Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2015-00078-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Excepción de inconstitucionalidad del artículo 85.2 de la ley 142 de 1994: reiteración de jurisprudencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2015-00078-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-27-000-2015-00078-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
2 de mayo de 2019
EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 85.2 DE LA LEY 142 DE 1994 - Reiteración de jurisprudencia / EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD – No probada
La Superintendencia de Servicios Públicos solicitó que se aplicara la «excepción de inconstitucionalidad» respecto del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, por infringir el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución Política, en cuanto limitó la base gravable de la contribución a los «gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación» pues, en criterio de tal entidad, éstos no son suficientes para lograr el fin constitucional de dicho tributo, cual es la recuperación de los costos en que incurre el ente de control para ejercer sus funciones. Sobre el tema, esta Corporación se ha pronunciado, entre otras, en las sentencias de 29 de septiembre (Exp. 20874) y 12 de noviembre de 2015 (Exp. 21714), 25 de abril de 2016 (Exp. 21246), 11 de mayo (Exp. 20179), 29 de junio (Exp. 21724) y 20 de octubre de 2017 (Exp. 22067), por lo cual se reitera, en lo pertinente, el criterio jurisprudencial expuesto en las citadas providencias (…) De conformidad con el precedente transcrito, el cual se reitera en esta oportunidad, para la Sala no se encuentra probada la excepción de inconstitucionalidad que la entidad demandada predica del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, toda vez que esta disposición guarda armonía con los artículos 338, 365 y 370 de la Constitución Política, en tanto que la voluntad del legislador no fue extender la base gravable de la contribución en cuestión a los costos de producción. Por lo tanto, la Sala declarará no probada lo que la demandada denominó como excepción de inconstitucionalidad.
FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 85.2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA – ARTÍCULO 338 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA – ARTÍCULO 365 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA – ARTÍCULO 370
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE LA LEY 142 DE 1994 - Base gravable / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS – Finalidad / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - Criterios de liquidación y pago / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - Sujetos pasivos / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - Reiteración de jurisprudencia / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – Definición / BASE GRAVABLE DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL - Alcance
La contribución especial establecida en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 tiene como finalidad recuperar los costos del servicio de control y vigilancia que presta la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Dicha norma dispone lo siguiente: (…) Se tiene entonces que, para definir los costos recuperables vía contribución especial, el legislador ordena tomar como base de liquidación los gastos de funcionamiento y la depreciación, amortización u obsolescencia de los activos de la entidad vigilada, en el período anual respectivo. Así, para el cálculo de dicho tributo, la norma transcrita prevé que: i) no podrá ser superior al 1% de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación, ii) del año inmediatamente anterior objeto de cobro y iii) los gastos de funcionamiento se tomarán de los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia. Por lo demás, la clasificación legal de gastos de funcionamiento a la que alude la demandada no fue prevista en el contexto del sistema tributario aplicable a los servicios públicos domiciliarios, sino en el del sistema presupuestal, como herramienta de política gubernativa mediante la cual se asignan recursos y se determinan gastos para cubrir los objetivos trazados en los planes de desarrollo económico y social en un período determinado. (…) «Para todos los efectos previstos en las Leyes 142 y 143 de 1994 y las demás normas que las modifiquen o adicionen, se entenderá que los gastos de funcionamiento de los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios a los que las mismas se refieren, corresponden a los contabilizados en las cuentas de la Clase 5 – Gastos, con las adiciones de las cuentas del grupo 75 – Costos de producción, y las exclusiones que se hagan en los respectivos actos administrativos que expida la autoridad competente en cada caso». La noción de gastos de funcionamiento debe incluir las erogaciones causadas o pagadas durante el período contable que estén relacionadas con la prestación de los servicios públicos de cada ente prestador, lo que implica que no hagan parte de tales gastos los recursos que el ente destine para otros efectos, tales como, servicios de la deuda e inversión. Lo anterior demuestra que no pueden tenerse en cuenta para la base gravable la totalidad de los gastos mencionados en las cuentas de la Clase 5 – Gastos o del Grupo 75 del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, porque, se insiste, el legislador solamente se refirió a los de funcionamiento, cuyo alcance ha sido dilucidado por la jurisprudencia reseñada y sin que sea procedente extenderlos a otros gastos que no tengan una relación necesaria e inescindible con los servicios que prestan, pues los elementos que conforman la base gravable están limitados. De la lectura del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, antes trascrito, es claro que la intención del Legislador fue la de limitar la base gravable de la contribución especial a los gastos de funcionamiento, lo que excluye la posibilidad de entender que se refería a todo lo que involucra el concepto general de “gastos” del Plan de Contabilidad, pues, de lo contrario, como lo afirma el demandante, no tendría ningún sentido que el Legislador hiciera esa precisión. Determinar la base sobre la totalidad de los gastos administrativos, de comercialización, investigación y financiación que son los grupos que conforman los Gastos según el numeral 4.2.8.4.2 de la Resolución demandada, o a las provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones según las descripciones de la Clase 5 – Gastos, amplía lo previsto en el numeral 85.2 de la Ley 142 de 1994, ya que involucra gastos no contemplados en la norma reglamentada.
Si bien en el numeral 85.1 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 se mencionan como parámetros los gastos de funcionamiento, la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos, estos son para establecer los costos de los servicios prestados por los entes de control y vigilancia, pero para el cálculo propiamente de las contribuciones especiales, solamente se refiere a los gastos de funcionamiento. En tales condiciones, para la Sala, le asiste razón al actor al considerar que lo previsto en el inciso 6° de la descripción de la Clase 5 – Gastos y en las cuentas del Grupo 75 de la Resolución N° 20051300033635 de 2005 vulnera lo dispuesto en el artículo 85 numeral 85.2 inciso 2° de la Ley 142 de 1994, pues los gastos de funcionamiento sólo deben referirse a aquellos que tengan una relación directa o indirecta, pero eso sí, necesaria e inescindible con la prestación de los servicios sometidos a la vigilancia, control, inspección y regulación de los entes encargados de tal función constitucional y legal. Por todo lo anterior, el aparte demandado de la Resolución 20051300033635 de 2005 vulnera lo señalado en el artículo 85.1 inciso 2° de la Ley 142 de 1994, al incluir dentro de la base gravable de las contribuciones a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos y de las Comisiones de Regulación, todas las cuentas de la clase 5 – Gastos, así como las cuentas del grupo 75 – Costos de Producción, pues, como se explicó, no todas las cuentas de gastos allí previstas encuadran dentro del concepto “gastos de funcionamiento” que expresamente señaló el legislador». Teniendo en cuenta los anteriores criterios jurisprudenciales, la sentencia del 20 de octubre de 2017, Exp. 22067, anuló parcialmente el artículo 2 de la Resolución SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, en cuanto adicionó a la base de liquidación de la contribución especial por el año 2014, las cuentas 7505 “servicios personales”, 7517 “arrendamientos”, 7540 “órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones”, 7550 “materiales y costos de operación” y 7570 “órdenes y contratos por otros servicios”, con base en las cuales se liquidó la contribución discutida por la demandante. En dicha providencia, con fundamento en el reiterado precedente jurisprudencial, se concluyó que: « […] es claro que la inclusión de los costos de producción (grupo 75 del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios) dentro de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio regulado que hizo la Resolución No. SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, es contraria al artículo 85.2 de la ley 142 de 1994, dado que amplía la base gravable del tributo con erogaciones que hacen parte de los gastos de funcionamiento de las entidades vigiladas”. (…) De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el valor de la contribución especial para el año 2014, a cargo de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, es de $52.027.600. En consecuencia, la Sala declarará la nulidad parcial de Liquidación Oficial N° 20145340016666 del 4 de junio de 2014 y de las Resoluciones SSPD - 20145300025315 del 16 de julio de 2014 y SSPD – 20145000035995 del 19 de agosto de 2014, proferidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, a título de restablecimiento del derecho, declarará que la contribución especial a cargo de la demandante por el año 2014, corresponde a la suma de $52.027.600. No obra en el expediente prueba del pago de la contribución para el año de 2014, sin embargo, si la Superintendencia de Servicios Públicos verifica que la demandante canceló dicho tributo, deberá devolver la suma pagada en exceso, ajustada con base en el índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA. Asimismo, respecto de la suma actualizada proceden intereses moratorios, en los términos de los artículos 192 y 195 ib.
FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994 –ARTÍCULO 85 / LEY 142 DE 1994 –ARTÍCULO 85.2 / LEY 142 DE 1994 –ARTÍCULO 85 NUMERAL 85.1 / LEY 142 DE 1994 –ARTÍCULO 85 NUMERAL 85.2 INCISO 2 / LEY 142 DE 1994 –ARTÍCULO 85 NUMERAL 85.1 INCISO 2 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 187 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 192 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 195
CONDENA EN COSTAS – Improcedencia. Por falta de prueba de su causación
[A] la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 (num. 8) del CGP, estima la Sala que la decisión anulatoria no amerita condenar en costas a la parte vencida en esta instancia, porque en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-27-000-2015-00078-00(22161)
Actor: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S. A. ESP
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
FALLO
La Sala decide, en única instancia, el medio de control de nulidad simple, con acumulación de pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S. A. ESP (EEB), contra los actos administrativos por medio de los cuales la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) fijó la tarifa de la contribución especial para el año 2014 y liquidó a cargo de la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP la contribución de la vigencia 2014 por valor de $239.450.000.
ANTECEDENTES
El artículo 85 de la Ley 142 de 1994 prevé una contribución especial a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de recuperar los costos de los servicios de control y vigilancia que presta a las entidades sometidas a su regulación.
La contribución debe liquidarse y pagarse anualmente, conforme con las reglas establecidas en la norma anteriormente mencionada, y no puede superar el 1% de los gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente en el año anterior a aquél en el que se hace el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia.
Mediante la Resolución N° SSPD – 20141300018055 del 29 de mayo de 2014, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fijó la tarifa de la contribución especial para el año 2014, a cargo de las entidades sometidas a su inspección, control y vigilancia.
El 4 de junio de 2014, a través de la Liquidación Oficial N° 20145340016666, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios determinó el valor a pagar por la contribución de la vigencia 2014, a cargo de la empresa demandante, en cuantía de $239.450.000.
Contra la anterior liquidación, la actora interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones SSPD - 20145300025315 del 16 de julio de 2014 y SSPD – 20145000035995 del 19 de agosto de 2014, en el sentido de confirmar el acto impugnado.
DEMANDA
En ejercicio de los medios de control de nulidad, y nulidad y restablecimiento del derecho, previstos en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demandante formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA.- Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. SSPD-20141300018055 del 29 de mayo de 2014, proferida por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante el cual se fijó la tarifa de la Contribución Especial para el año 2014 y se dio inicio al trámite correspondiente para el cálculo y metodología para la determinación de la base de la referida contribución.
SEGUNDA.- Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Liquidación Oficial de la Contribución Especial Año 2014, con Radicado No. 20145340016666 del 4 de junio de 2014, proferida por el Director Financiero de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante el cual se liquidó, fijó e impuso la obligación de pago de la Contribución Especial para el año 2014 a cargo de la EMPRESA DE ENERGÍA por un valor equivalente a doscientos treinta y nueve millones cuatrocientos cincuenta mil pesos ($239.450.000,oo)
TERCERA.- Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. SSPD 20145300025315 del 16 de julio de 2014, proferida por la Directora Financiera de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto y se confirmó la Liquidación Oficial de la Contribución Especial Año 2014, con Radicado No. 20145340016666, a cargo de la Empresa de Energía.
CUARTA.- Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. SSPD 20145000035995 del 19 de agosto de 2014, proferida por la Secretaría General de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto y se confirmó la Resolución N° SSPD 20145300025315 del 16 de julio de 2014, y la correspondiente Liquidación Oficial de la Contribución Especial Año 2014, con Radicado No. 20145340016666, a cargo de la Empresa de Energía.
QUINTA.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que reliquide la Contribución Especial del año 2014 a cargo de la sociedad demandante, de conformidad con lo señalado en los hechos y consideraciones sustento de la presente demanda y que, en caso de que se llegare a pagar la suma de dinero impuesta a título de Contribución Especial del año 2014, se ordene la correspondiente devolución o restitución de la suma pagada en exceso por la parte demandante.
SEXTA.- En caso de que la demandante se vea conminada a pagar la Contribución Especial del año 2014, se ordene, igualmente a título de restablecimiento del derecho, el pago de los intereses moratorios comerciales sobre las sumas de dinero a que se hace referencia en la pretensión quinta anterior, a la tasa máxima legal permitida a favor de la sociedad demandante, desde la fecha en que dichos dineros sean pagados a la administración y hasta la fecha en que se verifique la devolución o restitución.
Subsidiaria Primera. En subsidio de la pretensión sexta anterior, el pago de intereses corrientes comerciales sobre las sumas de dinero a que se hace referencia en la pretensión quinta anterior, a la tasa máxima legal permitida, a favor de la sociedad demandante, desde la fecha en que dichos dineros sean pagados a la administración y hasta la fecha en que se verifique la devolución o restitución.
Subsidiaria Segunda. En subsidio de la pretensión subsidiaria primera anterior, el pago indexado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) sobre las sumas de dinero a que se hace referencia en la pretensión quinta anterior, a favor de la sociedad demandante, desde la fecha en que dichos dineros sean pagados a la administración y hasta la fecha en que se verifique la devolución o restitución.
SÉPTIMA.- Todas las condenas de restitución de dineros pagados, deberán imponerse atendiendo el principio de reparación integral, la equidad y los criterios técnicos actuariales, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 283 del Código General del Proceso».
Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:
Artículos 58, 83, 209 y 338 de la Constitución Política
Artículo 85 de la Ley 142 de 1994
Artículo 330 de la Resolución 354 de 2006 de la Contaduría General de la Nación
Numeral 4.8.2.6.2.2 del Plan de Contabilidad para entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:
Desviación de las atribuciones propias y abuso de facultades por parte de la entidad demanda
Alegó que los actos demandados desconocieron el concepto de gastos de funcionamiento que fijó esta Corporación en sentencia del 23 de septiembre de 2010, toda vez que incluyó dentro de este concepto la cuenta 75 correspondiente a costos de producción, los cuales no están llamados a integrar la base gravable de la contribución objeto de estudio.
Violación del principio de certeza tributaria por aplicación indebida e interpretación equivocada del artículo 85 de la ley 142 de 1994
Consideró que el cálculo de la base gravable de la contribución especial para la vigencia 2014, realizado por parte de la Superintendencia, vulneró el principio de certeza tributaria, dado que varió la metodología utilizada para este efecto, que había empleado en años anteriores. Por lo tanto, señaló que el principio de seguridad jurídica proscribe la posibilidad de variar de manera constante los elementos de los tributos. En apoyo de lo anterior, invocó la sentencia C-594 de 2010, de la Corte Constitucional.
Violación al principio constitucional de la buena fe, la confianza legítima y la seguridad jurídica (artículos 58 y 83 de la Constitución)
Insistió en que la variación de la metodología para la determinación de la base gravable del tributo quebrantó el principio de confianza legítima.
Violación del principio de legalidad por la ampliación de la base gravable (violación del artículo 85 de la ley 142 de 1994)
Sostuvo que la base gravable de la denominada contribución especial está integrada por los gastos de funcionamiento que estén asociados al servicio sometido a regulación (art. 85 de la Ley 142 de 1994). El Consejo de Estado, en sentencia del 23 de septiembre de 2010 (exp. 16874, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia), aclaró que la cuenta 75 de costos de producción, no puede incluirse dentro de los factores para determinar la base del tributo, toda vez que los rubros contenidos en aquella no son gastos.
Violación del principio de legalidad por la ampliación de la base gravable (violación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994)
Manifestó que con la inclusión de costos operativos dentro de la base gravable del tributo, la demandada vulneró el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, el cual dispone que este tipo de egresos no deben tenerse en cuenta, a menos que sean indispensables para cubrir faltantes del presupuesto, lo cual, no aconteció en el presente caso.
OPOSICIÓN
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se opuso a las pretensiones de la demanda, en los términos que se exponen a continuación:
Formuló la excepción previa de falta de competencia del Consejo de Estado para conocer del proceso, por desconocimiento de la doble instancia. Y propuso las excepciones de legalidad de los actos demandados y de inconstitucionalidad.
Al efecto, señaló que para estudiar la legalidad de los actos acusados debe realizarse una interpretación sistemática de los artículos 85 de la Ley 142 de 1994; 150, 338 y 370 de la Constitución, con base en los cuales se pueden determinar las características de la llamada contribución especial, a la cual se encuentran sometidas las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Este tributo, propende por recuperar los costos del servicio de vigilancia y control que ejerce la demandada y su determinación cuenta con márgenes objetivos, como lo es la estimación de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación.
De igual forma, alegó que la interpretación que realizó esta corporación en sentencia del 17 de septiembre de 2014 (exp. 20253, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia), parte de la literalidad del texto de la Ley 142 de 1994, al excluir de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación, los descritos en las cuentas del grupo 75 – costos de producción.
En consecuencia, propuso la excepción de inconstitucionalidad del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, toda vez que contradice los artículos 338, 365 y 370 de la Constitución. Ello, debido a que la base gravable del tributo que puede fijar la autoridad de control y vigilancia, debe recuperar los costos en que incurre la entidad por la prestación del servicio de inspección, vigilancia y control, tal como lo establece las normas constitucionales, así que el concepto de gastos de funcionamiento, como lo ha entendido la jurisprudencia del Consejo de Estado, es insuficiente para cubrir los costos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Asimismo, señaló que, a partir de la interpretación constitucional de la ley, las cuentas del grupo 75 sí hacen parte de la base gravable del tributo, ya que estas comprenden las erogaciones asociadas con la producción o la prestación de servicios públicos domiciliarios, a partir de los cuales la empresa (contribuyente) obtiene sus ingresos, así que hacen parte de la base gravable.
Por último, precisó que dentro del ordenamiento jurídico colombiano sí existe un concepto de gastos de funcionamiento, para lo cual resulta relevante la clasificación establecida por el Estatuto General del Presupuesto de la nación. Particularmente, en la «ley de apropiaciones», se distingue entre los gastos, los de servicio de la deuda y los de inversión, determinando que los primeros son aquellos que hacen posible la operación y el cumplimiento de las funciones del Estado.
Por lo mismo, consideró que las erogaciones de la cuenta 75 del plan de contabilidad (costos de producción), sí hacen parte de los gastos de la empresa, en tanto se asocian clara y directamente con la producción y prestación del servicio.
AUDIENCIA INICIAL
El 29 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. En dicha diligencia se precisó que no se presentaron irregularidades procesales, nulidades, ni se solicitaron medidas cautelares, se declaró no probada la excepción previa de falta de competencia (por cuanto en el caso, como se acumulan pretensiones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, la competencia corresponde al juez de la nulidad del acto administrativo de carácter general, esto es, al Consejo de Estado, sin el alegado desconocimiento del debido proceso, en tanto la acumulación en cuestión concreta los principios de eficacia, economía y celeridad procesal), no se decretó la prueba solicitada por la parte actora y se dio traslado a las partes para alegar de conclusión.
Se declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada en relación con la solicitud de nulidad del artículo 2 de la Resolución N° SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, en cuanto incluyó dentro de la base de liquidación de la contribución especial para el año 2014, las cuentas 7505, 7510, 7517, 753508, 753513, 7540, 7542, 7545, 7550, 7560 y 7570.
Y el litigio se concretó en establecer la legalidad de: (i) los demás artículos de la Resolución N° SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014 y (ii) la Liquidación Oficial N° 20145340016666 de 4 de junio de 2014 y las Resoluciones SSPD - 20145300025315 del 16 de julio de 2014 y SSPD – 20145000035995 del 19 de agosto de 2014.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La entidad demandada sostuvo que el análisis de legalidad debe girar en torno al verdadero alcance normativo decantado en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y propender por una interpretación sistemática que consulte el fin y espíritu del artículo 338 de la Constitución. Consideró que las cuentas del grupo 75 son verdaderos gastos de funcionamiento por lo que los actos demandados deben mantenerse incólumes.
La sociedad demandante reiteró la solicitud de nulidad de la totalidad de la Resolución N° SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, así como de la resolución liquidatoria y los actos confirmatorios de la misma, conforme con lo manifestado en anteriores oportunidades por la jurisprudencia de esta corporación (sentencias del 23 de septiembre de 2010, exp. 16874, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia; 23 de julio de 2015, exp. 20920; CP: Martha Teresa Briceño de Valencia; del 5 de mayo de 2016, exp. 21714, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
El Ministerio Público solicitó acceder a las pretensiones de la demanda. Consideró que no hay lugar a la declaración de la excepción de inconstitucionalidad, toda vez que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al expedir la Resolución 20141300018055 del 29 de mayo de 2014, obró con fundamento en la facultad otorgada por el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994.
Estimó, con base en la sentencia de 23 de septiembre de 2010, expediente 16841, que las cuentas del grupo 75, referentes a los costos de producción, no forman parte de la base gravable para liquidar la contribución, por lo que deben ser excluidos de los actos de liquidación demandados.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Decide la Sala, en única instancia, la demanda de nulidad, con acumulación de pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada contra los actos administrativos que determinaron la contribución especial a cargo de la Empresa de Energía de Bogotá S. A. ESP para el año 2014.
Teniendo en cuenta que en la audiencia inicial se declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada en relación con la solicitud de nulidad del artículo 2 de la Resolución N° SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, en cuanto incluyó dentro de la base de liquidación de la contribución especial para el año 2014, las cuentas 7505, 7510, 7517, 753508, 753513, 7540, 7542, 7545, 7550, 7560 y 7570, le corresponde a la Sala establecer la legalidad de: (i) los demás artículos de la Resolución N° SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014; (ii) la Liquidación Oficial N° 20145340016666 de 4 de junio de 2014 y (iii) las Resoluciones SSPD - 20145300025315 del 16 de julio de 2014 y SSPD – 20145000035995 del 19 de agosto de 2014.
Se observa que si bien la demanda se dirigió contra la Resolución SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, no lo es menos que el concepto de violación se concretó al cuestionamiento de la inclusión de la cuenta 75 – costos de producción dentro de los factores que integran la base gravable de la contribución por el año 2014, los cuales, como ya indicó, fueron anulados en su totalidad por esta Corporación. Comoquiera que el demandante no formuló reparo frente a los demás artículos de la referida resolución, en desarrollo del principio de jurisdicción rogada, negará la solicitud de nulidad.
LA EXCEPCION DE INCONSTITUCONALIDAD
La Superintendencia de Servicios Públicos solicitó que se aplicara la «excepción de inconstitucionalidad» respecto del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, por infringir el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución Política, en cuanto limitó la base gravable de la contribución a los «gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación» pues, en criterio de tal entidad, éstos no son suficientes para lograr el fin constitucional de dicho tributo, cual es la recuperación de los costos en que incurre el ente de control para ejercer sus funciones.
Sobre el tema, esta Corporación se ha pronunciado, entre otras, en las sentencias de 29 de septiembre (Exp. 20874) y 12 de noviembre de 2015 (Exp. 21714), 25 de abril de 2016 (Exp. 21246), 11 de mayo (Exp. 20179), 29 de junio (Exp. 21724) y 20 de octubre de 2017 (Exp. 22067), por lo cual se reitera, en lo pertinente, el criterio jurisprudencial expuesto en las citadas providencias:
«El hecho de que la base gravable del tributo sea el valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación es concordante con el fin mismo de la contribución especial, que es recuperar los costos de los servicios de control y vigilancia, y guarda armonía también con el artículo 338 de la Constitución Política, que prevé que la tarifa es para la recuperación de costos de los servicios que presta la autoridad administrativa.
Fue voluntad del legislador, titular del poder tributario, que la base gravable de la contribución especial fuera el valor de los gastos de funcionamiento, más concretamente, los asociados al servicio sometido a vigilancia y control de la demandada. No fue su voluntad que la base gravable incluyera el valor de los costos de producción. Si así hubiera sido, lo habría plasmado en la norma, sin reparo alguno, pues, se insiste, tiene la potestad para hacerlo.
Además, como la tarifa de la contribución especial es para recuperar los costos en que incurra la Superintendencia por los servicios de control y vigilancia que presta a las vigiladas, fue voluntad del legislador que la base gravable solo incluyera los gastos de funcionamiento asociados al servicio que presta la entidad vigilada y que se encuentra sometido a inspección, vigilancia y control del Estado o, como dice el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, “del servicio sometido a regulación”.
Igualmente, en cuanto al argumento de que la ley limitó la base de liquidación de la contribución especial a rubros que son insuficientes para recuperar los costos en que incurre la Superintendencia por la prestación de los servicios de inspección, vigilancia y control, se advierte que el análisis de dicho argumento es propio del debate legislativo exclusivo del Congreso, como titular de la potestad tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política.
De acuerdo con lo anterior, no procede la interpretación que dio el demandado a la expresión “de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación”, del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994. Por lo tanto, la Sala declara no probada lo que la demandada denominó como excepción de inconstitucionalidad.»
De conformidad con el precedente transcrito, el cual se reitera en esta oportunidad, para la Sala no se encuentra probada la excepción de inconstitucionalidad que la entidad demandada predica del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, toda vez que esta disposición guarda armonía con los artículos 338, 365 y 370 de la Constitución Política, en tanto que la voluntad del legislador no fue extender la base gravable de la contribución en cuestión a los costos de producción.
Por lo tanto, la Sala declarará no probada lo que la demandada denominó como excepción de inconstitucionalidad.
BASE GRAVABLE DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
La demandada estima que los rubros del Grupo 75 del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos hacen parte de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio y, por tanto, deben integrar la base gravable de la contribución especial.
La contribución especial establecida en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 tiene como finalidad recuperar los costos del servicio de control y vigilancia que presta la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Dicha norma dispone lo siguiente:
«Artículo 85. Con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que preste cada comisión, y los de control y vigilancia que preste el Superintendente, las entidades sometidas a su regulación, control y vigilancia, estarán sujetas a dos contribuciones, que se liquidarán y pagarán cada año conforme a las siguientes reglas:
85.1. Para definir los costos de los servicios que presten las Comisiones y la Superintendencia, se tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento, y la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos, en el período anual respectivo.
85.2. La superintendencia y las comisiones presupuestarán sus gastos cada año y cobrarán dentro de los límites que enseguida se señalan, solamente la tarifa que arroje el valor necesario para cubrir su presupuesto anual.
La tarifa máxima de cada contribución no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia y de las Comisiones, cada una de las cuales e independientemente y con base en su estudio fijarán la tarifa correspondiente.
85.4. El cálculo de la suma a cargo de cada contribuyente, en cuanto a los costos de regulación, se hará teniendo en cuenta los costos de la comisión que regula el sector en el cual se desempeña; y el de los costos de vigilancia, atendiendo a los de la Superintendencia.
85.5. La liquidación y recaudo de las contribuciones correspondientes al servicio de regulación se efectuará por las comisiones respectivas y las correspondientes al servicio de inspección, control y vigilancia estarán a cargo de la Superintendencia.
85.6. Una vez en firme las liquidaciones deberán ser canceladas dentro del mes siguiente. Se aplicará el mismo régimen de sanción por mora aplicable al impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de las demás sanciones de que trata esta Ley.
PARÁGRAFO 1o. Las Comisiones y la Superintendencia se financiaran exclusivamente con las contribuciones a las que se refiere este artículo y con la venta de sus publicaciones. Sin embargo, el gobierno incluirá en el presupuesto de la Nación apropiaciones suficientes para el funcionamiento de las Comisiones y de la Superintendencia durante los dos primeros años.
PARÁGRAFO 2o. Al fijar las contribuciones especiales se eliminarán, de los gastos de funcionamiento, los gastos operativos; en las empresas del sector eléctrico, las compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello; y en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar a éstos. Estos rubros podrán ser adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir faltantes presupuestales de las comisiones y la superintendencia.»
Se tiene entonces que, para definir los costos recuperables vía contribución especial, el legislador ordena tomar como base de liquidación los gastos de funcionamiento y la depreciación, amortización u obsolescencia de los activos de la entidad vigilada, en el período anual respectivo.
Así, para el cálculo de dicho tributo, la norma transcrita prevé que: i) no podrá ser superior al 1% de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación, ii) del año inmediatamente anterior objeto de cobro y iii) los gastos de funcionamiento se tomarán de los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia.
Por lo demás, la clasificación legal de gastos de funcionamiento a la que alude la demandada no fue prevista en el contexto del sistema tributario aplicable a los servicios públicos domiciliarios, sino en el del sistema presupuestal, como herramienta de política gubernativa mediante la cual se asignan recursos y se determinan gastos para cubrir los objetivos trazados en los planes de desarrollo económico y social en un período determinado.
Al adoptar el Plan de Contabilidad para Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la Resolución 20051300033635 de 2005, el ente demandado, en el inciso sexto de la descripción de la Clase 5 – Gastos, indicó:
«Para todos los efectos previstos en las Leyes 142 y 143 de 1994 y las demás normas que las modifiquen o adicionen, se entenderá que los gastos de funcionamiento de los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios a los que las mismas se refieren, corresponden a los contabilizados en las cuentas de la Clase 5 – Gastos, con las adiciones de las cuentas del grupo 75 – Costos de producción, y las exclusiones que se hagan en los respectivos actos administrativos que expida la autoridad competente en cada caso».
La descripción de la Clase 5 – Gastos, la constituyen las cuentas representativas de los recursos utilizados por el ente prestador de servicios públicos domiciliarios en la adquisición de bienes o servicios necesarios para su operación y funcionamiento.
Dentro de esa clasificación, el Grupo 75 – Costos de Producción, incluía las cuentas 7505: Servicios Personales, 7510: Generales, 7515: Depreciaciones, 7517: Arrendamientos, 7520: Amortizaciones, 7525: Agotamiento, 7530: Costo de bienes y servicios públicos para la venta, 7535: Licencias, Contribuciones y regalías, 7536: Consumo de insumos indirectos, 7540: Ordenes y Contratos de mantenimiento y reparaciones, 7542: Honorarios, 7545: Servicios Públicos, 7550: Materiales y Otros Costos de Operación, 7555: Costo de Pérdidas en Prestación del Servicio de Acueducto, 7560: Seguros, 7565: Impuestos y Tasas, 7570: Ordenes y Contratos por Otros Servicios, 7595: Transferencia mensual de costos por clase de servicio.
El inciso sexto de la descripción de la Clase 5 – Gastos, transcrito párrafos atrás, fue anulado por la Sala mediante sentencia del 23 de septiembre de 2010, Exp. 16874, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, con fundamento en lo siguiente:
«En el aparte demandado se señala igualmente que para liquidar las contribuciones deberá tenerse en cuenta “las adiciones de las cuentas del grupo 75 – Costos de Producción”. Para la Sala este grupo de cuentas tampoco debe integrar la base de las contribuciones a que se refiere la Ley 142 de 1994 por lo siguiente:
Según el numeral 4.2.8.4.3 del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, los Costos “representan erogaciones y cargos asociados, clara y directamente con la prestación de los servicios públicos domiciliarios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos” y en cuanto a los costos de producción dice que “comprenden las erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la producción, la prestación de servicios de los cuales el ente prestador de servicios públicos domiciliarios obtiene sus ingresos, en desarrollo de su función u objeto social”.
De lo anterior se tiene que si bien los costos de producción comprenden las erogaciones asociadas clara y directamente con la producción o la prestación de servicios de los cuales el ente prestador obtiene sus ingresos, lo que los haría, en principio, integrantes de la base gravable, al realizar una interpretación gramatical y conforme al sentido técnico de las palabras a voces de los artículos 27 a 29 del Código Civil, la noción de costos no se puede equiparar a la de gastos de funcionamiento por no haberlo previsto así la Ley 142 de 1994, ya que de haber sido esa la intención del legislador así lo hubiera contemplado legalmente, teniendo en cuenta el fundamento contable que tiene la base gravable comentada.
Al analizar el contenido del Grupo 75 del Plan de Contabilidad para entes prestadores de servicios públicos, se encuentra que al igual que la Clase 5 – Gastos, el catálogo contiene cuentas que no corresponden a la definición jurisprudencial de gastos de funcionamiento, criterio previsto por el legislador como base gravable de la contribución a cargo de los entes prestadores de servicios públicos y comisiones de regulación, ya que algunos de estos rubros no representan erogaciones efectivas de recursos, que es el parámetro adoptado para determinar la base gravable del tributo previsto en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
La noción de gastos de funcionamiento debe incluir las erogaciones causadas o pagadas durante el período contable que estén relacionadas con la prestación de los servicios públicos de cada ente prestador, lo que implica que no hagan parte de tales gastos los recursos que el ente destine para otros efectos, tales como, servicios de la deuda e inversión.
Lo anterior demuestra que no pueden tenerse en cuenta para la base gravable la totalidad de los gastos mencionados en las cuentas de la Clase 5 – Gastos o del Grupo 75 del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, porque, se insiste, el legislador solamente se refirió a los de funcionamiento, cuyo alcance ha sido dilucidado por la jurisprudencia reseñada y sin que sea procedente extenderlos a otros gastos que no tengan una relación necesaria e inescindible con los servicios que prestan, pues los elementos que conforman la base gravable están limitados.
De la lectura del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, antes trascrito, es claro que la intención del Legislador fue la de limitar la base gravable de la contribución especial a los gastos de funcionamiento, lo que excluye la posibilidad de entender que se refería a todo lo que involucra el concepto general de “gastos” del Plan de Contabilidad, pues, de lo contrario, como lo afirma el demandante, no tendría ningún sentido que el Legislador hiciera esa precisión.
Determinar la base sobre la totalidad de los gastos administrativos, de comercialización, investigación y financiación que son los grupos que conforman los Gastos según el numeral 4.2.8.4.2 de la Resolución demandada, o a las provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones según las descripciones de la Clase 5 – Gastos, amplía lo previsto en el numeral 85.2 de la Ley 142 de 1994, ya que involucra gastos no contemplados en la norma reglamentada. Si bien en el numeral 85.1 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 se mencionan como parámetros los gastos de funcionamiento, la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos, estos son para establecer los costos de los servicios prestados por los entes de control y vigilancia, pero para el cálculo propiamente de las contribuciones especiales, solamente se refiere a los gastos de funcionamiento.
En tales condiciones, para la Sala, le asiste razón al actor al considerar que lo previsto en el inciso 6° de la descripción de la Clase 5 – Gastos y en las cuentas del Grupo 75 de la Resolución N° 20051300033635 de 2005 vulnera lo dispuesto en el artículo 85 numeral 85.2 inciso 2° de la Ley 142 de 1994, pues los gastos de funcionamiento sólo deben referirse a aquellos que tengan una relación directa o indirecta, pero eso sí, necesaria e inescindible con la prestación de los servicios sometidos a la vigilancia, control, inspección y regulación de los entes encargados de tal función constitucional y legal.
Por todo lo anterior, el aparte demandado de la Resolución 20051300033635 de 2005 vulnera lo señalado en el artículo 85.1 inciso 2° de la Ley 142 de 1994, al incluir dentro de la base gravable de las contribuciones a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos y de las Comisiones de Regulación, todas las cuentas de la clase 5 – Gastos, así como las cuentas del grupo 75 – Costos de Producción, pues, como se explicó, no todas las cuentas de gastos allí previstas encuadran dentro del concepto “gastos de funcionamiento” que expresamente señaló el legislador».
Teniendo en cuenta los anteriores criterios jurisprudenciales, la sentencia del 20 de octubre de 2017, Exp. 22067, anuló parcialmente el artículo 2 de la Resolución SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, en cuanto adicionó a la base de liquidación de la contribución especial por el año 2014, las cuentas 7505 “servicios personales”, 7517 “arrendamientos”, 7540 “órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones”, 7550 “materiales y costos de operación” y 7570 “órdenes y contratos por otros servicios”, con base en las cuales se liquidó la contribución discutida por la demandante.
En dicha providencia, con fundamento en el reiterado precedente jurisprudencial, se concluyó que:
« […] es claro que la inclusión de los costos de producción (grupo 75 del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios) dentro de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio regulado que hizo la Resolución No. SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, es contraria al artículo 85.2 de la ley 142 de 1994, dado que amplía la base gravable del tributo con erogaciones que hacen parte de los gastos de funcionamiento de las entidades vigiladas”.
Y la sentencia del 8 de noviembre de 2017, Exp. 21885, anuló las restantes cuentas enunciadas en el precitado artículo 2 de la Resolución SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, con base en las cuales se liquidó la contribución discutida por la demandante, es decir, las cuentas 7510 (Generales), 753508 (Licencia de operación del servicio), 753513 (Comité de estratificación), 7542 (Honorarios), 7545 (Servicios públicos) y 7560 (Seguros).
EL CASO CONCRETO
Los actos administrativos que determinaron la contribución especial a cargo de la demandante por el año 2014 tienen sustento jurídico en la Resolución 20141300018055 del 29 de mayo de 2014, que fijó la tarifa en 0,9299% de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio de la empresa contribuyente, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la superintendencia a través del sistema único de información, SUI, a 31 de diciembre de 2013.
De acuerdo con el artículo 2 de dicha resolución, las erogaciones que constituyen los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio sometido a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que integran la base de liquidación para la contribución especial de la vigencia 2014, una vez aplicado el test de validación, se encuentran contenidas en las cuentas 51 Gastos de administración (menos impuestos, tasas y contribuciones - 5120), 7505 - Servicios personales, 7510 - Generales, 7517 - Arrendamientos, 753508 - Licencia de operación del servicio, 753513 - Comité de estratificación, 7540 - Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones, 7542 - Honorarios, 7545 - Servicios públicos, 7550 - Materiales y otros costos de operación, 7560 - Seguros, 7570 - Órdenes y contratos por otros servicios.
La Resolución No. 20145340016666 del 4 de junio de 2014, por su parte, liquidó la contribución con base en la sumatoria de cada una de las cuentas mencionadas, la cual arrojó una base gravable de $25.750.071.051.
No obstante, ante la nulidad parcial del artículo 2 de la Resolución 20141300018055 del 29 de mayo de 2014, declarada por las sentencias del 20 de octubre de 2017, Exp. 22067, y del 8 de noviembre del mismo año, Exp. 21885, y teniendo en cuenta que al momento de expedirse dichos fallos no se encontraba consolidada la actuación discutida, las cuentas 7505, 7510, 7517, 753508, 753513, 7540, 7542, 7545, 7550, 7560 y 7570 deben excluirse de la base gravable de la contribución especial del año 2014.
Bajo los anteriores parámetros, la contribución a cargo de la demandante por el año 2014 es la siguiente:
CUENTA
DESCRIPCIÓN
LIQUIDACIÓN
SSPD
LIQUIDACIÓN
JURISDICCIÓN
51
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
7.199.241.280
7.199.241.280
5120
MENOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
1.604.281.790
1.604.281.790
7505
SERVICIOS PERSONALES
7.652.972.636
0
7510
GENERALES
1.597.016.300
0
7517
ARRENDAMIENTOS
128.594.512
0
7540
ÓRDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6.229.133.624
0
7542
HONORARIOS
2.354.298.487
0
7545
SERVICIOS PÚBLICOS
28.104.624
0
7550
MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN
93.230.683
0
7560
SEGUROS
1.755.823.039
0
7570
ÓRDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS
315.937.656
0
753508
LICENCIA DE OPERACIÓN DEL SERVICIO
0
0
753513
COMITÉ DE ESTRATIFICACIÓN
0
0
TOTAL BASE
25.750.071.051
5.594.959.490
TARIFA
0.9299%
0.9299%
CONTRIBUCIÓN A CARGO 2014
239.450.000
52.027.600
VALOR PAGADO ANTICIPO
0
0
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el valor de la contribución especial para el año 2014, a cargo de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, es de $52.027.600.
En consecuencia, la Sala declarará la nulidad parcial de Liquidación Oficial N° 20145340016666 del 4 de junio de 2014 y de las Resoluciones SSPD - 20145300025315 del 16 de julio de 2014 y SSPD – 20145000035995 del 19 de agosto de 2014, proferidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, a título de restablecimiento del derecho, declarará que la contribución especial a cargo de la demandante por el año 2014, corresponde a la suma de $52.027.600.
No obra en el expediente prueba del pago de la contribución para el año de 2014, sin embargo, si la Superintendencia de Servicios Públicos verifica que la demandante canceló dicho tributo, deberá devolver la suma pagada en exceso, ajustada con base en el índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA. Asimismo, respecto de la suma actualizada proceden intereses moratorios, en los términos de los artículos 192 y 195 ib.
Finalmente, a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 (num. 8) del CGP, estima la Sala que la decisión anulatoria no amerita condenar en costas a la parte vencida en esta instancia, porque en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Declarar no probada la excepción de inconstitucionalidad propuesta por la parte demandada.
Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial N° 20145340016666 del 4 de junio de 2014, y de las Resoluciones SSPD – 20145300025315 del 16 de julio de 2014 y SSPD - 20145000035995 del 19 de agosto de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
A título de restablecimiento del derecho y, de conformidad con la liquidación inserta en la parte motiva de esta providencia, declarar que la contribución especial del año 2014, a cargo de la sociedad demandante, corresponde a la suma de $52.027.600. En el evento de que la actora haya pagado el tributo determinado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se deberá devolver a la Empresa de Energía de Bogotá S. A. ESP la suma pagada en exceso, ajustada con base en el IPC, junto con los intereses moratorios, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.
Negar las demás pretensiones de la demanda.
Sin condena en costas.
Reconocer personería al abogado Marco Andrés Mendoza Barbosa como apoderado de la entidad demandada, en los términos del poder conferido, que obra en el folio 377 del cuaderno principal.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
MILTON CHAVES GARCÍA JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Fls. 58 a 65 c.p.
Fl. 67 c.p.
Fls. 177 a 183 c.p.
Fls. 69 a 84 c.p.
Fls. 88 a 97 c.p.
Fls. 1 y 2 c.p.
Exp. 16874, C.P Martha Teresa Briceño de Valencia.
Fls. 141 a 158 c.p.
Fls. 337 a 342 c.p.
Arts. 149 y 165 del CPACA.
Art. 42 CGP.
Certificación sobre las sumas pagadas por la EEB por concepto de la contribución especial de los años 2008 a 2010, por ser innecesaria para determinar la legalidad de la contribución del año 2014.
Declarada mediante sentencias proferidas por la Corporación el 20 de octubre de 2017, Exp. 22067, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, y el 8 de noviembre de 2017, Exp. 21885, C.P. Milton Chaves García.
Fls. 351 a 357 c.p.
Fls. 358 a 365 c.p.
Fls. 345 a 350 c.p.
Art. 2 de la Resolución N° SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014.
Expedientes Nos. 20874, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 21714, Jorge Octavio Ramírez Ramírez; 21246, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 20179, C.P. Milton Chaves García; 21724 y 22067 (en audiencia), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
Nota de la cita jurisprudencial. El numeral 4.2.7.2 de la Resolución 20051300033635 de 2005 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contenido dentro de las Normas Técnicas Generales establece la “contabilidad de causación o por acumulación” según el cual “los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios deben reconocer en el período en el cual se realizan los hechos financieros y económicos, y no cuando se pague o se reciba el efectivo o su equivalencia”.
Bajo este criterio la Sala, en sentencias del 17 de abril de 2008, Exp. 15771, M.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa y del 4 de febrero de 2010, Exp. 17206, M.P. Dr. William Giraldo Giraldo, ha analizado si los gastos de pensiones, como gastos de funcionamiento, son inherentes al servicio prestado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios obligada al pago de la contribución especial y ha señalado que “aunque el gasto de pensiones no tenga una relación directa con el cometido estatal de prestación del servicio público, si sirve de apoyo para el cumplimiento de la misión y por tal razón es un gasto de funcionamiento”.
Reiterada entre otras, en las sentencias del 12 de noviembre de 2015, Exp. 21737, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, de 11 de mayo de 2017, Exp. 20179, C.P. Dr. Milton Chaves García y de 20 de octubre de 2017, Exp. 22067, M.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto, según las cuales los costos de producción y los gastos de funcionamiento no asociados al servicio sometido a vigilancia de la Superintendencia, no hacen parte de la base gravable de la contribución especial.
M.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.
De acuerdo con ello, el texto del artículo parcialmente anulado quedó así: “Artículo 2. BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. Las erogaciones que constituyen los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio sometido a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que integran la base de liquidación para la contribución especial de la vigencia 2014, una vez aplicado el test de validación, se encuentran contenidas en las siguientes cuentas:
51 -Gastos de administración (menos la 5120)
7510 -Generales
753508 -Licencias de Operación del Servicio
753513 -Comité de estratificación
7542 -Honorarios
7545 -Servicios Públicos
7560 –Seguros”
M.P. Dr. Milton Chaves García.
M.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.
M.P. Dr. Milton Chaves García.
En el mismo sentido, sentencias del 6 de julio de 2016, Exp. 21601, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, 1° de febrero de 2017, Exp. 21179, 1º de junio de 2017, Exp. 20882 y 13 de septiembre de 2017, Exp. 20646, C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.
Radicado: 11001-03-27-000-2015-00078-00(22161)
Demandante: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S. A. ESP
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