Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00182-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00182-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2019-00182-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
16 de marzo de 2023
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00182-01 (27056)
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2019-00182-01 (27056)
Demandante EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
E.S.P.
Demandado SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SSPD
Temas Reiteración de jurisprudencia. Contribución especial del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Año 2018. Efectos erga
omnes e inmediatos de la sentencia de nulidad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD) contra la sentencia del 9 de
junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A, que decidió:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución n.° 20185340029536 del 3 de
agosto de 2018, mediante la cual le fue proferida a la demandante liquidación oficial por la
contribución especial de servicios públicos (alcantarillado) del año gravable 2018; de la
Resolución No. SSPD 20185300121235 del 25 de septiembre de 2018, que confirmó la
anterior al desatar el recurso de reposición, y de la Resolución n.° 20185000129825 del 01 de
noviembre de 2018, a través de la cual se confirmó la referida liquidación oficial al desatar el
recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho DECLARAR que la contribución especial
a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá SA ESP por el año 2018 por
el servicio de alcantarillado corresponde a la suma de $458.638.470, según liquidación
consignada en la parte motiva.
TERCERO: Se ordena a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)
DEVOLVER a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá SA ESP la suma de
$2.050.541.531 ajustada al IPC, junto con los intereses moratorios que legalmente se causen
según lo previsto en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.
CUARTO: No se condena en costas por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia
(…)»1.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La SSPD profirió la Resolución Nro. 20185300100025 del 30 de julio de 2018, acto
de carácter general que fijó la tarifa y la base gravable de la contribución especial
de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 para el año gravable 2018.
1 SAMAI. Índice 2. Carpeta 11. PDF 13. Páginas 17 a 18.
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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Posteriormente, la entidad profirió la Liquidación Oficial Nro. 20185340029536 del
3 de agosto de 2018, que determinó que el valor total de la contribución especial a
cargo de Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. (en
adelante EAAB) por el año gravable 2018 por el servicio público de alcantarillado es
de $2.509’180.000, reconoció el pago a título de anticipo por $288’051.000, y liquidó
el saldo a pagar de $2.221’129.000.
La contribuyente interpuso recursos de reposición y de apelación contra esta
decisión. Pero la SSPD confirmó la liquidación oficial mediante las Resoluciones
Nro. SSPD-20185300121235 del 25 de septiembre de 2018 y Nro. SSPD-
20185000129825 del 1 de noviembre del mismo año, respectivamente.
EAAB realizó el pago de $288’051.000 por concepto de anticipo el 29 de enero de
2018 y de $2.221’129.000 el 7 de diciembre de 2018 por concepto de saldo a pagar
de la contribución por ese mismo año.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la EAAB formuló las siguientes
pretensiones:
«PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial de la liquidación oficial SSPD N°
20185340029536 del 3 de agosto de 2018, correspondiente a la Contribución Especial del año
2018 a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, emitido por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por valor de $2.509’180.000.00 por el
servicio público Alcantarillado.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. SSPD-20185300121235 del 25
de septiembre de 2018 -Expediente 2018534260100027E- por la cual la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios resuelve el Recurso de Reposición interpuesto contra la
Liquidación Oficial 2018 No. 20185340029536 del 3 de agosto de 2018 y se concedió el
recurso de apelación.
TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. SSPD-20185000129825 del 1° de
noviembre de 2018, “Por la que se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
CUARTA: Que como consecuencia de la anterior y a título de RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios:
a. Que excluya de la base gravable de la contribución especial del año 2018 (Por concepto
de Servicio Público Domiciliario de Alcantarillado), los conceptos de la Cuenta 75
porque no corresponden a gastos según lo ordenado por el artículo 85.2 de la Ley 142
de 1994; es decir, que se disminuya de la base gravable las cuentas de gastos que
erradamente la SSPD incluyó para el cálculo de la mencionada contribución.
b. Que reintegre a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
ESP la suma de $2.050.452.000.00, correspondiente al mayor valor pagado por concepto
de la Contribución Especial del año 2018, calculados sobre la base de que no constituyen
gastos de funcionamiento.
c. Que la suma anterior sea indexada con base en el Índice de Precios al Consumidor -IPC,
tal como lo establece el artículo 187 del CPACA.
d. Que de conformidad con el artículo 192 del CPACA, se ordene liquidar intereses
moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso,
hasta la fecha efectiva en que se realice la devolución de los montos cancelados por
concepto de la mencionada Contribución en exceso.
QUINTA: Que se condene en costas, gastos y Agencias en Derecho a la parte demandada»2.
2 SAMAI. Índice 2. PDF 9. Páginas 5 a 6.
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Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 95-9, 150, 338 y 363
de la Constitución; el artículo 712 del Estatuto Tributario; los artículos 85, 85.1 y
85.2 de la Ley 142 de 1994; y la Ley 43 de 1990. Los cargos de nulidad se resumen
así:
1. La SSPD modificó los elementos del tributo que fueron fijados por el
legislador
Afirmó que la entidad demandada modificó los conceptos que integran la base
gravable de la contribución especial regulada en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994
al incluir los costos de operación registrados en la cuenta del grupo 75, máxime
cuando la ley es precisa al indicar que la base del tributo la constituye los gastos de
funcionamiento relacionados directamente con la prestación del servicio regulado.
Destacó que, según el artículo 338 de la Constitución, el Congreso de la República,
las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales son los
únicos autorizados para crear y establecer los elementos de las contribuciones
especiales. Además, indicó que estas corporaciones públicas de elección popular
pueden autorizar a otras autoridades para fijar las tarifas de las contribuciones,
siempre que definan el sistema y el método para determinar los costos del servicio
que se recuperarán.
Así las cosas, indicó que el legislador, en aplicación de los principios de legalidad y
de certeza del tributo, fijó todos los elementos de la contribución especial en el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, donde dispuso que la SSPD solo está facultada
para determinar la tarifa de la contribución. Por este motivo, la jurisprudencia del
Consejo de Estado3 señaló en otras ocasiones que la entidad referida no puede
extender el alcance de la ley y adicionar las cuentas del grupo 75 a la base gravable
del tributo, pues el legislador precisó que únicamente se conformaría con los gastos
de funcionamientos directamente relacionados con el servicio regulado.
Con base en lo expuesto, concluyó que la Resolución Nro. 20185300100025 del 30
de julio de 2018 desconoció el artículo 338 de la Constitución porque determinó la
tarifa adicionando a la base gravable de la contribución las cuentas del grupo 75.
2. La SSPD adicionó a la base gravable conceptos que no fueron
determinados por el legislador
Puso de presente que la SSPD profirió la liquidación oficial de la contribución
adicionando a la base gravable las cuentas del grupo 75, cuando solo debió tener
en cuenta las del grupo 51. Así las cosas, señaló que debido a este error la entidad
realizó un cobro en exceso por valor de $2.050’452.000 para el servicio de
alcantarillado, que se discute en este proceso, y de $1.467’380.000 para el servicio
de aseo, el cual no es objeto de debate en este caso, para un total de
$5.955’239.000.
3. Los costos de producción no forman parte de la base gravable de la
contribución
Destacó que la sentencia proferida en el Expediente Nro. 16874 de 2010 declaró la
nulidad parcial de la resolución que fijó la tarifa de la contribución para el año 2005
al adicionar las cuentas del grupo 75 a la base gravable del tributo. Para sustentar
esta decisión, afirmó que la providencia indicó que los costos de producción no
3 Al respecto citó: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 23407
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pueden formar parte de la base gravable con una interpretación gramatical del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, pues no son gastos de funcionamiento, cuyo
alcance fue determinado por la jurisprudencia como aquellas erogaciones
relacionadas con la prestación del servicio público.
Indicó que el parágrafo del artículo 2 de la Resolución Nro. 20185300100025 de
2018 dispuso que la base gravable para las entidades que se encuentran sometidas
al régimen de contabilidad pública se determinaría con la sentencia referida, lo que
supone la exclusión de las cuentas del grupo 75. Pese a esto, la liquidación oficial
no tuvo en cuenta esta regla, lo que supuso una indebida determinación del tributo.
Manifestó que la SSPD modificó de forma arbitraria la base gravable del tributo
porque, además de lo expuesto, sigue vigente la Resolución Nro. SSPD-
20051300033635 de 2005, que actualizó el plan de contabilidad para los
prestadores de servicios públicos domiciliarios y que distingue las cuentas del grupo
5 (gastos) de las del grupo 7 (costos de producción).
4. Contraargumentos de los fundamentos de la SSPD
La actora sostuvo que, según la entidad demandada, la adición de las cuentas del
grupo 75 procede porque las Normas Internacionales de Información Financiera (en
adelante NIIF), que se adoptaron en la estructura para el reporte de la información
financiera en el lenguaje XBRL, no permite hacer la distinción entre gastos y costos
de producción.
Al respecto, la demandante indicó que las NIIF no cambian la naturaleza de las
operaciones, sino que otorga una nueva denominación de términos, por lo que nada
impide que se siga implementando la distinción entre costo y gasto.
Aseguró que la SSPD también expuso que la imposibilidad de distinguir costos y
gastos radica en el numeral 6.2.4 de la Resolución Nro. 414 de 2014. Sin embargo,
a juicio de la demandante, esta interpretación es descontextualizada porque el
numeral citado no contiene una definición de costos o gastos, sino que se limita a
indicar el momento en que se reconocen estos conceptos.
Señaló que la posibilidad de distinguir los costos y los gastos se reconoce por el
Concepto Nro. 20172000043811 del 2 de agosto de 2017 de la Contaduría General
de la Nación.
Adujo que no es cierto la inexistencia de un catálogo de cuentas aplicable para el
reconocimiento de los hechos económicos de las empresas que no cotizan en el
mercado de valores y que no captan ahorros del público, pues la Contaduría
General de la Nación, en vigencia del NIIF, expidió dicho catálogo, lo que puede
verificarse en la Resolución Nro. 139 de 2015, la Resolución Nro. 414 de 2014, el
Instructivo Nro. 002 de 2014, la Resolución Nro. 663 de 2015, la Resolución Nro.
607 de 2016, la Resolución Nro. 466 de 2016 y la Resolución Nro. 586 de 2018.
Expuso que el hecho de que la SSPD no haya proferido un catálogo propio de
cuentas no tiene consecuencia para este caso, pues la Constitución asignó la
competencia para hacerlo a la Contaduría General de la Nación, por lo que las
resoluciones expedidas por dicha entidad fueron adoptadas por la EAAB a partir del
año 2014.
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5. Causales de nulidad probadas
Reiterando lo expuesto previamente, la demandante sostuvo que en este caso están
probadas las causales de nulidad de falsa motivación, violación del principio de
legalidad y desviación de poder.
Oposición a la demanda
La SSPD controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos:
En el acápite de los hechos, puso de presente que las apropiaciones presupuestales
para la entidad por el año 2018 fueron establecidas en la Ley 1873 de 2017 y el
Decreto Presupuestal General de la Nación Nro. 2236 del mismo año. En dichas
normas, se indicó que los ingresos corrientes son aprobados por valor de
$115’476.301, el cual debe ser cubierto con el recaudo de las contribuciones.
Así mismo, indicó que, para proyectar la tarifa de la contribución, se tomó la
información financiera reportada y certificada a 31 de diciembre de 2017 por las
empresas prestadoras de servicios públicos.
Aseguró que, dada la expedición de la Ley 1314 de 2009, se surtió el proceso de
convergencia a las NIIF, tanto por la SSPD como por las empresas sometidas a su
inspección, vigilancia y control. Debido a esto, aseguró que no expidió un catálogo
de cuentas para el registro contable de los hechos económicos, de tal modo que no
es procedente extrapolar la definición jurisprudencial de gasto de funcionamiento en
la actualidad.
Sostuvo que los conceptos que deben integrar la base gravable de la contribución
especial son aquellos que representan salidas de recursos para lograr el
funcionamiento del prestador del servicio o que se encuentren relacionados con la
prestación del servicio de inspección, vigilancia y control. Así, para la demandada,
lo anterior explica que la SSPD expidiera una estructura para reportar la información
financiera en el lenguaje informático XBRL, fundamentado en las estructuras de la
taxonomía expedidas por la Fundación IFRS y las NIIF.
En el acápite de los argumentos de defensa, la SSPD expuso en el acápite de los
argumentos de defensa las normas y la jurisprudencia que considera que son
aplicables, con base en lo cual consideró que no incurrió en falsa motivación ni en
violación del derecho al debido proceso, pues la ley permite adicionar las cuentas
del grupo 75 ante un faltante presupuestal, como ocurrió para este caso.
Finalmente, señaló que la existencia de un impacto económico negativo para la
demandante no constituye una causal de nulidad del acto administrativo y, aun de
serlo, no se acreditó con ningún medio de prueba.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,
accedió a las pretensiones de la demanda con base en las siguientes
consideraciones:
Expuso consideraciones generales sobre la contribución especial regulada en el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y los elementos que definió el legislador. Indicó
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que, según esta norma, por regla general, la base gravable del tributo está
conformada por los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a
regulación, excluyendo los gastos operativos y por excepción, podrán adicionarse
cuando se configure un faltante presupuestal de la SSPD.
Con relación al año gravable 2018, puso de presente que la sentencia del 12 de
noviembre de 20204 declaró la nulidad parcial del artículo 2 de la Resolución Nro.
20185300100025 del 30 de julio de 2018, acto general que determinó la tarifa del
tributo, por lo que excluyó todas las cuentas del grupo 75 de la base gravable.
Destacó que esta providencia surte efectos erga omnes, de tal modo que opera para
todos los procesos en los que no haya una situación jurídica consolidada, aunque
no haya identidad de partes, como ocurrió en este caso porque la EAAB ejerció los
recursos administrativos y judiciales procedentes contra la liquidación oficial de la
contribución.
Señaló que está probado que la liquidación oficial determinó el tributo a cargo de la
actora adicionando a la base gravable las cuentas del grupo 75, por lo que la SSPD
concluyó que el valor total del tributo con relación al servicio de alcantarillado era de
$2.509’180.000. Sin embargo, al excluir estas cuentas, el valor real de la
contribución a cargo de la EAAB por el servicio de alcantarillado era de
$458’638.470.
En este orden, el a quo declaró la nulidad parcial de los actos acusados y, a título
de restablecimiento del derecho, ordenó devolver el pago realizado en exceso por
valor de $2.050’541.531 ajustado según el índice de precios al consumidor (IPC),
junto con los intereses corrientes y moratorios previstos en los artículos 192 y 195
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Finalmente, sostuvo que no impone condena en costas porque no está demostrada
su causación, según lo prevé el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 365 del Código
General del Proceso.
Recurso de apelación
La SSPD presentó recurso de apelación contra la anterior decisión para que sean
negadas las pretensiones de la demanda, con base en lo siguiente:
Transcribió el contenido de los artículos 150, 338 y 370 de la Constitución y del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, con base en lo cual sostuvo que, al realizar una
interpretación gramatical de la ley, se observa que el legislador admite la adición de
las cuentas del grupo 75 a la base gravable del tributo cuando existe un faltante
presupuestal, pues el objetivo de la norma es garantizar que la SSPD cumpla su
función de vigilancia y control de las entidades prestadoras de servicios públicos
domiciliarios.
Señaló que el artículo 4 de la Ley 1314 de 2009 inició el procedimiento de adopción
de las NIIF, las cuales distinguen tres tipos de empresas: i) Grupo 1: emisores de
valores y entidades de interés público, que aplican las NIIF plenas, ii) Grupo 2:
empresas de tamaño grande y mediano que no son emisores de valores ni
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-
2019-00017-00 (24498). Sentencia del 12 de noviembre de 2020. CP: Milton Chaves García.
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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
entidades de interés público, que aplican las NIIF PYMES, y iii) Grupo 3: pequeñas
empresas y microempresas, que aplican las NIIF MICROEMPRESAS.
Destacó que la SSPD no ha expedido un catálogo de cuentas para el registro
contable de los hechos económicos, por lo que no es posible aplicar la definición
jurisprudencial de gastos de funcionamiento. Por lo anterior, sostuvo que los
conceptos que integran la base gravable del tributo son aquellos que representan
una salida de recursos para lograr el funcionamiento de la empresa prestadora del
servicio o que, adicionalmente, están relacionados con la prestación del servicio
objeto de inspección, vigilancia y control, conforme con la taxonomía definida para
el reporte de información financiera en el lenguaje XBRL.
Indicó que, debido a lo anterior, cada empresa que presenta la información puede
utilizar los mecanismos que considere más fiables y pertinentes para el registro de
los hechos económicos, en cumplimiento de los objetivos de la información
contable, sin que en el fondo se modifique su naturaleza o función.
Afirmó que no existió extralimitación de la facultad contenida en la Ley 142 de 1994,
pues los actos acusados fueron expedidos en cumplimiento de los principios
tributarios y los conceptos jurisprudenciales, solo que se ajustó la aplicación de las
definiciones de gastos de las NIIF. Insistió en que el objetivo del legislador es
garantizar que la SSPD cumpla su función de inspección, vigilancia y control, para
lo cual determinó que la contribución tiene la finalidad de recuperar los costos de
dichos servicios.
Finalmente, indicó que la demandante no explicó el tipo de impacto económico que
supuestamente sufrieron las empresas prestadoras de servicios públicos a raíz con
fundamento en el acto administrativo de carácter general que determinó la tarifa de
la contribución.
Oposición a la apelación
La EAAB se opuso a la apelación reiterando los argumentos propuestos en la
demanda.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Liquidación Oficial Nro.
20185340029536 del 3 de agosto, la Resolución Nro. Nro. SSPD-20185300121235
del 25 de septiembre, que decidió el recurso de reposición, y la Resolución Nro.
SSPD-20185000129825 del 1 de noviembre de 2018, que resolvió la apelación,
actos administrativos de carácter particular proferidos por la SSPD para determinar
la contribución especial prevista en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 a cargo de
EAAB para el año 2018 frente al servicio de alcantarillado.
Para decidir este litigio, se pone de presente que, como lo indicó el a quo, el artículo
2 de la Resolución Nro. SSPD 20185300100025 del 30 de julio de 2018 fue
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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
declarado parcialmente nulo mediante la Sentencia del 12 de noviembre de 20205
porque «adicionó a la base gravable otras cuentas que no hacen parte de los gastos de
funcionamiento y que no encajan dentro de los gastos operativos que expresamente el legislador
permitió adicionar ante la existencia de un faltante presupuestal.» y bajo esta consideración,
se aclaró en la providencia: «En ese sentido, no basta con justificar un faltante presupuestal
para adicionar a la base gravable cuentas que no corresponden a gastos de funcionamiento, pues
se reitera, dicha excepción a la regla general, solo está prevista para los gastos operativos como
son las compras en bloque y/o a largo plazo, compras en bolsa y/o a corto plazo, uso de líneas,
redes y ductos, costo de distribución y/o comercialización GN, gas combustible , carbón mineral,
ACP, fuel y Oil y los peajes, cuando hubiere lugar a ello».
En consecuencia, se determinó que la norma acusada quedaría así:
«Artículo 2°. Base para fijar la liquidación de la contribución especial. Base para la liquidación
de la contribución especial de la vigencia 2018. Los conceptos que integrarán la base gravable
de la contribución especial de la vigencia 2018, por representar salidas de recursos para lograr
el funcionamiento del prestador y por encontrarse relacionados con la prestación del servicio
sujeto a la inspección, vigilancia y control de la Superservicios, de acuerdo con la taxonomía
para fines de presentación y lo señalado en la parte considerativa de la presente resolución,
son:
(+) Gastos de administración (-) Impuestos».
En relación con lo anterior, y como lo ha mencionado esta Sala en oportunidades
anteriores, que versan sobre casos similares, «El artículo 189 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que la sentencia que declara la nulidad
de un acto administrativo surte efectos erga omnes. Es decir, que opera frente a todos los operadores
jurídicos, aunque no haya identidad de objeto ni de partes en los procesos judiciales». Con lo cual,
«la nulidad del acto administrativo de carácter general que reglamentó la base gravable de la
contribución especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 afecta las situaciones jurídicas no
consolidadas»6.
En el caso bajo examen, se observa que la situación jurídica de la EAAB no se
encuentra consolidada, toda vez que el acto oficial que liquida la contribución
especial para el año 2018 fue discutida en sede administrativa, mediante el ejercicio
de los recursos procedentes, y en sede judicial, a través de la presentación de la
demanda de la referencia7.
Ahora bien, consta en el expediente que, los actos administrativos de carácter
particular acusados determinaron el valor del tributo a cargo de la demandante para
el año 2018 adicionando a la base gravable de la contribución especial los gastos
operativos, de acuerdo con la redacción original del artículo 2 de la Resolución Nro.
20185300100025 del 30 de julio de 20188, lo cual no era procedente, aspecto que
ya había sido definido a través de la sentencia del 12 de noviembre de 2020, cuyos
efectos son inmediatos y erga omnes.
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-
2019-00017-00 (24498). Sentencia del 12 de noviembre de 2020. CP: Milton Chaves García.
6 Ver, entre otros: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
11001-03-27-000-2016-00014-00 (22381). Sentencia del 12 de diciembre de 2018. CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez; ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-
03-27-000-2015-00078-00 (22161). Sentencia del 2 de mayo de 2019. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto;
iii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-
2019-00057-00 (25089). Sentencia del 15 de abril de 2021. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y iv)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-
2020-00007-00 (25225). Sentencia del 28 de abril de 2022. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
7 Según lo indicó esta sección, las situaciones jurídicas no consolidadas son aquellas que se debaten o
pueden debatirse ante la administración o ante el juez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-31-000-2009-00559-01 (23443). Sentencia del 6 de junio
de 2019. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
8 SAMAI. Índice 2. PDF 11. Página 55.
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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00182-01 (27056)
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Ahora respecto de la argumentación de la apelante, en el sentido de que la
incorporación de las NIIF al ordenamiento jurídico permite adicionar las cuentas del
grupo 75 a la base gravable de la contribución especial prevista en el artículo 85 de
la Ley 142 de 1994, precisa la Sala reiterar lo señalado en la providencia antes
citada:
«Independiente que en el marco conceptual para la información financiera no exista una
distinción entre el costo y gasto 15, pues la definición de este incluye todas las partidas
incurridas en el transcurso de las operaciones ordinarias de la entidad inclusive los costos
de ventas, ello no implica que la Superintendencia adicione a la base gravable de la
contribución especial de manera indiscriminada rubros que expresamente el legislador no
autorizó y que conforme con el reporte de la información financiera en formato XBRL
corresponde a gastos operativos y no de funcionamiento». (subraya la Sala)
Por todo lo anterior, no se dará prosperidad a la apelación. En consecuencia, se
confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de los
actos acusados.
Finalmente, no se impondrá condena en costas porque no fue demostrada su
causación, tal como lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, el 9 de junio
de 2022.
2. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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