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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00069-01

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00069-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- CONFIRMAR la sentencia del 22 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. 2.- Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2018-00069-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

8 de septiembre de 2022

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00069-01 (26097)
Demandante: MARÍA LUISA PIRAQUIVE DE MORENO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00069-01 (26097)
Demandante: MARÍA LUISA PIRAQUIVE DE MORENO
Demandado: DIAN
Temas: Renta 2012. Sujeción. Residencia fiscal

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 22 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que negó las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas.

ANTECEDENTES

El 8 de mayo de 2013, María Luisa Piraquive de Moreno presentó la declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2012.

El 13 de noviembre de 2015, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes expidió el requerimiento especial
313382015000126, en relación con la declaración tributaria señalada.

Previa respuesta al requerimiento especial, el 9 de agosto de 2016, la División de
Gestión de Fiscalización de la citada dirección seccional, expidió la liquidación oficial
de revisión 312412016000060, en la cual se adicionó el patrimonio bruto en
$7.008.154.000, salarios y demás pagos laborales en $2.784.846.000, otros ingresos
en $330.188.000 y renta gravable en $7.008.154.000 e impuso sanción por inexactitud
de $2.327.408.000.

Contra el acto de determinación se interpuso recurso de reconsideración, decidido por
la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de recursos Jurídicos de la DIAN
mediante la resolución 006460 del 25 de agosto de 2017, en el sentido de modificar la
liquidación de revisión para aplicar favorabilidad (100 %) a la sanción por inexactitud.

DEMANDA

La demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, formuló las siguientes pretensiones:
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00069-01 (26097)
Demandante: MARÍA LUISA PIRAQUIVE DE MORENO

«Solicitamos la nulidad de los actos administrativos demandados, esto es la liquidación
oficial de revisión No. 312412016000060 del nueve (9) de agosto de dos mil dieciséis
(2016), proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Impuestos de Grandes Contribuyentes y la Resolución No. 006460 del veinticinco (25)
de agosto de dos mil diecisiete (2017) proferida por la Subdirección de Gestión de
Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN, que resolvió el recurso de reconsideración, notificada
mediante edicto desfijado el veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017,
por las razones de derecho que en adelante expondremos.

Así mismo, a título de restablecimiento del derecho, se declare que mi representada, la
Doctora MARÍA LUISA PIRAQUIVE DE MORENO, no está obligada a modificar su
declaración de renta correspondiente al año gravable 2012, y por tanto su declaración
se encuentra en firme (…)».

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:

• Artículo 29, 95-9, 338 y 363 de la Constitución Política
• Artículos 9, 10, 103, 239-1, 647 y 730-1 del Estatuto Tributario

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Los actos demandados violan la normativa aplicable y desconocen el principio de
territorialidad al considerar que la contribuyente es residente fiscal en Colombia, porque
tributó sobre sus rentas de fuente nacional y respecto del patrimonio poseído en
Colombia, desde el año 2006 es residente en Estados Unidos, donde tiene el asiento
principal de sus negocios y paga impuestos por concepto de renta y patrimonio
mundial, como se evidencia en la declaración presentada ante el Servicio de Rentas
Internas de ese país, y en las declaraciones en firme de los años 2006 al 2011, en las
cuales no se cuestionó el patrimonio e ingresos obtenidos en el exterior.

La falta de competencia de la DIAN para fiscalizar y exigir que la contribuyente tribute
sobre rentas y patrimonio de fuente extranjera es causal de nulidad. Dentro de los
factores para establecer la residencia fiscal se debe observar que el asiento principal
de los negocios de la demandante está en Estados Unidos, donde tiene «residencia
permanente», aporta al sistema de salud, se encuentran la mayoría de sus activos e
inversiones, tiene contrato de trabajo y ánimo de permanencia, entre otros.

La actividad espiritual de la actora no comporta un carácter comercial, pues los
emolumentos percibidos como ofrenda o donación voluntaria por simple liberalidad, no
implican la existencia de residencia fiscal, conforme a los conceptos de «asiento principal
de los negocios» -sobre el cual se aplicó retroactivamente el artículo 2 de la Ley 1607 de 2012, que lo
desarrolló- y «centro de intereses económicos». Así, la mayor parte de los ingresos se
obtuvieron en Estados Unidos, y asimilar los emolumentos eclesiásticos con un
negocio o un trabajo transgrede la libertad de cultos y el ordenamiento fiscal, pues no
se derivan de una relación laboral ni tienen el carácter de contraprestación por servicios
prestados, aunque sean objeto de retención y se hayan declarado en el renglón de
«honorarios, comisiones y servicios», en tanto el formulario de la declaración no contiene
una categorización específica.

La autoridad fiscal violó el debido proceso, la normativa aplicable y los principios de
justicia, equidad, progresividad y capacidad contributiva, al exigir que la contribuyente
tribute sobre el patrimonio y las rentas obtenidas en el exterior, sin consultar su
capacidad contributiva, pues fiscalmente reside en otro estado donde tributó por sus
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Demandante: MARÍA LUISA PIRAQUIVE DE MORENO

activos e ingresos, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues para
determinar que era sujeto pasivo del impuesto sobre la renta en Colombia interpretó
conceptos no establecidos por el legislador para el periodo en discusión (asiento principal
de los negocios), lo que generó una carga desproporcionada y una doble imposición.

La contribuyente no omitió los activos poseídos en Estados Unidos, por cuanto no era
residente fiscal en Colombia y no estaba obligada a declararlos, motivo por el cual no
aplica el artículo 239-1 del Estatuto Tributario para que tales activos se adicionen a la
renta líquida gravable como se hizo en los actos demandados, circunstancia que los
vicia de falsa motivación.

Se violó el derecho de defensa y el debido proceso ante la falta de entrega de
documentos solicitados por la contribuyente (denuncia de terceros, auditoría de denuncias de
fiscalización y acta de comité), negada por la DIAN al afirmar que correspondían a
información reservada.

No hay lugar a la sanción por inexactitud, porque no se cumplen los supuestos de
imposición, pues los datos declarados son completos y verdaderos y el menor saldo a
pagar declarado se originó en errores de apreciación y diferencias de criterio en cuanto
a la interpretación del derecho aplicable, relativas a los conceptos para determinar la
residencia fiscal, y en concreto el de «asiento principal de los negocios», que conforme con
las pruebas del proceso, se encuentra en los Estados Unidos y no en Colombia.

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

Para el periodo debatido el asiento principal de los negocios de la contribuyente, como
elemento para determinar su residencia fiscal, es Colombia, que era su centro de
intereses económicos, por ser el lugar donde obtuvo mayores ingresos y en el que se
encuentra el domicilio de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, de
la cual es su representante legal y obtuvo la mayor parte de sus rentas, que según su
declaración privada ascienden a $3.501.784.000 -en su mayoría como contraprestación por
actividades religiosas por concepto de «emolumentos eclesiásticos », frente a los de fuente
extranjera por $3.115.033.642.

Para determinar la residencia fiscal, la legislación no está sujeta exclusivamente a las
actividades comerciales e incluye los emolumentos eclesiásticos percibidos por la
demandante que, junto con su participación en decisiones de sociedades comerciales
de las que es socia y percibió utilidades, la realización de la venta de bienes y la
percepción de ingresos por cánones de arrendamientos, sirvieron para definir su
calidad de residente en Colombia y que estaba obligada a declarar en Colombia por
renta mundial, como se estableció mediante las facultades de fiscalización de la DIAN.

El criterio de «asiento principal de los negocios» existía para el momento de ocurrencia de
los hechos, y para aplicarlo se determinó que Colombia fue el lugar en el que la
contribuyente obtuvo la mayor parte de sus rentas, desarrolló sus actividades y se
encontraba el asiento de la comunidad religiosa de la cual actuó como su representante
legal, entre otras circunstancias ya señaladas. Así mismo, los actos demandados no
aludieron ni se fundamentaron en la Ley 1607 de 2012.
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Las modificaciones oficiales a la declaración de renta por cuenta de la determinación
de la sujeción pasiva de la contribuyente se basaron en la normativa aplicable, con
observancia del principio de legalidad, y no fueron desvirtuadas.

La legislación es clara al equiparar los emolumentos eclesiásticos obtenidos por la
actora en Colombia a las rentas de trabajo, quien al ostentar la calidad de residente
fiscal estaba obligada a declarar, no solo el patrimonio poseído en el país, sino en el
exterior, lo que hace procedente la adición de renta líquida gravable prevista en el
artículo 239-1 del Estatuto Tributario.

Las denuncias a terceros tienen carácter reservado y no fueron determinantes para
realizar las modificaciones oficiales cuestionadas, que se basaron en las pruebas
recaudadas oportunamente en el proceso (informes de prensa, documentos consulares, autos
de pruebas, inspección tributaria, cruces de información y respuestas a requerimientos ordinarios, entre
otros).

Procede la sanción por inexactitud, por cuanto la contribuyente omitió registrar en su
declaración ingresos y activos, sin que se presenten diferencias en cuanto al derecho
aplicable, pues se demostró que para el periodo gravable revisado era residente fiscal
en Colombia.

AUDIENCIA INICIAL

En la audiencia inicial del 28 de febrero de 2019 el a-quo no advirtió irregularidades o
nulidades en lo actuado, declaró que no se presentaron excepciones previas, decretó
como pruebas las aportadas y pedidas por las partes, y fijó el litigio en determinar la
legalidad de los actos administrativos demandados.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, por lo
siguiente:

Conforme con los criterios de «asiento principal de los negocios», y «centro de intereses
económicos» desarrollado por la jurisprudencia, como criterio auxiliar de la actividad
judicial1, se estableció que aunque la demandante residía en Estados Unidos -con el que
no existe tratado de doble imposición-, era residente fiscal en Colombia, donde percibió la
mayor parte de sus rentas (53 %), pues en calidad de supervisora y representante legal
de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, domiciliada en el país,
recibió emolumentos eclesiásticos, clasificados como rentas de trabajo, así como
ingresos por rendimientos financieros, venta de libros, participación de utilidades y
arrendamientos. Además, también se estableció que ejercía como representante de
otras entidades, y adelantaba otras actividades económicas de forma habitual.

Lo anterior denota que la DIAN era competente para fiscalizar la declaración de la
contribuyente y, en aplicación del principio de irretroactividad de las normas fiscales,
en los actos demandados no se aplicaron las leyes 1607 de 2012 y 1539 de 2014, ni

1
Citó la sentencia del 7 de junio de 1996, exp. 7688, C. P. Julio Enrique Correa Restrepo.
4
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se violaron los principios de equidad y progresividad, en tanto se fundaron en los
artículos 9, 10 y 103 del Estatuto Tributario.

No se transgredieron el debido proceso y los derechos de defensa y de contradicción
con la falta de entrega de los documentos solicitados por la parte demandante ( denuncia
de terceros, auditoría de denuncias de fiscalización y acta de comité ) pues, como se informó en
su oportunidad, tales documentos estaban sujetos a reserva legal, y la actora conoció
las pruebas que sirvieron de sustento a los actos acusados.

Como la actora era residente fiscal para el periodo cuestionado debía reportar los
activos poseídos, en el exterior, cuyo valor, al ser omitidos, se adiciona a la renta líquida
gravable, aspecto no cuestionado en la respuesta al requerimiento especial.

Procede la sanción por inexactitud, porque la contribuyente omitió incluir en su
declaración activos e ingresos obtenidos fuera del país, lo que generó un menor
impuesto a pagar, sin que se presente diferencia de criterios. Con ocasión de la
resolución que resolvió el recurso de reconsideración la sanción se redujo al 100 %.

No se condena en costas, comoquiera que no se demostró su causación.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante interpuso recurso de apelación, por las siguientes razones:

El a quo se equivocó al considerar que la residencia fiscal de la contribuyente estaba en
Colombia únicamente por el monto de los ingresos, pues desconoció otros criterios que
demuestran que el asiento principal de los negocios estaba en Estados Unidos, para
lo cual interpretó de forma sesgada la jurisprudencia del Consejo de Estado. Así mismo,
ante la falta de definición del «asiento principal de los negocios», y la calificación de residente
fiscal de la actora, se violaron los principios de legalidad, justicia, equidad y
territorialidad, y el debido proceso, al omitir la valoración de los elementos probatorios
dispuestos para demostrar la residencia fiscal.

En lo que respecta a los emolumentos eclesiásticos, la demandante es supervisora
general internacional de la iglesia no solo en Colombia, sino en el mundo, los recibe
por mera liberalidad, sin que se asimilen a una contraprestación por servicios
prestados, y el hecho de que el legislador los equipare a rentas laborales no significa
que pierdan el carácter de donaciones, en tanto no se originan en relaciones laborales,
legales o reglamentarias. Por ello, «no pueden ser considerados como el elemento definitivo para
fijar la residencia fiscal (…) y derivar de ellos el asiento principal de sus negocios». Lo mismo ocurre
con las demás actividades realizadas por la actora en Colombia, que solo representan
«una ínfima parte de los ingresos totales percibidos en ese año».

Para determinar la residencia fiscal mediante el criterio de mayoría de ingresos, la DIAN
y el Tribunal aplicaron de forma retroactiva las leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, sin
que tales disposiciones establecieran dicho criterio como prevalente.

No hay lugar a imponer sanción por inexactitud porque, como la actora no era residente
fiscal en Colombia, no omitió ingresos, impuestos generados por operaciones
gravadas, ni bienes susceptibles de gravamen, y se presentan diferencias en cuanto a
5
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la interpretación de los conceptos para determinar la residencia fiscal, sobre el asiento
principal de los negocios, que en el caso se encuentran en Estados Unidos.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

La DIAN presentó escrito de oposición al recurso de apelación, en el cual reiteró las
argumentaciones del recurso de apelación. El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se discute la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2012, presentada por
María Luisa Piraquive de Moreno.

En los términos del recurso de apelación se debe establecer si para el año gravable
2012 la demandante era residente fiscal en Colombia, y si por tanto estaba sujeta al
impuesto discutido respecto de sus rentas de fuente nacional y extranjera y de su
patrimonio poseído dentro y fuera del país, en cuyo caso se determinará si procede la
sanción por inexactitud.

Para decidir se advierte que en un caso promovido entre las mismas partes, en relación
con el impuesto al patrimonio del año gravable 2011, que en lo pertinente se reitera, la
Sección2 precisó lo siguiente:

• Conforme con los artículos 93 y 104 del Estatuto Tributario, vigentes para el
periodo en discusión, existen dos criterios para acreditar la residencia fiscal: i) la
permanencia continua o discontinua en el país por más de seis meses en el año
o periodo gravable, y ii) que las personas naturales conserven la familia o el
asiento principal de sus negocios en el país, aun cuando permanezcan en el
exterior.

• Además de la regulación especial de la residencia fiscal se debe observar el
concepto de domicilio contemplado por la legislación civil5, que si bien se
determina por la permanencia habitual y la intencionalidad, también prevé que
«no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o
forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio
anterior6», tema sobre el cual la jurisprudencia7 precisó que «en la determinación del
domicilio principal juega papel decisivo el criterio que para su clasificación se adopte, esto es,

2
Sentencia del 4 de agosto de 2022, exp. 26149, CP. Milton Chaves García.
3
«Art. 9.- Impuesto de las personas naturales, residentes y no residentes. Las personas naturales, nacionales o extranjeras,
residentes en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte, están sujetas
al impuesto sobre la renta y complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional
como de fuente extranjera, y a su patrimonio poseído dentro y fuera del país (…) Las personas naturales, nacionales o extranjeras,
que no tengan residencia en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país en el momento de su muerte,
sólo están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios respecto a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional
y respecto de su patrimonio poseído en el país».
4
«Art. 10.- Residencia para efectos fiscales. La residencia consiste en la permanencia continua en el país por más de seis (6)
meses en el año o periodo gravable, o que se complete dentro de este; lo mismo que la permanencia discontinua por más de seis
(6) meses en el año o periodo gravable. Se consideran residentes las personas naturales nacionales que conserven la familia o el
asiento principal de sus negocios en el país, aun cuando permanezcan en el exterior».
5
Conforme con el artículo 76 del Código Civil, el domicilio consiste en «la residencia de las personas en un lugar del territorio
nacional, con el ánimo real o presuntivo de permanecer allí».
6
Artículo 81 del Código Civil
7
Sentencia del 7 de junio de 1996, exp. 7688, C P. Julio Enrique Correa.
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que el asiento principal de los negocios, o centro de intereses económicos puede ser el lugar
donde la persona tiene sus principales inversiones, o aquél desde el cual administra sus bienes,
o el sitio en el cual tiene oficinas o establecimientos, o el lugar donde desarrolla su actividad
profesional, o aquél en el cual obtiene la mayor parte de sus rentas, ubica sus activos, etc.,
aspectos que no están determinados en la ley», y que ante la pluralidad de domicilios, el
asiento principal se puede determinar atendiendo otras situaciones.

• En situaciones de pluralidad de domicilios, para fijar la residencia fiscal bajo el
supuesto del asiento principal de los negocios, el entonces artículo 10 del
Estatuto Tributario fijó como criterios: el lugar principal de las inversiones del
contribuyente o desde el cual administra sus bienes, donde tiene oficinas,
establecimientos o desarrolla su actividad profesional, o aquel en el que obtiene
la mayor parte de sus rentas, sin que ninguna de estas causales se aplique de
forma absoluta en tanto no son excluyentes.

Caso concreto

La demandante argumenta que en el año gravable 2012 no era residente fiscal en
Colombia, sino en Estados Unidos, por lo que solo debía declarar y pagar el impuesto
de renta por las rentas y ganancias ocasionales obtenidas en el país y por los bienes
poseídos en el territorio nacional, mientras la DIAN alega que, como el asiento de los
negocios de la actora se ubicaba en Colombia, por ser el lugar donde obtuvo la mayor
parte de sus ingresos, estaba sujeta al impuesto por sus rentas y ganancias ocasionales
de fuente nacional y extranjera, y por los bienes poseídos dentro y fuera del país.

En el proceso están demostrados los siguientes hechos, no desvirtuados por las partes,
respecto de los ingresos obtenidos en Colombia y en el exterior:

• En la declaración de renta del año gravable 2012, la contribuyente registró los
siguientes datos, que corresponden a la TRM vigente al 31 de diciembre de ese
año de $1.768,238:

Renglón Concepto Valor declarado Valor en USD
36 Honorarios, Comisiones y $3.125.000.000 $1.767.304
Servicios
37 Intereses y Rendimientos $102.699.000 $58.080
38 Otros ingresos $274.085.000 $155.005
39 Total ingresos brutos $3.501.784.000 $1.980.389

Los valores citados corresponden a: $3.125.000.000 de emolumentos
eclesiásticos9 -conforme con el artículo 103 del Estatuto Tributario son rentas de trabajo-;
$102.699.000 por rendimientos financieros; $102.300.000 por venta de libros;
$163.385.000 por participación de utilidades y $8.400.000 por arrendamientos,
para un total de $3.501.784.000.

Por su parte, los ingresos de fuente extranjera del periodo fueron los siguientes10:

Concepto Valor declarado Valor en USD
Salarios $2.784.845.546,82 $1.574.934
Renta de inmueble $38.901.060 $22.000

8
Fls 21, 205, 206 y 1416 del c. a.
9
Cfr. Certificación de la contadora de la Iglesia de Dios Ministerial, donde consta dicho pago (Fls. 1347 del c. a.)
10
Información determinada en el requerimiento especial, con fundamento en los datos aportados por la contribuyente - Fls. 951 y
1096 del c. a.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: MARÍA LUISA PIRAQUIVE DE MORENO

Regalías $137.451.024,99 $77.733,68
Donaciones $153.836.010 $87.000
Total $3.115.033.642 $1.761.667,68

En cuanto a los activos de la demandante para el periodo 2012, se encuentran:

Activos poseídos en Colombia Activos poseídos en Estados Unidos
Saldo en efectivo y en $2.386.120.333 Saldo en bancos $1.833.860,77
bancos
Cuentas por cobrar y $2.310.758.609 Construcciones y $2.030.578
construcciones edificaciones
Acciones y aportes $301.002.000 Vehículos $98.792
Total activos en USD $3.963.230,77
Total $4.997.880.942 Total activos en pesos $7.007.903.544,43
(TRM $1.768,23)

• Así mismo, en el expediente se encuentran: declaración de seguridad social
emitida por las autoridades americanas con traducción oficial11, certificación de
contador público de los Estados Unidos12, declaración de salario e impuestos de
los Estados Unidos con traducción oficial13, copia de los estatutos de la Iglesia
de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, domiciliada en Bogotá 14 y la
resolución que le reconoce personería jurídica15, tarjeta de residencia
permanente de la contribuyente en los Estados Unidos16, certificado del
Departamento de Tesorería de Servicios Internos de los Estados Unidos,
Resolución que reconoce personería jurídica, RUT de la sociedad Libertadora
de Seguridad Limitada de la cual la actora es socia con participación del 50 %17,
Certificado de existencia y Representación de Librería y Papelería Futuro Ltda.,
de la que es socia capitalista18, declaraciones de ICA y predial de la actora para
el periodo en discusión19, entre otros documentos.

Al valorar las pruebas del proceso bajo las reglas de la sana crítica, se observa que, a
pesar de que durante el periodo discutido la contribuyente poseía la mayor parte de sus
activos en los Estados Unidos, fue en Colombia donde obtuvo la mayor parte de sus
rentas ($3.501.784.000 frente a $3.115.033.642 en los Estados Unidos) no solo por el desarrollo
de su actividad como líder espiritual, sino por otros conceptos, como la venta de libros,
rendimientos financieros, participación de utilidades y arrendamientos, de los cuales se
evidencia que el asiento de principal de sus negocios se encontraba en el territorio
nacional.

En ese contexto, de la aplicación de los criterios objetivos para fijar el asiento principal
de los negocios y teniendo en cuenta que los « supuestos de vinculación a la residencia de un
estado no se aplican de manera subsidiaria o excluyente, pues en caso de configurarse alguno de ellos,
se entiende que la persona natural posee la residencia fiscal en el país 20», está demostrado que la
demandante obtuvo la mayor parte de sus rentas en Colombia, por lo cual era residente
fiscal en el país. Por ello, se reitera que «aun cuando la ubicación de la mayoría de sus activos

11
Fls. 383 del c. a.
12
Fl. 392 del c. a.
13
Fls. 394 y 397 del c. a.
14
Fls 409 a 419 del c. a.
15
Fls. 640 y 641 del c. a.
16
Fls. 1362 del c. a.
17
Fls. 65 a 69 del c. a.
18
Fls. 56 a 64 del c. a.
19
Fls. 148, 149 y 302 del c. a.
20
Sentencia del 4 de agosto de 2022, exp. 26149, CP. Milton Chaves García, que reiteró la sentencia del 12 de agosto de 2021,
exp. 25257, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
8
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Demandante: MARÍA LUISA PIRAQUIVE DE MORENO

corresponda a Estados Unidos, ello no desacredita la residencia fiscal en Colombia como asiento
principal de sus negocios al estar probado que la demandante en ejercicio de su actividad como líder
espiritual y representante legal de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional en Colombia
recibió emolumentos eclesiásticos, cuyos valores son muy superiores a los recibidos en el extranjero, lo
que permite acreditar uno de los supuestos de residencia fiscal que contempla la norma, esto es, el
asiento principal de sus negocios».

Así, aunque la actora era residente en los Estados Unidos, tal circunstancia no desvirtúa
que para el año gravable 2012 era residente fiscal en Colombia, calidad que no se
pierde por el cambio de domicilio o el ánimo de permanencia en el exterior, al estar
sujeta a los requisitos del artículo 10 del Estatuto Tributario.

En consecuencia, como la actora era residente fiscal en Colombia, estaba sujeta al
impuesto discutido por sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y
extranjera, y por los bienes poseídos dentro y fuera del país, sin que haya vulneración
del debido proceso ni de los principios de legalidad, territorialidad, justicia, equidad,
capacidad contributiva y progresividad aducidos por la actora.

En cuanto a la aplicación retroactiva de las leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, se
advierte que tales disposiciones no hicieron parte de las fundamentaciones de los actos
administrativos demandados, motivo por el cual la Sala no se pronunciará, al igual que
sobre aspectos no apelados que le fueron adversos a la demandante, entre los que se
encuentran la falta de competencia de la DIAN para fiscalizar y exigir que la
contribuyente tribute sobre rentas y patrimonio, la aplicación del artículo 239-1 del
Estatuto Tributario y la violación al debido proceso y el derecho de defensa por falta de
entrega de documentos solicitados.

Sanción por inexactitud.

La actora argumentó que la sanción por inexactitud es improcedente, pues los datos
declarados son completos y verdaderos y el menor saldo a pagar se originó en errores
de apreciación y diferencias de criterio en cuanto a la interpretación del derecho
aplicable, relativas a los criterios para la determinación de la residencia fiscal; en
concreto, del concepto de «asiento principal de los negocios» que, a su juicio, se encuentra
en los Estados Unidos y no en Colombia.

Respecto de la exculpación en la imposición de la sanción por inexactitud por diferencia
de criterios a que alude el artículo 647 del Estatuto Tributario, la Sección precisó que
«Lo determinante con miras a exonerar de la reacción punitiva es establecer si el «criterio» desplegado
por el administrado tuvo causa en un equivocado juicio de comprensión sobre la interpretación, vigencia
o existencia del tipo infractor y sus respectivos ingredientes normativos, el cual propició en él la errónea
creencia de no incurrir en un comportamiento antijurídico21».

Se advierte que las razones aducidas por la demandante son insuficientes para
establecer la existencia de un juicio equivocado de comprensión de los artículos 9 y 10
del Estatuto Tributario, como causal de exculpación de la sanción por inexactitud,
porque la actora, al interpretar dichas normas y para estructurar sus argumentaciones
desconoció conceptos claros para establecer que el asiento de los negocios se ubicaba
en Colombia, entre los que se encuentran la naturaleza de los emolumentos
eclesiásticos -que por expresa disposición del legislador se asimilan a rentas de trabajo- y la
realización de otras actividades en el territorio nacional -venta de libros, rendimientos
21
Sentencia del 11 de junio de 2020, Exp. 21640, C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez, reiterada, entre otras, en la sentencia del 24
de junio de 2020, Exp. 25215, C. P. Milton Chaves García.
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financieros, participación de utilidades y arrendamientos-, de las cuales se determinó que la
mayor parte de sus rentas se obtuvieron en Colombia y que, por tanto, estaba sujeta al
impuesto por sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera, así
como por los bienes poseídos dentro y fuera del país.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada.

Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código
General del Proceso22, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del
proceso) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

1.- CONFIRMAR la sentencia del 22 de abril de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

2.- Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

22
C.G.P. «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se
le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además,
en los casos especiales previstos en este código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse
de condenar en costas (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación».
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