Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00599-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00599-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2017-00599-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
24 de octubre de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00599-01 (28931)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Arroyo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2017-00599-01 (28931)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Arroyo
Demandada: UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP
Temas: Cobro coactivo. Recurso de apelación. Sustentación
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de 21 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió negar las pretensiones de la
demanda y no imponer condena en costas.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
El 06 de octubre de 2006, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar)
profirió sentencia de tutela, en la que tuteló los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y a la pensión de jubilación, a favor del señor Guillermo Gutiérrez
Arroyo, entre otros accionantes. En consecuencia, ordenó a CAJANAL reconocer a su
favor la pensión gracia1. Mediante la Resolución RDP 027196 de 14 de junio de 2013, la
entidad dio cumplimiento a la orden impartida por el juez constitucional2.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (en adelante, UGPP) presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho -lesividad-, en la que solicitó la nulidad del acto por medio del
cual se reconoció la pensión gracia al hoy demandante. El 17 de noviembre de 2021, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C3 profirió
sentencia de primera instancia, por la que se declaró la nulidad del mencionado acto,
porque el señor Guillermo Gutiérrez Arroyo no tiene derecho al reconocimiento y pago de
la pensión gracia al no cumplir los requisitos establecidos en la ley. En esa decisión
ordenó reintegrar las sumas que hubiere devengado por dicho concepto4.
El 10 de septiembre de 2015, la UGPP profirió la Resolución RDP 037043, por medio de
la cual determinó que el señor Guillermo Gutiérrez Arroyo adeuda a favor del Sistema
General de Pensiones la suma de $360.118.417.60, por concepto de mayores mesadas
pensionales recibidas de julio de 2013 a septiembre de 20145. Acto confirmado con la
1
SAMAI Tribunal, índice 20, 7_RECIBEMEMORIALES_GUILLERMOGUTIERREZ(.PDF) NroActua 20, pp. 72 a 108.
2
SAMAI Tribunal, índice 20, 7_RECIBEMEMORIALES_GUILLERMOGUTIERREZ(.PDF) NroActua 20, pp. 180 a 183.
3
Exp. 25000-23-42-000-2014-01364-00. SAMAI Tribunal, índice 2, pp. 529 a 552.
4
SAMAI Tribunal, índice 20, 9_RECIBEMEMORIALES_GUILLERMOGUTIERREZ(.PDF) NroActua 20, pp. 529 a 552.
5
SAMAI CE, índice 2, 7ED_ANEXOS A L_07ANEXOSALADEMANDApd(.pdf) NroActua 2, pp. 4 a 11.
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00599-01 (28931)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Arroyo
Resolución RDP 046629 de 10 de noviembre de 2015, por la cual se resolvió el recurso
de reposición y aclarada con la Resolución RDP 056471 de 31 de diciembre de 2015 -
título ejecutivo-6.
El 21 de abril de 2016, la UGPP expidió la Resolución RCC 7252, mediante la cual libró
mandamiento de pago a favor del Tesoro Nacional y en contra del demandante, por la
suma de $360.118.417.60, por concepto de las mesadas pensionales pagadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, más los intereses
moratorios causados a la tasa certificada de DTF por cada mes de mora -desde su
exigibilidad hasta el pago total-, y las costas procesales en que se incurra para el cobro de la
acreencia7.
Contra el mandamiento de pago el señor Guillermo Gutiérrez Arroyo propuso las
excepciones que denominó: (i) cobro de lo no debido, (ii) inexistencia de la obligación,
(iii) ejercicio arbitrario del derecho, (iv) cosa juzgada, (v) violación al debido proceso
administrativo y judicial, (vi) buena fe y (vii) precedente jurisprudencial vinculante8.
El 30 de junio de 2016, la UGPP expidió la Resolución 7793 -acto demandado-, mediante la
cual rechazó las excepciones interpuestas contra el mandamiento de pago y ordenó
seguir adelante la ejecución9.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes
pretensiones10:
(…)
SEXTO.- Que se declare la nulidad del acto administrativo, contenido en la Resolución No. 7793 de
fecha Junio Treinta (30) del año dos mil dieciséis (2016), por medio del cual se resuelven las
excepciones interpuestas dentro del proceso administrativo de cobro coactivo y ordena seguir
adelante con la ejecución en contra del señor GUILLERMO GUTIÉRREZ ARROYO, NO
cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué -
Bolívar el 6 de Octubre de 2006, sentencia debidamente ejecutoriada que hace tránsito a cosa
juzgada constitucional tanto formal como material, por medio del cual se dio inicio al cobro coactivo
contra el actor, expedido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por medio del cual se revoca el
reconocimiento a la Pensión Gracia del Sr. GUILLERMO GUTIÉRREZ ARROYO; según lo regulado
en la Ley 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975, 91 de 1989, 29 de 1989, 60 de 1993,
715 de 2001, Decreto 5012 de 2009 (compilado del Decreto 1075 de 2015).
SÉPTIMO.- Como consecuencia de la anterior nulidad y a título de restablecimiento del Derecho, se
ordene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social - UGPP, a reconocer y pagar al actor, Sr. GUILLERMO GUTIÉRREZ ARROYO
o a quien represente sus derechos, al reconocimiento, pago e inclusión en nómina de la Pensión
Gracia, en los términos contemplados en la Ley 4 de 1966, incluyendo todos los factores salariales
6
SAMAI CE, índice 2, 7ED_ANEXOS A L_07ANEXOSALADEMANDApd(.pdf) NroActua 2, pp. 12 a 14.
7
SAMAI CE, índice 2, 7ED_ANEXOS A L_07ANEXOSALADEMANDApd(.pdf) NroActua 2, pp. 20 a 22.
8
Así consta en el acto por el que se resolvieron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago.
9
SAMAI CE, índice 2, 7ED_ANEXOS A L_07ANEXOSALADEMANDApd(.pdf) NroActua 2, pp. 24 a 35.
10
En la transcripción no se incluyen las pretensiones primera a quinta, porque mediante auto del 01 de agosto de 2018 el tribunal: (i)
rechazó la demanda respecto de las Resoluciones RDP 22898 de 05 de junio de 2015 -decretó suspensión provisional de la resolución
que dio cumplimiento al fallo de tutela- y RCC 7252 de 21 de abril de 2016, (ii) declaró la falta de competencia de la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para conocer la pretensión de nulidad de las Resoluciones RDP 037043 de 10 de
septiembre de 2015, RDP 46629 de 10 de noviembre de 2015 y RDP 56471 de 31 de diciembre de 2015 y (iii) finalmente, se avocó
el conocimiento respecto de la Resolución RCC 7793 de 30 de junio de 2016, por medio de la cual se resolvieron las excepciones
interpuestas contra el mandamiento de pago. SAMAI Tribunal, índice 3.
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00599-01 (28931)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Arroyo
causados en el año inmediatamente anterior a aquél en que el accionante adquirió el status jurídico
de Pensionado, junto con su respectiva retroactividad, reajuste e indexación, y dicho reajuste se
deberá hacer conforme a lo establecido en dichas disposiciones legales, por lo cual se ordenará el
pago de la retroactividad o valores dejados de percibir por concepto de las mesadas ordinarias y
adicionales, causadas por el reajuste de su pensión de jubilación, de acuerdo con su grado, con la
correspondiente indexación de la primera mesada, de lo contrario implicaría un desmedro o
empobrecimiento para el actor y consecuencialmente un enriquecimiento sin causa para el
organismo oficial, según lo regulado en la Ley 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975,
91 de 1989, 29 de 1989, 60 de 1993, 715 de 2001, Decreto 5012 de 2009 (compilado del Decreto
1075 de 2015).
OCTAVO.- La liquidación de las anteriores condenas, deberá efectuarse mediante sumas líquidas
de moneda de curso legal en Colombia, y las mismas se ajustarán en su valor, tomando como base
el índice de precios al consumidor, conforme a lo dispuesto en el artículo 187, 192, 194 y 195 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.
NOVENO. - Condénese a la demandada a pagar las costas y agencias de derecho del presente
proceso, conforme a lo establecido en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, de
conformidad al fallo de la Corte Constitucional No. C-539-99.
Invocó como normas vulneradas los artículos 58, 83 y 230 de la CP (Constitución
Política); las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975, 33 de 1985, 91
de 1989, 60 de 1993 y 100 de 1993, así como el Acto Legislativo 1 de 2005. También se
refirió a la inobservancia de las sentencias de la Corte Constitucional C-663 de 2007 y
SU-1073 de 12 de diciembre de 2012 y, del Consejo de Estado de 22 de enero de 2015
(exp. 0775-14) y de 02 de junio de 2016 (exp. 2748-14), bajo el siguiente concepto de
violación:
Se desconocieron las normas constitucionales, porque la UGPP negó el reconocimiento
y pago de la pensión gracia, a pesar de cumplirse con lo previsto en los artículos 48 y 53
de la CP y 32 de la Ley 100 de 1993, así como la Ley 33 de 1985 y el Acto Legislativo 1
de 2005. Incluso, esa prestación debía haberse reconocido de oficio, pese a lo cual no
se hizo, en detrimento de la calidad de vida del pensionado, a quien durante muchos años
el reajuste de su pensión estuvo por debajo del costo de vida.
No se tuvieron en cuenta los derechos adquiridos, obviándose que la pensión gracia fue
amparada por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, siendo del
caso aplicar el régimen de transición regulado en la Ley 33 de 1985 y el Acto Legislativo
1 de 2005. Citó al respecto sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 17 de marzo de
1977.
Contestación de la demanda
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda11. Puso de presente que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C conoció de la acción
de lesividad, actuación en la que resolvió: (i) que el señor Guillermo Gutiérrez Arroyo no
tiene derecho a la pensión gracia, (ii) que el demandante no obró de buena fe, por cuanto
conociendo que no tenía derecho a la citada prestación reclamó las mesadas pensionales
pagadas por la UGPP y (iii) que la entidad podía iniciar la acción de cobro, con el fin de
que se le reembolsara el dinero reclamado por dicho concepto. Así, frente a esos
aspectos existe cosa juzgada.
11
SAMAI Tribunal, índice 20.
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Demandante: Guillermo Gutiérrez Arroyo
Propuso las excepciones previas de: cosa juzgada, inepta demanda por falta de
reclamación administrativa e inepta demanda por indebida acumulación de
pretensiones12.
En cuanto al fondo del asunto, manifestó que se incurre en falta de causa e inexistencia
de la obligación a favor del actor, toda vez que este no cumplió los requisitos señalados
en la ley para ser beneficiario de la pensión gracia, al ser su vinculación del orden
nacional, de ahí que con los actos demandados no se haya desconocido el ordenamiento
jurídico. Como se pretende el reconocimiento de un derecho al que no hay lugar -por
concepto de pensión gracia-, lo reclamado en este proceso constituye cobro de lo no debido.
Se ha actuado de buena fe y la falta de reconocimiento de la prestación es a causa de
que el actor no es beneficiario del derecho reclamado.
Sin que implique el reconocimiento de lo alegado por el demandante, en este caso se
debe declarar la prescripción de todos y cada uno de los derechos solicitados, por el
simple transcurso del tiempo. De manera subsidiaria, en el evento que no se acceda a lo
anterior, procede la prescripción de las mesadas causadas, máxime cuando frente a la
«Resolución No. RDP 26431 del 28 de diciembre de 2012» no se interpuso recurso alguno, por lo
que quedó en firme.
En el hipotético caso que se condene a la UGPP, se debe ordenar la compensación de
los dineros pagados al demandante, porque este no tiene derecho a la pensión gracia.
Además de lo anterior, los actos administrativos por los cuales se inició el procedimiento
de determinación -título ejecutivo- y el subsiguiente cobro coactivo están ajustados a
derecho y deben continuar en el ordenamiento jurídico.
Finalmente, solicitó que se declare cualquier excepción que resulte probada.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda y no impuso condena en costas13, por
las siguientes razones:
Se refirió al procedimiento de cobro coactivo y mencionó que en este no se puede debatir
la legalidad de los actos de determinación de la deuda, es decir, el título ejecutivo -sea
simple o complejo-14, frente al cual, se contaba con la potestad de recurrirlo tanto en sede
administrativa como judicial.
El debate de legalidad en el presente caso se centra en el acto que resolvió las
excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, por lo que, no es posible que
se revivan discusiones propias de la conformación del título, al tratarse de un aspecto
propio del proceso declarativo de la obligación, pretensión que en su momento fue
analizada por la Sección Segunda de ese mismo tribunal.
Finalmente, con fundamento en los artículos 365 (nums. 1 y 8) del CGP y 188 del CPACA,
no procede la condena en costas por no existir elementos de prueba que demuestren o
justifiquen las erogaciones por tal concepto.
12
Mediante auto de 27 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A declaró no
probadas las excepciones propuestas. SAMAI Tribunal, índice 28.
13
SAMAI Tribunal, índice 53.
14
Citó las sentencias de 20 de septiembre de 2017 (exp. 21693, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez), de 12 de febrero de 2019 (exp.
22635, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez) y de 20 de noviembre de 2019 (exp. 23814, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).
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Demandante: Guillermo Gutiérrez Arroyo
Recurso de apelación
La parte demandante apeló el fallo de primera instancia15. Se refirió al reconocimiento de
la pensión gracia en cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Magangué, la que hizo tránsito a cosa juzgada, de ahí que
proceda la excepción de falta de título ejecutivo que contenga una obligación a favor de
la UGPP -art. 99 del CPACA-.
Se remitió al numeral 4 del artículo 104 del CPACA -asuntos de competencia de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo- y destacó que el señor Guillermo Gutiérrez Arroyo fue
nombrado por el Ministerio de Educación Nacional, pero no hizo parte de la planta de
personal del nivel central de dicha entidad. Citó la sentencia C-679/11 de la Corte
Constitucional que se refiere a la competencia de las autoridades territoriales para asignar
funciones en materia de educación, en la que se concluyó que, en el ámbito de su
jurisdicción, las autoridades territoriales pueden asignar las funciones administrativas,
académicas o pedagógicas adicionales a funcionarios docentes directivos que ocupan
cargos de supervisores o directores educativos.
Mencionó varios pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado 16 que
le darían la razón frente al derecho reclamado, conforme con los cuales, los dineros
girados a las entidades territoriales provenientes del situado fiscal -hoy Sistema General de
Participaciones- con el propósito de cubrir gastos en educación y otros sectores, pertenecen
a los recursos propios de los entes territoriales, razón por la cual, el carácter del docente
nombrado y pagado con fundamento en dichos recursos posee la naturaleza de territorial
y no nacional.
En todo caso, el señor Guillermo Gutiérrez Arroyo no hizo parte del Ministerio de
Educación Nacional en la planta de personal del nivel central, tampoco integró la nómina
de salarios de esa entidad, esta no le reconoció la pensión de jubilación y no lo ascendió
en los diferentes grados por medio de la oficina de escalafón, menos aún le aceptó la
renuncia por retiro forzoso. Por el contrario, está probado que el empleo ocupado hacía
parte de la planta de personal del departamento de Cundinamarca y del municipio de
Facatativá, con la asignación de funciones propias del cargo y la provisión de los recursos
para el pago de su salario por la labor cumplida en el horario asignado, existiendo
subordinación o dependencia del docente con esos entes -contrato realidad-.
Transcribió los artículos 1, 5 y 6 del Decreto 2277 de 1979 -por el cual se adoptan normas sobre
el ejercicio de la profesión de docente-; 3, 6 y 9 de la Ley 60 de 1993 -por la cual se dictan normas
orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la CP y se
distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 ib. y se dictan otras disposiciones-; 2, 25, 48, 53,
122, 125, 305 (num. 7) y 315 (num. 7) de la CP; 3 y 103 del CPACA; adicionalmente, se
refirió a las Leyes 115 de 1994 -por la cual se expide la ley general de educación- y 715 de 2001
-por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la CP y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros- y, citó las sentencias de la
Corte Constitucional C-335 de 2008, C-614 de 2009 y C-185 de 2019. También destacó
la primacía de la realidad sobre las formas.
Finalmente, se refirió a la función pública y al prevaricato por acción a causa del
desconocimiento de la jurisprudencia sentada por las Altas Cortes.
15
SAMAI Tribunal, índice 56.
16
Sentencias de 02 de junio de 2016 (exp. 2748-14), de 16 de junio de 2016 (exp. 3533-14), de 18 de mayo de 2017 (exp. 3948-14),
de 21 de junio de 2018 (exp. 3805-2014) y de 20 de septiembre de 2018 (exp. 1616-2016).
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Demandante: Guillermo Gutiérrez Arroyo
Pronunciamientos finales
La demandada y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
1- Juzga la Sala la legalidad del acto administrativo acusado -por el que la UGPP rechazó las
excepciones interpuestas contra el mandamiento de pago y ordenó seguir adelante la ejecución-,
atendiendo a los cargos de impugnación planteados por la parte demandante, en calidad
de apelante única, contra la sentencia del tribunal que negó las pretensiones de la
demanda sin imponer condena en costas.
Análisis del caso concreto
2- De la lectura del recurso de apelación, se advierte que el accionante no presentó
reparo alguno contra el fallo del tribunal, y que lo expuesto no está dirigido a desvirtuar
las razones que tuvo en cuenta el a quo para negar las pretensiones de la demanda
contra el acto enjuiciado, proferido en el curso del proceso de cobro coactivo.
Como lo ha señalado la Sala17, de conformidad con el artículo 320 del CGP, el objeto del
recurso de apelación consiste en que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente, respecto de los reparos concretos formulados por el apelante. Dicha norma
es concordante con el artículo 328 ibidem que limita la competencia del juez de segunda
instancia a los reparos planteados por la parte recurrente, cuando solo una de ellas es
quien interpone el recurso de apelación, sin perjuicio de las decisiones que deban
adoptarse de oficio.
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha indicado que la competencia del
fallador de segunda instancia tiene unos límites temporales y de fondo, pues solo puede
estudiar la decisión que fue objeto de apelación.
De esa manera, la Sección ha precisado que «la carga de sustentación del recurso de apelación
exige la manifestación concreta de los cuestionamientos que desvirtuarían los análisis de la providencia»18;
por ende, «la competencia del juez de segunda instancia se restringe a los aspectos formulados en la
apelación; pero los cargos de apelación deben ser consonantes con lo decidido y razonado por el a quo» .
Lo anterior en la medida en que «la presunción de legalidad que se pretende debatir en el marco de
la segunda instancia debe ser objeto de discusión acorde con lo planteado en la demanda y lo decidido en
primera instancia»19.
En conclusión, el requisito de sustentación del recurso de apelación exige que el
interesado manifieste de manera clara y concreta las inconformidades frente a la decisión
recurrida. No se trata de revivir la totalidad del debate, sino que debe existir coherencia
entre lo resuelto en primera instancia y el recurso de alzada, esto es, la sustentación debe
17
Entre otras, las sentencias de 19 de agosto de 2021 (exp. 25256, CP: Milton Chaves García), de 09 de septiembre de 2021 (exp.
25008, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello), de 23 de noviembre de 2023 (exp. 27020, CP: Wilson Ramos Girón), de 07 de mayo
de 2020 (exp. 22498, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), de 24 de agosto de 2023 (exp. 27088, CP: Stella Jeannette Carvajal
Basto) y de 20 de septiembre de 2024 (exp. 28733, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
18
Sentencias de 24 de octubre de 2019 (exp. 22758, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez) y de 07 de mayo de 2020 (exp. 21732,
CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).
19
Sentencia de 29 de abril de 2020 (exp. 24222, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).
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Demandante: Guillermo Gutiérrez Arroyo
referirse necesariamente a los fundamentos de la providencia impugnada20, para que el
superior revoque o reforme la decisión.
En el presente caso, el a quo determinó que en este asunto se analiza «la legalidad del acto
administrativo proferido durante el proceso de cobro coactivo donde no es posible discutir aspectos que
conciernen a la legalidad del título ejecutivo, por ser una cuestión propia del proceso declarativo de la
obligación, etapa en la cual el interesado puede interponer los recursos administrativos correspondientes
y, posteriormente, si es del caso, acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para definir la legalidad de los actos ejecutoriados
que constituyen título ejecutivo. Así no es procedente que el juez encargado del control de legalidad de los
actos expedidos dentro del proceso de cobro coactivo extienda su análisis a cuestionamientos relacionados
con la eficacia de los actos administrativos que determinaron la obligación».
Por lo expuesto el tribunal concluyó que el demandante no formuló ni desarrolló cargos
concretos contra la Resolución RCC 7793 de 30 de junio de 2016 -acto demandado-, por
medio de la cual se resolvieron las excepciones interpuestas contra el mandamiento de
pago, por lo que, al no desvirtuarse la presunción de legalidad del citado acto
administrativo, se negaron las pretensiones de la demanda.
Siendo este el fundamento de la decisión del tribunal, en el recurso de apelación el señor
Guillermo Gutiérrez Arroyo no propuso oposición frente al mismo, por lo que no le es
posible al superior abordar su estudio, pues de hacerlo se desatendería el objeto del
recurso de apelación, que no es otro que se examine la cuestión decidida en relación con
los reparos concretos formulados por el apelante (art. 320 CGP), siendo estos los que
delimitan la competencia del ad quem (art. 328 ibidem).
Y si bien, en el recurso de apelación se aludió a la falta de título ejecutivo, excepción que
no fue propuesta contra el mandamiento de pago, es claro que ese argumento se
fundamenta en el reconocimiento de la pensión gracia mediante la Resolución RDP
027196 de 14 de junio de 2013, acto expedido en cumplimiento de la sentencia de tutela
proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, el que como puso de
presente la UGPP en su intervención, fue anulado por esta jurisdicción en primera
instancia mediante sentencia de 17 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, la que en la
actualidad se encuentra en trámite en segunda instancia ante esta corporación21.
Actuación que no se puede confundir con aquella en la que se profirió el título ejecutivo -
Resolución RDP 037043 de 10 de septiembre de 2015, confirmada con la Resolución RDP 046629 de 10
de noviembre de 2015 y aclarada con la Resolución RDP 056471 de 31 de diciembre de 2015- que sirvió
de fundamento para que se expidiera el mandamiento de pago con el que se inició el
proceso de cobro coactivo22. Actos que se presumen legales y frente a los cuales no se
ha informado que hayan sido anulados o suspendidos por esta jurisdicción; por el
contrario, en el mandamiento consta que quedaron ejecutoriados «a partir del 19 de enero de
2016».
Con todo, si bien en el recurso de apelación se mencionó que el desconocimiento de la
jurisprudencia de las Altas Cortes respecto al reconocimiento de la pensión gracia puede
conducir a que se incurra en prevaricato por acción, es del caso precisar que este proceso
no es el escenario para analizar la procedencia de esa prestación. Destacándose que el
20
Sentencia de 29 de febrero de 2024 (exp. 27159, CP: Wilson Ramos Girón).
21
Exp. 25000-23-42-000-2014-01364-03.
22
En los fundamentos de ese acto consta que se «verifica el cobro de mayores mesadas pensionales, por efecto del fallo proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A de fecha 13 de marzo de 2008, dentro del proceso
de acción de nulidad y restablecimiento del derecho Rad. No. 2005-8072, dentro del cual se determinó que al interesado no le asiste
el derecho a la pensión gracia que reclama y que es posterior al fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Magangué – Bolívar el 6 de octubre de 2006».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00599-01 (28931)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Arroyo
asunto sometido a consideración -legalidad del acto que decidió las excepciones- se resolvió con
fundamento en el derecho que lo rige y atendiendo la jurisprudencia pacífica y reiterada
de esta corporación, conforme con la cual, en aquellos casos en los que se discute la
legalidad de un acto expedido en el trámite de cobro coactivo, no es posible plantear
cargos de nulidad que debieron proponerse en la actuación administrativa y en instancia
judicial contra los actos que conforman el título ejecutivo, porque se trata de dos procesos
que «pueden tener relación, pero apuntan a propósitos diferentes»23, por la clara diferencia que
existe entre los actos que determinan la obligación con aquellos mediante los cuales se
pretende efectuar su cobro24.
Conclusión
3- Por lo razonado en precedencia, se establece que la parte actora no propuso reparos
concretos frente a la decisión adoptada por el a quo, insistiéndose que, en casos como
el presente, en el que se discute la legalidad de un acto expedido en el trámite de cobro
coactivo, no es posible plantear cargos de nulidad que debieron proponerse en la
actuación administrativa y en instancia judicial contra los actos que conforman el título
ejecutivo objeto de cobro.
En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.
Costas
4- Acorde con el criterio de la Sección, por no estar probadas en el expediente, no se
condenará en costas en esta instancia, conforme con el artículo 365.8 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Sin condena en costas en segunda instancia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Este documento fue firmado electrónicamente. La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
23
Sentencia de 09 de agosto de 2018 (exp. 21560, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
24
Cfr. la sentencia de 25 de mayo de 2023 (exp. 27319, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
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