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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01364-03

Fecha
29 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01364-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO.- INAPLICAR por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra Guillermo Gutiérrez Arroyo. Se modifica el numeral segundo en el sentido de NEGAR la pretensión de devolución de las sumas devengadas por concepto de la pensión gracia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. – Sin condena en costas en la segunda instancia. CUARTO. – En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-01364-03

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

29 de noviembre de 2024

Radicación: 25000-23-42-000-2014-01364-03 (2863-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo Gutiérrez Arroyo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2014-01364-03 (2863-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Guillermo Gutiérrez Arroyo

Tema: pensión gracia. Subtema 1. Lesividad. Subtema 2. Docente nacional.
Subtema 3. Devolución de dineros. Subtema 4. Excepción de inconstitucionalidad la
expresión «[…] y que estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 17 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) solicita la nulidad de la resolución que le reconoció la
pensión gracia a Guillermo Gutiérrez Arroyo, en cumplimiento de un fallo de tutela
proferido por el juez segundo Civil de Magangué, quien fue condenado penalmente
por cometer el delito de prevaricato.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda1

1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderado, presentó
demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
en contra del señor Guillermo Gutiérrez Arroyo, de acuerdo con las pretensiones,
hechos y fundamentos de derecho que a continuación se señalan:

1 Folios 147 a 167 del expediente físico.

2 3 de abril de 2014.

1

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www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2014-01364-03 (2863-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo Gutiérrez Arroyo

2.1.1. Pretensiones

2. La entidad demandante solicitó la nulidad de la Resolución RDP 27196 del 14
de junio de 2013 que reconoció una pensión gracia al accionado, para cumplir un fallo
de tutela proferido por el Juzgado Segundo Civil de Magangué (Bolívar).

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene al señor
Guillermo Gutiérrez Arroyo a devolver todas las sumas de dinero pagadas por
concepto de las mesadas pensionales.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los supuestos fácticos de la demanda, así:

5. El 21 de febrero de 2002, el señor Guillermo Gutiérrez Arroyo solicitó a CAJANAL
el reconocimiento de una pensión gracia y presentó las certificaciones de los tiempos
de servicios del 19 de abril de 1980 al 6 de septiembre de 1999. Mediante la Resolución
18256 del 12 de julio de 2002 CAJANAL negó lo pedido porque los tiempos laborados
por el educador fueron en el orden nacional. La Resolución 2070 del 19 de abril de
2005 confirmó la decisión de negar el reconocimiento de la pensión gracia, toda vez
que los certificados de tiempos de servicios indicaban que los nombramientos
provenían del orden nacional.

6. Inconforme con esta decisión, el docente interpuso una acción de tutela contra
CAJANAL, que fue decidida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué
(Bolívar). Este juzgado en sentencia del 6 de octubre de 2006 ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia al señor Guillermo Gutiérrez Arango, junto
con otros 200 accionantes, pese a que no acreditaban los requisitos legales, dado que
era improcedente computar los tiempos laborados como docente nacional.

7. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), cumplió forzadamente el fallo de tutela y
procedió a reconocer la pensión gracia al accionado, pese a que no acreditó los
requisitos legales.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

8. En la demanda se citan como normas vulneradas las siguientes:

De la Constitución Política, los artículos 25, 128 y 230.
La Ley 114 de 1913.
La Ley 116 de 1928.
La Ley 37 de 1937.
De la Ley 91 de 1989, el numeral 2 del artículo 15.

9. Al explicar el concepto de violación la entidad accionante expuso los siguientes
argumentos:

10. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social cumplió la sentencia de tutela, expedida por el

2

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Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo Gutiérrez Arroyo

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, y mediante la Resolución RDP
27196 del 14 de junio de 2013 reconoció la pensión gracia al demandado, quien laboró
parte de su vida en una institución nacional, aunque la normativa que regula la pensión
gracia exige que los servicios como docente deben prestarse como maestro territorial
o nacionalizado. Por consiguiente, el acto cuya nulidad se pidió desconoció la Ley 114
de 1913 y las normas complementarias.

11. Igualmente, la resolución acusada pasó por alto que la Ley 91 de 1989, en el
artículo 1°, definió que el personal nacional son los docentes vinculados por
nombramiento del Gobierno nacional, y que el reconocimiento de la pensión gracia
está condicionado a que el educador no recibiera otra recompensa de la nación, como
lo dispone el numeral 3° del artículo 4 de la Ley 114 de 1913.

12. El acto administrativo, mediante el cual se cumplió la orden de tutela, es
demandable a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
comoquiera que el juez de lo contencioso – administrativo es la autoridad natural y
competente, en tanto, la acción de tutela no desplaza las vías judiciales ordinarias
establecidas en el ordenamiento jurídico ni es procedente para reconocer derechos
pensionales.

2.1.4. Contestación de la demanda3

13. El señor Guillermo Gutiérrez Arroyo, a través de apoderado, se opuso a las
pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

14. En el presente caso no hay lugar a reabrir el debate probatorio, toda vez que el
fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué quedó
en firme. Agregó que se configuró la figura de la cosa juzgada, toda vez que la
Resolución RDP 27196 del 14 de junio de 2013 constituye un acto de ejecución de una
orden judicial, en consecuencia, no es controlable ante la jurisdicción. Además, dicha
decisión en su momento no fue impugnada y solo ocho años después, la entidad
solicitó la nulidad del referido acto administrativo.

15. En cuanto al fondo del asunto, indicó que como el demandado se posesionó
antes del 30 de diciembre de 1980, de conformidad con la Ley 91 de 1989, se trataba
de un docente nacionalizado, y, por tanto, tenía derecho al reconocimiento de la
pensión gracia.

16. Acorde con el marco normativo integrado por las Leyes 116 de 1928 y 37 de
1933, concluyó que la pensión gracia se extendió a los docentes con tiempos
nacionales, al afirmar que «si la instrucción normalista y la inspectoría eran servicio
nacional, debe por lógica inferencia concluirse que el legislador de 1928, quiso hacer
partícipe de la pensión gracia a educadores que dependían de la nación».

17. Se opuso a que el demandado deba pagar todas las mesadas recibidas por
concepto de la pensión gracia, en razón a que «siempre ha actuado de buena fe y de
conformidad con el literal c) del artículo 164 del CPACA ‘no habrá lugar a recuperar
las prestaciones pagadas a particulares de buena fe', y el debate sobre el derecho que
le asiste al demandado a la pensión gracia, ya fue surtido en sede constitucional».
3
Folios 179 a 292 del cuaderno principal, expediente físico.
3

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Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo Gutiérrez Arroyo

18. Propuso las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda, cosa juzgada,
falta de jurisdicción y competencia, cobro de lo no debido y buena fe.

2.3. Sentencia de primera instancia4

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de sentencia de 17 de
noviembre de 2021, declaró la nulidad de la Resolución RDP 027196 del 14 de junio
de 2013, e indicó que el demandado no tenía derecho al reconocimiento de la pensión
gracia. A título de restablecimiento del derecho le ordenó que debía reintegrar a favor
de la UGPP las sumas que hubiere devengado por concepto de la pensión gracia,
debidamente indexadas. No se condenó en costas. Como fundamento de la decisión,
el Tribunal expuso los siguientes razonamientos:

20. La pensión gracia solo puede ser reconocida a los docentes departamentales,
distritales, municipales y nacionalizados, siempre que hayan sido vinculados al servicio
oficial antes del 31 de diciembre de 1980, y demuestren 20 años de servicios.
Asimismo, el educador debe demostrar la edad de 50 años y que se desempeñó con
honradez. Señaló que la normativa que regula la pensión gracia protegía a los
docentes territoriales, por ello, se excluyó de este beneficio a los maestros nacionales.

21. En el caso concreto, explicó que el señor Guillermo Gutiérrez Arroyo prestó sus
servicios al departamento de Cundinamarca, como docente nombrado en propiedad,
desde el 24 de marzo de 1980; el 21 de enero de 1994 fue trasladado al colegio
nacional Emilio Cifuentes del municipio de Facatativá, por consiguiente, sumó un
tiempo total de servicios de 21 años y 5 meses, como docente nacional.

22. El demandado acudió a la acción de tutela para obtener el reconocimiento de la
pensión gracia; amparo al que accedió el Juzgado Segundo Civil de Magangué,
mediante sentencia del 6 de octubre de 2006. A su vez, la UGPP, a través de la
Resolución RDP 02796 del 14 de junio de 2013, cumplió la orden judicial. Sin embargo,
posteriormente, el juez que dictó la sentencia de tutela fue condenado penalmente por
el delito de prevaricato y se dejaron sin efectos el fallo de tutela del 6 de octubre de
2006 (radicado 1994-2006), junto con «las resoluciones que se hayan expedido a
consecuencia de los fallos de tutelas opuestos a la ley»5.

23. El Tribunal precisó que el demandado nació el 3 de septiembre de 1948 y
cumplió la edad de 50 años el 3 de septiembre de 1998. En lo relacionado con los
tiempos de servicios, se estableció que el educador ingresó desde 24 de marzo de
1980, con vinculación nacional, como lo certificó la Secretaría de Educación de
Cundinamarca. Agregó que laboró durante más de 20 años en instituciones educativas
del orden nacional, entre ellas, el Colegio Nacional Emilio Cifuentes; por tanto, no
cumplía con los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia.

24. Acorde con la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 21 de julio de
6
2018 , el Tribunal resaltó que lo esencialmente relevante frente al reconocimiento de
la pensión gracia es que la plaza docente haya sido territorial o nacionalizada; por el
4
Folios 635 a 657 del expediente físico.
5
La condena fue proferida por el Tribunal Superior de Cartagena y confirmada por la Corte Suprema de Justicia.
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de julio de 2018, proceso con radicado
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
4

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Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo Gutiérrez Arroyo

contrario, en el presente asunto, el maestro únicamente prestó sus servicios en
instituciones educativas nacionales.

25. En cuanto al restablecimiento del derecho, el Tribunal accedió a ordenarle al
demandado que devolviera las sumas pagadas por el reconocimiento pensional, en
tanto, consideró que el docente no actuó de buena fe, «pues tenía conocimiento de
que su vinculación era de orden nacional y no territorial, situación que no lo hacía
beneficiario de la pensión gracia». Pese a ello, acudió en tutela ante un juzgado
diferente al de su lugar de residencia, lo que evidencia una conducta contraria a la
buena fe.

26. No se condenó en costas a la parte vencida, teniendo en cuenta que no se
acreditó su causación ni incurrió en una actuación temeraria.

2.4. Recurso de apelación

2.4.1. Parte demandada7

27. El señor Guillermo Gutiérrez Arroyo, a través de apoderado, solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia, así:

28. El fallo apelado desconoció los preceptos constitucionales y precedentes
jurisprudenciales, los cuales «no enuncian que el nombramiento otorga la vinculación
laboral del servidor público». Agregó que «se debe aplicar el denominado contrato
realidad, [en el que] se debe presentar una subordinación o dependencia, un horario y
un salario como retribución». Reprochó que la providencia no se pronunció sobre la
fuerza de cosa juzgada del fallo del 6 de octubre de 2006, proferido por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Magangué.

29. Indicó que los certificados de tiempos de servicios y salarios, expedidos por las
Secretarías de Educación del departamento de Cundinamarca y el municipio de
Facatativá «carecen de veracidad, son falsos, atendiendo que estos certifican que se
presenta una vinculación laboral, nacional, por el nombramiento que realizó la Nación
– Ministerio de Educación Nacional o por haber laborado en planteles nacionales».
Adicionó que los certificados junto con el Formato Único para la Expedición de Historia
Laboral «no son pruebas claras, conducentes y concluyentes que demuestren el
vínculo laboral del demandado». También resaltó que las citadas secretarías de
educación usurparon la función y competencia del Ministerio de Educación Nacional
porque certificaron que el servidor público tenía una vinculación nacional.

30. La providencia impugnada desconoció la normativa que regula la pensión
gracia, comoquiera que «el señor Guillermo Gutiérrez Arroyo perteneció a la planta de
personal del departamento de Cundinamarca y a la planta de personal del municipio
de Facatativá, hasta el retiro definitivo, [por tanto] se trata de un servidor público que
presentó vinculación laboral con el ente territorial». Como prueba de lo dicho, invocó
que el Decreto 3395 del 22 de diciembre de 1997, dictado por el gobernador del
departamento de Cundinamarca, indicó que incorporó el personal docente del
municipio de Facatativá al referido departamento.

7
Folios 690 a 717 del cuaderno principal 2.
5

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31. De igual manera, destacó que el docente estaba registrado en la nómina del
departamento de Cundinamarca y del municipio de Facatativá, entidades territoriales
con las que mantenía una relación de subordinación, ya que cumplía con un horario
establecido. Por lo tanto, concluyó que existía un contrato realidad. En este contexto,
subrayó que no había una relación laboral con el Ministerio de Educación Nacional.

32. En consecuencia, el recurrente solicitó que se revoque el fallo apelado, toda vez
que el docente «es discriminado o marginado al ser denominado servidor público,
docente nacional, de manera caprichosa [pese a] realizar la misma labor que un
docente directivo denominado departamental, municipal o distrital».

2.4.2. Trámite procesal

33. En el escrito del recurso de apelación, el demandado pidió la práctica de
pruebas que, en síntesis, consistían en que se oficiara a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional, a la Secretaría de Educación del departamento de
Cundinamarca, y a la Secretaría de Educación del municipio de Facatativá para que
certificaran si el docente Guillermo Gutiérrez Arroyo: formó parte de sus plantas de
personal y nóminas; recibió salarios y prestaciones sociales, incluidos descuentos para
salud y pensión; estuvo sujeto a subordinación, dependencia, y cumplimiento de
horario; fue retirado formalmente de las respectivas plantas de personal; y, tuvo un
reconocimiento de salarios en el marco de un contrato realidad8.

34. Mediante auto del 15 de septiembre de 2022 se negaron las pruebas pedidas
por no cumplirse con los requisitos del artículo 212 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y se admitió el recurso de apelación
presentado por el apoderado de la parte demandada. Por consiguiente, se prescindió
del traslado para alegar de conclusión, en aplicación del numeral 5° del artículo 67 de
la Ley 2080 de 20219.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

35. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión previa

36. Con ocasión de la expedición de la Ley 2080 de 2021 el legislador adoptó un
nuevo esquema en materia de resolución de las excepciones genuinamente previas y
las de naturaleza perentoria. En punto de la caducidad, como excepción perentoria,
existen dos momentos en los cuales se prevé su estudio y resolución, a saber: i) en
cualquier estado del proceso, a través de sentencia anticipada, siempre que el
juzgador la encuentre probada (artículos 175, inciso 4, parágrafo 2, y 182A, numeral

8
Folios 690 a 717 del cuaderno principal 2, expediente físico.
9
Folio 762 del cuaderno principal 2, expediente físico.
6

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3 del CPACA10); y ii) en la sentencia de fondo (artículo 187 del CPACA11), oportunidad
esta última en la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que encuentre probada12.

37. Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la Ley
2381 de 2024 se introdujo una importante modificación, por la cual se establece un
término de caducidad, frente a las demandas que la administración formula contra sus
propios actos de reconocimiento pensional.

38. Bajo estos supuestos, y teniendo en cuenta que en este asunto no hay lugar a
emitir una sentencia anticipada para declarar probada la caducidad, toda vez que dicho
término no resulta aplicable al caso concreto, como se explicará más adelante, le
corresponde a la Sala en este momento procesal pronunciarse frente a este tópico. Lo
anterior, si se tiene en cuenta que al encontrase el proceso al despacho para dictar
sentencia es procedente, en los términos de los artículos 187 y 207 del CPACA,
resolver cualquier excepción propuesta y de las que el juez eventualmente encuentre
probadas, entre ellas, la caducidad del medio de control y, adicionalmente, ejercer el
control de legalidad y saneamiento del proceso.

39. Precisado lo anterior, y como se anunció en líneas anteriores, el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció un término de caducidad de 5 años
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas», contado a partir del reconocimiento de la referida prestación.
Así se observa en el texto del citado artículo 86 ibidem:

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES
ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE
LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y
contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o
con ocurrencia de algún delito a las pensiones reconocidas sobre las cuales
se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas

10
«ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: […].
3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la
transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].»
11
«ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. […].
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]».
12
Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021. Rad. 05001-23-33-000-
2019-02462-01 (2648-2021). MP William Hernández Gómez, en el cual se precisó que: « Al respecto, se tiene que
el inciso 4.º del parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró
que las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la
causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos
en el numeral tercero del artículo 182A, y este determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado
del proceso, cuando el juzgador advierta demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem
señaló que en la sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada.
En ese orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones perentorias nominadas, no
pueden decidirse mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia judicial, sino que solo se
declararán fundadas por medio de sentencia anticipada, acorde con los lineamientos precisados en el numeral
tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando todavía no se encuentren probadas o
demostradas, el juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia ordinaria que defina de fondo las
pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA.» [Destacado fuera del texto].
7

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Demandado: Guillermo Gutiérrez Arroyo

después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso,
se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los procesos
con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser
susceptibles del recurso extraordinario de revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.» [Destacado fuera
del texto].
40. Visto lo anterior, se tiene que en el caso concreto la UGPP solicita la nulidad de
la Resolución RDP 27196 del 14 de junio de 2013, por medio de la cual se reconoció
al demandado una pensión gracia hace más de 11 años, por lo que es necesario
establecer si hay lugar a la aplicación del nuevo término de caducidad, sin perder de
vista las reglas previstas en el ordenamiento jurídico, en materia de tránsito legislativo,
tratándose de leyes que regulan la sustanciación y las ritualidades propias de los
juicios.

41. En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto establece un término
de caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y
contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas» se considera de
aquellas normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y
ritualidades propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación en el tránsito
legislativo anunciado es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153
de 188713.

42. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el
referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.

43. En tal sentido, si bien, por regla general las normas procesales se consideran
de orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no
pasó por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica estableciendo una serie de excepciones que hacen posible, aun
frente a cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la
sustanciación y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son
interpuestos los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a
contabilizarse términos como el establecido para la caducidad de los medios de
control.

44. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que
inspiraron la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el

13
«Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.» [Destacado fuera del texto].
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siglo XIX, siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en
los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 8314. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley
153 de 1887 en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario,
las reglas previstas en esta ley siguen siendo una importante herramienta que
contribuye a la interpretación y aplicación de las distintas disposiciones que integran
el ordenamiento jurídico vigente.

45. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en
materia de caducidad prevista en el texto original del literal c, del artículo 164 del
CPACA, dado que, al momento de su formulación, 9 de abril de 2014, era la disposición
que en materia de oportunidad para presentar la demanda se encontraba vigente y en
la cual, vale la pena precisar, no se tenía previsto término de caducidad alguno.

46. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.

47. En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar
sus propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar
provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre
con el presente medio de control, en el que la titular del derecho prestacional
cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y
contradicción durante el trámite procesal impartido.

48. Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en
sentencia C-1049 de 200415, ya había señalado que «exceptuar una determinada
acción del régimen general de la caducidad no vulnera por si sola los deberes estatales
de protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».

49. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones
administrativas, a través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin
embargo, dicho propósito no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la
fecha de entrada en vigencia de la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados
mediante acciones judiciales formuladas bajo reglas procesales desprovistas de
caducidad. En tal sentido, corresponde al juez de lo contencioso - administrativo
determinar la aplicación de este término en atención a las particularidades de cada
caso.

50. En estos términos, la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 se considera incompatible con los artículos 29 y

14
«La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado
que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos
1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
15
En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista
en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
9

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229 de la CP y los principios constitucionales de confianza legítima y seguridad
jurídica16, motivo por el cual, la Sala con fundamento en el artículo 4 de la Constitución
Política17 dispondrá su inaplicación por inconstitucionalidad. En consecuencia, para el
caso concreto, no resulta aplicable el término de caducidad establecido en el artículo
86 ibidem, por lo que se procederá con el estudio del recurso de apelación formulado
por la parte demandada contra la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2021 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3.3. Problema jurídico

51. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra el fallo de primera instancia
que accedió a las pretensiones de la demanda, si:

¿La prestación de servicios del docente en la planta de personal del departamento de
Cundinamarca y el municipio de Facatativá, le otorgan al maestro la calidad de
territorial, y por ello, tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia?

¿Procede acudir a la aplicación de la figura del contrato realidad, en virtud de la cual,
el demandado tendría la calidad de docente territorial, con derecho a la pensión
gracia?

¿La normativa y jurisprudencia que regulan la pensión gracia discrimina al docente
nacional, pese a que realiza la misma actividad de los educadores departamentales o
municipales?

¿La decisión del Tribunal desconoce la fuerza de cosa juzgada del fallo de tutela
dictado por el Juez Segundo Civil de Magangué?

¿El demandado debe ser condenado a devolver las sumas que le fueron pagadas por
concepto de la pensión gracia?

3.3.1. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1.1. La pensión gracia

52. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114
de 1913, para compensar a los maestros de las escuelas primarias oficiales que
hubieran servido en el magisterio por al menos 20 años.

53. La Ley 116 de 1928 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción
Pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,

16
En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4º C.P. implica que en todo caso
debe preferirse la vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una
norma jurídica de inferior jerarquía. Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha
compatibilidad no solo se predica de las previsiones constitucionales comprendidas como reglas, sino también de
los principios, valores y postulados de moralidad política que dan sentido a la Carta Política».
17
«ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».
10

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para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la
inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

54. Posteriormente, la Ley 37 de 1933 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

55. Por su parte, la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

56. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199718,
en los siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…) También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…).siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.

57. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21
de junio de 201819, señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es
de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la
pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,

18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,
Consejero ponente, Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
11

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entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.

58. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.4. Hechos probados

59. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

• Edad

60. Para efectos del reconocimiento del derecho pensional reclamado se requiere
en haber cumplido 50 años de edad. En el caso concreto, el señor Guillermo Gutiérrez
Arroyo nació el 3 de septiembre de 1948, como consta en la cédula de ciudadanía20.
En consecuencia, acreditó la edad de 50 años el 3 de septiembre de 1998.

• Tiempo de servicios

61. La Secretaría de Educación de Cundinamarca, mediante certificado del 16 de
octubre de 2001, informó que el señor Guillermo Gutiérrez Arroyo fue docente nacional
nombrado mediante la Resolución 03867 del 24 de marzo de 1980 y acreditó un tiempo
total de 21 años y 6 meses21.

62. El rector del Colegio Nacional Emilio Cifuentes de Facatativá (Cundinamarca),
certificó el 6 de septiembre de 1999, que el demandado laboraba como docente de
ciencias sociales desde el 21 de enero de 199422.

63. La rectora de la Institución Educativa Departamental Emilio Cifuentes certificó
el 4 de marzo de 2004, que el accionado «se encuentra trabajando en esta institución
desde el 21 de enero de 1994, según Resolución 000263 de enero 21 de 1994». En
documento del 17 de febrero de 2020, aportado al proceso, la rectora de la referida
institución educativa informó que23:

1. El Colegio nacional fue creado como un ente nacional, su nómina de maestros y
administrativos era pagada en la misma institución con transferencias del Ministerio de
Educación Nacional.

2. Que los correspondientes pagos se hicieron hasta el 28 de febrero de 1996, los
descuentos de seguridad social eran girados a CAJANAL.

20
Folio 31 del cuaderno 1, expediente físico.
21
Folio 32 del cuaderno 1, expediente físico.
22
Folio 36 del cuaderno 1, expediente físico.
23
Folio 541 del cuaderno 1, expediente físico.

12

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3. A partir del primero de marzo de 1996, las nóminas, pagos y descuentos de
seguridad social fueron asumidos por la Secretaría de Educación de Cundinamarca –
Fondo Educativo Regional -FER.

4. Que a partir del 6 de agosto de 2009, el municipio de Facatativá fue certificado en
educación y los correspondientes pagos se hacen a través del sistema general de
participaciones.

• Actuación administrativa y fallo de tutela que ordenó el reconocimiento de la
pensión gracia

64. La Caja Nacional de Previsión Social, a través de la Resolución 18256 del 12
de julio 2000, le negó al señor Guillermo Gutiérrez Arroyo el reconocimiento de la
pensión gracia con fundamento en que no era admisible computar tiempos de servicios
prestados al Ministerio de Educación Nacional, en la Escuela Hogar Nacional de
Villeta, Instituto Agrícola de Pacho y el Colegio Nacional Emilio Cifuentes de
Facatativá24. Posteriormente, mediante la Resolución 56854 del 19 de noviembre de
2008, CAJANAL negó nuevamente el reconocimiento pensional al afirmar que el
interesado fue nombrado docente nacional durante 21 años y seis meses25.

65. El Juzgado Segundo Civil de Magangué (Bolívar), en la sentencia del 6 de
octubre de 2006, tuteló el derecho fundamental al debido proceso y ordenó el
reconocimiento de la pensión gracia al demandado. Como fundamento de la decisión
consideró que los docentes nacionales sí tienen derecho a dicha prestación, con
ocasión del derecho a la igualdad, y dado que la Ley 91 de 1989, en el literal a) del
artículo 15, prevé que la pensión gracia es compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar a cargo de la nación, así26:

[…] este despacho puede afirmar que la pensión gracia es compatible con otra pensión
nacional y que, contrario a lo sostenido por la accionada, la Ley 114 de 1913 si sufrió
modificaciones, como sin duda se desprende de la lectura atenta de la Ley 91 de 1989,
artículo 15, literal a), al preceptuar que la pensión gracia «será compatible con la
pensión ordinaria jubilación aún en el evento de estar a cargo total o parcial de la
nación» […] luego las argumentaciones sobre la incompatibilidad expuestas pierden
así su razón de ser.

[…]

En consecuencia, y en la aplicación del principio de igualdad consagrado en al artículo
13 superior, merecen un tratamiento igualitario los dos grupos de docentes (nacionales
y nacionalizados) y se entiende que ambos grupos deben recibir igual tratamiento si
cumplen con «la totalidad de los requisitos sin determinar ninguna diferenciación por el
tipo de vínculo, (nacional o nacionalizado)».

• Reconocimiento pensional

66. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, a través de la Resolución DRP 027196 del 14 de
24
Folios 37 a 39 del cuaderno 1, expediente físico.
25 Folios 112 a 116 del cuaderno 1, expediente físico.
26
Folios 80 a 98 del cuaderno 1, expediente físico.
13

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junio de 2013, le reconoció una pensión gracia al demandado, para cumplir el fallo de
tutela dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué27.

• Condena penal

67. El Tribunal Superior del Distrito de Cartagena, Sala Penal, en fallo del 7 de
octubre de 2015, condenó al ciudadano Arnedys José Pallares Pérez como autor
responsable del delito de prevaricato por acción, dejó sin efectos la sentencia de tutela
con radicado 194-2006, dictada el 6 de octubre de 2006 proferida por el procesado,
así como las resoluciones expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social o la
UGPP que se hayan expedido como consecuencia del fallo de tutela opuesto a la ley28.
Como fundamento de la decisión expresó que:

Con este arsenal de leyes y jurisprudencia puestos de presente al juez Arnedys Pallares,
y ubicándonos en el contexto histórico de los fallos de tutela año 2006, en el que había
más de una sentencia en la Corte Constitucional y Consejo de Estado que avalaban la
negativa de la pensión gracia y los términos de CAJANAL, dejaban en un terreno aislado
o insular el entendimiento que del fallo de Consejo de Estado del año 2000 hizo derivar el
procesado, además del análisis sistemático de la sentencia de los años 1998 y 1999 de
la Corte Constitucional, en las que la pensión gracia nunca ha estado ligada a docentes
de orden nacional por la finalidad misma para la cual fue creada; debemos entonces
deducir que el juez, a pesar de tener todos esos elementos a su consideración, decidió
firmemente desconocerlos, denotando tangiblemente la adecuación típica del delito de
prevaricato por acción en su doble cariz, objetivo y subjetivo.

68. La Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia del 25 de
enero de 2017, confirmó el fallo dictado por el Tribunal Superior del Distrito de
Cartagena29.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

69. En el asunto bajo estudio, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) solicita la
nulidad de la resolución que le reconoció la pensión gracia Guillermo Gutiérrez Arroyo,
como fundamento de la demanda afirma que fue docente nacional.

70. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la
demanda, al considerar que la pensión gracia beneficia solamente a los docentes
territoriales, sin embargo, el demandado prestó sus servicios durante más de 20 años,
con vinculación nacional, de modo que no tiene derecho a la prestación. También
accedió al restablecimiento del derecho pedido por la UGPP, en tanto, estimó que el
maestro no actuó de buena fe porque tenía conocimiento de que su vinculación era
nacional.

71. Inconforme con esta decisión, el apoderado de la parte demandada interpone
recurso de apelación e indica que el señor Guillermo Gutiérrez Arroyo pertenecía a la
planta de personal del departamento de Cundinamarca, en el municipio de Facatativá,
entidades que le pagaban su salario, por ello, acude a la figura del «contrato realidad»,

27
Folios 129 a 130 del cuaderno 1, expediente físico.
28
Folios 356 a 437 del cuaderno 1, expediente físico.
29
Folios 438 a 488 del cuaderno 1, expediente físico.
14

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para sostener, que estaba subordinado a los entes territoriales, y que sí tiene derecho
al reconocimiento de la pensión gracia. Agrega que los certificados expedidos por las
secretarías de educación de Cundinamarca y Facatativá, al indicar que su vinculación
fue nacional, contienen una información falsa. Sostiene que el fallo de tutela, dictado
por el Juzgado Segundo Civil de Magangué, que ordenó el reconocimiento de la
pensión gracia, hizo tránsito a cosa juzgada. Por último, indica que, en gracia de
discusión, como docente nacional tendría derecho al reconocimiento pensional, en
tanto, realizó la misma labor de un maestro territorial.

72. Descendiendo al asunto bajo análisis, el pronunciamiento en segunda instancia
se limitará a resolver los planteamientos del recurso de apelación, de conformidad con
el principio de congruencia de la sentencia regulado en el artículo 281 del Código General
del Proceso30 y el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo relativo al contenido de la sentencia31. En efecto, una
manifestación del referido principio de congruencia consiste en que la competencia del
juez está condicionada por las pretensiones del recurrente y la voluntad de interponer el
recurso, así lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia SU -327 de 199532:

[…] las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la
competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus
derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: “Tantum
devolutum quantum appellatum”. Es decir, que para que el juez de segundo grado pueda
pronunciarse, no sólo debe mediar un recurso válido, sino que él debe ser presentado por
parte legítima, esto es, aquélla que padezca un perjuicio o invoque un agravio y persevere
en el recurso.
En otros términos, la apelación siempre se entiende interpuesta en lo desfavorable, tanto
que una alzada propuesta contra una decisión que de ninguna manera agravia, tendría
que ser declarada desierta por falta de interés para recurrir, pues tal falta afecta la
legitimación en la causa. Por tanto, tratándose de apelante único, esto es, de un único
interés (o de múltiples intereses no confrontados), no se puede empeorar la situación del
apelante, pues al hacerlo se afectaría la parte favorable de la decisión impugnada, que
no fue transferida para el conocimiento del superior funcional.

3.5.1. El demandado no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia

73. Ahora bien, con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado de la parte demandada se destaca que en el proceso se acreditó que el señor
Guillermo Gutiérrez Arroyo cumplió 50 años el 3 de septiembre de 199833; prestó sus
servicios como docente nacional durante 20 años y 6 meses, conforme lo certificó la
Secretaría de Educación de Cundinamarca34; la UGPP le reconoció una pensión gracia

30
Código General del Proceso, artículo 281. Congruencias: «La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. […]»
Aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
31
Ley 1437 de 2011, artículo 187: «La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la
demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión
y citando los textos legales que se apliquen […]».
32
Corte Constitucional, sentencia SU 327 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
33
Folio 31 del cuaderno 1, expediente físico.
34
Folio 32 del cuaderno 1, expediente físico.
15

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en cumplimiento del fallo de tutela dictado por el Juzgado Segundo Civil de Magangué35;
y, el fallo de tutela y el acto administrativo de reconocimiento pensional fueron dejados
sin efectos por las autoridades penales que condenaron al juez segundo civil de
Magangué por el delito de prevaricato36.

74. Aclarado lo anterior, la Sala precisa que la Secretaría de Educación de
Cundinamarca certificó que el docente demandado tenía una vinculación nacional desde
el 24 de marzo de 198037 y el rector del Colegio Nacional Emilio Cifuentes de Facatativá
certificó que el demandado prestó allí sus servicios desde el 21 de enero de 199438. En
este mismo sentido, la rectora de la Institución Educativa Emilio Cifuentes, ubicado en
Facatativá, informó que aquella había sido creada como un ente nacional, así como que
desde el año 1996 los pagos fueron asumidos por el Fondo Educativo Regional39. En
este orden de ideas, las pruebas recaudadas en el proceso acreditan que el docente
prestó sus servicios en virtud de una vinculación nacional.

75. Pese a lo anterior, el recurrente manifestó que las certificaciones en cita son
falsas. Sobre el particular, se observa que el apoderado del demandado ya lo había
expresado en escrito del 25 de febrero de 2020, mediante el cual interpuso el incidente
de tacha de falsedad; no obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto
del 25 de febrero de 2021, resolvió abstenerse de tramitar la solicitud con fundamento
en que se alegaba una falsedad ideológica en las certificaciones laborales, pues no
reflejaban la realidad al señalar que el demandado es docente nacional, empero, el
Tribunal adujo que por no tratarse de una falsedad material (alteración o modificación del
documento), no procedía darle el trámite especial del Código General del Proceso40.

76. El referido auto del 25 de febrero de 2021 quedó en firme, pese a ello, la parte
demandada insiste en que las certificaciones contienen información falsa; no obstante,
al proceso no se aportaron otros elementos probatorios que permitan desvirtuar lo
certificado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca y por la rectora de la
Institución Educativa Emilio Cifuentes, y por los cuales se pueda tener como un hecho
probado que el señor Guillermo Gutiérrez Arroyo era un docente con vinculación
territorial o nacionalizada.

77. En este sentido, el hecho de la incorporación de la planta docente al municipio de
Facatativá no varió la vinculación nacional del docente. En este punto, es importante
precisar que: i) la vinculación con carácter nacional no se vio modificada como se
sugiere en el recurso de apelación en razón de otro tipo de nombramiento o situación
administrativa; y ii) el proceso de descentralización de la educación oficial, ordenado por
la Ley 60 de 1993 no mutó la naturaleza de los nombramientos que se habían efectuado
con anterioridad a la Ley 60 de 1993.

78. Sobre este último particular, esta Subsección de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en sentencia de 6 de marzo del año en curso, dentro del proceso identificado
con el radicado 15001-23-33-000-2018-00698-01 (1133-2021), precisó que:

35
Folios 129 a 130 del cuaderno 1, expediente físico.
36
Folios 356 a 437 y 438 a 488 del cuaderno 1, expediente físico.
37
Folio 32 del cuaderno 1, expediente físico.
38
Folio 36 del cuaderno 1, expediente físico.
39
Folio 541 del cuaderno 1, expediente físico.
40
Folios 564 a 572 del cuaderno 1, expediente físico.
16

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-01364-03 (2863-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo Gutiérrez Arroyo

Ahora bien, el recurrente alegó que con la descentralización de la educación dejó de
ser un maestro nacional y con ello pasó a conformar parte de la planta de personal del
departamento de Boyacá y el municipio de Duitama; al respecto, debe decirse que la
descentralización de la educación no conllevó a que las distintas clases de
maestros hubiesen desaparecido y que, en consecuencia, todos hayan adquirido
el carácter de territoriales.

En ese sentido, esta Subsección ha reiterado en sendas oportunidades que los
docentes con nombramiento nacional que hayan sido incorporados a las plantas
territoriales en virtud del proceso de descentralización de la educación continúan
con el carácter de nacionales, en la medida en que el artículo 1º de la Ley 91 de 1989
estableció que los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional son
personal nacional. Además, la nominación es una sola y es diferente a la
incorporación41. (destacado fuera del texto)

79. De acuerdo con lo expuesto, está decantado por esta Corporación que el proceso
de descentralización de la educación oficial no trajo consigo la desaparición de las
distintas categorías de docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, y mucho
menos que los nombramientos efectuados por el Gobierno nacional se vieran afectados
por tal proceso, dado que el acto de nominación es uno solo y no varía en razón de las
particularidades de un proceso que tuvo por finalidad reorganizar la administración del
servicio de educación oficial.

80. Por otra parte, contrario a lo alegado en el recurso de apelación, la falencia
probatoria relativa a que presuntamente el maestro era territorial o nacionalizado, no se
puede suplir acudiendo a la figura del contrato realidad. Primero porque es un argumento
que la parte recurrente planteó en el recurso de apelación, de modo que no fue objeto
de pronunciamiento por el Tribunal, lo que evidencia la falta de congruencia del recurso
frente a la providencia impugnada.

81. En segundo lugar, por cuanto los supuestos fácticos del contrato realidad relativos
a que se trate de una relación laboral encubierta no se dan en el presente caso, máxime
cuando la Secretaría de Educación de Cundinamarca certificó que la vinculación del
docente fue nacional, y este hecho no fue debidamente desvirtuado por la parte
demandada.

82. En tercer lugar, la dependencia del cargo docente a la Secretaría de Educación
tiene su razón de ser en la descentralización de la educación ordenada por la Ley 60 de
199342. En efecto, los artículos 2° y 3° de la Ley 60 de 1993 indica que corresponde a
los municipios y departamentos administrar los recursos cedidos por la nación y planificar
las competencias para el sector educación.

83. Ahora bien, el recurrente alega que la normativa que regula la pensión gracia
discrimina a los docentes nacionales, pese a que desarrollan la misma labor de los

41
Sobre este mismo particular, pueden verse también las Sentencias del 25 de agosto en el expediente 76001-23-
33-000-2015-01378-01 (2785-2018); y del 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-00272-01
(2401-2022), citadas en la sentencia del 23 de febrero de 2023 con radicado 41001-23-33-000-2019-00236-01
(1249-2022).
42
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.
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Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo Gutiérrez Arroyo

maestros territoriales. Para la Sala, la alegada vulneración del derecho a la igualdad no
se configura, toda vez que justamente el propósito del legislador al regular la pensión
gracia fue compensar la desigualdad salarial de los docentes vinculados a los municipios
y departamentos, respecto de aquellos que sí dependían de la nación, cuyos sueldos
eran más altos.

84. En este sentido, se resalta que la pensión gracia es especial y la normativa que
la regula, a saber, las Leyes 114 de 1913, 37 de 1933 y 91 de 1989 exige la prestación
del servicio en la calidad de docente nacionalizado o territorial. En efecto, en la
sentencia de unificación del 11 de agosto de 202243, la Sección Segunda de esta
corporación resaltó como características de la pensión gracia que:

i) Constituye un privilegio gratuito porque la Nación hace el pago, pese a que el
docente no le prestó sus servicios.

ii) Su propósito fue compensar los bajos niveles salariales de los profesores de
primaria de los entes territoriales.

iii) Está sujeta a un régimen especial porque no se requiere afiliación del
beneficiario.

iv) Regula una situación transitoria en la medida que su propósito fue colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e
involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación
primaria y secundaria oficiales.

85. En lo que concierne al derecho a la igualdad de los docentes nacionales respecto
de los territoriales y nacionalizados, se debe advertir que el artículo 13 de la Carta Política
proscribe un trato diferente a personas en situaciones semejantes que sea arbitrario e
injustificado. De tal suerte, que para la procedencia del estudio de vulneración del
derecho a la igualdad se debe estar frente a sujetos en condiciones similares. Pero este
presupuesto no se configura si se pretende hacer el paralelo entre los maestros
nacionales y territoriales, en la medida que justamente la vinculación diferente y el tipo
de plaza fue la que originó la desigualdad salarial que el legislador quiso compensar
mediante la pensión gracia.

86. La justificación del trato diferenciado está ampliamente explicada en la sentencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que en el fallo del 29 de agosto de
199744, explicó que no son beneficiarios de la pensión gracia los docentes nacionales,
pues las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 cobijan a los docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización.

87. Finalmente, no es cierto que el fallo apelado desconozca la fuerza de cosa juzgada
del fallo de tutela dictado por el Juez Segundo Civil de Magangué, porque según se
explicó en los hechos probados, fue dejado sin efectos por el Tribunal Superior de

43
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 11 de agosto de 2022, proceso con radicado 23001-23-33-
000-2014-00444-01 (1655-2017).
44
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,
Consejero ponente, Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
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Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo Gutiérrez Arroyo

Cartagena, en sentencia del 7 de octubre de 2015, confirmada por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia en el fallo del 25 de enero de 201745.

88. Aunado a lo anterior, la excepción de cosa juzgada fue desestimada por el
Tribunal en la audiencia inicial del 7 de abril de 201646, al considerar que el juez natural
para conocer las controversias relacionadas con los servidores públicos es la jurisdicción
de lo contencioso – administrativo, decisión confirmada por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, en auto del 1° de agosto de 201947.

3.5.2. De la devolución de los dineros pagados por concepto de las mesadas
pensionales

En la decisión recurrida, el Tribunal le ordenó al demandado que debía reintegrar a favor
de la UGPP todas las sumas que percibió por el reconocimiento de la pensión gracia.
Aspecto sobre el cual se pronunciará la Subsección, en atención a que el accionado pide
que se revoque el fallo de primera instancia.

Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que la declaratoria de
nulidad conlleva una consecuencia restitutoria, por la cual, las partes tienen derecho
«para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto
o contrato nulo», como lo señala el artículo 1746 del Código Civil, por ello, el acto ilegal
es retirado del ordenamiento jurídico y las situaciones particulares deberían
retrotraerse48.

89. Sin embargo, debe hacerse una interpretación armónica para el presente caso
junto con el artículo 164 numeral 1º literal c) del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el cual prevé que cuando la
demanda «se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas […] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe».

90. Al respecto, la Corte Constitucional consideró que la facultad de la
administración de demandar en cualquier tiempo los actos administrativos que
reconocen prestaciones periódicas, no vulnera los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica, por cuanto el legislador no está partiendo de la mala fe de los
administrados49. En efecto, la Corte explicó que «la administración no recuperará las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe»50.

91. El artículo 83 de la Carta Política prevé la presunción de buena fe, relacionada
con una conducta leal y honesta, caracterizada por la «confianza, rectitud, decoro y

45
Folios 356 a 437 y 438 a 488 del cuaderno principal 1, expediente físico.
46
Folios 327 a 343 del cuaderno principal 1, expediente físico.
47
Folios 508 y 509 del cuaderno principal 1, expediente físico.
48
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Segunda Especial de Decisión, sentencia
del 5 de mayo de 2020, proceso con radicado 08001-33-31-006-2007-00010-01(AP)REV. En el mismo sentido, ver
fallo del 13 de agosto de 2021, Sala Novena Especial de Decisión, proceso con radicado 66001-33-33-001-2012-
00141-01 (AG) REV.
49
Corte Constitucional, sentencia C-1049 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
50
Ibidem.
19

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credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas
actuaciones de las autoridades, la cual se presume»51 , así52:

Respecto del principio de buena fe, éste ha sido definido por la jurisprudencia
constitucional como aquel que “exige a los particulares y a las autoridades públicas
ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las
actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”53. En este
contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la ‘confianza, seguridad y credibilidad que otorga
la palabra dada.’54”55

92. En el caso concreto y a la luz del mandato constitucional se presume la buena
fe del señor Guillermo Gutiérrez Arroyo; presunción que no fue desvirtuada por la
UGPP. Esto bajo el entendido que la entidad tiene la carga de la prueba de demostrar
los hechos con ocasión de los cuales presuntamente se acreditaría que su conducta
fue contraria a los postulados de la buena fe, ante la administración pública. Máxime
cuanto esta Subsección se ha pronunciado en casos de similares condiciones fácticas
y consideró que la conducta penal del juez, no permite concluir la mala fe del
pensionado, así:

Ahora bien, se advierte que mediante sentencia del 7 de octubre de 2015, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena condenó a Arnedys José Payares Pérez
como autor responsable del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo
sucesivo y heterogéneo sucesivo con prevaricato por omisión, por proferir como juez
segundo civil del circuito de Magangué los fallos de tutela del 6 de octubre y 11 de
diciembre de 2006, con los cuales se ordenó a CAJANAL el reconocimiento y pago de
pensiones gracia a favor de docentes del orden nacional, entre estos a la demandada,
en contravía de la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia. Decisión que fue
confirmada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en sentencia del
25 de enero de 2017.
De lo expuesto, es dable inferir que las decisiones condenatorias en materia penal
están dirigidas al juez que participó en las irregularidades procesales en el fallo de
tutela, y fue en contra de tal servidor que se dirigió el reproche y todas las actuaciones
tendientes a demostrar su actuar doloso. Al respecto, esta Sala no desconoce que
quien finalmente se benefició de la errónea decisión judicial fue, entre otros, la aquí
demandada, quien fue incluida en nómina pese a que la calidad del empleo que la haría
beneficiaria de la prestación era de docente nacional.

No obstante, estas razones no le permiten a la Sala concluir que el actuar de Teresa
de Jesús Dajome de Segura no se rigiera por el principio de la buena fe, situación que
autoriza la devolución de las sumas que le fueron pagadas por concepto del
reconocimiento pensional, pues le correspondía a la UGPP demostrar tal actuar, sin
que ello pueda inferirse de la conducta endilgada a la autoridad judicial que ordenó el
reconocimiento pensional.
[…]

51
Corte Constitucional, sentencia C-131 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
52
Corte Constitucional, sentencia C-504 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
53
Ver Sentencia T-475 de 1992.
54
Ibidem.
55
Ver sentencia C-1194 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
20

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Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo Gutiérrez Arroyo

Un entendimiento diferente implicaría desconocer el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, pues su ejercicio no comporta en sí mismo una actuación
deshonesta que deba ser sancionada. Aunado a ello, de lo aportado al proceso y la
conducta desplegada por la demandada en el trámite en sede administrativa y judicial no
se evidencia un actuar fraudulento, pues se insiste en que el proceso penal se adelantó
en contra de la autoridad judicial que ordenó el reconocimiento de la pensión y no se
comprobó que para acceder a ello Teresa de Jesús Dajome de Segura hubiese aportado
documentación falsa que indujera en error al juez de tutela o actuado en complicidad con
este para obtener el beneficio prestacional56.

93. Por consiguiente, se modificará el numeral segundo del fallo apelado, para en su
lugar indicar que se niega la pretensión de la UGPP relativa a que se ordene al
demandado la devolución de las sumas devengadas por concepto de la pensión gracia
reconocida en la Resolución RDP 027196 del 14 de junio de 2013. En este orden de
ideas, se confirmará parcialmente la sentencia recurrida que accedió a las pretensiones
de la demanda.

3.6. Conclusión de la decisión

94. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado, y acorde con la valoración de
los hechos probados en el proceso, según los principios de la sana crítica, se concluye
que el docente demandado tenía una vinculación nacional, que lo excluye del
reconocimiento de la pensión gracia. Por otra parte, se establece que la UGPP no
desvirtuó la presunción de buena fe del accionado, por tanto, no hay lugar a ordenar
la devolución de las mesadas pensionales pagadas con ocasión del reconocimiento
de la pensión gracia.

4. Costas

95. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario57 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha

56
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 21 de
septiembre de 2023, proceso con radicado 52001-23-33-000-2014-00179-01 (0108-2021).
57
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
21

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Demandado: Guillermo Gutiérrez Arroyo

condena, en atención a que no se advierte que la parte demandada haya incurrido en
las anteriores conductas.

96. Por consiguiente, no se impondrá condena en costas contra la parte accionada,
como en el mismo sentido lo ha dispuesto la Sala en casos similares58.

97. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO.- INAPLICAR por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en
curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 17 de
noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual
se accedió a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso promovido por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social contra Guillermo Gutiérrez Arroyo. Se modifica el numeral
segundo en el sentido de NEGAR la pretensión de devolución de las sumas
devengadas por concepto de la pensión gracia, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO. – Sin condena en costas en la segunda instancia.

CUARTO. – En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

58
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de septiembre de 2023, proceso con
radicado 52001-23-33-000-2014-00179-02 (0108-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Sentencia del 11 de
agosto de 2023, proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-04835-01 (2884-2020), M.P. César Palomino Cortés.
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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