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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00358-01

Fecha
30 de agosto de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00358-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar la sentencia apelada. En su lugar, se dispone: “1. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión No. 322412019000211 del 21 de mayo de 2019, conforme a las razones expresadas en la parte considerativa de esta providencia. 2. Como consecuencia de lo anterior, fijar, a título de restablecimiento del derecho, el total saldo a pagar por concepto del impuesto de renta del año gravable 2015 y sanción por inexactitud a cargo del señor Fabio José Liévano Liévano, la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C ($44.550.000), en los términos de la liquidación contenida en la parte motiva de esta providencia”. SEGUNDO: No se condena en costas en esta instancia. La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2020-00358-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

30 de agosto de 2024

Radicación: 25000-23-37-000-2020-00358 -01 (28013)
Demandante: Fabio José Liévano Liévano
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00358-01 (28013)
Demandante: Fabio José Liévano Liévano
Demandado: U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-

Temas: Impuesto sobre la renta año 2015. Renta líquida gravable por
omisión de activos. Sanción por inexactitud.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 11 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que en su parte resolutiva dispuso1:

“PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva.

TERCERO: Negar la solicitud de reconocimiento de personería del Dr. Carlos Elmer
Buriticá García como apoderado y representante judicial de María Isabella Liévano
Quecán, Germán Andrés Liévano Quecán y Fabio Augusto Liévano Quecán, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

(…)”

ANTECEDENTES

Previo requerimiento especial, la DIAN profirió la Liquidación Oficial de Revisión nro.
322412019000211 del 21 de mayo de 2019, por medio de la cual modificó la
declaración del impuesto sobre la renta del año 2015 presentada por el señor Fabio
José Liévano Liévano el 17 de junio de 2016, en la que liquidó como total de su
patrimonio bruto la suma de $595.430.000, como renta líquida gravable $0, y como
impuesto a cargo $0.

En dicha liquidación oficial, la administración determinó un total saldo a pagar por
concepto de impuesto a cargo de $51.379.000, al adicionar al valor declarado en el
renglón de patrimonio bruto la suma de $244.349.000, correspondiente a (i) el 45% del
valor de un inmueble ubicado en Bogotá, (ii) saldos en cuentas de ahorro, y (iii) el valor
de un vehículo, para un total de $839.779.000. Esta adición llevó a modificar el monto
de la renta gravable a la suma de $204.111.000, tomando como renta líquida gravable

1 Documento nro. 43 del expediente electrónico del proceso de la referencia en la plataforma Samai
(https://samairj.consejodeestado.gov.co/).

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Demandante: Fabio José Liévano Liévano
FALLO

el valor de los activos omitidos. Igualmente, impuso sanción por inexactitud por
$51.379.000.

El demandante no presentó recurso de reconsideración ante la DIAN, sino que
demandó la Liquidación Oficial de Revisión vía per saltum.

DEMANDA

Pretensiones

Ejerciendo su propia representación, en su calidad de abogado, y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
señor Fabio José Liévano Liévano formuló las siguientes pretensiones2:

“Solicito que, (sic) mediante la presente acción, se declare la nulidad de la liquidación oficial
renta de revisión (sic), emitida por la Subdirección gestión de Recursos Jurídicos de
Bogotá, #322412019000211 de fecha 21 de mayo de 2019, ya que en dicha liquidación
oficial de revisión se violan los siguientes artículos del Estatuto Tributario: 647, 707, 746,
747”.

Normas violadas

El demandante invocó como normas violadas los artículos 647, 707, 711, 746, 747
del Estatuto Tributario Nacional.

Concepto de la violación3

Indicó que dio respuesta al requerimiento especial demostrando la realidad de su
situación financiera por el año 2015, debidamente soportada, con lo cual demostró que
no omitió activos.

Expuso que en el momento mismo en que se le notificó el requerimiento especial,
perdió la facultad de corregir oportunamente la declaración. Igualmente, afirmó que no
infringió lo establecido en el artículo 647 del Estatuto Tributario, por lo que no había
lugar a imponerle sanción por inexactitud.

Finalmente, reseñó sentencias del Consejo de Estado, con base en las cuales sostiene
que el funcionario que emitió la liquidación oficial de revisión debió aceptar las pruebas
que aportó al dar contestación al requerimiento especial.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se opuso a las pretensiones de
la demanda en los siguientes términos4:

En visita realizada en el marco de la investigación fiscal, el contribuyente aceptó que
era propietario del 45% del bien inmueble de matrícula inmobiliaria 50C-243323,
ubicado en Bogotá. Al verificar el avalúo catastral del mismo, se evidenció que el

2 Folio 1, c.p. (documento nro. 3 en Samai).
3 Folio 2, c.p. (documento nro. 3 en Samai).
4 Folios 1 al 18 del documento nro. 11 en Samai.

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Demandante: Fabio José Liévano Liévano
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contribuyente había declarado el mencionado inmueble por un menor valor para los
años gravables 2014 y 2015.

Igualmente, con base en la consulta de la información exógena del contribuyente, así
como del cruce de información con terceros, se propuso adicionar al valor declarado
por concepto de patrimonio, el saldo de las cuentas de ahorro reportadas por el banco
BBVA, así como el valor de un automóvil.

Por otro lado, sostuvo que la corrección voluntaria de la declaración presentada con la
respuesta al requerimiento especial no podía ser tenida en cuenta, toda vez que el
demandante no se ciñó a lo dispuesto por el artículo 709 E.T., pues si bien aceptó el
valor determinado por la administración en el renglón de patrimonio, modificó otros
renglones de la declaración que no fueron cuestionados por la DIAN, no liquidó la
sanción respectiva, ni aportó el pago o acuerdo de pago de la corrección provocada
por el requerimiento especial.

En cuanto a la sanción por inexactitud, sostuvo que los medios de prueba compilados
a lo largo de la actuación administrativa permitieron a la DIAN concluir que es
procedente, al demostrarse que el demandante omitió activos en su declaración, pues
dicha conducta se tipifica como sancionable según el artículo 647 del E.T.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda
y no condenó en costas porque el contribuyente, tanto en vía administrativa como
judicial aceptó que en el año 2015 tenía activos que no fueron declarados.

Para el Tribunal, como quiera que en la declaración privada se registró un patrimonio
bruto en cuantía de $595.430.000, y los hallazgos en vía administrativa determinaron
un patrimonio por valor de $839.779.000, suma que fue reconocida por el
contribuyente tanto en sede administrativa como en la demanda, era procedente la
adición de la renta líquida gravable efectuada por la autoridad tributaria en la
liquidación demandada. En contraste, el demandante no aportó pruebas ni en vía
administrativa ni judicial que dejaran sin sustento la determinación de patrimonio bruto
establecida por la DIAN a través de las pruebas practicadas. La entidad demandada
efectuó una debida valoración probatoria que llevó a concluir que hubo omisión de
activos, que dieron lugar a la adición de este rubro en la declaración oficial, así como
de la renta gravable en aplicación del artículo 239-1 del E.T., y a la sanción por
inexactitud impuesta.

Por otro lado, el contribuyente acreditó unos ingresos que no fueron cuestionados por
la entidad demandada en el acto acusado, por lo que respecto de estos no era
procedente emitir pronunciamiento alguno.

El demandante no expuso inconformidad en el escrito de la demanda, sobre la
afirmación de la DIAN según la cual en la respuesta al requerimiento especial, este
aceptó la propuesta de modificación del renglón de patrimonio, por lo que en aplicación
de los artículos 747 y 723 del E.T., dicha manifestación se toma como hechos
confesados. Por esta razón, el Tribunal no se pronuncia.

Finalmente, concluyó que no cabía modificar el monto de la sanción impuesta de
conformidad con el principio de favorabilidad, ya que este fue previamente aplicado

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Demandante: Fabio José Liévano Liévano
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por la DIAN en la liquidación oficial de revisión demandada, al establecer la sanción
por inexactitud en un 100% de la diferencia entre el saldo declarado por el
contribuyente, y el determinado por la administración tributaria.

Mediante memorial allegado el día 14 de julio del año 2022, se informó al Tribunal del
fallecimiento del señor Fabio José Liévano así como de su apoderado, y se solicitó el
reconocimiento de personería al apoderado de los sucesores procesales. Esta petición
fue negada en la sentencia apelada porque los herederos desatendieron el
requerimiento del Tribunal emitido por auto del 17 de agosto de 2022, en el que se
exigía acreditar su calidad de sucesores procesales; sin embargo, con posterioridad,
se dio cumplimiento a tal acreditación, y el Tribunal mediante auto interlocutorio del 9
de agosto de 2023 les reconoció la calidad de sucesores procesales, así como
personería a su apoderado.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante5 cuestionó la sentencia de primera instancia al indicar que “va
en contravía (sic) de (sic) los ordenamientos legales y la actuación procesal”.
Adicionalmente, sostuvo que viola los derechos fundamentales al debido proceso y de
defensa que le asisten.

Alegó que el incremento patrimonial correspondiente al 45% del inmueble de su
propiedad desapareció de su patrimonio en el momento en que el Juzgado 007 de
Familia de Bogotá D.C. profirió la sentencia 2007- 00869 del 17 de mayo de 2011
mediante la cual se canceló la anotación 016 del certificado de tradición y libertad
correspondiente al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria nro. 50C-243323,
anotación que corresponde a la sentencia proferida el 21 de febrero de 2002 por el
Juzgado 8 de Familia de Bogotá, en la que se le adjudica el 45% sobre el referido
inmueble. Que la sentencia apelada haya tenido en cuenta solo la anotación 016 del
certificado mencionado, y no la posterior que la canceló “(…) favorece al ente estatal
(enriquecimiento sin causa) y perjudica al contribuyente (empobrecimiento sin causa)”.

Manifestó que se abstiene de presentar cargos en relación con los restantes activos
corrientes investigados, distintos al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
nro. 50C-243323 pues, a su juicio, “se encuentran dentro de la cuantía no gravable, y,
por ende, no pueden ser materia de inexactitud”.

Finalmente, solicitó que se le reconozca personería jurídica en su calidad de
apoderado de los causahabientes del demandante, quienes tienen legitimidad en la
causa por pasiva para recurrir la sentencia proferida por el Tribunal.

TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA

La parte demandada no se pronunció durante la oportunidad prevista en el artículo
247 numeral 4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021. Y, dado que no
se decretaron pruebas en segunda instancia, en concordancia con el numeral 5 de la
citada norma, no se corrió traslado para alegar.

El Ministerio Público tampoco se pronunció.

5 Folios 1 al 3 del documento nro. 46 en Samai.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
procederá a determinar: i) si debe ser tenida en cuenta la corrección de la declaración
efectuada por el demandante en su respuesta al requerimiento especial; en caso
negativo, procederá a resolver ii) si la modificación del renglón de patrimonio en la
declaración de renta del demandante, y la liquidación del impuesto a cargo como renta
líquida gravable, determinada en la Liquidación Oficial, está ajustada a derecho, y iii)
si procede la sanción por inexactitud impuesta en el acto demandado.

Cabe señalar que, respecto al segundo punto, la Sala limitará la discusión a la inclusión
como renta líquida gravable del mayor valor correspondiente al inmueble con matrícula
inmobiliaria nro. 50C-243323, y no examinará los cargos de la demanda relativos a la
inclusión de los demás activos objeto de controversia en el acto administrativo
demandado, como quiera que estos no fueron incluidos por el demandante en su
apelación.

La Sala tampoco se pronunciará sobre la solicitud de reconocimiento de personería al
apoderado de los causahabientes del demandante, en la medida en que, por auto
interlocutorio del 9 de agosto de 2023, el Tribunal reconoció la calidad de sucesores
procesales de la parte demandante a los herederos del señor Fabio José Liévano
Liévano, y reconoció personería al abogado Carlos Elmer Buriticá García como
apoderado de la parte demandante6.

Validez de la corrección provocada de la declaración de renta

El artículo 709 del E.T. permite que, con ocasión a la respuesta al requerimiento
especial, el declarante corrija su declaración, aceptando total o parcialmente los
hechos propuestos por la administración y pague una sanción por inexactitud reducida
a la cuarta parte, previo cumplimiento de la presentación de la declaración de
corrección, en la que debe incluir los mayores valores aceptados y la sanción por
inexactitud reducida a una cuarta parte según se derive de esa aceptación total o
parcial.7

Al revisar la respuesta al requerimiento especial8, y las pruebas aportadas en esta, se
observa que el demandante solo presentó un “borrador” de declaración, en la que
modifica el renglón de patrimonio por un valor mayor al propuesto, así como renglones
que no fueron cuestionados por la administración en su requerimiento - tales como
ingresos y rentas exentas -y, adicionalmente, no liquida ni el impuesto a cargo, ni la
sanción, ni tampoco aporta los comprobantes de pago respectivos.

Por lo anterior, la Sala acoge los argumentos de la demandada, en el sentido en que
la corrección a la declaración privada aportada por el demandante en su respuesta al
requerimiento especial no puede ser tenida en cuenta dentro del proceso para efectos
de obtener reducción de la sanción por inexactitud, debido a que incumple los
requisitos establecidos expresamente en el citado artículo 709.

6 Documento nro. 48 en Samai.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 9 de julio de 2020,

expediente 24426, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
8 Folios 178 al 192, documento nro. 11 en Samai.

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Modificación del renglón de patrimonio

En este caso el demandante alega que es improcedente reportar como parte de su
patrimonio en el año gravable 2015 el mayor valor del activo correspondiente al
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria nro. 50C-243323 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte, pues, para tal fecha, ya no
formaba parte de su patrimonio, según pretende probarlo con las anotaciones del
Certificado de Tradición y Libertad que obran en el expediente.

Aunque la copia del folio de matrícula inmobiliaria que obra en el expediente9 muestra
que la anotación que da cuenta de que el demandante había recibido el porcentaje del
inmueble mencionado como adjudicación en sucesión (anotación nro. 16) en el año
2003, fue cancelada en el mes de abril de 2015 en atención a una sentencia proferida
en 2011 (anotación nro. 23), esta Sala no puede desconocer que el debate planteado
tanto en sede administrativa como ante la primera instancia versa sobre el mayor valor
del inmueble, ya que el demandante en su respuesta al requerimiento especial,
además de anexar el proyecto de corrección de su declaración, refiere detalladamente
el contenido de su patrimonio objeto de corrección, aclarando que el avalúo del predio
en cuestión para el año gravable 2015 es de $1.567.112.000 y que, por consiguiente,
el valor de su propiedad, correspondiente al 45% del mismo, equivale a $705.200.000.

Así, el demandante no solo admitió la veracidad de las modificaciones en su patrimonio
objeto de controversia planteadas en sede administrativa, sino también en su
demanda, en la que incluyó el bien inmueble como parte de su patrimonio y expone su
costo fiscal actualizado, sin alegar que había salido de su propiedad, por lo que cabía
tener el activo mencionado como parte de su patrimonio en el año gravable 2015. Por
otra parte, el mismo certificado de tradición y libertad da cuenta de que el demandante
presentó en 2016 una demanda de pertenencia sobre el inmueble (anotación nro. 24),
por lo que lo estimaba como parte de su patrimonio10.

No obstante, la valoración inadecuada del inmueble por parte del demandante no
conlleva la calificación como renta líquida gravable del mayor valor del mismo, y la
consecuente la imposición de la sanción, toda vez que se demostró que el inmueble sí
había sido declarado previamente en el patrimonio en el año 2014, declaración que ya
se encuentra en firme tal como lo aceptó la DIAN en el acto demandado, y que fue
incluido en la declaración privada del año 2015, lo que implica que el activo no había
sido omitido como tal en la declaración del año investigado, y por tanto, no cabría
incluirlo en la declaración como renta líquida gravable.

A ese respecto, el artículo 239-1 del Estatuto Tributario preceptúa lo siguiente:

“Artículo 239-1. Renta líquida gravable por activos omitidos o pasivos inexistentes. Los
contribuyentes podrán incluir como renta líquida gravable en la declaración de renta y
complementarios o en las correcciones a que se refiere el artículo 588, el valor de los activos
omitidos y los pasivos inexistentes originados en periodos no revisables, adicionando el
correspondiente valor como renta líquida gravable y liquidando el respectivo impuesto, sin que
se genere renta por diferencia patrimonial.

Cuando en desarrollo de las acciones de fiscalización, la Administración detecte pasivos
inexistentes o activos omitidos por el contribuyente, el valor de los mismos constituirá́ renta

9 Folios 47 y 48, c.a. (págs. 50 y 51 del documento nro. 1 anexo a la contestación de la demanda en Samai).
10 Folios 48 y 49, c.a. (págs. 51 y 52 del documento nro. 1 anexo a la contestación de la demanda en Samai).

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líquida gravable en el periodo gravable objeto de revisión. El mayor valor del impuesto a cargo
determinado por este concepto generará la sanción por inexactitud.

Cuando el contribuyente incluya activos omitidos o excluya pasivos inexistentes sin declararlos
como renta líquida gravable, la Administración procederá́ a adicionar la renta líquida gravable
por tales valores y aplicará la sanción por inexactitud.”

(Subraya la Sala)

Ha indicado esta Corporación en reiteradas ocasiones que la aplicación del artículo
239-1 del E.T. está supeditada a la existencia de activos omitidos o pasivos declarados
inexistentes, mas no cuando se registró en la declaración privada por un menor valor,
pues la diferencia en el valor patrimonial registrado no implica la realización de un
ingreso gravado en los periodos no revisables que hayan sido objeto de ocultamiento
por parte del contribuyente. Así la Sala, en sentencia del 3 de septiembre de 202011,
señaló́ :

“Para el legislador del 2003, además de las sanciones que corresponden, es fundamental
garantizar la imposición, como renta gravable especial, de los elementos patrimoniales
revelados en un periodo, de cara a desarrollar el principio de capacidad contributiva.

(...)

El instituto contenido en el referido artículo 239-1 se conforma como un mandato que
presupone que los elementos patrimoniales dejados de declarar en vigencias previas son
renta gravable especial en el periodo en el cual la Administración lo descubra o el
contribuyente voluntariamente lo declare, relevando a la DIAN de probar el origen,
características y naturaleza del ingreso, así́ como de los elementos para su depuración
hasta obtener la renta. En la medida en que se trata de activos omitidos en periodos no
revisables, el precepto procura una develación plena que asegure la correcta
determinación del impuesto en lo sucesivo y reestablezca el gravamen sobre la renta
pretermitido.

4.2- Para la Sala, la infravaloración asociada a la decisión de la autoridad administrativa
encargada de fijar el avalúo de los inmuebles no implica una omisión de activos en los
términos del artículo 239-1 ET. Ello porque en dichas circunstancias la diferencia en la
cuantía obedece a un acto administrativo que no implica de por sí la realización de un
ingreso gravado, en el periodo no revisable, que haya sido objeto de ocultamiento por parte
del contribuyente. Si bien se produce una incorrecta valoración del activo dado lo prescrito
en el artículo 277 ET, el inciso 2° del art. 239-1 ET tiene como finalidad gravar la capacidad
contributiva real, por lo cual no podría avalar un gravamen del plusvalor del inmueble
estimado por la autoridad catastral cuando aún no se ha realizado un ingreso.”

Sobre el particular, también se ha manifestado esta Sala, en los siguientes términos:
“Sin embargo, y aun cuando existe una indebida valoración del activo conforme lo previsto
en el artículo 277 del E.T. ello no implica la omisión de activos prevista en el artículo 239-
1 ibídem, pues se encuentra debidamente probado y es aceptado por la DIAN que el
demandante declaró todos sus bienes por un menor valor, pero no hubo una omisión de
activos que dieran lugar a su adición como renta líquida gravable.

Así́, para la Sala, el menor valor declarado por los activos no configura la conducta prevista en
el artículo 239-1 del E.T. para que sea entendida como una omisión de activos en periodos no
revisables, como erradamente lo atribuyó la administración en los actos demandados; por el

11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta. Sentencia del 3 de septiembre de

2020, exp. 23846, C.P, Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Demandante: Fabio José Liévano Liévano
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contrario, las pruebas aportadas acreditan que no hubo omisión de activos por parte del
demandante”12.

En consecuencia, procede este cargo de la apelación, por lo que se excluirá el valor
determinado por la administración tributaria sobre el inmueble para el cálculo de la
renta líquida gravable del demandante correspondiente al año gravable 2015.

Sanciones

En el caso concreto, se demostró que el demandante omitió en su declaración privada
activos que formaban parte de su patrimonio, razón por la que procede la inclusión de
los mismos en su liquidación del impuesto como renta líquida gravable, así como la
sanción por inexactitud impuesta en el acto demandado, con excepción del mayor valor
correspondiente al bien inmueble objeto de controversia ($88.199.000), según lo
expuesto anteriormente. Así, el valor de la renta líquida gravable se reduce a la suma
de $115.912.000.

No resulta necesario ajustar el porcentaje de la misma en aplicación del principio de
favorabilidad en materia sancionatoria tributaria (artículo 282, Ley 1819 de 2016), en
la medida en que la sanción originalmente impuesta ya había sido modificada
conforme el principio en mención en la liquidación oficial de revisión13 impugnada.

En consideración a lo expuesto, la Sala practicará la siguiente liquidación del impuesto
sobre la renta del año gravable 2015:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA - AÑO GRAVABLE 2015
Conceptos Liq. Privada L.O.R. Liq. C.de E.
Total patrimonio bruto $ 595.430.000 $ 839.779.000 $ 839.779.000
Deudas $ - $ - $ -
Total patrimonio líquido $ 595.430.000 $ 839.779.000 $ 839.779.000
Rentas gravables $ - $ 204.111.000 $ 115.912.000
Renta líquida gravable $ - $ 204.111.000 $ 115.912.000
Impuesto sobre la renta gravable $ - $ 51.379.000 $ 22.275.000
Impuesto neto de renta $ - $ 51.379.000 $ 22.275.000
Impuesto a cargo $ - $ 51.379.000 $ 22.275.000
Saldo a pagar por impuesto $ - $ 51.379.000 $ 22.275.000
Sanciones $ - $ 51.379.000 $ 22.275.000
Total saldo a pagar $ - $ 102.758.000 $ 44.550.000
SANCIÓN POR INEXACTITUD
Saldo a pagar liquidación privada $ -
Saldo a pagar según C. de E. $ 22.275.000
Base sanción por inexactitud $ 22.275.000
Porcentaje de sanción 100%
Sanción por inexactitud $ 22.275.000

Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia apelada, para declarar la
nulidad parcial de los actos administrativos demandados y, como restablecimiento del
derecho, fijará el total saldo a pagar del impuesto sobre la renta del año 2015, a cargo
de Fabio José Liévano Liévano, en los términos contenidos en la anterior liquidación.

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta. Sentencia del 12 de agosto de 2021,

exp. 24856, C.P, Milton Chaves García.
13 Folios 205 al 206, documento nro. 11 en Samai.

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Radicación: 25000-23-37-000-2020-00358 -01 (28013)
Demandante: Fabio José Liévano Liévano
FALLO

Condena en costas

Finalmente, conforme a lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 numeral 8 del Código General
del Proceso, no procede la condena en costas, por cuanto en el expediente no se
encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen, razón por la cual no se condena
en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Revocar la sentencia apelada. En su lugar, se dispone:

“1. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión No.
322412019000211 del 21 de mayo de 2019, conforme a las razones expresadas en la
parte considerativa de esta providencia.

2. Como consecuencia de lo anterior, fijar, a título de restablecimiento del derecho, el
total saldo a pagar por concepto del impuesto de renta del año gravable 2015 y sanción
por inexactitud a cargo del señor Fabio José Liévano Liévano, la suma de CUARENTA
Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C ($44.550.000),
en los términos de la liquidación contenida en la parte motiva de esta providencia”.

SEGUNDO: No se condena en costas en esta instancia.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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