurso de reconsideración
recalculó los aportes de quienes percibieron esta clase de remuneración teniendo en
cuenta el 70%. Revisó los casos de María Alejandra Gómez Morales, Claudia Brigette
Caycedo Escobar y Carolina Vargas Velásquez, y constató que la UGPP calculó
correctamente el IBC. Negó el cargo.

Sostuvo que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración los aportes
voluntarios a pensión se tuvieron como no salariales sujetos al límite del 40%
previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, proceder que, a su juicio, cumple
con las disposiciones legales sobre la materia. Negó el cargo.

Respecto de las licencias no remuneradas, permisos personales no
remunerados y suspensiones, advirtió que la demandante pretende que se aplique
el inciso segundo del artículo 71 del Decreto 806 de 1998 que se refiere al tratamiento
de los aportes cuando se presentan dichas novedades en el caso de servidores
públicos, además, declarado nulo por el Consejo de Estado mediante sentencia del
22 de septiembre de 2010 (Exp. 1067-06, C.P. Gerardo Arenas Monsalve).

Agregó que aplica el inciso primero del mencionado artículo, según el cual, en los
casos de licencia no remunerada o suspensión del contrato de trabajo en el sector
privado, se realizan los aportes a salud y pensión en la proporción del empleador, y
de manera voluntaria en la del afiliado. Puntualizó que la norma no establece el

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tratamiento de las cotizaciones a la ARL, pero como durante esas novedades no se
presta el servicio, no deben pagarse. Negó el cargo.

Frente a los aportes durante las vacaciones, explicó que el artículo 192 del CST que
pretende aplicar la parte demandante, se refiere a la forma en la que el empleador
remunera a los empleados cuando disfrutan las vacaciones, pero no regula cómo se
calcula la base gravable de las cotizaciones al sistema de la protección social, pues
esto está previsto en el artículo 70 del Decreto 806 de 1998, según el cual, debe
tenerse en cuenta como IBC el último salario base de cotización reportado con
anterioridad a la fecha en la que el trabajador inicio el disfrute del descanso. Negó el
cargo.

Expuso que la parte actora no identificó los trabajadores, períodos y subsistemas en
los que la UGPP duplicó registros en el archivo Excel anexó a los actos acusados,
falencia que dio lugar a que se negará el cargo.

Sostuvo que la diferencia de criterios como causal de exoneración está prevista para
la sanción por inexactitud señalada en el artículo 647 del ET, que es diferente a la
prevista en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012. Negó el cargo.

Por último, se abstuvo de condenar en costas por no estar probadas.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante apeló la sentencia11 y, en los mismos términos expuestos en
la demanda, insistió en que los actos administrativos son nulos porque carecen de
motivación, además, la entidad pretende liquidar 24 períodos fiscales en un solo acto
de determinación.

Señaló que a partir de la fecha en la que se cumple la edad y se acreditan los requisitos
para acceder a la pensión, cesa la obligación de realizar aportes al sistema de
pensiones. Agregó que pese a que en la sentencia de primera instancia se verificó el
archivo SQL y se afirmó que los ajustes de los trabajadores pensionados
desaparecieron, no se tuvo en cuenta que «la UGPP acepta tan solo 21 trabajadores de
los 98 que ya habían adquirido el derecho a la pensión y de tan solo 9 trabajadores la UGPP
dice que “desaparecen ajustes”»12.

Precisó que «las bonificaciones habituales extralegales sobre las que se convino que no
constituyen salario, no son base para la liquidación de los parafiscales»13 y tampoco se
someten al límite previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Por lo tanto, la
bonificación por rendimiento laboral es un pago no constitutivo de salario que no
integra el IBC y no está sujeto al tope del 40%.

Adujo que no solo le corresponde al aportante acreditar que los pagos realizados a
los trabajadores tienen la calidad de no salariales, sino también a la UGPP demostrar
que las bonificaciones son salario y deben hacer parte del IBC de las cotizaciones.
11
Índice 31 de SAMAI Tribunal. Archivo «7_RECIBEMEMORIALES_01RADICACIO ´NAPELACI(.PDF) NroActua 31».
12
Página 25 del recurso de apelación de la parte demandante.
13
Página 33 del recurso de apelación de la parte demandante.

13

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Manifestó que con los trabajadores se pactó que los aportes voluntarios a pensión
no tendrían carácter salarial, por lo que no son base para el cálculo de las cotizaciones
y tampoco se incluyen para determinar el límite del 40%.

Explicó que los aportes de los trabajadores con salario integral se calculan sobre la
base conformada por el 70% de lo devengado, y así lo realizó la sociedad aportante.
Agregó que «si bien la UGPP sostiene que “recalculó” los aportes de 49 trabajadores
objetados, los ajustes persisten respecto de 10»14, por lo que solicitó que se declare la
improcedencia de los mayores valores determinados frente a estos.

Advirtió que el tribunal no se pronunció sobre el cargo de nulidad relacionado con el
límite del 40% establecido en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, insistiendo en que
el tope aplica frente a los pagos que en esencia signifiquen un enriquecimiento para
el trabajador, y no como en este caso, a las bonificaciones y aportes a los fondos
voluntarios de pensiones.

Indicó que la UGPP no tuvo en cuenta que según el artículo 71 del Decreto 806 de
1998, durante los períodos de licencia no remunerada y permisos personales no
remunerados no se pagan aportes. Advirtió que en el archivo Excel no se logró
identificar los trabajadores que presentaron la inconsistencia y agregó que la entidad
y el a quo no valoraron el certificado del revisor fiscal que acredita las cifras pagadas
con ocasión de las novedades.

Sostuvo que es errado entender que durante las vacaciones y permisos remunerados
las cotizaciones se causen por 30 días. Además, el IBC por los períodos de
vacaciones se tiene que determinar como lo establece el artículo 192 del CST, y no
con el Decreto 806 de 1998, pues es una norma de inferior jerarquía.

Expuso que la información del archivo Excel adjunto a los actos administrativos es
ambigua y confusa para la sociedad aportante, que no ofrece detalle de las presuntas
inconsistencias. Agregó que en el archivo se duplicaron valores relacionados con
auxilios y ausentismo, lo que generó un mayor IBC, así como ajustes excesivos.

Precisó que no existe inexactitud sancionable porque en las planillas PILA no se
omitieron ingresos, por el contrario, es evidente el error de apreciación o la diferencia
de criterios entre las partes. En todo caso, la nulidad de los actos acarrea la
improcedencia de la sanción.

La parte demandada apeló la sentencia con fundamento en lo siguiente15:

En cuanto al cargo que prosperó parcialmente, relacionado con la firmeza de las
declaraciones presentadas por los periodos de enero a diciembre de 2011, indicó que
a las planillas no les aplica el término de firmeza de que trata el artículo 714 del ET,
por los siguientes motivos: (i) la firmeza prevista en el ET es incompatible con la
naturaleza de las contribuciones parafiscales, (ii) el recaudo está destinado al
reconocimiento de prestaciones de carácter vitalicio, cuyo derecho es imprescriptible
e irrenunciable para sus beneficiarios, (iii) el artículo 714 del ET es de contenido

14
Página 39 del recurso de apelación de la parte demandante.
15
Índice 31 de SAMAI Tribunal. Archivo «6_RECIBEMEMORIALES_01RADICACIÓNAPELACI(.PDF) NroActua 31».

14

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sustancial y no procedimental y, en esa medida, no aplica la remisión del artículo 156
de la Ley 1151 de 2007 y (iv) porque frente a la conducta de mora no existe
autoliquidación que pueda ser declarada en firme.

Mencionó que el proceso de fiscalización inició con el requerimiento para declarar y/o
corregir del 24 de octubre de 2014, notificado el 14 de noviembre siguiente, es decir,
en vigencia del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, que establece que la UGPP podrá
iniciar acciones sancionatorias y de determinación dentro de los 5 años siguientes
contados a partir de la fecha en la que el aportante declaró y no lo hizo o declaró por
valores inferiores, por lo tanto, teniendo en cuenta el período fiscalizado más antiguo
(enero de 2011) la entidad tenía hasta enero de 2016 para iniciar las acciones de
determinación, concluyendo que, la liquidación oficial de los años 2011 y 2013 fue
oportuna y, en consecuencia, no operó la firmeza de los períodos del año 2011.

Por último, solicitó que se tenga en cuenta el principio de favorabilidad consagrado
para los trabajadores en el artículo 53 de la Constitución Política.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante reiteró los argumentos del recurso de apelación16.

La parte demandada insistió en que a las planillas integradas de liquidación de
aportes PILA no les aplica la firmeza prevista en el artículo 714 del ET17.

El Ministerio Público emitió concepto en los siguientes términos18:

Afirmó que la base gravable de los aportes al sistema de seguridad social integral está
compuesta por los factores constitutivos de salario, es decir, aquellos que por su
esencia o naturaleza remuneran el trabajo o servicio prestado por el trabajador, lo que
excluye los conceptos extralegales reconocidos por mera liberalidad del empleador
(arts. 127 y 128 del CST). Además, sostuvo que las partes de la relación laboral
pueden pactar que ciertos pagos salariales no integren el IBC. Por esos motivos,
comparte la postura de la demandante, en el sentido de excluir de la base los
conceptos que carecen de carácter salarial.

Expuso que la sociedad liquidó correctamente los aportes de los trabajadores
vinculados bajo la modalidad de salario integral, pues lo hizo sobre el 70% de lo
devengado, excluyendo el 30% restante que corresponde al factor prestacional.

Señaló que coincide con la parte demandante, en que el límite del 40% establecido
en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 aplica para aquellos montos que representen
un ingreso real para el trabajador, y no para las sumas destinadas a sufragar gastos,
porque no enriquecen o aumentan su patrimonio.

16
Índice 18 de SAMAI.
17
Índice 19 de SAMAI.
18
Índice 20 de SAMAI.

15

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Por último, anotó que la acumulación de varios períodos en un solo acto administrativo
no vulnera el principio al debido proceso de los aportantes.

CONSIDERACIONES

Decide la Sala sobre la legalidad de la Liquidación Oficial nro. RDO 421 del 22 de
mayo de 2015, expedida por la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP contra la demandante por omisión en la afiliación, mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social por los
periodos de enero a diciembre de 2011 y 2013, e impuso sanción por omisión e
inexactitud en el año 2013; y de la Resolución nro. RDC 302 del 14 de junio de 2016,
por la que la Dirección de Parafiscales de la UGPP resolvió el recurso de
reconsideración en el sentido de modificar el acto recurrido para disminuir los aportes
y la sanción.

Se pone de presente que el literal c) del ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, relacionada con los aprendices, no fue objeto del
recurso de apelación19.

Cuestión previa

Antes de abordar el fondo del asunto, es necesario referirse al alcance de la apelación
interpuesta por el apoderado de la sociedad aportante, habida consideración de la
ausencia de cuestionamientos claros y específicos frente a la decisión recurrida.

El artículo 320 del Código General del Proceso20 dispone que el recurso de apelación
tiene por objeto «que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con
los reparos concretos formulados por la parte apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión» [Destaca la Sala].

Revisado el recurso de apelación de la demandante, se advierte que no se formuló
reparo concreto frente a lo decidido por el tribunal en relación con los siguientes
cargos:

• Falta de motivación

En la demanda se indicó que, pese a que los actos contienen la relación normativa,
los elementos del tributo, los resultados de los ajustes y un archivo Excel, no explican
suficientemente los errores en los que incurrió la sociedad aportante, y las razones
son abstractas y ambiguas, lo que impidió el ejercicio de los derechos de defensa y
contradicción.

19
«c) ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
–UGPP- proceda a realizar una nueva liquidación en la que se valore la fecha de ingreso de los 44 aprendices citados en el
acápite de consideraciones denominado “aprendices” determinando los días efectivamente laborados y el IBC correspondiente.
En razón de liquidación ordenada, deberá ajustarse la correspondiente sanción por inexactitud; precisando que si con la
liquidación efectuada se genera un pago en exceso a favor de PROTELA S.A., la UGPP debe proceder a su devolución en los
términos de los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario».
20
Aplicable por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

16

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El a quo negó el cargo tras considerar que los actos están motivados a partir del
contenido del documento y el archivo Excel, pues en el primero se plasmaron los
argumentos de la modificación y se indicaron las normas, así como la jurisprudencia
que soporta los ajustes y, en el segundo se discriminaron los mayores valores por
cada trabajador y subsistema.

En el recurso de apelación el demandante no precisó las razones por las que, a su
juicio, el análisis del juez de primera instancia sobre la motivación no era correcto,
sino que se limitó a reproducir los conceptos expuestos en la demanda, sin refutar de
manera directa y concreta los fundamentos del tribunal.

• Determinación de 24 períodos fiscales en un solo acto administrativo

En la demanda se afirmó que los aportes al sistema de la protección social son de
período mensual y no es viable que la UGPP realice en un solo acto la liquidación por
24 meses. A juicio de la parte actora, se debe expedir un acto de determinación por
cada período fiscalizado.

En la sentencia de primera instancia el a quo consideró que la determinación de
aportes sobre 24 períodos en un solo acto de liquidación no representa una
irregularidad procesal pues de conformidad con el artículo 695 del ET21, que se refiere
a los períodos de fiscalización del IVA y retención en la fuente (periodicidad mensual),
en un mismo acto se pueden acumular varios períodos en aplicación de los principios
de economía, celeridad y eficiencia. Por esos motivos, negó el cargo.

En el recurso de apelación, la parte actora insistió en los argumentos que expuso en
la demanda para afirmar que es improcedente la acumulación de períodos. Destacó
que las cotizaciones a salud, pensión y ARL, según los artículos 19 y 204 de la Ley
100 de 1993, 17 del Decreto 1295 de 1994 y 9 del Decreto 1406 de 1999, son de
carácter mensual, pero no cuestionó las consideraciones del a quo, en torno a la
aplicación del artículo 695 del ET y de los principios a los que hizo alusión para concluir
que la citada acumulación no comportaba una irregularidad procesal que diera lugar
a la nulidad de los actos acusados.

• Aportes de trabajadores pensionados

En la demanda se explicó que cuando los trabajadores cumplen la edad y acreditan
el número de semanas necesarias para acceder a la pensión, cesa la obligación de
pagar aportes al subsistema de pensiones. Además, se advirtió que «la UGPP acepta
tan solo 21 trabajadores de los 98 trabajadores que ya habían adquirido el derecho a la
pensión y de 9 dice que “desaparecen ajustes”»22.

En la sentencia de primera instancia el tribunal consideró que «como quiera que no se
indicó en el escrito de demanda específicamente a qué trabajadores se refería PROTELA, la
Sala filtró en el archivo SQL anexo a la Resolución RDC, el período 2013 y posterior, los
trabajadores que ostentan la condición de pensionados, encontrando que respecto a ello,
desaparecieron los ajustes, tal como se observa a continuación [en la sentencia se
relacionaron en un cuadro 71 registros del subsistema de pensión, nombre del trabajador, tipo
de incumplimiento (mora), períodos del año 2013 y la casilla observaciones]». A renglón
21
Aplicable por remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
22
Fl. 22 c.p. 1.

17

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seguido, el a quo precisó que «dado que el reproche de la sociedad fue aceptado en sede
administrativa, la Sala considera que el cargo en lo que atañe a pensionados no tiene
vocación de prosperidad»23 [Subraya y negrilla original].

En el recurso de apelación, la sociedad actora reiteró los argumentos de la demanda,
en el sentido de que a partir de la fecha en que los trabajadores cumplen la edad y
acreditan el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión, no están
obligados a aportar al subsistema de pensiones, e insistió en idénticos términos en
que «la UGPP acepta tan solo 21 trabajadores de los 98 trabajadores que ya habían adquirido
el derecho a la pensión y de 9 dice que “desaparecen ajustes”»24.

Visto lo anterior, es claro que en el recurso de apelación no se manifestaron las
razones específicas de inconformidad con lo analizado por el a quo, puesto que la
actora se limitó a reiterar a partir de qué momento cesa la obligación de contribuir al
sistema de pensiones, pero no se refirió, menos aún cuestionó los trabajadores,
períodos, subsistemas y conclusiones a las que llegó el a quo, previa verificación del
archivo SQL anexo a la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.

Téngase en cuenta que, pese a que en la sentencia de primera instancia se analizaron
71 registros del subsistema de pensiones del año 2013, identificando el trabajador y
período, la parte actora no cuestionó el análisis efectuado por el tribunal, según el
cual, los ajustes objeto de cuestionamiento en la demanda desaparecieron en sede
administrativa.

• Error del cálculo del IBC por parte de la UGPP en el archivo Excel

En la demanda se señaló que en el archivo Excel adjunto a los actos acusados, la
entidad modificó o duplicó los valores en los casos de los auxilios del año 2013 y el
ausentismo de 2011 y 2013, lo que generó una base gravable superior y mayores
montos a pagar.

En la sentencia de primera instancia el tribunal negó el cargo porque «la empresa
demandante no relacionó los casos en los cuales presuntamente se duplicó el archivo o
siquiera de manera somera indicara los trabajadores, periodos y subsistemas en los cuales
se presentaron los presuntos yerros en el cálculo del IBC» y, además consideró que era
«inviable realizar el cruce de información, al no tener un patrón de inicio, siendo lo propio,
despachar desfavorablemente el cargo»25 [Negrilla original].

En el recurso de apelación, la parte actora se limitó a señalar que «no es viable que el
máximo Tribunal llegue a esa conclusión alegando la generalidad, cuando precisamente este
mismo Despacho le está dando validez al archivo Excel como anexo motivado de los actos
administrativos demandados, más, cuando por alguna circunstancia injustificada, la UGPP
modificó o duplicó los valores remitidos en el archivo Excel, esto, en especial, con el que
allegó con la resolución que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra de
la liquidación oficial, esto, como es el caso de los auxilios año 2013 otorgados por mi
representada y el ausentismo, los cuales al ser duplicados generan un IBC mayor, y por ende
estableciendo unas supuestas diferencias de aportes que aumentan excesivamente»26.

23
Páginas 44 a 49 de la sentencia de primera instancia.
24
Página 25 del recurso de apelación de la parte demandante.
25
Páginas 64 y 65 de la sentencia de primera instancia.
26
Página 47 del recurso de apelación de la parte demandante.

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Nótese que la parte apelante reitera lo expuesto en la demanda, en el sentido que el
archivo Excel de la UGPP duplicó o modificó los valores relacionados con auxilios y
ausentismos, pero no identificó los trabajadores, períodos y subsistemas en los que
se presentaron los errores que endilga a la entidad demandada, motivo determinante
para que el tribunal negara el cargo de nulidad.

Por lo expuesto, la Sala no examinará lo resuelto por el a quo frente a la falta de
motivación de los actos, la determinación de 24 períodos fiscales en un solo acto
administrativo, aportes trabajadores pensionados y los errores en el cálculo del IBC
por parte de la UGPP en el archivo Excel, en tanto que, no se presentaron reparos
concretos que ameriten su estudio, razón por la cual, se mantendrá incólume la
sentencia apelada en lo que a estos aspectos se refiere.

En los términos de los recursos de apelación interpuestos por la UGPP y por la parte
demandante, la Sala debe determinar: (i) si a las autoliquidaciones de aportes les
aplican las reglas sobre firmeza de las declaraciones tributarias, (ii) si la bonificación
por rendimiento laboral y los aportes voluntarios a pensión son pagos no salariales, si
deben integrar el IBC y si están sujetos al límite del 40%, (iii) si son improcedentes los
ajustes de los trabajadores que devengaron salario integral, (iv) si durante las
novedades de licencia no remunerada y permisos personales no remunerados se
deben pagar aportes, (v) la forma como se determina el IBC por los días de duración
de las vacaciones y (vi) si es improcedente la sanción por inexactitud.

1. Firmeza de las autoliquidaciones de aportes al sistema de la protección
social. Reiteración jurisprudencial

El a quo declaró la firmeza de las autoliquidaciones de aportes de los periodos de
enero a diciembre de 2011, porque para la fecha en la que fueron presentadas
aplicaba el plazo de firmeza de dos (2) años establecido en el artículo 714 del ET, por
remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, y como el requerimiento para
declarar y/o corregir no se profirió dentro de dicho lapso, eran inmodificables.

La UGPP disiente de la decisión del tribunal, porque a su juicio, a las planillas PILA
no les aplica el término de firmeza de que trata el artículo 714 del ET, por los siguientes
motivos: (i) la firmeza prevista en el ET es incompatible con la naturaleza de las
contribuciones parafiscales, (ii) el recaudo está destinado al reconocimiento de
prestaciones de carácter vitalicio, cuyo derecho es imprescriptible e irrenunciable para
sus beneficiarios, (iii) el artículo 714 del ET es de contenido sustancial y no
procedimental y, en esa medida, no aplica la remisión del artículo 156 de la Ley 1151
de 2007 y (iv) porque frente a la conducta de mora no existe autoliquidación que pueda
ser declarada en firme.

Para resolver, se precisa que tratándose de los procesos de fiscalización de
competencia de la UGPP, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012 (art.
178, pár. 2)27, el ordenamiento jurídico no consagraba de forma expresa un plazo de
caducidad para que la entidad ejerciera sus funciones de determinación; sin embargo,
el artículo 156 penúltimo inciso de la Ley 1151 de 2007 hizo remisión al Estatuto
Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI, en aquellos aspectos no regulados del proceso
de determinación.

27
Entró en vigor el 26 de diciembre de 2012 con la publicación en el Diario Oficial nro. 48.655.

19

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Demandante: PROTELA SA

Para la Sala, dicha remisión era procedente, pues la jurisprudencia constitucional28,
así como esta Sección29, han considerado que los recursos parafiscales son
denominados en la Constitución Política como «contribuciones parafiscales», que tienen
naturaleza tributaria y se encuentran sujetos a los principios que aplican a los tributos.

En ese orden, se advierte que una vez vencido el término del que dispone la
Administración para ejercer las facultades de fiscalización, la consecuencia directa es
que las autoliquidaciones de aportes, que tienen la misma naturaleza de una
declaración tributaria, se tornan inmodificables. Pues como lo consideró la Sección en
la sentencia del 10 de noviembre de 202230, el artículo 714 del ET es «un precepto
procedimental que le fija a la autoridad un plazo perentorio de actuación».

Dicho de otra forma, y equiparando estos efectos a lo previsto en el Estatuto Tributario,
que se repite, aplica en virtud del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, para los
periodos anteriores al 26 de diciembre de 2012 (fecha de entrada en vigencia de la
Ley 1607 de 2012), la consecuencia sería la firmeza de la autoliquidación.

Por consiguiente, resulta aplicable el término de firmeza previsto en el artículo 714 del
ET31, el cual, en su tenor literal vigente para la fecha en la que comenzó a transcurrir,
para los periodos discutidos, disponía que «la declaración tributaria quedará en firme, si
dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no
se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en
forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación de la
misma»32.

Situación diferente ocurre con las autoliquidaciones presentadas con posterioridad a
la fecha en la que entró a regir la Ley 1607 de 2012, frente a las cuales, resulta
aplicable el artículo 178 ibídem que reguló de manera específica el plazo en el que la
UGPP puede ejercer sus facultades de fiscalización, fijándolo en cinco (5) años.

En el presente caso, los periodos fiscalizados que el a quo declaró en firme,
cuestionados por la UGPP en la apelación, corresponden a los de enero a diciembre
de 2011, por lo tanto, para efectos de establecer su firmeza, se debe tener en cuenta
que esta ocurre una vez vencido el plazo señalado en la norma vigente al momento
en el que comenzó a transcurrir, en el sub examine, el de dos (2) años previsto en el
artículo 714 del ET, norma aplicada por el tribunal en la sentencia apelada.

Cabe aclarar que, del contenido del artículo 714 del ET, se tiene que el plazo de
firmeza se interrumpe con la notificación del requerimiento especial que, para el caso
de los tributos administrados por la UGPP equivale al requerimiento para declarar y/o
corregir, pues así fue consagrado expresamente en la norma que aplica a los períodos
fiscalizados, que se repite, es el Estatuto Tributario.

28
Corte Constitucional, sentencia C-430 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
29
Cfr. sentencias del 30 de julio de 2020, Exp. 24179 y del 3 de marzo de 2022, Exp. 25632, C.P. Milton Chaves García, del 19
de agosto de 2021, Exp. 25086, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, del 15 de octubre de 2021, Exp. 23623, del 28 de abril de
2022, Exp. 24131, del 16 de junio de 2022, Exp. 26018 y del 28 de julio de 2022, Exp. 26192, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
30
Exp. 25987, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
31
Sobre la firmeza cfr. las sentencias del 24 y 30 de octubre de 2019, Exps. 23599 y 23817, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
32
Antes de la modificación introducida por el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016.

20

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Frente al argumento de la UGPP, en el sentido que los aportes a la protección social
al estar destinados a prestaciones vitalicias e imprescriptibles no les aplica la firmeza,
se reitera el criterio adoptado por la Sección33, según el cual, «si bien es cierto que el
derecho a la pensión (prestación vitalicia e imprescriptible) y a reclamar su reliquidación no
prescribe, también lo es que esa imprescriptibilidad solo se predica de la pensión, no de las
prestaciones periódicas o mesadas no reclamadas en los plazos legales, tal como lo ha
puntualizado la Corte en varios pronunciamientos34, razón por la cual la firmeza de la
declaración sí resulta procedente para las mensualidades en las cuales la Administración no
inició su actuación dentro del término del artículo 714 del ET».

Respecto al planteamiento de la UGPP de que frente a la conducta de mora no puede
aplicarse el término de firmeza ante la ausencia de autoliquidación, se reitera el criterio
expuesto en la sentencia del 3 de marzo de 202235, en la que se consideró que:

«[…] el procedimiento de revisión contenido en el artículo 714 del Estatuto Tributario es
compatible con el procedimiento de modificación oficial de las liquidaciones privadas de aportes
parafiscales pues los dos están dirigidos a corregir los errores en que el contribuyente haya
podido incurrir en su liquidación privada.

Para el caso de los aportes al Sistema de Protección Social dichos errores pueden constituirse
en omisión de afiliaciones o del pago de los aportes respecto de un empleado o yerros en la
determinación de los valores36.

En ese sentido, la Sala debe aclarar que finalmente lo que se controvierte son las planillas PILA
presentadas por la actora en los periodos objeto de discusión y las omisiones y ajustes por mora
que propone la administración son respecto de pagos por distintos conceptos que integran la
autoliquidación y no por omisión en la presentación de las planillas o porque estas no se hayan
presentado en tiempo, de modo que el argumento de firmeza también es aplicable a estos
casos».

Ahora bien, en relación con la solicitud de la aplicación del principio de favorabilidad
para los trabajadores, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, la Sala
advierte que este se materializa «en aquellos casos en que surge duda en el operador
jurídico sobre cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto
sometido a su conocimiento, al encontrar que dos o más textos legislativos vigentes al
momento de causarse el derecho, gobiernan la solución del caso concreto»37, debiendo
optarse por la que sea más favorable a los intereses del trabajador. De suerte que,
sus efectos tendrán incidencia en las relaciones jurídico sustanciales en las que esté
involucrado el trabajador, lo que no ocurre en este asunto, pues se está frente a
obligaciones de naturaleza tributaria, cuyo cumplimiento no está en cabeza del
trabajador sino del empleador.

Por los anteriores motivos, la Sala concluye que no le asiste razón a la UGPP al
pretender, en este caso concreto, sustraerse de la aplicación del término de firmeza a
las autoliquidaciones de aportes al sistema de la protección social, y comoquiera que
no se cuestionó el conteo del término que realizó el a quo, lo procedente es confirmar
la declaratoria de firmeza de los periodos de enero a diciembre de 2011.
33
Cfr. sentencias del 30 de septiembre de 2021, Exp. 25313 y del 3 de marzo de 2022, Exp. 25632, C.P. Milton Chaves García,
y, del 23 de junio de 2022, Exp. 24961, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
34
C-320 de 1998, C-198 de 1999, C-624 de 2006, SU-430 de 1998, T-724 de 2007, T-456 de 2013 y SU-567 de 2015, entre
otras.
35
Exp. 25632, C.P. Milton Chaves García. Reiterado en sentencias del 16 de junio de 2022, Exp. 26018, del 28 de julio de 2022,
Exp. 26192 y, del 20 de octubre de 2022, Exp. 26671, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
36
Cita: Sentencia del 25 de noviembre de 2021. Sección Cuarta del Consejo de Estado, Exp. 24348, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez.
37
Corte Constitucional, sentencia T-730 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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En consecuencia, continúa el análisis de la Sala respecto de los otros cargos de
apelación, cuyos efectos, en caso de resultar alguno procedente, se limitarán a los
restantes periodos fiscalizados, valga decir, de enero a diciembre de 2013, porque
frente a los otros (enero a diciembre de 2011), operó la firmeza.

2. Inclusión en el IBC de la bonificación por rendimiento laboral y los aportes
voluntarios a pensión

2.1. Bonificación por rendimiento laboral

El tribunal consideró que la bonificación por rendimiento laboral es un beneficio
pactado contractualmente como no salarial y, por ende, está sujeto al límite del 40%
previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, como lo decidió la UGPP en los
actos demandados, proceder que, a su juicio, se ajusta a las normas laborales que
definen la naturaleza de los pagos y el citado tope legal.

En el recurso de apelación, la parte actora precisó que «las bonificaciones habituales
extralegales sobre las que se convino que no constituyen salario, no son base para la
liquidación de los parafiscales»38 y tampoco se someten al límite previsto en el artículo
30 de la Ley 1393 de 2010, razón por la cual, la bonificación por rendimiento laboral
es un pago no constitutivo de salario que no integra el IBC y no está sujeto al tope del
40%. Agregó que la UGPP debe probar que dichas bonificaciones son salario y hacen
parte del IBC.

En la liquidación oficial demandada, la UGPP se refirió a la naturaleza salarial de la
bonificación por rendimiento laboral, en los siguientes términos39:

«Bonificaciones salariales según UGPP (Bonificación rendimiento laboral y Bonificación metas
específicas).

El investigado allegó a la presente fiscalización su nómina de salarios y/o contabilidad en la cual
reportó los pagos denominados “Bonificación rendimiento laboral” y “Bonificación – metas
específicas”, pagos que fueron considerados en el Requerimiento para Declarar y/o Corregir,
como salariales para efectos de aportes al Sistema de la Protección Social, de conformidad con
las pruebas obrantes en el expediente.

[…]

Adicionalmente, se resalta que, es el mismo aportante quien describe los pagos
correspondientes a “Bonificación - Rendimiento Laboral” como un beneficio “OTORGADO A
LOS COLABORADORES POR UNA LABOR SOBRESALIENTE” y la “Bonificación – Metas
específicas” como aquel “OTORGADO A LOS COLABORADORES POR CUMPLIMIENTO DE
PROYECTOS” afirmaciones que nos llevan a concluir que los precitados conceptos de pago
son una contraprestación directa de los servicios que prestan los trabajadores.

Al respecto conviene reiterar que de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Código
Sustantivo del Trabajo “Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino
todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del
servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte…”

38
Página 33 del recurso de apelación de la parte demandante.
39
Fls. 76 a 77 c.p. 1.

22

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Resulta entonces, que si en el caso concreto los pagos denominados por el aportante como
“Bonificación Rendimiento Laboral” y “Bonificación – Metas específicas” son pagados – según
indica la propia empresa – “POR UNA LABOR SOBRESALIENTE” y “POR CUMPLIMIENTO
DE PROYECTOS”, se desvirtúa que corresponda a un pago por mera liberalidad otorgado por
el empleador, por cuanto significa esto, que dicho pago tiene como causa inmediata el servicio
prestado, teniendo en cuenta que lo que se pretende es premiar un esfuerzo adicional a la labor
del trabajador, pero desplegado en desarrollo de la actividad para la cual fue contratado. En
contraste si el pago tuviera un propósito distinto al de retribuir directa e inmediatamente la
actividad, tarea o labor del trabajador no constituirá salario, y tal situación debería haber sido
probada por el aportante, lo que no sucedió.

[…]

Así las cosas, teniendo en cuenta que el investigado no demostró que el pago resulta ajeno a
la actividad laboral y por el contrario, al evidenciarse la finalidad del pago y lo manifestado en el
desarrollo del proceso de fiscalización, es claro para esta Unidad que, dichos pagos son
otorgados como un reconocimiento a la gestión del trabajador, es decir que es una forma más
de retribuir el servicio, por tanto, son pagos de carácter salarial que deben ser tenidos en cuenta
en el IBC para el pago de aportes al Sistema de la Protección Social y Parafiscales […]» [Negrilla
y subraya original].

De modo que, en la liquidación oficial la entidad demandada catalogó como salarial la
bonificación por rendimiento laboral, teniendo en cuenta que según lo manifestó el
mismo aportante, se pagaba a los colaboradores por una labor sobresaliente, es decir,
que se trataba de una forma de retribuir directamente el servicio y, por lo tanto, debía
integrar la base gravable. Además, enfatizó que la sociedad no demostró que el pago
resultaba ajeno a la actividad laboral.

Por su parte, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la UGPP se
refirió frente al citado emolumento de la siguiente forma40:

«5.8.1. De los pagos por concepto de “Bonificación por rendimiento laboral” y
“Bonificación metas específicas”

En la liquidación oficial estos conceptos de pago fueron agrupados bajo el nombre
“Bonificaciones salariales según UGPP” y se indicó que debían ser considerados como
salariales según las explicaciones dadas por la empresa al ser sumas otorgadas a sus
trabajadores por “… UNA LABOR SOBRESALIENTE” y “… POR CUMPLIMIENTO DE METAS”,
manifestaciones que consideró suficientes para concluir que son una contraprestación directa
de los servicios prestados por los trabajadores. En el archivo Excel adjunto a la liquidación oficial
se lograron identificar 69 trabajadores con pagos por estos conceptos.

Teniendo en cuenta que la empresa afirmó reconocer estas sumas por mera liberalidad y
haberlas pactado como no salariales con sus empleados, el Despacho profirió el Auto ADC No.
173 del 1 de marzo de 2016, con el fin de solicitar a la sociedad impugnante pruebas del carácter
no salarial de los pagos.

En respuesta entregada mediante los radicados […] PROTELA S.A. aportó copia de contratos
de trabajo y otrosíes los cuales una vez revisados, permitieron confirmar la existencia de los
siguientes pactos de exclusión salarial:

[…]

De las anteriores cláusulas encuentra el Despacho que las sumas por concepto de “Bonificación
por rendimiento laboral” y “Bonificación metas específicas”, fueron válidamente sometidas a
pactos de exclusión salarial.

40
Fls. 103 vto. a 105 vto. c.p. 1.

23

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[…]

Por lo expuesto, esta Dirección concluye que los pagos por concepto de “Bonificación por
rendimiento laboral” y “Bonificación metas específicas”, fueron válidamente sometidos a un
pacto de desalarización y, en consecuencia, deben hacer parte de la base para el cálculo de
aportes con destino a Salud, Pensión y Riesgos Laborales, siempre y cuando se cumplan los
presupuestos del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010».

De lo anterior se tiene que la UGPP, al resolver el recurso de reconsideración, previa
validación de las pruebas recaudadas (contratos de trabajo y otrosíes), reconoció que
las partes de la relación laboral suscribieron pactos en los que desalarizaron las
bonificaciones por rendimiento laboral, motivo por el cual, cambió su postura y, en
lugar de incluirlas totalmente en el IBC, decidió someterlas a la aplicación del límite
del 40% que prevé el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

En ese contexto, el análisis de la Sala se centrará en determinar, si como lo sostiene
la parte demandante, cuando se pacta que un pago no constituye salario este no
integra el IBC y tampoco se somete el tope del 40%, o si, por el contrario, como lo
afirma el tribunal y la UGPP, el beneficio pactado contractualmente como no salarial
se sujeta el referido límite.

Para resolver, la Sala pone de presente que la base gravable para los aportes al
sistema de la protección social la conforman los pagos de naturaleza salarial descritos
en el artículo 127 del CST, según el cual, constituye salario no solo la remuneración
ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador, en dinero o en especie,
como contraprestación directa del servicio, cualquiera que sea su denominación,
como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario
o de horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio y porcentajes
sobre ventas y comisiones.

Entre tanto, no son ingreso base de cotización de aportes los pagos que en esencia
no son salario, porque no retribuyen el trabajo del empleado, y que se enuncian en el
artículo 128 del CST, de la siguiente forma: (i) las sumas que ocasionalmente y por
mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, tales como primas, bonificaciones
o gratificaciones ocasionales, entre otros, (ii) lo que el trabajador recibe en dinero o
en especie, no para su beneficio sino para desempeñar sus funciones, por lo tanto, no
son para enriquecer su patrimonio, como gastos de representación, medios de
transporte, elementos de trabajo, entre otros, (iii) las prestaciones sociales de que
tratan los títulos VIII y IX del CST y, (iv) los beneficios o auxilios habituales u
ocasionales acordados convencionalmente o contractualmente u otorgados en forma
extralegal, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen
salario en dinero o en especie, por ejemplo, alimentación, habitación, vestuario,
primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad41.

La Sección ha considerado que no todo lo recibido por el trabajador hace parte del
ingreso base de cotización para los aportes al sistema de la protección social, pues
solo lo que constituye salario y que tiene esa naturaleza según el artículo 127 del CST,
integrará el IBC, mientras que lo que no tiene ese carácter en los términos del artículo

41
Este último numeral incluido al artículo 128 del CST por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990

24

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128 ibídem no hace parte de la base. Planteamiento concretado en la sentencia de
unificación del 9 de diciembre de 202142, en la que se consideró:

«Teniendo en cuenta las anteriores disposiciones, es necesario precisar aquellos factores
constitutivos de salario, según los términos del CST y los que no lo son y, que, por tanto, no
hacen parte del IBC de aportes.

Según el artículo 127 del CST, constituye salario […]

El texto original del artículo 128 del CST señalaba los siguientes pagos hechos al trabajador
como no constitutivos de salario […]

Los anteriores pagos no son ingreso base de cotización de aportes porque, en esencia, no
son salario, de acuerdo con las normas laborales, pues no retribuyen el trabajo del empleado».

En la referida sentencia de unificación se hizo mención a los pronunciamientos de la
Corte Constitucional43 y de la Corte Suprema de Justicia44 sobre lo que constituye
salario, enfatizando que «no todo pago que recibe el trabajador constituye salario, sino que
para determinar su carácter, no basta con que se entregue de manera habitual o que sea una
suma fija o variable, sino que se debe examinar si su finalidad es remunerar de manera directa
la actividad que realiza el asalariado».

Por consiguiente, más allá de la habitualidad y lo fijo o variable que sea el monto del
pago, lo determinante para que este pueda considerarse salarial o no, es verificar si
retribuye o no el servicio prestado por el trabajador al empleador.

Ahora, en cuanto al alcance de los acuerdos entre las partes de la relación laboral
para que algunos beneficios habituales u ocasionales no constituyan salario (última
parte del artículo 128 del CST), la Sección45 ha señalado que «la naturaleza salarial de
un pago no depende del acuerdo entre las partes, sino de si, por su esencia, constituye o no
retribución del servicio prestado» y, además, «no se trata de que un pago que es
contraprestación directa del servicio prestado y, por tanto, tiene naturaleza salarial, deje de
tenerla por el acuerdo entre el empleador y los trabajadores».

En la regla número 2 de la sentencia de unificación se estableció que «[e]n virtud de los
artículos 128 del CST y 17 de la Ley 344 de 1996, los empleadores y trabajadores pueden
pactar que ciertos factores salariales no integren el IBC de aportes al Sistema de Seguridad
Social» y se enfatizó que la consecuencia del referido acuerdo es que «para efectos
de los aportes parafiscales y las contribuciones a la seguridad social, cuando se pacte
que un pago no constituye salario, significa que no hará parte del ingreso base de
cotización» [negrilla original]. Dicho de otra forma, se permite que factores que son
salario y que regularmente integrarían la base gravable, puedan excluirse de la misma,
sin que cambie su naturaleza.

Sobre la carga de la prueba en materia de aportes al sistema de la protección social
y la connotación salarial o no de los pagos, en la aludida sentencia de unificación se
estableció en la regla número 5 que «[l]os conceptos salariales y no salariales declarados
por el aportante en las planillas de aportes al sistema de la seguridad social o PILA se
presumen veraces. Si el ente fiscalizador objeta los pagos no constitutivos de salario para

42
Exp. 25185, C.P. Milton Chaves García.
43
Sentencia C-521 de 1995.
44
Sentencias del 6 de agosto de 2019 (Rad. 64391), del 4 de febrero de 2020 (Rad. 67122) y del 14 de octubre de 2020 (Rad.
84485).
45
Exp. 25185, C.P. Milton Chaves García.

25

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incluirlos en el IBC de aportes, por considerar que sí remuneran el servicio, corresponde al
empleador o aportante justificar y demostrar la naturaleza no salarial del pago realizado, a
través de los medios probatorios pertinentes».

Tratándose de la formalidad y prueba del pacto de desregularización salarial, para la
Sección46, «si bien el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo exige un acuerdo
expreso, no quiere decir que se requiera de fórmula sacramental o escrita, porque nada impide
que el pacto expreso pueda ser verbal. Sobre el particular, en la sentencia de unificación del
9 de diciembre de 2021, exp. 25185 C.P. Milton Chaves García, esta Sección, al precisar el
alcance y contenido del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, estableció como regla número 4
que el pacto “debe estar probado por cualquiera de los medios de prueba pertinentes”».

Lo referente al acuerdo en el que se decide excluir de la base gravable un pago
salarial, debe interpretarse en sintonía con el límite de pagos no salariales previsto en
el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, según el cual, «para los efectos relacionados con
los artículos 18 [subsistema de pensión] y 204 [subsistema de salud] de la Ley 100 de 1993,
los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser
superiores al 40% del total de la remuneración».

Como se explicó en la sentencia de unificación, el propósito del legislador con la citada
norma «no fue incluir en el ingreso base de cotización, pagos que, por su esencia o
naturaleza, no son constitutivos de salario, sino, establecer una limitante a la desalarización
que se venía pactando entre empleadores y trabajadores al amparo de los artículos 128 del
CST y 17 de la Ley 344 de 1996 y que erosionaba la base de aportes al Sistema de Seguridad
Social».

En ese sentido, el límite del 40% será aplicable a los pagos que siendo salariales las
partes deciden excluirlos de la base gravable, y no a los emolumentos que por
disposición legal no son salariales, pues estos por no remunerar el servicio no integran
la base de cuantificación.

Del anterior análisis se pueden extraer las siguientes reglas: (i) el carácter salarial o
no de un pago no está sujeto al acuerdo entre las partes, tampoco a su habitualidad,
sino a la verificación de si retribuye directamente o no el servicio, (ii) las partes pueden
pactar que un pago salarial no integre el IBC, lo que no implica que se cambie su
naturaleza, (iii) el acuerdo debe estar acreditado por cualquiera de los medios de
prueba, es decir, que no se requiere indispensablemente que sea escrito y (iv) los
pagos que se pactan como no salariales no pueden exceder el límite del 40% del total
de la remuneración.

En el presente asunto, la discusión de la parte apelante se concreta en que, a su juicio,
si las partes deciden celebrar acuerdos de desregularización salarial, el emolumento
que se somete al convenio dejará de integrar la base gravable de aportes en su
totalidad, pues no estará sometido al límite del 40% que señala el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010.

No es objeto de debate la eficacia y validez de los contratos y otrosíes suscritos entre
Protela SA y los trabajadores, pues aquellos fueron tenidos en cuenta por la UGPP al
momento de resolver el recurso de reconsideración, producto de lo cual, cambió la
postura inicial contenida en la liquidación oficial de incluir el 100% del pago en el IBC,

46
Sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 25124, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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para en su lugar, adicionar solo la porción que superara el tope del 40% del total de la
remuneración. Tampoco hay controversia sobre la naturaleza salarial de la
bonificación por rendimiento laboral, pues en la liquidación oficial se consideró, a
partir de la información de nómina de la aportante, que se pagaba a los colaboradores
por la labor sobresaliente en el ejercicio de sus funciones, afirmación que no fue
desvirtuada en esta instancia.

Del recuento normativo y en aplicación de las reglas de unificación, la Sala considera
que no le asiste razón a la parte demandante, pues por tratarse la bonificación por
rendimiento laboral de un pago de naturaleza salarial que las partes decidieron
desalarizar (como consta en los contratos y otrosíes), está sometido a la aplicación
del límite del 40%. En consecuencia, no prospera el cargo de apelación analizado.

2.2. Aportes al fondo de pensiones voluntarias

El tribunal sostuvo que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración los
aportes voluntarios a pensión se tuvieron como no salariales sujetos al límite del
40% previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, proceder que, a su juicio,
cumple con las disposiciones legales sobre la materia. Por ese motivo, negó el cargo.

La parte actora, ahora apelante, cuestiona la decisión del a quo, bajo el argumento
que el monto mensual de aportes voluntarios que se consigna al plan institucional,
conformado por el ahorro del participante más la contribución del patrocinador, no
constituye un ingreso real para el trabajador, porque la disponibilidad de los recursos
está limitada por la reglamentación del programa. En esa medida, por no constituir
pagos salariales, no integran la base gravable y no están sujetos al límite del 40%.

La UGPP en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, sobre los
aportes voluntarios a pensión, consideró lo siguiente47:

«En el presente asunto se observa que los aportes voluntarios a Pensión fueron considerados
como salariales sin verificarse el cumplimiento de algunos de los requisitos previstos en la
mentada norma, por tanto, no era posible darles esa connotación por el solo hecho de no aportar
la empresa pruebas relacionadas con la existencia del fondo de pensiones y su autorización por
parte de la Superintendencia Financiera, así como de la existencia de un plan institucional y la
adhesión al mismo por parte de la empresa.

Teniendo en cuenta que en esta oportunidad la empresa aportó copia del plan institucional junto
con la prueba de la existencia de la constitución del fondo de pensiones protocolizado mediante
escritura pública, autorización por parte de la Superintendencia Financiera, contrato de adhesión
al plan institucional, cartilla plan institucional y relación de los afiliados al plan institucional, el
Despacho procederá a desmarcar el carácter salarial de los pagos por concepto de aportes
voluntarios a Pensión, lo anterior por cuanto la Subdirección de Determinación de Obligaciones
supeditó la connotación no salarial del pago a la entrega de las citadas pruebas.

[…]

Es de aclarar que a pesar de ser considerados como no salariales los pagos por concepto de
aportes voluntarios a pensión, estas sumas harán parte de la base de cotización en los términos
del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, según lo explicado en el numeral 5.8.1 de este acto
administrativo».

47
Fl. 106 c.p. 1.

27

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De manera que, la entidad reconoció que la sociedad aportante acreditó los requisitos
que se exigen para calificar como no salariales los aportes voluntarios a pensión
(existencia de la constitución del fondo, plan institucional, autorizaciones, contratos de
adhesión, relación de afiliados, etc.), sin embargo, decidió someterlos a la aplicación
del límite del 40% que prevé el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Para resolver, se precisa que los aportes a pensión pueden ser de dos formas:
obligatorios y/o voluntarios, los primeros por disposición legal deben hacerse a
cualquiera de los dos regímenes que consagra el artículo 12 de la Ley 100 de 1993
(régimen solidario de prima media con prestación definida o régimen de ahorro
individual con solidaridad) y, los segundos, originados en la decisión de la persona, a
los fondos voluntarios de pensiones o a los seguros privados de pensiones.

Los fondos voluntarios a pensiones, que son los que interesan en el presente asunto,
«no hacen parte del sistema general de pensiones, sino que, como su nombre lo indica,
constituyen ahorros que las personas realizan en forma voluntaria para complementar la
pensión y de los cuales pueden disponer libremente»48.

El Decreto 2513 de 1987 (art. 1) definió el «plan de pensiones» como el «acuerdo por el
cual se establece la obligación de contribuir a un Fondo de Pensiones de Jubilación e Invalidez
y el derecho de las personas, a cuyo favor se celebra, de percibir una prestación en la forma
prevista por este Decreto».

El mismo decreto en el artículo 2 precisó que el «fondo de pensiones» es «el conjunto de
bienes resultantes de los aportes de los partícipes y patrocinadores del mismo y sus
rendimientos que son administrados por una compañía de seguros, una sociedad fiduciaria o
un banco, a través de su sección fiduciaria, para cumplir uno o varios planes de pensiones de
jubilación e invalidez».

Según el artículo 3 ibídem, son «entidades patrocinadoras» las «empresas, sociedades,
sindicatos, asociaciones o gremios que participan en la creación o desarrollo del plan», son
«partícipes» las «personas naturales en cuyo interés se crea el plan» y, «beneficiarios» las
«personas naturales que tienen derecho a percibir las prestaciones establecidas en el plan».

El artículo 6 del citado decreto49 clasificó los planes de pensiones, así:

«a. De prestación definida. Aquellos en los cuales se define como objeto la cuantía de las
prestaciones a percibir por los beneficiarios.

b. De contribución definida. Aquellos en los cuales se define como objeto la cuantía de los
aportes de las patrocinadoras y, en su caso, de los partícipes en el plan.

c. Mixtos. Aquellos cuyo objeto es simultáneamente la cuantía de las prestaciones y de los
aportes.

Los planes de pensiones de jubilación e invalidez pueden ser también:

1. Abiertos. Aquellos a los cuales pueden vincularse como partícipe cualquier persona natural
que manifieste su voluntad de adherir al plan.

48
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 11 de agosto de 2021, Exp. SL4328-2021, Radicación
nro. 75825, M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez.
49
En iguales términos el artículo 173 (numeral 2) del Decreto Ley 663 de 1993 – Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

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2. Institucionales. Aquellos de los cuales sólo pueden ser partícipes los trabajadores o los
miembros de las entidades que los patrocinen».

El artículo 10 ibídem50, prevé que el plan de pensiones de jubilación e invalidez debe
contener:

«1. Las condiciones de admisión de los partícipes.

2. El monto del aporte de la patrocinadora y, si es del caso, de los partícipes.

3. Las reglas para el cálculo de las prestaciones y, si esas son reajustables, los mecanismos de
reajustes.

4. Las condiciones para la pérdida de la calidad de partícipe.

5. Los derechos del partícipe en caso de retiro del plan antes del cumplimiento de las
condiciones previstas para tener derecho a las prestaciones establecidas en el mismo.

6. Los demás derechos y obligaciones de los partícipes.

7. Las reglas para trasladar los derechos consolidados del partícipe a otro plan.

8. El Fondo de Pensiones a través del cual se desarrollará el plan de pensiones.

9. Las causas de terminación del plan y las reglas para su liquidación.

10. Las reglas para modificar el plan.

11. Las demás estipulaciones que determine la Superintendencia Bancaria».

En ese contexto, precisa la Sala que para que opere la exclusión salarial de los aportes
voluntarios a pensión51, tratándose de los que se realizan en virtud de un plan de
pensiones, deben cumplirse los requisitos previstos en el Decreto 2513 de 1987 (art.
6 y ss.) y en el Decreto Ley 663 de 1993 (art. 173), entre otros, constituirse un plan de
pensiones debidamente autorizado por la autoridad competente, en el que se
delimiten las obligaciones de las entidades patrocinadoras y de los partícipes, por esa
razón, solo los aportes voluntarios a pensiones que se consignen al fondo de
pensiones en virtud del referido plan, gozarán del beneficio del carácter no laboral de
los valores aportados. No ocurre lo mismo con los aportes voluntarios a pensión que
no se realizan en virtud de los referidos planes.

En el presente asunto no se discute la existencia del fondo de pensiones, pues la
UGPP reconoció que la sociedad entregó las pruebas sobre el particular, lo que es
objeto de controversia en los términos del recurso de apelación formulado por Protela
SA, es si los aportes voluntarios a pensión por gozar de exclusión salarial por
disposición legal, están sometidos a la aplicación del límite del 40% señalado en el
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Al respecto, como lo ha considerado la Sección, los pagos que se sujetan al referido
tope son aquellos de naturaleza salarial que las partes de la relación laboral pactan
que no integrarán la base gravable, pero no los que legalmente no constituyen salario,

50
En iguales términos el artículo 173 (numeral 4) del Decreto Ley 663 de 1993 – Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
51
Artículos 4 del Decreto 2513 de 1987 y 169 (numeral 3) del Decreto Ley 663 de 1993.

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como ocurre con los aportes voluntarios a pensión. En esa medida, no le asiste razón
a la UGPP ni al tribunal al pretender incluir dentro del IBC los aportes analizados.

Por lo tanto, prospera el cargo de apelación, en tanto que, los aportes voluntarios a
pensión por carecer de naturaleza salarial no conforman la base gravable de las
contribuciones al sistema de seguridad social integral.

3. Del IBC de los trabajadores vinculados bajo la modalidad de salario
integral

El tribunal consideró que, en el caso de los trabajadores vinculados bajo la modalidad
de salario integral, los aportes se calculan sobre el 70% de lo devengado, pues el
30% corresponde al factor prestacional, lo anterior, sin perjuicio de que el IBC resulte
inferior a los 10 SMMLV. Aclaró que la entidad al resolver el recurso de
reconsideración recalculó los aportes de quienes percibieron esta clase de
remuneración teniendo en cuenta el 70%.

La parte demandante, ahora apelante, explicó que los aportes de los trabajadores con
salario integral se calculan sobre la base conformada por el 70% de lo devengado, y
así lo realizó la sociedad. Agregó que «si bien la UGPP sostiene que “recalculó” los aportes
de 49 trabajadores objetados, los ajustes persisten respecto de 10»52, por lo que solicitó
que se declare la improcedencia de los mayores valores determinados en relación con
estos últimos (no los identificó).

Sea lo primero advertir, que les asiste razón al a quo y a la parte actora al señalar que,
las cotizaciones de los trabajadores con salario integral se calculan sobre el 70% de
la remuneración, dado que el 30% restante es el factor prestacional, independiente de
que el IBC resulte inferior a 10 SMMLV, y así lo ha considerado la Sección53 al señalar
que «[d]e la lectura armónica de los artículos 132 del Código Sustantivo del Trabajo
(modificado por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990), 18 de la Ley 100 de 1993, 49 de la Ley
789 de 200254 y 5º de la Ley 792 de 2003, y de lo que ha precisado sobre ese tema la
Jurisprudencia de esta Sección y la Corte Constitucional55, es claro que del 100% de lo que
recibe como remuneración el trabajador que ha pactado con su empleador un salario integral,
el 30% es factor prestacional que no tiene carácter salarial, y sobre el resto, esto es, sobre el
otro 70% se calculará la base de los aportes parafiscales para el Sistema de la Protección
Social».

Sobre la forma de calcular los aportes de las personas que devengaban salario
integral en Protela SA, en la resolución que decidió el recurso de reconsideración, la
UGPP manifestó lo siguiente56:

«En este orden de ideas, el Despacho encuentra que el cálculo de los aportes al Sistema de la
Protección Social (salud, pensión, riesgos laborales, SENA, ICBF y Cajas de Compensación
Familiar) debe hacerse sobre el 70% del salario integral pagado al trabajador. Así pues, se
reconsidera la posición sobre el ingreso base de cotización en salario integral a la que hace

52
Página 39 del recurso de apelación de la parte demandante.
53
Sentencia de 24 de octubre de 2019, Exp. 23599, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, reiterada en sentencias del 19 de
agosto de 2021, Exp. 23856, y del 23 de junio de 2022, Exp. 24961, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
54
Mediante el artículo 49 de la Ley 789 de 2002, se interpretó con autoridad el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, en el entendido
“que la base para efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%)”.
55
Ver sentencia C-988 de 1999, mediante la cual la Corte Constitucional declaró exequibles el numeral 3º del artículo 132 del
Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, y el inciso sexto del artículo 18 de la Ley 100
de 1993.
56
Fl. 108 c.p. 1.

30

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referencia la Subdirección de Determinación de Obligaciones con fundamento en una
interpretación sistemática de las normas, dada la interpretación con autoridad que efectuó el
legislador señalando que los aportes en salarios integrales deben efectuarse sobre el 70% del
valor devengado, lo que impone a este Despacho atender favorablemente el argumento de la
recurrente y recalcular los ajustes de los trabajadores con esta modalidad salarial, sobre la base
estipulada en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el artículo
49 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 18 de la Ley 100 de 1993.

Por lo anteriormente expuesto, el Despacho recalculó la base de cotización de 49 trabajadores,
lo que dio lugar a que se modificaran ajustes según se encuentra descrito en el numeral 6 del
presente acto administrativo y en el archivo Excel adjunto al mismo.

Solamente para 10 empleados los ajustes persistieron al confirmarse cotizaciones por
valor inferior por no tenerse en cuenta la totalidad de los factores que hacen parte de la
base de cotización» [Se destaca].

De manera que, la entidad demandada al resolver el recurso de reconsideración,
evidenció que la forma en la que había determinado el IBC de los trabajadores con
salario integral en la liquidación oficial no correspondía con las previsiones legales en
la materia, por lo que procedió a recalcular los aportes de los trabajadores vinculados
bajo esa modalidad, eliminando los ajustes.

Ahora, del mismo acto se extrae que, la entidad recalculó la base de cotización de 49
trabajadores, y modificó los ajustes liquidados en el acto inicial, no obstante, confirmó
los mayores valores de 10 trabajadores, pero no por aplicación errada de las normas
sobre el IBC de los trabajadores con salario integral, sino porque la sociedad aportante
no tuvo en cuenta la totalidad de factores que integran la base de cuantificación de las
cotizaciones, cuestión no controvertida en sede judicial, razón por la cual, no se
desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados sobre el ajuste
confirmado frente a dichos trabajadores.

Por lo tanto, no prospera el cargo de apelación.

4. Licencias no remuneradas, permisos personales no remunerados y
suspensiones

El tribunal consideró que la demandante pretende que se aplique el inciso segundo
del artículo 71 del Decreto 806 de 1998 que se refiere al tratamiento de los aportes
cuando se presentan las novedades de licencias o permisos no remunerados y
suspensiones en el caso de servidores públicos, además, dicho inciso lo declaró nulo
el Consejo de Estado mediante la sentencia del 22 de septiembre de 2010 (Exp. 1067-
06, C.P. Gerardo Arenas Monsalve).

Agregó que aplica el inciso primero del mencionado artículo, según el cual, en los
casos de licencia no remunerada o suspensión del contrato de trabajo del sector
privado, se realizan los aportes a salud y pensión en la proporción del empleador, y
de manera voluntaria en la del afiliado. Puntualizó que la norma no establece el
tratamiento de las cotizaciones a la ARL, pero como durante esas novedades no se
presta el servicio, no deben pagarse.

La parte actora indicó que la UGPP no tuvo en cuenta que según el artículo 71 del
Decreto 806 de 1998, durante los períodos de licencia no remunerada y permisos
personales no remunerados no se pagan aportes. Advirtió que en el archivo Excel no
31

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se logró identificar los trabajadores que presentaron la inconsistencia y agregó que la
entidad y el a quo no valoraron el certificado del revisor fiscal que acredita las cifras
pagadas con ocasión de las novedades.

Lo referente a las cotizaciones durante la suspensión temporal del contrato de trabajo
está previsto en el artículo 71 del Decreto 806 de 1998, en los siguientes términos:

«Artículo 71. Cotizaciones durante el período de huelga o suspensión temporal del
contrato de trabajo. En los períodos de huelga o suspensión temporal del contrato de trabajo
por alguna de las causales contempladas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo,
no habrá lugar al pago de los aportes por parte del afiliado, pero sí de los correspondientes al
empleador los cuales se efectuarán con base en el último salario base reportado con
anterioridad a la huelga o a la suspensión temporal del contrato.

En el caso de suspensión disciplinada o licencia no remunerada de los servidores públicos no
habrá lugar a pago de aportes a la seguridad social, salvo cuando se levante la suspensión y
haya lugar al pago de salarios por dicho período» [Subraya propia].

Lo primero que se advierte es que los apartes subrayados se declararon nulos por
esta Corporación mediante la sentencia del 22 de septiembre de 201057, de suerte
que, solo se mantiene vigente el inciso primero de la norma, según el cual, en los
períodos de suspensión temporal del contrato de trabajo no hay lugar al pago de los
aportes por parte del trabajador, pero sí del porcentaje que corresponde al empleador
con base en el último salario reportado con anterioridad a la novedad.

Ahora, el artículo 51 del CST enumera las causales de suspensión del contrato de
trabajo, así:

«Artículo 51. Suspensión:

El contrato de trabajo se suspende

[…]

4. Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión
disciplinaria.

[…]».

Teniendo en cuenta lo anterior, no le asiste razón a la parte actora al pretender
sustraerse de la obligación de realizar aportes durante los períodos de suspensión del
contrato de trabajo por licencia o permiso temporal, pues el artículo 71 del Decreto
806 de 1998, contrario a lo afirmando por la parta actora, prevé la obligación de pagar
las cotizaciones en el porcentaje que le corresponde al empleador mientras dure la
novedad.

En cuanto a la prueba, que según la apelante no fue valorada en sede administrativa
ni judicial –certificado del revisor fiscal-, es preciso mencionar que, comoquiera que la
controversia entre las partes está relacionada con la obligación de realizar aportes
durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo (licencia o permiso
temporal), mas no con su cuantía, dicho medio de prueba carece de aptitud para

57
Sentencia del 2 de septiembre de 2010, Exp. 1067-06, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

32

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relevar a la parte actora del cumplimiento de la obligación establecido en el artículo
71 del Decreto 806 de 1998.

En este orden de ideas, no prospera el cargo de apelación.

5. IBC de aportes al sistema de la protección social en el caso de vacaciones
disfrutadas

El numeral 1 del artículo 186 del CST, prevé que «[l]os trabajadores que hubieren
prestado sus servicios durante un año tienen derecho a quince (15) días hábiles constitutivos
de vacaciones remuneradas».

Por su parte, el inciso segundo del artículo 70 del Decreto 806 de 1998, dispone que
«[l]as cotizaciones durante vacaciones y permisos remunerados se causarán en su totalidad
y el pago de los aportes se efectuará sobre el último salario base de cotización reportado con
anterioridad a la fecha en la cual el trabajador hubiere iniciado el disfrute de las respectivas
vacaciones o permisos».

En cuanto a la base de liquidación de los aportes al sistema parafiscal (SENA, ICBF
y CCF), el artículo 17 de la Ley 21 de 1982, establece que «[s]e entiende por nómina
mensual de salarios la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos
integrantes del salario en los términos de la Ley Laboral, cualquiera que sea su denominación
y además, los verificados por descansos remunerados de ley y convencionales o
contractuales».

De lo anterior se concluye que, cuando las vacaciones son disfrutadas por el
trabajador, se deben realizar los pagos a los subsistemas de salud y pensión, para lo
cual debe observarse el IBC anterior al inicio del descanso, y no se hacen aportes a
la ARL ante la ausencia de riesgo asegurable; y en el caso de aportes parafiscales, la
suma pagada por las vacaciones debe incluirse en la base para su cálculo pues dichos
pagos integran la nómina mensual de salarios.

Ahora, la parte apelante sostuvo que es errado entender que durante las vacaciones
las cotizaciones se causen por 30 días. Además, el IBC por los períodos de
vacaciones se tiene que determinar como lo establece el artículo 192 del CST, y no
con el Decreto 806 de 1998, pues es una norma de inferior jerarquía.

Al respecto, como lo consideró la Sección en la sentencia del 30 de junio de 202258,
el mes laboral para efectos fiscales se compone de 30 días, sin perjuicio de que
algunos tengan 28 o 29 días (febrero), o 31 días (enero, marzo, mayo, julio, agosto,
octubre o diciembre).

Al respecto, debe señalarse que si en un período (mes) unos días son laborales y
otros de descanso, los aportes se causaran por la totalidad de días del mes (30),
según la base gravable que corresponda, para los días laborales será lo recibido como
remuneración por el servicio prestado, mientras que, por los días de descanso, se
tendrá en cuenta el IBC del mes anterior al de su inicio, lo que debe constatarse en
cada caso particular, por lo que el argumento, en los términos planteados por la parte
actora no es de recibo.

58
Exp. 24815, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, en la que se reiteró la sentencia de la Sección Segunda de esta Corporación,
expedida el 4 de marzo de 1999, Exp. 12503, C.P. Silvio Escudero Castro.

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Radicado: 25000-23-37-000-2016-01895-01 [26130]
Demandante: PROTELA SA

Advierte la Sala que, en este asunto no aplica el artículo 192 del CST, como lo
pretende la demandante, pues este regula la remuneración del descanso ordinario, lo
que no se puede confundir con la base gravable para este tipo de novedades, en tanto
que la misma está prevista en el artículo 70 del Decreto 806 de 199859, proferido por
el Presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales y legales, en
especial la contenida en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,
literal k) del artículo 1 de la Ley 10 de 1990, los artículos 154, 157 y 159 de la Ley 100
de 1993 y 23 de la Ley 344 de 1996, sin que la Sala evidencie razones para prescindir
de su aplicación, razón suficiente para que no prospere el cargo de apelación.

6. De la sanción por inexactitud

Para la parte actora, no existe conducta sancionable porque en las planillas PILA no
se omitieron ingresos y, por el contrario, es evidente el error de apreciación o la
diferencia de criterios entre la UGPP y la sociedad aportante, razón por la cual, no es
procedente la sanción por inexactitud impuesta en los actos administrativos
demandados.

En los actos enjuiciados, la UGPP impuso la sanción por inexactitud prevista en el
artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 (60% de la diferencia entre el valor a pagar
determinado y el inicialmente declarado), comoquiera que se notificó liquidación oficial
en la que se determinó el valor a pagar a cargo del obligado por concepto de aportes,
y la liquidó en cuantía de $84.054.12060.

Como lo señaló la Sala en la sentencia del 5 de mayo de 202261, «si bien la sanción de
que trata el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 resulta independiente y autónoma de la
establecida en el artículo 647 del Estatuto Tributario, la Sala ha considerado que “Aunque el
artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 no prevé la “diferencia de criterios sobre el derecho
aplicable” como causal eximente de las sanciones previstas en dicha norma, ello no excluye
que sobre estas pueda predicarse el “error sobre el derecho aplicable”, que pueda exonerar
de la sanción al sujeto pasivo. Lo anterior, por cuanto, como lo ha señalado la Sala, ese error
constituye “una figura ínsita en el contenido de las disposiciones punitivas”, como garantía del
debido proceso62”».

Se advierte que, en el presente caso, no se trata de la existencia de un error sobre el
derecho aplicable, pues los ajustes se produjeron por la inobservancia de las normas
que regulan la integración de la base gravable, la naturaleza salarial de algunos
pagos, la aplicación del límite del 40% y la obligación de cotizar durante la suspensión
del contrato de trabajo. Por lo tanto, no prospera el cargo de apelación relacionado
con la sanción por inexactitud. Sin embargo, la misma se deberá disminuir de forma
proporcional a los aportes que en esta providencia se declararon como
improcedentes.

En conclusión, se concuerda con el tribunal en que en este asunto procede la nulidad
parcial de los actos administrativos demandados (ordinal primero), pero es del caso,

59
Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio
público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional.
60
Según la Resolución nro. RDC 302 del 14 de junio de 2016. Fl. 112 vto. c.p. 1.
61
Exp. 25553, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
62
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de Unificación del 9 de diciembre de 2021, exp. 25185, C.P. Milton Chaves
García.

34

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Demandante: PROTELA SA

conforme a lo analizado en esta providencia, modificar el restablecimiento del derecho
(ordinal segundo), en tanto que prosperó de manera parcial el recurso de apelación
presentado por la parte actora. Así las cosas, se le ordenará a la UGPP que en la
liquidación que practique, además de tener en cuenta lo ordenado por el a quo en los
literales a), b) y c) de dicho ordinal, elimine los mayores valores determinados por
inexactitud al incluir en el IBC los aportes voluntarios a pensión (literal d) y disminuya
la sanción por inexactitud de forma proporcional a los aportes (literal e). En lo demás,
se confirmará la sentencia apelada.

De conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso, no se condenará en costas (gastos del proceso y agencias en derecho) en
esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia del 26 de noviembre de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
“A”, el cual queda así:

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho:

a) DECLARAR la firmeza de las declaraciones presentadas por el periodo de enero a
diciembre de 2011.

b) ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP- proceda a la
liquidación de las contribuciones parafiscales del Sistema de la Protección Social a
cargo de PROTELA S.A., únicamente por el periodo de enero a diciembre de 2013.

c) ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- proceda a realizar una
nueva liquidación en la que se valore la fecha de ingreso de los 44 aprendices
(relacionados en el cuadro aprendices), determinando los días efectivamente
laborados y el IBC correspondiente. En razón de la liquidación ordenada, deberá
ajustarse la correspondiente sanción por inexactitud; precisando que si con la
liquidación efectuada se genera un pago en exceso a favor de PROTELA S.A., la
UGPP debe proceder a su devolución en los términos de los artículos 863 y 864 del
Estatuto Tributario.

d) Elimine los mayores valores determinados por inexactitud al incluir en el IBC los
aportes voluntarios a pensión.

e) Disminuya la sanción por inexactitud de forma proporcional a los aportes.

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2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA

36

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