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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-05364-00

Fecha
13 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-05364-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora María Luisa Piraquive de Moreno contra la sentencia del 8 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte actora. Se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta sentencia, a favor de la DIAN. Por Secretaría General, liquídense los gastos procesales. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la 22 Radicado: 11001-03-15-000-2023-05364-00 Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-05364-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

13 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA UNO ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05364-00
Demandante: MARÍA LUISA PIRAQUIVE DE MORENO
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Las causales de revisión
son taxativas y restrictivas / CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN DEL ART. 250 DEL
CPACA - Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la cual no procede recurso de apelación / Se configura esta causal de revisión por
las causales de nulidad establecidas en la legislación procesal civil.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora María
Luisa Piraquive de Moreno contra la sentencia del 8 de septiembre de 2022,
proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación, mediante la cual se confirmó
el fallo de primera instancia, en un proceso ordinario promovido por la recurrente.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte recurrente asegura que la sentencia objeto del recurso extraordinario de
revisión incurrió nulidad por violación al debido proceso, en tanto omitió
pronunciarse sobre los cargos relacionados con la aplicación retroactiva del artículo
2 de la Ley 1607 de 2012 y el desconocimiento de lo previsto en el artículo 239.1
del Estatuto Tributario; también por violación directa del artículo 58 de la
Constitución Política. Esto, en su criterio, llevó a que la DIAN concluyera
erróneamente que, para el año gravable 2012, el asiento principal de sus negocios
se encontraba en Colombia, convirtiéndola, por tanto, en residente fiscal del país,
y no de Estados Unidos —donde afirmó residir, percibir salarios, pagar seguridad
social y tener centralizados sus negocios—. Con base en ello, mediante Liquidación
Oficial de Revisión No. 312412016000060 del 9 de agosto de 2016, la entidad (i)
modificó la declaración del impuesto de renta y complementarios del referido año
gravable, a fin de incluir las rentas de fuente nacional y extranjera, así como el
patrimonio poseído dentro y fuera del país, y (ii) le impuso sanción por inexactitud.
Por Resolución No. 006460 del 25 de agosto de 2017, se modificó el mencionado
acto de determinación, para aplicar favorabilidad 100% a la sanción por inexactitud.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la sentencia recurrida, confirmó el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05364-00
Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la nulidad de los actos
administrativos demandados.

II. ANTECEDENTES

El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho1

1. La señora María Luisa Piraquive de Moreno presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -en adelante DIAN-, con el fin de que se declarara la nulidad de la
Liquidación Oficial de Revisión 312412016000060 del 9 de agosto de 2016 y la
Resolución 006460 del 25 de agosto de 2017, expedidas por la División de Gestión
de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes
y la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la
DIAN, respectivamente, mediante las cuales se modificó la declaración del
impuesto de renta del año gravable 2012, presentada por la demandante. Formuló
las siguientes pretensiones:

Solicitamos la nulidad de los actos administrativos demandados, esto es la
liquidación oficial de revisión No. 312412016000060 del nueve (9) de agosto
de dos mil dieciséis (2016), proferida por la División de Gestión de Liquidación
de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes y la
Resolución No. 006460 del veinticinco (25) de agosto de dos mil diecisiete
(2017) proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la
Dirección de Gestión Jurídica, de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN, que resolvió el recurso de reconsideración, notificada
mediante edicto desfijado el veinticinco (25) de septiembre de dos mil
diecisiete (2017), por las razones de derecho que adelante expondremos.

Así mismo, a título de restablecimiento del derecho, se declare que mi
representada, la Doctora MARÍA LUISA PIRAQUIVE DE MORENO, no está
obligada a modificar su declaración de renta correspondiente al año gravable
2012, y por tanto su declaración se encuentra en firme.

2. En los fundamentos de hecho de la demanda se indicó que la señora Piraquive
de Moreno es residente fiscal en los Estados Unidos de América desde el 23 de
agosto de 2006 y que en 2013 obtuvo la ciudadanía estadounidense. Para el año
gravable 2012, ya ostentaba la calidad de residente fiscal en ese país, «tal y como
lo certifica el Servicio de Rentas Internas (IRS) del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos».

3. El 7 de mayo de 2013 presentó la declaración de renta para el año gravable
2012 en los Estados Unidos de América, incorporando todos sus activos y rentas
de fuente mundial, dada su condición de residente fiscal en ese país.

1 El expediente del proceso de nulidad y restablecimiento se encuentra, en formato digital, en el

índice 14 de SAMAI.
2

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Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

4. El 13 de noviembre de 2015, la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes expidió el
requerimiento especial 313382015000126, en relación con la declaración tributaria
presentada por la actora respecto del año gravable 2012.

5. Después de haber dado respuesta al requerimiento especial, el 9 de agosto de
2016, la División de Gestión de Fiscalización de la citada dirección seccional
expidió la Liquidación Oficial de Revisión 312412016000060, en la cual se adicionó
el patrimonio bruto en $7.008.154.000, salarios y demás pagos laborales en
$2.784.846.000, otros ingresos en $330.188.000 y renta gravable en
$7.008.154.000 e impuso sanción por inexactitud de $2.327.408.000.

6. Contra la anterior decisión, la señora Piraquive de Moreno interpuso recurso de
reconsideración, que fue decidido mediante la Resolución 006460 del 25 de agosto
de 2017, en la que se modificó la liquidación de revisión y se fijó como saldo a
pagar la suma de $5.412.834.000.

7. En el concepto de violación de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, en síntesis, expuso lo siguiente:

8. Tanto en la liquidación oficial de revisión como en la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración, la DIAN interpretó y aplicó indebidamente el concepto
de asiento principal de los negocios, contenido en el artículo 10 del Estatuto
Tributario vigente para el año gravable 2012, pese a que este carece de
reglamentación en la legislación tributaria. Es decir, la DIAN amplió ilegalmente el
concepto de asiento principal de los negocios, para hacerlo exigible por vía de
interpretación a la señora María Luisa Piraquive de Moreno.

9. La Administración desconoció que la actora centralizó la gestión de sus negocios
en los Estados Unidos de América, país en donde tiene un contrato de trabajo
vigente, aporta a la seguridad social, permanece la mayor parte de su tiempo y,
además, posee la mayor parte de sus activos.

10. Agregó que los emolumentos eclesiásticos que percibe son ofrendas o
donaciones. De ahí que no podía atribuírsele la calidad de residente fiscal, como
lo hizo la DIAN, ni presumir que ejerce el comercio, dado que su actividad no encaja
en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 13 del Código de Comercio -
que prevé los eventos en los que se presume el ejercicio del comercio-, pues
predicar el evangelio es una actividad espiritual y no de naturaleza mercantil.

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Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

11. Es por ello que la DIAN debe excluir dichos emolumentos eclesiásticos del
cálculo del impuesto de renta de la señora Piraquive de Moreno. De hecho, los
ingresos que recibe en Colombia equivalen a $376.784.000, mientras que los
percibidos en Estados Unidos suman $2.961.197.632, por lo que, en esas
condiciones, el asiento principal de sus negocios sería este último país y no
Colombia, en atención a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Tributario.

12. Se desconoció lo establecido en los artículos 95.9 y 363 de la Constitución
Política, según los cuales el sistema tributario colombiano se funda en los principios
de justicia y equidad, al exigirle, sin fundamento legal alguno, que incorpore el
patrimonio y las rentas percibidas en los Estados Unidos en la declaración del
impuesto sobre la renta en Colombia, aplicando de manera retroactiva el artículo 2
de la Ley 1607 de 2012, modificatorio del artículo 10 del Estatuto Tributario, que, a
su vez, determina las condiciones bajo las cuales las personas naturales son
consideradas residentes en Colombia para efectos tributarios. Lo anterior, porque
para el año 2012 el legislador no había definido el concepto de asiento principal de
los negocios, con base en el criterio objetivo de mayoría de ingresos para
determinar la residencia fiscal, lo cual sólo se estableció con la expedición de la
Ley 1607 de 2012, que empezó a regir en 2013, esto es, con posterioridad a la
fecha de causación del impuesto sobre la renta del año 2012.

13. Al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho le correspondió el
radicado 25000-23-37-000-2018-00069-00. En primera instancia, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en sentencia de
22 de abril de 2021, negó las súplicas de la demanda por las siguientes razones:

14. De conformidad con lo previsto por el artículo 10 del Estatuto Tributario, se
considera residente fiscal a la persona natural que permanece en el territorio
nacional, de forma continua o discontinua, por más de 6 meses en el año o período
gravable; también cuando conserva la familia en el territorio nacional o si la persona
natural tiene el asiento principal de sus negocios en el país.

15. Si bien el Estatuto Tributario no establece qué se debe entender por asiento
principal de los negocios, la jurisprudencia ha desarrollado esa noción con
fundamento en las normas vigentes; por ejemplo, en la sentencia del 7 de junio de
1996 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, se determinó que este «puede
ser el lugar donde la persona tiene sus principales inversiones, o aquel desde el
cual administra sus bienes, o el sitio en el cual tiene oficinas o establecimientos, o
el lugar donde desarrolla su actividad profesional, o aquel en el cual obtiene la
mayor parte de sus rentas, ubica sus activos, etc.», tesis reiterada en la sentencia
del 15 de marzo de 2012 de la misma corporación.

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16. Basada en dicha tesis jurisprudencial, la DIAN modificó la declaración privada
presentada por la señora María Luisa Piraquive de Moreno, tras encontrar que,
aunque ella residía en Estados Unidos, se consideraba residente fiscal en
Colombia, dada su condición de supervisora general internacional y representante
legal de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, con domicilio en
este último país, en el que, de hecho, percibió la mayor parte de sus rentas en el
año 2012, pues recibió emolumentos eclesiásticos, ingresos por rendimientos
financieros, venta de libros, participación de utilidades y por arriendo en una
proporción del 53%.

17. Lo anterior, según el Tribunal, da cuenta de la competencia de la DIAN para
fiscalizar la declaración de la contribuyente, entidad que, en virtud del principio de
irretroactividad de la legislación tributaria, al expedir los actos administrativos
demandados, aplicó lo previsto en los artículos 9, 10 y 103 del Estatuto Tributario,
y no las leyes 1607 de 2012 y 1539 de 2014, por lo que no se desconocieron los
principios de equidad y progresividad.

18. A partir de lo anterior, concluyó que sí era procedente la sanción por inexactitud
impuesta por la DIAN, en la medida en que la señora Piraquive de Moreno omitió
incluir en su declaración de renta del año gravable 2012 activos e ingresos
obtenidos fuera del país, lo que generó un menor impuesto a pagar. Sin embargo,
al resolver el recurso de reconsideración, la DIAN redujo la sanción al 100%, al
tiempo que se abstuvo de imponer condena en costas, por estimar que no se
causaron.

19. Contra la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de apelación.
Refirió, en síntesis, que la providencia contenía un error en la interpretación y
aplicación del concepto de residencia para efectos fiscales, contenido en el artículo
10 del Estatuto Tributario, al considerar como criterio prevalente la mayoría de los
ingresos, desconociendo otros elementos que eran de mayor importancia y que no
fueron valorados al momento de definir el asiento principal de los negocios, como,
por ejemplo, (i) que su centro de intereses económicos se encontraba en el exterior,
pues ella vive en Estados Unidos, país desde donde gestiona y administra su
patrimonio e inversiones; (ii) que tiene una relación laboral y realiza aportes a la
seguridad social por ese salario; (iii) que en 2012 permaneció por más de 183 días
fuera del país y sólo estuvo 66 días en Colombia; (iv) que tiene la mayor parte de
su patrimonio en Estados Unidos, y que (v) es residente fiscal, contribuyente y
declarante del impuesto de renta en ese país, integrando su patrimonio y rentas de
fuente de mundial.

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20. De otra parte, cuestionó el hecho de que se hubiera utilizado el valor de los
ingresos como único criterio para definir el asiento principal de los negocios, a
pesar de no existir una definición legal que obligara a utilizarlo.

21. En su criterio, el Tribunal no podía arribar a esas conclusiones, sin desconocer
lo previsto en los artículos 9 y 10 del Estatuto Tributario.

22. Expuso que no pretende la aplicación retroactiva de las disposiciones que
modificaron el concepto de residencia fiscal en Colombia, sino que fueron la DIAN
y el Tribunal quienes, al acoger la tesis de la mayoría de los ingresos, hicieron una
aplicación retroactiva de la Ley 1607 de 2012 y 1739 de 2014, «pero perdieron de
vista, que dicho criterio no es jerárquicamente superior a los demás criterios fijados
por el legislador».

23. De hecho, se desconocieron los principios de justicia y equidad, al exigirle más
de lo que la ley ha «querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación, dado
que no era residente fiscal en Colombia y no estaba obligada legalmente a integrar
su patrimonio poseído en el exterior ni sus rentas de fuente extranjera».

24. La DIAN violó el debido proceso y aplicó de manera extraterritorial la ley, al
imponerle una carga tributaria a un no residente fiscal, actuación realizada por
fuera del marco de su competencia y con desconocimiento de las pruebas
aportadas que acreditaban la residencia fiscal en otra jurisdicción.

25. Por último, indicó que como no estaba obligada a integrar sus rentas de fuente
extranjera y sus activos poseídos en el exterior, resultaba inaplicable la sanción
por inexactitud, toda vez que no se omitieron ingresos, ni impuestos generados por
operaciones gravadas, ni bienes susceptibles de gravamen.

26. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia de 8 de septiembre de
2022, confirmó la providencia apelada.

27. Para sustentar su decisión, en primer lugar, indicó que en un proceso entre las
mismas partes, en relación con el impuesto al patrimonio del año gravable 2011, la
Sección precisó que, de conformidad con lo previsto en los artículos 9 y 10 del
Estatuto Tributario, existían dos criterios para acreditar la residencia fiscal: (i) la
permanencia continua o discontinua en el país por más de seis meses en el año o
periodo gravable, y (ii) que las personas naturales conserven la familia o el asiento
principal de sus negocios en el país, aun cuando permanezcan en el exterior.

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28. Además, señaló que de la regulación especial de la residencia fiscal, se debía
observar el concepto de domicilio contemplado en la legislación civil, que prevé
que no «se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte,
voluntaria o forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de sus
negocios en el domicilio anterior», tema sobre el cual la jurisprudencia precisó que
puede ser aquel en el cual obtiene la mayor parte de sus rentas «y que ante la
pluralidad de domicilios, el asiento principal se puede determinar atendiendo otras
situaciones».

29. La Sección Cuarta de esta Corporación consideró que, a pesar de que durante
el período discutido la contribuyente poseía la mayor parte de sus activos en los
Estados Unidos, fue en Colombia donde obtuvo la mayor parte de sus rentas
($3.501.784.000 frente a $3.115.033.642 en los Estados Unidos), no sólo por el
desarrollo de su actividad como líder espiritual, sino por otros conceptos como la
venta de libros, rendimientos financieros, participación de utilidades y
arrendamientos, de los cuales se evidenciaba que el asiento principal de sus
negocios se encontraba en el territorio nacional.

30. Por lo anterior, determinó que la señora Piraquive de Moreno obtuvo la mayor
parte de sus rentas en Colombia, por lo que era residente fiscal en el país, al estar
probado que recibió emolumentos eclesiásticos, cuyos valores eran muy
superiores a los recibidos en el extranjero, lo que permitía acreditar uno de los
supuestos de residencia fiscal, esto es, el asiento principal de sus negocios.

31. De manera que, como era residente fiscal en Colombia, estaba sujeta al
impuesto discutido por sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y
extranjera, y por los bienes poseídos dentro y fuera del país, sin que hubiera
vulneración del debido proceso ni de los principios de legalidad, territorialidad,
justicia, equidad, capacidad contributiva y progresividad.

32. Advirtió que no emitiría un pronunciamiento respecto de la aplicación
retroactiva de las leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, por cuanto esas
disposiciones no hicieron parte del sustento de los actos demandados. Asimismo,
adujo que no se pronunciaría sobre los aspectos no apelados que le fueron
adversos a la demandante, tales como la falta de competencia de la DIAN para
fiscalizar y exigir que tributara sobre rentas y patrimonio, la aplicación del artículo
239.1 del Estatuto Tributario y la violación al debido proceso y la garantía de
defensa por la falta de entrega de documentos solicitados.

33. Con respecto a la sanción por inexactitud, manifestó que eran insuficientes las
razones que adujo la demandante para establecer la existencia de un juicio

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Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

equivocado de comprensión de los artículos 9 y 10 del Estatuto Tributario, como
causal de exculpación de la sanción por inexactitud. Que, en efecto, al interpretar
dichas normas, la actora desconoció conceptos que permitían concluir que el
asientos de los negocios se ubicaba en Colombia, entre los que se encuentran la
naturaleza de los emolumentos eclesiásticos y la realización de otras actividades
en el territorio nacional, con base en las cuales se determinó que la mayor parte
de sus rentas se obtuvieron en Colombia y que, por tanto, estaba sujeta al impuesto
por sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera, así como
por los bienes poseídos dentro y fuera del país.

El recurso extraordinario de revisión

34. El 22 de septiembre de 2023, la señora María Luisa Piraquive de Moreno, a
través de apoderado judicial, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia del 8 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con
25000-23-37-000-2018-00069-01.

35. Propuso la causal quinta de revisión prevista en el artículo 250 del CPACA:
existir nulidad originada en la sentencia contra la que no procede recurso de
apelación.

36. Consideró que el fallo desconoció el derecho al debido proceso garantizado en
el artículo 29 superior, al no pronunciarse sobre la acusación planteada en la
demanda contra los actos de la DIAN por aplicación retroactiva del artículo 2 de la
Ley 1607 de 2012, y determinar la residencia fiscal en el año 2012 por el solo hecho
de que los ingresos de fuente nacional sumaran más del 50% del total de ingresos
de la contribuyente. Expuso que esa norma sólo podía aplicarse a partir del año
gravable 2013.

37. Para tal efecto, realizó un cuadro comparativo del artículo 10 del Estatuto
Tributario vigente para el año gravable 2012 y el texto de la reforma del artículo 2
de la Ley 1607 de 2012. Luego, analizó el requerimiento especial del 13 de
noviembre de 2015, la liquidación oficial de revisión y la resolución decisoria del
recurso de reconsideración y, a partir de ese estudio, indicó que la DIAN determinó
la residencia fiscal fundándose expresamente en el artículo 2 de la Ley 1607 de
2012, «por más que la DIAN quisiera encubrirlo con otras palabras; por lo tanto, no
podía negarse a resolver la acusación formulada por la aplicación retroactiva de
esta norma, y al hacerlo le violó a la demandante sus derechos a acceder a la
Administración de Justicia y a un debido proceso de dos instancias».

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38. Expuso que se configura la causal de revisión por existir violación del debido
proceso, al haber aplicado retroactivamente el artículo 2 de la Ley 1607 de 2012 y
concluir que la demandante obtuvo la mayor parte de sus rentas en Colombia, lo
cual produjo «el efecto jurídico de que esa persona “se considera residente en
Colombia”. Con más veras cuando se lo hizo producir por sí solo, al tener por
irrelevante el hecho de la posesión de la mayor parte de los activos en el exterior».

39. Reprochó el hecho de que no se hubiera pronunciado sobre la acusación
planteada en la demanda por la violación del artículo 239.1 del Estatuto Tributario,
desconociéndose el derecho a tener un proceso de dos instancias. Para tal efecto,
argumentó que «considerar como activos omitidos el valor de los activos poseídos
en el exterior y, por tanto, considerarlo como renta gravable del año 2012, fue
consecuencia directa de haberle atribuido a la contribuyente residencia fiscal en el
país», por lo que afirmó que, si el tribunal fundamentó la residencia fiscal en el país
para deducir de ese razonamiento la obligación de integrar las rentas de fuente
extranjera y los bienes poseídos en el exterior, y ese aspecto se impugnó, «es
obvio que quien impugna la causa impugna el efecto».

40. De otra parte, señaló que se desconoció lo previsto en el artículo 58 de la
Constitución Política, que garantiza las situaciones jurídicas consolidadas y los
derechos adquiridos, por la indebida aplicación del artículo 239.1, inciso segundo,
del Estatuto Tributario y por desconocimiento del precedente propio. Argumentó
que, en sentencia del 5 de noviembre de 2020, la Sección Cuarta dijo que la
finalidad de ese artículo es luchar contra la evasión que se comete por encubrir
ingresos, y que los activos omitidos son ingresos que el contribuyente ha ocultado
a la Administración. Considera, por tanto, que no podía aplicar esa disposición para
convalidar la conversión del valor de los activos de la contribuyente en renta del
año 2012, porque no eran ingresos realizados en ese año gravable ni habían sido
encubiertos por la contribuyente para evadir el impuesto.

41. Mediante auto del 27 de septiembre de 2023, se requirió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, para que remitiera copia digital
del expediente ordinario radicado bajo número 25000-23-37-000-2018-00069-00.
El 3 de octubre siguiente se dio cumplimiento al requerimiento.

42. En providencia del 28 de septiembre de 2023, se admitió el recurso
extraordinario de revisión. Las notificaciones se efectuaron en debida forma.

43. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pidió que se declare
infundado el recurso, toda vez que no se plantea cuál es el hecho que da cuenta
de la nulidad establecida en el artículo 133 del Código General del Proceso o en la

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Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

jurisprudencia del Consejo de Estado. Asimismo, por cuanto la providencia
recurrida es clara, precisa y congruente con la demanda y la contestación, aunado
al hecho de estar fundada en la normativa tributaria y en las pruebas arrimadas al
expediente.

44. A su juicio, la actora utilizó los mismos argumentos jurídicos señalados en sede
administrativa y judicial para sustentar el recurso extraordinario de revisión, lo que
evidencia que su propósito es reabrir las instancias ordinarias agotadas en sede
administrativa y judicial.

45. Expuso, además, que el apoderado de la señora Piraquive de Moreno
estableció una relación causal inexistente entre dos hechos en la realidad, pues
planteó una falacia «pos hoc ergo propter hoc (después del hecho por tanto causa
del hecho), que en el caso concreto consiste en que por el hecho de que la
contribuyente era residente fiscal en Estados Unidos no podía ser a la vez residente
fiscal en Colombia». A esto se suma que la copia de la tarjeta de residente en
Estados Unidos y la residencia para efectos fiscales emitida por el Departamento
del Tesoro, Servicio de Impuestos Internos de ese país, no desvirtúa la residencia
fiscal en Colombia.

46. Manifestó que lo pretendido por la demandante es cuestionar la actividad
interpretativa de los magistrados, desconociendo que el recurso extraordinario de
revisión está previsto para discutir y ventilar hechos específicos que pudieron
incidir en la decisión mediante la cual se resolvió el proceso ordinario, esto es, las
causales de nulidad establecidas en el artículo 133 del Código General del Proceso
y las establecidas en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

47. Finalmente, sostuvo que el análisis efectuado por la Sección Cuarta de esta
Corporación fue claro, preciso y congruente con la demanda, su contestación y el
recurso de apelación; además, se basó en las pruebas decretadas y practicadas,
frente a las cuales se efectuó una valoración con arreglo a las reglas de la sana
crítica y en respeto al debido proceso.

48. El Ministerio Público solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión, por considerar que, si bien la señora María Luisa Piraquive de Moreno
poseía la mayor parte de sus activos en los Estados Unidos, fue en Colombia
donde obtuvo la mayor parte de sus rentas, no sólo por el desarrollo de su actividad
como líder espiritual, sino por otros conceptos, como la venta de libros,
rendimientos financieros, participación de utilidades y arrendamientos, de lo cual
se evidencia que el asiento principal de sus negocios se encontraba en Colombia.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05364-00
Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

49. En su criterio, la recurrente también estaba obligada a declarar el patrimonio y
las rentas poseídas en Estados Unidos, siendo procedente la aplicación del artículo
231.1 del Estatuto Tributario, relativo a la renta líquida gravable por activos
omitidos, al ser residente fiscal en Colombia. Por tanto, como omitió incluir en su
declaración los activos que poseía en el exterior, era procedente la modificación
de la renta líquida gravable en cuantía de $7.008.154.000, renglón frente al cual la
parte demandante no presentó objeción en la respuesta al requerimiento especial.

50. Expresó que la sentencia recurrida no se encuentra viciada de nulidad y que,
en todo caso, no fueron invocados vicios de procedimiento que produzcan nulidad
en la sentencia. Que, de hecho, como el propósito del recurso extraordinario de
revisión no es el de enmendar los posibles errores en los que hubieren incurrido el
juez o las partes, sino el de permitir un nuevo estudio del asunto cuando la
providencia está afectada por fenómenos externos que no fueron puestos a
consideración en el proceso ordinario -situación que, afirmó, no se evidencia-, debe
declararse infundado el recurso extraordinario.

51. La señora María Luisa Piraquive de Moreno, en memorial del 2 de noviembre
de 2023, manifestó que en el recurso no se está pidiendo definir la residencia fiscal
de la contribuyente, «como la DIAN intenta hacer aparecer», sino que lo pretendido
es definir si la Sección Cuarta podía negarse a resolver las acusaciones de la
demanda o si, al hacerlo, violó el artículo 29 de la Constitución Política y si se
desconoció lo previsto en el artículo 363 superior, al convalidar la aplicación, al año
gravable 2012, de una norma que sólo regía a partir del año 2013.

52. Asimismo, precisó que la contestación a la demanda de la DIAN distorsiona el
texto del recurso extraordinario, por cuanto, según expuso, en ninguna parte se
sostiene que la declaración del año gravable 2012 hubiera quedado en firme. Lo
que sí se dijo es que la declaración de renta por el año gravable 2011 quedó en
firme y que, por lo tanto, su patrimonio a 31 de diciembre de 2011 era una situación
jurídica consolidada, y que la DIAN no podía convertirlo en rentas percibidas en el
año gravable 2012, conforme lo dispuesto en el artículo 239.1 del Estatuto
Tributario.
III. CONSIDERACIONES

1. Caducidad

53. El primer inciso del artículo 251 del CPACA establece que el término para
interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal quinta de revisión es
de un año, contado a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia
cuestionada.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05364-00
Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

54. La sentencia recurrida se notificó por medios electrónicos el 26 de septiembre
de 20222 y, por ende, quedó ejecutoriada el 29 del mismo mes y año. El recurso
extraordinario de revisión se presentó el 22 de septiembre de 2023, esto es, dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia, conforme lo exige el
artículo 251 del CPACA.

2. Competencia

55. La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia del 8 de septiembre de 2022, proferida por la
Sección Cuarta de esta Corporación, en atención a lo dispuesto en los artículos
1073 y 2494 del CPACA, y de conformidad con la distribución de negocios al interior
del Consejo de Estado fijada en el artículo 295 del Acuerdo No. 80 de 2019.

3. Recurso extraordinario de revisión – marco normativo y jurisprudencial

56. El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Las causales de
revisión se encuentran enlistadas en el artículo 250 del CPACA y en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.

57. Este medio de impugnación pretende la infirmación de la providencia por
resultar contraria a la justicia y al derecho, con miras a que se produzca una nueva
decisión, ajustada a la ley.

58. El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el
criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la
valoración probatoria que efectuó, de manera que su estudio se restringe a las

2
Según se observa en el índice 24 de SAMAI del expediente electrónico del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
3
Artículo 107. Integración y composición. “El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por treinta
y un (31) Magistrados. (…)
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en
este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto,
si fuere el caso.
4
Artículo 249. Competencia. «De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. (…)”.
5
Artículo 29. “Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado. (…)».
12

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05364-00
Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

causales taxativamente establecidas por el legislador. Por consiguiente, no puede
ser empleado como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio o
interpretativo.

59. Uno de los requisitos formales de la demanda consiste en invocar con precisión
cuál es la causal de nulidad que se estima configurada, con indicación clara y
exacta de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los cuales, en orden
a ser analizados, deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado6.

4. Alcance de la causal quinta de revisión del artículo 250 del CPACA

60. El recurso extraordinario de revisión materia de análisis se fundó en la causal
quinta de revisión, referida a la nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la cual no procede el recurso de apelación.

61. Dicha causal de revisión ha sido objeto de múltiples pronunciamientos en esta
Corporación, en la medida en la que su redacción no permite conocer cuáles
situaciones dan lugar a la nulidad de la sentencia. Por esa razón, la jurisprudencia
se ha ocupado de establecer los supuestos que pueden configurar esa causal y le
ha encomendado al juez la función de establecer su alcance.

62. Se ha sostenido, así, que la sentencia es nula por las causales de nulidad
procesal establecidas en el ordenamiento de procedimiento civil. Se ha aceptado,
además, que la violación del derecho al debido proceso estatuido en el artículo 29
de la Constitución Política7 genera la nulidad de la sentencia, conforme al
razonamiento efectuado en ese sentido por la Corte Constitucional8 y, en los
específicos casos que ha identificado esta Corporación.

63. Por vía jurisprudencial, se han identificado los siguientes supuestos
transgresores del derecho al debido proceso: i) fallo inhibitorio9; ii) ausencia de

6
Así lo indicó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de
8 de mayo de 2018, exp. 1998-153-01(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
7 Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26,

sentencias de 3 de febrero de 2015, rad. 1998-00157-01(REV); de 1 de octubre de 2019, rad. 2017-
00811-00(REV); y Sala Especial de Decisión No. 21, sentencia de 3 de diciembre de 2019, rad.
2014-01303-00(REV).
8 Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001.
9 En sentencia de unificación de 8 de mayo de 2018, exp. 1998-00153-01, M.P. Alberto Yepes

Barreiro, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado reconoció que una
decisión inhibitoria injustificada vulnera los derechos de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, con lo que se configura la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia,
por violación del artículo 29 constitucional. Así se pronunció la Sala Plena en esa ocasión:
«Entre el derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso existe una estrecha
relación, en tanto aquél es un elemento constitutivo de este; y que el derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva es una manifestación concreta de los derechos a acceder a la justicia, a la defensa
y al debido proceso. (…)
13

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05364-00
Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

motivación; iii) transgresión del principio de la no reformatio in pejus; iv) condena
contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; v) falta de
competencia o jurisdicción; vi) decisión proferida en un proceso terminado por
desistimiento, transacción o perención; v) no contar la decisión con el número de
votos requerido para su aprobación, y vi) falta de congruencia por condena extra,
ultra o infra petita.

64. De otra parte, esta Corporación ha sostenido pacíficamente que, para la
configuración de la causal 5ª de revisión, deben concurrir los siguientes
requisitos10:

1. Que la sentencia recurrida no sea susceptible del recurso de apelación.
2. Que la irregularidad o vicio alegado tenga origen en la sentencia recurrida.
Únicamente se admite la proposición de la nulidad originada antes de proferida
la sentencia, cuando la circunstancia que la originó no hubiera podido ser

Por tal razón, concluye la Sala, que también hay una vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad judicial dicte sin fundamento válido,
razonable, una sentencia inhibitoria, que, como se expuso, es una clara denegación de justicia. (…)
En el marco del Estado Social de Derecho que nos rige desde 1991, el juez está llamado a garantizar
los principios y valores constitucionales, lo que implica que debe asegurar, por una parte, que quien
acude a la judicatura obtenga de forma rápida y efectiva la definición de su conflicto y, por la otra,
servir de límite y control a los poderes constituidos por cuanto estos no gozan de las inmunidades
que en otras épocas predicaban. En ese contexto, y en el marco de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, ha de entenderse que los fallos
inhibitorios, que se funden en argumentos falsos, deben estar proscritos, pues la protección de estos
derechos desde los ámbitos subjetivo y objetivo obligan al Estado a la creación de los mecanismos
necesarios no solo para garantizar que el acceso al aparato judicial sea real y efectivo, sino permitir
a las personas que acuden a él, lograr la satisfacción cierta de sus derechos, lo que se materializa
cuando se resuelven de fondo las pretensiones de las demandas presentadas ante ellos,
independiente si lo es en forma favorable o no a los intereses de quienes acuden a ella.
(…)
Teniendo en cuenta que el artículo 93 de la Constitución Política ordena por remisión la integración
a nuestro ordenamiento constitucional de otros mandatos, entre otros, de los tratados
internacionales de derechos humanos, en lo que se ha denominado el bloque de constitucionalidad,
la Sala advierte que existen una serie de estos instrumentos que consagran expresamente un
derecho que se denomina de protección judicial efectiva, recurso efectivo o tutela judicial efectiva.
(…)
En ese orden de ideas, se han considerado como violaciones al derecho a un recurso judicial
efectivo o de tutela efectiva, entre otros: i) la inexistencia de mecanismo para acceder a la
jurisdicción; ii) los plazos prolongados para resolver de forma definitiva el asunto planteado, iii) las
decisiones que no resuelven sobre el fondo de la litis pero que ponen fin a la actuación, y, iv) el
incumplimiento o imposibilidad de cumplir el fallo».
10 Ver, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 7 de octubre de 2019, rad.11001-33-31-035-2008-00180-01; Consejo de Estado, Sala
Plena, Sala Especial de Decisión N°26, sentencia del 14 de agosto de 2018, rad.11001-03-15-000-
2014-03093-00, Consejo de Estado, Sala Plena, Sala Especial de Decisión N°22, sentencia del 3
de diciembre de 2019, rad.11001-03-15-000-2014-03093-00 CP.; Consejo de Estado, Sección
segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2018, rad.11001-03-25-000-2015-00996-
00; Consejo de Estado, Sala Plena, Sala Especial de Decisión N° 13 sentencia del 7 de junio de
2016, rad.11001-03-15-000-2015-02493-00; Consejo de Estado, Sala Plena, Sala Especial de
Decisión N°27, sentencia del 3 de febrero de 2015, rad.11001-03-15-000-1998-00157-01; Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial No. 26. Rad.11001-03-15-000-
2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala Plena, Sala Especial de Decisión N° 22, sentencia del 2
de febrero de 2016, rad.11001-03-15-000-2015-02342-00; Consejo de Estado, Sala Plena, Sala
Especial de Decisión N°2, sentencia del 1° de octubre de 2019 rad.11001-03-15-000-2013-02216-
00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007,
rad.11001-03-15-000-2007-00653-00. Rad.110010315000201300702-00, Reiterada en la sentencia
del 1 de noviembre de 2016 proferida por la Sala Especial de Decisión N° 10, rad.11001-03-15-000-
2012-00230- 00.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05364-00
Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

advertida sino hasta el momento de su expedición, circunstancia que deberá ser
acreditada por el recurrente.
3. Que el vicio o irregularidad revistan tal magnitud, que, de no haberse presentado,
la decisión adoptada hubiera sido distinta.

5. Caso concreto

65. Expuesto lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si, en el caso
concreto, se reúnen los anteriores presupuestos legales y jurisprudenciales,
necesarios para la configuración de la causal de revisión invocada por la señora
María Luisa Piraquive de Moreno, por haber incurrido en violación al debido
proceso, con fundamento en los siguientes razonamientos:

66. La parte actora alegó que la decisión cuestionada no se pronunció sobre la
acusación planteada en la demanda contra los actos de la DIAN por aplicación
retroactiva del artículo 2 de la Ley 1607 de 2012. Asimismo, porque incurrió en
violación directa del artículo 58 de la Constitución Política, al aplicar indebidamente
lo previsto en el artículo 239.1, inciso segundo, del Estatuto Tributario y por
desconocimiento del precedente propio.

67. Analizadas las inconformidades expuestas por la recurrente, advierte la Sala
que su intención es controvertir el razonamiento probatorio, normativo y
jurisprudencial realizado por la Sección Cuarta de esta Corporación en la sentencia
del 8 de septiembre de 2020, en la cual se determinó que los actos administrativos
demandados no incurrieron en causal de nulidad alguna.

68. No obstante, en el contexto del recurso extraordinario de revisión no le está
permitido al juez de conocimiento entrometerse en la valoración probatoria o en la
interpretación normativa efectuada por el fallador en la providencia cuestionada o,
en general, sobre el fondo del asunto y, consecuentemente, tampoco es la
oportunidad para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las
que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.

69. En palabras de esta Corporación, «no se pueden discutir en él los asuntos de
fondo (fuente de la mencionada relación), ni fiscalizarse las razones fácticas y
jurídicas debatidas en el procesos que dio lugar al aparecimiento del fallo que se
impugna11; no resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia,
motivados en que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se
aplicó una determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005,

exp. REV–173, M.P. María Elena Giraldo Gómez.
15

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05364-00
Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas
observaciones escapan al ámbito de la aludida causal. (…) en este trámite especial
el juez no puede salirse de las causales invocadas en la demanda de revisión, ni
buscar fundamentos diferentes a las mismas, cuando quiera que ellas se
encuentren deficientemente estructuradas»12.

70. La Sala constata que los argumentos relacionados con la supuesta vulneración
del debido proceso fueron debidamente analizados y estudiados por la Sección
Cuarta de esta Corporación, bajo un entendimiento que claramente difiere del
planteado por la señora Piraquive de Moreno.

71. Así, mientras que para la recurrente de la interpretación de los artículos 9 y 10
del Estatuto Tributario vigente para el periodo gravable 2012, se desprende que la
residencia fiscal estaba determinada en Estados Unidos, la DIAN consideró que
ella tenía su residencia fiscal en el territorio colombiano, toda vez que el asiento
principal de sus negocios se encontraba en el país, pues demostró que las rentas
obtenidas aquí eran mayores a las percibidas en el exterior.

72. De lo anterior se deduce que la inconformidad de la demandante radica en sus
diferencias con la interpretación que realizaron la DIAN, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y la Sección Cuarta del Consejo de Estado respecto de la
institución de la residencia fiscal y del concepto de asiento principal de los
negocios, sin que sea posible advertir que la decisión recurrida hubiera incurrido
en alguna omisión o interpretación contraevidente, irrazonable o arbitraria. La
apreciación de la demandante escapa a la órbita de la causal de revisión invocada,
por ende, es incapaz de enervar la validez de la decisión adoptada.

73. En ese sentido, la Sala advierte que la Sección Cuarta de esta Corporación,
luego de valorar las pruebas que obraban en el expediente bajo las reglas de la
sana crítica, sostuvo que, si bien la accionante para el período gravable 2012
poseía la mayor parte de sus activos en los Estados Unidos, fue en Colombia
donde obtuvo la mayor parte de sus rentas ($3.501.784.000 frente a
$3.115.033642 en los Estados Unidos), no sólo por el desarrollo de su actividad
como líder espiritual, sino por otros conceptos como la venta de libros,
rendimientos financieros, participación de utilidades y arrendamientos, de los
cuales era posible evidenciar que el asiento principal de sus negocios se
encontraba en Colombia.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, M.P.

Mauricio Fajardo Gómez; posición reiterada en sentencia de 15 de febrero de 2018, exp. 39906,
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
16

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05364-00
Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

74. Asimismo, con base los criterios objetivos establecidos por esa colegiatura13
para fijar el asiento principal de los negocios, y teniendo en cuenta que los
supuestos de vinculación a la residencia en un Estado no se aplican de manera
subsidiaria o excluyente, pues de configurarse alguno de ellos se entiende que la
persona natural es residente fiscal, concluyó que la señora Piraquive de Moreno
obtuvo la mayor parte de sus rentas en Colombia, por lo cual era residente fiscal
en el país.

75. Adujo que, si bien la actora era residente en los Estados Unidos, tal
circunstancia no desvirtúa que para el año 2012 era residente fiscal en Colombia,
calidad que no se pierde por el cambio de domicilio o el ánimo de permanencia en
el exterior, al estar sujeta a los requisitos previstos en el artículo 10 del Estatuto
Tributario.

76. En esos términos, al ser residente fiscal en Colombia, estaba sujeta al impuesto
discutido por sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera,
así como por los bienes poseídos dentro y fuera del país, sin que hubiera existido
vulneración al debido proceso, ni de los principios de legalidad, territorialidad,
justicia, equidad, capacidad contributiva y progresividad alegados por la
accionante.

77. En relación con la aplicación retroactiva del artículo 2 de la Ley 1607 de 2012,
expuso que esas disposiciones no hicieron parte del sustento normativo de los
actos administrativos demandados, por lo cual no emitiría pronunciamiento alguno.

78. Y en cuanto a la sanción por inexactitud, determinó que las razones alegadas
por la accionante eran insuficientes para establecer la existencia de un juicio
equivocado de comprensión de los artículos 9 y 10 del Estatuto Tributario, como
causal de exculpación, porque la actora desconoció conceptos claros para
establecer que el asiento principal de sus negocios se ubicaba en Colombia.

79. Queda claro, entonces, que la Sección Cuarta del Consejo de Estado analizó
cada uno de los reproches del recurso de apelación y explicó de manera detallada
por qué no prosperaban dichos cargos, al encontrarse demostrado que la aquí
accionante, para el año 2012, tenía su residencia fiscal en el territorio colombiano,
ante la acreditación de que la mayor parte de sus ingresos los obtuvo en el país y
no en los Estados Unidos.

80. Asimismo, en la sentencia recurrida se dejó claro que los argumentos

13 En la sentencia del 4 de agosto de 2022 (exp. 26149), que reiteró la tesis expuesta en el fallo del

12 de agosto de 2021 (exp. 25257).
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05364-00
Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

relacionados con la aplicación retroactiva de la Ley 1607 de 2012, «no hicieron
parte de las fundamentaciones de los actos administrativos demandados», por lo
que no cabía emitir pronunciamiento alguno sobre el particular. En ese mismo
sentido, se abstuvo de abordar aspectos que no fueron apelados y que fueron
adversos a la señora Piraquive de Moreno, dentro de los que se encuentra la
aplicación del artículo 239.1 del Estatuto Tributario.

81. Con respecto a lo anterior, la Sala observa que, en efecto, ni en la liquidación
oficial de revisión, ni en el acto que resolvió el recurso de reconsideración, la DIAN
tuvo como fundamento la Ley 1607 de 2012, con el fin de determinar la residencia
fiscal de la señora Piraquive de Moreno. Esto consideró la DIAN en la Liquidación
Oficial Renta Naturales 312412016000060 del 9 de agosto de 2016:

También aducen los apoderados, que la DIAN aplicó retroactivamente la Ley
1607 de 2012, la cual solo era válida desde el año 2013; precisando que
para la vigencia de la declaración cuestionada, la norma a tener en cuenta
era el artículo 10 del ET antes de su modificación, basándose en los artículos
338 y 363 de la Constitución Política, e igualmente en la sentencia C-878 de
2011, de la Corte Constitucional.

Al respecto ha de decirse, que de la revisión efectuada a los diferentes
elementos de juicio obrantes dentro del expediente sobre el particular, es
viable concluir que la División de Fiscalización se basó en los artículos 9° y
10° del ET, antes de que fuera modificado este último por el artículo 2° de la
Ley 1607 de 2012, para determinar la residencia fiscal de la contribuyente.
Así lo indican los diversos argumentos esbozados sobre el tema en el
requerimiento especial (…) De la lectura y examen de los apartes transcritos,
como de los demás elementos obrantes dentro del expediente, puede
colegirse sin duda alguna que la División de Fiscalización no se basó en el
artículo 10 de la Ley 1607 de 2012, sino que lo hizo en el artículo 10 vigente
para el año en estudio, donde claramente se contempla que la residencia
consiste en la permanencia continua en el país por más de seis (6) meses
en el año o que se completen dentro de este, e igualmente consagra en su
segundo inciso que se tienen como residentes las personas naturales
nacionales que conserven en el país el asiento principal de sus negocios,
aunque permanezcan en el exterior. De hecho, la citada División descartó el
requisito de la permanencia continua o discontinua durante el término legal
señalado por cuanto no se cumplía de acuerdo con lo reportado por
Migración Colombia y acogió la ficción legal prevista en el segundo inciso
del artículo en comento.

Se advierte que para acudir a la otra opción prevista en la norma, lo hizo con
fundamento en lo manifestado por el Consejo de Estado en la sentencia
7683 de 1996, donde la Corporación precisó que el asiento principal de los
negocios de una persona podría considerarse como el centro de intereses
económicos, siendo este “el lugar donde la persona tiene sus principales
inversiones, o aquel desde el cual administra sus bienes o el sitio en el cual
tiene oficinas o establecimientos, o el lugar donde desarrolla su actividad
profesional o aquel en el cual obtiene la mayor parte de sus rentas, ubica
sus activos, etc.” lugar que, para el Despacho, está íntimamente ligado con
el sitio donde desarrolló su actividad profesional la contribuyente; asunto
diferente es que posteriormente en la modificación efectuada al artículo 10
por la Ley 1607 de 2012 se hubiera acogido en dichas modificaciones la
condición consagrada en el literal b), en el sentido de exigir el legislador
considerar como uno de los requisitos para definir la residencia en Colombia
que el sujeto fuere nacional y que durante el año o periodo gravable “el
cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos sean de fuente nacional.

18

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05364-00
Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

82. Y cuando decidió el recurso de reconsideración, mediante Resolución 006460
del 25 de agosto de 2017, la DIAN sostuvo lo siguiente:

Sobre la indebida aplicación de la Ley 1607 de 2012, y omitiendo una
aplicación retrospectiva de la Ley 1739 de 2014, debe señalarse que no se
observa ni en el acto preparatorio ni en la Liquidación Oficial Renta Naturales
– Revisión No. 312412016000060 del 2016/08/09, que la administración
tributaria tenga como soporte jurídico las normas en comento, para proferir
sus actuaciones en el presente proceso, por lo tanto se debe reiterar sobre
este aspecto lo ya señalado en el anexo del acto recurrido, pues como se
evidencia en el presente texto, las normas, jurisprudencia y
pronunciamientos de la Entidad están basados en los textos de las normas
vigentes y aplicables al año gravable 2012.

Por lo tanto, cualquier discusión sobre normas sustanciales posteriores no
tiene cabida en la presente actuación.
(…)

De acuerdo a los supuestos fácticos y jurídicos que reposan en el expediente
y la jurisprudencia en comento, es evidente que la actuación de la
administración tributaria está ajustada al ordenamiento jurídico colombiano
vigente al inicio del ejercicio fiscal de 2012.

De igual manera, este proceso versa sobre el denuncio rentístico del año
gravable 2012, por lo cual no tiene cabida ninguna valoración o análisis de
situaciones diferentes a las que incidan en el año gravable 2012 y al tenor
de los textos normativos aplicables a dicha anualidad fiscal. En ese sentido,
resulta pertinente citar la conclusión de la liquidación oficial sobre el punto
cuando anuncia: “… en materia tributaria constitucionalmente se encuentra
proscrita la aplicación retroactiva de las normas y la retrospectividad de la
ley cuando se trata de aspectos relacionados con hechos económicos que
ya se han generado y han concluido en un periodo gravable determinado…

Por todo lo expuesto, no se evidencia causal de nulidad o la falta de
competencia esgrimida por el recurrente en su escrito, pues la actuación
tributaria y los actos proferidos con ocasión de la misma se realizaron por
funcionarios competentes, en uso de las facultades misionales
determinadas en la ley para la autoridad tributaria .

83. En este punto conviene recordar que el hecho de abstenerse de abordar
aspectos ajenos al debate planteado tanto en sede administrativa como judicial,
antes de constituir una violación del derecho al debido proceso lo que hace es
garantizarlo, en la medida en que, como se sabe, le está vedado al juez emitir
pronunciamiento contra el demandado por causa diferente a la invocada en la
demanda o en cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en ella,
cuestiones cuyo desconocimiento no se advierte en la sentencia censurada. Desde
luego que tampoco es viable dejar de resolver puntos planteados a lo largo de la
contienda; sin embargo, conforme se sostuvo en la sentencia objeto de revisión,
examinar lo concerniente a la supuesta indebida aplicación del artículo 2 de la Ley
1607 de 2012, así como del artículo 239.1 del Estatuto Tributario, implicaba
analizar puntos que no constituyeron el sustento de los actos administrativos
demandados o no fueron incorporados en el recurso de apelación, solución que a
todas luces debía evitarse, justamente para garantizar la congruencia de la
decisión y, de paso, proteger el derecho al debido proceso.

19

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05364-00
Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

84. Visto lo anterior, y en atención al esfuerzo argumentativo realizado en el recurso
extraordinario por parte de la señora Piraquive de Moreno para justificar que, en su
criterio, tanto la DIAN como la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al resolver
su caso, aplicaron indebidamente algunas disposiciones normativas, la Sala
advierte que, lejos de alegarse un verdadero error o vicio in procedendo, los
argumentos propuestos plantean una controversia que ataca aspectos de fondo o
sustantivos de la sentencia recurrida. Este tipo de discusión está fuera del ámbito
del juez del recurso extraordinario de revisión y denota que se está utilizando este
mecanismo excepcional, como si se tratara de una tercera instancia del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

85. Emerge, pues, diáfanamente, que lo pretendido por la señora Piraquive de
Moreno es un nuevo estudio de la cuestión decidida en el proceso ordinario, como
si el recurso extraordinario de revisión constituyera una instancia adicional en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón suficiente para
concluir que no se configuró la causal quinta del artículo 250 del CPACA, esto es,
«existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación». De ahí que la Sala no pueda inmiscuirse en el
análisis razonable que se realizó en la sentencia recurrida.

86. Conviene precisar que la providencia se encuentra debidamente motivada y se
adoptó con fundamento en la jurisprudencia vigente de esta Corporación, relativa
a la determinación de la residencia fiscal y el alcance del concepto asiento principal
de los negocios establecido en el Estatuto Tributario vigente para la época de los
hechos; así pues, más allá de la simple desavenencia del demandante con lo
resuelto, no se advierte alguna situación vulneradora del derecho al debido
proceso, en los términos señalados en el recurso extraordinario.

87. Es más, la Sala observa que la señora Piraquive de Moreno interpuso acción
de tutela contra la decisión que aquí se está recurriendo14 y, en su momento, las
Subsecciones C —sentencia del 28 de abril de 2023— y B —fallo del 21 de julio
de 2023— de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, la declararon improcedente por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, al considerar que se
estaba utilizando como una tercera instancia, pues no le correspondía revisar ni
evaluar la interpretación hecha por el juez natural del asunto sobre las
disposiciones aplicadas al resolver la controversia.

88. A esto se suma que, en un asunto de circunstancias fácticas y jurídicas

14 Radicado 11001-03-15-000-2023-01245-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05364-00
Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

similares15, la Sala Tercera Especial de Decisión del Consejo de Estado 16, al
resolver un recurso extraordinario de revisión promovido por la aquí accionante en
contra de la sentencia dictada el 4 de agosto de 2022 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, se arribó a la conclusión de que el asiento principal de sus
negocios era Colombia, al encontrarse demostrado que la mayoría de sus ingresos
fueron percibidos en el país y no en el extranjero, lo que la hacía residente fiscal
en el territorio colombiano, en los términos del artículo 10 del Estatuto Tributario.

89. En aquella oportunidad, la Sala Tercera Especial de Decisión de esta
Corporación determinó que los argumentos de la señora Piraquive de Moreno no
se enmarcaban en ninguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo
133 del Código General del Proceso, ni en hechos que pudieran afectar la legalidad
de la decisión. Además, sostuvo que los argumentos planteados en el recurso eran
los mismos que propuso en la demanda y en el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, esto es, inconformidades planteadas y resueltas
en el proceso ordinario. Decisión que se encuentra amparada por los principios de
autonomía e independencia judicial, así se alegue la vulneración al debido proceso.

90. A igual conclusión se arriba en este caso, pues, se insiste, las inconformidades
de la recurrente no dan cuenta de una real vulneración al debido proceso, al punto
que se enmarquen en alguna de las causales de nulidad establecidas en la
legislación procesal o en alguno de los supuestos que la jurisprudencia ha
considerado para la prosperidad de la causal quinta del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011, sino de su apenas obvio descontento con la decisión adoptada por el juez
natural de la causa, lo cual, en todo caso, no es suficiente para la prosperidad del
recurso extraordinario de revisión.

91. Concluye la Sala, entonces, que la sentencia cuestionada no se encuentra
incursa en nulidad por violación del debido proceso, y, por tanto, se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión.

6. Condena en costas

92. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
establece que «si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente».

15
en el cual el debate se circunscribió a determinar cuál era el asiento principal de los negocios de
la accionante en el año 2011.
16 Sentencia del 11 de junio de 2024, radicado 11001-03-15-000-2023-04329-00. M.P. Wilson

Ramos Girón.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05364-00
Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

93. El artículo 361 del CGP prevé que las costas están integradas por la totalidad
de expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho. El numeral 8º del artículo 365 del CGP dispone, por su parte, que sólo
habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.

94. En el presente asunto, la DIAN contestó la demanda de manera oportuna y
presentó argumentos dirigidos a que se declarara infundado el recurso
extraordinario de revisión. Por consiguiente, se impondrá, en su favor, agencias en
derecho.

95. Para establecer las agencias en derecho, la Sala se remite a lo establecido en
el artículo 5º, numeral 9º, del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016,
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que
dispone la tarifa máxima de agencias en derecho, tratándose de recursos
extraordinarios, en veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

96. Así, atendiendo a la naturaleza, calidad y gestión desarrollada por el profesional
del derecho que ejerció la representación legal de la DIAN, se tasará a su favor,
por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente a la ejecutoria de esta providencia.

97. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Uno Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora María Luisa Piraquive de Moreno contra la sentencia del
8 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte actora. Se fija por concepto de
agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a la ejecutoria de esta sentencia, a favor de la DIAN.

Por Secretaría General, liquídense los gastos procesales.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05364-00
Demandante: María Luisa Piraquive de Moreno

integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILSON RAMOS GIRÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Ausente con excusa

VF

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