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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00498-01

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00498-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el 3 de febrero de 2022. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2019-00498-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

24 de noviembre de 2022

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00498-01 (26776)
Demandante: Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2019-00498-01 (26776)
Demandante CONSORCIO ASEO CAPITAL S.A. E.S.P.
Demandado SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SSPD

Temas Reiteración de jurisprudencia. Contribución especial del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Año 2013. Efectos erga
omnes e inmediatos de la sentencia de nulidad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD) contra la sentencia del 3 de
febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, que decidió:
«PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de cosa juzgada parcial propuesta por la
entidad demandada, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la NULIDAD parcial de la Liquidación Oficial No. SSPD
20135340019246 del 06 de agosto de 2013, que determinó la contribución especial de
servicios públicos a cargo de la sociedad Consorcio Aseo Capital S.A. por el año 2013; así
como de las Resoluciones Nos. SSPD 20135300035055 del 19 de septiembre de 2013, y
SSPD 20135000041425 del 28 de octubre de 2013, que resolvieron los recursos de reposición
y apelación interpuesto contra la liquidación oficial.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se DECLARA que la contribución
especial a cargo de la sociedad actora por el año 2013 es de $80.145.000; en consecuencia,
ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reintegrar a la
sociedad demandante la suma de $206.381.000, junto con los intereses correspondientes que
deberán liquidarse de conformidad con lo previsto en los artículos 863 y 864 del E.T.

CUARTO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas.
(…)»1.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La SSPD profirió la Resolución Nro. SSPD-20131300029415 del 1° de agosto de
2013, acto administrativo de carácter general que determinó la tarifa, base de
liquidación y procedimiento para el recaudo de la contribución especial a cargo de
los prestadores de servicios públicos domiciliarios por el año 2013.

1 SAMAI. Índice 2. Archivo rar 4. PDF 4. Página 21.
1

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00498-01 (26776)
Demandante: Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P.

Con fundamento en lo anterior, la SSPD profirió la Liquidación Oficial Nro.
20135340019246 del 6 de agosto de 2013, que determinó la contribución especial
a cargo de Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P., para la vigencia 2013, por valor total
de $607’756.000. La Liquidación Oficial fue notificada personalmente el día 12 de
agosto de 2013.

Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P efectuó el pago por concepto de anticipo de la
contribución especial del año 2013 por valor de $69.151.000, quedando un saldo
pendiente de pago de $538.605.000

La contribuyente interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación
contra la anterior decisión. Sin embargo, la entidad negó las pretensiones de dichos
recursos, confirmando la Liquidación Oficial, mediante las Resoluciones Nro. SSPD-
20135300035055 del 19 de septiembre de 2013 y Nro. SSPD-20135000041425 del
28 de octubre del mismo año, respectivamente.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

En ejercicio del medio de control de nulidad, contemplado en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), acumulado con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, regulado por el artículo 138 ibidem, Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P.
formuló las siguientes pretensiones:
«1. Que es nula la Resolución SSPD No. 20131300029415 de fecha 1° de agosto de 2013,
“POR LA CUAL SE FIJA LA TARIFA DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A LA CUAL SE
ENCUENTRAN SUJETOS LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS PARA EL AÑO 2013, SE ESTABLECE LA BASE DE LIQUIDACIÓN, EL
PROCEDIMIENTO PARA EL RECAUDO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

2. Que es nula la Liquidación Oficial Contribución Especial año 2013, No. 20135340019246
de fecha 6 de agosto de 2013, por valor de SEISCIENTOS SIETE MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($607.756.000,00) a cargo de la
empresa ASEO CAPITAL S.A. ESP, prestadora del servicio de aseo en la Zona 4 de la
ciudad de Bogotá D.C.

3. Que es nula la Resolución No. SSPD – 20135300035055 del 2013-09-19, por medio de
la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, resolvió recurso
de reposición interpuesto, confirmando en todas sus partes el acto administrativo
recurrido Liquidación Oficial SSPD No. 20135340019246 de fecha 6 de agosto de 2013,
en consecuencia ordenando al CONSORCIO ASEO CAPITAL S.A. efectuar el pago del
saldo correspondiente dentro del mes siguiente a la fecha en que quede en firme la
liquidación. Por otra parte, concede el recurso de apelación contra la liquidación atacada
correspondiente a la Contribución Especial año 2013, remitiendo el expediente a la
Secretaría General de la SSPD para lo de su competencia.

4. Que es nula la Resolución No. SSPD – 20135000041425 del 2013-10-28, por la cual la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, resolvió recurso de
apelación interpuesto, confirmando en todas sus partes la Liquidación Oficial SSPD No.
20135340019246 de fecha 6 de agosto de 2013, en consecuencia ordenando al
CONSORCIO ASEO CAPITAL S.A. efectuar el pago correspondiente, por el valor que se
encuentra pendiente de pago, dentro del mes siguiente a la fecha en que quede en firme
la liquidación.

5. Que como restablecimiento del derecho, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios SSPD efectúe como en derecho corresponde, la Liquidación Oficial de la
Contribución Especial para el año 2013, reembolsando, si hay lugar a ello, a mi
representada ASEO CAPITAL S.A. ESP las sumas a que hubiere lugar en virtud del

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Demandante: Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P.

anticipo que realizó y demás pagos que haya hecho hasta el momento de la Sentencia,
debidamente indexados»2.

La Sala destaca que, en un inicio, el proceso de la referencia fue tramitado en única
instancia ante esta Sección con el Radicado Interno Nro. 21605. Empero, en la
audiencia inicial, celebrada el 18 de julio de 2019, se declaró probada la excepción
de cosa juzgada frente a la pretensión de nulidad simple del acto administrativo de
carácter general, por lo que se resolvió declarar terminado el proceso de nulidad
simple y remitir el de nulidad y restablecimiento del derecho al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para que adelantara el trámite de su competencia3.

Por lo anterior, el asunto de la referencia fue nuevamente repartido al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, con el Radicado
Nro. 25000-23-37-000-2019-00498-00. Dicha corporación judicial, mediante auto
del 15 de agosto de 2019, asumió competencia del proceso y admitió la demanda
únicamente en cuanto a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho4.

Hechas estas precisiones, se observa que la actora invocó como normas violadas
los artículos 95 y 338 de la Constitución; y el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. La
demandante formuló 5 cargos de nulidad íntimamente relacionados entre sí, por lo
que se resumen de forma conjunta, así:

Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P. sostuvo que la SSPD interpretó de forma
errónea el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 porque incluyó las cuentas del grupo
75 en la base gravable de la contribución especial, para lo cual no tuvo en cuenta la
distinción entre los conceptos de gastos operativos y de costos, ampliando
indebidamente el concepto de gastos de funcionamiento asociados al servicio
vigilado establecidos en el artículo 85 ibidem a cuentas que constituyen costos
operacionales, que están excluidos según lo indican la jurisprudencia del Consejo
de Estado y los artículos 39 y 40 del Decreto 2649 de 1993.

Indicó que el acto de carácter general, que fijó la base gravable del tributo, expuso
en su parte considerativa que la sentencia del 23 de septiembre de 2010 del Consejo
de Estado acogió una definición de gasto de funcionamiento que no permite
identificar o distinguir ese tipo de expensas con códigos numéricos, porque dicha
definición tiene naturaleza jurisprudencial y conceptual, más no contable.

Debido a lo anterior, dicho acto informó que la demandada realizó un test de
validación que permite establecer en el PUC aquellas cuentas que contenían los
elementos señalados por la sentencia para efectos de la definición de gastos de
funcionamiento. De este modo, la actora aseguró que, para la entidad demandada,
procede la inclusión en la base gravable de las Cuentas 51 (gastos de
administración), 7505 (servicios personales), 7510 (servicios generales), 7517
(arrendamientos), 7535 (licencias, contribuciones y regalías), 7540 (órdenes y
contratos de mantenimiento y reparación), 7542 (honorarios), 7545 (servicios
públicos), 7550 (materiales y otros costos de operación), 7560 (seguros), 7565
(impuestos y tasas) y 7570 (órdenes y contratos por otros servicios), entre otros.

Afirmó que no se cuestiona la facultad de la demandada para fijar la tarifa de la

2 SAMAI. Índice 2. PDF 1. Páginas 3 a 4.
3 SAMAI. Índice 2. PDF 26.
4 SAMAI. Índice 2. PDF 30. Páginas 1 a 3.
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contribución especial hasta un máximo del 1% del valor de los gastos de
funcionamiento asociados al servicio sometido a control y vigilancia, pero sí que la
SSPD modificó la base gravable del tributo prevista por el artículo 85 de la ley 142
de 1994 toda vez que, amparada en una interpretación errónea de la jurisprudencia,
incluyó, a su conveniencia, cuentas que no fueron autorizadas por el legislador, lo
que dio lugar a un incremento de más del 500% del valor del tributo para la empresa
prestadora de servicios públicos.

Luego, citó de forma extensa la sentencia de 2012 proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, en el expediente Nro. 168415, que declaró la nulidad parcial
de un acto de carácter general que incluyó las cuentas del grupo 75 en la base
gravable de la contribución especial, porque el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 no
autorizó la inclusión de los costos en dicha base. De acuerdo con lo anterior, insistió
en que la adición de las cuentas contables de la clase 5 o del grupo 75 del Plan de
Contabilidad para prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de los
actos acusados, desconoce la ley y la jurisprudencia, porque dichas cuentas no
pueden considerarse gastos asociados al servicio sometido a control y vigilancia.

A continuación, manifestó que la SSPD incurrió en falsa motivación y actuó con
desviación de poder, toda vez que desbordó sus facultades legales, dado que, si
bien al proferir la liquidación oficial del tributo calculó la tarifa por debajo del 1% del
valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio, el método para definir
la base gravable de la contribución debe ser el establecido en el artículo 85 de la
Ley 142 de 1994 y la demandada no dio cumplimiento al mismo, porque la base a
la cual aplicó la tarifa incluyó costos operacionales (cuentas del grupo 75), lo que a
su juicio desconoce la ley y la jurisprudencia expuesta previamente.

Finalmente, señaló que dados los términos en que la SSPD liquidó la contribución
especial para el año 2013, la actuación de la SSPD viola el artículo 95 de la
Constitución porque, al modificar los elementos del tributo, cambió abruptamente la
liquidación de la obligación a cargo de los sujetos pasivos y desconoció los
principios de justicia y equidad tributaria, generando cargas impositivas
desbordadas.

Oposición a la demanda

La Sala advierte que la SSPD controvirtió las pretensiones de la demanda en dos
ocasiones. La primera, cuando el proceso de la referencia se admitió y tramitó bajo
el Radicado Interno Nro. 216056. Sin embargo, este escrito no será analizado debido
a que el Tribunal, al asumir competencia para tramitar este asunto, retrotrajo el
estado del proceso y admitió la demanda con el auto del 15 de agosto de 2019, por
lo que dio una nueva oportunidad a la SSPD para que expusiera sus argumentos
de defensa, esta vez teniendo presente que solo se adelantaría el proceso respecto
de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.

La segunda ocasión en que la SSPD se opuso a la demanda fue dentro de la
oportunidad otorgada por el a quo, mediante escrito que se admitió y tramitó bajo el
radicado Interno Nro. 26776, en el que expuso lo siguiente:

La SSPD señaló que no se opone a la pretensión de simple nulidad del acto
administrativo de carácter general, Resolución Nro. SSPD-20131300029415,
5 La actora no da más datos que permita identificar esta providencia.
6 SAMAI. Índice 2. PDF 19.
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porque el mismo fue declarado nulo parcialmente por el Consejo de Estado y solicitó
que esta situación fuera tenida en cuenta para resolver el litigio frente a los actos
administrativos de carácter particular.
Luego, expuso las normas constitucionales y legales que consideró aplicable a este
caso, así como la jurisprudencia de esta Sección relacionada con la contribución
especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
Finalmente, manifestó que se configuró la excepción de cosa juzgada parcial debido
a que la sentencia con Radicado Interno Nro. 21948, reiterada en el fallo del 12 de
diciembre de 20187, declaró la nulidad parcial del artículo 2 de la Resolución Nro.
SSPD-20131300029415 del 1° de agosto de 2013.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, declaró
no probada la excepción de cosa juzgada parcial y accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, con base en las siguientes consideraciones:
Como cuestión previa, puso de presente que la actora había invocado la excepción
de cosa juzgada desde la demanda, y, en razón de esto, en la audiencia inicial
celebrada el 18 de julio de 2019, esta Sección del Consejo de Estado declaró
probada la excepción de cosa juzgada frente a la pretensión de simple nulidad, y
ordenó remitió el expediente al Tribunal únicamente para decidir lo relacionado con
las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, asunto sobre el cual no
existe un pronunciamiento judicial definitivo.
Para abordar el análisis de fondo de este caso, el a quo expuso algunas
consideraciones generales sobre la contribución especial del artículo 85 de la Ley
142 de 1994 y de los hechos probados en este caso. Con base en esto, señaló que
la liquidación oficial acusada incluyó en la base gravable del tributo las cuentas del
grupo 75, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución Nro. SSPD-
20131300029415 del 1° de agosto de 2013.
No obstante, destacó que la sentencia del 31 de mayo de 2018, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, declaró la nulidad parcial de dicha
disposición, en cuanto a la inclusión en la base gravable del tributo de las cuentas
7505 (servicios personales), 7517 (arrendamiento), 7540 (órdenes y contratos de
mantenimiento y reparaciones), 7550 (materiales y otros costos de operación) y
7570 (órdenes y contratos por otros servicios). Precisó que esta providencia no
declaró la nulidad de todas las cuentas, concretamente la 51 (gastos de
administración – menos la 5120), 7510 (generales), 753508 (licencia de operación
del servicio), 753513 (comité de estatificación), 7542 (honorarios), 7545 (servicios
públicos) y 7560 (seguros).
Luego, adujo que las sentencias de nulidad proferidas por el Consejo de Estado
surten efectos inmediatos frente a las situaciones jurídicas no consolidadas de los
contribuyentes, como ocurrió en este caso, por lo que no procede la inclusión en la
liquidación de la contribución especial del año 2013 de las cuentas del grupo 75 que
fueron anuladas por la sentencia del 31 de mayo de 2018. En consecuencia,
concluyó que los actos administrativos de carácter particular acusados deben
declararse nulos parcialmente.

7 La entidad demandada no suministra más información que permita identificar estas providencias.
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Para determinar el restablecimiento del derecho procedente, el Tribunal procedió a
realizar la liquidación que se transcribe a continuación, la cual incluyó las cuentas
del grupo 75 que no fueron anuladas por la sentencia del 31 de mayo de 2018:

«CONCEPTO MONTO
(+) Gastos de administración 8.619.454.371
(-) impuestos, tasas y contribuciones 2.910.258.632
(+) generales 5.368.521.190
(+) honorarios 652.335.029
(+) servicios públicos 412.930.051
(+) seguros 494.559.664
(+) licencias de operación del servicio 0
(+) comité de estratificación 30.566.530
TOTAL BASE 18.488.645.464
TOTAL CONTRIBUCIÓN 0.8075% 149.296.000
Valor pagado anticipo 69.151.000
TOTAL A PAGAR 80.145.000»8

Con base en lo anterior, manifestó que la sociedad actora únicamente estaba
obligada a pagar por concepto de contribución especial del año 2013 el valor de
$80’145.000, por lo que ordenó «la devolución del mayor valor pagado por concepto de la
contribución especial liquidada a través de los actos acusados, valor que, de acuerdo a los pagos
efectuados por la actora que reposan en los antecedentes administrativos, corresponde a la suma
de $206.381.000»9 (negrilla del original). Así mismo, manifestó que la anterior cifra debe
ser devuelta junto con los intereses corrientes y moratorios previstos en los artículos
863 y 864 del Estatuto Tributario.

Finalmente, aseguró que no procede la condena en costas porque no está
demostrada su causación.

Recurso de apelación

La SSPD presentó recurso de apelación contra la decisión anterior para que sean
negadas las pretensiones de la demanda, con base en lo siguiente.

Señaló que la magistrada del Tribunal, Beatriz María Martínez Quintero, salvó su
voto en casos anteriores10 y puso de presente que el Estatuto General de
Presupuesto de la Nación diferencia los gastos de funcionamiento de los gastos de
inversión, entendiendo por el primero aquellas erogaciones que realiza el Estado
para hacer posible su operación y el cumplimiento de sus funciones, según lo señaló
la doctrina11. De esta forma, aseguró que, para la magistrada disidente, son gastos
de funcionamiento todas las erogaciones que se relacionan directamente con los
servicios personales o generales, y las transferencias corrientes y de capital.

Con base en lo anterior, afirmó que el primer error en que incurrió la sentencia
apelada consiste en que la misma consideró, como lo hizo el Consejo de Estado,
que no existe una definición contable de los gastos de funcionamiento, pues a su
juicio se debió adoptar la misma conclusión que la expuesta por la magistrada
Beatriz María Martínez Quintero.

De otro lado, sostuvo que, en los salvamentos de voto antes referidos, se expuso

8 SAMAI. Índice 2. Archivo rar 4. PDF 4. Páginas 19 a 20.
9 Ibidem. Página 20.
10 Concretamente citó los procesos identificados con los siguientes radicado: i) Nro. 25000-23-37-000-2015-
00047-00, ii) Nro. 25000-23-37-000-2015-00941-00 y iii) Nro. 25000-23-37-000-2015-00049-00.
11 Al respecto citó al autor Juan Camilo Restrepo, pero no identificó alguna publicación concreta.
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que el legislador tenía cuatro objetivos al establecer la contribución especial del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, que son: i) recuperar los costos de los servicios
de control, inspección y vigilancia; ii) estimar los gastos de funcionamiento de la
SSPD con el fin de cubrir su presupuesto por cada periodo gravable; iii) que la tarifa
del tributo no supere el 1% de los gastos de funcionamiento asociados al servicio
sometido a regulación en el año anterior a su cobro; y iv) que la contribución
constituya la única fuente de financiación de la entidad, además de la venta de sus
publicaciones.
Con base en lo anterior, adujo que la estructura de la contribución es precisa porque
el incumplimiento de alguno de sus elementos frustra la finalidad de financiar la
función, prevista en el artículo 370 de la Constitución, e impide recuperar el costo
del servicio prestado, como lo prevé el artículo 338 ibidem.
De esta forma, manifestó que el segundo error en que incurrió el Tribunal consistió
en que no se analizó la verdadera finalidad del artículo 85 de la Ley 142 de 1994,
pues optó por una interpretación gramatical y exegética de dicha norma.
Consideró que la sentencia de primera instancia puede ser objeto de un tercer
reproche: descartó la aplicación de todas las cuentas del grupo 75 a pesar de que
existe una definición contable de los gastos de funcionamiento, para lo cual insistió
en que se deben acoger los argumentos expuestos en los salvamentos de voto de
la magistrada Beatriz María Martínez Quintero.
Señaló que, en reemplazo de la interpretación gramatical adoptada por la
jurisprudencia, la SSPD ha propuesto una interpretación sistemática del artículo 85
de la Ley 142 de 1994 con la finalidad de los artículos 338 y 370 de la Constitución;
para sustentar esta proposición, indicó que la interpretación gramatical que se viene
haciendo respecto del artículo 85 ibidem permitiría afirmar que el legislador
desconoció el artículo 338 de la Constitución porque estableció que la tarifa no
podría superar el 1% del valor «de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio
sometido a regulación», lo que no corresponde a la recuperación de los costos del
servicio prestado por la entidad, que es el fin que persigue la contribución especial.
En hilo con lo anterior, consideró que la interpretación gramatical de la ley también
supone la violación de los artículos 365 y 370 de la Constitución, según los cuales
el Estado debe asegurar la prestación de los servicios públicos a todos los
habitantes del territorio y ejercer el control, inspección y vigilancia de dichos
servicios. Así mismo, a su juicio, se desconoce el artículo 95 ibidem debido a que
todos los ciudadanos tienen el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e
inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad.
Finalmente, adujo que el cuarto yerro que cometió el a quo consistió en que no
estudió la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad en virtud de lo
expuesto con relación a los artículos 338 y 370 de la Constitución. En todo caso,
insistió en que, aun de declararse no probada esta excepción, debe aceptarse la
interpretación sistemática propuesta.
Oposición a la apelación
Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P. guardó silencio.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
7

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Liquidación Oficial Nro.
20135340019246 del 6 de agosto, de la Resolución Nro. SSPD-20135300035055
del 19 de septiembre y de la Resolución Nro. SSPD-20135000041425 del 28 de
octubre, todas del2013, actos administrativos de carácter particular proferidos por
la SSPD para determinar la contribución especial prevista en el artículo 85 de la Ley
142 de 1994 a cargo del Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P. por el año 2013.

Para decidir este litigio, se pone de presente que el artículo 2 de la Resolución Nro.
SSPD-20131300029415 de 1º de agosto de 2013 fue declarado parcialmente nulo
mediante las sentencias del 31 de mayo12 y del 29 de agosto13 de 2018.

La primera de ellas fundamentó su decisión en que, «de acuerdo con el criterio de la
Sección, fijado en el fallo del 23 de septiembre de 2010 y que en adelante se ha reiterado, las cuentas
del grupo 75-costos de producción del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios
Públicos Domiciliarios no integran la base gravable de la contribución especial, fundamentalmente
porque “la noción de costos no se puede equiparar a la de gastos de funcionamiento por no haberlo
previsto así la Ley 142 de 1994, ya que de haber sido esa la intención del legislador así lo hubiera
contemplado legalmente, teniendo en cuenta el fundamento contable que tiene la base gravable
comentada”» (negrilla del original).

Dado que en esa oportunidad, no se controvirtió la legalidad de todas las cuentas
del grupo 75 que fueron incluidas en la base gravable del tributo, la sentencia
ordenó, en su parte resolutiva, que la disposición reglamentaria quedaría así:
«Artículo 2°. Base para la liquidación de la contribución especial. Las erogaciones que
constituyen los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio sometido a la
inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que
integran la base de liquidación para la contribución especial de la vigencia 2013, una vez
aplicado el test de validación, se encuentran contenidas en las siguientes cuentas:
51 Gastos de administración (menos la 5120)
7510 Generales
753508 Licencia de operación del servicio
753513 Comité de estratificación
7542 Honorarios
7545 Servicios públicos
7560 Seguros

Por su parte, la sentencia del 29 de agosto de 2018 reiteró lo expuesto en la anterior
providencia al señalar que «los costos de producción de los servicios públicos domiciliarios del
grupo 75 no pueden equipararse a la noción de gastos de funcionamiento, debido a que el legislador
no los incluyó en la Ley 142 de 1994 de forma expresa, por lo que las demás cuentas del grupo 75
que no se excluyeron en la sentencia de 31 de mayo de 2018 antes citada, deben excluirse de la
contribución especial del año 2013». Teniendo en cuenta lo anterior, en su parte
resolutiva, decidió que la norma acusada quedaría así:
«Artículo 2.- Base para la liquidación de la contribución especial. Las erogaciones que
constituyen los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio sometido a la
inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que
integran la base de liquidación para la contribución especial de la vigencia 2013, una vez
aplicado el test de validación, se encuentran contenidas en las siguientes cuentas:

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-24-000-
2014-00389-01 (21286). Sentencia del 31 de mayo de 2018. CP: Milton Chaves García.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-
2015-00051-00 (21948). Sentencia del 29 de agosto de 2018. CP: Milton Chaves García.
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Demandante: Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P.

51 Gastos de administración (menos la 5120)»

En relación con lo anterior, y como lo ha mencionado esta Sala en oportunidades
anteriores, que versan sobre casos similares, «El artículo 189 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que la sentencia que declara la nulidad
de un acto administrativo surte efectos erga omnes. Es decir, que opera frente a todos los operadores
jurídicos, aunque no haya identidad de objeto ni de partes en los procesos judiciales» . Con lo cual,
«la nulidad del acto administrativo de carácter general que reglamentó la base gravable de la
contribución especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 afecta las situaciones jurídicas no
consolidadas»14.

En el caso bajo examen, se observa que la situación jurídica del Consorcio Aseo
Capital S.A. E.S.P. no se encuentra consolidada, toda vez que el acto oficial que
liquida la contribución especial para el año 2013 fue discutida en sede
administrativa, mediante el ejercicio de los recursos procedentes, y en sede judicial,
mediante la presentación de la demanda de la referencia15.

Así mismo consta en el expediente que los actos administrativos de carácter
particular acusados determinaron el valor del tributo a cargo de la demandante para
el año 2013 adicionando a la base gravable de la contribución especial erogaciones
tales como gastos por servicios personales, arrendamientos, órdenes y contratos
de mantenimiento y reparaciones, los cuales, de acuerdo con la redacción original
del artículo 2 de la Resolución Nro. SSPD-20131300029415 de 1º de agosto de
2013, no eran procedentes, considerando lo que ya había sido definido por esta
Corporación a través de las sentencias del 31 de mayo y del 29 de agosto de 2018,
cuyos efectos son inmediatos y erga omnes.

Ahora, respecto de la argumentación de la apelante, en el sentido que no se analizó
que existe una definición contable de los gastos de funcionamiento, se observa que
dicho argumento ya fue analizado en las sentencias reiteradas del 31 de mayo y del
29 de agosto de 2018. Sin embargo, esta Sección, confirmó el criterio jurisprudencial
adoptado a partir de la sentencia del 23 de septiembre de 2010, según el cual «la
noción de costos no se puede equiparar a la de gastos de funcionamiento por no haberlo previsto
así la Ley 142 de 1994, ya que de haber sido esa la intención del legislador así lo hubiera
contemplado legalmente, teniendo en cuenta el fundamento contable que tiene la base gravable
comentada».

De otro lado, en cuanto a la excepción de inconstitucionalidad del artículo 85 de la
Ley 142 de 1994, invocada por la apelante al considerar que se está haciendo una
interpretación gramatical de dicho artículo, lo que deviene en una situación que da
lugar a contrariar la Constitución, advierte la Sala que, al igual que se indicó en las
sentencias previamente citadas y que se reiteran, en estos casos no se trata de una
verdadera excepción de inconstitucionalidad, sino que la SSPD se limita a proponer

14 Ver, entre otros: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
11001-03-27-000-2016-00014-00 (22381). Sentencia del 12 de diciembre de 2018. CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez; ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-
03-27-000-2015-00078-00 (22161). Sentencia del 2 de mayo de 2019. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto;
iii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-
2019-00057-00 (25089). Sentencia del 15 de abril de 2021. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y iv)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-
2020-00007-00 (25225). Sentencia del 28 de abril de 2022. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
15 Según lo indicó esta sección, las situaciones jurídicas no consolidadas son aquellas que se debaten o
pueden debatirse ante la administración o ante el juez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-31-000-2009-00559-01 (23443). Sentencia del 6 de junio
de 2019. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
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una interpretación sistemática con los artículos 338 y 370 de la Constitución. Por lo
anterior, no procede la inaplicación de la disposición legal para este caso.

En cuanto a la interpretación que señala la apelante como sistemática, esta fue
desestimada por improcedente en las sentencias reiteradas. Concretamente, en la
providencia del 29 de agosto de 2018, esta Sección consideró lo siguiente:
«El hecho de que la base gravable del tributo sea el valor de los gastos de funcionamiento
asociados al servicio sometido a regulación, es concordante con el fin mismo de la contribución
especial, que es recuperar los costos de los servicios de control y vigilancia y guarda armonía
también con el artículo 338 de la Constitución Política, que prevé que la tarifa es para la
recuperación de costos de los servicios que presta la autoridad administrativa.
Fue voluntad del legislador, titular del poder tributario, que la base gravable de la contribución
especial fuera el valor de los gastos de funcionamiento, más concretamente, los asociados al
servicio sometido a vigilancia y control de la demandada. No fue su voluntad que la base
gravable incluyera el valor de los costos de producción. Si así hubiera sido, lo habría plasmado
en la norma, sin reparo alguno, pues, se insiste, tiene la potestad para hacerlo.
Además, como la tarifa de la contribución especial es para recuperar los costos en que incurra
la SSPD por los servicios de control y vigilancia que presta a las vigiladas, fue voluntad del
legislador que la base gravable solo incluyera los gastos de funcionamiento asociados al
servicio que presta la entidad vigilada y que se encuentra sometido a inspección, vigilancia y
control del Estado o, como dice el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, “del servicio sometido
a regulación”.
Igualmente, en cuanto al argumento de que la ley limitó la base de liquidación de la
contribución especial a rubros que son insuficientes para recuperar los costos en que incurre
la Superintendencia por la prestación de los servicios de inspección, vigilancia y control, se
advierte que el análisis de dicho argumento es propio del debate legislativo exclusivo del
Congreso, como titular de la potestad tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
338 de la Constitución Política.
De acuerdo con lo anterior, no procede la interpretación que dio la demandada a la expresión
“de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación”, del artículo
85.2 de la Ley 142 de 1994. Por lo tanto, la Sala declara no probada lo que la demandada
denominó como excepción de inconstitucionalidad. No prospera el cargo».

Por todo lo anterior, no próspera la apelación. En consecuencia, se confirmará la
sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de los actos acusados.

Sin perjuicio de esto, debe la Sala poner de presente que el a quo no advirtió que
esta Sección, mediante la sentencia del 29 de agosto de 2018 declaró nulas todas
las cuentas del grupo 75 que fueron adicionadas a la base gravable del tributo por
la Resolución Nro. SSPD-20131300029415 de 1º de agosto de 2013 (incluyó en su
parte resolutivas aquellas que en la sentencia del 31 de mayo de 2018 no habían
sido discutidas).

Sin embargo, según se expuso en los antecedentes de esta providencia, el Tribunal
solo excluyó las cuentas del grupo 75 que fueron anuladas mediante la sentencia
del 31 de mayo de 2018. Por este motivo, para determinar el restablecimiento del
derecho procedente, liquidó el tributo adicionando las cuentas 51 (gastos de
administración -menos la 5120), 7510 (generales), 753508 (licencia de operación
del servicio), 753513 (comité de estratificación), 7542 (honorarios), 7545 (servicios
públicos) y 7560 (seguros).

Ahora bien, la Sala destaca que, como la SSPD actuó como apelante única en este
caso, en aplicación de la garantía de la no reformatio in pejus del artículo 328 del
Código General del Proceso, si bien no debería haberse incluido las cuentas
mencionadas anteriormente en la base de liquidación de la contribución especial del
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periodo 2013 a cargo de Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P, no es posible modificar
el restablecimiento del derecho otorgado a la demandante y liquidar de nuevo el
tributo para excluir todas las cuentas del grupo 75.

igualmente, se observa que la sentencia apelada ordenó a la SSPD devolver
$206’381.000 por concepto de contribución especial pagada en exceso, junto con
los intereses previstos en los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario. Sobre este
particular, se advierte que esta Corporación se pronunció en sentencias del 15 de
mayo de 201916, del 15 de abril de 202117 y del 28 de abril de 202218 en el sentido
que, en estos casos, la SSPD debe reconocer los intereses moratorios causados,
según lo previsto en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que no corresponde a lo
decidido por el a quo en el presente caso. Sin embargo, no es posible modificar lo
ordenado en la primera instancia también a título de restablecimiento del derecho,
en virtud del principio de congruencia previsto en los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso, porque la entidad demandada no formuló ningún reparo
respecto de la liquidación de los intereses

Finalmente, no se impondrá condena en costas porque no fue demostrada su
causación, tal como lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el 3 de
febrero de 2022.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIERREZ ARGUELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA

16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 63001-23-33-000-
2016-00412-01 (23907). Sentencia del 15 de mayo de 2019. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-
2019-00057-00 (25089). Sentencia del 15 de abril de 2021. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-
2020-00007-00 (25225). Sentencia del 28 de abril de 2022. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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